REPÚBLICA ARGENTINA

Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

PODER LEGISLATIVO

DIARIO DE SESIONES

XXI PERÍODO LEGISLATIVO

AÑO 2004

REUNIÓN N° 2

SESIÓN ESPECIAL, 5 de marzo de 2004

Presidente: Hugo Omar CÓCCARO

Secretario Legislativo: Rafael Jesús CORTÉS

Secretario Administrativo: Raúl Oscar RUIZ

Legisladores presentes:

BERICUA, Jorge	PACHECO, Patricia

FRATE, Roberto Anibal	PORTELA, Miguel Ángel

GUZMÁN, Angélica	RAIMBAULT, Manuel

LANZARES, Nélida	SALADINO, Carlos

LÖFFLER, Damián	SCIUTTO, Rubén Darío

MARTÍNEZ, Norma	VARGAS, María Olinda

MARTÍNEZ, José Carlos	VELÁZQUEZ, Luis Del Valle

En la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil cuatro, se reúnen los señores legisladores provinciales en el recinto de sesiones del Centro Austral de Investigaciones Científicas, siendo las 9 y 22 horas.

- I -

APERTURA DE LA SESIÓN

Pte. (CÓCCARO): Habiendo quórum legal con la presencia de legisladores en esta Sala, se da por iniciada esta sesión especial de la fecha.

- II-

IZAMIENTO DEL PABELLÓN NACIONAL

Pte. (CÓCCARO): Invito al legislador Löffler a izar el Pabellón Patrio y al resto de los legisladores y público presente a ponerse de pie.

- Puestos de pie los señores legisladores y público presente, se procede a izar el Pabellón Nacional. (Aplausos).

- III -

PEDIDOS DE LICENCIA

Pte. (CÓCCARO): Por Secretaría Administrativa se da lectura a los pedidos de licencia.

Sr. RUIZ: No existen pedidos de licencia, señor presidente.

- IV -

CONVOCATORIA

Pte. (CÓCCARO): Esta convocatoria se estableció para dar tratamiento a la modificación de la Ley de Juicio de Residencia.

Corresponde el tiempo de homenaje, si algún legislador quiere hacer uso de la palabra.

Señores legisladores, por Secretaría se dará lectura al proyecto de ley.

- 1 -

Asunto N° 028/04

Sec. (CORTÉS): “Dictamen en Comisión Nº 1, en mayoría. La Comisión Nº 1 de Legislación General, Peticiones, Poderes y Reglamentos, Asuntos Constitucionales, Municipales y Comunales ha considerado el Asunto Nº 283/03. Bloque Frente Cívico y Social. Proyecto de ley de Juicio de Residencia; y, en mayoría, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja su sanción.”.

“La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1º.- Los funcionarios mencionados en el artículo 190 de la Constitución Provincial estarán sujetos a Juicio de Residencia ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia por el término de cuatro (4) meses contados a partir de la finalización de su mandato o cese de sus funciones, período en el cual no podrán ausentarse de la Provincia por un plazo que exceda los veinte (20) días, salvo que mediare autorización expresa del órgano competente.

Artículo 2º.- Las previsiones y prohibiciones del artículo anterior alcanzan a todo funcionario cuyo mandato haya finalizado o cesado en sus funciones, con independencia de su reelección o designación en el mismo o diferente cargo.

Artículo 3º.- Los funcionarios mencionados en el artículo 1º deberán dar pleno cumplimiento a las normas que al efecto dicte el Tribunal de Cuentas, las cuales deberán tener la aprobación de la Comisión creada por esta ley, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se les efectuará un cargo preventivo automático igual al importe de los bienes que estuvieron bajo su responsabilidad y/o por el importe total de la rendición de cuentas no efectuada procediéndose, en esta instancia, al enjuiciamiento dispuesto en el Capítulo XIII de la Ley provincial 50 y sus modificatorias fijándose, a este efecto, en tres (3) años el plazo de prescripción para ejercer la acción de responsabilidad patrimonial.

Artículo 4º.- Sin perjuicio de las restantes obligaciones fijadas en esta ley, quienes estén alcanzados por sus disposiciones deberán constituir domicilio ante el Tribunal de Cuentas en el ejido urbano de la ciudad de Ushuaia, y dentro de los tres (3) días de haber dejado el cargo, el que se considerará subsistente por el término de prescripción a que se refiere el artículo 3º, donde serán válidas todas las notificaciones que se cursen. El incumplimiento de esta obligación implicará que las disposiciones que se dicten quedarán automáticamente notificadas al día siguiente de su dictado.

Artículo 5º.- Créase la Comisión de Seguimiento Legislativo del Juicio de Residencia, la que estará conformada por un (1) legislador de cada bloque parlamentario. Sus integrantes deberán ser propuestos por cada bloque al inicio de cada período parlamentario.

Artículo 6º.- Dicha Comisión tendrá como objeto y función el seguimiento de las actuaciones del Juicio de Residencia, a cuyo efecto estará facultada para solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que se estime útil, a cualquier organismo público nacional, provincial, municipal o comunal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije. Al respecto no se podrá oponer disposición alguna que establezca el secreto de información y/o documentación requerida, salvo que la misma se funde en disposición de jerarquía superior.

Artículo 7º.- Derógase la Ley provincial 264.

Artículo 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.".

Sra. MARTÍNEZ: Pido la palabra.

Señor presidente, en base a que el 10 de febrero del corriente año el señor gobernador emitió el Decreto provincial Nº 580, por el cual se nos convoca, dice: “Convocar a la Legislatura Provincial a sesión extraordinaria para el día 18 de febrero de 2004, a las dieciséis horas con el objeto de tratar el proyecto de modificación de la Ley provincial 264 citados los considerandos del presente.”.

Convoca el señor gobernador a sesión extraordinaria para tratar esta modificación, no para tratar otra cosa, y menos aún, para tratar su derogación.

Usted, señor presidente, también nos convoca por la resolución que corresponde, que dice: “Convocar a sesión extraordinaria a los señores legisladores y secretarios de Cámara para el día 18 de febrero de 2004 a las 16:00 horas, a efectos de dar tratamiento al proyecto de modificación de la Ley provincial 264.”.

El telegrama de convocatoria dice exactamente lo mismo. Y queda claro que fuimos convocados para modificar la Ley provincial 264 vigente en nuestra provincia desde el 13 de diciembre de 1995 hasta la fecha. Si fue éste el motivo -y no otro- de la convocatoria a sesión extraordinaria, pensamos que no podemos derogar la Ley provincial 264, sino precisamente modificarla.

Como hemos conversado -tengo más fundamentos al respecto-, antes de comenzar la sesión con algunos legisladores, voy a solicitar que en el despacho de mayoría, se ponga que en la ley que estamos tratando, conste que es una modificación a la Ley provincial 264, y en los artículos que hemos acordado en Comisión, dirá: “Sustitúyese el artículo 1º de la Ley provincial 264”, y así sucesivamente hasta el artículo 6º.

Mi moción sería la de constituir la Cámara en Comisión para poder realizar este trabajo.

En Comisión

Pte. (CÓCCARO): Se pone a consideración de los señores legisladores la moción de la legisladora Martínez, de constituir la Cámara en Comisión.

Se vota y es afirmativa.

Pte. (CÓCCARO): Aprobado. La Cámara queda constituida en Comisión.

Sr. SCIUTTO: Pido la palabra.

Es para solicitar que se vote la moción de la legisladora Martínez en Comisión.

Pte. (CÓCCARO): Ya está la Cámara constituida en Comisión, y está la propuesta de la modificación de los artículos, realizada por la legisladora Martínez, que se vote en Comisión y después se constituirá la Cámara en Sesión.

Sra. MARTÍNEZ: Pido la palabra.

La moción sería modificar la Ley provincial 264, cuyo artículo 1º diría: “Sustitúyese el artículo 1º de la Ley provincial 264 por el siguiente texto...”, y así sucesivamente en los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º.

Y pedimos que se derogue el artículo 7º de la Ley provincial 264.

Sr. BERICUA: Pido la palabra.

Nosotros no acompañamos la moción de la legisladora Martínez, de constituir la Cámara en Comisión, porque creemos que no habría inconvenientes -que no los hay- con respecto a que cuando demos tratamiento en particular al proyecto de ley que nos convoca, hagamos todas las modificaciones que creamos necesarias.

Entendemos que la Cámara ha resuelto someter este Asunto nuevamente a Comisión.

Pero queremos señalar desde este bloque, que no compartimos el criterio, sobre la limitación que advierte la señora legisladora, respecto de la naturaleza de la convocatoria del Poder Ejecutivo Provincial.

Este bloque entiende que el Poder Ejecutivo ha habilitado el tema en sesión extraordinaria y como no ha elaborado un proyecto propio, lo que hizo fue rescatar un proyecto al respecto que ya estaba en el seno de las Comisiones de esta Cámara.

Como un criterio, pudo haber elaborado un proyecto exactamente igual y haberlo remitido a la Cámara. No hay ninguna disposición que le impida a un legislador tener una iniciativa similar a otra que pueda estar en la Cámara y el Poder Ejecutivo tiene iniciativa parlamentaria y a esto me refiero.

De manera tal que nosotros no comprendemos, no llegamos a advertir el alcance de esta limitación que presuntamente tendríamos por la naturaleza de la convocatoria. Nuestro bloque considera que el Poder Ejecutivo Provincial nos ha convocado para tratar una cuestión que se deriva estrictamente del artículo 190 de la Constitución Provincial. Y en ese marco creemos que no es prudente sentar un precedente en esta Cámara respecto de limitaciones en ese sentido. Para nosotros el tema es Juicio de Residencia, y en ese marco, no necesariamente, tenemos por qué seguir sosteniendo la ley vigente o cualquier otra ley que se opusiera al respecto.

Imagínense, señor presidente, que si producto del cambio, las modificaciones o de la nueva legislación que se pueda sancionar tuviéramos que modificar otras leyes. Esta cuestión que estamos tratando hoy está estrechamente vinculada -y lo hemos hecho en el despacho de la mayoría- con el funcionamiento previsto en la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. En realidad -ni más ni menos- la gran modificación sustancial que hemos concluido la mayoría de los legisladores, está en haber hecho pura y exclusivamente una modificación de la Ley 50. Estamos modificando el artículo 48 de la Ley provincial 50 que excluía expresamente a una categoría de funcionarios, legisladores o aquellos funcionarios que podían estar sometidos a juicio político o los magistrados.

Esta categoría de funcionarios, en el artículo 48 de la Ley provincial 50, estaba excluida. Ahora, con esta ley estamos incluidos. Podríamos haber utilizado -casi- dos caminos. O haber modificado la Ley provincial 50 en el artículo 48 o sancionar ésta, que es una ley que no solamente tiene dispociones concretas, sino -creo- que tiene un sentido ético y moral de la política en cuanto a que lo que estamos diciendo es que los funcionarios que ocupamos cargos públicos estamos siempre sometidos al juicio de la gente.

Imagínense que si de la propia modificación, tal cual es el planteo de la señora legisladora, hubiera que modificar otras leyes, con este criterio estaríamos limitados, porque ella entiende -a su saber y entender- que sólo el Poder Ejecutivo nos permite a nosotros con esta habilitación modificar la Ley provincial 264. Y ésta no es una limitación que uno pueda cuestionar desde el punto de vista conceptual, sino práctica.

En el proceso de formación de las normas, el legislador no puede tener limitaciones al respecto. Sé que no estamos frente a un impedimento absoluto. Pero me parece que a esto ya lo ha tratado la Comisión, y podría ocurrir que nos encontráramos -entonces- en esta situación, muchísimas veces en esta Cámara.

Éste es un tema de técnica legislativa y que debió haber sido resuelto en el seno de la Comisión. Si la Comisión no lo entendió así, esto no se trata de una cuestión ahora, que hace al fondo de la cuestión. Esto no hace al fondo de la cuestión. Es más, el propio Reglamento, en un procedimiento normal, ha previsto que los despachos en mayoría que no tienen observaciones están -de alguna manera- con una vía rápida. Esto no significa que los señores legisladores en una sesión de Cámara no puedan hacer las modificaciones que crean convenientes. Pero, fíjese señor presidente, que el propio Reglamento ha determinado que es la Comisión o la Cámara con los dos tercios la que va a admitir modificaciones al despacho. Concretamente, creo que esto no es necesario. Creo que esta Cámara tiene facultades suficientes como para que, a partir de la convocatoria a un tema como es este tema vinculado al juicio de residencia, nosotros en el tratamiento en general y en el tratamiento en particular podamos ir fijando nuestras posturas.

