ANTEPROYECTO

CÓDIGO PROCESAL

PENAL

La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Sanciona con Fuerza de Ley

Libro I
Juicio penal

TÍTULO I
Procedimiento preliminar

Capítulo I
Promoción de la acción

	Articulo.-1. Acusación. Cuando el acusador estime que tiene fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá al juez, por escrito, la decisión de apertura del juicio.

	La acusación deberá contener:

1) Los datos que sirvan para identificar al imputado y, en caso de que haya sido designado su defensor con anterioridad, su nombre y domicilio;
2) la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que atribuye al imputado; en caso de contener varios hechos punibles independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos;
3) los fundamentos sintéticos de la imputación, con expresión de los medios de prueba que propone para el juicio;
4) la expresión precisa de los preceptos jurídicos aplicables; y
5) la indicación del tribunal competente para el juicio.

	Con la acusación, el acusador acompañará los documentos y medios de prueba materiales que tenga en su poder.

	El acusador podrá indicar alternativamente aquellas circunstancias del hecho que permiten encuadrar el comportamiento del imputado en una figura distinta de la Ley penal de que no resultaren demostrados en el debate los elementos que componen su calificación jurídica principal.

	Articulo.-2. Obstáculos a la persecución penal. No se podrá promover la acción penal (acusación):

1) Cuando ella dependa de una instancia, que no ha sido expresada o no ha sido expresada en la forma que la Ley estable (Código Penal, artículo 72 y ss.);
2) cuando la persecución penal dependa del juzgamiento de una cuestión prejudicial que, según la Ley, deba ser resuelta de un procedimiento independiente;
3) cuando la persecución penal dependa de un procedimiento especial previo de desafuero o destitución, previsto constitucionalmente; y
4) cuando sea necesario requerir la conformidad de un gobierno extranjero para la persecución penal del imputado.

	Rigen los artículos 197 y siguientes para la persecución penal pública, que serán aplicados también, analógicamente, a la persecución penal privada.

	Articulo.- 3. Delitos de acción pública. En ningún caso el acusador público acusará sin antes haber oído al imputado en la forma prevista para su declaración.

	Sin embargo, en las causas sencillas, en las que no sea necesario escucharlo personalmente, bastará con concederle la oportunidad de pronunciarse por escrito, sin perjuicio del derecho del imputado a ser oído.

	Articulo.- 4. Comunicación. El juez mandará notificar la acusación al imputado y a su defensor, con copia del escrito que la contenga, colocando los documentos y los medios de prueba materiales a su disposición en el tribunal para su consulta, por el plazo de seis días; hará saber a los acusadores el tribunal que interviene y su integración.

	Cuando el imputado carezca de defensor, el juez, antes de notificar la acusación, lo citará a su estrado para que designe defensor; en caso de que no lo designe, el juez nombrará de oficio su defensor.

	Articulo.- 5. Admisibilidad. Dentro del plazo antes previsto, el imputado y su defensor, y los demás intervinientes podrán señalar los defectos formales en que incurre el escrito de acusación y requerir su corrección.

	El juez decidirá, incluso de oficio si no existe objeción alguna, sobre la admisibilidad de la acusación; en caos de advertir defectos, los designará detalladamente y ordenará al acusador su corrección con fijación del plazo razonable para ello.

	Vencido el plazo, se haya o no se haya producido la corrección, el juez resolverá sobre la admisibilidad de la acusación y, en caso de declararla inadmisible, archivará las actuaciones, con devolución de los documentos y elementos materiales de prueba a sus tenedores legítimos, salvo que el acusador le solicite su devolución, total o parcial, para preparar mejor la acción penal.

Capítulo II
Audiencia preliminar

	Articulo.- 6. Citación. Admitida la acusación, el juez designará día y hora de la audiencia preliminar, con un intervalo de al menos cinco días desde la anterior resolución, salvo que las partes, de común acuerdo con él, renuncien a ese plazo.

	La audiencia se llevará a cabo según las reglas del debate, en la presencia ininterrumpida del juez, del imputado y de su defensor, y de los demás intervinientes constituidos en el procedimiento. La falta de comparecencia del acusador privado implica abandono de la persecución penal: el juez declarará desistida su acción y, en los delitos de acción pública, el procedimiento seguirá su curso sin su intervención posterior, con los acusadores restantes; en los delitos de acción privada, rige la regla del III párrafo del artículo siguiente,. 

	La audiencia debe dar oportunidad al imputado y a su defensor para oponerse a la citación a juicio, y a todos los intervinientes para ofrecer la prueba que se desarrollará en el juicio.

	Para este último fin, todos los intervinientes presentarán por escrito, al comienzo de la audiencia y con copia para el resto de las partes, la lista de testigos, peritos e intérpretes que deben ser convocados al juicio, con indicación del nombre, profesión y domicilio, señalando los hechos acerca de los cuáles serán examinados durante el debate; deben presentar también los documentos que no fueron ingresados antes, o señalar el lugar en donde se hallan, cuando deban ser requeridos.

	Articulo.- 7. Acción privada. En los delitos de acción privada el juez convocará al acusador y al acusado a una audiencia de conciliación previa, antes de fijar fecha para la audiencia preliminar, quienes podrán concurrir acompañados de sus letrados. Si alguno de ellos reside en el extranjero o en otra provincia podrá ser representado por mandatario especial con facultades suficientes para conciliar.

	La audiencia será celebrada ante el juez o un funcionario judicial letrado que él designe y dará oportunidad para que el acusador y el imputado dialoguen libremente en busca de un acuerdo. Sobre el resultado de la audiencia se labrará un acta en la que conste el acuerdo al que las partes arribaron, consignado según sus palabras, o el fracaso de la conciliación, acta que será suscrita por todos los intervinientes. Acusador e imputado podrán proponer al juez que, en adelante, la audiencia prosiga ante un mediador o amigable componedor de su confianza, con el fin de lograr un acuerdo. En este caso, el juez fijará un plazo razonable para concluir las negociaciones y presentar el acta de la composición.

	La falta de comparecencia del acusador implica abandono de la persecución penal: el juez declarará desistida la acción y sobreseerá al imputado en el procedimiento, salvo el caso de que existan otros acusadores que prosigan válidamente la persecución penal. Si el imputado no concurre, el procedimiento seguirá su curso.

	La conciliación es posible en cualquier período del procedimiento, pero el juez no citará más a una audiencia de conciliación una vez fracasada. En caso de producirse la conciliación con posterioridad a esta audiencia, el acuerdo de las partes deberá determinar, específicamente, quién soporta las costas del procedimiento o en qué proporción las soportan cada una de las partes. Sin embargo, acusador e imputado responden solidariamente por las costas, salvo en aquello que se refiere a los honorarios de los defensores, que son regidos por la ley de aranceles respectiva.
	La retractación, con los efectos propios del Código Penal, sólo es posible hasta la finalización de la audiencia preliminar (Código Penal, artículo 117).

	Articulo.- 8. Investigación preliminar. En la persecución de delitos de acción privada, el acusador y el imputado pueden requerir el auxilio del juez para identificar o individualizar a personas necesarias para la celebración de la audiencia de conciliación, de la audiencia preliminar o del debate, o requerir documentos o cosas que no estén al alcance de los intervinientes, indicando las medidas necesarias que no estén al alcance de lso intervinientes, indicando las medidas necesarias para ello. El juez prestará el auxilio necesario, si correspondiere, previo a la realización del acto para cuyo fin fue requerido.

	Articulo.- 9. Vicisitudes.

	1) Procedimiento abreviado. Si, en los delitos de acción pública, el acusador público estimare suficiente la imposición de una pena privativa de libertad de dos años o inferior a ella, o una pena no privativa de libertad, aun en forma conjunta con aquélla, podrá solicitar que se proceda abreviadamente, concretando su requerimiento en la acusación. Para ello, el defensor, y, en su caso, del acusador privado, acuerdo que se extenderá a la admisión del hecho descrito en la acusación, a la participación del imputado en él y a la vía propuesta. La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no inhibirá la aplicación de estas reglas a alguno de ellos. El tribunal controlará la existencia de estos acuerdos durante la audiencia preliminar.

	El juez podrá absolver o condenar al finalizar la audiencia, según corresponda, y fundará su resolución en el hecho descripto en la acusación, admitido por el imputado, y en las demás circunstancias que eventualmente incorpore el imputado o su defensor. La condena nunca podrá superar la pena requerida por el acusador público. Rigen, en lo pertinente, las reglas de la sentencia.

	Si, para un mejor conocimiento de los hechos o ante la posibilidad de que corresponda una pena superior a la requerida, el tribunal no admitiere la vía solicitad y estimare conveniente continuar el procedimiento, la audiencia preliminar continuará su curso en la forma prevista. En este caso, el requerimiento anterior sobre la pena no vincula al tribunal, ni a los acusadores en el debate.

	2) Suspensión del juicio a prueba. Cuando la ley penal permita la suspensión de la persecución penal, el imputado o su defensor podrán requerirla durante la audiencia preliminar. La petición será tratada en la misma audiencia y, si el ofendido no participare o no estuviere representado en el procedimiento, la audiencia se suspenderá para permitir su citación.

	Concluido el tratamiento de la cuestión, el juez dictará la decisión interlocutoria sobre la suspensión del juicio. En caso de conceder la suspensión, la parte resolutiva de la decisión fijará el plazo de prueba y establecerá las reglas de conducta que deberá cumplir el imputado; en el caso contrario, rechazará explícitamente la suspensión y ordenará continuar la audiencia.

	La suspensión del juicio podrá ser solicitada nuevamente ante el tribunal de juicio, quien la resolverá de conformidad con el procedimiento anterior y como cuestión incidental previa.

	3) Prueba en la audiencia preliminar. Cuando excepcionalmente sea necesaria la producción de prueba en la audiencia preliminar para decidir sobre la apertura del juicio o para dictar sentencia en el procedimiento abreviado, el juez suspenderá la audiencia y realizará todos los actos necesarios para la incorporación de esos elementos en ella. Las reglas del debate rigen para su incorporación.

	Articulo.- 10. Resolución. Terminada la audiencia preliminar, el juez decidirá la apertura del debate o el sobreseimiento del imputado en el procedimiento.

	El auto de apertura del debate requiere la constatación de la probabilidad acerca de que el acusado es autor de un hecho punible o participe en él.

	Articulo.- 11. Auto de apertura. La resolución por la cual el juez decide abrir el debate deberá contener:

1) La designación del tribunal competente para el debate;
2) la descripción del hecho por el cual se abre el debate y su calificación jurídica, incluso cuando se aparte de lo indicado en la acusación; el nombre y domicilio del acusado, y, eventualmente, las medidas de coerción que soportan;
3) eventualmente, en el caso de imputaciones plurales, la designación concreta de aquéllas por las que no se abre el debate, conforme a los artículos 15 y 17;
4) en el caso de que el acusado o su defensor se hayan opuesto a la apertura del debate, los fundamentos por los cuales se rechazó, total o parcialmente, esa pretensión;
5) la decisión sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la prueba ofrecida para incorporar al debate, con indicación del fundamento de la decisión; y
6) la decisión acerca de la legitimación del acusador privado para provocar el juicio o para intervenir en él y, en caso de pluralidad de acusadores, la orden de unificar personería, cuando fuere necesario.

	Cuando el acusado soporte una medida de coerción, el juez decidirá, junto a la apertura del debate, acerca de la subsistencia de la medida y dispondrá, en su caso, su sustitución o su cancelación y la libertad del acusado.

	Articulo.- 12. Reglas para la prueba. Un medio de prueba, para ser admitido, se debe referir, directa o indirectamente al objeto del hecho punible sometido a averiguación y ser útil para conocer la verdad acerca de él. El juez podrá limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando ellos resulten manifiestamente superabundantes. Cuando se postule un hecho como notorio, el juez, con el acuerdo de todos los intervinientes, puede prescindir de la prueba ofrecida para demostrarlo, declarándolo comprobado en el auto de apertura. El juez puede, durante la audiencia preliminar, provocar el acuerdo entre los intervinientes, cuando estime que, según la prueba ofrecida se trata de un hecho notorio.

	La decisión del juez que admite o que rechaza un medio de prueba no vincula al tribunal del debate.

	Articulo.- 13. Preparación del debate. Una vez dictado el auto de apertura, que se notificará a las partes intervinientes por su lectura en la audiencia y verificado el cumplimiento de las prescripciones de la instrucción el juezl citará a las partes intervinientes, ellas podrán interponer, en los primeros cinco días, las recusaciones relativas a los jueces que intervendrán en el debate, sin perjuicio de interponerlas ante el tribunal del debate, durante su transcurso, cuando el motivo que las funde fuere conocido posteriormente; las recusaciones serán resueltas por el juez inmediatamente y, en su caso, reemplazará al juez apartado.

	Articulo.-14.Integrado el tribunal conforme a la Ley, el juez procederá a fijar lugar, día y hora de iniciación del debate, con un intervalo que nunca podrá ser inferior a diez días, si el debate se lleva a cabo en la misma circunscripción judicial, o a quince días si el tribunal competente para llevarlo a cabo tiene su sede en otra circunscripción judicial y citará al debate a quienes deben intervenir en él, a las personas que deben comparecer para brindar información durante su transcurso, asegurando su comparecencia, remitirá la documentación y las cosas secuestradas a la sede del tribunal competente para el debate, y pondrá a su disposición a los detenidos que hubiere (a1).
	Este plazo sólo puede ser abreviado de común acuerdo entre el juez y los intervinientes.

	Articulo.- 15. Sentencia de sobreseimiento. Corresponderá sobreseer el procedimiento a favor de un imputado.

	1) Cuando resultare con evidencia la falta de alguno de los elementos que habilita para la imposición de una pena o la existencia de algún elemento que imposibilita esa aplicación, según las reglas de la Ley penal, salvo que correspondiere proseguir el procedimiento para decidir exclusivamente sobre la aplicación de una medida de seguridad y corrección; y
	2) cuando, a pesar de la falta de certeza, fuere imposible requerir, fundadamente, la apertura del debate.

	Articulo.- 16. Forma, contenido y valor de esta sentencia. El sobreseimiento deberá contener:

1) La identificación del imputado;
2) la descripción del hecho punible objeto de la decisión;
3) sus fundamentos; y
4) el dispositivo, con cita de las disposiciones penales aplicables.

	La sentencia de sobreseimiento provocará, inmediatamente, la libertad del imputado privado de libertad y la cesación de las medidas sustitutivas previstas en el artículo 107 incisos 1) y 2). El juez podrá decidir la procedencia o la subsistencia de las otras medidas previstas en el artículo 107.
	El sobreseimiento firme cierra irrevocablemente el proceso con relación al imputado en cuyo favor se dicta, inhibe su nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas de coerción motivadas en ese hecho.

	Articulo.-   17. Clausura provisional, archivo. Si, durante la audiencia preliminar, se constata algún motivo que impida proseguir la persecución penal temporalmente, porque ella no se pudo promover o no pudiere proseguir, conforme a la Ley, el juez podrá clausurar el procedimiento, archivar las actuaciones y devolver los documentos y elementos de prueba al acusador. Cesará toda medida de coerción para el imputado a cuyo respecto se ordena la clausura.

	El juez podrá citar nuevamente a una audiencia preliminar, a pedido de alguno de los intervinientes, fundado en la superación del motivo que originó el archivo.

	Articulo.- 18. Recursos. El auto de apertura del debate es irrecurrible.

	El sobreseimiento es recurrible por el acusador, cuando pretendiere la apertura del debate.

	La clausura provisional es recurrible por el acusador o por el imputado y su defensor, en este último caso sólo cuando sostengan que debe dictarse el sobreseimiento.

	El recurso implicará la realización de la audiencia preliminar ante un tribunal integrado por tres jueces; durante su trámite se escuchará al recurrente y al recurrido, y serán renovados los actos de la audiencia anterior que los jueces estimen imprescindibles para decidir. Cuando sólo recurra el imputado y su defensor, el tribunal no podrá modificar la decisión en perjuicio del imputado. El tribunal puede modificar la decisión anterior a favor de otros imputados que no han recurrido, cuando los motivos que fundan la decisión no sean exclusivamente personales y alcancen a los demás.

	Articulo.- 19. Procedimientos especiales. Las reglas especiales para el debate del procedimiento con menores o para la aplicación de medidas de seguridad y corrección son aplicables a la audiencia preliminar, respectivamente.

TÍTULO II
Debate

Capítulo I
Caracteres y dirección

	Articulo.- 20. Inmediación. El debate se realizará en la presencia ininterrumpida del tribunal llamado a dictar la sentencia y de las demás partes intervinientes, legítimamente constituidas en el procedimiento, de sus defensores y de sus mandatarios.

	El acusado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal. Si después de su declaración rehusare asistir, será custodiado en una sala próxima y representado a todos los efectos por su defensor. Cuando fuere necesaria su presencia en la audiencia, será hecho comparecer para la realización de actos particulares en los cuáles su presencia sea imprescindible.

	Si el defensor no compareciere al debate o se alejare de la audiencia, se considerará abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo inmediato por un defensor oficial, hasta tanto el acusado designe un defensor de su elección.

	Si el acusador público no compareciere al debate o se alejare de la audiencia, se procederá a sus reemplazo inmediato, según los mecanismos propios de la organización del ministerio público.

	Si el acusador privado o su representante no concurrieren al debate o se alejaren de la audiencia, se tendrá por abandonada la instancia y desistida su acción. En los casos de delitos de acción privada, el tribunal sobreseerá al acusado, salvo el caso de que existieren otros acusadores que continuaren válidamente la persecución penal.

	Articulo.- 21. Acusado. El acusado asistirá a la audiencia libre en su persona, pero el juez que presida podrá disponer la vigilancia necesaria para impedir su fuga o violencias.

	Si el acusado estuviere en libertad, el tribunal podrá disponer, para asegurar la realización del debate o de un acto particular que lo integre, su conducción por la fuerza pública y hasta su detención, con determinación del lugar en el que ella se cumplirá; podrá también variar las condiciones bajo las cuáles goza de libertad o imponer alguna de las medidas sustitutivas para la privación de la libertad. Estas medidas será pedidas fundadamente por los acusadores y se regirán por las reglas relativas a la privación o restricción de la libertad durante el procedimiento.

	Articulo.- 22. Publicidad. El debate será público, pero el tribunal podrá resolver, aun de oficio, que se desarrolle, total o parcialmente a puertas cerradas, cuando:

1) Afectare el pudor u honestidad de alguno de los intervinientes o de alguna persona citada para participar en él;
2) afectare gravemente el orden público o la seguridad del Estado;
3) peligrare un secreto oficial, particular, comercial o industrial cuya revelación indebida sea punible; y
4) estuviere previsto específicamente en este Código o en otra ley.

	La resolución será fundada y constará en el acta del debate.

	Desaparecida la causa de la clausura, se hará ingresar nuevamente al público y quien presida el debate informará brevemente sobre el resultado esencial de los actos cumplidos a puertas cerradas, cuidando de no afectar el bien protegido por la reserva, en lo posible. El tribunal podrá imponer a los intervinientes en el acto el deber de reserva sobre aquellas circunstancias que han presenciado, decisión que constará en el acta del debate.

	Articulo.- 23. Restricciones para el acceso. Se negará el acceso a los menores de dieciséis años, salvo que su ingreso esté justificado por razones docentes o de instrucción ciudadana, o a cualquier persona que se presentare en forma incompatible con la seriedad de la audiencia.

	El juez que preside el debate podrá limitar el ingreso del público a una cantidad determinada de personas, según las posibilidades de la sala de audiencia.

	Articulo.- 24. Policía y disciplina de la audiencia; decisiones. El juez que preside el debate ejercerá el poder de policía y disciplina de la audiencia. Por razones de orden, higiene, decoro o eficacia del debate podrá ordenar el alejamiento de toda persona cuya presencia no fuere necesaria.

	Podrá también corregir en el acto, con multa de hasta dos días del sueldo de un juez profesional del tribunal, las infracciones previstas en el artículo siguiente, sin perjuicio de expulsar al infractor de la sala de audiencia. Si el infractor fuere el acusador público, el acusado, su defensor, el acusador privado, su abogado o su mandatario, la medida será dispuesta por el tribunal. Con el acusado, su defensor y el acusador público se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 20; el acusador privado nombrará o reemplazará inmediatamente a su representante y, si no lo hiciere, se tendrá por abandonada la instancia.

	Articulo.-25. Deberes de los asistentes. Quienes asistieren a la audiencia deberán permanecer respetuosamente y en silencio mientras no estén autorizados para exponer o deban responder a las preguntas que se les formule. No podrán portar armas u otros elementos aptos para molestar u ofender, ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, contrario al decoro, ni producir disturbios o manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos.

	Articulo.- 26. Continuidad y suspensión. El debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión; él se podrá suspender por un plazo máximo de diez días corridos, computados continuamente, sólo en los casos siguiente:

1) Para resolver una cuestión incidental o practicar algún acto fuera de la sala de audiencias, incluso cuando una revelación inesperada tornare indispensable una instrucción suplementaria, siempre que no fuere posible cumplir los actos en el intervalo de dos sesiones;
2) cuando no comparecieren testigos, peritos o intérpretes, debiere practicarse una nueva citación y fuere imposible o inconveniente continuar el debate que ellos comparecieren, incluso coactivamente, por intermedio de la fuerza pública;
3) cuando algún juez, el acusado, su defensor, el acusador privado o su representante, o el acusador público se enfermaren a tal extremo que no pudieren continuar interviniendo en el debate, a menos que el defensor, el acusador privado o su representante, o el acusador público pudieren ser reemplazados inmediatamente o el tribunal se hubiere constituido, desde la iniciación del debate, con un número superior de jueces que el requerido para su integración, de manera que los suplentes pasaren a integrar el tribunal y permitieren la continuación del debate; la regla regirá también para el caso de muerte o incapacidad permanente de un juez, del defensor, del acusador privado o su representante, y del acusador público;
4) cuando el acusador lo requiriere para ampliar la acusación o el defensor lo solicitare al ampliar una vez ampliada la acusación, siempre que, por las características del caso, no se pudiere continuar inmediatamente.

	Excepcionalmente, el tribunal podrá disponer la suspensión del debate, por resolución fundada, cuando alguna catástrofe o algún hecho extraordinario tornare imposible su continuación.

	El tribunal decidirá la suspensión y anunciará el día y la hora en que continuará la audiencia; ello valdrá como citación para todos los intervinientes. Si el día fijado para la continuación el inconveniente descripto en el inciso 3) no se hubiere solucionado, de manera que pudiere proseguir la audiencia, el tribunal procederá conforme se establece en el artículo 20.

	Antes de comenzar la nueva audiencia, quien la presida resumirá brevemente los actos cumplidos con anterioridad. Los jueces permanentes de la organización judicial y el acusador público podrán intervenir en otros debates durante el plazo de suspensión, salvo que el tribunal decidiere lo contrario, por resolución fundada, en razón de la complejidad del caso.

	El presidente ordenará los aplazamientos diarios, indicando la hora en que continuará el debate.

	Articulo.- 27. Interrupción. Si el debate no se reanudare a más tardar al undécimo días después de la suspensión, se considerará interrumpido y deberá ser realizado de nuevo desde su iniciación.

	La rebeldía o la incapacidad del acusado interrumpirán el debate, salvo que el impedimento se subsanare dentro del plazo previsto en el párrafo anterior, o que prosiguiere el juicio para la aplicación exclusiva de una medida de seguridad y corrección.

	Articulo.- 28. Oralidad. El debate será oral; de esa forma se producirán las declaraciones del imputado, de los órganos de prueba y las intervenciones de todas las personas que participan en él. Las decisiones del presidente y las resoluciones del tribunal serán dictadas verbalmente, con expresión de sus fundamentos cuando el caso lo requiera, quedando todos notificados por su emisión, pero su parte dispositiva constará luego en el acta del debate.

	Quienes no pudieren hablar o no lo pudieren hacer en el idioma nacional, formularán sus preguntas o contestaciones por escrito o por medio de un intérprete, leyéndose o relatándose las preguntas o las contestaciones en la audiencia.

	El acusado sordo o que no pudiere entender el idioma nacional será dotado de un intérprete para que le transmita el contenido de los actos del debate.

	Articulo.- 29. Lectura. Sólo podrán ser incorporados por su lectura:

1) La denuncia, la prueba documental o de informes, y las actas de inspección, registro domiciliario, requisa personal, secuestro y los reconocimientos a los que el testigo aludiere en su declaración durante el debate;
2) las declaraciones por escrito de imputados rebeldes o condenados como partícipes del hecho punible objeto del debate;
3) los dictámenes de peritos, siempre que hayan sido cumplidos conforme a las reglas de los actos definitivos e irreproducibles, sin perjuicio de la facultad de los intervinientes o de cualquier juez del tribunal de exigir la declaración del perito en el debate;
4) las declaraciones o dictámenes producidos por comisión, exhorto, o informe, cuando el acto se haya producido o hecho constar por escrito, según una autorización legal, y el informante no pueda ser hecho comparecer al debate;
5) las declaraciones que consten por escrito de testigos o peritos que hayan fallecido, estén ausentes del país, se ignore su residencia actual o que por cualquier obstáculo difícil de superar no puedan declarar en el debate, siempre que esas declaraciones hayan sido recibidas conforme a las reglas de los actos definitivos e irreproducibles;
6) las declaraciones que consten por escrito de testigos, de peritos o del acusado, cuando sea necesario auxiliar la memoria de quien declara o demostrar contradicciones o variaciones entre ellas y las prestadas en el debate, y al solo fin de solicitar las aclaraciones pertinentes; y
7) las actas o dictámenes existentes por escrito, cuando todos los intervinientes presten conformidad al ordenarse la recepción de la prueba o lo consientan durante el debate, con la aquiescencia del tribunal.

	Articulo.- 30. Imposibilidad de asistencia. Los órganos de prueba que no puedan concurrir al debate por un impedimento justificado serán examinados en el lugar donde ellos se hallen por uno de los jueces profesionales del tribunal o por medio de exhorto a otro juez, según los casos, quien labrará el acta correspondiente. En la audiencia respectiva podrán participar los demás intervinientes en el debate.

	El tribunal podrá decidir, en razón de la distancia, que las declaraciones testimoniales o los dictámenes de peritos sean recibidos en el lugar donde resida el testigo o el perito, por un juez comisionado y de la manera antes prevista, salvo cuando quien ofreció el medio de prueba anticipe todos los gastos necesarios para la comparecencia de la persona propuesta.

	Articulo.- 31. Dirección del debate. El presidente dirigirá el debate, ordenará las lecturas pertinentes, hará las advertencias que correspondan, exigirá las ratificaciones solemnes y moderará la discusión; impedirá derivaciones impertinentes, o que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad o no resulten admisibles, sin coartar por ello el ejercicio de la persecución penal, ni la libertad de defensa.

	Si alguno de los intervinientes en el debate se queja por reposición de una disposición del presidente, decide el tribunal.

	Articulo.- 32. Delito en audiencia. Si durante el debate se comete un delito, a juicio del tribunal, el presidente ordenará labrar un acta con las indicaciones que correspondan y, eventualmente, detendrá al presunto culpable. El tribunal remitirá copia de los antecedentes necesarios al ministerio público y, en su caso, pondrá a su disposición al detenido.

Capítulo II
Desarrollo

	Articulo.- 33. Apertura. En el día y la hora fijados el tribunal se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. Quien lo preside verificará la presencia de los demás jueces permanentes, del acusado y sus defensores, y de los acusadores que hubieren sido admitidos, de los testigos, peritos o intérpretes que deban tomar parte en el debate y de la existencia de las cosas que deban exhibirse en él, y declarará abierto el debate. Luego advertirá al acusado que esté atento a aquello que va a oír y ordenará la lectura de la acusación y de la parte pertinente del auto de apertura del juicio.

	Articulo.- 34. Incidentes. Inmediatamente después de la lectura podrán ser planteadas todas las cuestiones incidentales, que serán tratadas en un solo acto a menos que el tribunal resuelva tratarlas sucesivamente o diferir alguna para la sentencia, según convenga al orden del debate.

	En la discusión de las cuestiones incidentales sólo se concederá la palabra por una única vez a quien la plantee y a los demás intervinientes, quienes podrán pronunciarse a través del abogado que los defiende o asesora.

