Proyecto de Ley

La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, etc.
Sanciona con Fuerza de Ley:

Artículo 1°.- Declárense como prestaciones esenciales a cargo del Estado Provincial, no sujeta a ajuste  dispuesto por Decreto Provincial o Ley de emergencia alguna, las referidas a Salud, Educación y Seguridad.- 

Artículo 2°.- Los agentes Públicos que tienen a su cargo, la actividad destinada a cubrir las contingencias referidas a Salud, Educación y Seguridad, no serán sujetos a ajuste salarial, ni horario de ningún tipo, a partir de la vigencia de la presente Ley. El Poder Ejecutivo Provincial, a través de las áreas pertinentes, reestablecerá los horarios, jornadas y salarios de los agentes públicos que tienen a su cargo la prestaciones a que hace referencia este artículo.-

Artículo 3°.- El Poder Ejecutivo Provincial,  realizará las estimaciones pertinentes, respecto los gastos y asignaciones que por salario e insumos, corresponda y que se generen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, debiendo 
presentarse por ante esta Legislatura para su aprobación, en el plazo perentorio de 30 días desde la entrada en vigencia.-

Artículo 4°.- Deróguese toda norma que se oponga a la presente.-

Artículo 5°.-   De forma.-

FUNDAMENTOS

Señor Presidente: 

	La sociedad de Tierra del Fuego no desconoce que la realidad económica de la Nación obliga al Estado fueguino a buscar mayor eficiencia, austeridad y correcto manejo de los cada vez menores recursos. Pero las medidas correctivas para garantizar el equilibrio fiscal deben ejecutarse con el único fin de lograr el ahorro necesario para no lamentar después un endeudamiento mayor que implique a su vez mayor sacrificio del pueblo fueguino.

	Hasta ahora el ajuste ha traído aparejado la reducción parcial de prestaciones a cargo del Estado o la desaparición total de la misma.

	Atento a lo expuesto, resulta de alta necesidad, definir por ley , aquellas prestaciones de carácter esencial, fuera de todo ajuste en lo que a verificación de prestación se refiere, dejando libre de adecuación, los pactos, reestructuración, compra a menor precio o cantidad, de los insumos que la mismas requieran.

	En ese sentido, nuestra Constitución Provincial establece: como derechos de los ciudadanos garantizados por el Estado, a la salud, la educación y la seguridad (art. 14 inc. 2° y 5° C.P.), determinando en el resto de dicha carta magna que la salud es un bien social (art. 31 C.P.) y que el Estado debe garantizar las acciones y prestaciones destinadas a cubrir las necesidades de salud, seguridad y educación de nuestra población (arts. 28°, 53°, 57°, 58 y 64° C.P.), quedando en claro que no existe mayor y mejor argumento para destacar estos derechos como esenciales, ya que son esenciales las actividades y prestaciones a cargo del Estado, destinadas a cubrirlas.

	Cada uno de estos derechos fundamentales reconocidos tienen su fundamento a su vez, en el marco que los mismos erigen para los ciudadanos que habitan el suelo provincial. A través de ellos los ciudadanos ven contenida su vida y las de sus hijos, pudiendo a través de la salud dirigir su persona con dignidad y a través de la seguridad dirigir sus vidas y sus bienes con tranquilidad.

	En ese marco de ideas cabe  referir, que las actividades desplegadas por el Estado en lo que a salud y seguridad se refiere, se encuentran determinadas a cubrir contingencias para nada programables, que no se dan en una hora o momento determinado, si no que se pueden verificar en cualquier momento u hora del día, sin solución de continuidad, pudiendo concluir que reducir su prestación implicaría de una u otra forma, suprimir, en momentos en que se pueden producir dichas contingencias, la actividad estatal cuyo fin es paliarlas, con la consiguiente falta de prestación y la desaparición momentánea de la garantía que opera como mandato constitucional, pudiendo afirmarse categóricamente, que prestarlas en un mínimo o prestarlas a veces, es equivalente a no prestarlas, dejando a nuestros comprovincianos librados a azar y la buena suerte.

	En el caso de la educación, resulta dable destacar que, la disposición de los planes de estudio tienen como fin la completa y acabada formación de los educando, existiendo en su elaboración, la diagramación de aquellos objetivos mediatos e inmediatos que quienes tienes el dictado de clase deben alcanzar en un momento dado, siendo el resultado de su suma, la formación objeto fundamental del plan. El plan no se concibe pues, si no como un proceso y este solo se admite en el tiempo predeterminado en el plan. Acotar la prestación del docente y a cargo del estado, es en definitiva imposibilitar la viabilidad del proceso educativo que debe verse como un todo y no como un conjunto de pautas aisladas que permitan su división o supresión parcial, ya que esto implicaría como riesgo cierto, el incumplimiento de la formación a la que se tiende y por ende la desaparición de la garantía también a cargo del Estado.

                         Por último, cabe referir que es pertinente el proyecto de ley que se sanciona, toda vez que la regulación normativa de los tres ítem relacionados, salud, educación y seguridad, son facultades privativas de esta legislatura, atento a lo dispuesto por el art. 105 incs. 18, 19 y 21 de nuestra Constitución Provincial.