Pero desde nuestro punto de vista, sentar un precedente en este sentido, respecto de limitaciones sobre esta cuestión, para nosotros es una cuestión que se aparta de las atribuciones y facultades que tiene esta Legislatura, conferidas por la Constitución de la Provincia. Nada más, señor presidente.

Sra. MARTÍNEZ: Pido la palabra.

Señor presidente, es sólo para referirme al artículo 84 del Reglamento donde dice que ni el autor de un proyecto que esté aún en poder de la Comisión o que esté ya siendo considerado por la Cámara (o sea la ex legisladora Ríos) ni la Comisión que lo haya despachado podrá retirarlo ni modificarlo, salvo por Resolución de la Cámara mediante petición del autor o de la Comisión, en su caso. Y, como integrante de la Comisión, es lo que estoy solicitando. Nada más.

Sr. BERICUA: Pido la palabra.

¿Me permite, señor presidente? Teniendo en cuenta la condición de la Cámara en Comisión, quiero señalar que las limitaciones que acaba de leer la señora legisladora, se refieren al autor del proyecto. Pero acá no estamos retirando el proyecto. El proyecto de la ex legisladora Fabiana Ríos está siendo tratado, y las modificaciones a ese proyecto son el resultado de este despacho de Comisión. Y este despacho de Comisión, podría -como se sugirió ayer- contener un artículo que ha sido -y es- de práctica en muchas legislaturas, que es aquel famoso de “Derógase toda norma que se oponga a la presente”. Práctica que, desde mi punto de vista, debemos desterrar porque no hace ni más ni menos que sacar del ámbito estricto del Poder Legislativo la determinación concreta de qué es lo que se quiere derogar con una norma.

Ocurre que, cuando se utilizan este tipo de fórmulas, después nos preguntamos quién es el que va a determinar qué es lo que se derogó y qué es lo que no se derogó. Por eso insistimos ayer en la Comisión, que debíamos expresamente señalar qué normas estábamos derogando.

El planteo de la legisladora preopinante implicaría que en una norma debería haber un artículo que dijera expresamente qué artículos son los que se derogan. Pero, acá hay que tener en cuenta una cosa: lo que estamos tratando es un proyecto. El proyecto de la ex legisladora Ríos no es ni más ni menos que eso: un proyecto. Y como tal, puede ser íntegramente modificado y esto es lo que hemos hecho. Y de esa modificación deriva la necesidad de derogar la Ley provincial 264.

No hay ninguna razón de naturaleza legislativa que nos diga que debemos mantener la Ley provincial 264.

Desde nuestro bloque seguimos sin comprender, pero no vamos a obstaculizar el tratamiento; en otra oportunidad, cuando se presente una situación similar volveremos a hacer el mismo planteo. Gracias, señor presidente.

Pte. (CÓCCARO): ¿Quiere hablar, legislador Sciutto?

Sr. SCIUTTO: Pido la palabra.

Señor presidente, queda pendiente la votación en Comisión de la moción de la legisladora Martínez.

Pte. (CÓCCARO): Por supuesto, legislador Sciutto.

Legisladora Martínez, le pedimos que repita la moción concreta para someterla a votación.

MOCIÓN

Sra. MARTÍNEZ: Pido la palabra.

Señor presidente, la propuesta es: “Modifícase la Ley provincial 264, cuyo artículo 1º dice: Artículo 1º.- Los funcionarios mencionados en el artículo 190 de la Constitución Provincial estarán sujetos a Juicio de Residencia ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia por el término de cuatro (4) meses contados a partir de la finalización de su mandato o cese de sus funciones, período en el cual no podrán ausentarse de la Provincia por un plazo que exceda los veinte (20) días, salvo que mediare autorización expresa del órgano competente.”.

Sec. (CORTÉS): ¿Los textos quedan exactamente iguales?

Sra. MARTÍNEZ: Sí, el título de la ley es: Modificación de la Ley provincial 264, cuyo artículo 1º... y en el artículo 7º.

Cuarto Intermedio

Sr. PORTELA: Pido la palabra.

Señor presidente, a los efectos de poder ajustar la redacción de los artículos como van a quedar, solicito un cuarto intermedio sobre bancas.

Pte. (CÓCCARO): Se pone a consideración de los señores legisladores la moción del legislador Portela, para su aprobación.

Se vota y es afirmativa.

Pte. (CÓCCARO): Aprobado.

Es la hora 9 y 50

Es la hora 10 y 10

Pte. (CÓCCARO): Se levanta el cuarto intermedio.

Sr. BERICUA: Pido la palabra.

Señor presidente, es para señalar que en este cuarto intermedio el bloque ha coincidido con la mayoría de los legisladores en que la cuestión de fondo es tan importante, que no queremos en absoluto trabar o entorpecer esta sesión. Seguimos sosteniendo que desde el punto de vista de la técnica parlamentaria la propuesta es inadecuada; pero, frente a la voluntad mayoritaria de la Cámara de aceptarla, nosotros no vamos a obstaculizar este procedimiento que, en definitiva, no modifica la cuestión de fondo. Es decir, que nos allanamos a esta situación y le pedimos al presidente que continuemos con el tratamiento de esta cuestión.

Sr. SCIUTTO: Pido la palabra.

Señor presidente, en rigor de la verdad de lo que se habló en el cuarto intermedio, coincidimos con el legislador Bericua en cuanto a la técnica legislativa, pero también coincidimos en el acuerdo generalizado que debe haber para llegar a una norma de tal naturaleza, tan importante. Y es por eso que desde este bloque del Partido Justicialista vamos a adherir a este proyecto y lo vamos a acompañar.

Sr. PORTELA: Pido la palabra.

En el mismo sentido que los legisladores prepinantes, creo que el tema que estamos tratando en el recinto en el día de hoy, es un tema trascendente para la vida institucional de nuestra provincia.

Y también creo que es importante destacar la participación de todos los legisladores en todo el trabajo previo, que han sido tres días de un arduo debate, donde se conciliaron distintas posiciones y, por sobre todas las cosas, creo que es importante rescatar lo positivo de esta tarea.

Hasta el día de ayer teníamos unidad de criterio en lo que hace al dictamen que se iba a sacar, pero a último momento aparecieron algunas observaciones que pueden ser tenidas en consideración. Tal como lo han dicho los legisladores Bericua y Sciutto, lo más importante es rescatar la cuestión de fondo. Así que también desde el bloque del Movimiento Popular Fueguino, más allá de tener algunas discrepancias respecto de la cuestión de forma, creo que lo más rescatable de esto es que esta norma pueda ser sancionada, y de esta forma disipar un montón de dudas que andan rondando.

Por esa razón, el bloque del Movimiento Popular Fueguino acompaña esta decisión de votar la moción formulada por la legisladora Norma Martínez.

Pte. (CÓCCARO): Por Secretaría Legislativa se va a dar lectura a las modificaciones del proyecto, para que quede claro qué es lo que vamos a someter a votación.

Sec. (CORTÉS): "La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 1º de la Ley provincial 264, por el siguiente texto:

“Artículo 1º.- Los funcionarios mencionados en el artículo 190 de la Constitución Provincial estarán sujetos a Juicio de Residencia ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia por el término de cuatro (4) meses contados a partir de la finalización de su mandato o cese de sus funciones, período en el cual no podrán ausentarse de la Provincia por un plazo que exceda los veinte (20) días, salvo que mediare autorización expresa del órgano competente.”.

Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 2º de la Ley provincial 264, por el siguiente texto:

“Artículo 2º.- Las previsiones y prohibiciones del artículo anterior alcanzan a todo funcionario cuyo mandato haya finalizado o cesado en sus funciones, con independencia de su reelección o designación en el mismo o diferente cargo.”.

Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 3º de la Ley provincial 264, por el siguiente texto:

“Artículo 3º.- Los funcionarios mencionados en el artículo 1º deberán dar pleno cumplimiento a las normas que al efecto dicte el Tribunal de Cuentas, las cuales deberán tener la aprobación de la Comisión creada por esta ley, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se les efectuará un cargo preventivo automático igual al importe de los bienes que estuvieron bajo su responsabilidad y/o por el importe total de la rendición de cuentas no efectuada procediéndose, en esta instancia, al enjuiciamiento dispuesto en el Capítulo XIII de la Ley provincial 50 y sus modificatorias fijándose, a este efecto, en tres (3) años el plazo de prescripción para ejercer la acción de responsabilidad patrimonial.”.

Artículo 4º.- Sustitúyese el artículo 4º de la Ley provincial 264, por el siguiente texto:

“Artículo 4º.- Sin perjuicio de las restantes obligaciones fijadas en esta ley, quienes estén alcanzados por sus disposiciones deberán constituir domicilio ante el Tribunal de Cuentas en el ejido urbano de la ciudad de Ushuaia, y dentro de los tres (3) días de haber dejado el cargo, el que se considerará subsistente por el término de prescripción a que se refiere el artículo 3º, donde serán válidas todas las notificaciones que se cursen. El incumplimiento de esta obligación implicará que las disposiciones que se dicten quedarán automáticamente notificadas al día siguiente de su dictado.”.

Artículo 5º.- Sustitúyese el artículo 5º de la Ley provincial 264, por el siguiente texto:

“Artículo 5º.- Créase la Comisión de Seguimiento Legislativo del Juicio de Residencia, la que estará conformada por un (1) legislador de cada bloque parlamentario. Sus integrantes deberán ser propuestos por cada bloque al inicio de cada período parlamentario.”.

Artículo 6º.- Sustitúyese el artículo 6º de la Ley provincial 264, por el siguiente texto:

“Artículo 6º.- Dicha Comisión tendrá como objeto y función el seguimiento de las actuaciones del Juicio de Residencia, a cuyo efecto estará facultada para solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que se estime útil, a cualquier organismo público nacional, provincial, municipal o comunal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije. Al respecto no se podrá oponer disposición alguna que establezca el secreto de información y/o documentación requerida, salvo que la misma se funde en disposición de jerarquía superior.”.

Artículo 7º.- Derógase el artículo 7º de la Ley provincial 264.

Artículo 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.".

Pte. (CÓCCARO): Se pone a consideración de los señores legisladores el proyecto de ley leído por Secretaría, para su aprobación en general y en particular, con la Cámara en Comisión.

Se vota y es afirmativa.

Pte. (CÓCCARO): Aprobado.

En Sesión

Sr. SCIUTTO: Pido la palabra.

Es para solicitar que la Cámara se constituya en sesión.

Pte. (CÓCCARO): Se pone a consideración de los señores legisladores la moción del legislador Sciutto.

Se vota y es afirmativa.

Pte. (CÓCCARO): Aprobado. La Cámara se encuentra en sesión.

Sr. BERICUA: Pido la palabra.

Es para expresar la posición de este bloque en general, respecto de los despachos de Comisión que van a ser sometidos, porque entiendo que sigue vigente también un despacho de la minoría, por lo que creo que ambos deben ser tenidos en cuenta.

Nosotros, como bloque legislativo que es -en cierto modo- una extensión de la política del actual gobierno, lo primero que queremos señalar es que consideramos auspiciosa esta iniciativa que llevó adelante el Poder Ejecutivo de habilitar el período de sesiones extraordinarias para el tratamiento de esta cuestión.

Entendemos que en la sociedad se ha generado una expectativa más que significativa y, en ese sentido, creemos que es importante que conste en el Diario de Sesiones de esta Legislatura cuál es el verdadero espíritu que nos lleva a todos a perfeccionar los mecanismos, a través de los cuales, quienes tenemos responsabilidades políticas estemos cada día más sometidos al juicio de la gente, que es en definitiva, a nuestro juicio, lo que perseguimos.

La anterior legislación, más allá de haber sido observado como inconstitucional en parte de su articulado, en un caso puntual, a nuestro juicio no era un instrumento idóneo para alcanzar el fin que se persigue o que consideraron nuestros constituyentes al sancionar el artículo 190. Creaba un esquema donde se planteaba el juicio de naturaleza política, que iba a ser llevado a cabo por los propios políticos. Esto era, ni más ni menos, decir que éramos juez y parte sobre la cuestión.

Planteaba, por ejemplo, el rol de la Legislatura en este Juicio de Residencia, dividiendo a ésta por sorteo en dos Salas: una Sala Acusadora y una Sala Juzgadora. Esto significaba que, producto del sorteo, pudieran estar constituidas estas Salas por -en algún caso- legisladores de un solo bloque político. Planteaba entre otras cuestiones, que sólo se podía excusar uno respecto de cuestiones de consanguinidad, pero no lo hacía en lo que respecta a la actuación que uno hubiera podido tener durante la gestión de un conjunto de funcionarios. ¿Esto qué significa?. Que automáticamente, quienes se vieran de alguna manera comprometidos debían excusarse, pero la ley no se lo permitía. Tampoco la ley planteó qué era lo que pasaba con quienes habían prejuzgado. Muchos de los que estamos sentados hoy en esta Legislatura hemos expresado nuestras distintas posiciones políticas y en algunos casos, desde un sector se ha sostenido una gestión; desde otro, se la ha criticado.

