LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

LEY DE EDUCACIÓN PARA LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE GESTIÓN PRIVADA

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- La presente ley regula las relaciones de los institutos de Educación Pública de Gestión Privada, cualquiera sea su nivel, naturaleza y organización, con el Estado Provincial de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, las que serán ajustadas entre los mismos a través del Ministerio de Educación de la Provincia.
Artículo  2º.- El Ministerio de Educación de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur será el facultado para coordinar el monitoreo de la presente ley en lo que respecta a la Educación Pública de Gestión Privada, adecuando sus funciones, objetivos y finalidades a las prescripciones que la misma establezca y reglamente. A tal efecto la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada llevará un registro de todos los institutos de Educación Pública de Gestión Privada y de sus plantas funcionales, clasificándolos en:
a) Incorporados en el Sistema Oficial de Educación Pública de la Provincia;
b) Particulares registrados.
Para los establecimientos que por legislación vigente no puedan ser incorporados al Sistema Educativo de la Provincia, se los clasificará como: Particulares registrados de enseñanza en general y su ámbito será el de la Educación No Formal. 
Artículo  3º.- Para desarrollar su actividad educacional los establecimientos privados deberán obtener su inscripción en los registros que a tal efecto habilitará el Ministerio de Educación, uno para los "institutos incorporados", y otro para los simplemente "registrados", según cumplimenten los requisitos establecidos por esta ley.
Aquellos establecimientos que se encuentren funcionando sin estar incorporados a la enseñanza oficial, ni inscriptos como “particulares”, tendrán un plazo de tres (3) meses, a partir de la promulgación de la presente ley, para dar cumplimiento a la totalidad de lo estipulado en esta reglamentación.