	Articulo.- 35. División del debate único. Si la acusación tuviere por objeto varios hechos punibles atribuidos a uno o más imputados, el tribunal podrá disponer, incluso a pedido de uno de los intervinientes, formulado en este momento, que los debates sean llevados a cabo separadamente, pero en forma continua.
	Cuando resulte conveniente para resolver adecuadamente sobre la pena y para una mejor defensa del acusado, dividir un debate único, para tratar primero la cuestión acerca de la culpabilidad del acusado y, posteriormente, la cuestión acerca de la determinación de la pena o medida de seguridad y corrección que corresponda. Cuando la pena máxima que pudiere corresponder a los hechos punibles imputados, según la calificación jurídica de la acusación o del auto de apertura , supere los ocho años de privación de la libertad, la solicitud de división del debate único, formulada por el acusado o su defensor, obligarán al tribunal a proceder conforme al requerimiento.

	En este caso, al culminar la primera parte del debate, el tribunal decidirá acerca de la cuestión de culpabilidad y, si la decisión habilita la imposición de una pena o medida de seguridad y corrección, fijará día y hora para la prosecución del debate sobre esta última cuestión. Regirán, para la primera parte del debate, todas las reglas que regulan su desarrollo, y, para la decisión interlocutoria sobre la culpabilidad, las que regulan la sentencia, salvo las referida específicamente a la determinación de la pena o medida de seguridad y corrección.

	El debate sobre la pena comenzará con la recepción de la prueba que se hubiere ofrecido para determinarla y proseguirá de allí en adelante según las normas comunes. La sentencia se integrará, después del debate sobre la pena, con el interlocutorio sobre la culpabilidad y la decisión sobre la pena o medida de seguridad y corrección aplicable. El plazo para recurrir la sentencia comenzará a partir de este último momento.

	Durante el debate, el tribunal puede organizar la audiencia conforme a las reglas que anteceden, de manera informal, sin necesidad de dictar el interlocutorio sobre la culpabilidad.

	Articulo.- 36. Declaración del acusado. Después de la lectura de la acusación o de resueltas las cuestiones incidentales, el presidente dará oportunidad al propio acusado para que se expida acerca de la imputación que se le dirige. Conducirá un breve interrogatorio de identificación y le explicará, con palabras claras y sencillas, el comportamiento concreto que se le atribuye. Luego le advertirá que puede abstenerse de declarar, sin que esa decisión, por sí misma, provoque algún indicio en su contra, y que el debate continuará aun si él resuelve no pronunciarse sobre la acusación. Si el acusado resuelve declarar, el presidente permitirá que él manifieste libremente cuanto tenga por conveniente sobre la acusación, para luego permitir el interrogatorio del defensor, de los acusadores y de los miembros del tribunal, en ese orden, finalizando por el mismo presidente.

	Si el acusado se abstuviere de declara, total o parcialmente, el presidente ordenará la lectura de declaraciones anteriores, siempre que se hubieren observado las reglas pertinentes. De la misma manera se procederá durante el interrogatorio, cuando quien interroga advierta que el acusado incurre en contradicciones respecto de declaraciones anteriores, contradicciones que el interrogante pondrá de manifiesto claramente al tiempo de pedir su aclaración.

	En el curso del debate, el defensor y los acusadores pueden dirigir al acusado preguntas destinadas a aclarar manifestaciones, si él decide libremente contestarlas.

	Articulo.- 37. Declaración de varios acusados. Si los acusados fueren varios, el presidente podrá alejar de la sala de audiencia, incluso por pedido de alguno de los intervinientes, a los acusados que no declaren en ese momento, pero después de todas las declaraciones deberá informarlos sumariamente sobre lo ocurrido durante la ausencia.

	Articulo.- 38. Facultades del acusado. En el curso del debate, el acusado podrá solicitar la palabra para efectuar todas las declaraciones que considere pertinentes, incluso si antes se hubiere abstenido de declarar, siempre que se refieran al objeto del debate. El presidente impedirá cualquier divagación y, si el acusado persistiere en ese comportamiento, podrá proponer al tribunal alejarlo de la audiencia (artículo 24).

	El acusado podrá, durante el transcurso del debate, hablar libremente con su defensor, sin que por ello la audiencia se suspenda; no lo podrá hacer, en cambio, durante su declaración o antes de responder a preguntas que le sean formuladas; en este momento tampoco se admitirá sugerencia alguna.

	Articulo.- 39. Ampliación de la acusación. Durante el debate, el acusador podrá ampliar la acusación, por inclusión de un nuevo hecho o circunstancia que modifica el significado jurídico o la pena del mismo hecho objeto del debate, o que integra la continuación delictiva, cuando ellos no hubieren sido mencionados en la acusación y en el auto de apertura del juicio.

	En tal caso, con relación a los nuevos hechos o circunstancias atribuidos, el presidente dará al acusado inmediatamente oportunidad de expresarse a su respecto, en la forma prevista para su declaración inicial, e informará a todos los intervinientes sobre su derecho a pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención. Cuando este derecho sea ejercido, el tribunal suspenderá el debate por un plazo que fijará prudencialmente, conforme a la gravedad y complejidad de los nuevos elementos y a la necesidad de la defensa.

	Los nuevos hechos o circunstancias sobre los cuales verse la ampliación quedarán comprendidos en la imputación y serán detallados en el acta del debate.

	Articulo.- 40. Corrección o ampliación del significado jurídico. Cuando la ampliación de la acusación verse solamente sobre un precepto penal distinto de los invocados en la acusación, comprendida su ampliación, o en el auto de apertura del juicio, el presidente advertirá al acusado en la forma prevista en el artículo anterior y el tribunal, si fuere necesario, concederá a los intervinientes el mismo derecho allí consignado. La nueva calificación jurídica constará en el acta del debate con indicación de los preceptos penales agregados, incluso si versaren sólo sobre la determinación de la pena o de una medida de seguridad y corrección, y quedará comprendida en la imputación.

	Articulo.- 41. Recepción de pruebas. Después de la declaración del acusado, el presidente procederá a recibir la prueba, en el orden que considere conveniente, que comunicará a los intervinientes.

	Articulo.- 42. Peritos, testigos e intérpretes. Los peritos, testigos e intérpretes citados responderán directamente a las preguntas que les formulen los intervinientes, sus abogados o sus consultores técnicos, y los miembros del tribunal.

	Antes de declarar, los testigos, peritos o intérpretes no podrán comunicarse entre sí, ni con otras personas, ni ver, oír o ser informados de aquello que ocurra en la audiencia; permanecerán en una sala distinta a la de la audiencia, advertidos por el presidente acerca de la regla anterior, y serán llamados en el orden establecido. En debates prolongados, el presidente puede disponer que las diversas personas citadas para incorporar información comparezcan en días distintos. Si resultare conveniente, el presidente podrá disponer que los peritos, testigos e intérpretes presencien los actos del debate o alguno de ellos. Después de declarar, el presidente dispondrá si ellos continúan en antesala o pueden retirarse, consultando a los intervinientes.

	Se podrá llevar a cabo confrontaciones o reconstrucciones entre testigos, peritos e intérpretes, o entre ellos y el acusado.

	Los intérpretes que sólo cumplan la misión de trasladar al acusado aquello que se manifestare en el debate, o a la audiencia aquello que manifestare el acusado, cuando él no dominare el idioma nacional o fuera ciego, sordo o mudo, permanecerán a su lado durante el debate.

	Articulo.- 43. Interrogatorio. El presidente, después de interrogar al perito, testigo o intérprete sobre su identidad personal y las circunstancias necesarias para valorar su testimonio (generales de la Ley), y de advertirle que debe decir la verdad y no ocultar nada sobre el objeto de su declaración, le concederá la palabra para que informe libremente sobre todo aquello que sabe acerca del hecho propuesto como objeto de la prueba. Al finalizar el relato, concederá el interrogatorio a aquél que lo propuso y, con posterioridad, a los demás intervinientes que deseen interrogar, en el orden que considere conveniente. Por último, podrán interrogar los miembros del tribunal y el mismo presidente, a fin de conocer circunstancias de importancia para el éxito del juicio. En caso de que alguien haya sido propuesto por más de un interviniente, el presidente decidirá quién interrogará primero.

	Pese a que los intervinientes pueden interrogar libremente, el presidente moderará el interrogatorio y no permitirá que el testigo, perito o intérprete conteste a preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes.
	Los peritos, testigos e intérpretes expresarán, en lo posible, la razón de ser de sus conocimientos e informaciones, y precisarán su origen, designando con la mayor precisión posible a los terceros de quienes, eventualmente, hubieren obtenido la información.

	Terminado el interrogatorio, quien preside el tribunal advertirá al testigo, perito o intérprete acerca de la obligación de decir verdad y no ocultar nada sobre el objeto de su declaración y procederá a ratificarlo solemnemente (artículo212). Los intérpretes que cumplan una función permanente durante el debate, incorporando a él aquello que expresan los intervinientes en otro idioma o de otra manera distinta a la del idioma nacional utilizado oralmente, o auxiliando permanentemente a esas personas para que puedan expresarse, serán advertidos por quien preside la audiencia sobre su obligación de traducir o interpretar fielmente lo dicho, al comenzar su función y al terminar su labor, momento en el cual se procederá a ratificarlos solemnemente, con una fórmula análoga a la del artículo 212, que preparará quien recibe el juramento.

	Articulo.- 44. Incomparecencia. Cuando el perito, testigo o intérprete oportunamente citado no hubiere comparecido, el presidente dispondrá lo necesario para hacerlo comparecer por la fuerza pública. Si estuviere imposibilitado para concurrir y no se pudiere esperar hasta la superación del obstáculo, o no resultare conveniente la suspensión de la audiencia, el presidente podrá disponer que la audiencia prosiga donde esté la persona a interrogar o designar a uno de los jueces profesionales del tribunal para que la audiencia se lleve a cabo en ese lugar y se consigne por escrito su resultado, todos los intervinientes podrán participar en el acto y formular en el acta sus observaciones.

	Si el testigo estuviere en algún lugar distante de aquél en el cual se celebra el debate, la audiencia podrá cumplirse por medio de mandamiento o exhorto, y los intervinientes podrán designar quién los representará ante el juez comisionado o consignar por escrito las preguntas que deseen formular.

	Articulo.- 45. Otros medios de prueba. Los documentos e informes serán leídos y exhibidos en el debate, con indicación de su origen; las grabaciones y elementos de prueba audiovisuales serán reproducidos en la audiencia, según su forma de reproducción habitual. El presidente, a pedido de los interesados o por provocación de su parte, podrá prescindir de la lectura íntegra de documentos o informes escritos, o de la reproducción total de una grabación, para leer o reproducir parcialmente el documento o la grabación, en la parte pertinente. Las cosas y otros elementos de convicción secuestrados serán exhibidos en el debate.

	Todos los elementos de convicción podrán ser presentados a los peritos, testigos o intérpretes, o al acusado, cuando correspondiere, durante sus declaraciones, quienes podrán ser invitados a reconocerlos o a informar sobre ellos  aquello.

	Si para conocer los hechos fuere necesario o conveniente una inspección o una reconstrucción, el tribunal podrá disponerlo, a pedido de alguno de los intervinientes o de oficio, y el presidente ordenará las medidas necesarias para llevar a cabo el acto. Si el acto se debiere realizar fuera del lugar de la audiencia el presidente deberá informar sumariamente las diligencias realizadas, cuando se regrese a la sala del debate.

	Articulo.- 46. Nuevas pruebas. El tribunal podrá ordenar, a pedido de alguno de los intervinientes, la recepción de nuevos medios de prueba, si en el curso del debate resultaren indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad.

	De la misma manera se podrá citar nuevamente a peritos, testigos o intérpretes que ya hayan declarado, si sus dictámenes o informaciones resultaren insuficientes o se necesitare aclaraciones o ampliaciones; en su caso, las operaciones periciales necesarias serán practicadas en la misma audiencia, cuando ello fuere posible.

	Articulo.- 47. Discusión final y clausura. Terminada la recepción de las pruebas, el presidente concederá sucesivamente la palabra a los acusadores, comenzando por el acusador público en los delitos de acción pública, y al defensor del imputado, para que, en ese orden, emitan sus conclusiones. Si intervinieren dos representantes del ministerio público o dos abogados por alguno de los demás intervinientes, todos podrán hablar dividiéndose la tarea.
	Tanto los representantes de los acusadores como los defensores podrán replicar, pero siempre corresponderá a estos últimos la palabra final. La réplica se deberá limitar a la refutación de los argumentos adversarios que antes no hubieran sido objeto del informe.

	En el informe, las partes podrán contener la solicitud prevista en el artículo anterior.

	En caso de manifiesto abuso de la palabra, el presidente llamará la atención al orador y, si este persistiere, podrá limitar racionalmente el tiempo del informe, según la naturaleza y complejidad de los hechos en examen, las pruebas recibidas y las cuestiones a resolver. Vencido el plazo, el orador deberá emitir sus conclusiones; la omisión implicará incumplimiento de la función para los órganos públicos, abandono y desistimiento de la acusación para el acusador privado y abandono injustificado de la defensa para el defensor.

	Por último, el presidente preguntará a la víctima que estuviere presente, cuando no haya intervenido como acusador en el debate, si tiene algo que manifestar y, en su caso, le concederá la palabra; luego dirigirá al imputado la misma pregunta, en su caso le concederá la palabra, y cerrará el debate.

	Articulo.- 48. Recursos. Durante el debate, los intervinientes en él pueden quejarse de las resoluciones por la vía de la reposición. La reposición implica la protesta de recurrir eventualmente la sentencia, cuando ese recurso le hubiere sido concedido al quejoso.

	En el caso de un tribunal con integración plural, la reposición de las decisiones del presidente implica la integración total del tribunal para decidir y contra esa decisión no existe reposición posterior.

Capítulo III (J.B.J.M.2)
Sentencia

	Articulo.- 49. Deliberación. Inmediatamente después de clausurado el debate, los jueces pasarán a deliberar en sesión secreta, a la cual sólo podrá asistir el secretario.

	El tribunal apreciará la prueba según su libre convicción extraída de la totalidad del debate; sólo serán valorables, sometidos a la crítica racional, los medios de prueba obtenidos por un procedimiento permitido e incorporados al debate conforme a las disposiciones de la Ley; la duda siempre favorece al acusado.

	El tribunal resolverá por mayoría de votos. Los jueces podrán fundar separadamente sus conclusiones, o en forma conjunta cuando estuvieren de acuerdo. Las disidencias serán fundadas expresamente.

	El tribunal decidirá primero las cuestiones relativas a su competencia y a la promoción o prosecución de la persecución penal cuando hubieren sido planteadas o hubieren surgido durante el debate, siempre que ellas puedan decidirse sin examinar la cuestión de culpabilidad. Si se decide proseguir, quien hubiere quedado en minoría deberá deliberar y votar sobre las cuestiones siguientes.

	La decisión posterior versará sobre la absolución o la condena. En el caso del artículo 35, pronunciará sentencia, sin resolver la cuestión de la pena, y fijará audiencia para la continuación del debate o para el debate sobre la determinación de la pena, en caso de que sea necesario.

	Prosigue la determinación de la pena o de la medida de seguridad y corrección aplicable, cuando el dispositivo de la decisión anterior lo torne necesario. Para decidir esta cuestión deliberarán y votarán todos los jueces incluso aquellos cuya opinión haya quedado en minoría, quienes deberán atenerse al tenor de la condena o de la declaración que torna viable una medida de seguridad y corrección.

	Cuando exista la posibilidad de aplicar diversas clases de pena o de medidas de seguridad y corrección, o, dentro de una misma clase, penas o medidas divisibles o indivisibles, el tribunal deliberará y votará, en primer lugar sobre la clase o especie de pena o media, y decidirá por mayoría de votos. Si no fuere posible lograr la mayoría se aplicará la pena o medida intermedia.

	Si la pena o medida fuera divisible u no existiere mayoría en cuanto a la cantidad, se aplicará la que resultare de la suma y división de todas las opiniones expuestas.

	Articulo.- 50. Sentencia y acusación. La sentencia de condena no podrá sobrepasar el hecho imputado con sus circunstancias y elementos descriptos en la acusación y en el auto de apertura del juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación.

	En la condena, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquélla indicada en la acusación o en el auto de apertura del juicio o aplicar penas más graves o medidas de seguridad, siempre que no exceda su propia competencia; pero el acusado no puede ser condenado en virtud de un precepto penal distinto del invocado en la acusación, comprendida su ampliación, o en el auto de apertura del juicio, si previamente no fue advertido de la modificación posible del significado jurídico de la imputación, conforme al artículo 40. Esta regla comprende también a los preceptos que se refieren sólo a la pena y a las medidas de seguridad y corrección.

	Articulo.- 51. Requisitos de la sentencia. La sentencia contendrá:

1) La mención del tribunal, el nombre de los jueces que integran el colegio decisor y la fecha en que se dicta; el nombre y apellido del acusado y los demás datos que sirvan para determinar su identidad;
2) la enunciación de los hechos y de las circunstancias o elementos que hayan sido objeto de la acusación o de su ampliación, y del auto de apertura del juicio;
3) el voto de los jueces, con la exposición concisa de sus fundamentos de hecho y de derecho;
4) la determinación precisa y circunstanciada del hecho que el tribunal estime acreditado;
5) la parte resolutiva, con mención de las disposiciones legales aplicadas; y
6) la firma de los jueces; pero si uno de los miembros del tribunal no pudiere suscribir la sentencia por impedimento ulterior a la deliberación y votación, ello se hará constar, con resumen de la opinión del juez impedido en caso de no coincidir con las emitidas, y la sentencia valdrá sin esa firma.

	Articulo.- 52. Pronunciamiento. La sentencia se pronunciará siempre en nombre del pueblo de la Provincia. Redactada la sentencia, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de la audiencia, después de ser convocados verbalmente todos los intervinientes en el debate, y el documento será leído ante los presentes. La lectura valdrá en todo caso como notificación y los intervinientes que lo requieran verbalmente recibirán una copia de la sentencia. El original del documento se protocolizará.

	Cuando la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora tornen necesario diferir la redacción de la sentencia, en la oportunidad prefijada será leída tan sólo su parte resolutiva y el tribunal designará un juez relator que imponga a la audiencia, sintéticamente, de los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la decisión y del transcurso de la deliberación y votación. En este caso, el presidente del tribunal fijará día y hora para la lectura íntegra del documento que contiene la sentencia, dentro de los cinco días posteriores al pronunciamiento de la parte resolutiva.

	Articulo.- 53. Vicios de la sentencia. Los defectos de la sentencia que habilitan la declaración de su invalidez resultan del incumplimiento de las reglas previstas en los artículos 49 a 52. Los demás defectos que pudieren existir, podrán ser subsanados de oficio por el tribunal o por un pedido de aclaración del interesado.

	Articulo.- 54. Absolución. En todos los casos, la sentencia absolutoria se entenderá como pronunciamiento de inocencia del imputado. Ordenará la libertad del acusado detenedio y la cesación de cualquier restricción impuesta durante el procedimiento y, en su caso, la aplicación de medidas de seguridad y corrección; ella también resolverá sobre las costas del procedimiento.

	Para las medidas de seguridad y corrección, para las inscripciones y para la devolución de objetos secuestrados rige el artículo siguiente.

	Articulo.- 55. Condena. La sentencia condenatoria fijará las penas y medidas de seguiridad que correspondan. También determinará, en su caso, la condicionalidad de la condena y las obligaciones que deberá cumplir el condenado.

	En las penas o medidas de seguridad y corrección divisibles fijará provisionalmente la fecha en que la condena finaliza y, en su caso, la fecha a partir de la cual el condenado podrá requerir su libertad condicional o su rehabilitación; para las penas perpetuas y las medidas de seguridad y corrección indeterminadas temporalmente, rige la última parte de esta regla.

	Cuando se condene a pagar una multa, la sentencia fijará también el plazo dentro del cual ella debe ser pagada.

	Cuando corresponda, unificará también las condenas o las penas, si ello fuere posible.

	Articulo.- 56.La sentencia decidirá también sobre las costas y sobre la entrega de objetos secuestrados a quien el tribunal entienda con mejor derecho a poseerlos, sin perjuicio de los reclamos que correspondieren ante los tribunales competentes; ella decidirá también sobre el decomiso y la destrucción de cosas, previstos en la ley penal.

	Cuando la sentencia establezca la falsedad de un documento, el tribunal mandará inscribir en él una nota marginal sobre su falsedad, con indicación del tribunal que dictó la sentencia, del procedimiento en el cual se dictó y de la fecha de su pronunciamiento; la misma inscripción mandará a realizar en el caso de los matrimonios ilegales y la suposición del estado civil de una persona, sin perjuicio de anoticiar al funcionario competente iniciar acciones que conduzcan a la nulidad del acto, según la ley civil.

	Articulo.- 57.Juicio con jóvenes. Cuando el acusado sea un menor de dieciocho años el debate tramitará conforme a las reglas comunes, con las siguientes modificaciones:

1) El debate será público o a puertas cerradas conforme a la voluntad del acusado menor, que procurará el juez que presida la audiencia preliminar y hará constar en la decisión de apertura del juicio; la regla rige incluso para los casos en los cuales el menor sea enjuiciado en conjunto con otros acusados mayores, siempre que el tribunal no decida la separación de los debates (artículo 35);
2) los representantes legales del menor o el guardador podrán designar al defensor del menor, cuando él no haga uso de su derecho a designarlo. En caso de representación plural, el conflicto que pudiera suscitarse será resuelto por el juez o tribunal competente, según el caso;
3) la sentencia sobre el menor se limitará, en todos los casos, al veredicto de culpabilidad o inocencia, sin fijar la pena aplicable, y, a su respecto, el debate sobre la pena será realizado posteriormente, conforme al artículo 35, en el momento en que pueda decidirse sobre ella según las condiciones fijadas por la ley penal juvenil;
4) en el debate sobre la pena se escuchará, después de los informes finales, a la madre, al padre, al tutor y al guardador que estuvieren presentes en la audiencia o en el tribunal y que, invitados a tomar la palabra, quisieren hacerlo.
  
	Articulo.- 58. Juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección. Si el acusador estima que sólo corresponde aplicar una medida de seguridad y corrección, requerirá la apertura del juicio con las formas y en las condiciones previstas en el artículo 1º, aplicable analógicamente, con indicación de los antecedentes y circunstancias especiales que fundan el pedido.

	El procedimiento se regirá por las reglas comunes con las siguientes modificaciones:

1) Cuando el acusado se hallare en la situación prevista por el artículo 66, sus facultades serán ejercidas por su curador o, si careciera de uno, por quien designe el tribunal; en ese caso, las reglas referidas a la declaración del imputado deben dar oportunidad al curador o a su sustituto para tomar posición frente a la imputación;
2) el juicio aquí previsto nunca se tramitará juntamente con un juicio común;
3) el debate se realizará sin la presencia del imputado cuando fuere imposible a causa de su estado inciso 1) o inconveniente por razones de orden, seguridad o salud, caso en el cual será representado a todos los efectos por su curador o el sustituto; el acusado podrá ser traído al debate cuando su presencia fuere indispensable;
4) el debate será público o a puertas cerradas conforme a la voluntad del acusado, cuando según su situación pudiere expresarla válidamente, o de las personas mencionadas en el inciso anterior, en el caso contrario;
5) el debate será presenciado por un delegado del tribunal a cuyo cargo estuviere el control de la curatela dirimida, quien, previo a la discusión final, informará sobre el acusado;
6) el debate se llevará a cabo ante el tribunal competente según la ley de organización, pero la sentencia versará sobre la absolución o sobre la aplicación de una medida de seguridad y corrección; 7) no serán de aplicación las reglas referidas al procedimiento abreviado.

	Si en el transcurso del debate el acusador sostuviere como posible la aplicación de una pena, serán de aplicación, analógicamente, los artículos 39 y 40.

	La internación provisional (artículo 113) y las demás medidas de coerción eventualmente aplicables podrán ser confiadas para su ejecución al tribunal a cuyo cargo estuviere el control de la curatela, el cual, durante el proceso de conocimiento, mantendrán informado al acusador público o al tribunal competente.

Capítulo I V
Acta del debate

	Articulo.- 59. Funcionario competente y contenido. Quien desempeñe la función de secretario durante el debate labrará un acta que contendrá las siguientes enunciaciones: 

1) Lugar y fecha de iniciación y finalización de la audiencia, con mención de las suspensiones ordenadas y de las reanudaciones;
2) el nombre y apellido de los jueces, permanentes o jurados, de los representantes del ministerio público durante el debate, del acusado y su defensor, y de los demás intervinientes que hubiesen participado en el debate, incluidos los mandatarios, en su caso, con mención del papel que cada una de estas personas cumplió; en el caso de los jurados constará también su compromiso solemne;
3) el desarrollo histórico del debate, con mención del nombre y apellido de los testigos, peritos e intérpretes, con la aclaración acerca de si ratificaron solemnemente sus declaraciones o no lo hicieron, y el motivo de ello, y la designación de los documentos leídos durante la audiencia;
4) las instancias y decisiones producidas en el curso del debate;
5) la conclusión final de los acusadores, del defensor y del imputado y la víctima, si hubieren usado de la palabra a la finalización del debate, o la constancia de que no lo hicieron;
6) la observancia de las formalidades esenciales, específicamente, si se procedió públicamente o fue excluida la publicidad, total o parcialmente, con mención de los motivos de la decisión;
7) otras menciones previstas por la ley, o las que el presidente ordene, incluso por solicitud de los demás intervinientes;
8) la forma en que se cumplió con el artículo 52, con mención de las fechas pertinentes;
9) el veredicto del jurado, en el caso del juicio respectivo; el dispositivo de la sentencia, en el caso del artículo 52; el dispositivo de la decisión sobre la culpabilidad y sobre la pena, en los casos del artículo 35; y
10) la firma del presidente y del secretario.

	En caso de debates prolongados o de prueba compleja el presidente podrá disponer la versión taquigráfica o la grabación total o parcial del debate y constará en el acta tanto la disposición, como la forma en que fue cumplida; pero la versión taquigráfica o la grabación no integrarán los actos del debate y sólo servirán como forma de recuerdo de los actos efectivamente cumplidos, para los jueces o jurados del tribunal que deban pronunciar la sentencia o el veredicto, o para los intervinientes que deseen interponer un recurso.

	Articulo.- 60. Comunicación y firma del acta. El acta se leerá inmediatamente después de la sentencia ante los presentes, con lo que quedará notificada.

	En el caso de que se divida la lectura de la sentencia, conforme al artículo 52, la lectura del acta del debate se cumplirá inmediatamente después de la lectura íntegra del documento que contiene la sentencia; en el caso de que se disponga dividir la celebración de la audiencia, conforme al artículo 35, el acta será leída inmediatamente después de la decisión sobre la pena; en el caso del juicio por jurados, el acta del debate será leída inmediatamente después de la decisión sobre la pena.

	El presidente podrá reemplazar la lectura del actas con la entrega de una copia para cada uno de los intervinientes presentes, en las mismas oportunidades dispuestas anteriormente; los intervinientes ausentes recibirán copia del acta, a su pedido.

	Con posterioridad a la lectura se invitará a todos los intervinientes presentes a firmar el acta al pie y se dejará constancia de los nombres de aquellos que no quisieren firmar; cuando se entregue copia del acta, constará al pie de la original.

	Articulo.- 61. Valor del acta. El acta verificará, en principio, el modo en que se desarrolló el debate, la observancia de las formalidades previstas para él, las personas que han intervenido, los actos que fueron llevados a cabo y el resultado del debate.

	La falta o insuficiencia de las enunciaciones previstas no originará por sí misma un motivo para recurrir la sentencia, sin perjuicio de las facultades disciplinarias respecto del funcionario competente.

	Sin embargo, por vía del recurso admitido contra la sentencia, invocándolo en el escrito de interposición, se podrá probar un enunciado faltante en el acta o la falsedad de un enunciado contenido en ella, que invalide la decisión.

Libro II

Derechos, garantías y deberes de los intervinientes

TÍTULO I
El imputado

Capítulo I
Generalidades

	Articulo.- 62 . Calidad del imputado. Las facultades que las leyes fundamentales de la Nación, de la Provincia y este Código conceden al imputado puede hacerlas valer la persona que sea señalada como autor de un hecho punible o participe en él ante alguna de las autoridades competentes para la persecución penal.

	Quien considere que puede haber sido imputado en un procedimiento penal, se podrá presentar ante la autoridad judicial que en ese momento dirige el procedimiento, solicitando ser escuchado y que se mantenga su plena libertad.

	Articulo.- 63. Denominación. En este Código se utiliza la palabra “imputado” como denominación genérica: se denomina “acusado” a aquél contra quien se ha dictado el auto de apertura del juicio y “condenado” a aquél sobre quien ha recaído una sentencia de condena.