Cualquier principio jurídico establece que quien prejuzga no puede luego juzgar.

Así que yo advierto, y nosotros desde el bloque, que estamos convencidos de que la Ley provincial 264 era prácticamente imposible de aplicar; pero no porque contuviera disposiciones que obstaculizaran su funcionamiento, sino porque en su esencia misma era una ley que estaba viciada, a nuestro juicio, de nulidad.

Esta nueva propuesta, que a fin de ser honestos tenemos que decir que surge de la voluntad y de la vocación legislativa en parte del bloque del Movimiento Popular Fueguino y luego con un aporte muy significativo de la legisladora Norma Martínez, nos parece que sí avanza en un sentido concreto.

Lo señalaba hoy al comienzo de esta sesión cuando decía que a nuestro juicio, la cuestión realmente práctica de esta propuesta es que ha incluido una cantidad de funcionarios bajo la posibilidad de ser sometidos a juicio de responsabilidad, que estaban excluidos por el artículo 48 de la Ley provincial 50.

Así que adelantamos nuestro voto afirmativo en general. Luego, en el tratamiento que pedimos que se haga en particular, vamos a plantear algunas disidencias parciales. Nada más, señor presidente.

Sr. RAIMBAULT: Pido la palabra.

Es para solicitar al presidente que, de conformidad con el artículo 96 -no sé si el legislador Bericua habló como miembro informante de la Comisión del dictamen por mayoría- se conceda la palabra al miembro informante del dictamen por mayoría y después se conceda al miembro informante por la minoría. Así lo dispone el artículo 96 del Reglamento.

Sr. BERICUA: Pido la palabra.

Es solamente para aclarar al legislador Raimbault que preguntó si yo lo había hecho como miembro informante de la Comisión. No.

Frente a la alternativa -cuando usted puso a consideración el asunto-, este bloque quería expresarse antes de que se votara. Nada más.

Coincido con lo que dice el legislador del bloque del ARI. Corresponde que el miembro informante de la Comisión exponga a la Cámara el contenido de la propuesta.

Sr. SALADINO: Pido la palabra.

Como presidente de la Comisión N° 1, pido que se tome como palabras del miembro informante, lo recién expresado por el legislador Bericua.

Sr. RAIMBAULT: Pido la palabra.

Señor presidente, ante la remisión del miembro informante, corresponde entonces, la palabra del miembro informante por minoría.

Señor presidente, si ya se concedió la palabra, el orden de prelación es, por el artículo 96, al miembro informante de la minoría.

Llegamos después de un tiempo a esta Cámara -que me parece bueno refrescarlo-, un tiempo que se pidió para la reflexión, para el estudio y el debate. Y se planteó entonces que este tiempo era necesario porque lo que era necesario en este debate trascendental para las instituciones de la Provincia y la salud republicana era tener seriedad.

Sinceramente y como lo dijimos en la anterior sesión, pensamos entonces y lo afirmamos ahora: este tiempo no fue de reflexión y de estudio, sino de búsqueda de consensos

para buscar una salida con impunidad.

Desde lo discursivo se intentó pintar este tiempo como un esquema armonioso casi técnico y académico de discusión del juicio de residencia, cuando en realidad esto no fue así y todos lo sabemos.

Desde entonces, a aquellos que propiciamos la discusión de la ley de Juicio de Residencia, y que debemos reconocer con un muy buen gesto del Gobernador de poner en discusión un debate que la comunidad estaba requiriendo, empezaron a darse argumentos evasivos, disfrazados de técnicos, para evitar discutir la cuestión central. Lo dijimos en la anterior sesión y lo volvemos a decir.

La discusión central en este debate es si ponemos fin o no a la impunidad en la Provincia.

Con buena o mala voluntad, consciente o inconscientemente se fueron dando distintos argumentos anecdóticos que intentaron disparar el debate de la cuestión central.

Se habló de que primero se necesitaron tiempos de estudio, pero algunos proyectos ni siquiera fueron leídos y, en verdad, los redactados -me parece, lo vamos a ver-, están bastante mal redactados.

Se habló de la vigencia de la ley en relación al tiempo, se sigue y se va a seguir hablando, si esta ley es o no aplicable a la gestión saliente, porque éste es el núcleo central de la discusión que no tiene resolución expresa en el dictamen por mayoría.

Se habló del problema de los derechos personalísimos, se habló de los derechos adquiridos, se habló de la irretroactividad, se habló de que la ley de Juicio de Residencia no podía modificar la ley de Declaraciones Juradas. Y, en definitiva, se terminó hablando de que en realidad la culpa era de los representantes del ARI que impulsaban la confusión.

Empezamos hablar de la corrupción estructural del manfredottismo y terminamos hablando de que los culpables éramos los que queríamos plantear el fin de la impunidad en la Provincia.

Pedimos un debate serio. Nos dijeron que iban a dar un debate serio y ahora vamos a recoger el guante, queremos un debate serio.

Se intentó dejar de debatir lo central y queremos retomar ese debate; queremos que se siga debatiendo lo central en esta cuestión que si terminamos o no, o empezamos el comienzo del fin de la impunidad estructural en la Provincia.

El tema central -insisto- es si permitimos una salida o una fuga de responsabilidad pública y política del manfredottismo.

Y ahora, si éste es el tema central, lo que todos nos debemos preguntar acá y en la comunidad, es en cada argumento que deslicemos, quién responde mejor afirmativa o negativamente a esta pregunta: ¿Con qué proyecto se garantiza impunidad o, en todo caso, con qué proyecto se garantiza más impunidad?

Nosotros vamos a exigir -como dije- un debate serio, porque ese fue el guante que recogimos.

Así como queríamos ver inaugurado el comienzo del fin de la impunidad en la Provincia, ahora también, vamos a exigir desde una perspectiva política, responsabilidades a los que estamos. No solamente a los legisladores que se fueron y a la gestión saliente, que fue calificada como de corrupción estructural, que fue un gobierno que se llevó hasta las cortinas de los despachos.

Ahora también está en juego la responsabilidad de los que hoy estamos discutiendo esta cuestión. Por eso, algunos no se tienen que enojar; esto no es una cuestión personal, esto es una cuestión política trascendental; estamos discutiendo ya no solamente lo que pasó y qué atribución de responsabilidad podemos empezar a pensar, o qué mecanismos de atribuciones de responsabilidad podemos empezar a pensar para los que -casi- licuaron patrimonial y éticamente una provincia, sino también, tenemos que empezar a pensar qué responsabilidad asumimos nosotros, si permitimos la evasión y la fuga de responsabilidad política.

Porque si después de todo este tiempo de reflexión, de estudios y de enseñanza, terminamos con que la ley se declare inconstitucional, o que no está vigente, o que por problemas técnicos o formales no se le va a aplicar a la gestión saliente, ¿quién se va a hacer cargo?

Porque la responsabilidad en la fuga de la evasión absoluta de responsabilidad política del manfredottismo, es una atribución que ahora nos compete a nosotros. Los que vaciaron la Provincia de contenido patrimonial, ético y republicano tienen que tener condena jurídica, social o política. Pero los que llegáramos a permitir que se produzca esa fuga, empezamos también a tener esa responsabilidad.

Para ser más claro, la responsabilidad política de que se garantice o que se permita la continuación de la impunidad en la Provincia, hoy es nuestra.

Hoy, los que estamos definiendo si permitimos que continúe la impunidad somos nosotros.

A los que vaciaron el Estado les corresponderá una condena, en su caso política, jurídica o social, como dije.

A nosotros, hoy nos corresponde el juicio de la historia, de poder ser los artífices de la evasión de responsabilidad pública en la Provincia.

Si se consume la evasión de la responsabilidad política del manfredottismo, esto es un pacto de impunidad. Le guste o no le guste a quien lo quiera escuchar. Y no es una cuestión personal, es una cuestión política.

Es una cuestión política que nosotros, necesariamente, tenemos que debatir, y que por eso estamos debatiendo. La discusión central, y que con buen gesto hizo el Gobernador, es ponermos a debatir, es desafiarnos. Somos nosotros los responsables de que se evada la responsabilidad política y que se disponga la fuga absoluta con impunidad de la salida del manfredottismo o nosotros nos vamos a hacer cargo de esta impunidad.

Nosotros nos vamos a hacer cargo del dictamen de minoría, lo firmamos, estamos convencidos de lo que hicimos y, entonces, pedimos lo mismo. Que los restantes se hagan cargo del dictamen por mayoría. Que si por vicios formales, por discusiones semánticas, por vicios constitucionales llegara a suceder que esto se declare inconstitucional o que no pudiera juzgarse al manfredottismo, la responsabilidad política de la fuga se ha trasladado. Hoy es nuestra y cada uno se va a tener que hacer cargo de la responsabilidad que le toca. Y la diferencia entre uno y otro proyecto es, sencillamente, impunidad.

Como ya se ha explicado en el dictamen de minoría impulsado por el ARI, se encuentran previstos tanto el estado de residencia como el Juicio de Residencia propiamente dicho. En cuanto al primero, creo que hay casi una virtual coincidencia, sería una especie de sujeción territorial, que estaría dado por la prohibición de salida del territorio de un funcionario que haya cesado en el ejercicio de su cargo. No puede salir sin autorización de la Legislatura de la Provincia. En los dos proyectos, dictámenes de mayoría y minoría, hay casi una referencia textual, una trasncripción exacta del artículo 190 de la Constitución Provincial. Pero, ahí se empiezan a advertir las primeras diferencias. En el dictamen por la mayoría, a esta necesidad de pedir autorización para salir de la Provincia, no se lo acompaña con ninguna sanción. En el dictamen de minoría, la prohibición o el abandono tiene sanciones, y aquí también, empieza a verse la cuestión de enclave de impunidad.

Digo esto por cuanto si en el dictamen de mayoría, el abandono de la Provincia no tiene ninguna sanción, si no es lo mismo que el funcionario saliente pida o no permiso, o si pide el permiso, que la Legislatura lo conceda o no, lo que en realidad se está planteando es que es absolutamente indiferente el cumplimiento del artículo 190, porque...

Sr. BERICUA: Señor presidente, solicito una interrupción y pido la palabra.

Sr. RAIMBAULT: Presidente, me gustaría culminar con el informe por minoría.

Pte. (CÓCCARO): Legislador Raimbault, ¿le concede una interrupción al legislador Bericua?

Sr. RAIMBAULT: No, señor presidente. No se la concedo.

Y digo, entonces, en realidad, se está planteando un simulacro de reglamentación del estado de residencia y digo esto por cuanto si ninguna sanción se le anexa a la prohibición de abandono, en realidad se está legislando en el sentido de que es absolutamente indiferente que el funcionario saliente cumpla o no con la petición de autorización a la Legislatura para que lo deje salir. Porque haga o no la petición, no le va a pasar absolutamente nada. Se está legislando en clave de impunidad. Nada tiene ninguna sanción....

Sr. BERICUA: ¿Le puede insistir una vez más en el pedido de interrupción, señor presidente?

Sr. RAIMBAULT: No le autorizo. No, señor presidente.

- El legislador Bericua se manifiesta de viva voz.

Sr. RAIMBAULT: Señor presidente, por favor.

La otra de las diferencias está dada en que en el dictamen de minoría por el ARI, se plantea que en el estado de lo que se denomina como estado de residencia se va a disponer la apertura automática de las declaraciones juradas de los funcionarios salientes.

Este fue -quizás- el tema más debatido en la Comisión. Y debo decir respetuosamente que las objeciones que se plantearon a esta argumentación, nos parece absolutamente inconsistentes.

Se ha dicho -entre otras razones- objetando el tema de la publicidad de las declaraciones juradas, que mantener tal cual se encuentra previsto normativamente el régimen de declaraciones juradas en nada obstaculiza a esto, porque de todas maneras, se puede acceder a ella y es muy fácil el trámite de acceso, que igualmente, le queda la posibilidad a cualquier persona de ir y denunciar, en su caso, el enriquecimiento indebido; en realidad, este tema no tiene nada que ver con la ley de Juicio de Residencia. Entonces, no podríamos legislar modificando una ley ajena al Juicio de Residencia.