Artículo  4º.- La inscripción en el Registro será indispensable para poder desempeñar cualquier tarea educativa; y deberá ser solicitada antes del 1° de agosto del año anterior a su puesta en marcha. 
Artículo 5°.- La Dirección de Educación Pública de Gestión Privada del Ministerio de Educación Provincial tendrá a su cargo la ejecución de las políticas en materia de Educación Pública de Gestión Privada de la Provincia dentro de los principios consagrados y reconocidos por esta ley, por la Constitución Nacional, Constitución Provincial, leyes nacionales y provinciales de Educación, y por los Tratados Internacionales. Para tal fin intervendrá, en todo lo concerniente a la asistencia, reglamentación y supervisión de los establecimientos de Educación Pública de Gestión Privada incorporados y los particulares registrados, en la determinación del régimen de aportes financieros a los institutos incorporados y en el control de la inversión de los mismos, sin perjuicio de la competencia del Tribunal de Cuentas.
Artículo 6°.- El Estado Provincial autorizará el funcionamiento de los institutos educativos creados por iniciativa privada que aseguren la formación integral del educando y la promoción, difusión, transmisión de la cultura, del patrimonio común a los valores de nuestra nacionalidad y de los principios consagrados en nuestra Constitución Provincial, siempre y cuando satisfagan una necesidad fundada y justificada en su propuesta educativa, a fin de preservar el derecho de los padres de elegir para sus hijos la institución educativa cuyo ideario responda a sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas y cumplan con los requisitos establecidos en esta ley.
Artículo 7º.- El Estado Provincial (en el marco de una sociedad pluralista, sustentado en los principios constitucionales democráticos y resguardado el principio de la libertad de enseñanza), reconoce el derecho de los padres a elegir la formación educativa para sus hijos y las escuelas que la impartan, con libertad absoluta según su propia conciencia y en igualdad de oportunidades en el marco de la justicia social, de la libertad de enseñar y aprender en las condiciones establecidas por esta ley y por los principios consagrados en la Constitución Nacional, los acuerdos internacionales y leyes nacionales.
También el Estado Provincial reconoce y garantiza el derecho de las personas físicas y jurídicas para crear institutos de Enseñanza Pública, y a éstos el derecho a la coparticipación económica necesaria para el financiamiento de la educación impartida respecto de los institutos que a la sanción de la presente perciban aporte financiero del Estado y para los institutos educativos de Gestión Privada sin fines de lucro que en el futuro se creen, teniéndose en cuenta para su determinación el principio de justicia enmarcado en el ámbito de la justicia social, la función social que cumple en su zona de influencia, el tipo de establecimiento, la cuota que se percibe y demás condiciones que se establezcan en la presente ley. Todo ello sin perjuicio del derecho del Estado Provincial a su respectivo control, para asegurar la conformidad de la enseñanza con los principios del bien común que se consagran por esta ley, sin otro límite que los impuestos por el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo  8º.- Anualmente la Ley de Presupuesto General de la Provincia establecerá el que corresponda a la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada, el cual incluirá el aporte financiero correspondiente a los establecimientos reconocidos por el Sistema Oficial de Educación Provincial.
La Dirección de Educación Pública de Gestión Privada ejercerá el contralor de las disposiciones presupuestarias, de conformidad con lo establecido por la presente ley.
Artículo 9º.- El Estado Provincial podrá autorizar a los institutos de Educación Pública de Gestión Privada, la implementación de planes educativos experimentales conforme a las pautas que fijen en la reglamentación, siempre y cuando tengan por finalidad la actualización, innovación y vitalización de la enseñanza, de acuerdo a los objetivos de mejoramiento de la calidad educativa y siempre que superen las exigencias del plan que tienen en aplicación, con aprobación del Ministerio de Educación.
Artículo 10.- En los establecimientos de Educación Pública de Gestión Privada que reciban aportes financieros del Estado Provincial no se autorizará la creación de nuevas divisiones de un mismo curso y plan, ni la formación de nuevas secciones de un mismo año, sin encontrarse cubiertas las existentes con el mínimo de alumnos determinado por las disposiciones en vigencia en la enseñanza oficial.
Artículo 11.- El Estado Provincial, a través del Ministerio de Educación, fiscalizará en los institutos de Educación Pública de Gestión Privada el monto de los aranceles y/o cuotas que deban percibir, especificando al efecto los importes máximos según el porcentaje de aportes con que contribuya el Estado Provincial, sin prejuicio del ordenamiento jurídico vigente y de la reglamentación de la presente ley.
Artículo 12.- La Dirección de Educación Pública de Gestión Privada estará a cargo de un Director designado por el Ministerio de Educación Provincial, con suficiente ejercicio docente y capacidad, acreditado en distintos establecimientos educativos. El cargo referido será presupuestariamente equivalente al que se determine para los cargos de Direcciones Provinciales existentes en el Ministerio de Educación o su equivalente.
Artículo 13.- La Dirección de Educación Pública de Gestión Privada comprenderá la estructura necesaria para el funcionamiento de las áreas pedagógicas y de control de gestión de ambas ciudades con mayor asentamiento de instituciones privadas, y las áreas de finanzas y técnico administrativas, sin perjuicio de la incorporación y/o supresión de algún área, conforme las misiones y funciones que se establezcan por la reglamentación de la presente ley. 
Artículo 14.- La Dirección de Educación Pública de Gestión Privada designará, previa aprobación del Ministerio de Educación Provincial, a los supervisores y personal administrativo de las áreas referidas en el artículo 13 de esta ley, teniendo en cuenta para ello los títulos e incumbencias profesionales acreditados y compatibles para el ejercicio de la función requerida. Para el desempeño de dichas funciones se tendrá en cuenta que posean antecedentes en instituciones privadas.
Artículo  15.- El Estado Provincial garantizará a las instituciones de Educación Pública de Gestión Privada la representación en el Consejo Provincial de Educación, cuyo número se establecerá en la reglamentación del mencionado Consejo.