	Articulo.- 64. Identificación. El imputado será identificado por su nombre, datos personales y señas particulares. Si él se abstuviere de proporcionar esos datos o los diere falsamente, se procederá a la identificación por testigos o por otros medios que sean considerados útiles. La duda sobre los datos obtenidos no alterará el curso del procedimiento y los errores podrán ser corregidos en cualquier oportunidad, incluso durante la ejecución penal.

	Si fuere necesario para el procedimiento podrán tomarse fotografías del imputado, recurrir a la identificación dactiloscópica o a otro medio semejante, aún contra su voluntad, pero ello no implicará su ingreso a un registro penal.

	Articulo.- 65. Domicilio. El imputado deberá denunciar, en la primera oportunidad en que compareciere ante una autoridad judicial, su domicilio real y fijar domicilio especial para recibir comunicaciones sobre el procedimiento dentro del radio que determine la reglamentación. Con posterioridad, mantendrá actualizado esos domicilios mediante comunicación al acusador público o al tribunal, según el caso, sobre las variaciones que ellos sufrieren.

	La inexactitud de su domicilio real será considerada como indicio de fuga; las comunicaciones dirigidas al domicilio especial son siempre correctas.

	Si el imputado no pudiere constituir domicilio especial dentro del radio del tribunal, se fijará de oficio el de su defensor, al que serán dirigidas las comunicaciones. En ese caso, el defensor y el imputado, de común acuerdo, establecerán la forma de comunicarse entre ellos.

	Articulo.- 66. Incapacidad. Sin perjuicio de las reglas que rigen el juicio para la aplicación exclusiva de una medida de seguridad y corrección, el trastorno mental del imputado, que excluya su capacidad de entender los actos del procedimiento o de obrar voluntariamente conforme a ese conocimiento, impedirá el juicio y toda valoración del comportamiento que se le atribuye, que no autorice expresamente la ley pero no inhibirá la averiguación de la imputación que a él se le dirige, ni la continuación del procedimiento respecto de otros coimputados.

	La incapacidad será declarada por el tribunal competente, a proposición de cualquiera de los intervinientes o de oficio, y previo dictamen de peritos; durante la investigación preparatoria será competente el juez que debe llevar a cabo la audiencia preliminar.

	Sospechada la incapacidad, el acusador público o el tribunal competente ordenará la peritación correspondiente. Hasta la decisión, sin perjuicio de su propia intervención, las facultades del imputado podrán ser ejercidas por su curador si lo tuviere, o el designado de oficio, si no lo tuviera, y, si carece de defensor o hubiera sido autorizado a defenderse por sí mismo, se designará inmediatamente un defensor de oficio. El papel de curador y defensor de oficio puede cumplirlo la misma persona.

	Los actos en que el incapaz hubiere participado como tal, sin sujeción a estas reglas, carecerán de valor en tanto signifiquen expresiones de voluntad o el ejercicio de derechos personales que le corresponden.

	Articulo.- 67. Internación para observación. Si, para la preparación del informe sobre el estado psíquico del imputado, fuera indispensable que él sea internado en un establecimiento especial o psiquiátrico, la medida sólo podrá ser ordenada por el juez, durante el procedimiento preparatorio o la audiencia preliminar, o por el tribunal competente, según el caso. La medida requerirá una resolución fundada y sólo se ordenará si existiere la probabilidad de que el imputado haya cometido el hecho y no fuera desproporcionada respecto de su importancia y de la pena o medida de seguridad y corrección que se espera.

	Articulo.- 68. Examen mental obligatorio. El imputado deberá ser sometido a un examen mental si el delito que se le atribuye es de carácter sexual o se espera una pena superior a los cinco años de privación de libertad, si se trata de un sordomudo, de un joven imputable, de una persona que haya cumplido los setenta años al momento del hecho atribuido, o si es probable la aplicación de una medida de seguridad y corrección privativa de libertad.

	Articulo.- 69. Rebeldía. Será declarado rebelde el imputado que, sin grave impedimento, no compareciere a una citación, ni fuere posible su comparecencia forzada en un lapso breve, porque se oculta, abandona la audiencia a la que comparece o el lugar destinado para su custodia, cuando no desea presenciarla, se fuga del establecimiento o lugar en donde estuviere detenido, no obedece a una orden de aprehensión emitida por la persona competente o se ausenta, sin licencia, del lugar denunciado o asignado para residir.

	La rebeldía será declarada por el funcionario o juez que tenga a su cargo el procedimiento, previa constatación de la incomparecencia, fuga o ausencia, quien procurará la búsqueda del imputado. La orden de detención, en su caso, será expedida por un juez del tribunal competente, a pedido del acusador; si la rebeldía se produce durante una audiencia, la orden será expedida por el juez o el presidente del tribunal ante el cual se procede. La orden se hará conocer también a las autoridades encargadas del control para salir del país o ingresar a él, con mandato expreso de que impidan su fuga y salir del país o ingresar a él, con mandato expreso de que impidan su fuga y den aviso inmediato a la policía del lugar, y se inscribirá en el registro respectivo, con todos los datos necesarios para identificar al imputado y a la causa en que es expedida. Se podrá requerir informes y su aprehensión inmediata por los medios de comunicación, con publicación incluso de la fotografía, datos y señas personales del imputado o de un dibujo aproximado de su fisonomía, cuando se carezca de otras formas de identificación actuales.

	Articulo.- 70. Efectos de la rebeldía. La declaración de rebeldía suspende el procedimiento judicial correspondiente; rige analógicamente el artículo 66, párrafo I.

	La declaración de rebeldía implicará la revocación de la libertad que hubiere sido concedida al imputado y lo obligará al pago de las costas provocadas por la contumacia.

	Cuando el rebelde compareciere o fuere puesto a disposición de la autoridad que lo requiere, quedarán sin efecto las órdenes emitidas y sus inscripciones, y el tribunal competente, con la integración que corresponda, decidirá sobre la situación futura del imputado, previo a oír en audiencia al acusador y al imputado sobre el acontecimiento que provocó la rebeldía.

	El procedimiento continuará según su estado.

	Articulo.- 71. Garantías: regla general. Nadie podrá ser condenado, penado o sometido a una medida de seguridad y corrección, sino después de una sentencia firme, obtenida por un procedimiento regular, llevado a cabo conforme a las disposiciones de este Código, con observancia estricta de las garantías previstas para las personas, y de las facultades y los derechos del imputado.

	La inobservancia de una regla de garantía establecida a favor del imputado no podrá ser hecha valer en su perjuicio.

Capítulo II
Derecho a ser oído

	Articulo.- 72. Regla general. Además de las oportunidades previstas específicamente en la ley, el imputado tendrá derecho a exigir ser escuchado, en cualquier momento, por la autoridad o tribunal que, en ese momento, dirige el procedimiento. En todo caso, la audiencia se desarrollará en presencia de su defensor, salvo que haya sido autorizado a defenderse por sí mismo, y, antes de comenzar el interrogatorio, se permitirá que el imputado pueda consultar con el defensor sobre los derechos que lo asisten, los efectos probables del acto y la actitud a asumir. En el procedimiento preparatorio, el acto podrá prorrogarse por veinticuatro horas para procurar la asistencia del defensor o, en su defecto, designar al defensor oficial.

	Salvo que la declaración del imputado se desarrolle en la audiencia preliminar o en la audiencia del debate, sobre ella se labrará un acta que reproducirá, del modo más fiel posible, todo lo que suceda en el acto respectivo y las respuestas o declaraciones del imputado con sus propias palabras; en este caso, el acto finalizará con la lectura y la firma del acta por todos los intervinientes. Si el imputado se abstuviere de declarar, total o parcialmente, tal circunstancia se hará constar en el acta; si rehusare suscribirla, se consignará el motivo.

	El acta podrá ser reemplazada total o parcialmente, por otra forma de registro; en ese caso, quien preside el acto determinará el resguardo conveniente para garantizar su inalterabilidad de individualización futuras.

	Cuando el imputado sea sordo, o mudo, o no comprenda el idioma nacional, tendrá derecho a designar su propio traductor o intérprete, pero si no lo designa será dotado de uno, cuando el caso lo requiera, para que le transmita el contenido del acto o de la audiencia; rigen analógicamente las reglas del Libro II, Título I, Capítulo III.

	Articulo.- 73. Advertencias preliminares. Antes de comenzar la declaración, quien preside el acto comunicará detalladamente al imputado el hecho que se le atribuye, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo, en la medida conocida, incluyendo aquellas que sean de importancia para la calificación jurídica, un resumen del contenido de los elementos de prueba existentes y las disposiciones penales que se juzgue aplicables. Luego, el imputado será instruido acerca de que puede abstenerse de declarar y de que esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio.

	En el procedimiento preparatorio, el imputado será también instruidì¥ÁI
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La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico SurSanciona con Fuerza de LeyLibro IJuicio penalTÍTULO IProcedimiento preliminarCapítulo IPromoción de la acción	Articulo.-1. Acusación. Cuando el acusador estime que tiene fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá al juez, por escrito, la decisión de apertura del juicio.	La acusación deberá contener:1) Los datos que sirvan para identificar al imputado y, en caso de que haya sido designado su defensor con anterioridad, su nombre y domicilio;2) la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que atribuye al imputado; en caso de contener varios hechos punibles independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos;3) los fundamentos sintéticos de la imputación, con expresión de los medios de prueba que propone para el juicio;4) la expresión precisa de los preceptos jurídicos aplicables; y5) la indicación degos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión.

	Toda medida que menoscabe la libertad de decisión del imputado, su memoria o su capacidad de comprensión y dirección de sus actos está prohibida, en especial, los malos tratos, las amenazas, el agotamiento, las violencias corporales, la tortura, el engaño, la administración de psicofármacos, los llamados “sueros de la verdad” o “detectores de mentiras” y la hipnosis.

	Articulo.- 76. Interrogatorio. Las preguntas serán  claras y precisas; no están permitidas las preguntas capciosas o sugestivas; y las respuestas no serán instadas perentoriamente.

	Si, por la duración del acto, se notare algunos signos de fatiga o falta de serenidad en el imputado, la declaración será suspendida hasta que ellos desaparezcan.

	Articulo.- 77. Dirección del acto; asistentes; oportunidad. En los delitos de acción pública y durante el procedimiento preparatorio, el imputado prestará declaración ante el acusaro público, cuando él mismo lo pidiere, compareciendo espontáneamente, o cuando lo ordenare ese acusador, siempre en presencia de un defensor. Quien preside el acto podrá permitir, con el consentimiento del imputado, que asista a él quien presentó querella contra el imputado u ordenar que escuche la declaración un perito, con el fin de elaborar un informe; no será necesario dar aviso sobre la realización del acto. El imputado será consultado acerca del derecho de exclusión antes de comenzar el acto y en presencia de su defensor; podrá también ejercer esta facultad durante la audiencia.

	Todos los intervinientes podrán indicar las inobservancias legales en que se incurra y, de no ser corregidas inmediatamente, exigir que su protesta conste en el acta.

	Si el imputado hubiere sido aprehendido, el funcionario que lo tenga a su cuidado dará aviso inmediato al ministerio público. El acusador público que corresponda procederá, a más tardar en el plazo de doce horas a contar desde su aprehensión, a examinar la situación y, en su caso, a ordenar la libertad; si resolviere mantener la privación de libertad, en el mismo plazo dará oportunidad al imputado de declarar en su presencia, plazo que podrá ser prorrogado por otro tanto, cuando lo pidiere el propio imputado para elegir defensor o cuando fuere necesario para lograr que un defensor asista al acto. En casos excepcionales, cuando fuere absolutamente imposible el traslado de personas en el plazo establecido, por la gran distancia, la grave dificultad de las comunicaciones, una catástrofe, el aislamiento u otro acontecimiento extraordinario similar, quien preside el acto podrá fijar un plazo distinto, acorde con las circunstancias, por resolución fundada y bajo su responsabilidad.

	Durante el debate rigen las reglas de los artículos 36 y siguientes. Durante la audiencia preliminar la declaración será recibida por el juez, si el imputado solicitare declarar.

	Articulo.- 78. Varios imputados; careos. Cuando deban declarar varios imputados, las declaraciones serán recibidas sucesivamente, evitando que ellos se comuniquen entre sí antes de la recepción de todas ellas.

	Los imputados pueden ser careados entre sí o con testigos, a pedido de ellos o por orden de quien dirige el procedimiento, pero ninguno será obligado a la confrontación. Rigen para el careo y en relación a los imputados todas las reglas de este capítulo, aplicables a su declaración. Quien preside el acto advertirá a quienes se confronten entre sí sobre los desacuerdos de sus respectivas declaraciones.

	Articulo.- 79. Valoración. La inobservancia de los preceptos de este capítulo o la irrazonabilidad de los motivos que fundan una manera de proceder alternativa y permitida, impedirán aprovechar la declaración para fundar cualquier decisión en perjuicio del imputado, total o parcialmente, aun cuando él hubiere dado su consentimiento expreso para infringir alguna regla o para utilizar su declaración.

	Pequeñas inobservancias formales podrán ser corregidas durante el acto o con posterioridad a él. Quien deba valorar el acto apreciará si esas inobservancias fundan la posibilidad de un menoscabo para la libertad de decisión, la memoria, la capacidad de comprensión y de dirección de los actos del imputado, en cuyo caso rige la regla del párrafo anterior.

Capítulo III
Defensa técnica y facultades defensivas

	
	Articulo.- 80. Capacidad. Podrán ser elegidos defensores quienes posean el título de abogado o de doctor en derecho, expedido por una Universidad del país, reconocida por la legislación vigente o admitido en el país conforme a los tratados y disposiciones que rigen la materia.

	La inscripción en la matrícula correspondiente, según la legislación vigente, no será, en un primer momento, requisito indispensable para autorizar su intervención, pero el juez fijará un plazo, prorrogable según las necesidades del caso, para que el defensor cumpla con la reglamentación. Vencido el plazo sin subsanación del defecto, cesará la intervención del defensor elegido y se procederá conforme a las reglas del abandono.

	Articulo.- 81. Elección del defensor. El imputado tiene derecho a elegir un defensor de su confianza; puede defenderse por sí mismo; pero si no reuniere la calidad prevista en el primer párrafo del artículo anterior o reuniéndola perjudicare la eficiencia de su defensa técnica con esa decisión, el funcionario judicial que dirija el procedimiento en ese momento lo instará a designar un defensor de confianza y, en su defecto, designará de oficio un defensor, sin que ello menoscabe el derecho del imputado a formular instancias y observaciones. Para autorizar la propia defensa no es necesaria la inscripción en la matrícula del lugar en el cual se desarrolla el procedimiento.

	Articulo.- 82. Admisión y apartamiento del defensor. No se admitirá la intervención de un defensor en el procedimiento, o se lo apartará de la participación ya acordada, cuando haya sido testigo del hecho o cuando fuere coimputado de su defendido, condenado por el mismo hecho o imputado por ser autor o cómplice del encubrimiento o favorecimiento de ese mismo hecho concreto. En estos casos, el imputado podrá elegir nuevo defensor; si no existiere otro defensor o el imputado no ejerciere su facultad de elección, se procederá conforme a las reglas del abandono.

	La inadmisibilidad o el apartamiento serán revocados tan pronto desaparezca el presupuesto que provoca la decisión.

	Para todas estas decisiones es competente el funcionario que preside el procedimiento, quien resolverá por decisión fundada. La inadmisibilidad o el apartamiento, o el rechazo de un pedido de revocación de la decisión anterior, serán recurribles por queja directa ante el Tribunal Superior de Justicia, en cualquier momento posterior, mientras rija la interdicción, tribunal que, previo los informes que crea corresponder, resolverá sin más trámite.

	Articulo.- 83. Defensor común. La defensa de varios imputados en un mismo procedimiento por un defensor común es, en principio, inadmisible. Quien dirige el procedimiento podrá permitir la defensa común cuando no exista incompatibilidad alguna para ello; pero si se advierte posteriormente la incompatibilidad, esta situación podrá ser corregida de oficio.

	Articulo.- 84. Número de defensores y sustitución. El imputado podrá designar el número de defensores que desee, pero en los debates o en un mismo acto sólo podrá ser asistido por dos de ello.

	Cuando intervengan varios defensores, la notificación practicada a uno de ellos bastará para todos y la sustitución del uno por el otro no alterará los trámites ni los plazos. Todos conservarán sus facultades autónomas, salvo cuando la ley, expresamente, imponga una división de funciones.

	Cada defensor podrá designar un sustituto, para que intervenga si tuviere algún impedimento, con el consentimiento del imputado. El abogado sustituto asumirá las obligaciones del defensor y no tendrá un derecho especial a prórrogas de plazos o audiencias a menos que la ley lo permita en casos particulares. Si el titular abandona la defensa, él lo sustituirá definitivamente.

	Articulo.- 85. Nombramiento inicial. Todo imputado deberá ser asistido, al menos, por un defensor. El momento final para cumplir este deber por parte de los funcionarios de la persecución penal es la primera declaración del imputado, antes de su comienzo, ya sea que el imputado se haya presentado espontáneamente (artículo 62, párrafo II), haya sido citado o hay sido aprehendido, o, conforme al artículo 3, párrafo II, se le haya concedido la oportunidad de pronunciarse por escrito sobre la imputación.

	Si en esa oportunidad, el imputado no designa defensor o no es autorizado a defenderse personalmente, el funcionario que presida el procedimiento deberá designarle un defensor de oficio.

	Articulo.- 86. Nombramiento posterior. El imputado podrá designar, posteriormente, otro defensor que reemplace al que ya interviene en el procedimiento, pero este último no podrá abandonar la defensa hasta que el designado acepte el cargo.

	El mismo derecho existe para reemplazar al defensor nombrado de oficio por uno elegido, salvo el caso reglado por el artículo siguiente.

	Articulo.- 87. Renuncia y abandono. El defensor podrá renunciar al ejercicio de la defensa técnica, en cuy caso la autoridad judicial que preside el procedimiento fijará un plazo para que el imputado lo reemplace, vencido el cual será sustituido por un defensor nombrado de oficio, en caso de silencio del imputado, de incapacidad del defensor elegido o de que este último no acepte el cargo. El renunciante no podrá abandonar la defensa hasta que intervenga su reemplazante; el abandono anticipado de la defensa constituye falta grave en el ejercicio de la profesión, que será comunicada de inmediato a la autoridad de control de ese ejercicio, caso en el cual, si fuere necesario proveer inmediatamente a al defensa técnica, se nombrará defensor de oficio hasta tanto el imputado haga uso de su derecho de elección.

	De la misma manera se procederá si el defensor del imputado, de hecho, abandonare la defensa o dejare al imputado sin asistencia técnica. En todos los casos de abandono, la resolución será comunicada al imputado a quien se instruirá nuevamente sobre su derecho a elegir otro defensor de confianza. Quien abandona la defensa, no podrá ser nombrado nuevamente en el mismo procedimiento.

	No está autorizada la renuncia durante la audiencia del debate o el desarrollo de una audiencia judicial, regla que rige desde el momento de la fijación de la fecha de la audiencia, salvo el caso en el cual la audiencia se haya fijado con mucha anticipación, caso que requiere el reemplazo o la autorización judicial. Este abandono constituye también falta grave en el ejercicio profesional, comunicable a la autoridad de control de ese ejercicio.

	Cuando el abandono ocurriere poco antes o durante la audiencia se podrá prorrogar su comienzo o suspenderse la audiencia ya iniciada, como máximo por cinco días corridos, si lo solicita el nuevo defensor; la prórroga o la suspensión no proceden por segunda vez en el mismo procedimiento. En este caso, la intervención del defensor que hubiese sido nombrado de oficio continuará, aunque intervenga después otro defensor de confianza.

	El abandono injustificado obliga a quien incurriera en él al pago de las costas provocadas por el reemplazo, sin perjuicio de las sanciones correspondientes.

	La muerte o la incapacidad del defensor son regidas analógicamente por las disposiciones anteriores, salvo aquellas que prevén sanciones.

	Articulo.- 88. Defensa de oficio. El nombramiento de oficio de un defensor, para los casos en que está previsto, se rige por las disposiciones de la ley orgánica. Una vez nombrado le son aplicables a él todos los preceptos anteriores.

	Articulo.- 89. Defensor mandatario. En el juicio por delito de acción privada, cuando el acusador sea representado por un mandatario, el imputado también podrá hacerse representar por un defensor con poder especial para el caso. No obstante, el tribunal podrá exigir la comparecencia personal del imputado y de su acusador.

	Articulo.- 90. Facultades del imputado y de su defensor. El imputado y su defensor tendrán derecho a examinar los documentos, actas y cosas incorporadas al procedimiento, previa autorización del acusador público o del tribunal que intervenga, una vez que hayan comparecido espontáneamente en la causa, o que hayan sido citados al procedimiento o hayan sido objeto de una medida de coerción en él, salvo que el acusador público, cuando se tratare de un delito de acción pública, haya ordenado el secreto total o parcial de la investigación, conforme al artículo 196, párrafos III y siguientes.

	Durante el debate y las demás audiencias previstas, las facultades defensivas son regidas por las reglas correspondientes.

	Durante la investigación preliminar, en los delitos de acción pública, el acusador público podrá permitir la asistencia del imputado o de su defensor a los actos que deba practicar, pero no será necesario citarlos para ello, cuando su presencia fuera útil para el esclarecimiento de los hechos y no perjudique el éxito de la investigación, o impida la actuación pronta y regular. Sin embargo, los asistentes no tomarán la palabra sin expresa autorización de quien preside el acto, ni deberán perturbar la diligencia con signos de aprobación o desaprobación, y podrá ser excluida su presencia en caso de que no se comporten como corresponde. El asistente al acto podrá solicitar que consten en el acta sus observaciones, si el acto debe ser protocolizado. Salvo que su presencia fuere imprescindible, el imputado privado de su libertad será representado por su defensor.

	Articulo.- 91. Proposición de diligencias. El imputado y su defensor podrán también proponer diligencias al acusador durante el período de preparación de la acción penal pública, quien las realizará sólo si, a su juicio, resultan pertinentes y útiles para la averiguación del caso.

	Si durante el período de preparación de la acción fuera imprescindible para la defensa entrevistar a personas que deben brindar información en el procedimiento, o leer documentos indispensables para preparar la defensa, y esas personas no le prestaran voluntariamente su colaboración o rechazaran exhibir los documentos, el imputado o defensor podrán requerir al juez competente según el artículo 99  el auxilio judicial necesario para formular preguntas a esas personas o tener a la vista los documentos indicados. El juez decidirá sobre el requerimiento por resolución fundada, que no admitirá recurso alguno, pero cuyo rechazo podrá ser valorado para establecer la absoluta imposibilidad de preparar convenientemente la audiencia del debate. El requerimiento podrá formularse nuevamente durante la audiencia preliminar, si se decide abrir el juicio.

Capítulo IV
Libertad personal

	Articulo.- 92. Tratamiento de inocente. El imputado debe ser tratado como un inocente durante el procedimiento, hasta tanto una sentencia firme le imponga una pena o una medida de seguridad y corrección.

	Las disposiciones de esta Ley que restringen la libertad del imputado o limitan el ejercicio de sus facultades serán interpretadas restrictivamente; en esta materia, la interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas, mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus facultades.

	Las únicas medidas de coerción posibles en contra del imputado son las que este Código autoriza: tendrán carácter de excepcionales y serán proporcionadas a la pena o medida de seguridad y corrección que se espera del procedimiento, con estricta sujeción a las disposiciones pertinentes.

	Articulo.- 93. Finalidad y alcance de las medidas de coerción. La libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidos a toda persona por la Constitución nacional o provincial, y por los tratados celebrados por el Estado, sólo podrán ser restringidos cuando fuere absolutamente indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley.

	Cuando se exija una resolución judicial, estas medidas serán autorizadas por resolución fundada y sólo durarán mientras subsista la necesidad de su aplicación.

Sección 1ª
Coerción personal del imputado

	Articulo.- 94. Presentación espontánea. Quien considere que pudiere haber sido imputado en un procedimiento penal (artículo 62) podrá presentarse ante la autoridad que lleva a cabo el procedimiento, pidiendo ser escuchado (artículos 3, 72 y siguientes) y que se mantenga su plena libertad.

	Articulo.- 95. Arresto. Cuando en el primer momento de la investigación de un hecho punible no fuere posible individualizar al autor, a los partícipes y a los testigos, y se deba proceder con urgencia para no perjudicar la averiguación de la verdad, la autoridad que dirija el procedimiento podrá disponer que los presentes no se alejen del lugar, ni se comuniquen entre sí, antes de informar, ni se modifique el estado de las cosas y de los lugares, disponiendo las medidas del caso, y, si fuere necesario, también el arresto de todos ellos. La detención sólo durará el tiempo indispensable para llevar a cabo medidas urgentes y un interrogatorio sumario de las personas presentes, que nunca sobrepasará las doce horas.

	Las personas a cargo de un lugar cerrado o factible de ser cerrado y los conductores de vehículos están autorizadas a hacer uso de la misma facultad en los casos correspondientes, pero deberán procurar de inmediato la presencia de algún funcionario de la persecución penal o de un juez, quien, en adelante, se hará cargo del procedimiento.

	Articulo.- 96. Citación. Cuando fuere necesaria la presencia del imputado, se ordenará su citación en su domicilio o, en su defecto, en el lugar en donde él trabaja.

	La cédula de citación deberá contener la oficina ante la cual debe comparecer y el nombre del funcionario que debe entrevistar, el motivo de la citación, la identificación del procedimiento y la fecha y hora en que debe comparecer. Se advertirá allí, al mismo tiempo, que la incomparecencia injustificada puede provocar su detención o conducción por la fuerza pública, caso en el cual quedará obligado por las costas de la incomparecencia, las sanciones penales y disciplinarias que puede tener que soportar y que, en caso de impedimento, el citado deberá comunicarlo por cualquier vía al funcionario que lo cita y justificar inmediatamente el motivo de la incomparecencia. A ese efecto, la cédula contendrá el domicilio, el número telefónico y, en su caso, los datos necesarios para comunicarse con la oficina por escrito, por vía telefónica o por correo electrónico. La cédula podrá ser comunicada al destinatario personalmente o por correo; en casos urgentes, por intermedio de la policía, telefónicamente o por cualquier otro medio disponible.

	La incomparecencia injustificada provocará la ejecución del apercibimiento, si el funcionario que cita lo juzga necesario.

	En casos excepcionales, cuando exista el peligro fundado de que la persona citada se oculte o fugue, o intente entorpecer por cualquier medio, la averiguación de la verdad, se podrá proceder a su detención por el tiempo indispensable para llevar a cabo el acto, que nunca excederá de doce horas. Si se desconoce el domicilio, se puede librar orden de aprehensión para su comparecencia, bajo las mismas condiciones temporales descritas anteriormente.

	Articulo.- 97.  Aprehensión policial y privada.  En los delitos de acción pública, la policía debe aprehender a quien sorprenda en flagrante, o a quien persiga o indique el clamor público o la víctima como autor de un hecho punible o participe en él, inmediatamente después del hecho, con el fin de evitar la consumación del hecho punible o que él produzca consecuencias ulteriores, de evitar la fuga del imputado o para conservar elementos de prueba.

	En los delitos que dependen de instancia privada rige el mismo deber por denuncia o pedido de socorro de la víctima, incluso en forma verbal, o para evitar la consumación o consecuencias ulteriores.

	Cumplida la aprehensión, los funcionarios policiales deben, inmediatamente, entregar al aprehendido y las cosas secuestradas a quien sea competente para la persecución penal o, en su defecto, a la autoridad judicial más próxima, en todo caso, antes de las doce horas, contadas desde el momento de la aprehensión.

	En los mismos casos y con el mismo objeto, cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión, pero debe entregar al aprehendido inmediatamente a la policía o a la autoridad judicial más próxima.

	El funcionario público competente para la persecución penal puede también ordenar la aprehensión del imputado, cuando estimare que concurran los presupuestos para dictar la prisión preventiva y que resulta necesario su encarcelamiento.

	Articulo.- 98. Otros casos de aprehensión. El deber y la facultad previstos en el artículo anterior operan también en el caso de la aprehensión de aquél cuya detención haya sido ordenada o de quien se fugue del establecimiento donde cumple su condena o su prisión preventiva.

	En estos casos, el aprehendido será puesto inmediatamente a disposición de la autoridad que ordenó su detención o que está encargada de su custodia.

	Articulo.- 99. Procedimiento posterior. El funcionario encargado de la persecución penal puede prescindir de la privación de libertad, cuando considere que no existe peligro de fuga o de entorpecimiento o sustituir, con ese fin, la medida privativa de libertad por otra medida autorizada por este Código (artículo 107), casos en los cuales liberará al aprehendido, previo cumplimiento de las medidas correspondientes.