Y debemos decir que todas estas argumentaciones son falaces, y digo por qué. Se ha hablado en este tema de que nuestra intención o la de los representantes del ARI es sembrar confusión a la comunidad. Para que quede claro en este tema, somos coherentes desde el inicio de la campaña hasta la fecha. No solamente que no siendo funcionario público puse a disposición mi patrimonio personal, sino que al momento de poner la declaración jurada en el Tribunal de Cuentas, solicité en el mismo acto que se abra mi declaración jurada.

Me permito leer, señor presidente: “En el mismo acto de acompañar -le dije al Tribunal de Cuentas- la declaración jurada establecida por la ley vigente, vengo por el presente a solicitar se disponga el levantamiento de la reserva de la declaración jurada que corresponde a quien suscribe, a los efectos de que todo aquel que quisiera acceder a la misma pueda hacerlo.”.

El argumento que yo empleaba era bastante racional. En todo caso, la reserva de la declaración jurada estaría dada en beneficio mío; en beneficio de nadie más está la reserva.

Digo: Bueno, si está dada en mi beneficio, puedo renunciar. Y, de hecho renuncié a este beneficio y pedí la apertura de la declaración jurada.

No estoy planteando esta anécdota por una cuestión personal. Estoy planteando esta anécdota porque es gráfica respecto de la absoluta dificultad para obtener la apertura de las declaraciones juradas.

El Tribunal de Cuentas de la Provincia me contestó la nota, el 28 de enero de 2004. ¿Y sabe lo que me dijo? Me dijo que “atento a la obligación que tiene este organismo de control respecto del no apartamiento de las funciones y atribuciones que la normativa vigente le imponen, resulta inviable acceder a su solicitud.”.

Ni siquiera yo, que tenía la reserva en mi beneficio pude acceder a que la pudieran abrir. Y entonces, no es fácil acceder a la apertura de una declaración jurada.

Entonces, este argumento de la facilitación al acceso de la apertura de declaraciones juradas -ya lo ve- es absolutamente errado.

El otro argumento, el argumento de que “en todo caso podría alguien denunciar, o ir a la Justicia y denunciar”, me parece que es un poco más grave. Este argumento representa, a nuestro entender, la contracultura política menemista-manfredottista de la privatización de los espacios públicos.

Se está privatizando la política y, en ese entendimiento, consideran algunos que los temas comunitarios son, en realidad, no de las instituciones públicas sino de la gente en particular.

Este es un tema central porque, aunque algunos hoy no lo adviertan, lo que estamos discutiendo en esta Cámara es corrupción estructural o, mejor dicho, uno de los mecanismos que podemos empezar a pensar para empezar a evitar o limitar procesos de corrupción estructural en la Provincia.

Y en este contexto debe remarcarse -así lo señala, por ejemplo, Simonetti- que “la presencia de corrupción implica siempre un repliegue del Estado de sus funciones naturales de control y cuidado de la cosa pública”.

Cuando nosotros nos estamos replegando y estamos diciendo: “Este tema comunitario que lo resuelva aquel que le interese y que vaya a denunciar”, en realidad, estamos confundiendo lo público y lo privado.

Si la sociedad quiere que discutamos cómo salimos de este proceso de corrupción estructural, la necesidad de la Legislatura de la Provincia es empezar a dar soluciones, no decirle a la gente: "...Bueno, entonces vayan y denuncien". Los que tenemos que empezar a construir un esquema distinto desde lo ético y lo republicano somos nosotros, y si no la gente nos va -indudablemente- a castigar y el mejor ejemplo de esto es el manfredottismo.

No se puede, no es ni siquiera beneficioso en términos de costo beneficio -como algunos piensan- a la política mantener esquemas de impunidad. Manfredotti se fue -entre otras cuestiones- por mantener esquemas de impunidad estructural.

Entonces, la cuestión -como digo- es al revés. Si hoy estamos debatiendo corrupción estructural no le podemos decir a la gente que vaya y denuncie. Somos nosotros los que tenemos el desafio de empezar a resolver este problema comunitario de trascendencia institucional.

No podemos responder a un debate esquivando el bulto. Y también es falso el argumento de que las aperturas de las declaraciones juradas no guarda relación con el Juicio de Residencia.

El propio legislador Bericua acaba de decir que, en realidad, lo que hace el dictamen de mayoría es modificar una norma de la Ley provincial 50. Por qué se puede modificar la Ley provincial 50, pero cuando hablamos de las declaraciones juradas nos ponen pruritos formales y nos dicen no, esa sí que no. Tiene relación el tema de las declaraciones juradas con el Juicio de Residencia.

Por el orden de prelación del artículo 96...

MOCIÓN

Sr. BERICUA: Para una cuestión de privilegio, señor presidente, le pido la palabra.

Pte. (CÓCCARO): Le damos la palabra al legislador Bericua.

Sr. BERICUA: Señor presidente, no sé si acá, el Reglamento de la Legislatura lo dice, confieso mi ignorancia en este sentido, pero las cuestiones de privilegio tienen prioridad.

La cuestión de privilegio que vengo a plantear es la siguiente: el señor miembro informante del despacho de la minoría acaba de decir en reiteradas oportunidades, que quienes sostenemos el despacho de la mayoría somos encubridores y estamos aquí para garantizar no sé qué suerte de pacto de impunidad. Me siento afectado en mis privilegios legislativos.

El señor legislador, miembro informante por el despacho de la minoría, cree que después de él, está el abismo, y que sólo él tiene la razón, y que todos los que podemos opinar de manera distinta en esta cuestión somos corruptos. Él se ha erigido acá en el juez, en que: o aceptan lo que yo digo o son todos unos corruptos.

No lo escuché en la Comisión, y tiene la oportunidad en el tratamiento de este despacho de mayoría, de insistir respecto de lo que quieran en la cuestión de las declaraciones juradas, cuestión que comparto con él en forma absoluta que deben ser públicas. Pero, no voy a permitir que por el uso de una técnica en cuanto a la información de su despacho en minoría, me califique a mí de encubridor de corruptos; que lo demuestre.

Pero, también le voy a pedir que en esta instancia se limite a hacer el informe de su despacho, y no a calificar el despacho de la mayoría. Si quiere que lo haga en el tratamiento en general y en particular de la ley.

Dejo planteada la cuestión de privilegio y solicito, como moción, que pase a la Comisión respectiva.

Pte. (CÓCCARO): Se pone a consideración de los señores legisladores la moción del legislador Bericua, para que pase a Comisión.

Se vota y es afirmativa.

Pte. (CÓCCARO): Aprobado.

¿Continúa legislador Raimbault?

Sr. RAIMBAULT: Por supuesto. Antes, esto me lo expresaban desde otro bloque.

La cuestión de la limitación de los puntos que voy a exponer, es una cuestión que hace a la libertad del planteo legislativo y que, obviamente, expongo con los límites que en mi conciencia me imponen. Y no estoy hablando -para que le quede claro y si le sirve al legislador Bericua- de la cobertura en un hecho en particular, estoy hablando de la solución que va a tener este proyecto de ley en el tiempo. Porque esto se empezó a hablar desde el comienzo, y que algunos no lo quieran seguir debatiendo es otra cuestión. Y voy a explicar por qué creo que esta norma que se está planteando, no va a tener posibilidad de tener vigencia ni en el tiempo, ni en los contenidos que se intentan plantear.

Déjenme que del dictamen de la minoría hable yo, y si no suscríbalo, legislador.

-Hablan varios legisladores a la vez.

Sra. GUZMÁN: Tiene el micrófono, legislador. Por eso está haciendo tanta alocución.

-Hablan varios legisladores a la vez.

Sr. RAIMBAULT: Si quieren, también lo discutimos.

-Hablan varios legisladores a la vez.

Pte. (CÓCCARO): Adelante, adelante, legislador.

Sr. RAIMBAULT: Por favor, señor presidente, si terminan las interrupciones puedo continuar.

Tiene relación el tema de las declaraciones juradas con el Juicio de Residencia, porque el tema de las declaraciones juradas está previsto en el Título III de la Constitución Provincial, que hace referencia a las responsabilidades públicas del funcionario público.

Y estas responsabilidades de los funcionarios públicos tiene tres artículos: el tema de la responsabilidad personal de los funcionarios, el tema de las declaraciones juradas y el Juicio de Residencia.

Es justamente en Juicio de Residencia, en donde se advierte con absoluta claridad cuál es la relación; ¿por qué? ¿cuál es el esquema constitucional en el tema de las responsabilidades políticas y de la responsabilidad pública? que se hagan las cosas bien. Por eso, el artículo 188 y la responsabilidad personal del funcionario público, que no se enriquezca en el cargo. Por eso el artículo 189 de declaraciones juradas y que se rinda cuentas al final de la gestión. Es justamente con motivo del Juicio de Residencia en donde todas estas cuestiones de estos tres artículos entran en relación. Se efectúa hacia el final de la gestión una rendición de cuentas, en donde el funcionario no solamente va a dar cuentas -ya sin poder- de lo bueno o malo que fue en la gestión, sino también va a tener que asumir algún tipo de responsabilidad, de demostrar o explicar en su caso, que no se ha enriquecido indebidamente en su patrimonio con el ejercicio de la función. Y esto se ve hacia el final de la gestión. Y éste es, además, el antecedente histórico inmediato, el de siempre; el Juicio de Residencia históricamente -no vamos a repetir lo que dijimos en la sesión anterior- tiene que ver no solamente con una cuestión patrimonial desde lo funcional. Tiene que ver, fundamentalmente, con una explicación sobre la evolución patrimonial personal del funcionario y no solamente de la gestión del ejercicio. Y es justamente así -digo- que se advierte la importancia de la declaración jurada en el Juicio de Residencia. Si un funcionario con un patrimonio personal abultadísimo durante el ejercicio de la función le solicitara autorización a la Legislatura para irse de la Provincia, la Legislatura, tomado ese dato, con conocimiento de eso ¿autorizaría la salida del funcionario?. Desde acá se advierte la importancia de conocer también la evolución patrimonial de los funcionarios.

Y esto no es tan, tan complicado de hacerlo. El tema de la publicidad de las declaraciones juradas está previsto en la Convención Interamericana contra la Corrupción, en la Ley nacional de Ética Pública, en la mayoría de las legislaciones provinciales y municipales. Y entonces, si los argumentos -por lo menos, a mi entender, para que nadie se ofenda- son equivocados, si en realidad tiene relación el tema de la apertura de las declaraciones juradas con el Juicio de Residencia, si también, además la publicidad de las declaraciones juradas se encuentra consagrada a nivel nacional, internacional, provincial y municipal, ¿cuál es el problema para que se logre la apertura de las declaraciones juradas?, ¿cuál es el interés político en mantener la reserva de las declaraciones juradas?. En esto, un juez, que hizo historia en Ley de Ética Pública lo planteó de manera muy sencilla: La luz solar es el mejor de los desinfectantes. Y nosotros tenemos en la historia actual la importancia de esto. ¿Saben por qué hoy está procesado el ex presidente Menem?, justamente, por un ocultamiento en la declaración jurada. Fue la publicidad de la declaración jurada lo que posibilitó este tipo de procesos. Y éste, me parece que también es el nudo central de la cuestión. Esta posibilidad de tener la repetición de la historia menemista en la provincia, creo yo, que es uno de los principales motivos del rechazo de esta argumentación.

Después se establece respecto del Juicio de Residencia la composición de una comisión integrada por legisladores y por miembros del poder político y del Tribunal de Cuentas para que efectúen un control. Lo que nosotros estamos planteando, incluso tomando alguna de las críticas que se hicieran, es: que en realidad, una de las críticas que se hicieran la Legislatura no podía juzgar y que este juzgamiento podía ser inconstitucional y las distintas circunstancias alrededor de ello que se plantearon.

Para evitar estas críticas que tomamos, nosotros concluimos en que la resolución del Juicio de Residencia es simplemente, una declaración de carácter político, que en el supuesto que encuentre posibles perjuicios fiscales o estime que existe la posibilidad de comisión de delitos, radique las denuncias a quien corresponda. Y la intervención se evita también con la intervención de los auxiliares técnicos de planta permanente del Tribunal de Cuentas, este temor fundado que tenían algunos legisladores, de que se haga del Juicio de Residencia una caza de brujas. Nosotros intentamos tomar las críticas que se nos hicieron del Juicio de Residencia y lo planteamos hoy en el proyecto que está hoy en el dictamen por la minoría.

Y esto que la Legislatura haga una declaración política no tiene absolutamente nada de inconstitucional y tampoco nada de prejuzgamiento, porque la Legislatura siempre está dando mensajes políticos y los que integramos la Legislatura debemos, además, dar mensajes políticos.