TÍTULO II 
DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE GESTIÓN PRIVADA

CAPÍTULO I 
DE LA CLASIFICACIÓN Y REGISTRO

Artículo 16.- Los establecimientos de Educación Pública de Gestión Privada se clasifican en:
a) Incorporados a la enseñanza oficial: Son aquellos establecimientos cuya enseñanza goza de validez oficial y son fiscalizados por la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada dependiente del Ministerio de Educación Provincial, reciban o no aportes financieros del Estado y cuyos títulos que otorgan tienen la misma validez provincial y nacional que los emitidos por la escuela Pública de Gestión Estatal;
b) Particulares registrados de enseñanza Pública de Gestión Privada: Son aquellos institutos que imparten enseñanza en general, directamente o a distancia, cuyos títulos o certificados no tienen validez oficial alguna, sin reconocimiento y sin opción a percibir aporte financiero del Estado Provincial. Los institutos y academias que impartan enseñanza parasistemática o de capacitación, serán encuadrados a tales efectos, bajo esta categoría.

CAPÍTULO II 
DE LA INCORPORACIÓN

Artículo 17.- La incorporación es el acto administrativo por el cual el Estado Provincial integra a los institutos Públicos de Gestión Privada al Sistema Educativo Formal, y otorga a los títulos, diplomas y certificados de estudio, por éstos emitidos, igual validez que a los otorgados por las escuelas Públicas de Gestión Estatal, siempre que aquéllos se adecuen a la normativa de esta ley, demás previsiones legales y reglamentarias del orden provincial.
Artículo 18.- El reconocimiento será otorgado por el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada y comprenderá:
a) El reconocimiento del instituto  como incorporado a la enseñanza oficial;
b) el reconocimiento de la enseñanza impartida en las diversas secciones, cursos y divisiones por medio de la aprobación del plan de estudios.
Artículo 19.- El presente artículo determina que el Anexo I de la presente ley establecerá los requisitos que deberán cumplir las personas físicas o jurídicas que aspiren a solicitar la incorporación al Sistema Educativo Provincial o la inscripción y registro como particulares registrados de Enseñanza Pública.
Artículo 20.- La incorporación a la enseñanza oficial faculta a los institutos Públicos de Gestión Privada para matricular, calificar, evaluar, examinar, promover, otorgar pases, títulos, certificados, diplomas, aplicar el régimen de convivencia y de asistencia de los alumnos, de acuerdo con las normas mínimas establecidas al efecto por la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada, teniéndose también en cuenta lo establecido al respecto por los reglamentos internos de cada instituto debidamente aprobados por la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada.
Las constancias escritas de los actos referidos en el presente artículo forman parte del archivo del instituto respectivo, y se considerarán documentos públicos de los cuales las autoridades del mismo serán depositarias responsables ante el Estado Provincial.
Artículo 21.- La Dirección de Educación Pública de Gestión Privada ejercerá la supervisión de los institutos incorporados a los efectos de asegurar el cumplimiento de lo expresado en los artículos precedentes.
Artículo 22.- Para que los institutos tengan derecho a mantener su reconocimiento al sistema oficial de enseñanza, sin perjuicio de los demás requisitos establecidos en la presente ley, deberán cumplir los siguientes:
a) Respetar los principios y objetivos fijados por la Constitución Nacional y leyes que organizan el Sistema Educativo Argentino;
b) desarrollar los programas mínimos establecidos para cada asignatura, de modo que el conjunto de conocimientos impartidos a cada ciclo escolar no sea inferior al establecido para el mismo ciclo y tipo de los institutos Públicos de Gestión Estatal;
c) impartir la enseñanza en idioma castellano, salvo que se trate de institutos de lengua extranjera, sin prejuicio de adicionar aquél, uno a más idiomas extranjeros;
d) disponer de locales en condiciones higiénicas, pedagógicas y de seguridad adecuadas, provistos de muebles, y el material didáctico necesario para el normal desarrollo de la enseñanza;
e) respetar el cumplimiento de las normas oficiales referentes al desenvolvimiento de las actividades educativas;
f) aquellas instituciones autorizadas a funcionar con la modalidad a distancia con reconocimiento oficial por parte de la Provincia, deberán observar la reglamentación que sobre este tipo de enseñanza emane del Ministerio de Educación de la Nación.
Artículo 23.- Los institutos incorporados tienen derecho a:
a) Adoptar los planes de estudio vigentes en el orden provincial;
b) formular sus planes y programas de estudio propios, que estarán sujetos a la aprobación oficial. Los establecimientos incorporados podrán solicitar la aprobación de planes y programas de elaboración propia en cuyo caso deberán ajustar sus contenidos al mínimo establecido en el plan básico oficial correspondiente. Se elevará en este último caso, para solicitar su aprobación, el siguiente detalle: 
1. Investigaciones básicas y fundamentos pedagógicos que apoyen su adopción;
2. objetivos de nivel y especialidades;
3. objetivos de cursos, grados y ciclos;
4. contenidos;
5. distribución horaria;
6. programas detallando objetivos, medios y técnicas de evaluación;
7. garantizar que el personal docente reúna las condiciones de título exigidas por la Ley provincial para el ciclo y nivel;
c) agregar al plan oficial asignaturas que respondan a finalidades específicas y que impliquen una mejor formación integral del alumno;
d) designar a todo su personal, respetando las normas del Estado Provincial sobre títulos e incumbencias profesionales;
e) elegir la naturaleza, calidad de texto y métodos pedagógicos, siempre que cumplan los programas mínimos, los que podrán completar con las materias o conocimientos que consideren convenientes.
Artículo 24.- El reconocimiento dado por el Ministerio otorgando la incorporación a la enseñanza oficial, no podrá ser cedido a título oneroso ni gratuito, bajo apercibimiento de lo dispuesto en la presente ley y reglamentación respectiva. La transferencia de un instituto a otro propietario deberá ser autorizada por el Ministerio de Educación Provincial.