	De otro modo, él debe solicitar la prisión preventiva al juez competente o, en su defecto, al juez más próximo, por requisitoria fundada y en el mismo plazo antes previsto, ofreciendo demostrar los presupuestos correspondientes.

	Si la persecución penal resulta obstruida por obstáculos legales que no han sido superados (artículo 2º), el imputado será puesto en libertad, sin perjuicio del intento respectivo, cuando correspondiente.

	Articulo.- 100. Prisión preventiva. Se podrá ordenar la prisión cuando medien los siguientes presupuestos:

1) La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor de un hecho punible o partícipe en él; y
2) la existencia de una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso particular, de que el imputado no se someterá al procedimiento (peligro de fuga) u obstaculizará la averiguación de la verdad (peligro de entorpecimiento).

	No se podrá ordenar la prisión preventiva cuando se impute un hecho punible que no tenga prevista pena privativa de libertad o cuando, en el caso concreto, no se espere una pena privativa de libertad que deba ejecutarse. En estos casos, sólo podrán ser aplicadas, bajo los mismos presupuestos, las medidas previstas en los incisos 3) al 7) del artículo 107. Tampoco se aplicará la prisión preventiva en los delitos de acción privada y sólo excepcionalmente procede la prisión, a pedido del acusador, para hacer comparecer al imputado a las audiencias del juicio en las que sea necesario su presencia, cuando él no comparezca a ellas y no designe apoderado, o cuando, ostensiblemente, obstaculice la determinación de la verdad; aún en estos casos, son preferibles las medidas alternativas antes nombradas.

	Articulo.- 101. Peligro de fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: 

1) Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto;
2) la pena que se espera como resultado del procedimiento;
3) la importancia del daño resarcible y la actitud que el imputado adopte, voluntariamente, frente a él y a su víctima eventual; y
4) el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida en que indique su voluntad de someterse a la persecución penal.

	Articulo.- 102. Peligro de entorpecimiento. Para decidir acerca del peligro de entorpecimiento para la averiguación de la verdad, se tendrá en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado:

1) Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba:
2) influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; e
3) inducirá a otros a realizar tales comportamientos.

	Articulo.- 103. Competencia, procedimiento, forma y contenido de la decisión. La decisión que ordena la prisión preventiva será dictada, durante el procedimiento preliminar, por un juez del tribunal competente, previa audiencia en la que se permitirá al acusador fundar su requerimiento y, eventualmente, demostrar su necesidad, en presencia del imputado y de su defensor, quienes también serán oídos. Si fuera necesario recibir prueba, el juez ordenará producirla en la audiencia y podrá prorrogarla para el día siguiente con el fin de lograr la asistencia del defensor o la incorporación de medios de prueba.

	Después de formulada la acusación será competente el juez que dirija la audiencia preliminar y, durante el debate, el tribunal que interviene en él.

	La decisión, que se consignará por escrito y será leído en la audiencia, deberá contener:

1) Los datos personales del imputado o, si son ignorados, aquellos que sirvan para identificarlo;
2) una sucinta enunciación del hecho punible que se le atribuye; 
3) los fundamentos que deberán extenderse, expresamente, a cada uno de los presupuestos que la motivan; y
4) el dispositivo, con cita de las disposiciones penales aplicables.

	Articulo.- 104. Orden de detención. Cuando se produzca la situación prevista en el artículo 69, el acusador podrá solicitar la detención del imputado ante un juez del tribunal competente o ante quien presida la audiencia respectiva. El juez ordenará la detención siempre que existan los presupuestos del artículo 100, en este caso, sin necesidad de audiencia previa. Cuando el imputado compareciere o fuere aprehendido se realizará la audiencia prevista por el artículo 100.

	Si ya hubiere sido dictada la prisión preventiva o hubiere sido acusado, bastará remitirse a esos actos y expresar el motivo que provoca la necesidad actual del encarcelamiento.

	Articulo.- 105. Comunicación. Cuando el imputado fuere aprehendido, será informado acerca del hecho que se le atribuye y de la autoridad que ha ordenado su detención o a cuya disposición será consignado.

	La misma comunicación se practicará también a un paciente o a una persona de confianza del imputado, que él sugiera.

	Articulo.- 106. Cesación del encarcelamiento. La privación de la libertad finalizará: 

1) Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no subsisten los motivos que fundaron el encarcelamiento o tornen posible su sustitución por otra medida;
2) Cuando su duración supere o equivalga a la condena que se espera, por consideración, incluso, de la posible aplicación de reglas penales referidas a la remisión de la pena o a la libertad anticipada; y
3) Cuando se cumpla el plazo máximo de duración del procedimiento (artículos 175 y 176) o el plazo máximo para concluir la investigación preliminar (artículo 177) sin haberse interpuesto la acusación.

	Vencido el plazo del inciso 3) no se podrá ordenar otra medida de coerción, salvo la citación; pero, para asegurar la realización de la audiencia preliminar o de la audiencia del debate, o para la realización de un acto particular que exija la presencia del imputado, se podrá ordenar su nueva detención u otra medida de coerción (Artículo 107) por un plazo que no exceda el tiempo absolutamente indispensable para cumplir las audiencias o el acto nombrados, siempre que el imputado no comparezca a la citación y no sea posible su conducción forzada.
 
	Articulo.- 107. Sustitución. Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad pueda ser evitado razonablemente por aplicación de una medida menos grave para el imputado que su encarcelamiento, quien decida, aun de oficio, preferirá imponerle, en lugar de la prisión, alguna de las alternativas siguientes:

1) El arresto domiciliario, en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que se disponga;
2) la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, que informará periódicamente sobre el sometimiento del imputado al proceso;
3) la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad que se designe;
4) la prohibición de salir del país, de la localidad en la cual él reside o del ámbito territorial que se fije, sin autorización previa;
5) la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares6) la prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa; y
7) la prestación de una caución económica adecuada, por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, embargo o entrega de bienes, o la fianza de una o más personas capaces y solventes.

	Se podrá imponer una sola de estas alternativas o combinar varias de ellas, según resulte adecuado al caso, y se ordenarán las medidas y las comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. En ningún caso estas medidas serán utilizadas desnaturalizando su finalidad o serán impuestas medidas cuyo cumplimiento fuere imposible por parte del imputado; en especial, no se impondrá una caución económica o no se determinará su importe fuera de lo posible, cuando el estado de pobreza o la carencia de medios del imputado tornen imposible la prestación de la caución.

	Se podrá también prescindir de toda medida de coerción, cuando la simple promesa del imputado de someterse al procedimiento baste para eliminar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad.

	Articulo.- 108. Acta. Antes de ejecutar cualquiera de estas medidas, se labrará acta, en la cual constará:

1) La notificación al imputado;
2) la identificación de las personas que intervengan en la ejecución de la medida y la aceptación de la función o de la obligación que les ha sido asignada;
3) el domicilio real que denuncien todos ellos, con indicación de las circunstancias que pudieren imponerle al imputado la ausencia de él por más de un día;
4) la constitución de un domicilio especial para recibir notificaciones, dentro del radio que fijen los reglamentos para el tribunal; y
5) la promesa formal del imputado de presentarse cuando sea citado.

	En el acta constará también la instrucción a todos sobre las consecuencias de la incomparecencia del imputado.

	Articulo.- 109. Cauciones. El tribunal, cuando corresponda, fijará el importe y la clase de la caución, y decidirá sobre la idoneidad del fiador, según libre apreciación de las circunstancias del caso. A pedido del tribunal el fiador justificará su solvencia.

	Cuando la caución fuere prestada por otra persona, ella asumirá solidariamente con el imputado la obligación de pagar, sin beneficio de excusión, la suma que el tribunal haya fijado.

	El imputado y el fiador podrán sustituir la caución por otra equivalente, previa autorización del tribunal.

	Articulo.- 110. Ejecución de las cauciones. En los casos del artículo 69 o cuando el imputado se sustrajere a la ejecución de la pena, se fijará un plazo no menor de cinco días para que comparezca o comience a cumplir la condena impuesta. De ello se notificará al imputado y al fiador, advirtiéndoles que, si aquél no comparece, o no comienza a cumplir la condena impuesta, o no justifica que está impedido por fuerza mayor, la caución se ejecutará al término del plazo.

	Vencido el plazo, el tribunal dispondrá, según el caso, la venta de los bienes que integran la caución por intermedio de una institución bancaria o el embargo y ejecución inmediata, por la misma vía, de los bienes del fiador. La suma líquida de la caución será transferida a la institución de ayuda pospenitenciaria local.

	Articulo.- 111. Cancelación. La caución será cancelada y devueltos los bienes afectados a la garantía, siempre que no hubieren sido ejecutados con anterioridad:

1) Cuando el imputado fuere constituido en prisión;
2) cuando se revoque la decisión de constituir cauciones, sean o no sean reemplazadas por otra medida;
3) cuando, por decisión firme, se absuelva o se sobresea al imputado;
4) cuando comience la ejecución de la pena privativa de libertad o ella no deba ejecutarse; y
5) con el pago íntegro de la multa, cuando no haya sido condenado a pena privativa de libertad, o cuando sea condenado sólo a la pena de inhabilitación.

	Articulo.- 112. Incomunicación. Se podrá ordenar la incomunicación del imputado privado de libertad, por un plazo máximo de cuarenta y ocho horas y por única vez, sólo cuando existan motivos graves para temer que el imputado, de otra manera, obstaculizará la averiguación de la verdad; esos motivos constarán en la decisión.

	El ministerio público y la policía podrán disponer la incomunicación del aprehendido, bajo las mismas condiciones, sólo por el plazo necesario para gestionar la orden judicial, que nunca excederá de seis horas.

	La incomunicación no impedirá que el imputado se comunique con su defensor inmediatamente antes de comenzar cualquier declaración o antes de la realización de cualquier acto que requiera su intervención personal. Se permitirá al imputado el uso de libros, recado de escribir y demás objetos que pidiere, con tal de que no puedan servir de medio para eludir la incomunicación; podrá también realizar actos civiles impostergables que no disminuyan su solvencia ni perjudiquen la investigación.

	Articulo.- 113. Internación provisional. Se podrá ordenar la internación del imputado en un establecimiento asistencial, cuando medien los siguientes requisitos:

1) La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor de un hecho antijurídico o partícipe en él, y que será internado definitivamente como resultado del procedimiento;
2) la comprobación, por dictamen unánime de dos peritos, de que el imputado sufre una grave alteración o insuficiencia de sus facultades mentales que lo tornan peligroso para sí o para los demás; y
3) la existencia de alguno de los peligros a que alude el inciso 2) del artículo 100 o la imposibilidad de sustituir la medida por aquellas designadas en los incisos 1), 2) y 3) del artículo 107, aplicados analógicamente.

	Rigen, análogamente, los artículos 103 y siguientes.

	Cuando concurran las circunstancias del inciso 2), quien disponga la internación informará al tribunal competente para decidir sobre la incapacidad civil e internación del imputado, y pondrá a su disposición a quien estuviere detenido.

	Articulo.- 114. Tratamiento. El encarcelado preventivamente será alojado en establecimientos especiales, diferentes de los que son utilizados para los condenados a pena privativa de libertad, o, al menos, en lugares absolutamente separados de los dispuestos para estos últimos, y tratado en todo momento como inocente, que sufre la prisión con el único fin de asegurar el desarrollo correcto del procedimiento penal. En especial, los reglamentos carcelarios se ajustarán a las siguientes reglas:

1) Los lugares de alojamiento y los servicios que garanticen las comodidades mínimas para la vida y la convivencia humanas serán sanos y limpios, de modo tal que aseguren el descanso, la nutrición, la atención de las necesidades fisiológicas y las mínimas necesidades para el desarrollo de la vida intelectual; el interno se podrá procurar, a sus expensas, comodidades superiores, con las únicas restricciones relativas al espacio disponible y a la prohibición de ingresar elementos o sustancias cuya tenencia se prohiba por ley, resulten peligrosos para la seguridad común; en caso de existir en el establecimiento lugares comunes de alojamiento y celdas individuales, el imputado será consultado sobre su preferencia y, en lo posible, satisfecho su deseo;
2) el imputado dispondrá de su tiempo libremente y sólo le serán impuestas las restricciones imprescindibles para posibilitar la convivencia (horarios de comida, silencio nocturno); se asegurará, al menos, un descanso nocturno de ocho horas; si el imputado decidiera trabajar, conforme al ofrecimiento laboral del establecimiento, se atendrá al horario y a las reglas determinadas para esa actividad;
3) el imputado gozará, dentro del establecimiento, de libertad ambulatoria, en la mayor medida que permitan las instalaciones; se garantizará, como mínimo, la posibilidad de que el imputado dedique dos horas diarias a actividades deportivas o recreativas, en los lugar dedicados a ello;
4) el imputado podrá tener consigo materiales de lectura y escritura, libros, revistas y periódicos; el material de lectura no será censurado y se proveerá de elementos de escritura y lectura a los internos de menores recursos; se pondrá a disposición de los imputados los periódicos del día en cantidad suficiente para permitir que puedan mantenerse informados sobre lo que ocurre en el mundo exterior; se facilitará la continuación de los estudios;
5) la comunicación epistolar será libre, salvo grave sospecha acerca de la preparación de una fuga o de la continuación de la actividad delictiva, casos en los cuales regirán los artículos 130 y 131. Los imputados podrán ser visitados por familiares y amigos, al menos dos veces por semana, en la forma y en los lugares adecuados, de manera que no signifique un menosprecio para  su dignidad, ni impida su libre comunicación, derecho que sólo será limitado por el horario que disponga el establecimiento y, en cuanto a las personas, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, inciso 6); el reglamento podrá limitar la cantidad de personas que puedan visitar al prisionero en un día de visita y exigir que el prisionero determine qué personas habrán de visitarlo y su relación con ellas, sin menoscabar irrazonablemente el derecho aquí concedido. El imputado tendrá derecho a requerir visitas íntimas, en especial los casados o quienes convivan con otra personal unidos por lazos de afecto permanente, las cuales se llevarán a cabo de manera adecuada para resguardar el decoro, el recato y la tranquilidad; se garantizará al menos, una visita de este tipo por mes;
6) se cuidará adecuadamente la salud de los enfermos, quienes, en caso de enfermedad, tendrán derecho a la asistencia por un médico de su confianza, a su costa; si la intervención médica en un establecimiento carcelario presenta riesgos para la salud, evitables en un establecimiento común, se consultará al enfermo, quien podrá asumir los gastos de la intervención particular;
7) si el imputado lo solicita, se le facilitará la asistencia religiosa, según sus creencias; se facilitará el ingreso de los ministros de los diversos cultos para celebrar las principales ceremonias religiosas en los días de culto;
8) el imputado que trabaje tendrá derecho a un salario, que recibirá mensualmente y se cumplirá con las obligaciones previsionales; 
9) se garantizará y facilitará el ejercicio de los derechos civiles y políticos del imputado, salvo que un motivo distinto al encarcelamiento preventivo, reglado por la ley y aplicado como ella lo dispone, los suprima;
10) el defensor podrá visitar al prisionero y las restricciones reglamentarias relativas al horario y al número de visitas no podrán afectar el derecho de la defensa.

	Todo imputado que ingrese en un establecimiento carcelario recibirá un impreso explicativo de sus derechos, de la organización del establecimiento, de sus horarios y obligaciones, con transcripción de este artículo.
	
	El ministerio público y el tribunal que autorizó el encarcelamiento controlarán el respeto de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones impuestos por esta regla; podrán designar también un inspector judicial con facultades suficientes para controlar el cumplimiento del régimen establecido o delegar esta atribución en otro funcionario o tribunal competentes territorialmente en el lugar donde se halle el establecimiento carcelario. Excepcionalmente, podrán conceder permisos de salida, por un tiempo limitado, siempre que aseguren convenientemente que esa medida no facilitará la fuga del imputado o entorpecerá la averiguación de la verdad.

	Toda restricción que la autoridad encargada de la custodia imponga a los derechos concedidos al imputado, deberá ser comunicada inmediatamente al ministerio público, con sus fundamentos y éste la autorizará o revocará, según el caso.

	El condenado que cumpla pena privativa de libertad y simultáneamente esté sometido a prisión preventiva, seguirá el régimen que impone su condena y será trasladado al establecimiento que correspondiere, cercano al lugar donde se tramita el procedimiento, en lo posible. El ministerio público podrá disponer que, por tiempo limitado, se lo mantenga en otro establecimiento.

	Articulo.- 115. Encarcelamiento preventivo o internación provisional injustos. Cuando el imputado fuere absuelto o se dictare sobreseimiento en su favor o no fuere aplicada una medida de seguridad y corrección con internación, la sentencia respectiva dispondrá la indemnización por los días de encierro sufridos o por los días que duró la medida dispuesta en el artículo 107, inciso 1), conforme a las siguientes reglas:

1) Un día de encierro corresponde a la reparación por la pena de libertad sufrida injustamente (artículo 164, inciso 1); y
2) un día de arresto domiciliario equivale al cincuenta por ciento de la misma reparación.

	Son aplicables analógicamente los artículos 164 y 165.

Sección 2ª
Examen de las medidas de coerción

	Articulo.- 116. Carácter de las decisiones. La decisión que imponga una medida de coerción o la rechace es revocable o reformable durante el transcurso del procedimiento. La revocación del rechazo de una medida de coerción o la reforma de una decisión que la impone, perjudicial para la situación del imputado, deberá ser requerida por el acusador.

	Articulo.- 117. Examen obligatorio de la prisión y de la internación. Cada tres meses, sin perjuicio de aquellas oportunidades en que la ley lo dispone expresamente, el tribunal competente, integrado por tres de sus miembros, examinará de oficio los presupuestos de la prisión o de la internación y, conforme al caso, ordenará su continuación, su sustitución por otra medida o la libertad del imputado. Durante el debate o una vez comenzada la audiencia preliminar, el examen de la prisión no los interrumpirá y se llevará a cabo por tres jueces distintos a aquellos que intervienen en esos procedimientos.

	El examen se producirá en audiencia oral, a la cual serán citados todos los intervinientes, con aquellos que concurran, y después de la audiencia el tribunal decidirá inmediatamente. El tribunal podrá interrumpir la audiencia o la decisión, por un lapso breve, con el fin de practicar una averiguación sumaria.

	El plazo previsto en el primer párrafo se interrumpirá en el caso regulado por el artículo siguiente, y se comenzará a contar de nuevo íntegramente, a partir de la decisión prevista en esa regla.

	Articulo.- 118. Examen a pedido del imputado o del acusador. El imputado y su defensor podrán provocar  el examen de la prisión o de la internación, o de cualquier otra medida de coerción que hubiera sido impuesta, en cualquier momento del procedimiento. La audiencia prevista en el artículo anterior se llevará a cabo dentro de las veinticuatro horas, con la misma integración del tribunal.

	El acusador a quien le hubiera sido rechazada una orden de prisión (artículo 100) o de detención (artículo 104), o cuando hubiera sido ordenada una medida de coerción distinta sin su conformidad o procurare la revocación o reforma de una resolución de este tipo (artículo 116), podrá provocar esta misma audiencia para lograr sus fines.

Sección 3ª
Embargo y otras medidas de coerción

	Articulo.- 119. Remisión. El embargo de bienes, la inhibición y las demás medidas de coerción para garantizar la multa o la reparación del hecho punible, sus incidentes, diligencias, ejecución y tercerías se regirán, en principio, por la ley de procedimiento civil.

	Rigen las reglas de competencia del artículo 103.

	Sólo serán recurribles, cuando lo admita la ley de remisión y con el efecto que ella prevé, las decisiones de los jueces unipersonales, pero el procedimiento del recurso se llevará a cabo conforme a los artículos 117 y 118, ante tres jueces del tribunal distintos de aquél que hubiere ordenado o rechazado la medida y sin interrumpir la audiencia preliminar o el debate.

	Articulo.- 120. Legitimación. El embargo de bienes, la inhibición y otras medidas de coerción para garantizar el pago de la multa o de la reparación eventuales podrán ser solicitados por cualquiera de los acusadores o por la víctima que anuncie su deseo de reparación con posterioridad a la eventual condena.

	El imputado y su defensor podrán solicitar el arraigo del acusador privado y de la víctima que hubiere solicitado la medida de coerción en relación a la reparación del hecho punible, cuando ellos se domicilien en el extranjero, en la forma prevista por la ley de procedimiento civil y con observancia, en lo pertinente, de las reglas anteriores.

Capítulo V
Derecho a la intimidad y a la propiedad privada

	Articulo.- 121. Extensión. Las reglas de este capítulo son aplicables a toda persona que con motivo de una investigación o un procedimiento penal sufra una injerencia estatal en su persona, en el lugar donde habita o en los bienes que detenta.

	Articulo.- 122. Registro. Formalidades. Cuando existan motivos suficientes para sospechar que serán hallados rastros de un hecho punible denunciado y objeto de un procedimiento penal, en poder de una persona o en un lugar determinado, o fuere necesario secuestrar cosas, se procederá a la inspección de lugares, cosas o personas.

	Salvo las excepciones previstas en esta ley, para practicar la inspección se necesitará la autorización judicial, concedida por un juez del tribunal competente, según las reglas del artículo 103, o por cualquier juez, con preferencia del más próximo al lugar donde hubiere de practicarse la inspección, en caso de urgencia. Sobre la persona que solicite la inspección pesará la carga de demostrar los presupuestos de los que parte el párrafo anterior. En todo caso, la inspección será presidida por un funcionario judicial, del ministerio público o de la policía.
		
	En casos de extrema urgencia, el ministerio público y la policía podrán proceder al registro de personas por su propia decisión, pero la utilización de los rastros o cosas que hallaren quedará sometida a la autorización judicial posterior, a recabar por la persona que ordenó la inspección, sobre quien pesará la carga de demostrar los presupuestos de la medida y la urgencia que imposibilitó solicitar con anterioridad la orden judicial.

	Sobre la ejecución de la medida se labrará acta que describirá detalladamente los elementos hallados y las cosas secuestradas. Si el hecho no dejó rastros, no produjo efectos materiales, o si ellos desaparecieron o fueron alterados, se describirá el estado actual y procurará consignar el anterior, el modo, tiempo y causa de su desaparición o alteración, y los medios de prueba de los cuales se obtuvo ese conocimiento; análogamente se procederá cuando la persona buscada no se hallare en el lugar.

	Se invitará a presenciar la inspección a quien habite o tenga el lugar donde se efectúa, o, cuando estuviere ausente, a su encargado y, a falta de éste, a cualquier persona mayor de edad, con preferencia para los familiares de los nombrados. Si la persona que presencia el acto es el imputado y no estuviere presente su defensor, se invitará a otra persona a presenciar el acto. Todos los presentes serán identificados y constará su domicilio.

	El acta será firmada por todos los concurrentes; si alguien no lo hiciera, se consignará la razón.

	Para mayor eficacia de los registros, requisas e inspecciones se podrá ordenar las operaciones técnicas científicas pertinentes y los reconocimientos y reconstrucciones que correspondieren. Para las reconstrucciones rigen las reglas previstas para la declaración del imputado, a su respecto, y las reglas referidas a testigos, peritos e intérpretes, respecto de ellos.

	Articulo.- 123. Facultades coercitivas. Cuando fuere necesario, el funcionario que practique la inspección podrá ordenar que durante la diligencia no se ausenten las personas halladas en el lugar o que comparezca cualquier otra persona. Quienes se opusieren podrán ser compelidos por la fuerza pública e incurrirán en la responsabilidad prevista para los testigos que no cumplen una citación. La restricción de la libertad no podrá durar más del tiempo indispensable para llevar a cabo el acto, que nunca excederá de doce horas; si fuera necesario superar ese plazo, se requerirá la autorización judicial.

	Articulo.- 124. Inspección corporal o mental. Se podrá ordenar la inspección corporal o mental del imputado, o de otra persona, para la constatación de circunstancias de importancia para resolver el procedimiento o con fines de identificación. Con esta finalidad, serán admisibles extracciones de sangre y otras intervenciones corporales, a efectuarse según las reglas del saber médico, aun sin consentimiento del afectado, cuando no fuere de temer perjuicio alguno para su salud.

	Mínimas intervenciones para observación, como pequeñas extracciones de sangre, piel o cabello, que no provocan perjuicio alguno para la salud, según la experiencia común, podrán ser ordenadas por la policía o el acusador público durante la investigación preliminar, siempre que el experto que lleve a cabo la intervención la considere sin riesgo alguno para la salud del imputado. En caso contrario o cuando la medida afecte a un tercero que no fuere el imputado, se requerirá la autorización judicial; el juez decidirá por resolución fundada, previa consulta a un perito.

	La inspección o la requisa será practicada de modo tal que no afecte el pudor de quien debe tolerarla; en ese caso, será practicada por una persona del mismo sexo, salvo que no se encuentre alguna en el lugar y la demora importe peligro inminente para su salud o de pérdida de un elemento probatorio.

	Rige el artículo 68 y se preferirá invitar a presenciar la inspección a una persona de confianza del examinado.

	Articulo.- 125. Inspección de lugares. De ordinario, los registros en lugares cerrados o cercados, aunque fueren de acceso público, sólo podrán ser practicados desde que sale hasta se pone el sol.

	Sin embargo, se podrá practicar registros nocturnos:

1) En los lugares de acceso público, abiertos durante la noche y en un caso grave que no admita demora en la ejecución, sin gran peligro; constará en acta el motivo;
2) en los casos en que se puede allanar sin orden de un juez;
3) en caso de que el interesado o su representante preste su consentimiento expreso, con absoluta libertad, que deberá constar en el acta; si quien consintió el ingreso niega haber concedido la autorización o expresa haber consentido por coacción, la prueba de la libertad del consentimiento corresponderá al acusador; y
4) por orden escrita expresa del juez.

	Cuando el registro se deba practicar en una morada o casa de negocio, en sus dependencias cerradas o en recinto habitado, se requerirá la orden judicial escrita.

	Se exceptúa de lo dispuesto anteriormente a los casos siguientes:

1) Si, por incendio, inundación, terremoto u otro estrago semejante, se hallare amenazada la vida o la integridad física de quienes habitan el lugar;
2) cuando se denunciare que personas extrañas han sido vistas mientras se introducían en un lugar y existan indicios manifiestos de que cometerán un delito;
3) cuando se introduzca en un lugar un imputado de un hecho punible grave, a quien se persigue para su aprehensión; y
4) cuando voces provenientes de un lugar cerrado anunciaren que allí se está cometiendo un hecho punible o desde ese lugar se pidiere socorro.

	La resolución por la cual el juez ordena el ingreso a un domicilio y su registro será siempre fundada y explicará los motivos que señalan la necesidad del registro; de la misma manera se procederá cuando se ordene un registro nocturno.

	Los motivos que determinaron el allanamiento o el ingreso nocturno sin orden judicial constarán detalladamente en el acta. En estos casos, el funcionario que practicó el registro deberá recabar, inmediatamente después de cumplido el procedimiento, la autorización judicial posterior y sobre él pesará la carga de demostrar los extremos que justificaban la decisión; la utilización de los rastros o cosas que sean halladas quedará sometida a la autorización judicial.

	Articulo.- 126. Contenido de la orden. En la orden se deberá consignar:

1) La autoridad judicial que ordena el allanamiento o el ingreso nocturno y la identificación del procedimiento en el cual se ordena;
2) la indicación concreta del lugar o lugares que habrán de ser registrados;
3) la autoridad que habrá de practicar el registro y en cuyo favor se extiende la orden;
4) el motivo del allanamiento y, en su caso, del ingreso nocturno;
5) las diligencias a practicar y su objeto; y
6) la fecha y la firma.

	Salvo que deba ser ejecutada de inmediato, la orden tendrá una duración máxima de catorce días, después de los cuales caduca la autorización, a menos que haya sido expedida por tiempo determinado o para un período determinado, en cuyo caso, constarán esos datos.

	Articulo.- 127. Lugares públicos. Si se trata de oficinas administrativas o edificios públicos, de templos o lugares religiosos, de establecimientos militares o similares, o de lugares de reunión o de recreo, abiertos al público y que no están destinados a habitación particular, se podrá prescindir de la orden de allanamiento con el consentimiento expreso y libre de las personas a cuyo cargo estuvieren los locales. Si ello fuere perjudicial para la investigación, se requerirá el consentimiento al superior jerárquico en el servicio o al titular del derecho de exclusión. De no ser otorgado el consentimiento o no ser posible recabarlo, se requerirá la orden de allanamiento.

	En el acta serán consignados los requisitos previstos en los incisos 2), 3) y 4) del artículo 126, y el consentimiento otorgado. Quien prestó el consentimiento será invitado a presenciar el registro.