Esto es para fundamentar el dictamen por minoría, que solicitamos sea aprobado en general, y nos reservamos para ampliar en particular, y por supuesto, para no limitarme, me voy a reservar de ampliar algunas críticas al dictamen por mayoría, cuando se discuta en particular.

Sr. PORTELA: Pido la palabra.

Señor presidente, realmente uno todavía sigue sorprendiéndose por declaraciones.

Da la sensación, en base a lo que uno escucha, y pareciera que en la Tierra del Fuego está tomando cuerpo una nueva norma de ética pública. Pareciera que algunas personas son las propietarias de un absolutismo, por lo menos en el pensamiento. Estás de acuerdo con ellos, sos bueno; no compartís lo que ellos opinan, automáticamente estás del lado de los malos. Es como decir: de un lado están los policías, y todos los demás son ladrones. Esta, pareciera que es la nueva estrategia en la Tierra del Fuego: los buenos y los malos.

Los que no compartimos el mismo criterio con puntos y comas, estamos dentro del pacto de impunidad. Y en un primer momento, por no compartir eso tuve mis dudas. Pero parece que ahora somos más los que no estamos de acuerdo absolutamente con una forma de pensar.

Lo respeto al legislador preopinante, pero no puedo menos que también manifestar que en algunas cosas me he decepcionado, como por ejemplo, algunas actitudes muy parecidas al tero: en la Comisión, silencio absoluto, nada se discute y cuando se discute, es el dueño de la verdad. Si no se piensa como él opina, pacto de impunidad.

Realmente me preocupa porque creí que estábamos en un estado de derecho donde uno podía opinar libremente. Pareciera que no es así. Pareciera que los únicos que pueden establecer un debate serio son los que opinan de la misma forma. Los demás automáticamente somos descalificados; los demás estamos siempre equivocados o, lo que es peor, estamos formando parte de un complot para darle cobertura a una gestión de gobierno.

Yo, como integrante del Movimiento Popular Fueguino, realmente puedo decir que es bastante negativo que a una gestión de gobierno no se la investigue, porque automáticamente todos los que representamos esa fuerza política estamos bajo sospecha.

Nosotros no somos defensores de nadie; simplemente queremos apegarnos a la ley y, por no compartirlo, no me siento integrante de ningún pacto de impunidad. Simplemente realizo mis actos en base a lo que entiendo corresponde.

Y, cuando por ejemplo, hablan de que las declaraciones juradas... que esto, que lo otro... Yo le pregunto: En la Comisión se habló de declaraciones juradas. La mayoría de los legisladores compartimos que había que modificar el régimen de declaraciones juradas; entendíamos que no debe ser en esta norma, porque esta norma habla del Juicio de Residencia. Pero no, este bloque no se quedó en la actitud declamativa de salir por todos los medios como que queremos tapar; no.

Hicimos un proyecto y lo presentamos. Está en la Cámara Legislativa para ser tratado; por eso no comparto las expresiones del legislador diciendo que esto es un complot, que todos somos cómplices de la impunidad.

Tenemos que hablarle a la gente con toda la verdad, no con la verdad a medias, o no con la verdad que nos conviene; tenemos que ser conscientes de nuestros actos y, particularmente, un profesional del Derecho, él sabe qué se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer.

Estamos en un Estado republicano, cada Estado tiene su responsabilidad, la Legislatura Provincial tiene la obligación y como responsabilidad de confeccionar leyes.

Cuando hay algún tipo de dudas ¿quién interpreta las leyes? No son los legisladores, señor presidente; es la Justicia, el Poder Judicial quien debe interpretar las leyes. Entonces, cuando él dice: "Esta ley nuestra, este dictamen de minoría, no le va a permitir evadir a la gestión saliente que quede involucrado, que quede sometido a Juicio de Residencia", está mintiendo, señor presidente. La gestión saliente en este momento está dentro del estado de Juicio de Residencia, por más que no lo quiera reconocer el legislador preopinante.

El Juicio de Residencia tal cual lo establece el artículo 190 de la Constitución Provincial no es un proceso y él lo sabe muy bien; es un estado en el cual se encuentra involucrado cualquier funcionario en cuanto termina su gestión y por el plazo de cuatro meses.

Y también el legislador preopinante es conocedor de los inconvenientes que actualmente tiene la Ley provincial 264, porque él fue el patrocinador de un Juicio de Residencia a un ex funcionario y sabe las consecuencias que ha tenido instrumentar un juicio a través de esa normativa que no prosperó. Entonces, no hay que mentirle a la gente, hay que hacer leyes que puedan ser operativas, que sean una verdadera herramienta para poder investigar, no poner actitudes declamativas que después sabemos cómo terminan en el ámbito judicial. ¡Pero claro!, agarramos un medio y nos podemos florear porque somos muy verborrágicos. No es la verdad.

El constitucionalista Pedro Frías, manifestó públicamente que la Ley provincial 264 desnatulariza el Juicio de Residencia; y el Juicio de Residencia no es una caza de brujas, no es la segunda parte del juicio político que establece la Constitución Provincial, es un juicio de responsabilidad patrimonial, que debe ser instrumentado por el Tribunal de Cuentas. Y a partir de esta norma, creo que con muy buen tino, también una comisión legislativa va a tener participación.

Acá simplemente descalificamos porque no compartimos una idea. Porque no hemos tenido los argumentos suficientes para defenderlo cuando correspondía. Ahora sí, agarramos los medios y somos Gardel y Lepera. Por eso, señor presidente, no solamente no dice totalmente la verdad cuando habla de la falta de convencimiento para avanzar sobre las declaraciones juradas, sino que es más, en el seno de la Comisión Legislativa, cuando planteaba algunas dudas se le redobló la apuesta. ¿Por qué no trabajamos en la adhesión a nivel provincial de la Ley 25188 que habla sobre la Ley de Ética Pública?. Me gustaría saber si el señor legislador ya tiene presentado en la Cámara algún proyecto de estas características, para poder seguir hablando e imputando al resto del Cuerpo -a los que no estamos de acuerdo- que nos hacemos los osos cuando hablamos de este tema.

De las bondades de este proyecto, creo que ya habló al respecto el legislador Bericua, como así también, de la falta de viabilidad de un proyecto como con la Ley provincial 264.

Tampoco voy a volver a cansarlo, señor presidente, con todas las explicaciones que dimos en su momento en la Comisión pertinente, donde argumentábamos por qué razón no considerábamos viable el proyecto que elevara el Poder Ejecutivo con la participación de la fuerza ARI. Pero creo que es un proyecto que fue consensuado, creo que fue un proyecto que ha tenido la participación de todas las fuerzas que hablaron cuando tenían que hablar, que se manifestaron en contra cuando lo creyeron oportuno, no sólamente a través de los medios, sino en el ámbito de las Comisiones pertinentes.

No hay que ser legisladores mediáticos, no hay que confundir a la gente, hay que tener seriedad, criterio, continuarlo y sostenerlo en el tiempo.

Por esa razón, señor presidente, desde el bloque del Movimiento Popular Fueguino hemos hecho todos los aportes que estimábamos pertinentes para poder hacer de esta herramienta una verdadera herramienta -valga la redundancia- para que los organismos de contralor, llámense Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas, con el acompañamiento de una comisión legislativa, puedan avanzar y le den al pueblo de Tierra del Fuego la tranquilidad de que ningún funcionario que haya cometido algún ilícito quede impune. Nada más, señor presidente.

Sr. BERICUA: Pido la palabra.

Señor presidente, lo voy a hacer ahora, en representación de mi bloque, como me permite el Reglamento de la Cámara.

Quiero señalar en principio, que cuando me referí ya a esta cuestión, tuve el cuidado de referirme al despacho de la mayoría, y cuando me referí a cuestiones vinculadas a que desde nuestro punto de vista eran inaplicables, no lo hice respecto del despacho de la minoría. Yo soy respetuoso; no soy quién para criticar el despacho de la minoría; ésta debe sostener su despacho y yo debo sostener el despacho que suscribí por mayoría.

Pero el señor legislador, miembro informante por la minoría, prácticamente ha basado sus argumentos atacando el despacho de la mayoría. Por lo tanto, me voy a tomar la posibilidad de hacer exactamente lo mismo.

Créanme que desde que lo escuché estoy temblando en esta banca, porque pienso qué me va a ocurrir si no presento la declaración jurada cuando deje de ser legislador. El despacho de la minoría dice que para el supuesto de que se opere el abandono, no podrá obtener beneficios de ninguna índole como consecuencia de la función cumplida y que dicho período se computará o no se computará..., ¿qué tiene que ver esto con el tema, qué tiene que ver esto con los beneficios previsionales?

Le voy a leer lo que dice la Ley de Ética Pública respecto de tales cuestiones. Es una falta grave no cumplir con estas cosas y no tener beneficios previsionales.

Señalaba el legislador que en normas de carácter internacional, en la Ley de Ética Pública se menciona la publicidad de las declaraciones juradas. Dicha publicidad que él menciona es la publicación del listado de las declaraciones en el boletín oficial. Luego, si alguien quiere acceder a una declaración jurada lo tiene que solicitar, tiene que argumentar por

qué lo solicita y tiene una serie de limitaciones. No es cierto lo que dijo entonces, respecto de que en la Ley de Ética Pública esté conceptualizado que las declaraciones juradas se publican. Lo que se publica es el listado. Dice: "...el listado de las declaraciones juradas de las personas señaladas en el artículo 5º deberá ser publicado en el plazo de noventa días en el boletín oficial.", argumento -entonces- que no le sirve.

Pero, la verdad es que esta cuestión de las declaraciones juradas nada tiene que ver con la vocación que podamos tener o no en esta ley. Es un elemento más que puede servir para determinar si alguien que estuvo en la función pública se enriqueció o no.

Entonces, voy a hablar y voy a decir lo que pienso sobre este mecanismo, y lo falaz de algunos argumentos. ¿Alguien controla el contenido de las declaraciones juradas que uno hace en el comienzo de su función?. Lo dije en la Comisión a modo de ejemplo: Voy y digo en mi declaración jurada que tengo un millón de dólares guardados en una caja de seguridad y cuando termino mi función, hago una declaración jurada y digo que tengo un millón de dólares guardados en una caja de seguridad.

Si no me van a controlar si es cierto que tengo un millón de dólares cuando comencé mi función, nada me van a poder decir si lo tengo cuando me voy de la función. Esto no sirve, esto es falaz. Lo que hay que hacer es controlar a los funcionarios en su gestión. Esto es lo que hay que hacer. Hay que poner, modificar, modernizar todos los instrumentos habidos y por haber para que los funcionarios cumplamos con nuestras responsabilidades y no esperar que nos vayamos del cargo, para que luego, en un proceso que yo, conceptualmente, creo que es anacrónico, el del Juicio de Residencia, podamos estar sometidos..., al control hay que hacerlo todos los días.

Mire, voy a dar un ejemplo, señor presidente, respecto de esta cuestión.

Existe la llamada Cuenta General del Ejercicio, que el Poder Ejecutivo está obligado a remitir a esta Legislatura en un plazo determinado. Previamente lo remite al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas tiene la posibilidad -porque estos son los criterios que se utilizan, en los criterios generalmente aceptados de contabilidad- hasta de no emitir opinión respecto de la Cuenta General del Ejercicio. Esto, en términos contables. Cuando un auditor no emite opinión sobre un estado general de cuentas, es la peor calificación que le puede hacer. Después de eso, no hay nada.

Este Tribunal de Cuentas no emite, en muchos casos, opinión sobre la Cuenta General del Ejercicio. Esta Cuenta General del Ejercicio viene a la Legislatura y pueden existir dos posibilidades: que la Legislatura la rechace o que no la trate. Si no la trata, se aprueba por una suerte de sanción fictia y, si la rechaza, no pasa nada.

¿Por qué no nos ponemos a trabajar de una vez por todas en encontrar los mecanismos para que en el ejercicio de la función, podamos ir encontrando y podamos ir controlando debidamente la gestión?. Esto es lo que hay que hacer.

Hay que revisar si el funcionamiento del Tribunal de Cuentas es el correcto. Digámoslo sin mentir: este Tribunal de Cuentas ha estado limitado en muchas de sus funciones. Y, prácticamente, a miles de observaciones le han acompañado miles de levantamientos de observaciones en una suerte de organismo ficticio.

La verdad es que uno dice si la gente creerá que con este tipo de mecanismos vamos a algún lado. No es así, no es así; la cosa pasa por otro lado.

Soy uno de los que personalmente cree, qué fue lo que motivó a los convencionales constituyentes de la Provincia a poner este artículo 190.