CAPÍTULO III 
DE LA SUSPENSIÓN DE LA INCORPORACIÓN

Artículo 25.- Los institutos incorporados podrán suspender su funcionamiento, o de alguna de sus divisiones o secciones, por un término no mayor de un (1) año lectivo, siempre que medie causa justificada y previa autorización del Ministerio de Educación, lo que deberá solicitarse en el tiempo y en la forma que se reglamentará.
Artículo 26.- Si se trata de cursos de los institutos incorporados, la suspensión de su funcionamiento podrá extenderse hasta tres (3) años, mediando para ello causa justificada y previa autorización del Ministerio de Educación, lo que deberá solicitarse en el tiempo y en la forma que se reglamentará.

CAPÍTULO IV 
DE LA CANCELACIÓN DE LA INCORPORACIÓN

Artículo 27.- La cancelación de la incorporación se producirá por las siguientes causas:
a) Por expresa renuncia del propietario ante el organismo competente;
b) cuando el propietario perdiera su buen nombre o solvencia;
c) por cesión a un tercero de los beneficios de la incorporación;
d) por desarrollar el instituto actividades contrarias a los principios establecidos en la Constitución Nacional, Constitución Provincial, Leyes nacionales y provinciales de Educación, y demás normativa vigentes;
e) por incumplimiento reiterado e intencional de las normas sobre matriculación, calificación, evaluación, exámenes, promoción, otorgamiento de pases, títulos, certificados de estudio y de asistencia de los alumnos;
f) por incumplimiento de las obligaciones que, como depositario de la documentación oficial, tiene el instituto ante el Estado Provincial;
g) por alteración del normal funcionamiento del instituto, imputable al propietario;
h) cuando el instituto no reanude sus actividades después de transcurrido el plazo por el cual fue autorizado a suspender su funcionamiento;
i) por pérdida de la personería jurídica.
Artículo 28.- La cancelación de la incorporación será resuelta por el Ministerio de Educación de la Provincia, previo sumario que garantice el derecho de defensa del propietario del instituto.

CAPÍTULO V 
DE LAS SANCIONES A LOS INSTITUTOS RECONOCIDOS

Artículo 29.- Los institutos que no den cumplimiento a las obligaciones establecidas por la presente ley y demás previsiones legales pertinentes serán pasibles, a través de la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada, dependiente del Ministerio de Educación, de las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento por nota; la que quedará registrada en el legajo del instituto con copia en el archivo de la Dirección de Educación Privada; 
b) retención del aporte hasta tanto se cumpla lo solicitado; para el caso de ser institución subvencionada; 
c) multa de hasta el veinte por ciento (20%) del aporte correspondiente al mes en que se resuelva la sanción, si el establecimiento percibe aporte estatal;
d) multas equivalentes a cincuenta (50) horas cátedra de nivel medio provincial; para el caso de no recibir aporte;
e) cancelación de la incorporación o de la inscripción como particulares.
Artículo 30.- El Código de sanciones se establece en el Anexo II de la presente ley.