	Para el ingreso en la oficina de una de las autoridades de los poderes del Estado, establecidas en la Constitución Provincial o Nacional, se necesitará la autorización del superior jerárquico en el servicio o del presidente del cuerpo, cuando se tratare de órganos colegiados, respectivamente.

	Para la negación del consentimiento o la afirmación de que está viciado por coacción, rige la regla del artículo 125, párrafo II, inciso 3). Rige, analógicamente, el último párrafo del artículo 125.

	Articulo.- 128. Procedimiento. La orden de allanamiento o de registro nocturno será notificada inmediatamente a quien habita el lugar o a su encargado, con entrega de una copia, y en adelante se procederá conforme al artículo 122.

	Si quien habita la casa se resistiere al ingreso o nadie respondiere a los llamados, se hará uso de la fuerza pública para ingresar. Al terminar el registro se cuidará que los lugares queden cerrados y, de no ser ello posible, se asegurará que otras personas no ingresen en el lugar, hasta lograrlo. Este procedimiento constará en el acta.

	Articulo.- 129. Interceptación de correspondencia. Cuando sea de utilidad para la averiguación, se podrá proceder a la interceptación y el secuestro de la correspondencia postal, telegráfica o teletipográfica, y de los envíos dirigidos al imputado o remitidos por él, aun bajo un nombre supuesto, o de los que se sospeche que proceden del imputado o son destinados a él.

	La orden será expedida por un juez, a solicitud del acusador o de la policía, y conforme a las reglas de competencia fijadas en el artículo 103, con la exigencia de fundamentos que requiere la orden de allanamiento (artículo 125, párrafo V). El ministerio público y los oficiales de la policía podrán expedir la orden en caso de peligro por la demora, pero deberán solicitar la autorización judicial inmediatamente, consignando las razones que tuvieron para emitir la orden, y la correspondencia o envío no les será entregada a ellos, sino al juez competente para emitir la orden. Si dentro de tres días la orden no es ratificada por el tribunal, cesará la interceptación y el secuestro, y las piezas serán libradas a quien corresponda.

	Rigen las limitaciones relativas a las coas no sometidas a secuestro (artículo 135).

	Articulo.- 130. Apertura y examen de la correspondencia. Recibida la correspondencia o los envíos interceptados, el juez que ha ordenado la medida los abrirá, examinará los textos y los objetos y leerá por sí el contenido de la correspondencia: si tuvieren relación con el procedimiento, ordenará el secuestro; caso contrario, mantendrá en reserva su contenido y dispondrá la entrega al destinatario, y, de no ser ello posible, a su representante o pariente próximo, bajo constancia. El juez labrará acta en la que consten los detalles de la apertura, examen, orden de secuestro o entrega.

	Articulo.- 131. Telecomunicaciones. Las reglas anteriores (artículos 129 y 130) serán aplicadas análogamente al control y grabación de las comunicaciones telefónicas, electrónicas o similares. Su resultado y la grabación sólo podrán ser entregadas al juez que ordenó la medida, quien procederá según lo indicado en el artículo anterior, en lo pertinente; el juez podrá ordenar la versión escrita de la grabación o de aquellas partes que considere útiles y, con consentimiento del imputado y su defensor, y los demás intervinientes, destruir toda la grabación o las partes que no tengan relación con el procedimiento.

	La persona a quien se le encomiende interceptar la comunicación y grabarla, o aquélla que la escriba, tendrá la obligación de guardar secreto sobre su contenido, salvo que, citado como testigo en el mismo procedimiento, se le requiera responder sobre ella. Esta regla es aplicable análogamente al secuestro de correspondencia, cuando quien lo lleva a cabo se entera de su contenido por la forma del despacho.

	Articulo.- 132. Entrega de cosas y documentos; secuestro. Las cosas y los documentos, relacionados con el delito o que pudieran ser de importancia para la investigación, y los sujetos a confiscación, serán tomados en depósito o asegurados de otra manera, y conservados del mejor modo posible.

	Quien tuviere en su poder cosas o documentos de los señalados estará obligado a presentarlos y entregarlos, cuando les sean requeridos por un funcionario del ministerio público o de la policía, o por un juez. Rigen los medios de coacción permitidos para quien se rehusa a comparecer. Pero la orden de presentación no podrá dirigirse a las personas que pueden o deben abstenerse de declarar como testigos.

	Articulo.- 133. Orden de secuestro. Examinadas las cosas o los documentos por quien hubiera emitido la orden de presentación, las devolverá a quien las presentó u ordenará su secuestro cuando ellos sean imprescindibles para ser exhibidos durante el procedimiento o para ser sometidos a exámenes ulteriores.
	El secuestro puede ser ordenado con la entrega a quien presentó las cosas o los documentos, bajo depósito regular.
	Cuando la orden originaria del secuestro sea expedida por el ministerio público o por la policía, el funcionario que emitió la orden debe solicitar inmediatamente la orden judicial; rige, analógicamente, el artículo 129, párrafo II.

	Articulo.- 134. Procedimiento. Serán de aplicación las reglas previstas para la inspección y el registro, analógicamente (artículos 122 y 123).

	Los efectos secuestrados serán inventariados y puestos bajo segura custodia, a disposición del tribunal, o se ordenará su depósito. Cuando se tratare de automotores o de otros bienes de significativo valor se preferirá como depositante a quienes aparezcan como sus poseedores legítimos. Si transcurren seis meses sin reclamo y no se pudo averiguar a quién corresponden, las cosas podrán ser entregadas en depósito a un establecimiento asistencial o a una repartición pública que las necesite, que sólo podrán utilizarlas para cumplir el servicio que brindan al público.

	Se podrá disponer de copias o reproducciones de las cosas secuestradas cuando ellas puedan desaparecer, alterarse, sean de difícil custodia o así convenga al conocimiento de la verdad.

	Las cosas secuestradas serán aseguradas con el sello del tribunal y la firma del juez. Los documentos serán sellados y firmados en cada una de sus hojas. Si fuera necesario remover los sellos, se verificará previamente su identidad e integridad. Concluido el acto aquellos serán repuestos y todo se hará constar en acta.

	Las cosas o los documentos pueden ser sometidos a exámenes, a pesar de que la operación pueda alterarlos. En este último caso, la reparación debida a su legítimo tenedor por la alteración integrará las costas del procedimiento, pero quien orden el examen procurará provocar el menor daño posible o tomará las medidas para que la alteración no provoque daño alguno al tenedor legítimo.

	Las cosas y los documentos secuestrados, que no estén sometidos a confiscación, restitución o embargo, serán devueltos al tenedor legítimo o a la persona de cuyo poder se obtuvieron, tan pronto como no sean necesarios en el procedimiento. La devolución podrá ordenarse provisionalmente, como depósito regular, e imponerse al poseedor la obligación de exhibirlos. Si existiere controversia acerca de la tenencia, posesión o dominio sobre una cosa o un documento, se devolverá o entregará en depósito a quien se considere con mejor derecho; pero los demás podrán pretender su mejor derecho o su dominio ante los tribunales civiles, según el procedimiento fijado para las tercerías.

	Articulo.- 135. Cosas no sometidas a secuestro. No estarán sujetas al secuestro ni a la orden de presentación:

1) Las comunicaciones escritas entre el imputado y las personas que pueden o deben abstenerse de declarar como testigos por razón de parentesco o secreto particular (artículos 207 y 208);
2) las notas que hubieren tomado los nombrados anteriormente sobre comunicaciones confiadas por el imputado o sobre cualquier circunstancia, a las que se extiende el derecho de abstenerse de declarar o la prohibición de prestar testimonio; y
3) otras cosas, inclusive los resultados de exámenes o diagnósticos relativos al arte de curar, a los cuales se extiende el derecho de abstenerse de declarar o la prohibición de prestar testimonio.

	La limitación sólo regirá cuando las comunicaciones o cosas estén en poder de aquellas personas autorizadas a abstenerse de declarar o, en el caso de abogados y profesionales del arte de curar, archivadas o en poder del estudio jurídico, del consultorio o del establecimiento hospitalario, y no regirá si el autorizado a abstenerse de declarar testimonialmente es sospechoso de haber participado del hecho punible que se considera o en su encubrimiento punible, o cuando se tratare de cosas sometidas a confiscación, porque proceden de un hecho punible o sirven, en general, para la comisión de un hecho punible, a ese único efecto.

	Articulo.- 136. Clausura de locales e inmuebles. Cuando para el conocimiento de un hecho punible grave fuera indispensable la clausura de un local o la inmovilización de cosas muebles que por su naturaleza y dimensiones no puedan ser mantenidas en depósito, se procederá a asegurarlas, según las reglas del secuestro.

	A los inmuebles también le son aplicables las reglas del secuestro y la orden respectiva versará sobre la prohibición de alterar su estado, total o parcialmente, para quien lo detente o sea su depositario.

Capítulo VI
Prueba y limitaciones probatorias

	Articulo.- 137. Concepto de prueba. Se denomina elemento de prueba en este Código a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingrese al procedimiento en una audiencia de las previstas en el Código, conforme a las reglas que regulan esa audiencia.

	La prueba incorporada en una audiencia sólo se puede utilizar para fundar la decisión que el tribunal competente debe dictar a la finalización de la audiencia, salvo la excepción del artículo 139.

	Articulo.- 138. Derecho a la prueba. En las ocasiones que la ley prevé, el imputado y su defensor tendrán la facultad de ofrecer prueba en defensa de su interés, bajo los presupuestos indicados en el artículo 12.

	En los delitos de acción pública, durante la investigación preliminar, ellos podrán requerir al ministerio público medidas para verificar la inexistencia de un hecho punible o la existencia de circunstancias que excluyan o atenúen la infracción, su culpabilidad o su punibilidad.

	Si, antes de una audiencia, con motivo de su preparación, el defensor tuviera necesidad de entrevistar a una persona que se niega a recibirlo, podrá solicitar el auxilio de un juez, explicándole las razones que tornan necesaria la entrevista. El juez, en caso de admitir la necesidad, expedirá la orden de que esa persona reciba al defensor en el lugar y en el momento que, en principio, ella misma decida, o la citará al tribunal para que la entrevista se desarrolle en su sede, con o sin la presencia del juez.

	Articulo.- 139. Actos jurisdiccionales: anticipo de prueba. Cuando sea necesario recibir un testimonio o practicar una peritación, un reconocimiento, una reconstrucción o una inspección que, por las circunstancias o por la naturaleza y características de la medida, deba ser considerado como un acto definitivo o irreproducible, o cuando sea necesario recibir declaraciones que, por algún obstáculo difícil de superar, como la ausencia, la distancia o la imposibilidad física o psíquica de quien debe declarar, se presuma que no podrá ser recibida durante el debate, el imputado y su defensor podrán requerir al juez indicado en el artículo 103, párrafo II, la práctica de la diligencia. El requerimiento contendrá las razones por las cuales el acto se debe realizar con anticipación a la audiencia a la que se pretende incorporarlo y se torna indispensable. De la misma facultad disponen los acusadores, o el particular que haya anticipado su decisión de acusar, bajo las mismas condiciones.

	El juez ordenará el acto si lo considera admisible (artículo 12) e indispensable, y que no puede ser diferido para la oportunidad de la audiencia, sin grave riesgo de pérdida por la demora. En ese caso, el juez citará a todos los intervinientes, sus defensores o mandatarios, quienes tendrán derecho a asistir y a ejercer en el acto todas las facultades previstas respecto de su intervención en la audiencia. El imputado que estuviere detenido será representado a todos los efectos por su defensor, a menos que pidiere expresamente intervenir de modo personal y siempre que su detención se cumpliere en el mismo lugar donde se practica el acto. Si, por la naturaleza del acto, la citación anticipada hiciere temer la pérdida de elementos de prueba, el juez practicará la citación de los intervinientes o de alguno de ellos de manera de evitar ese peligro, procurando no afectar las facultades atribuidas.

	El juez hará constar el contenido de la diligencia en un acta con todos los detalles que sean necesarios, en la cual incluirá las observaciones que los intervinientes propongan. El acta, que contendrá la fecha, la hora y el lugar de práctica de la diligencia, será firmada por el juez y los intervinientes que quisieren hacerlo. Cuando se trate de actos divididos o prolongados en el tiempo, podrán constar en actas separadas, según lo disponga el juez que dirige el procedimiento, o, en las peritaciones, encomendar a los peritos que consignen en su respuesta un relato pormenorizado de los actos u operaciones cumplidos. En actos sencillos, que no requieran la asistencia del juez, él podrá encomendar la diligencia a un funcionario judicial, no obstante lo cual las partes podrán requerir su presencia, antes o durante el transcurso del acto que, en ese caso, será obligatoria. Se podrá utilizar, a pedido de parte o de oficio, la grabación auditiva, o audiovisual, cuyo soporte, debidamente resguardado, integrará el acta, en la que constará el método utilizado y la identificación de resguardo.

	Finalizada la intervención judicial, el juez remitirá las actuaciones, las cosas y los documentos del acto al ministerio público, en los casos de delitos de acción pública, o a quien solicitó su intervención, en los delitos de acción privada.

	Si estas reglas son observadas, el acta respectiva y las grabaciones del acto que hayan sido dispuestas, así como los dictámenes de los peritos, podrán ser incorporados a las audiencias por lectura o reproducción, sin perjuicio del derecho de cualquier interviniente a la presencia efectiva en la audiencia de las personas cuya declaración consta en el acta o en la grabación.

	Las declaraciones y demás elementos de prueba recibidos durante una instrucción suplementaria (artículo 25, inciso 1)), que no pudieren ser incorporados directamente al debate, serán recibidos conforme a lo aquí dispuesto.

	Articulo.- 140. Urgencia. Cuando se ignore quién ha de ser el imputado o cuando alguno de los actos previstos en el artículo anterior se deba practicar con extrema urgencia, los acusadores, el imputado y su defensor podrán requerir verbalmente la intervención del juez y él practicar el acto con prescindencia de las citaciones previstas, designando, en su caso, un defensor de oficio para que lo controle, si lo estima necesario. En el acta se dejará constancia de los motivos que fundaron la urgencia.

	Esta intervención podrá ser requerida incluso por los funcionarios policiales o ser practicada, aun de oficio, pero a pedido de alguna persona, cuando los actos urgentes no admitan dilación alguna.

	En lo demás rigen las reglas del artículo anterior.

	Articulo.- 141. Extensión de la prueba. Prohibiciones probatorias. Salvo previsión expresa en contrario de la ley, se podrá probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso, por cualquier medio de prueba. Regirán, en especial, las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas.

	Son inadmisibles como medios de prueba aquellos que la ley prohibe expresamente por su modo de realización o que suprimen derechos y garantías individuales de la Constitución Provincial o Nacional, reglamentadas en este Código, o aquellos que afectan el sistema institucional, tales como la tortura o las declaraciones coactas, la indebida intromisión en la intimidad de domicilio, de la correspondencia, de las comunicaciones, de los papeles y de los archivos privados.

	Articulo.- 142. Valoración. Prohibiciones. Las reglas sobre la incorporación de medios de prueba a las respectivas audiencias determinan, junto a las demás reglas de este Capítulo, aquellos elementos de prueba que pueden ser valorados por los jueces que dictan la resolución respectiva.

	Los elementos de prueba admisibles y correctamente incorporados serán valorados según las reglas de la sana crítica, a menos que la ley, específicamente, determine otro modo de valoración.

	Un elemento de prueba que, a pesar de estar permitido y haber sido correctamente incorporado a una audiencia, haya sido posible de obtener sólo a través de la realización de un medio de prueba prohibido, es invalorable para fundar la decisión, a menos que, en ella, favorezca al imputado.

	Articulo.- 143. Aplicación a todos los intervinientes. Las reglas de este Capítulo serán aplicables a la actividad probatoria de todos los intervinientes, cuando este Código les conceda el derecho de producir prueba.

Capítulo VII
Derecho del condenado al recurso

Sección I
Disposiciones Generales

	Articulo.- 144. Facultad de recurrir y motivos. El condenado o quien según la sentencia deba sufrir una medida de seguridad y corrección podrán recurrir la decisión en los siguientes casos:

1) Cuando afirmen que la sentencia es el producto de un procedimiento defectuoso, en relación al previsto por las reglas de este Código, siempre que hayan reclamado oportunamente la subsanación del defecto o que él se torne evidente sólo en la sentencia y que el defecto influya en la decisión;
2) cuando afirmen que la sentencia, al condenar o imponer una medida de seguridad, ha inobservado o aplicado erróneamente la ley que funda la solución del caso; y
3) cuando afirmen que la sentencia, al fijar los hechos por los cuales condena o impone una medida de seguridad y corrección, ha incurrido en un error evidente que determina la inexistencia del hecho punible o en el que se funda la medida de seguridad y corrección, la falta de participación del imputado en él o la existencia de un hecho menos grave según la ley penal, que permita la reducción de la pena u otra decisión sobre una medida de seguridad y corrección, esencialmente diversa de la anterior.

	Además del condenado o de aquél a quien se impone una medida de seguridad y corrección, están autorizados a recurrir sus defensores o, si se trata de un incapaz, sus representantes legales o su guardador. El acusador público podrá recurrir la sentencia a favor del imputado.

	Articulo.- 145. Motivos absolutos de impugnación formal. No será necesaria la protesta previa prevista en el inciso 1) del artículo anterior, cuando se invoque la inobservancia o errónea aplicación de las disposiciones concernientes:

1) A la integración del tribunal y a la designación y capacidad para decidir de los jueces que lo integraron;
2) a la presencia en el debate de los intervinientes, según las previsiones de la ley;
3) a la intervención, asistencia y representación del imputado en el debate, en los casos y en las formas que la ley estable;
4) a la publicidad y continuidad del debate;
5) a los defectos de la sentencia según el artículo 53.

           Articulo.- 146. Revisión. El motivo previsto en el párrafo I, inciso 3) del artículo 144 permitirá revisar la sentencia cuando se afirme:

1) Que un elemento de prueba decisivo, apreciado en la sentencia, carece del valor probatorio asignado en ella, por falsedad, invalidez, adulteración o falsificación, o debe ser valorado de manera diferente, tal que altere la solución del caso en el sentido indicado en este motivo;
2) que en la sentencia ha participado un juez que ha cometido, en relación a la causa, una grave infracción a sus deberes, amenazada con pena o con exclusión del cargo, aunque fuere imposible proceder contra el juez por una circunstancia sobreviniente y siempre que en la infracción no haya participado el mismo condenado que recurre;
3) que ha sido anulada o revisada una sentencia judicial en la cual se fundó la sentencia penal sobre el caso;
4) la existencia de nuevos hechos o elementos de prueba, o la recuperación de documentos decisivos, ignorados, extraviados o que no se hubieren incorporado al procedimiento que, por sí solos o en conexión con los medios de prueba ya examinados en la sentencia, sean idóneos para alterar la solución del caso en el sentido indicado en este motivo; y la sanción de una ley penal más benigna que la aplicada en la sentencia, que permita su aplicación retroactiva.

	Este motivo permitirá, incluso, recurrir sin límite temporal la sentencia ya firme, aún después de la muerte del condenado; en este último caso están autorizados a recurrir el cónyuge, los ascendientes, los descendientes y los hermanos sobrevivientes, siempre que persigan la absolución de quien fue condenado o la declaración de que la imposición de una medida de seguridad y corrección fue errónea.

	Articulo.- 147. Interposición. El recurso será interpuesto por escrito, dentro del plazo de diez días hábiles, en la Secretaría del tribunal que dictó la sentencia impugnada. El plazo comenzará a correr el día siguiente a aquél en el cual se pronunció la sentencia por su lectura total (artículo 52); cuando se divida el debate según el artículo 35, párrafo II a IV, el plazo correrá desde el día siguiente a la decisión sobre la pena o sobre la medida de seguridad y corrección. En el caso de juicio con jóvenes, el plazo comenzará a correr desde el pronunciamiento del veredicto de culpabilidad (artículo 57, inciso 3) y luego será recurrible, en forma independiente, el pronunciamiento sobre la pena.

	El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo y con posterioridad al vencimiento no podrá invocar otro motivo distinto, salvo el caso del artículo anterior, para los recursos no sujetos a un plazo final. El recurrente citará expresamente los preceptos legales que considere erróneamente aplicados o inobservados y expresará, también concretamente, cuál es la aplicación que pretende. En los casos de los incisos 1 y 3 del artículo 144, cuando el recurso dependa de la verificación de algún hecho y sea necesario desarrollar prueba para su éxito, el recurrente indicará precisa y detalladamente las circunstancias a demostrar y los medios de prueba concretos de los que se pretende valer.

	No es necesaria la fundamentación detallada del recurso para observar el plazo, pero, en el caso de que el escrito de interposición no la contenga y el recurso dependa para su éxito de explicaciones más detalladas, el recurrente deberá fundarlo con anterioridad al examen sobre su admisibilidad por el Tribunal Superior.

	El recurrente entregará en la Secretaría del Tribunal que dictó la sentencia impugnada o en la Secretaría del Tribunal Superior, según el caso, copias del recurso y de su fundamentación, en cantidad necesaria para entregar a los demás intervinientes en el procedimiento.

	Articulo.- 148. Efectos. La interposición del recurso no suspenderá la ejecución de la sentencia; empero, si el condenado estuviere en libertad o sometido a una medida de coerción más benigna que el encarcelamiento preventivo, el recurrente podrá solicitar que se suspenda el cumplimiento de la pena privativa de libertad, instando el procedimiento para el examen de la prisión.
	Será competente para decidir en este caso el tribunal que dictó la condena impugnada, ante el cual se ofrece el recurso, o el Tribunal Superior, en el momento de decidir sobre la admisibilidad del recurso, si el recurrente insiste en una solución más favorable para él. El tribunal que decida el punto podrá suspender la ejecución de la pena privativa de libertad y someter al imputado a cualquier medida de coerción de las admitidas por la ley, incluso de mayor gravedad a aquéllas que rigieron hasta la sentencia de condena. De la misma manera se podrá proceder con relación a la pena de multa y al embargo, o a la fianza de un tercero, con el fin de evitar la ejecución inmediata, si los bienes o la solvencia del fiador alcanzan para garantizar el cumplimiento de la condena impuesta.

	Cuando en un proceso existieren varios condenados o sometidos a una medida de seguridad y corrección, la sentencia que decide el recurso interpuesto en interés de uno de ellos sólo favorecerá a los demás condenados cuando el motivo en que se funde no sea exclusivamente personal. El Tribunal Superior examinará el punto específicamente en la sentencia que decide el recurso.

	Articulo.- 149. Desistimiento. Quien ha interpuesto el recurso podrá desistir de él antes de la sentencia que lo decide. El desistimiento implica la finalización del procedimiento recursivo con relación al recurrente, quien responderá por las costas provocadas por la interposición del recurso desistido.

	El defensor y el acusador público no podrán desistir de los recursos interpuestos por ellos sin mandato expreso del condenado o de quien debe sufrir una medida de seguridad y corrección.

	Articulo.- 150. Extensión del examen. El recurso atribuirá al Tribunal Superior el conocimiento del caso sólo en cuanto a los puntos de la resolución a los cuales se refieren los motivos.

	El Tribunal Superior no podrá modificar la condena en perjuicio del condenado.

Sección 2ª.
Procedimiento

	Articulo.- 151. Emplazamiento y remisión de actuaciones. El tribunal ante el cual se interpuso el recurso remitirá al Tribunal Superior el recurso, la sentencia recurrida, el acta del debate, la acusación, la prueba documental y los actos escritos que hayan sido incorporados al debate por su lectura, después de haber emplazado a todos los intervinientes para que comparezcan ante el Tribunal Superior y para que, en su caso, fijen un nuevo domicilio especial para notificaciones en el lugar de la sede de este tribunal, si no lo hubieren fijado antes. El tribunal remitente fijará el plazo correspondiente en atención a la distancia entre la sede del juicio y la del Tribunal Superior, plazo que nunca excederá de diez días.

	El tribunal que dictó la sentencia recurrida expresará, en primer lugar, el día y el acto en el cual quedó notificada la sentencia (artículo 147, párrafo I) y, en segundo lugar, determinará si el recurso fue interpuesto por quien está autorizado a recurrir (artículos 144 y 146, párrafo II), dentro del plazo y en la forma previstos por el artículo 147.

	Articulo.- 152. Integración del Tribunal Superior y deserción del recurso. Arribadas las actuaciones al Tribunal Superior, el Secretario del Tribunal comunicará a todos los intervinientes la iniciación del procedimiento y la integración del Tribunal para el caso.

	Si el recurrente no compareciere en el plazo de tres días y mantuviere el recurso, el Tribunal declarará de oficio desierto el recurso y devolverá las actuaciones al tribunal de mérito. Cuando el recurrente fuere defendido por un defensor designado de oficio fuera de la sede del Tribunal Superior, o cuando el recurrente o su defensor hayan solicitado el nombramiento de un defensor oficial para que intervenga en la sede del Tribunal Superior, el plazo anterior comenzará a correr a partir de la designación de ese defensor. Estos plazos rigen, también, para interponer las recusaciones que correspondan.

	Articulo.- 153. Juicio de admisibilidad. Una vez integrado el Tribunal Superior examinará el recurso interpuesto para decidir sobre su procedencia: si lo declara inadmisible devolverá las actuaciones al tribunal de mérito, previa notificación de la decisión; abierto el recurso, notificará la decisión y las actuaciones quedarán por seis días en la oficina del Tribunal para que los interesados puedan examinarlas.

	Cuando se hubiere ofrecido prueba, la declaración de admisibilidad contendrá también la decisión por la cual el Tribunal la admite, por ser pertinente y útil, o la rechaza porque no reúne esos requisitos. En esta misma oportunidad se pronunciará, a pedido del recurrente, sobre el efecto suspensivo del recurso.

	En esta oportunidad el Tribunal Superior podrá también, de oficio, dictar el sobreseimiento, cuando resultare evidente una causa extintiva de la persecución penal, se tratare de un menor inimputable o existiere una excusa absolutoria, siempre que para comprobarlo no sea necesario el debate. Del mismo modo procederá a la clausura provisional del procedimiento, conforme al artículo 17, cuando fuere evidente que no se pudo proceder.

	Articulo.- 154. Preparación del debate. El Secretario del Tribunal se ocupará de realizar todas las diligencias necesarias para que el debate se pueda realizar válidamente y para que la prueba admitida pueda ser incorporada a él. Rigen en este caso las reglas referidas al debate del procedimiento de mérito.

	El Secretario del Tribunal comunicará a quien lo presida la finalización de las diligencias necesarias y, en ese momento, o cuando no haya sido ofrecido o admitido medio de prueba alguno, el presidente del Tribunal fijará el día y la hora de la audiencia para informar, con un intervalo no menor a diez días, resolución que se comunicará a todos los intervinientes.

	Articulo.- 155. Debate. La audiencia se celebrará con los intervinientes que comparecieren. La palabra será concedida en primer lugar al recurrente y, si existieren varios recursos, el presidente determinará el orden de exposición. Podrán hablar luego quienes no interpusieron el recurso en el orden que fije el presidente. No se admitirán réplicas y quienes intervinieron en la discusión podrán dejar en poder del Tribunal breves notas escritas sobre su informe. Tanto el condenado como los demás intervinientes privados serán representados por sus abogados, pero podrán asistir a la audiencia. Si asiste el condenado recurrente, se le concederá la palabra en último término.

	Se admitirá que quienes están facultados a intervenir reemplacen su participación en la audiencia por un informe escrito, presentado antes del día de la audiencia.

	Articulo.- 156. Prueba. Cuando se deba recibir prueba en la audiencia, ella se incorporará y valorará conforme a las reglas que rigen para el debate del procedimiento de mérito y su sentencia, en lo pertinente, y conforme a la finalidad descripta en este precepto.

	Los medios de prueba deben tender a demostrar el defecto del procedimiento motivo del recurso (artículos 144, inciso 1) y 145), cuando el recurrente discuta la forma en que fue llevado a cabo un acto en contraposición a lo señalado por el acta del debate o por la sentencia, o que la sentencia contiene errores de los señalados en los artículos 144, inciso 3) y 146.

	Al recurrente le compete la carga de tomar plausible el defecto o error de la sentencia, de modo de justificar el reenvío a un nuevo juicio.

Sección 3ª
Sentencia

	Articulo.- 157. Deliberación y votación. Terminada la audiencia, el Tribunal pasará a deliberar según las reglas del artículo 49, en lo pertinente. Si por lo avanzado de la hora o por la importancia y complejidad de las cuestiones planteadas fuere necesario diferir la deliberación y el pronunciamiento de la sentencia, el Tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencias y el presidente anunciará ante los comparecientes el día y la hora de la nueva audiencia en la cual se pronunciará la sentencia, fecha que no podrá exceder el plazo de treinta días hábiles.