Veníamos de un ex Territorio donde nos gobernaban generalmente, delegados del Poder Ejecutivo que llegaban con todos sus funcionarios y, el día que eran reemplazados o terminaban sus mandatos, se iban con esos funcionarios.

Entonces los convencionales constituyentes -está en el Diario de Sesiones de la Convención- casi -diría yo- impresionados por estas cosas que nos pasaban cuando éramos Territorio nacional, concibieron esta idea de que cuando uno termina la función se quede acá un tiempo.

Llegó a haber el caso de un delegado presidencial que cuando se iba de Tierra del Fuego y abordaba el avión de la gobernación para que lo llevara a Buenos Aires, en una

declaración pública dijo: “Esta sociedad a mí no me merece. Los fueguinos no entienden qué gobernador se han perdido”.

Ese señor debió haber estado caminando por las calles de nuestras ciudades por lo menos seis meses, a ver qué opinábamos nosotros sobre lo que había dicho y sobre la gestión que había tenido. Pero como no había ninguna posibilidad, se fue.

Pero lo cierto es que quienes saben de Derecho y quienes interpretan los preceptos de nuestra propia Constitución -desde ya, de la Constitución Nacional-, saben muy bien que no hay ninguna limitación para moverse dentro de la República, inclusive, salir al exterior, porque este artículo 190 es manifiestamente inconsitucional. Obviamente que se va a argumentar que acá la cuestión no es un tecnicismo constitucional y que se pretende que los funcionarios se queden.

Los funcionarios no se tienen que quedar por el artículo 190, se tienen que quedar por otro tipo de mecanismos, pero no hay un solo funcionario que no se pueda ir de la Provincia, porque lo ampara el artículo 14 de la Constitución Nacional.

Distinto sería el caso si en nuestra Constitución Nacional hubiera respecto de esta cuestión alguna disposición. No la hay, no la hay ni para los funcionarios nacionales y de esto hay antecedentes, en esta cuestión hubo iniciativas respecto de introducir en la Constitución Nacional alguna cláusula que sea similar al de Juicio de Residencia.

¿Para qué?, por ejemplo, para que no le ocurra al país alguna vez, lo que le está pasando en este momento a la República de Perú, que tiene un ex presidente Fuji Mori con doble nacionalidad, amparado en un país que no tiene convenio de extradición con Perú.

Si usted me pregunta qué opino, le diría que realmente valdría la pena que en la Constitución Nacional hubiera una cláusula en ese sentido; pero los Estados provinciales no tenemos soberanía sobre esta cuestión. No tenemos soberanía o jurisdicción -no sé cómo se llama-, porque con ese criterio no nos podríamos ir de la Provincia, por la presunción de que podríamos haber cometido algún delito. Esto es ridículo, realmente es ridículo.

Rescatemos sí, del artículo 190, el espíritu respecto de que quienes ocupemos cargos públicos, estemos con la gente, caminemos por las calles, participemos en nuestro postmandato, como participamos en las campañas políticas.

Reitero, señor presidente, nosotros podríamos decir que a esta ley le faltan muchas cosas, porque podríamos imaginar muchos mecanismos, no sólo el de las declaraciones juradas. Y quiero decir algo con respecto a este tema que estoy totalmente de acuerdo que las declaraciones son públicas, es más, que la Legislatura -en nuestro caso- las publique en su página en Internet. No tengo ningún inconveniente.

Y si usted, señor presidente, me lo permite, le voy a alcanzar la mía para que se publique en la página de Internet de la Legislatura.

Créame que si el legislador miembro informante por el despacho de la minoría, que trajo a colación su caso personal, tiene alguna necesidad, nosotros podemos hacer una colecta para que publique su declaración jurada en el diario; estamos dispuestos a colaborar con él, ya que el Tribunal de Cuentas se lo impide. Si quiere manifestar sus bienes que vaya y lo haga de una vez por todas, pero que no haga tanta historia con esta cuestión. Esta es la verdad. Nada más por el momento, señor presidente.

Sra. MARTÍNEZ: Pido la palabra.

Señor presidente, desde el bloque 26 de Abril hemos tratado de trabajar seriamente en este proyecto, a pesar -como lo dijimos muchas veces– de que hemos sido convocados a tratar la modificación de la Ley provincial 264, proyecto presentado por la legisladora Ríos en su momento, y no un proyecto de autoría del Ejecutivo.

De todos modos tratamos de hacer un trabajo serio.

En los proyectos presentados en Comisión, uno del ARI y otro del Movimiento Popular Fueguino, llegamos en la discusión a un punto muerto, donde no se podía avanzar.

Nosotros solicitamos un cuarto intermendio y que se volviera a reunir la Comisión, para ver si podíamos presentar un proyecto alternativo, y dedicándonos al estudio minucioso del tema, con nuestros colaboradores, y también con la participación de otros legisladores y asesores de otros legisladores y, por supuesto, también con legisladores del ARI.

Creemos haber hecho un trabajo sincero, a conciencia, para dar una herramienta útil a la comunidad, como una forma más de control. No se legisló para ningún partido determinado, sino que se legisló tratando de que esto perdure en el tiempo y sirva a partir de su sanción. Es más, hoy discutimos debido a la reforma que se había propuesto ayer, a último momento, de derogar la Ley provincial 264, porque creíamos que jurídicamente debía haber una continuidad de la ley vigente que debe aplicar el Tribunal de Cuentas según la Constitución Provincial, que es la Ley provincial 264. Más, no se nos ocurrió, no tuvimos mayor creatividad; creo que si hubo legisladores que se quedaron con ganas de hacer modificaciones, se pueden hacer cuando se trate artículo por artículo.

Pte. (CÓCCARO): Señores legisladores, legislador Sciutto y legislador Bericua, ¿pueden hacer silencio?, por favor. Porque está en uso de la palabra la legisladora Martínez. Gracias.

Sra. MARTÍNEZ: Decía que estamos de acuerdo con algunas de las propuestas que se plantearon acá. Se habló en la Comisión del compromiso de trabajar sobre las declaraciones juradas -es cierto- en adhesión a la Ley nacional, y sobre la Ley de Ética Pública para la provincia. Es un compromiso que tomamos los legisladores que estábamos participando allí. Y bueno, simplemente, adelantar el voto afirmativo para la propuesta que se ha hecho y acordado en esta Cámara en este momento.

Sinceramente, no nos sentimos partícipes de estar encubriendo ningún tipo de delito ni amparando la impunidad, a partir de la sanción de esta ley. Sinceramente, todo nuestro esfuerzo y nuestro trabajo creemos que se ajusta a derecho y que tiene la participación legislativa que muchos ambicionábamos, participar desde un órgano de contralor político, con el órgano que menciona la Constitución, que es el Tribunal de Cuentas para realizar este Juicio de Residencia y con las posibilidades de solicitar documentación, papeles y todo tipo de instrumento legal que vaya a conformar la investigación de todos aquellos que se encuentran en este momento en estado de Juicio de Residencia. Nada más, señor presidente.

Sr. MARTÍNEZ: Pido la palabra.

Señor presidente, acá, el día lunes, el Gobernador de la Provincia planteó en parte de su mensaje y habló de corrupción en la anterior gestión, habló de política de tierra arrasada. Lo que le planteó a la Casa política del pueblo es que acá pasó esto en los últimos años. Y la obligación de los representantes del pueblo es esa. Y cuando el legislador Portela habla de cuál es la verdad. Y podríamos decir que una de las puntas de la verdad fue planteada por el legislador Bericua. Dice: "...las cuentas generales que envió el gobierno en los últimos años no han sido calificadas por el organismo de contralor...". O sea, no plantearon que estaban aprobadas, ni que estaban aprobadas con observación, ni que no estaban aprobadas. Plantearon la abstención. ¿Y sabe qué es la abstención, señor presidente?. En los últimos cuatro Ejercicios presentados a esta Legislatura que no fueron tratados, ¿sabe qué es la abstención? Es inconsistencia en la información y falta de la documentación respaldatoria. En algunos casos, en un Ejercicio, por más de cien millones de pesos. Eso es corrupción, señor presidente. Y el legislador Portela estuvo en esos períodos. Y las declaraciones juradas, hace cuatro años que se podrían haber presentado y no se presentaron. Y ahora se empieza con este tecnicismo a plantear una suerte de cambio del eje de la discusión. ¿Y cuál es la discusión?. Lo que planteó claramente el Gobernador. La corrupción y la política de tierra arrasada. La sociedad quiere saber por qué se quedó sin trabajo, por qué le bajaron el sueldo, por qué bajó la calidad educativa, por qué no tiene atención médica. Eso es lo que quiere saber y sus responsables. Y la responsabilidad de este Cuerpo, que somos los representantes del pueblo es la de aclarar esto y no buscar artilugios ni dejar puertas abiertas para que después, se judicialice esta cuestión. ¿Por qué?, porque puede ser la puerta abierta para que después estos señores terminen la discusión y no den ninguna explicación, como pasó ya.

Y creemos que en el proyecto de mayoría hay una clara desviación legislativa, que es inconstitucional.

También decimos, y nos preguntamos por qué el apoyo del bloque Justicialista a esto. ¿Todos estamos en estado de Juicio de Residencia?. Se planteó claramente que esto no se podía aplicar a los funcionarios que se fueron, que era para adelante, y ahora terminan apoyando, ¿qué pasó?.

Entonces, concretamente, ¿se va a poder juzgar a la gestión que se fue?.

Concretamente, ¿qué se está escondiendo detrás del tecnicismo?, ¿qué se está escondiendo?, ¿la cuestión de fondo, por ejemplo, de no presentar las declaraciones juradas?, ¿qué se quiere ocultar, cuál es el problema?.

Ahora, cuando cabe que se plantee eso, hacen alocuciones, nos atacan. Resulta que ahora los malos somos los del ARI que estamos confundiendo a la gente. La sociedad no está confundida. La sociedad sabe perfectamente lo que ha sufrido. Porque lo ha sufrido y lo ha padecido en estos últimos cuatro años. Sabe perfectamente y está esperando otra cuestión.	Cuando se habla de delegar al Tribunal de Cuentas, cuando se habla de delegarle atribuciones que son del Poder Legislativo, de los representantes del pueblo ¿a quién le estamos delegando?, ¿a estos señores que no controlaron; cuando eran ellos los que tenían que ver la consistencia en la información de la documentación respaldatoria y después se abstuvieron? Ellos son los responsables de llevar el juicio político. Esta cuestión de por qué no prosperaron los cambios últimamente. Si en la Legislatura anterior fueron parte el legislador Portela, la legisladora Guzmán y demás. Fueron los que cambiaron la ley del Tribunal de Cuentas para que esto no se diera, para restarle y darle argumentación en algunos casos por qué no actuaron o por qué omitieron en el Cuerpo. ¿Cuál es la verdad de lo que ha pasado acá?.

El pueblo la sabe; lo que quiere es respuestas. Y como Poder Legislativo se la tenemos que dar; porque si no, nos estaríamos alejando. Y esto puede terminar nuevamente en un papelón donde los responsables salgan impunes.

¿Qué es lo que se está discutiendo?.

Cuando a veces, los legisladores del Partido Justicialista se molestan porque dicen que tenemos el “casete grabado”, “el casete grabado de la impunidad” -vuelvo a sostener “de impunidad”- es porque sigue planteado en la sociedad que no quiere más la impunidad. Y esto es lo que queremos discutir.

Esto no es ninguna cuestión personal; esta es una cuestión política. Esta es una Casa política y en esos términos se plantea. Gracias, señor presidente.

Sr. PORTELA: Pido la palabra.

Señor presidente, es simplemente para aclarar dos o tres cositas a las que hacía referencia recién el legislador Martínez.

Respecto de las declaraciones juradas, esta norma nada dice o nada impide para que los organismos de contralor puedan acceder a las declaraciones juradas. Es decir, hoy el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado tienen atribuciones para poder abrirlas cuando estimen pertinente. A partir de la sanción de esta norma, también las va a tener la Comisión de Seguimiento de la Legislatura Provincial.

Por otro lado, habla de que la Legislatura le está delegando facultades al Tribunal de Cuentas. Le quiero decir al señor legislador, si no lo tiene claro, que lea el artículo 190 de la Constitución provincial, en el capítulo que se refiere a las responsabilidades y funciones del Tribunal de Cuentas. Y, si no le queda clara la lectura que vaya al Diario de Sesiones de la Convención Constituyente para que se entere que los propios convencionales constituyentes le otorgaron la facultad al Tribunal de Cuentas, para intervenir en el Juicio de Residencia.

