LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
SANCIONA CON FUERZA DE LEY :

RÉGIMEN DE DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y REQUERIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN DE INCREMENTOS PATRIMONIALES 

TÍTULO I

REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES

CAPÍTULO I

CREACIÓN
Artículo 1º.- Créase el Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, cuyo fin será la inscripción y custodia de las declaraciones juradas de los funcionarios, y la fiscalización del cumplimiento de la presente ley. 

CAPÍTULO II

DEPENDENCIAS Y ALCANCES

Artículo 2º.- El Registro creado mediante el artículo precedente, será responsabilidad de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia quedando comprendidos en el presente régimen: 
a)Todos los funcionarios y magistrados de los tres Poderes del Estado Provincial, sean electos o designados;
b)los vocales del Tribunal de Cuentas de la Provincia;
c)el Fiscal de Estado de la Provincia;
d)todos los funcionarios de entes autárquicos o descentralizados, empresas con participación estatal mayoritaria o de gestión con financiamiento público provincial, servicios de cuentas especiales, obras sociales y Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, sean electos o designados, incluyendo a los circunstanciales interventores;
e)los intendentes, concejales y funcionarios municipales electos o designados;
f)los integrantes de concejos comunales, y todos los funcionarios comunales electos o designados;
g)el interventor federal y los funcionarios designados por éste;
h)los interventores municipales y comunales y los funcionarios designados por éstos;
i)todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía;
j)todo funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o partícipe en la toma de decisiones de licitaciones o compras;
k)los titulares de Unidades Ejecutoras de proyectos financiados total o parcialmente por organismos nacionales o internacionales de crédito y coordinadores de programas;
l)el personal en actividad de la Policía Provincial y del Servicio Penitenciario, con jerarquía  de oficial superior o equivalente;
m)los funcionarios de las Direcciones Generales de Rentas provinciales, municipales y/o comunales con nivel no inferior a Departamento o equivalente, y quienes cumplan funciones de control;
n)los miembros de los organismos administrativos con funciones jurisdiccionales;
ñ) asesores de Gabinete;
o)los miembros del Consejo de la Magistratura, no comprendidos en ningún otro inciso;
p)todos aquellos agentes del Estado provincial que tuvieran responsabilidad de disponer o administrar fondos públicos o que la reglamentación de la presente ley disponga. 

