Ushuaia, miércoles 12 de diciembre de 2018.- El legislador del Movimiento Popular Fueguino, Pablo Villegas, se refirió al proyecto de ley de operatoria de canje de inmuebles entre la DPOSS y el Grupo New San y adelantó que el bloque no lo acompañará por diferencias de carácter político y jurídico.
En este sentido, expresó “es un tema que venimos analizando desde el bloque hace tiempo, en función de los distintos antecedentes para su análisis y lectura y no estamos de acuerdo en cómo está encarada esta operación”.
“El Gobierno quiere comprar la planta 2 de New San, invocando la necesidad de la ampliación de la planta de tratamiento efluentes cloacales que se realizaría a partir del 2020. La modalidad, expresa en cierto modo, un tratamiento distinto a lo que se hizo con los inmuebles de la familia Pastoriza y Goodall, relacionados con el Camino Costero”, sostuvo Villegas.
En la misma línea, sostuvo que “cuando se invocan razones de utilidad pública, por ejemplo, en la necesidad de una franja de terreno para la obra de ampliación de tratamiento cloacal, no se utiliza el mismo sistema de expropiación” agregando que “se pretende llevar al gobierno a una operación disvaliosa, entregando terrenos de la DPOSS, mal tasados con un sistema de actualización prohibido por ley que no respeta el marco jurídico vigente”.
Asimismo, comentó que “los inmuebles que se pretenden dar en parte de pago, se han tasado individualmente cuando en realidad son adyacentes y si la tasación se efectuará de manera unificada, seguro seria un precio mucho mas alto, porque la utilidad económica es distinta”.
Por otro lado, Villegas subrayó que es muy notoria la mutación del objetivo de la operación ya que “en un principio la necesidad era la de ampliación y a medida que se han puesto voces críticas, se aducen la conveniencia para la DPOSS y para la DPE de la utilización del inmueble del grupo New San”.
“Si se utiliza la expropiación, no tenemos problema de acompañar. Pero cuando se trata de disfrazar una operación a través de una compra directa manifiestamente disvaliosa, uno no la comparte porque no resulta conveniente a los intereses del Estado”, concluyó el legislador.