También le quiero hacer saber al señor legislador que en la modificación de la Ley provincial 495, en la que él me imputa que yo di mi voto para el cercenamiento de facultades, he votado en contra, como en muchas otras.

Si quiere hablar con la verdad, primero que trate de verificar lo que dice para luego poder sostenerlo en este ámbito. Nada más, señor presidente.

Sr. SALADINO: Pido la palabra.

Señor presidente, escucho el debate y digo que una de las mejores formas para contestar -digamos- es hacerlo desde la política. Lo voy a hacer desde la política, como hombre de la política, porque acá hablamos de responsabilidades, y yo tengo una responsabilidad más allá de la de legislador, de ser un ciudadano común y responder y no mentirles a quienes han dado su voto de confianza para que yo esté en esta banca.

Entonces, cuando acá alegremente decimos que no tenemos responsabilidades

de aquí para adelante, le contesto a algunos legisladores que sí tenían lugares para decirlo en la anterior gestión y tenían una banca en esta Legislatura para decir las cosas. Pero, como es costumbre de la dirigencia política -y en esto me hago cargo de la autocrítica-, venimos a reavivar al enfermo con aspirina cuando está enfermo de cáncer. ¿Por qué?, porque hemos planteado en una reunión de Comisiones y bien lo apuntalaron los legisladores preopinantes el tema de las declaraciones juradas. Expresamente dijimos que no teníamos ningún inconveniente en el tema con respecto a las declaraciones juradas.

Donde expresamente el bloque del Movimiento Popular Fueguino hizo un aporte a esta Legislatura; hemos ido consensuando y buscando alternativas distintas a lo que dicen los legisladores, porque es más fácil quedarse en el reclamo y no hacer nada para no solucionarlo.

Pero también digo que este hombre del Justicialismo, viene a decirle a la comunidad de Tierra del Fuego, con toda la responsabilidad histórica que comparten algunos partidos que están aquí presentes, como la UCR o el Movimiento Popular Fueguino en la Provincia, que venimos a esta Cámara a decir: Estos son nuestros hombres de la gestión anterior y si les compete alguna presunción de delito o algo que se le parezca, que denuncien, que lo hagan. Acá están los hombres del Justicialismo para acompañar esta ley. Nada más, señor presidente.

Pte. (CÓCCARO): Legislador Raimbault, tiene diez minutos para el uso de la palabra.

Sr. RAIMBAULT: Pido la palabra.

Señor presidente, es curioso el concepto de la democracia que se tiene en el recinto. Yo soy autoritario, pero la verdad que al único que interrumpen en el uso de la palabra y le limitan el tiempo es a mí.

¿Soy autoritario?, la mayoría puede injuriarme, decirme mentiroso y algunos otros calificativos; pero al único que le deslizan la posibilidad de ponerle una sanción es a mí. La verdad es que vine a discutir el comienzo del fin de la impunidad del manfredottismo, del proceso de corrupción estructural y casi salgo sancionado. Es realmente curioso el concepto de democracia que tiene esta Cámara, se ofenden porque un legislador debate, porque un legislador plantea sus ideas en una sesión parlamentaria.

Entonces, esto tiene una implicancia casi cultural, señor presidente, porque lo que me parece a mí, es que lo que existe, lo que subyace en esto es que tanto tiempo ha pasado que en esta Cámara no hubo debate, que en el simple hecho de que empiece a haber debate, algunos creen ver la posibilidad de una sanción disciplinaria. Y hay que interpretarlo de distinta manera. La posibilidad de debate enriquece, y no se tiene que tomar mal esto, se tiene que tomar en el sentido republicano del debate. No estoy individualizando personalmente a cada uno de los legisladores en particular sobre un punto en concreto. Estoy planteando la posibilidad de que esta ley, que seguramente va a salir con el dictamen de mayoría, pueda no ser aplicable.

Sr. BERICUA: ... porque he sido aludido le pido la palabra.

Sr. RAIMBAULT: No hice ninguna alusión en particular al legislador Bericua.

-Hablan varios legisladores a la vez.

Pte. (CÓCCARO): Continúe, legislador Raimbault.

Sr. RAIMBAULT: Se ha hablado de la posibilidad de que en el proyecto de mayoría, lo que se está haciendo es que la ley sea perfectamente operativa, que se haga un control operativo y, en realidad, ahora sigue el control sobre el funcionamiento y sobre la gestión.

Y en todo caso, reservamos la discusión si quieren seguir hablando, sobre temas generales, para concederle la palabra al legislador Bericua, y reservamos el planteo para una discusión en particular.

Hay errores graves en la redacción, que van a impedir la aplicación en la práctica. Entonces, no se tiene que tomar mal, si hay buena voluntad, se tiene que tomar bien y, en todo caso, incorporar las críticas -si es que consideran que son razonables- al articulado para que pueda tener vigencia. Si quieren seguimos la discusión en general y, si no, en particular vamos a exponer nuestro parecer.

Le concedo la palabra al legislador Bericua.

Pte. (CÓCCARO): Tiene la palabra el legislador Bericua.

Sr. BERICUA: Sólo para terminar esta historia. No pido ninguna sanción. Cuando un legislador plantea una cuestión de privilegio es porque ve afectada su función como tal; y en esto tengo atrás a los pocos o muchos que me han puesto para que lleve adelante las ideas que ellos comparten. Entonces, la cuestión de privilegio que he planteado no es para sancionar, ni para coartar la palabra al legislador, es solamente para pedirle que cuando él sostiene sus argumentos, tenga el cuidado de no afectar mi privilegio parlamentario.

No quiero sanciones, lo que quiero es que la próxima vez, si me considera -como lo dijo-, encubridor de hechos de corrupcióon, me denuncie en la Justicia por encubrimiento. Así como -y ahora aprovecho para "mechar" alguna cosita más-, si tiene denuncias que hacer sobre la gestión que él cree -como la ha calificado- que vaya y haga las denuncias; porque en realidad, si no, ¿cómo va a quedar esto, cuál va a ser le lectura de la gente?, que porque estamos aprobando una la Ley de Juicio de Residencia de morondanga acá nadie es juzgado. No, no. Él sabe muy bien como abogado y, les digo más, tal vez él nos pueda ilustrar sobre esto. La legislación argentina tiene un caso excepcional y particular, que es el tema del enriquecimiento ilícito, donde acá la presunción de inocencia se invierte y el que es acusado por enriquecimiento ilícito tiene que demostrar que no se ha enriquecido. Fíjese qué fácil es ir y acusar a un funcionario de enriquecimiento ilícito, porque no hay que probarlo. El que tiene que probar que no se enriqueció es el otro. Mire -hasta- qué sabios han sido los legisladores que han aprobado y que, de alguna manera, han establecido este instituto. Así que él sabe muy bien que lo puede hacer.

Le pido, señor presidente, que se cierre el debate y que pasemos a la votación en general y después al tratamiento en particular. Hago moción de cierre del debate y que pasemos a la votación en general.

Sra. VARGAS: Pido la palabra, señor presidente.

Pte. (CÓCCARO): Votamos primero la moción del legislador Bericua para que se cierre el debate y se pase a votación. Los que estén por la afirmativa a mano alzada.

Se vota y es afirmativa.

Pte. (CÓCCARO): Aprobado.

Vamos a pasar a votar en general, el Dictamen Nº 028/04, por la mayoría.

Sra. GUZMÁN: Señor presidente, la legisladora Vargas había pedido la palabra.

Pte. (CÓCCARO): Pero, la legisladora pidió la palabra después del cierre del debate. Bueno, tiene la palabra, legisladora Vargas.

Sr. VARGAS: Gracias, señor presidente.

Es referente al acompañamiento en el voto al asunto en general. Por eso en particular no iba a quedar muy bien lo que diga.

En realidad es para aclarar también, que sin pertenecer a la Comisión Nº 1, me dejaron participar y pude aportar ideas en este proyecto. Me pareció algo muy serio, por el cual nos reuníamos y parece que se están tomando las cosas muy mal acá. No esperaba encontrarme con este tipo de debates así, tan fuertes, y sí presencié las Comisiones, que puedo atestiguar que fueron muy serias y se trabajó muy bien. Era para aclarar eso.

Pte. (CÓCCARO): Gracias, legisladora.

Bueno, ponemos a votación la moción del legislador Martínez, para que el proyecto tenga votación nominal.

Se vota y resulta negativa.

Pte. (CÓCCARO): No se aprueba.

Ponemos a consideración de los señores legisladores la votación -repito- del dictamen por la mayoría, Asunto Nº 028/04, proyecto que estamos tratando.

Se vota y es afirmativa.

Pte. (CÓCCARO): Aprobado, por doce votos por la afirmativa.

Sr. MARTÍNEZ: Pido la palabra.

Es para solicitar que quede constancia del voto negativo del bloque del ARI.

Pte. (CÓCCARO): Queda constancia en el Diario de Sesiones del bloque del ARI.

Sr. BERICUA: Pido la palabra.

Voy a pedir que quede constancia en el Diario de Sesiones que a la moción formulada por el legislador Martínez, nosotros votamos por la afirmativa.

Pte. (CÓCCARO): Queda constancia, señor legislador.

Sra. PACHECO: Pido la palabra.

Señor presidente, he escuchado el debate de esta Cámara, en el cual se nos han hecho algunas imputaciones, que califico -en realidad- de bastante groseras hacia nuestras personas y hacia nuestra figura de legisladores. En realidad, nosotros, con el legislador Bericua, cuando se estuvo trabajando en la Comisión Nº 1, donde se trató este tema, allí hubo posibilidades de debatir y discutir esta situación, la cual se discutió y se plasmó en un proyecto que hoy fue sancionado por esta Cámara.

Lo que quiero dejar claro es que no quiero que se confunda a la comunidad con que pueda haber un pacto de impunidad en este tema o que aquí puedan haber acuerdos, ni tampoco dudas en lo que refiere al tratamiento de lo que nosotros hemos acompañado y hemos votado en el día de hoy.

El Frente de Unidad Provincial ha creído conveniente como bloque, luego de haber trabajado en esta Comisión, acompañar este proyecto, donde hubo proyectos por parte de otros bloques políticos, donde se discutieron y se analizaron todos estos temas, en los que nosotros estuvimos de acuerdo. Y en el día de ayer hemos firmado el acompañamiento, y hoy lo hicimos claro en este recinto con la votación del bloque del Frente de Unidad Provincial.

Estas son cosas que suceden y es parte de la vida política de una Cámara Legislativa, donde muchas veces podemos estar de acuerdo y otras veces no. Muchas veces hemos votado junto con el ARI, porque hemos acompañado un criterio y, en realidad, hemos estado de acuerdo con respecto a la formulación de algunas cuestiones muy particulares.

En este preciso momento no sucede lo mismo. Pero esto no significa que estemos en complicidad ni que el resto de los legisladores se haya prestado a una complicidad o a algo totalmente oscuro o dudoso en el trabajo que salió hoy, por no acompañar la decisión del bloque del ARI. Respeto a los legisladores del ARI en su postura, pero no acompaño en sus declaraciones, debido a que si hoy el bloque del Frente de Unidad Provincial no ha acompañado y ha tomado una determinación distinta, no tiene que quedar un manto de duda sobre nuestro accionar y de cuál es el accionar de los legisladores que hemos acompañado y que hemos votado este proyecto, que hoy fue sancionado por esta Cámara.

Por lo tanto, adelantándome posiblemente a algunas declaraciones que se puedan hacer a través de los medios, quiero que quede establecido en esta Cámara que el trabajo ha sido totalmente transparente; y que los señores legisladores han trabajado y han tenido oportunidad de manifestar sus opiniones, donde ha quedado establecido, en esas reuniones de Comisiones, cuál ha sido todo el trabajo que se ha hecho.

Por lo tanto, no quiero que se cree un manto de duda hacia la comunidad de lo que ha sucedido en esta Comisión y que hoy se ve plasmado en la aprobación de este proyecto. Nada más, señor presidente.

Pte. (CÓCCARO): Se somete a votación el proyecto de ley. Se pone a consideración de los señores legisladores, el artículo 1°, para su aprobación en particular.

Sr. BERICUA: Pido la palabra.

Señor presidente, es para señalar una disidencia parcial respecto del artículo. Nosotros creemos que debe eliminarse esta autorización general que se plantea en el artículo 1° y que también está contenida en el despacho de la minoría, respecto de la autorización para salir por el plazo de veinte días.

Y lo hacemos, tratando de interpretar de la mejor manera posible la cláusula constitucional que ha previsto que, para ausentarse de la Provincia la autorización deba ser expresa.