CAPÍTULO III

CONDICIONES

Artículo 3º.- Las declaraciones juradas deberán contener:
1)La nómina y el detalle de todos los bienes, créditos, deudas e ingresos de carácter propio del declarante, los de carácter propio de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, ubicados u originados en el país o en el extranjero, con especial individualización de los que se indican a continuación:
a)Bienes inmuebles;
b)bienes muebles registrables, automotores, naves, aeronaves, yates, motocicletas y similares;
c)otros bienes muebles, equipos, instrumental, joyas, objetos de arte y semovientes que por su costo, valor o monto, representen una cifra de importancia dentro de la suma global del patrimonio;
d)capitales invertidos en títulos, acciones y demás valores cotizables en bolsa;
e)capitales invertidos en explotaciones unipersonales y sociedades que no coticen en bolsa;
f)depósitos en bancos y otras entidades financieras en el país o en el exterior;
g)créditos hipotecarios, prendarios y personales;
h)deudas hipotecarias prendarias y comunes;
i)ingresos derivados del trabajo en relación de dependencia, del ejercicio de actividades independientes, como profesión, oficio, comercio, industria, alquileres, etcétera y los derivados de los sistemas  previsionales, jubilación, retiro, pensión; 
j)dinero en efectivo: moneda nacional o extranjera. 
2)Nombre, apellido, profesión, medios de vida y domicilio de sus parientes por consanguinidad en línea recta y de los convivientes en aparente matrimonio. 
Artículo 4º.- Las declaraciones juradas patrimoniales se presentarán al Registro y se firmarán ante el Escribano General de Gobierno, debiendo expedirse copia o certificación al interesado, en prueba de cumplimiento de las obligaciones fijadas por la presente. La autoridad responsable del Registro podrá disponer se publique en el Boletín Oficial de la Provincia, la información sobre el cumplimiento en la presentación de las declaraciones juradas por parte de los sujetos obligados. Dicha información -cumplimiento de la presentación- podrá asimismo ser difundida mediante la administración de una página propia de Internet. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos precedentes, el sujeto obligado podrá autorizar -en forma expresa- la publicación del contenido de su declaración jurada patrimonial, en la página de Internet que a los fines del presente artículo administre la autoridad responsable del Registro.
Artículo 5º.- La publicidad de los datos contenidos en el Registro de Declaraciones Juradas queda sujeta a las siguientes normas:
a) A solicitud del propio interesado;
b)por resolución fundada de Juez, en el marco de un proceso penal relacionado con la presunta comisión de un delito contra la administración o un incremento patrimonial del funcionario o persona obligada que no guarde relación con los ingresos que percibe en el ejercicio de sus funciones;
c)a requerimiento de comisiones investigadoras parlamentarias;
d)a requerimiento del Tribunal de Cuentas cuando medie la sustanciación de un Juicio de Cuentas;
e)a pedido emitido por resolución fundada del superior jerárquico en la administración a la que pertenezca el funcionario en caso de investigación o sumario administrativo. Igual facultad le asiste al instructor sumarial;
f)a solicitud emitida por resolución fundada de los cuerpos colegiados que el funcionario investigado integre;
g)a solicitud de la Fiscalía de Estado de la Provincia, para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la presente. 
Artículo 6º.- La autoridad responsable del Registro deberá poner en conocimiento del declarante -por medio fehaciente- que se ha entregado información correspondiente a su declaración jurada, indicando la identidad y características de dicho requerimiento. 
Artículo 7º.- Las declaraciones juradas serán presentadas en un plazo no mayor a treinta (30) días corridos contados a partir de la fecha de asunción de los cargos por parte de los funcionarios a que alude el artículo 2º de la presente ley. 
Artículo 8º.- La declaración jurada patrimonial también deberá ser presentada:
a)Cuando exista modificación sustancial del patrimonio de los obligados por el artículo 2º;
b)con una antelación mínima de quince (15) días, previos al cese de la función, salvo en los supuestos de renuncia, en los que se hará dentro de los quince (15) días de notificada su aceptación. 
La reglamentación establecerá las formalidades y plazos en que deberán presentar sus declaraciones juradas patrimoniales los sujetos mencionados en el artículo 2º de la presente ley que cesen en una función o cargo, e inmediatamente asuman otra, o la misma por un nuevo período. 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 9º.- Las declaraciones juradas patrimoniales para las personas físicas comprendidas en la presente ley, serán sin cargo alguno y certificadas por el Escribano General de Gobierno.
La reglamentación establecerá la forma en que se garantizará la oportuna certificación y su gratuidad a las personas que no residan en la ciudad capital, asiento de la Escribanía General de Gobierno. 
Artículo 10.- Las declaraciones juradas patrimoniales deberán ser conservadas por la autoridad responsable del Registro por el término mínimo de quince (15) años contados a partir del cese en las funciones del respectivo declarante, por el plazo que impongan las actuaciones administrativas o judiciales que eventualmente lo involucren. 
Artículo 11.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Título II de la presente ley, la declaración jurada patrimonial original sólo podrá ser entregada en los términos y condiciones que establezcan las leyes de la Nación, o en los siguientes casos:
a)Cuando se instruya sumario administrativo y por solicitud del Tribunal de Cuentas de la Provincia;
b)a requerimiento del juez competente;
c)en el supuesto del artículo 18 de la presente ley. 
En todos los casos, las declaraciones juradas patrimoniales deberán ser entregadas bajo recibo y previa extracción de copia certificada, la que quedará depositada en la Escribanía General de Gobierno. 

TÍTULO II

REQUERIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN DE INCREMENTOS PATRIMONIALES 

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCES

Artículo 12.- Establécese en el presente Título el procedimiento sobre requerimiento de justificación de incrementos patrimoniales en el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
Artículo 13.- Será autoridad de aplicación del procedimiento establecido en el presente Título, la Fiscalía de Estado de la Provincia, en tanto las investigaciones a que diere lugar no afecten o involucren a funcionarios dependientes de ésta. 
Cuando ocurra el supuesto del párrafo anterior, el Tribunal de Cuentas de la Provincia asumirá las funciones de la Fiscalía de Estado de la Provincia. 