TÍTULO III 
DE LOS PROPIETARIOS DE LOS INSTITUTOS INCORPORADOS

CAPÍTULO I 
DE LOS BENEFICIARIOS DE LA INCORPORACIÓN

Artículo 31.- La incorporación se otorgará sólo a aquellos establecimientos cuyos propietarios sean:
a) La Iglesia Católica por medio de sus curias y parroquias, y las confesiones religiosas oficialmente reconocidas;
b) las órdenes, congregaciones religiosas e institutos seculares reconocidos por autoridad competente;
c) fundaciones, asociaciones o sociedades civiles con personería jurídica, o empresas inscriptas, de acuerdo con la legislación vigente, cuyos fines sean la promoción de actividades culturales, educativas o científicas;
d) los sindicatos con personería jurídica;
e) personas de existencia visible que acrediten suficientes antecedentes vinculados a la educación.
Artículo 32.- Los propietarios deberán gozar de buen concepto y solvencia suficiente para garantizar el funcionamiento del instituto. El Anexo I de la presente fija el modo y la forma de verificar estas condiciones. 
Artículo 33.- La representación legal de los institutos estará a cargo de sus propietarios, pudiendo ejercer este derecho mediante apoderado, con mandato registrado ante escribano público nacional acorde con la legislación en la materia y en la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada, dependiente del Ministerio de Educación Provincial.
Artículo 34.- El propietario de cada instituto, a los fines de su incorporación al sistema oficial de enseñanza, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Anexo I de la presente.
Artículo 35.- Los propietarios serán también responsables del archivo de la documentación indicada en el artículo 20 de la presente ley. Si el instituto dejara de funcionar en forma definitiva, la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada se hará cargo de esa documentación a todos los efectos que correspondan. Los propietarios serán también responsables del funcionamiento integral del instituto, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda  al personal directivo y docente respectivo.
Artículo 36.- Las obligaciones contraídas por los propietarios con su personal o con terceros, determinados en la presente ley, no responsabilizan ni obligan de modo alguno al Estado Provincial.

TíTULO IV 
DE LAS ACREDITACIONES, DE LA PLANTA FUNCIONAL DOCENTE, DE LOS EDUCANDOS Y DE LA CONTRIBUCIÓN FINANCIERA EN LOS INSTITUTOS INCORPORADOS

CAPÍTULO I 
DE LOS CERTIFICADOS, TÍTULOS Y DIPLOMAS

Artículo 37.- Los certificados, títulos y diplomas expedidos por los institutos Públicos de Gestión Privada incorporados, tendrán la misma validez que los otorgados por los institutos Públicos de Gestión Estatal. El organismo competente dependiente del Ministerio de Educación, fijará las normas para su otorgamiento y determinará los trámites para la autenticación, de acuerdo con las normas establecidas por el Ministerio de Educación Provincial.
Artículo 38.- La firma de las certificaciones docentes estará a cargo de la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada, dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia.
Artículo  39.- Cuando un instituto incorporado solicite autorización para la aplicación de un nuevo plan de estudios el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada con la colaboración de las áreas competentes del Ministerio de Educación que crea convenientes, analizará la propuesta y, de resultar aprobada, determinará el título o certificado que se otorgará, estableciendo sus alcances y equiparación con los del orden estatal.

