LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
Artículo 1º.- Establécese el Régimen Provincial de Protección a Testigos, destinado a la ejecución de las medidas especiales que preserven la seguridad de testigos en causas penales que tramiten por ante la Justicia provincial que, por su complejidad, dificultades para su esclarecimiento, gravedad, resonancia pública o cualquier otra circunstancia extraordinaria, pudieren exponer a posibles testigos a una situación de peligro para su vida o integridad física. 
Artículo 2º.- Las medidas de protección serán dispuestas de oficio a petición de parte o del declarante, por el juez o tribunal a cargo de la causa en que se recibiera la declaración que justificara tal temperamento. El órgano judicial competente, con carácter previo, deberá recabar la opinión del Ministerio Público Fiscal, órgano que deberá expedirse en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas. 
En el supuesto de peligro en la demora, el juez o tribunal deberá producir, con carácter provisorio, las medidas de protección que correspondan.
Artículo 3º.- La aplicación del presente Régimen, a los fines de la adecuada distribución y asignación de los recursos disponibles, dependerá de la concurrencia de los recaudos siguientes:
a)	Presunción fundamentada de un peligro cierto para la integridad física de una persona a consecuencia de su colaboración o declaración relevante en una causa penal;
b)	interés público trascendente en la investigación y juzgamiento del hecho en razón de su grado de afectación social;
c)	validez, verosimilitud e importancia del aporte de la persona cuya protección se requiere para la investigación y juicio penal correspondiente;
d)	viabilidad de la aplicación de las medidas especiales de protección;
e)	adaptabilidad de la persona a las medidas especiales de protección. 
Artículo 4º.- Las medidas especiales de protección previstas en esta ley podrán ser aplicadas a todas o a algunas de las personas que convivan con el testigo bajo amenaza o peligro. 
Artículo 5º.- Las medidas especiales de protección, cuando las circunstancias lo permitan y lo hagan aconsejable, podrán consistir en:
a)	La custodia personal o domiciliaria;
b)	el alojamiento temporario en lugares reservados;
c)	el cambio de domicilio;
d)	el suministro de los medios económicos para alojamiento, transporte, alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites, sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda y demás gastos indispensables, dentro o fuera de la Provincia, mientras la persona beneficiaria se halle imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios;
e)	la asistencia para la gestión de trámites;
f)	la asistencia para la reinserción laboral. 
La enumeración que antecede es meramente ejemplificativa. 
Las medidas de protección dispuestas durarán el tiempo necesario hasta que, según la evolución de las investigaciones o del juzgamiento de los hechos y demás circunstancias, pueda juzgarse verosímilmente que el peligro para la seguridad de la persona del testigo y de su grupo familiar, así como las causas que motivaran la adopción de tales medidas, han desaparecido.
Artículo 6º.- Es condición inexcusable para la admisión y permanencia de las previsiones del presente Régimen la aceptación escrita, por parte del interesado, del cumplimiento obligatorio de las siguientes disposiciones:
a)	Mantener absoluta reserva y confidencialidad respecto de la situación de protección y de las medidas adoptadas;
b)	someterse, en caso de ser necesario, a los exámenes médicos, psicológicos, físicos y socioambientales que permitan evaluar su capacidad de adaptación a las medidas que fuera necesario adoptar;
c)	prestar el consentimiento, en caso de ser necesario, para que se realicen las medidas previstas en el inciso anterior, respecto de menores o incapaces que se encuentren bajo su patria potestad, guarda, tutela o curatela;
d)	presentar una declaración jurada patrimonial sobre su activo, pasivo, juicios o acciones judiciales pendientes y demás obligaciones legales;
e)	colaborar con el mantenimiento de las relaciones de filiación entre padres o madres e hijos menores de edad y de las obligaciones alimentarias que pudieren existir;
f)	mantenerse dentro de límites impuestos por las medidas especiales de protección;
g)	cambiar de domicilio cada vez que sea necesario y, cuando corresponda, recibir el bien que le haya sido gestionado;
h)	abstenerse de concurrir a lugares de probable riesgo o más allá de la capacidad de alcance operativo del personal asignado para la protección;
i)	respetar los límites impuestos por las medidas especiales de protección y las instrucciones que a tal efecto se le impartan;
j)	comprometerse a no cometer delitos o contravenciones. 