	La sentencia se pronunciará siempre por su lectura en la audiencia: rechazará o acogerá el recurso interpuesto, total o parcialmente, y explicará, fundadamente, cuáles motivos acoge o rechaza.

	Articulo.- 158. Decisión propia. Si la sentencia acoge el recurso, constatando la inobservancia o errónea aplicación de la ley que da solución al caso resuelto, sobre la base intangible de las comprobaciones de hecho ya fijadas por la resolución recurrida, el Tribunal Superior decidirá por sí mismo el caso, en tanto para ello no sea necesario un nuevo debate.

	Si la sentencia así dictada tomara necesario un nuevo debate sobre aspectos parciales del caso, para arribar a una sentencia definitiva, el Tribunal determinará en su sentencia el objeto parcial del reenvío, análogamente a lo dispuesto en el párrafo II del artículo siguiente.

	Articulo.- 159. Rescisión y reenvío. En los casos previstos por los artículos 144, incisos 1) y 3), 145 y 146, si la sentencia acoge el recurso, el Tribunal anulará la decisión recurrida, total o parcialmente, y ordenará la renovación del trámite por el tribunal competente, desde el momento en que corresponda.

	Cuando la anulación fuere parcial, el Tribunal Superior indicará el objeto concreto del nuevo trámite.

	Los jueces que contribuyeron a dictar la decisión anterior, no podrán participar en el debate del nuevo juicio.

	Articulo.- 160. Libertad del condenado. El Tribunal Superior ordenará inmediatamente la libertad del condenado, cuando pro efecto de su decisión deba cesar la privación de libertad.

	Durante el trámite del recurso corresponde también al Tribunal Superior la aplicación de todas las reglas que regulan la libertad del condenado.

	Articulo.- 161. Trámite abreviado. Cuando la condena impugnada no supere los dos años de privación de libertad, se tratare de una condenación condicional a esa clase de pena o imponga multa o inhabilitación, siempre que no deba recibirse prueba en audiencia, el trámite se abreviará de la siguiente manera:

1) El Tribunal dictará sentencia sin debate, a la vista del recurso interpuesto y de los escritos que los demás intervinientes agreguen conforme el artículo 156, párrafo II;
2) la sentencia será pronunciada por escrito, con omisión de la audiencia respectiva, en el plazo previsto por el artículo 167, que comenzará a correr cuando se venciere el plazo concedido a los demás intervinientes para informar;
3) con la decisión que admite el recurso (artículo 153), el Tribunal determinará este trámite, la hará conocer al recurrente y a los demás intervinientes, y concederá estos últimos el plazo previsto en el artículo 154 para que, si lo consideran necesario, agreguen informes escritos sobre el recurso.

	El Tribunal Superior podrá, aun en estos casos, decidir que se siga el procedimiento común, por audiencias.

	Si la condena impone penas conjuntas con la pena privativa de libertad, el procedimiento se regirá por esta última.

Sección 4ª.
Nuevo juicio

	Articulo.- 162. Regla general. En caso de reenvío, el nuevo juicio será tramitado conforme a las reglas del procedimiento de mérito.

	La sentencia ordenará, en su caso, la libertad del condenado, la restitución total o parcial de la suma pagada en concepto de multa, la cesación de la inhabilitación o practicará un nuevo cómputo; si el nuevo juicio versa sobre la aplicación de una medida de seguridad y corrección la sentencia hará cesar la medida o aplicará la que corresponda. Siempre que no hayan sido entregados a terceros, la sentencia resolverá también sobre la devolución de objetos confiscados o secuestrados.

	Por instancia del recurrente, la sentencia se podrá pronunciar acerca de la indemnización prevista en el artículo siguiente; la reparación podrá sólo concederse al condenado o, después de su muerte, a los herederos del condenado.

	Articulo.- 163. Indemnización. Cuando el condenado fuere absuelto o se le impusiere una pena menor y haya cumplido todo o parte de la pena privativa de libertad o de inhabilitación impuesta, será indemnizado en razón del tiempo de privación de libertad o de inhabilitación sufrido, o por el sufrido en exceso, salvo que él haya provocado su propia persecución, denunciándose falsamente a sí mismo, o su propia condena, confesando falsamente el hecho, u ocultando o alterando dolosamente la prueba que condujo al error judicial. El precepto rige también, análogamente, para el caso de la medida de seguridad y corrección, y no rige cuando se tratare de la aplicación de una ley posterior más benigna.

	El importe de la indemnización se fijará conforme a las reglas siguientes:

1) Un día de pena o medida de seguridad y corrección privativa de libertad equivale al sueldo de un empleado de jerarquía intermedia del Poder Judicial, dividido por treinta;
2) un día de pena de inhabilitación o de una medida de seguridad y corrección análoga equivale al cuarenta por ciento del importe anterior.

	La multa o su exceso serán restituidos con el interés que en la Provincia devengan los créditos fiscales no abonados dentro del plazo; el interés sólo corresponde bajo las mismas condiciones previstas en el párrafo I.

	El importe de la indemnización o la decisión sobre el interés de la multa devuelta no impedirán que, quien pretenda un importe superior, lo reclame ante los tribunales competentes, por la vía que corresponda.

	Articulo.- 164. Obligado. El Estado estará siempre obligado al pago de la indemnización o devolución decidida, sin perjuicio de su derecho de repetir de otro obligado, y la sentencia servirá de título ejecutivo suficiente para el reclamo.

	Cuando alguien haya contribuido dolosamente o por culpa grave al error judicial, la sentencia fundará y declarará esta circunstancia, con individualización de la persona que haya recurrido en la conducta señalada.

Capítulo VIII
Derecho a un juicio imparcial, concluido en un plazo razonable y persecución penal única

Sección 1ª.
Principios generales

	Articulo.- 165. Juez imparcial. El juzgamiento y la decisión de las causas penales se llevará a cabo por jueces imparciales, independientes de todos los Poderes del Estado nacional o provincial, sólo sometidos a la ley.

	Por causa alguna los restantes Poderes del Estado podrán arrogarse el juzgamiento de causas pendientes o el restablecimiento de las ya terminadas por decisión firme.

	Nadie puede ser juzgado, condenado, penado o sometido a una medida de seguridad y corrección sino por los tribunales designados por la ley antes del hecho de la causa. Por excepción, cuando no exista ese tribunal en el momento del juzgamiento, en razón de la modificación general de las leyes de competencia, podrá intervenir otro tribunal creado con posterioridad al hecho punible, siempre que el nuevo tribunal, con evidencia, no implique la creación de una comisión especial para el juzgamiento del hecho o del imputado; el carácter permanente del nuevo tribunal creado no tiene valor alguno para fundar la decisión que rechaza la existencia de una comisión especial.

	Articulo.- 166. Persecución penal única. Nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho.

	Sin embargo, será admisible una nueva persecución penal:

1) Cuando la primera fue intentada ante un tribunal incompetente, que por ese motivo clausuró el procedimiento;
2) cuando el archivo del procedimiento proviene de defectos en la promoción o en el ejercicio de la persecución penal, que no debió iniciarse o proseguirse por quien la ejerció, según obstáculo legal que no inhiba la punibilidad del imputado; y
3) cuando un mismo hecho deba ser juzgado, por disposición de la ley, ante tribunales o por procedimientos diferentes, que no pueden ser unificados según las reglas respectivas.

	La absolución o el sobreseimiento por un delito no impedirá la persecución penal posterior por una contravención o falta derivada del mismo hecho imputado, y viceversa, ni el procedimiento realizado por una autoridad disciplinaria inhibirá la persecución penal derivada del mismo hecho.

Sección 2ª.
Apartamiento de jueces y funcionarios

	Articulo.- 167. Principio. El imputado y su defensor podrán recusar a un juez o jurado, cuando invocaren algún motivo serio y razonable que funde el temor de parcialidad.

	Además de los motivos que fundan la obligación del juez de inhibirse de oficio, enumerados en el artículo siguiente, se podrá invocar un motivo análogo o equivalente en importancia a los de esa lista, como, por ejemplo, un grado de parentesco o una relación distintos de los fijados como límites, cuando las circunstancias lo tornaren razonable, o cualquier de las causas descriptas en el inciso 6) del artículo siguiente, aun cuando el hecho que la funda suceda después de iniciado el procedimiento, salvo que hubiera sido producido con el propósito deliberado de provocar el apartamiento del juez.

	La facultad de recusar se extiende a los demás intervinientes en el procedimiento y a la víctima, aunque no haya asumido el papel de acusador, caso en el cual no será preciso notificarle específicamente la integración del tribunal, pero podrá participar en la audiencia respectiva.

	Articulo.- 168. Motivos de inhibición. Un juez deberá apartarse del conocimiento de la causa:

1) Si intervino en ella como acusador, defensor, representante, perito o consultor técnico, si denunció el hecho o lo conoció como testigo, o si dio recomendaciones o emitió opinión sobre la causa fuera del procedimiento;
2) si pronunció o contribuyó a pronunciar sentencia en la misma causa o dictó el auto de apertura del juicio, no podrá intervenir en el procedimiento de reenvío; si pronunció o contribuyó a pronunciar la decisión impugnada no podrá intervenir en el procedimiento que sustancia la impugnación y en su decisión, salvo el caso de la reposición (artículo 48); si pronunció o contribuyó a pronunciar el auto de apertura del juicio no podrá integrar el tribunal de juicio;
3) si en la causa intervino o interviene su cónyuge o algún pariente dentro del tercer grado de consanguinidad o por adopción, y segundo de afinidad, quien ha sido su tutor, curador o guardador o quien está o ha estado bajo su tutela, curatela o guarda;
4) si él o alguna de esas personas estuviere interesado en la causa o tuviere juicio pendiente, comunidad o sociedad con alguno de los interesados, salvo que se tratare de una sociedad anónima cuyas acciones coticen en el mercado de valores o de entidades civiles abiertas o amplias;
5) si él o alguna de esas personas recibieron o reciben beneficios de importancia o son acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados, salvo que se tratare de instituciones estatales o de entidades crediticias constituidas como sociedades anónimas, o sí, después de comenzado el procedimiento, él hubiere recibido presentes o dádivas de algunos de los interesados, aunque fueren de escaso valor; y
6) si, antes de iniciado el procedimiento tuvo amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados, si denunció o acusó a alguno de ellos o fue acusado o denunciado por alguno de ellos, incluso conforme al procedimiento para el desafuero o la destitución, salvo que circunstancias posteriores demuestren armonía entre ambos.

	Se considerará interesados al imputado, al ofendido y a quienes pudieren intervenir en el procedimiento, aunque no se hubieren constituido en él, a sus representantes o defensores (a3).

	El juez comprendido en alguno de los motivos contenidos en los cinco primeros incisos deberá denunciarlo inmediatamente, no bien conozca su situación respecto de la causa, y apartarse del conocimiento y decisión del proceso respectivo. En el caso del inciso 6, el juez, a su exclusivo criterio, podrá omitir el apartamiento, sin perjuicio de informar a los intervinientes sobre la situación en que se halla.

	Articulo.- 169. Forma y plazo. Salvo el caso de los jurados (artículo 14), en el procedimiento preliminar la recusación se interpondrá, para ser admisible, por escrito en el cual se indique el motivo, los hechos en que se funda y los elementos de prueba pertinentes, en las siguientes oportunidades:

1) La de los jueces que conocen antes de promovida la acción penal pública, inmediatamente después de conocida la integración del tribunal o en la audiencia respectiva;
2) la del juez que conoce de la audiencia preliminar en el plazo posterior a la notificación de la acusación (artículo 4);
3) la de los jueces permanentes que integrarán el tribunal de juicio en el plazo previsto por el artículo 13, párrafo II; y
4) en el recurso, en el plazo previsto por el artículo 152 o en el plazo de tres días a partir del conocimiento de la integración del tribunal del recurso, mencionando los miembros del tribunal alcanzados por la recusación.

	Sin embargo, la recusación que se funde en un motivo producido o conocido después de los plazos fijados, será deducida, para ser admisible, dentro de las veinticuatro horas de producido o conocido el motivo, con explicación de esta circunstancia. Además, en caso de una ulterior integración del tribunal, regirá el mismo plazo, a partir del momento en que se conozca la nueva integración.

	Durante las audiencias, la recusación será deducida oralmente, bajo las mismas condiciones de admisibilidad de las presentaciones escritas y se dejará constancia en el acta de la audiencia de la persona y motivo de la recusación.

	Articulo.- 170. Competencia, trámite y efectos sobre el procedimiento. Producidos el apartamiento de oficio o la recusación conocerá de ellos, cuando la ley no designe el juez competente, el Consejo del tribunal respectivo, integrado, en su caso, por un juez al recusado o a quien se apartó del conocimiento de la causa.

	El juez recusado se pronunciará inmediatamente respecto de cada uno de los motivos de la recusación, aceptándola o rechazándola, y cuidando de afirmar o negar específicamente cada uno de los hechos fundantes de la recusación; luego remitirá el incidente al Consejo del tribunal.

	Si fuera necesario recibir prueba, el Consejo encargará su instrucción a uno de sus miembros y previa audiencia, en la cual se recibirá la prueba y podrán informar todos los intervinientes, decidirá, sin recurso alguno. La decisión que acoja el apartamiento o la recusación mencionará el nuevo juez que integra el tribunal y su pronunciamiento en la audiencia servirá de notificación a todos los intervinientes. El reemplazo será definitivo, aunque posteriormente desaparezcan los motivos que determinaron la resolución.

	Las recusaciones interpuestas en una audiencia provocarán su suspensión, sólo si el juez recusado admite el motivo de recusación. En el procedimiento preliminar, el incidente será resuelto antes de proseguir y, en los demás casos, no se suspenderá el procedimiento, salvo cuando sea necesario una audiencia para decidir.

	Articulo.- 171. Efecto sobre los actos. El juez que se aparte del conocimiento de una causa y el juez recusado que admita el motivo de recusación sólo podrán practicar los actos urgentes que no admitan dilación y que, según esa circunstancia, no podrán alcanzar sus fines de ser llevados a cabo por quien los reemplace.

	Cuando prosiga la audiencia o el procedimiento con un juez que no admitió el motivo de recusación, los actos realizados podrán ser protestados por quien lo recusó con éxito y, en lo posible, serán renovados por el tribunal, integrado con el reemplazante. Si el juez recusado con éxito contribuyó a dictar sentencia después del debate. rigen las reglas del recurso contra la sentencia de condena. Si la audiencia no hubiere concluido, la decisión que admitiere la recusación y reemplazare al juez recusado la interrumpirá y el debate deberá ser realizado nuevamente.

	El procedimiento para decidir el apartamiento del funcionario del ministerio público interviniente se regirá por las reglas de la ley de organización respectiva.

	Articulo.- 172. Colaboradores del tribunal y acusador público. Las reglas que anteceden rigen analógicamente para los colaboradores del tribunal, que cumplan alguna función durante el procedimiento, y para el acusador público.

	En el primer caso, el mismo tribunal ante el cual actúan los colaboradores recusados, con la integración que corresponda para el caso, averiguará sumariamente el motivo invocado y resolverá lo que corresponda, sin recurso alguno.

Sección 3ª.
Duración razonable de la persecución penal
            Articulo.- 173. Regla general. Formulada la acusación y presente el acusado en el procedimiento, el juicio no podrá exceder el año de duración, contado desde el momento en el que la acusación es interpuesta ante el tribunal hasta el momento en que se pronuncia la sentencia después del debate.

	El Tribunal Superior, si anula la sentencia por efecto del recurso contra la condena, fijará el plazo, de duración del juicio de reenvío, dentro de este plazo máximo y conforme a las circunstancias del caso.

	Estos plazos corren, son interrumpidos y suspendidos separadamente para cada uno de los imputados que participan en el procedimiento.

	Articulo.- 174. Anticipación del comienzo del plazo. El plazo anterior comenzará a contarse desde el momento de la primera comparecencia del imputado ante un tribunal, para responder a la instancia de una medida de coerción, o desde el momento de la primera declaración del imputado en la causa, cuando es provocada por la citación del acusador público, o desde el momento de la realización de un acto que implique, por su modo de realización, la difusión pública indeterminada acerca de la sospecha que pesa sobre una persona acerca de su participación en un delito de acción pública, de ellos el momento más antiguo.

	Articulo.- 175. Plazo para concluir la investigación preliminar en los delitos de acción pública. Desde los momentos previstos en el artículo anterior, el acusador público dispondrá de un plazo máximo de tres meses para concluir con la interposición de la acusación, el sobreseimiento o el archivo.

	El acusador público, cuando lo considere necesario, podrá solicitar al tribunal competente, integrado por tres jueces, el plazo que considere prudente para concluir, que nunca excederá de cuatro meses más y que será fijado por el tribunal por resolución fundada. En casos excepcionales, por inconvenientes sufridos durante la investigación o por la complejidad extrema de la causa, el tribunal podrá autorizar una segunda prórroga de hasta seis meses.

	Los plazos de prolongación concedidos no serán agregados al plazo fijado en los artículos 173 y 174 para determinar el plazo final, pero este último comenzará a correr nuevamente desde el vencimiento de aquellos.

	Articulo.- 176. Efectos de los plazos. El vencimiento del plazo previsto en los artículos 173 y 174 o de aquél que resulta de su prolongación, sin que haya sido dictada la sentencia, provoca el sobreseimiento inmediato del procedimiento ea favor del imputado.

	El vencimiento de los plazos para concluir la investigación sin que el acusador público se pronuncie, elimina el efecto que prolonga el plazo general de conclusión del procedimiento, de modo que recupera su vigencia ese único plazo (artículo 173), contado desde los momentos previstos (artículos 173 y 174), con el efecto determinado en el párrafo anterior. El incumplimiento del plazo por parte del acusador público será considerado una falta funcional grave.

	Articulo.- 177. Suspensión e interrupción de los plazos. El cómputo de los plazos establecidos se suspenderá por los siguientes motivos:

1) Por la fuga del imputado desde que sea declarado rebelde;
2) por decisión del Tribunal Superior de Justicia, cuando un acontecimiento extraordinario, como un incendio, una inundación, un terremoto o cualquier otro estrago de proporciones, imposibilite la administración de justicia, caso en el cual el Tribunal Superior determinará el momento en que comienza la suspensión y el momento a partir del cual se reanuda el cómputo;
3) por el sobreseimiento o el archivo de la investigación por parte del acusador público; y
4) por la concesión de un plazo especial para concluir la investigación, conforme al artículo 175 (párrafos II y III).

	Suspendido el plazo, él volverá a correr, contando el plazo ya transcurrido, desde la presentación o detención del imputado, desde la fecha que fije el Tribunal Superior, desde la nueve apertura de la persecución penal o desde el vencimiento de los plazos de prolongación concedidos.

	El plazo previsto en el artículo 173 se interrumpirá y volverá a contarse nuevamente desde su iniciación a partir de la presentación o detención del acusado, si él se fuga y es declarado rebelde durante el debate, provocando su interrupción (artículo 27).

TÍTULO II
Intervención del ofendido en el procedimiento

Capítulo I
Disposiciones generales

	Articulo.- 178. Definición de ofendido. Este Código considera ofendido:

1) En los delitos de acción pública;

a) Al portador del interés jurídico afectado o puesto en peligro por la comisión del delito (víctima);
b) a los padres e hijos de la víctima, y a su cónyuge o a la persona que convivía con ella en el momento de la comisión del delito, ligada por vínculos especiales de afecto, o al último tutor, curador o guardador, cuando el resultado del delito fuere la muerte de la víctima;
c) a los socios de una persona colectiva respecto de los delitos cometidos contra ella por quienes la dirijan, la administren o controlen; y
d) a las asociaciones cuyo objeto se vincule directamente con la defensa de intereses colectivos o difusos, o con la protección de los derechos humanos, cuando el delito cometido afecte o ponga en peligro bienes jurídicos colectivos o universales, o que el orden jurídico internacional reconoce como delitos contra la humanidad, respecto de los delitos vinculados directamente con el objeto de la asociación.

2) En los delitos de acción privada; a las personas mencionadas en los artículos 75 y 76 del Código Penal.

	Articulo.- 179. Derechos genéricos del ofendido. Sin perjuicio de la legitimación como acusador privado, el ofendido tiene derecho, aunque no asuma el papel de acusador.

1) Si se tratare de la persecución de un delito de acción pública, cuando haya denunciado, compareciere en el procedimiento de cualquier manera o se conozca su domicilio, a ser informado por el acusador público o por el tribunal acerca del sobreseimiento, de la clausura del procedimiento o  archivo, de la acusación, del auto de apertura del juicio y de la sentencia, con copia de los dictámenes o decisiones pertinentes;
2) si está presente en el debate, a tomar la palabra después de los informes finales y antes de concederle la palabra final al acusado, conforme lo dispuesto en el artículo 47;
3) si, por su edad, condición física o psíquica, estado de gravidez o enfermedad, se tratare de una persona con necesidades especiales, que le dificulten severamente su comparecencia ante cualquier autoridad del procedimiento penal, a ser interrogada o a participar en el acto para el cual fue citado en el lugar de residencia, a cuyo fin deberá requerir la dispensa, por sí o por un tercero, con anticipación;
4) a recibir protección especial de su integridad física y psíquica, con inclusión de su familia inmediata, cuando reciba amenazas o corra peligro en razón del papel que cumple en el procedimiento penal;
5) a impugnar por la vía jerárquica el sobreseimiento del acusador público conforme al artículo siguiente;
6) a examinar documentos y actuaciones conforme lo establecido en el artículo 181 y a ser informado verbalmente por el acusador público o por el secretario del tribunal acerca del estado y trámite de la causa, y sobre la situación del imputado;
7) cuando fuere menor o incapaz, a ser acompañado por uno de sus representantes legales o guardador durante el transcurso de los actos en los que deba intervenir, con observancia de las reglas de conducta que indique quien dirige el acto, salvo que ello ponga en peligro la averiguación de la verdad;
8) a recibir asesoramiento jurídico por parte de un abogado y a hacerse representar por él en las diligencias de trámite, representación para la cual basta su autorización escrita; y
9) a recusar por los motivos, forma y procedimiento admitidos para el imputado (artículos 167 y siguientes), aunque no asuma el papel de acusador, al funcionario que asuma la persecución penal pública o a los jueces o jurados que intervengan en el procedimiento, a cuyo fin, sin necesidad de ser citado en el caso de que no participe en el procedimiento, podrá intervenir en las audiencias respectivas, limitadamente respecto de esta cuestión.

	Corresponden también a la víctima los derechos y garantías reconocidos y reglamentados para el imputado, que derivan de una situación análoga, como aquellos previstos en los artículos 67, 92, 93 y los indicados en este Libro II, Título I, Capítulo 5 (artículos 115 y siguientes).

	Articulo.- 180. Facultad de impugnar. El ofendido podrá requerir, por escrito fundado y en cualquier momento, la revisión por el superior jerárquico del sobreseimiento decretado por el acusador público, salvo el caso de que la decisión haya sido emitida por el Fiscal General. En su caso, el superior ordenará realizar las acciones que correspondan, salvo que prefiera continuar él con el procedimiento.

	Contra la decisión del Fiscal General, el ofendido puede recurrir, por razones de legalidad, ante el Tribunal Superior de Justicia que, si admite el recurso, ordenará al Fiscal General realizar las acciones que correspondan. El Fiscal General determinará quién continúa el procedimiento.

	Articulo.- 181. Examen de las actuaciones y proposiciones probatorias. Para ejercer la facultad concedida en el artículo 179, inciso 6, o la facultad de acusar en el procedimiento por delito de acción pública, el ofendido podrá examinar los documentos o actuaciones del acusador público, en las mismas condiciones establecidas para el imputado y su defensor (artículo 90), y deberá ser informado por él con lealtad sobre la marcha de la investigación, a menos que se haya ordenado el secreto total o parcial del procedimiento (artículo 194). El rechazo del acusador de cualquiera de estos derechos, por desconocimiento de su calidad de ofendido, habilitará su reclamo por la vía jerárquica correspondiente.

	De la misma manera, el ofendido podrá proponer diligencias para una mejor averiguación de la verdad y acudir a la vía jerárquica para conseguir la instrucción respectiva.

	Articulo.- 182. Información. En la primera oportunidad, el órgano público que dirija el procedimiento (policía, acusador público o juez) deberá instruir al ofendido acerca de los derechos que le son reconocidos en este Capítulo y de la posibilidad de asumir en el procedimiento el papel de acusador, y sobre la forma de ejercer esos derechos.

Capítulo II
Acusación privada

	Articulo.- 183. Delitos de acción pública. Las personas mencionadas en el artículo 178, inciso 1, podrán asumir el papel de acusadores en el procedimiento, a cuyo fin dispondrán del plazo de seis días a partir de la información del acusador público sobre la acusación respectiva, plazo dentro del cual deberán producir su propia acusación (artículo 1º) o manifestar su conformidad con la acusación pública, y que sólo pretenden intervenir en el procedimiento posterior. Este plazo puede ser prorrogado por el acusador público por una única vez, en el caso de procesos excesivamente complejos. Sin embargo, para usar el plazo o para requerir su prórroga, el ofendido deberá anticipar al acusador público, dentro de los tres primeros días, su voluntad de acusar. Vencido el plazo, el acusador público procederá según el artículo 1º, haya o no haya sido ofrecida la acusación privada o manifestado el ofendido su conformidad con la acusación pública. El ofendido perderá su derecho de intervenir como acusador en el procedimiento, si no acusó o no manifestó su deseo de intervenir en el procedimiento posterior.

	La acusación privada podrá diferir de la pública en cuanto a los elementos que contiene y su significado jurídico, pero deberá versar sobre el mismo acontecimiento histórico que relata la acusación pública.

	Articulo.- 184. Delitos de acción privada. Cuando, según la ley penal, la persecución penal fuera exclusivamente privada, podrá asumir el rol de acusador privado sólo la persona que, según esa ley, fuere el titular del ejercicio de esa acción.

	Articulo.- 185. Reglas comunes. Quien pretenda asumir el papel de acusador privado y se domicilio en el extranjero deberá, a pedido del acusado, prestar una caución suficiente para responder por las costas del procedimiento, cuyo contenido y plazo fijará el tribunal competente.

	La asunción del papel de acusador privado no exime al ofendido de su deber de comparecer como testigo en el procedimiento, si fuere citado para ello (J.B.J.M.4).

	Las personas colectivas justificarán su existencia y la facultad para querellar de la persona que las representa, a más tardar con la acusación, conforme a las leyes respectivas. La representación por apoderado exige poder especial, que se acreditará en la misma oportunidad.

	Cuando fueren varios los acusadores privados, el tribunal unificará, por regla, la personería en uno de ellos, salvo que aparezcan con evidencia intereses encontrados entre ellos, caso en el cual la unificación puede ser parcial. Para unificar personería, el tribunal respetará la opinión de los diversos acusadores, a quienes les concederá un plazo para ponerse de acuerdo; si no hubiere acuerdo al final del plazo, el tribunal elegirá a uno de ellos, incluso entre los varios propuestos por los acusadores. La unificación de personería no afecta los derechos de información que posee el ofendido. En el procedimiento preparatorio de la acción pública, sin perjuicio de que todos los acusadores puedan ejercer su derecho de examinar documentos y actuaciones, y sean destinatarios de los deberes de información de los órganos públicos, el acusador público podrá también proceder a la unificación de personería, conforme a las mismas reglas.

	El desestimiento del acusador privado o el abandono de la acción ejercida, en los casos previstos por la ley, implica la imposibilidad de volver a ejercer la acción penal por el mismo hecho y contra la misma persona imputada.

	Salvo en los casos previstos expresamente por la ley penal o por la ley de ejecución penal, cesará toda la intervención del acusador privado, que estas reglas le conceden, en el procedimiento de ejecución de la pena.

Capítulo III
Procedimiento monitorio para la reparación del daño

	Articulo.- 186. Actor civil y tribunal. Quien sostenga haber sufrido un daño proveniente directamente del hecho punible y el titular de la acción civil emergente de un delito penal podrán demandar la reparación de los daños por el condenado en una sentencia firme o por aquél a quien se le haya aplicado una medida de seguridad y corrección en una sentencia firme, ante el mismo tribunal que dictó la sentencia y después del juicio respectivo.

	Para el juzgamiento de esta acción, el tribunal se integrará, en su caso, sólo con los jueces permanentes que intervinieron en el juicio o contribuyeron a dictar sentencia.