Dice el artículo 190 que: “... no podrán abandonar la Provincia hasta después de cuatro meses de terminadas sus funciones, salvo expresa autorización de la Legislatura Provincial o de los Cuerpos deliberativos municipales...”.

Nosotros entendemos que la autorización expresa es sobre un caso puntual. Y nos parece que sentar una autorización general en este artículo, no está de acuerdo con el contenido del artículo 190 de la Constitución provincial. Nada más que eso, señor presidente.

Sr. SALADINO: Pido la palabra.

Señor presidente, solicito avanzar en los artículos que estemos de acuerdo y dejar para el final la reforma que propone el legislador Bericua.

Pte. (CÓCCARO): Propongo que el legislador Bericua, concretamente explique cuál es la corrección que desea del artículo 1º.

Sr. BERICUA: Pido la palabra.

Señor presidente, esto ya fue planteado en la Comisión, y ésta la rechazó como criterio.

Nosotros lo que hacemos con esta mecánica es dejar asentado en el Diario de Sesiones que tenemos una diferencia.

Porque en el Diario de Sesiones no está asentada toda la discusión en la Comisión. Si el día de mañana esto fuera inaplicable, nosotros diremos que teníamos razón y si es aplicable diremos que estábamos equivocados.

En este caso puntual, no podemos votar este artículo si no lo compartimos, pero compartimos el espíritu. Igualmente, esto no va a afectar en absoluto la posibilidad de que la ley sea sancionada porque conocemos la opinión de los otros legisladores. Si usted lo somete a votación nosotros no lo votamos, pero estamos de acuerdo en el espíritu.

Pte. (CÓCCARO): Está a consideración de los señores legisladores la moción del legislador Saladino, para su aprobación.

Sr. SALADINO: Pido la palabra.

Señor presidente, retiro la moción.

Pte. (CÓCCARO): Está a consideración de los señores legisladores el artículo 1º, para su aprobación.

Se vota y es afirmativa.

Pte. (CÓCCARO): Aprobado, por nueve votos por la afirmativa.

Está a consideración de los señores legisladores el artículo 2º, para su aprobación.

Se vota y es afirmativa.

Pte. (CÓCCARO): Aprobado, por doce votos por la afirmativa.

Está a consideración de los señores legisladores el artículo 3º, para su aprobación.

Se vota y es afirmativa.

Pte. (CÓCCARO): Aprobado, por doce votos por la afirmativa.

Sr. RAIMBAULT: Pido la palabra.

Señor presidente, ...(no se perciben las palabras del orador)

Pte. (CÓCCARO): Está a consideración de los señores legisladores el artículo 4º, para su aprobación.

Sr. BERICUA: Pido la palabra.

Señor presidente, es para solicitar a la Cámara si acepta una modificación. Va demasiado rápido, señor presidente.

Queremos proponer que el domicilio que se debe constituir en el ejido urbano de Ushuaia, sea domicilio especial. Entonces, la propuesta concreta, y por qué: Un ciudadano de

la ciudad de Río Grande, para ser candidato a concejal debe tener domicilio en esa jurisdicción. Lo que estamos pretendiendo es que constituya domicilio especial, a los efectos de esta ley en el ejido urbano de Ushuaia.

Por lo tanto la propuesta es: “...deberán constituir domicilio especial”, la moción es agregar la palabra “especial” , si la Cámara lo acepta.

Sr. SCIUTTO: Pido la palabra.

¿Por qué no se puede poner la “provincia de Tierra del Fuego”, si el Tribunal de

Cuentas tiene delegados en las otras ciudades?

¿Por qué se va a tener que poner domicilio “especial”, si se puede poner el domicilio real?

-Hablan varios legisladores a la vez.

Sr. BERICUA: Pido la palabra.

Si vamos a poner domicilio en la provincia, no pongamos nada, porque tiene que tener domicilio en la provincia. O, eliminamos todo el tema del domicilio; porque en realidad, creo que el autor del proyecto lo que quiso significar era que teniendo el Tribunal de Cuentas asiento en la ciudad capital de la Provincia, y a efectos de que esto funcionara...

-Hablan varios legisladores a la vez.

Pte. (CÓCCARO): Sometemos a votación el artículo 4º...

-Hablan varios legisladores a la vez.

Sec. (CORTÉS): "Artículo 4º.- Sustitúyese el artículo 4º de la Ley provincial 264, por el siguiente texto:

“Artículo 4º.- Sin perjuicio de las restantes obligaciones fijadas en esta ley, quienes estén alcanzados por sus disposiciones deberán constituir domicilio ante el Tribunal de Cuentas en el ámbito de la provincia de Tierra del Fuego, y dentro de los tres (3) días de haber dejado el cargo, el que se considerará subsistente por el término de prescripción a que se refiere el artículo 3º, donde serán válidas todas las notificaciones que se cursen. El incumplimiento de esta obligación implicará que las disposiciones que se dicten quedarán automáticamente notificadas al día siguiente de su dictado.”.

MOCIÓN

Sr. BERICUA: Pido la palabra.

Señor presidente, proponemos que sea domicilio “especial en la provincia de Tierra del Fuego”, porque hay tres domicilios: el legal, el real y el especial.

Creemos que lo correcto es poner domicilio especial.

Pte. (CÓCCARO): Sometemos a votación la moción del legislador Bericua a mano alzada.

Se vota y es afirmativa.

Pte. (CÓCCARO): Aprobado.

Por Secretaría Legislativa se dará lectura nuevamente al artículo 4º con su nueva redacción, para que quede claro.

Sec. (CORTÉS): "Artículo 4º.- Sustitúyese el artículo 4º de la Ley provincial 264, por el siguiente texto:

“Artículo 4º.- Sin perjuicio de las restantes obligaciones fijadas en esta ley, quienes estén alcanzados por sus disposiciones deberán constituir domicilio especial ante el Tribunal de Cuentas en el ámbito de la provincia de Tierra del Fuego, y dentro de los tres (3) días de haber dejado el cargo, el que se considerará subsistente por el término de prescripción a que se

refiere el artículo 3º, donde serán válidas todas las notificaciones que se cursen. El incumplimiento de esta obligación implicará que las disposiciones que se dicten quedarán automáticamente notificadas al día siguiente de su dictado.”.

Pte. (CÓCCARO): Está a consideración de los señores legisladores el artículo 4º, para su aprobación en particular.

Se vota y es afirmativa.

Pte. (CÓCCARO): Aprobado.

El legislador Bericua dice que estoy un poco apurado, pero es que hace quince días que están debatiendo ese proyecto, legislador.

Sometemos a votación de los señores legisladores el artículo 5º, para su aprobación en particular.

Sr. BERICUA: Pido la palabra.

Es para señalar una cuestión que para mí y para nuestro bloque es importante. Queremos destacarlo y que, además, conste en el Diario de Sesiones.

Esto tiene que ver, tal vez, con que estemos asistiendo a un principio de cambio en esta Legislatura. El proyecto original que tratamos en la Comisión señalaba que la Comisión de Seguimiento Legislativo iba a estar conformada, como mínimo, con un legislador por cada bloque, pero, respetando la proporcionalidad de los bloques políticos en la Cámara. Esto, ni más ni menos, será decir que si un bloque unipersonal tenía derecho a tener un legislador en la Comisión de Seguimiento, el bloque iba a tener derecho a tener sus miembros en la Comisión Legislativa. Quiero rescatar -y en eso me hago cargo- la actitud ética de los bloques que son mayoritarios en esta Cámara, que han resignado su proporción y se han avenido a que sólo un representante de su bloque esté en esta Comisión de Seguimiento.

Creo que éste es un paso importante, porque ha puesto en un plano de igualdad al conjunto de voluntades políticas de esta Cámara, cosa que en otras cuestiones hubiéramos deseado que fuera así y que aspiramos que en el futuro se concreten. Nada más, señor presidente.

Pte. (CÓCCARO): Se pone a consideración de los señores legisladores el artículo 5º, para su aprobación en particular.

Se vota y es afirmativa.

Pte. (CÓCCARO): Aprobado, por doce votos por la afirmativa.

Se somete a votación el artículo 6º, para su consideración en particular.

Se vota y es afirmativa.

Pte. (CÓCCARO): Aprobado.

Se pone a consideración de la Cámara, el artículo 7º, para su aprobación en particular.

Se vota y es afirmativa.

Pte. (CÓCCARO): Aprobado.

El artículo 8º es de forma.

Queda sancionada la Ley de Juicio de Residencia, en general y en particular.

- V -

CIERRE DE LA SESIÓN

Pte. (CÓCCARO): No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión de la fecha.

Es la hora 13 y 20

Rafael Jesús CORTÉS	Hugo Omar CÓCCARO

Secretario Legislativo	Presidente

Rosa SCHIAVONE

Directora de Taquigrafía

ANEXO I:

A S U N T O S A P R O B A D O S

- 1 -

Asunto Nº 028/04

Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 1º de la Ley provincial 264, por el siguiente texto:

“Artículo 1º.- Los funcionarios mencionados en el artículo 190 de la Constitución Provincial estarán sujetos a Juicio de Residencia ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia por el término de cuatro (4) meses contados a partir de la finalización de su mandato o cese de sus funciones, período en el cual no podrán ausentarse de la Provincia por un plazo que exceda los veinte (20) días, salvo que mediare autorización expresa del órgano competente.”.

Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 2º de la Ley provincial 264, por el siguiente texto:

“Artículo 2º.- Las previsiones y prohibiciones del artículo anterior alcanzan a todo funcionario cuyo mandato haya finalizado o cesado en sus funciones, con independencia de su reelección o designación en el mismo o diferente cargo.”.

Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 3º de la Ley provincial 264, por el siguiente texto:

“Artículo 3º.- Los funcionarios mencionados en el artículo 1º deberán dar pleno cumplimiento a las normas que al efecto dicte el Tribunal de Cuentas, las cuales deberán tener la aprobación de la Comisión creada por esta ley, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se les efectuará un cargo preventivo automático igual al importe de los bienes que estuvieron bajo su responsabilidad y/o por el importe total de la rendición de cuentas no efectuada procediéndose, en esta instancia, al enjuiciamiento dispuesto en el Capítulo XIII de la Ley provincial 50 y sus modificatorias fijándose, a este efecto, en tres (3) años el plazo de prescripción para ejercer la acción de responsabilidad patrimonial.”.

Artículo 4º.- Sustitúyese el artículo 4º de la Ley provincial 264, por el siguiente texto:

“Artículo 4º.- Sin perjuicio de las restantes obligaciones fijadas en esta ley, quienes estén

alcanzados por sus disposiciones deberán constituir domicilio especial ante el Tribunal de Cuentas en el ámbito de la provincia de Tierra del Fuego, y dentro de los tres (3) días de haber dejado el cargo, el que se considerará subsistente por el término de prescripción a que se refiere el artículo 3º, donde serán válidas todas las notificaciones que se cursen. El incumplimiento de esta obligación implicará que las disposiciones que se dicten quedarán automáticamente notificadas al día siguiente de su dictado.”.

Artículo 5º.- Sustitúyese el artículo 5º de la Ley provincial 264, por el siguiente texto:

“Artículo 5º.- Créase la Comisión de Seguimiento Legislativo del Juicio de Residencia, la que estará conformada por un (1) legislador de cada bloque parlamentario. Sus integrantes deberán ser propuestos por cada bloque al inicio de cada período parlamentario.”.

Artículo 6º.- Sustitúyese el artículo 6º de la Ley provincial 264, por el siguiente texto:

“Artículo 6º.- Dicha Comisión tendrá como objeto y función el seguimiento de las actuaciones del Juicio de Residencia, a cuyo efecto estará facultada para solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que se estime útil, a cualquier organismo público nacional, provincial, municipal,o comunal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije. Al respecto no se podrá oponer disposición alguna que establezca el secreto de información y/o documentación requerida, salvo que la misma se funde en disposición de jerarquía superior.”.

Artículo 7º.- Derógase el artículo 7º de la Ley provincial 264.

Artículo 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.

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S U M A R I O

I – APERTURA DE LA SESIÓN	2
II – IZAMIENTO DEL PABELLÓN	2
III – PEDIDOS DE LICENCIA	2
IV – CONVOCATORIA	2
1.- Asunto Nº 028/04. Dictamen de Comisión Nº 1, en mayoría sobre Asunto Nº 283/03.(Bloque Frente Cívico y Social. Proyecto de Ley de Juicio de Residencia); aconsejando su sanción.	2
V – CIERRE DE LA SESIÓN	28

ANEXO I: Asuntos Aprobados	28

- - - - - - - -

29

2003-11-19T00:39:11