Artículo 7º.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo precedente debidamente comprobado, según su gravedad o importancia, podrá ser causal para disponer judicialmente el levantamiento o la sustitución de las medidas de protección adoptadas. 
Artículo 8º.- Las medidas de Protección a Testigos reglamentadas por la presente serán dispuestas y controladas por el juez o tribunal de la causa, quien podrá disponer asimismo la coordinación o colaboración en su implementación, con otros organismos que, según la naturaleza de las medidas que en cada caso se adopten, estén en condiciones de garantizar la efectiva vigencia de las mismas. 
Artículo 9º.- El juez o tribunal a cargo de las medidas de Protección a Testigos tendrá las siguientes facultades y deberes:
a)	Llevar adelante las medidas de protección adecuadas a cada caso y a las posibilidades de adaptación a ellas por parte de las personas beneficiadas. A tales fines podrá requerir estudios psicológicos, clínicos, ambientales y todos aquellos que considere pertinentes;
b)	efectuar las comunicaciones relativas al seguimiento de cada caso a las autoridades o personas que hubieran requerido la protección y determinar los distintos aspectos de la aplicación de las mismas;
c)	encomendar la ejecución material de las medidas especiales de protección a las fuerzas de seguridad, policiales y servicio penitenciario, quienes deberán cumplirlas en tiempo y forma, aportando servicios de custodia, informes técnicos o socioambientales y cualquier otro servicio que, por razones de inmediatez y reserva del caso, se estime necesario. A tal fin, el responsable del área gubernamental respectiva deberá designar al funcionario encargado de las acciones señaladas en este inciso, en lo que a su competencia corresponda y disponer las medidas conducentes para afrontar los gastos que aquéllas demanden;
d)	requerir de los organismos o dependencias de la Administración Pública la intervención para suministrar servicios específicos, así como la confección de trámites y provisión de documentación e información. Los funcionarios responsables de los organismos y dependencias de la Administración Pública cumplirán en tiempo y forma con lo requerido, bajo apercibimiento de ser considerado el incumplimiento como falta grave;
e)	instrumentar por la vía que corresponda la realización de pagos, contrataciones y erogaciones de carácter reservado para el cumplimiento de las medidas de protección;
f)	disponer el cese de la protección cuando las circunstancias así lo aconsejaren, en atención a lo previsto en el último párrafo del artículo 5º;
g)	instrumentar por la vía que corresponda la celebración de convenios y/o relaciones a nivel provincial y nacional, con organismos o instituciones públicas o privadas;
h)	garantizar la debida discreción y reserva de las medidas de protección implementadas y de todos sus aspectos y circunstancias, a efectos de que la finalidad de las mismas no pueda ser frustrada por su eventual difusión. A tal fin deberá extremar el celo del personal del Juzgado o Tribunal a su cargo promoviendo, en caso de violación a lo aquí estipulado, la investigación y/o sanción disciplinaria que pudiere corresponder.
Los actos administrativos tendientes a llevar adelante la protección serán discrecionales, sin necesidad de sustanciación previa. No será admisible recurso administrativo alguno contra dichos actos. 
Artículo 10.- Los fondos necesarios para implementar las medidas previstas en la presente norma serán proporcionados por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, autorizándose a tal fin las modificaciones presupuestarias necesarias para el ejercicio financiero en curso. Para los sucesivos ejercicios financieros deberá preverse la correspondiente partida presupuestaria. 
Artículo 11.- La presente ley es complementaria del Código Procesal Penal de la Provincia. Entrará en vigencia a partir de su publicación y se aplicará a las causas en trámite a la fecha de su entrada en vigencia o a las que se iniciaren con posterioridad a dicha fecha, en tanto se verifiquen las condiciones en ella estipuladas. 
Artículo 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial. 

DADA EN SESIÓN ESPECIAL DEL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2004.-