	Articulo.- 187. Demanda, demandado y citación en garantía del asegurador. La demanda debe ser dirigida, necesariamente, contra el condenado o contra aquél a quien se le aplicó una medida de seguridad y corrección, y, eventualmente, contra quien, por previsión directa de la ley civil, responde por el daño que el condenado o afectado por la medida de seguridad y corrección hubiere causado con el hecho ilícito juzgado en la sentencia. Es posible, también, citar en garantía el asegurador del siniestro respectivo, conforme a las leyes pertinentes, pero en el procedimiento el asegurador no puede interponer defensa alguna relacionada con el contrato de seguro.

	La demanda deberá contener:

1) La identificación del acto, su domicilio general y el especial que fija en el procedimiento, y el de quien lo representa, en ese caso;
2) la identidad de cada uno de los demandados y sus domicilios; si se desconociere alguno de estos datos, el actor puede solicitar diligencias preparatorias para determinarlos;
3) la expresión concreta y detallada de los daños sufridos y la relación que ellos tienen con el hecho ilícito;
4) la cita de las disposiciones legales aplicables, que fundan la responsabilidad civil de los demandados; y
5) la reparación deseada o, en su caso, el importe de la indemnización reclamada, con una justificación sintética de sus alcances.

	Para las personas colectivas y los apoderados rige la regla del artículo 185, párrafo III.

	Articulo.- 188. Admisibilidad. El tribunal examinará la demanda, la legitimación del actor y de cada uno de los demandados, y, si la admite, mandará a librar la orden de reparar el daño dirigida al demandado o demandados cuya responsabilidad civil aparezca justificada; a esa orden podrá agregar el mandamiento de embargo o de cualquier otra medida cautelar solicitados por el actor y decididos conforme a las reglas civiles correspondientes.

	Si no admite la demanda o a alguno de los demandados, archivará el procedimiento, que no podrá repetirse más ante el tribunal penal, sin perjuicio del ejercicio regular de la acción civil ante el tribunal competente y por medio del procedimiento correspondiente según leyes generales.

	En caso de errores por omisión de datos o por defecto en la acreditación de la personería, el tribunal podrá fijar un plazo para que esos errores sean corregidos, con mención de ellos; vencido el plazo sin la corrección correspondiente, el tribunal archivará la demanda.

	Articulo.- 189. Orden de reparación. La orden de reparación, que se notificará a cada uno de los demandados admitidos, deberá contener:

1) La identificación de cada uno de los demandados y su domicilio;
2) la identificación del actor civil y el domicilio especial fijado en la demanda y, en caso, el nombre y domicilio del representante o apoderado;
3) la orden de reparar los daños, con la descripción concreta y detallada de aquellos que el tribunal estimare razonables, la clase y extensión de la reparación o el importe de la indemnización que el tribunal estimare razonables, y las reglas legales que fundan la obligación de reparar de cada uno de los demandados;
4) la intimación a cumplir esa reparación o a pagar esa indemnización;
5) la orden de embargo para responder a la reparación o indemnización y a las costas del procedimiento, o cualquier otra medida cautelar que hubiere sido admitida; y
6) la información acerca de la posibilidad de objetar la orden y el plazo para hacerlo, que nunca excederá de diez días ni será inferior a cinco días.

	La orden de reparación será notificada a cada uno de los demandados y al citado en garantía por intermedio de la oficina correspondiente, con copia de ella y con la entrega de un aviso instructivo que contenga copia de todas las reglas referidas a este procedimiento.

	Articulo.- 190. Objeción. Los demandados y el citado en garantía pueden objetar la legitimación del acto, la idoneidad del título que funda la responsabilidad del demandado u oponerse a la clase y extensión de la obligación o al importe de la indemnización fijados como reparación.

	Articulo.- 191. Audiencia y sentencia. Si existen objeciones dentro del plazo señalado, el tribunal citará a todas las partes a una audiencia, con intervalo no menor a cinco días. La audiencia deberá servir para que las partes concilien una solución y arriben a un acuerdo, y, si ello no fuere posible, para que cada una de ellas argumente acerca de su conformidad o disconformidad con la orden de reparación, y concrete su pretensión. La comparecencia a la audiencia no es obligatoria.

	Realizada la audiencia el tribunal dictará sentencia en la que acoja o rechace la demanda, total o parcialmente; en caso de condena, determinará quién es el responsable de cumplirla y fijará, por estimación razonable, que fundará expresamente, los daños objeto de la reparación, la clase y extensión de la obligación de repara y, en su caso, el importe de la reparación.

	Si nadie hubiere objetado la orden de reparación en el plazo fijado, el tribunal mandará a cumplirla.

	Respecto del asegurador citado en garantía, la sentencia no tendrá otro efecto que el meramente declarativo de la obligación eventualmente a su cargo, sin la posibilidad de ser ejecutada directamente, y el actor, en su caso, deberá plantear la demanda contra él ante los tribunales competentes según la legislación general aplicable.

	Articulo.- 192. Valor de la sentencia y ejecución. La sentencia o la orden de reparar definitiva, en su caso, no son recurribles y son ejecutables ante los tribunales competentes para obligaciones civiles.

	Cualquiera de las partes disconforme con la sentencia tendrá acción ordinaria ante los tribunales competentes para decidir sobre daños civiles, tanto con el fin de corregir, total o parcialmente, la reparación ordenada, o de repetir la ya cumplida o para reparar su propio daño por la ejecución de la obligación (demandados), como con el fin de corregir la clase o extensión de la reparación o el importe de la indemnización decididos (actor).

TÍTULO III
Acusador público

	Articulo.- 193. Función. Deber de objetividad y lealtad. El acusador público es el titular de la acción penal que se ejerce de oficio (Código Penal, artículos 71 y 72) y a él le incumbe su preparación para fundar la acusación o determinar el sobreseimiento, y la defensa de esa acusación en el juicio, conforme a las leyes penales.

	El funcionario que lo representa en un caso deberá obrar, durante todo el procedimiento con absoluta lealtad para el acusado y su defensor, para le ofendido, aunque no asuma el papel de acusador, y para los demás intervinientes en el procedimiento. El deber de lealtad comprende al deber de información veraz sobre la investigación cumplida y los conocimientos alcanzados, y al deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que a su juicio, pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando ha resuelto no incorporar alguno de esos elementos al procedimiento. En este sentido, su investigación para preparar la acción pública debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo, con el fin de determinar, incluso, el sobreseimiento. Igualmente, en la audiencia preliminar o en el debate, puede concluir requiriendo el sobreseimiento, la absolución o una condena más leve que aquélla que sugiere la acusación, cuando en esas audiencias surjan elementos que conduzcan a esa conclusión de conformidad con las leyes penales.

	Articulo.- 194. Preparación de la acción pública. La investigación preliminar para formular la acusación o decidir el sobreseimiento se iniciará no bien el acusador público reciba la noticia acerca de la comisión de un delito de acción pública, por información policial o denuncia.

	Los funcionarios policiales deberán comunicar de inmediato la noticia que reciban sobre la comisión de un hecho punible y observarán las reglas previstas en este Código para la realización de sus investigaciones. De ordinario, ellos efectuarán las peticiones a los jueces por intermedio de un funcionario del ministerio público, salvo en los casos urgentes que no admitan demora. Ante la posible pérdida por demora de un elemento de prueba, los funcionarios policiales pueden presentarse directamente ante los jueces, solicitándoles la medida correspondiente, con observancia de las reglas previstas en este Código para el acusador público.

	El funcionario del ministerio público encargado de la averiguación cuidará de que sus diligencias y las de la policía permanezcan reservadas para extraños al procedimiento. Las actuaciones relativas al caso sólo podrán ser examinadas por el imputado y su defensor, y por el ofendido, su abogado o su mandatario. Todas esas personas, incluidos los funcionarios policiales y del ministerio público, estarán, sin embargo, obligados a guardar reserva sobre aquello que conocieren. Sin perjuicio de la responsabilidad penal que correspondiere, el incumplimiento de esta obligación por parte de los funcionarios será considerada falta grave.

	El funcionario del ministerio público encargado de la averiguación podrá disponer, sólo una vez, el secreto total o parcial de las actuaciones y averiguaciones, por un plazo que no podrá superar los diez días corridos, cuando el conocimiento por terceros entorpezca el descubrimiento de la verdad. En casos excepcionales, él podrá pedir autorización a un juez para prorrogar por otro tanto este plazo, justificando la razón de la prórroga. No obstante, cuando la eficacia de un acto particular dependa de la reserva parcial de ciertas actuaciones, el funcionario podrá disponer el secreto de ellas, por el tiempo absolutamente indispensable para cumplir el acto, que nunca superará las veinticuatro horas.

	La orden de reserva total o parcial comprende también la suspensión del deber de lealtad en la información, prevista en el artículo anterior.

	Articulo.- 195. Diligencias de investigación. Los funcionarios policiales y del ministerio público, en su función de averiguar la noticia de un hecho punible, procederán con absoluto respeto para las facultades y garantías del imputado y de los demás intervinientes en el procedimiento, reglamentadas en este Código.

	Podrán usar la fuerza pública en la medida en que este Código los autoriza.

	Cuando la investigación versare sobre una muerte sospechosa de haber sido provocada por un hecho punible, se dispondrá la autopsia antes de inhumar el cadáver o después de exhumado y se lo identificará dactiloscópicamente o, de no ser posible, por testigos o por otro medio aconsejable. Los médicos que intervengan en la autopsia informarán por dictamen escrito, en la forma prevista para la peritación, y señalarán, en su caso, la necesidad de realizar otros exámenes, cuidando de guardar las vísceras para poder practicarlos. Se puede prescindir de practicar la autopsia, previo dictamen médico que lo aconseje, cuando según la inspección exterior resulten evidente las causas que produjeron la muerte.

	Articulo.- 196. Sobreseimiento fiscal. El acusador público sobreseerá la causa, en los siguientes casos:

1) En los casos previstos por el artículo 15;
2) cuando no fuere posible individualizar al imputado y no hubiere otra medida a realizar;
3) cuando el imputado se hallare rebelde, una vez terminada la investigación, sin perjuicio de solicitar la orden de detención; y
4) cuando culminada la investigación, faltare algún elemento o condición de punibilidad que pudiere existir en el futuro.

	En el caso previsto por el inciso 1, el acusador deberá expresar, específicamente, la liberación de persecución respecto del imputado en cuyo favor sobresee y ordenará la cesación de toda medida de coerción para el imputado a cuyo respecto se ordena la clausura de la persecución penal; en el mismo caso, cuando no haya alcanzado el grado de conocimiento necesario para requerir fundadamente la apertura del juicio y exista razonablemente la posibilidad de incorporar en el futuro elementos de prueba concretos que conduzcan a ese conocimiento, deberá indicar detalladamente los elementos factibles de ser incorporados posteriormente.

	En el caso previsto por el inciso 4, el dictamen contendrá la designación de los elementos o condiciones factibles de existir en el futuro y, si subsiste alguna medida de coerción para el imputado, ordenará su cesación. El imputado, su defensor y cualquiera de los intervinientes podrán denunciar el obstáculo ante el funcionario que se ocupa de la persecución penal pública. Ínterin el caso será archivado y conservadas las piezas de convicción hasta la remoción del obstáculo, si no pudiere proseguir la investigación del hecho o continuarse el procedimiento con relación a otros imputados.

	El dictamen será fundado y comunicado con su copia al imputado, a su defensor y al ofendido.

	El archivo del procedimiento por el acusador público sólo tiene por efecto cancelar la oportunidad del acusador privado para asumir ese papel. 
	La persecución penal podrá ser reanudada antes de su extinción, si sobrevienen nuevos elementos que la tornen viable para arribar a la promoción de la acción pública.

	Articulo.- 197. Cuestión prejudicial. Si la persecución penal depende de una cuestión que, según la ley, debe ser resuelta en un proceso independiente, ese proceso deberá ser proseguido por el ministerio público, con citación de todos los interesados, siempre que la ley que regula la cuestión lo legitime para promoverla.

	Cuando el ministerio público no esté legitimado para provocar la decisión final de la cuestión por el juez competente, anoticiará sobre su existencia a la persona legitimada y le requerirá, a su vez, noticias periódicas sobre la promoción del proceso y su desarrollo.

	Articulo.- 198. Privilegio constitucional. Cuando la viabilidad de la persecución penal dependa de un procedimiento especial previo de desafuero o destitución previsto constitucionalmente, el acusador público, si considera fundada la persecución penal, solicitará el desafuero o la destitución del imputado a la autoridad correspondiente, con un informe de las razones que justifican el pedido y copia de los documentos o actuaciones en su poder.

	Contra el titular del privilegio no se podrá realizar acto alguno que implique una persecución personal hasta su desafuero, destitución o cesación en el cargo, y sólo se podrá practicar un acto urgente de investigación que no admita demora o los actos indispensables para fundar la petición. El procedimiento podrá continuar con relación a los demás imputados que no ostentan el privilegio.

	Rige esta misma disposición cuando se requiera la conformidad de un Estado extranjero.

	Articulo.- 199. Delitos dependientes de instancia. Cuando la persecución penal dependa de una instancia (Código Penal, artículo 72) y el autorizado por la ley penal no la haya producido, el acusador público deberá informar al ofendido, su representante legal o su guardador, y proceder conforme al artículo 203, párrafo I, inciso 4, hasta la subsanación del obstáculo que impide la persecución penal.

	Si el imputado estuviere detenido o sometido a alguna medida de coerción y la instancia no se hubiere producido, deberá ordenar su libertad o la cesación de la medida de coerción.

	Articulo.- 200. Ofendido. En los delitos de acción pública, el ofendido podrá procurar que el hecho objeto del procedimiento sea investigado y promovida la acción pública, mediante instancia ante el superior jerárquico del último funcionario que autorizó el archivo (artículo 180).

	La petición será expuesta por escrito y fundada; deberá contener, también todos los datos y argumentos que permitan revocar la decisión y, en su caso, acompañar los elementos de prueba en su poder.

	La respuesta del funcionario superior deberá ser fundada en caso de rechazar la petición y, en el caso contrario, deberá contener las instrucciones concretas para el funcionario inferior o la decisión de proseguir él mismo la persecución penal.

	Articulo.- 201. Actos jurisdiccionales durante la investigación preliminar. El acusador público y los funcionarios policiales no están autorizados para recibir informes o declaraciones bajo juramento. Si fuere imprescindible el juramento para inducir a quien brinda la información a ser veraz, deberán solicitarlo al juez más próximo del lugar en el cual se llevará a cabo el acto.

	Cuando sea necesario practicar un reconocimiento, reconstrucción, peritación o inspección que por su naturaleza y características deban ser considerados como actos definitivos e irreproducibles, o cuando deba declarar alguien que, por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá hacerlo durante la audiencia preliminar o el debate, el acusador público podrá requerir a un juez la realización del acto. Regirán las reglas de los artículos 139 y 140.

	Articulo.- 202. Derecho de recusar. Corresponderá también al acusador público la facultad de recusar a los jueces y jurados integrantes de un cuerpo de decisión judicial, según las reglas respectivas.

TITULO IV
Otras personas que intervienen en el procedimiento

Capítulo I
Denunciante

	Articulo.- 203. Denuncia. Cualquier persona puede comunicar a la policía o a un funcionario del ministerio público con competencia penal el conocimiento que tuviere acerca de la comisión de un hecho punible de acción pública, oralmente o por escrito. El funcionario que reciba la denuncia hará constar la identidad del denunciante y, si la comunicación es oral, se protocolizará en un acta la versión que proporciona el denunciante. La denuncia contendrá, en lo posible, el relato circunstanciado del hecho que se considera punible, con indicación de la identidad del autor y los partícipes en él, de la víctima y de los testigos, elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidos, en la medida posible para el denunciante.

	La instancia, en los delitos dependientes de ella, se recibirá de la misma manera.

	La denuncia o instancia por mandatario requiere poder especial al efecto, que el mandatario acreditará en el mismo acto.

	Articulo.- 204. Denuncia obligatoria. Deben denunciar el conocimiento que tienen sobre un hecho punible de acción pública, salvo los que requieren una instancia para su persecución, sin demora alguna:

1) Los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ese ejercicio, salvo el caso de que pese sobre ellos el deber de guardar secreto impuesto por la ley;
2) quienes ejerzan el arte de curar y conozcan el hecho en ejercicio de su profesión, oficio o empleo, cuando se trate de delitos contra la vida o la integridad corporal de las personas, salvo el caso de que pese sobre ellos el deber de guardar secreto impuesto por la ley;
3) quienes por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tuvieren a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o el control de bienes o intereses de una institución o entidad, respecto de delitos cometidos en su perjuicio o en perjuicio de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control, por personas que desempeñan aquellas mismas funciones en la institución o entidad, siempre que conozcan el hecho con motivo del ejercicio de sus funciones.

	En todos estos casos la denuncia no será obligatoria si el denunciante arriesgare razonablemente la persecución penal propia, del cónyuge, o de ascendientes, descendientes o hermanos, o de una persona que conviva con él ligada por lazos especiales de afecto.

Capítulo II
Testigo

	Articulo.- 205. Deber de concurrir y prestar declaración. Todo habitante del país o persona que se halle en él tendrá el deber de concurrir a una citación practicada con el fin de que preste declaración testimonial, el de declarar la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado sobre el objeto de la investigación o del procedimiento penal, y el de no ocultar hechos, circunstancias o elementos relativos al contenido de su declaración.

	No obstante, serán observados los tratados suscritos	 por el Estado, que establezcan excepciones a esta regla y regirá la dispensa prevista para la víctima en el artículo 179, párrafo I, inciso 3).

	Las autoridades de los poderes del Estado establecidas en la Constitución, los embajadores y cónsules extranjeros y los oficiales superiores de las fuerzas armadas en actividad y en tiempo de guerra podrán solicitar que la declaración se lleve a cabo en el lugar donde cumplen sus funciones o en su domicilio general, para lo cual propondrán, oportunamente, la fecha y el lugar correspondiente.

	Articulo.- 206. Facultad de abstenerse. Están facultados para abstenerse de declarar el cónyuge del imputado, todos sus ascendientes o descendientes, sus parientes consanguíneos o por adopción hasta el tercer grado y por afinidad hasta el segundo grado, o quien conviva con el imputado, ligado a él por lazos especiales de afecto.

	Las personas mencionadas deben ser informadas detalladamente sobre su facultad de abstenerse de declarar antes del comienzo de cada declaración. Ellas pueden ejercer esa facultad aún durante su declaración e, incluso, para evitar responder preguntas particulares. En el caso del párrafo siguiente, la declaración se llevará a cabo con la presencia del llamado a decidir. La omisión de la información prevista en esta regla provoca la inadmisibilidad del testimonio como fuente de convicción.

	Si se tratare de menores de catorce años o de personas que, por insuficiencia o alteración de sus facultades mentales, no comprendieren el significado de la facultad de abstenerse, se requerirá la decisión del representante legal o guardador o, en su caso, de un curador designado al efecto. Si la persona que debe efectuar la decisión interviniera en el procedimiento, se designará un curador que resguarde los intereses del incapaz.

	Articulo.- 207. Testimonio inadmisible. Las personas que, respecto del objeto de su declaración tengan el deber de guardar un secreto particular u oficial, no podrán ser admitidas como testigos. En caso de ser citadas, esas personas deberán comparecer, explicar el motivo del cual surge la obligación de guardar secreto y abstenerse de declarar.

	Articulo.- 208. Criterio judicial. Si el tribunal estima que el testigo invoca erróneamente la facultad de abstenerse o la reserva de la información, ordenará su declaración. La resolución será fundada.

	Durante el período de preparación de la acción pública decidirá el funcionario del ministerio público que conduce el caso; pero el afectado por una decisión que ordena su declaración, podrá acudir a un juez, por escrito fundado, para que, previa audiencia, a la que podrán asistir el funcionario que ordenó la declaración y el afectado, deje sin efecto aquella decisión. La comparecencia a la audiencia de las partes involucradas no es obligatoria.

	La decisión acerca del derecho de abstención o la reserva de brindar información no cierra la discusión acerca de la invalorabilidad del testimonio en una decisión judicial, ni impide el recurso del condenado contra la sentencia condenatoria, motivado en la existencia de esos derechos, cuando esa valoración contribuyó en forma decisiva al fundamento de la sentencia.

	Articulo.- 209. Citación. La citación de los testigos se puede realizar por cualquier medio, incluso, en caso de urgencia, verbalmente o por teléfono. Con ella se instruirá al destinatario acerca de la obligación de comparecer y su excepción (artículo 205).

	Si el testigo no reside o no se halla en el lugar donde debe prestar declaración, o en sus proximidades, la citación irá acompañada de una liquidación de la indemnización fijada prudencialmente, que se le pagará, a su pedido o, en su caso, de los medios que se pone a su disposición para el traslado y habitación. Si el testigo carece de medios económicos para el traslado le serán adelantados los gastos necesarios, a su pedido.

	Durante todo el procedimiento anterior al debate, cuando no fuera imprescindible la comparecencia personal, se podrá disponer la declaración por delegación o mandamiento a la autoridad respectiva del lugar de su residencia.

	Si el testigo se hallare en el extranjero, se procederá conforme a las reglas internacionales o nacionales para el auxilio judicial; se podrá requerir también, la autorización del funcionario competente del Estado en el cual se halle, para que el testigo sea interrogado por el representante diplomático de la República Argentina, o por un tribunal o el funcionario del ministerio público, constituido en el país de residencia.

	Articulo.- 210. Compulsión. Si el testigo no compareciere y no justificare debidamente su inasistencia, el tribunal o funcionario que lo citó podrá ordenar su comparecencia forzada, sin perjuicio de promover su enjuiciamiento, cuando corresponda. La incomparecencia injustificada deberá ser corregida con una multa de cinco a quince días de su sueldo y, quienes no denuncien y verifiquen su relación de dependencia y su sueldo, con una multa de cinco a quince días del sueldo de un juez.

	Articulo.- 211. Declaración. Se comenzará por instruir al testigo acerca de la obligación de prestar testimonio, y sus excepciones (artículos 205 a 207), y sobre las penas q	ue amenazan su incumplimiento. Enseguida, el testigo será interrogado sobre sus datos personales, y las demás circunstancias útiles para valorar su testimonio. Si el testigo u otra persona estuvieren en peligro, se lo podrá autorizar para que no indique públicamente su domicilio y se tomará nota reservada de él.

	Continuará la declaración sobre el hecho, en lo posible, según las reglas de los artículos 42 y 43.

	Los funcionarios policiales y el ministerio público respetarán informalmente esta regla, en lo posible.

	Articulo.- 212. Ratificación solemne. Sólo el tribunal instará al testigo para que convalide su testimonio, mediante la siguiente fórmula:

	“¿Ratifica usted ante su conciencia y ante el pueblo de esta Provincia, con conocimiento de su responsabilidad, que ha dicho la verdad y no ha ocultado nada?”

	Y el testigo responderá:

	“¡Sí; lo ratifico ante mi conciencia y ante el pueblo de esta Provincia!, con conocimiento de mi responsabilidad”.

	Si fuere creyente, el testigo podrá reforzar su aserción jurando o apelando a Dios o a sus creencias religiosas.

	No se requerirá la ratificación solemne a los inimputables por minoridad, ni a las personas que, por insuficiencia o alteración de sus facultades mentales, no puedan comprender su significado, ni a los condenados por el mismo hecho, ni a los sospechosos de haber participado en él o de haberlo encubierto. El error del tribunal acerca de estas circunstancias no provoca la invalidación del testimonio.

Capítulo III
Peritos

	Articulo.- 213. Definición. Será designado perito quien, según la reglamentación estatal correspondiente, acredite idoneidad en la materia a la que pertenece el tema sobre el cual se ha de expedir. Si la ciencia, arte o técnica no está reglamentada o si, por obstáculo insuperable, no se pudiera contar, en el lugar del procedimiento, con un perito habilitado, se designará a una persona de idoneidad manifiesta.

	No es perito, sino testigo, quien declare sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente, sin haber sido provocado por la actividad judicial, aunque utilice para informar la aptitud especial que posee en una ciencia, arte o técnica. En este caso rigen las reglas del capítulo anterior.

	Articulo.- 214. Incapacidad. No será designado perito:

1) Quien, por insuficiencia o alteración de sus facultades mentales, no comprenda el significado de su misión;
2) quien deba o pueda abstenerse de declarar como testigo (artículos 206 y 207);
3) quien haya sido testigo del hecho objeto del procedimiento; y
4) los inhabilitados, hasta después del agotamiento de la medida y salvo el caso previsto en la segunda oración, del párrafo I, del artículo anterior.

	Articulo.- 215. Orden de peritación. El tribunal competente o el funcionario del ministerio público encargado del procedimiento preparatorio seleccionará el perito y determinará el número de aquellos que deban intervenir, según la importancia del caso y la complejidad de las cuestiones a plantear, atendiendo a las sugerencias de los intervinientes.

	De la misma manera, fijará con precisión los temas de la peritación, de oficio o a petición del interesado, según corresponda.

	Luego deberá acordar con los peritos designados el plazo dentro del cual se presentará el dictamen.

	Articulo.- 216. Facultades de los intervinientes. Antes de comenzar las operaciones de los peritos, el tribunal o el funcionario del ministerio público notificará la orden de practicar una peritación a todos los intervinientes, según lo dispuesto en los artículos 139 y 140, cuando la peritación, por alguna razón, no pudiere repetirse o ser controlada posteriormente.

	Dentro del plazo que el tribunal o el funcionario fijen, cualquiera de los intervinientes puede proponer otro perito, en reemplazo del ya designado o para que dictamine conjuntamente con él, cuando según las circunstancias particulares del caso resultare conveniente su participación por su experiencia o idoneidad especial. La petición será fundada y sobre ella decidirá, de la misma manera, el funcionario que ordenó la peritación, de conformidad con las reglas anteriores.

	Los peritos podrán ser recusados por los mismos motivos establecidos para los jueces, o solicitado su apartamiento por incapacidad (artículo 214) o por inidoneidad (artículo 213, párrafo I). Previa averiguación sumaria sobre el motivo invocado, el funcionario que ordenó la peritación resolverá lo que corresponda; podrá suspender las operaciones de la peritación y, si admite la recusación, ordenar el reemplazo del perito. Si interviene un único perito y fuere imposible suspender las operaciones, se nombrará de oficio un perito acompañante. La decisión sobre el apartamiento de un perito, si bien no admite impugnación, no cierra la discusión acerca de la invalorabilidad del dictamen en una decisión judicial, según las razones invocadas, ni impide el recurso del condenado contra la sentencia condenatoria, con motivo de la valoración de la peritación, decisiva para fundarla.

	Cualquiera de los intervinientes, fundadamente, puede proponer temas para la peritación y objetar los ya admitidos o los propuestos por otros de los intervinientes; en ese caso, el funcionario que ordenó la peritación resolverá conforme a lo previsto anteriormente.

	Respecto de los consultores técnicos rige el artículo 223.

	Articulo.- 217. Citación y aceptación del cargo. Los peritos serán citados de la misma manera que los testigos (artículos 209 y 210); pesará también sobre ellos el deber de comparecer y de desempeñar el cargo para el cual fueron designados. Si no fueren idóneos, estuvieren abarcados por alguna de las incapacidades previstas anteriormente o por un motivo que habilite su recusación, o tuvieren un impedimento grave, lo manifestarán al comparecer y acompañarán todos los elementos de prueba necesarios para justificar su situación.

	Sobre el apartamiento de un perito decidirá el funcionario que ordenó la peritación, de la manera prevista anteriormente.

	Articulo.- 218. Ejecución. Dirigirá la peritación y resolverá todas las cuestiones que se planteen durante sus operaciones quien la ordenó o el presidente del tribunal respectivo.

	Cuando sean varios los peritos, ellos practicarán unidos el examen, siempre que sea posible; los intervinientes en el procedimiento y sus consultores técnicos podrán asistir a esas operaciones y pedir las aclaraciones pertinentes, pero deben retirarse cuando los peritos comiencen la deliberación.

	Si algún perito no concurre a realizar las operaciones de la peritación, se comporta negligentemente, no cumple con el plazo concedido o, por cualquier otra causa grave, desempeña mal su función, quien dirige el peritaje ordenará la sustitución de oficio o con participación de  quien lo propuso, según el caso; también podrá corregir al perito de la manera establecida para el testigo (artículo 210).

	Articulo.- 219. Dictamen. El dictamen será fundado y contendrá una relación detallada de las operaciones practicadas y de sus resultados, de las observaciones de los intervinientes o de sus consultores técnicos, y las conclusiones que sean formuladas respecto de cada tema de la peritación, de manera clara y precisa. Cuando sean varios, los peritos podrán dictaminar por separado, si existiere diversidad de opiniones entre ellos.