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO

Artículo 14.- Cumplidos los plazos establecidos en el artículo 8º de la presente, la Fiscalía de Estado de la Provincia procederá a comparar las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por los comprendidos en el presente régimen y evaluará si correspondiera practicar requerimiento administrativo de incremento patrimonial ocurrido durante el ejercicio de la función. 
Artículo 15.- En todos los casos, la resolución que disponga el requerimiento administrativo a que se refiere el artículo anterior, deberá expresar las razones en que se funda. 
Artículo 16.- También se podrá practicar el requerimiento a los agentes no obligados en virtud de lo normado por el artículo 2º de la presente ley a la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales. 
Artículo 17.- El requerimiento se efectuará por escrito, por el término de veinte (20) días contados de la notificación fehaciente de la resolución que lo disponga, practicada en forma personal o cursada al domicilio real del requerido. 
Dicho plazo podrá ser prorrogado a pedido fundado del requerido por diez (10) días más y deberá ser contestado en igual forma al requeriente, con agregación u ofrecimiento de las pruebas que se invoquen, las que deberán producirse en el término de veinte (20) días, el que podrá ser razonablemente extendido cuando así lo requiera el diligenciamiento de las medidas de prueba ofrecidas. 
Contestado el requerimiento, o vencido el plazo otorgado para hacerlo o el de producción de las pruebas en su caso, se deberá dictar resolución fundada dando por satisfecho aquél o disponiendo la actuación administrativa o judicial pertinente, en caso de hallarse motivo para ello. 
Si durante el curso del procedimiento surgiere la presunción de la comisión de un delito, se deberá poner de inmediato el caso en conocimiento del juez o fiscal competente, remitiéndole los antecedentes reunidos. 
La promoción del procedimiento de justificación de incrementos patrimoniales no constituye un requisito prejudicial para la sustanciación del proceso penal. 
Artículo 18.- A los fines previstos en la presente ley, el Fiscal de Estado estará facultado para solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que se estime útil  -previamente o con posterioridad al requerimiento indicado en el artículo 1º de la presente ley-, a cualquier organismo público nacional, provincial, municipal o comunal y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije. Al respecto no se podrá oponer a la Fiscalía de Estado disposición alguna que establezca el secreto de lo requerido, sea que se base en un interés público o privado. Tampoco se podrá oponer a la Fiscalía de Estado secreto alguno invocándose razones de interés fiscal. 

TÍTULO III

DISPOSICIONES GENERALES

SANCIONES

Artículo 19.- La falta de presentación de la declaración jurada patrimonial en término, de acuerdo a los artículos 7º y 8º de la presente ley, importará para el obligado la suspensión en forma inmediata de la percepción de sus emolumentos o la privación de beneficios previsionales durante el tiempo que dure aquélla. Ello sin perjuicio de aplicarse las sanciones establecidas en el artículo siguiente, si correspondiera. 
La Escribanía General de Gobierno de la Provincia comunicará tal circunstancia a las áreas u organismos en que preste servicios la persona aludida en el párrafo primero del presente artículo, a efectos de producir la suspensión respectiva. 
Artículo 20.- Sin perjuicio de la sanción estipulada en el artículo anterior, serán de aplicación las siguientes reglas:
a)Cuando el incumplimiento se refiera al deber estatuido en el artículo 7º de la presente ley, se intimará al obligado a la presentación de la declaración jurada, en forma fehaciente, otorgándose para ello un plazo de quince (15) días. El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave, y dará lugar a las sanciones disciplinarias que correspondan, a cuyo fin se girarán los antecedentes al ente u organismo correspondiente, teniendo en cuenta la función o cargo que ostentare el sujeto infractor;
b)cuando el incumplimiento se refiere a los deberes estatuidos en el artículo 8º de la presente ley, se intimará al obligado a la presentación de la declaración jurada, en forma fehaciente, otorgándose para ello un plazo de quince (15) días. El incumplimiento de dicha intimación impedirá al infractor desempeñar nuevamente la función pública, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponder. En el supuesto que el infractor revierta su incumplimiento, el impedimento para desempeñar la función pública durará por el término de tres (3) años, contados a partir de la fecha en que regularizó su situación. 
A los fines del cumplimiento de la sanción prevista en el presente inciso, la reglamentación dispondrá la creación de un Registro de Infractores y la comunicación a las oficinas de personal de la Administración Pública. 
Artículo 21.- El que ocultare o falseare la verdadera situación patrimonial al tiempo de la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales a que se refiere el presente régimen, incurrirá en falta, en los términos de los artículos 31, inciso e), o artículo 32, inciso f) de la Ley nacional 22.140 según fuere pertinente y dará lugar al sumario respectivo, sin perjuicio de las demás acciones que correspondan. 
Artículo 22.- Ante el incumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la presente ley, al requerido se le suspenderá la percepción de sus emolumentos en forma inmediata hasta que dé cumplimiento a lo solicitado. 
La Fiscalía de Estado de la Provincia comunicará tal circunstancia a las áreas u organismos en que preste servicios la persona aludida en el párrafo primero del presente artículo, a efectos de producir la suspensión respectiva. 
Artículo 23.- -Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial. 

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 27 DE MAYO DE 2004.-