	El dictamen se expondrá oralmente o se presentará por escrito, firmado y fechado, según lo disponga quien lo ordenó. Al finalizar el dictamen, lo ratificarán con la fórmula prevista en el artículo 212.

	El tribunal o el funcionario que ordenó la peritación podrá ordenar su ampliación o renovación, por los mismos peritos o por otros distintos, cuando estimare insuficiente el dictamen, incluso a pedido de parte.

	Articulo.- 220. Auxilio judicial. Quien dirige las operaciones de los peritos podrá ordenar, incluso a pedido del perito o de los intervinientes en el procedimiento, la presentación y el secuestro de cosas y documentos, o la comparecencia de personas, si resultare necesario para llevar a cabo esas operaciones; también podrá requerir al imputado y a otras personas que confeccionen un cuerpo de escritura, graben su voz o lleven a cabo operaciones semejantes.

	Rigen, análogamente los artículos 67 y 123. Cuando la operación sólo pudiere ser ejecutada voluntariamente por la persona requerida y ella rehusare colaborar, se dejará constancia de ello y, de oficio, se llevará a cabo las medidas necesarias tendientes a suplir esa falta de colaboración.

	Articulo.- 221. Traductores e intérpretes. Si fuere necesaria una traducción o una interpretación, el tribunal o el funcionario del ministerio público, durante la investigación preliminar, seleccionará y determinará el número de quienes han de llevar a cabo esas operaciones, con observancia de las reglas de este Capítulo, aplicadas analógicamente. Los demás intervinientes estarán facultados para concurrir al acto en compañía de un consultor técnico que los asesore y para formular las objeciones que merezca la traducción o interpretación oficial.

	Cuando se trate de una traducción o interpretación del contenido de una audiencia para su intelección por el imputado y los demás intervinientes, cada una de las partes tiene derecho a designar para ella su traductor o su intérprete, bajo análogas condiciones de idoneidad que las requeridas para el perito. Si el imputado, en caso necesario, no designare para ello al traductor o al intérprete, se procederá conforme a las reglas del Libro II, Título I, Capítulo III, aplicadas analógicamente.

Capítulo IV
Auxiliares de los intervinientes

	Articulo.- 222. Designación y función. El imputado, su defensor o los acusadores pueden valerse de asistente no letrados, para que colaboren en su tarea; en ese caso, darán a conocer su nombre y apellido, y expresarán que asumen la responsabilidad por su elección y vigilancia.

	Los asistentes no letrados sólo cumplirán tareas accesorias de colaboración y no podrán sustituir a las personas a quienes asisten en los actos propios de su función. Se permitirá que ellos acompañen a quien asisten en las audiencias, sin intervenir en ellas.

	Articulo.- 223. Consultores técnicos. Si, por las particularidades del caso, el imputado, su defensor o los acusadores consideran necesario ser asistidos por un consultor en una ciencia, arte o técnica, la propondrán al acusador público o al tribunal, según el caso, quien decidirá sobre su designación conforme a las reglas aplicables al perito, en lo pertinente, salvo la inhabilidad prevista en el artículo 214, inciso 2, que no regirá respecto de quien lo propone.

	El consultor técnico podrá presenciar las operaciones de la peritación pertinente y hacer observaciones durante su transcurso, pero no emitirá dictamen; los peritos harán constar las observaciones. En las audiencias, el consultor podrá acompañar a quien asiste, interrogar directamente a los peritos, traductores o intérpretes de la ciencia, arte o técnica respectiva, y aún concluir sobre la peritación, durante los informes finales, cuando sea el turno de su asistido y siempre bajo la dirección de quien lo propuso.

Libro III
Ejecución penal, costas y disposiciones finales y transitorias

TÍTULO I
Ejecución penal

	Articulo.- 224. Competencia. El ministerio público es el órgano competente para la ejecución de las penas y las medidas de seguridad y corrección. A tal efecto, el día en el que la condena o la imposición de una medida de seguridad y corrección devengan firmes, el presidente del tribunal que dictó la sentencia hará las comunicaciones e inscripciones correspondientes y remitirá al ministerio público testimonio auténtico de la sentencia, con la atestación de que se halla firme. Las diligencias posteriores de ejecución le corresponden al funcionario del ministerio público que se designe, según disposiciones de su ley orgánica.

	Los incidentes que, durante la ejecución, plantee ese funcionario como el imputado o su defensor serán resueltos por el tribunal competente, integrado por un juez permanente de la organización judicial, salvo que la ley disponga otra integración.

	Articulo.- 225. Defensa. El condenado podrá ejercer, durante la ejecución de la pena impuesta, todos los derechos y facultades que las leyes penales, las penitenciarias y los reglamentos le conceden y plantear ante el funcionario del ministerio público todas las observaciones que, con fundamento en esas reglas, estime convenientes; ante el tribunal, todos aquellos incidentes para los cuales esté expresamente legitimado.

	Tendrá derecho a la defensa técnica y continuará el defensor nombrado con anterioridad. Sin embargo, el defensor de confianza elegido por él en el proceso de conocimiento podrá renunciar al cargo y no regirán en ese caso las consecuencias previstas para el abandono, desde el momento de su reemplazo. En este caso, el funcionario del ministerio público instruirá al condenado sobre su derecho a elegir otro defensor de confianza y, si no lo hiciere, procederá a designar un defensor de oficio, según las reglas pertinentes.

	No recae sobre el defensor el deber de vigilar la ejecución de la pena; tan sólo deberá asesorar al condenado cuando él lo requiera e intervenir en los incidentes que él mismo, su pupilo o el ministerio público planteen ante el tribunal.

Capítulo I
Penas

	Articulo.- 226. Pena privativa de libertad. Cuando el condenado deba cumplir pena privativa de libertad o una medida de seguridad y corrección privativa de libertad, el funcionario del ministerio público remitirá el testimonio de la sentencia al establecimiento en el cual el condenado cumple su prisión, para que se proceda según corresponda. Si el reo estuviere en libertad, requerirá la orden de su detención al tribunal competente y, una vez aprehendido, procederá conforme a esta regla.

	El mismo funcionario ordenará también las medidas necesarias para ejecutar los efectos accesorios de la sentencia: inhabilitación civil, decomiso, destrucción y devolución de cosas o documentos, que no hubiere ejecutado de oficio el tribunal del debate.

	Articulo.- 227. Cómputo. El funcionario del ministerio público revisará el cómputo practicado en la sentencia y, si no concuerda con él o aquél fuera deficiente, pedirá al tribunal su corrección, cuando el condenado o su defensor o observen. El cómputo debe contener la fecha en la que finaliza la pena privativa de libertad divisible y, en su caso, la fecha a partir de la cual el condenado podrá requerir su libertad condicional.

	Previo a instar la competencia del tribunal, el funcionario notificará al condenado y a su defensor el nuevo cómputo, quienes podrán observarlo en el plazo de cinco días. El nuevo cómputo quedará aprobado al vencer el plazo sin haber sido observado, al decidir el tribunal sobre las observaciones planteadas sin que la decisión fuere recurrida o al decidir el Tribunal Superior el recurso establecido.

	La decisión del tribunal es recurrible para el condenado, su defensor y para el ministerio público por queja directa ante el Tribunal Superior, que se planteará por escrito fundado, en el plazo de cinco días. La queja sólo puede ser fundada en la inobservancia de las reglas jurídicas que rigen el cómputo. El condenado tiene derecho a que se le conceda una audiencia oral, junto a su defensor, antes de emitir la decisión.

	El cómputo es siempre reformable cuando se compruebe un error o nuevas circunstancias lo tornen necesario y el condenado puede instar su reforma ante el tribunal, con invocación del error o de las nuevas circunstancias.

	Articulo.- 228. Libertad anticipada. La dirección del establecimiento en el cual el condenado cumple la pena privativa de libertad remitirá al ministerio público los informes previstos por la ley penal, un mes antes del plazo fijado al practicar el cómputo.

	El incidente de libertad condicional podrá ser promovido por el condenado, por su defensor o por un funcionario del ministerio público ante el tribunal, integrado, en el caso, por tres jueces permanentes de la organización judicial. Cuando lo promueva el condenado ante la dirección del establecimiento, ella remitirá inmediatamente la solicitud al tribunal y fijará la fecha en la que elevará el informe, si no ha sido antes enviado al ministerio público.

	El tribunal podrá rechazar sin trámite la solicitud, cuando fuere manifiestamente improcedente o cuando estime que no transcurrió el tiempo suficiente para que hayan variado las condiciones que motivaron un rechazo anterior, por resolución fundada.

	Si es admitida la instancia, el tribunal citará a audiencia oral y pública al condenado, a su defensor y al ministerio público, e incorporará en ella los informes, testimonios o peritaciones pertinentes que las partes juzguen necesario escuchar para decidir.

	Si la libertad fuera concedida, la misma resolución fijará las condiciones e instrucciones, según lo establecido por la ley penal. El liberado, en el acto de su notificación en la audiencia deberá prometer que las cumplirá y denunciará el modo según el cual intentará cumplirlas, fijará domicilio y recibirá una copia de la resolución, todo lo cual constará en un acta. El tribunal designará el oficio encargado de vigilar el cumplimiento de estas condiciones, que serán reformables a petición del ministerio público, del condenado y de su defensor. Quien vigile el cumplimiento de estas condiciones deberá informar al tribunal oportunamente, en plazos que el mismo tribunal determinará.

	Contra la decisión del Tribunal podrá recurrir el ministerio público, el condenado y su defensor de la manera habilitada para el cómputo en el artículo anterior, sólo con fundamento en la inobservancia o errónea aplicación de la ley penal.

	Articulo.- 229. Revocación de la libertad condicional. Siempre que no proceda por unificación de sentencia o de penas (artículo 55, párrafo IV), el incidente de revocación será promovido por el ministerio público y examinado por el mismo tribunal, integrado de la manera prevista por el artículo anterior, y en la misma forma.

	Si el condenado no pudiere ser hallado, el tribunal ordenará su detención. El incidente se llevará a cabo cuando fuere habido y el tribunal podrá disponer que se lo mantenga preventivamente detenido hasta que se resuelva la incidencia.

	El tribunal se pronunciará por resolución fundada y, en su caso, practicará un nuevo cómputo. La resolución es recurrible por las personas y de la manera prevista en el artículo anterior.

	Articulo.- 230. Condenación condicional. El ministerio público, con el auxilio de los organismos estatales o privados pospenitenciarios, controlará el cumplimiento de las condiciones dispuestas por el tribunal sentenciante para el cumplimiento de la condena condicional.

	Si el condenado no cumpliere esas condiciones satisfactoriamente durante el plazo de prueba, o si persistiere o reiterare en el incumplimiento, el funcionario ejecutor del ministerio público solicitará al tribunal que disponga que el plazo de cumplimiento no se compute en todo o en parte del tiempo transcurrido o que revoque la condicionalidad de la condena.

	El procedimiento y el recurso son regidos por la regla de la libertad anticipada, pero el tribunal se integrará por un solo juez, según lo dispuesto de manera general (Artículo 224), cuando se trate de prolongar el plazo de prueba, o por tres jueces (artículo 228, párrafo II), cuando se trate de la revocación de la condicionalidad.

	Articulo.- 231. Otros incidentes. El ministerio público, el condenado y su defensor podrán plantear los incidentes que alteren sustancialmente la ejecución de la pena, la manera en que ella es cumplida o que determinen su extinción. Esos incidentes serán resueltos por el tribunal, previa vista a los demás intervinientes por el plazo que fije. Si fuera necesario incorporar prueba, el juez ordenará una investigación sumaria y, previo oír a los intervinientes, decidirá por resolución fundada. La resolución es recurrible ante el Tribunal Superior para todos los intervinientes en la forma prevista por el artículo 228, párrafo VI, sólo por motivo de la inobservancia o errónea aplicación de la ley.

	El incidente relativo a la rehabilitación y todos aquéllos en los cuales, por su importancia, el juez lo estime necesario, serán resueltos en audiencia oral y pública, de la manera prevista para la libertad anticipada.

	Articulo.- 232. Control general sobre la pena privativa de libertad. El ministerio público controlará el cumplimiento adecuado del régimen penitenciario; entre otras medidas, dispondrá las inspecciones de establecimientos penitenciarios que fueren necesarias y podrá hacer comparecer ante sí a los penados o a los funcionarios del sistema penitenciario con fines de vigilancia y control. A tal fin, podrá comisionar a uno de sus funcionarios o delegar la función en inspectores designados para el caso. Este control se extiende a las medidas de coerción ordenadas durante el proceso de conocimiento.

	Antes del egreso, el funcionario que corresponda del ministerio público deberá escuchar al penado sobre los problemas que enfrentará inmediatamente después de recuperar su libertad y procurará atender aquellos cuya solución esté a su alcance.

	Articulo.- 233. Multa. El condenado a pena de multa podrá solicitar al tribunal un plazo mayor para pagarla, pagar la multa por cuotas y, en ese caso, podrá proponer el número de cuotas, el importe de cada una de ellas y la fecha de los pagos parciales, o amortizar la pena mediante el trabajo voluntario en instituciones de bien público. En ese caso, el tribunal decidirá previo oír al ministerio público.

	Si el condenado no paga la multa dentro del plazo que fija la sentencia, será citado por el funcionario ejecutor para que indique si pretende sustituir la multa por trabajo voluntario en instituciones de bien público, solicitar un nuevo plazo para pagarla o su pago en cuotas, u ofrecer bienes a embargo que satisfagan la multa. El funcionario ejecutor encaminará la petición del condenado al tribunal que decide, acompañada de un dictamen propio en el que se pronuncie sobre la solicitud. En este caso como en el anterior, tanto el funcionario ejecutor como el juez podrán llevar a cabo, antes de dictaminar o de decidir, una investigación sumaria, si fuera necesario.

	En la resolución el juez fijará el tiempo, las condiciones y el lugar en donde el penado cumplirá el trabajo voluntario, o el plazo mayor concedido para pagar la multa o el número de cuotas que concede y su importe, resolución que no admite recurso alguno. El control de su ejecución corresponde al ministerio público.

	Si el condenado no paga la multa o alguna de sus cuotas, o no cumple con el trabajo voluntario que le hubiere sido fijado u ofreciere bienes a embargo para pagar la multa, el funcionario ejecutor requerirá al juez el embargo de bienes y la venta pública de los bienes embargados, conforme a las disposiciones que rigen para la ejecución de sentencia en el procedimiento civil, o en su caso, ejecutará la caución que subsistiere.

	Si fuere necesario transformar la multa en prisión, el funcionario ejecutor solicitará al juez la citación a audiencia del condenado y de su defensor. El juez designará la audiencia, oirá en ella a quienes concurrieren y decidirá por resolución fundada. Transformada la multa en prisión, el juez ordenará la detención del condenado. Rigen, análogamente, las reglas relativas al cómputo que se practicará en el momento de ser detenido el condenado. La resolución que trasforma la multa en prisión es recurrible para el condenado ante el Tribunal Superior, recurso que sólo podrá ser motivado en la inobservancia o errónea aplicación de la ley penal.

	Articulo.- 234. Inhabilitación. Después de practicado el cómputo definitivo de la manera prevista en el artículo 227, el funcionario ejecutor del ministerio público dispondrá las comunicaciones e inscripciones que correspondan, con copia de la sentencia que imponga la pena de inhabilitación y del cómputo. El cómputo determinará la fecha a partir de la cual el condenado puede ser rehabilitado

	Si la pena fuera de inhabilitación absoluta, deberá ser comunicada indicando la fecha de finalización de la condena o su carácter de perpetua, a la repartición pública en la cual se desempeña el agente, a la autoridad electoral y a las demás autoridades nacionales o locales con poder de nombramiento en un cargo público y, en su caso, a la institución previsional, que corresponda. En el caso previsto por el artículo 19, inciso 4, última oración, del Código Penal, el ministerio público podrá solicitar al juez la resolución respectiva, una vez fijado el importe de la indemnización por cualquiera de los procedimientos judiciales posibles.

	Si la pena fuera de inhabilitación especial, deberá ser comunicada a la autoridad de control correspondiente, con indicación de la fecha de inhabilitación de la condena o su carácter de perpetua.

	El inhabilitado podrá solicitar su rehabilitación por escrito en el que ofrezca la prueba que funde su pretensión. Si la petición es recibida por el ministerio público, el funcionario ejecutor la trasmitirá con su dictamen al juez que deba recibirlos. Se procederá conforme al artículo 231, párrafo II. Decidida la rehabilitación, el ministerio público ejecutará la decisión y practicará las comunicaciones que correspondan.

	Articulo.- 235. Indulto, conmutación y perdón. La autoridad competente para indultar y conmutar penas comunicará al ministerio público el indulto o la conmutación, con copia auténtica de la decisión. Recibida la comunicación, el funcionario ejecutor la trasmitirá inmediatamente, con su dictamen, o practicará un nuevo cómputo de la manera prevista en el artículo 227. Decidirá el tribunal y, en su caso, ordenará inmediatamente la libertad del condenado.

	Cuando la ley penal otorgue efecto extintivo de la pena al perdón del ofendido, el tribunal declarará extinguida la pena y ordenará enseguida la libertad del condenado que la estuviere cumpliendo.

	Articulo.- 236. Ley más benigna. Cuando el ministerio público advierta que debe quedar sin efecto o ser modificada la pena impuesta, o las condiciones de su cumplimiento, por haber entrado en vigencia una ley penal más benigna, promoverá la revisión del procedimiento (artículo 146, párrafo I, inciso 5).

Capítulo II
Medidas de seguridad y corrección

	Articulo.- 237. Remisión y reglas especiales. Rigen, análogamente, las reglas establecidas en el Capítulo anterior, aplicables a las penas privativas de libertad, y las siguientes:

1) En el caso previsto en el artículo 66 intervendrá el curador, conforme al artículo 58, párrafo II, inciso 1, quien tendrá la obligación de vigilar la ejecución de la medida de seguridad y corrección;
2) cuando se trate de una medida privativa de libertad, el ministerio público determinará el establecimiento adecuado para la ejecución de la medida y podrá modificar su decisión a petición de quien la sufre, de su curador o de la dirección del establecimiento; podrá asesorarse con peritos al efecto. Está permitida la internación en un establecimiento privado, a costa de quien sufre la medida o de la Provincia, si no administrare uno adecuado;
3) el funcionario ejecutor fijará un plazo, no mayor de seis meses, a cuyo término examinará, periódicamente, la situación de quien sufre una medida privativa de libertad indeterminada temporalmente o de duración prolongada, que puede cesar no bien se compruebe la desaparición de las condiciones que la determinaron. El examen se llevará a cabo en audiencia a puertas cerradas con quien sufre la medida y su curador, en su caso, previo informe de peritos o del establecimiento, si fuere necesario. El funcionario podrá modificar el tratamiento o variar el establecimiento en el cual se ejecuta;
4) no bien el ministerio público tenga conocimiento, por informe fundado, de que desaparecieron las causas que motivaron la internación, promoverá el incidente respectivo, que se desarrollará conforme al artículo 231, párrafo II, con la intervención del curador, en su caso, pero la audiencia se desarrollará a puertas cerradas;
5) quien sufre una medida privativa de libertad o su curador podrán, por la vía del artículo 231 requerir del tribunal la cesación de la medida, la modificación del tratamiento, o la variación del establecimiento en el cual se cumple por escrito fundado, cuando no estén de acuerdo con las decisiones del funcionario ejecutor.

TÍTULO II
Costas del procedimiento

	Articulo.- 238. Imposición; oportunidad. Toda decisión que ponga fin a la persecución penal o la clausure, o que resuelva algún incidente, aún durante la ejecución penal, determinará quien debe soportar las costas del procedimiento.

	Articulo.- 239. Contenido. Las costas del procedimiento consisten en:

1) La tasa de justicia o cualquier otro tributo que corresponda por la actuación judicial;
2) los gastos originados durante la tramitación del procedimiento que comprenderán, también, los gastos ocasionados para la comparecencia de testigos, peritos e intérpretes, o de cualquier otra persona que deba comparecer en el procedimiento y los gastos ocasionados por el traslado de cosas; y
3) los honorarios de los abogados, de los peritos, consultores técnicos, traductores e intérpretes.

	El procedimiento abarca también la preparación de la acción pública y la ejecución de penas, medidas de seguridad y corrección y consecuencias accesorias. A tal fin, el ministerio público y el acusador privado remitirán al tribunal una planilla que determine los gastos en que han incurrido, con el soporte documental del caso.

	Articulo.- 240. Condena. Las costas serán impuestas al imputado cuando sea condenado, aunque se lo exima de pena, o cuando se le imponga una medida de seguridad y corrección, aunque no sea condenado.

	Cuando en una sentencia se pronuncien absoluciones y condenas, el tribunal establecerá el porcentaje que asume el imputado y el que corresponde a los demás responsables.

	Los coimputados que sean condenados o a quienes se les imponga una medida de seguridad y corrección en relación a un mismo hecho, responden solidariamente por las costas, en la proporción fijada; el precepto no rige para la ejecución penal y las medidas de coerción.

	Articulo.- 241. Absolución. Si el imputado es absuelto o no se le impone una medida de seguridad y corrección, las costas serán soportadas por el Estado, con las siguientes excepciones:

1) Cuando el acusador privado hubiere acusado o intervenido en el procedimiento junto al acusador público, aunque hubiere desistido posteriormente, o hubiere determinado la acusación pública según el procedimiento previsto en el artículo 187, párrafo II, soportará las costas, sólo o juntamente con el Estado, según el porcentaje que determine el tribunal;
2) cuando el imputado hubiere provocado su propia persecución, denunciándose falsamente a sí mismo, o hubiere confesado falsamente el hecho, el tribunal determinará el porcentaje que le corresponde soportar.

	Cuando no fuere posible que abone las costas el acusador privado por su porcentaje, ellas podrán ser cobradas al Estado y, en la ejecución, el Estado gozará del beneficio de excusión.

	Articulo.- 242. Sobreseimiento y extinción de la acción penal. Rige, análogamente, el artículo anterior, salvo cuando la decisión se funde en la extinción de la acción penal por causa sobreviniente a la persecución ya iniciada, caso en el cual, el tribunal fijará los porcentajes que correspondan a cada uno de los intervinientes y al Estado, valorando los gastos que cada uno de ellos hubiere provocado, la conducta procesal y, especialmente, el resultado que, de llegar a su finalización, hubiere arrojado el procedimiento, si fuere posible.

	Articulo.- 243. Clausura provisional y archivo. Cuando la persecución penal no pueda proseguir y, por ello, se ordene su clausura y archivo, cada interviniente y el Estado soportarán sus propias costas.

	El tribunal podrá decidir que las costas del imputado sean soportadas por el Estado y los demás intervinientes, en la proporción que fijará, cuando por las circunstancias del caso sea irrazonable que él las soporte.

	Articulo.- 244. Denuncia falsa o temeraria. Cuando el denunciante hubiere provocado el procedimiento por medio de una denuncia falsa o temeraria, el tribunal podrá imponerle total o parcialmente las costas.

	En este caso, diferirá la decisión, advertirá previamente al denunciante sobre esta posibilidad y le otorgará oportunidad de audiencia.

	Articulo.- 245. Incidentes. Las costas serán impuestas al incidentista cuando la decisión le fuere desfavorable; si triunfa, soportarán las costas quienes se hayan opuesto a su pretensión, en la proporción que fije el tribunal. Si nadie se hubiere opuesto, cada interviniente soportará las costas que produjo su propia intervención.

	El Estado soportará las costas que deban ser impuestas al ministerio público conforme a esta disposición.

	Articulo.- 246. Recursos. Las costas de un recurso interpuesto sin éxito o desistido recaerán sobre quien lo hubiere interpuesto. Si el recurso tiene éxito, soportarán las costas quienes se hubieren opuesto a él, en la proporción que fije el tribunal. Si nadie se hubiere opuesto, cada interviniente soportará las costas de su propia intervención.

	Rige el párrafo II del artículo anterior.

	Articulo.- 247. Procedimiento abreviado. Cuando la condena se obtenga mediante el procedimiento abreviado, cada interviniente soportará sus propias costas. El tribunal podrá decidir que el imputado asuma las costas del acusador privado, cuando, por las circunstancias del caso, sea irrazonable que éste las soporte.

	Articulo.- 248. Acción privada. En el procedimiento por delito de acción privada las costas serán soportadas por el acusador privado, en caso de absolución, sobreseimiento, desestimación o clausura y archivo, y por el imputado, en caso de condena.

	Cuando se produzca la retractación del imputado, o cuando él dé explicaciones satisfactorias, soportará las costas. En estos casos y en el de renuncia a la acción penal, el tribunal decidirá sobre las costas según el acuerdo a que hayan arribado las partes.

	Articulo.- 249 Procedimiento monitorio. Las costas del procedimiento monitorio serán distribuidas por el tribunal  teniendo como base la reparación decidida y la mayor o menor distancia de las pretensiones de las partes respecto de esa reparación.

	Articulo.- 250. Resolución. El tribunal decidirá sobre la imposición de costas, motivadamente.

	Cuando corresponda distribuir las costas entre varios, fijará con precisión el porcentaje que debe soportar cada uno de los responsables, sin perjuicio de la solidaridad.

	Para fijar los porcentajes atenderá especialmente a:

1) Los gastos que cada uno de ellos hubiere provocado;
2) la conducta procesal;
3) el resultado del procedimiento en proporción al interés que cada uno hubiere puesto de manifiesto en él y las razones que haya tenido para litigar.

	Las mismas reglas rigen para los casos de excepción que la ley prevé.

	Articulo.- 251. Funcionarios y abogados. Los funcionarios del ministerio público, los abogados y los mandatarios que intervengan en el procedimiento no podrán ser condenados en costas, salvo el caso de notorio desconocimiento del derecho o de grave negligencia en el desempeño de sus funciones, caso en el cual se les podrá imponer total o parcialmente las costas.

	Articulo.- 252. Recursos. La decisión sobre las costas sólo será recurrible, cuando fuere posible recurrir la resolución principal que la contiene y por la vía prevista para ella.

	Articulo.- 253. Liquidación y ejecución. Se comenzará regulando los honorarios de los abogados, peritos, traductores e intérpretes, durante todo el transcurso del procedimiento, incluido el recurso, si hubiere sido interpuesto. A cargo de esta tarea estará uno de los miembros del Consejo del tribunal y contra su resolución será posible quejarse, en el plazo de tres días, ante el Consejo. El Consejo escuchará en audiencia al recurrente y a todos los demás interesados que concurrieren, citados al efecto, y resolverá sin más trámite.

	Firmes los honorarios, el juez encargará a uno de los secretarios la confección de la planilla de liquidación correspondiente, la que discriminará todos los gastos incluidos y los honorarios devengados, y determinará la suma que debe pagar cada condenado en costas, según la resolución respectiva. El secretario citará a todos los intervinientes a que formulen observaciones en el plazo de tres días. Después de ello, el juez aprobará o modificará la planilla e intimará su pago, fijando el plazo.

	La resolución del juez tendrá fuerza ejecutiva y, si fuera necesaria la ejecución, ella se llevará a cabo ante los tribunales civiles competentes, para lo cual se expedirá copia certificada gratuita de la condena y de la planilla a aquél que lo pidiere.

	Cuando, según la ley arancelaria respectiva, no fuere posible regular honorarios, el juez diferirá esa decisión para la oportunidad correspondiente, ordenando practicar la liquidación parcial.

	Articulo.- 254. Anticipo de gastos. Cuando sea necesario efectuar un gasto, el tribunal lo estimará, y quien ofreció la medida lo anticipará, depositando la suma de dinero necesaria para llevar a cabo la diligencia.

	El Estado anticipará los gastos del imputado y los de aquellos intervinientes que gozaren del beneficio de litigar sin gastos.

	Quien pretenda litigar sin gastos deberá requerirlo ante los tribunales competentes para el procedimiento civil y por la vía prevista en la ley de procedimientos civiles.

TÍTULO III
Disposiciones finales y transitorias

	Articulo.- 255. Plazos. Los plazos establecidos por días serán computados sólo en días hábiles, salvo que la ley indique otra cosa.

	Los plazos establecidos por horas, por meses y por años serán computados en la forma prevista por el Código Civil. Cuando los plazos por horas finalizaren en un día inhábil, se considerará habilitado automáticamente ese día para la consecuencia correspondiente. En cambio, cuando están establecidos por meses o por años y finalizaren en día inhábil, vencerán en el día hábil siguiente.

	Articulo.- 256. Vigencia. Este Código comenzará a regir...

	Articulo.- 257. Disposición transitoria.

	Articulo.- 258. De forma y norma derogatoria. Quedan derogadas las leyes...

	El Poder Ejecutivo dispondrá la edición oficial del Código juntamente con la exposición de motivos que lo acompaña.-