CAPÍTULO II 
DE LA PLANTA FUNCIONAL

Artículo 40.- El personal que preste servicios en los institutos Públicos de Gestión Privada, será designado por cada instituto de acuerdo a la planta orgánica funcional aprobada por la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada, dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia. El régimen laboral de los institutos privados con su respectivo personal, se regirá por las normas vigentes en la materia de la presente ley.
Artículo 41.- Los docentes de las instituciones Públicas de Gestión Privada incorporadas a la enseñanza oficial, tienen derecho a usufructuar del régimen de licencias y franquicias acordados para los docentes del Estado Provincial de acuerdo a la reglamentación vigente.
Artículo 42.- El personal docente de los institutos incorporados tendrá los mismos deberes y estará sujeto a las mismas incompatibilidades que se encuentran establecidas para el personal docente de los institutos Públicos de Gestión Estatal, sin perjuicio de las disposiciones que al respecto se fijen en la presente ley.
Artículo 43.- La retribución mensual del personal de los institutos incorporados será idéntica a la que en igualdad o equivalencia de especialidad, “tarea y antigüedad”, perciba el personal de los institutos  Públicos de Gestión Estatal. 
Artículo  44.- Producida la vacante de un cargo docente o en asignaturas por horas cátedra, el instituto reconocido deberá designar, en principio, el titular dentro de un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles.
Artículo 45.- En caso de cambio de planes de estudio o supresión de cursos, divisiones o secciones por falta de alumnos, el propietario del instituto respectivo comunicará por nota a la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada o al organismo competente dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia tales medidas, como así también indicará expresamente los docentes afectados por éstas, los cuales en su carácter de titular quedarán en disponibilidad conforme a lo establecido en las disposiciones de la presente ley y la reglamentación que rige para los docentes estatales.
Artículo 46.- Al producirse vacantes, o crearse en el instituto nuevos cursos, divisiones o secciones, los docentes en disponibilidad serán designados de acuerdo a los títulos reglamentarios, con prioridad a cualquier otro docente postulante hasta recuperar la totalidad de la tarea docente por la cual quedó en disponibilidad.
Artículo 47.- Cuando un instituto incorporado de Educación Pública de Gestión Privada deba suprimir o reemplazar planes de estudio por exigencia o solicitud del Ministerio de Educación, éste deberá responsabilizarse de la situación en disponibilidad de los docentes afectados con los mismos alcances legales y normativos que rigen igual situación en la Educación Pública de Gestión Estatal. En caso de que el instituto incorporado a la enseñanza oficial decida por sí mismo la supresión o el cambio de planes de estudio deberá, dicha institución, responsabilizarse de la disponibilidad de los docentes afectados, aplicándoles el mismo régimen imperante en igual situación para los docentes de Gestión Estatal.

CAPÍTULO III 
DE LOS ALUMNOS DE LOS INSTITUTOS INCORPORADOS

Artículo 48.- Los institutos incorporados a la enseñanza oficial admitirán sólo alumnos regulares.
Artículo 49.- Los alumnos deberán cumplir con las obligaciones escolares impuestas por las reglamentaciones oficiales y las que estipulen los reglamentos internos de cada instituto, normativa ésta que será debidamente notificada a los padres, tutores y/o responsables de los mismos, y comunicada al organismo competente dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia para su aprobación como reglamento del instituto.

CAPÍTULO IV 
DE LOS INSTITUTOS INCORPORADOS CON APORTE FINANCIERO
DEL ESTADO PROVINCIAL

Artículo 50.- El Estado Provincial garantiza a los institutos que a la sanción de la presente perciban aporte financiero del Estado y a aquellos de gestión privada sin fines de lucro que en el futuro se creen, el aporte financiero destinado al pago de los haberes, en todo concepto que lo integre, incluidas las bonificaciones de cualquier índole, asignaciones familiares, cargas previsionales y sociales del personal titular y suplente que integran la planta orgánica funcional aprobada por la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada, dependiente del Ministerio de Educación, sin perjuicio de los subsidios que a solicitud de los institutos incorporados a la enseñanza oficial y con fines específicos pueda otorgar el Estado Provincial. Asimismo el Estado Provincial se responsabiliza de que los aportes financieros referidos en el presente artículo sean remitidos en las mismas fechas en las que se hacen efectivos los haberes a los docentes de los institutos Públicos de Gestión Estatal.
Artículo 51.- El presente artículo determina que el Anexo III de la presente ley establecerá los requisitos que deberán cumplir las personas físicas o jurídicas que aspiren a solicitar el aporte financiero del Estado para atender al pago de los salarios docentes de las instituciones Públicas de Gestión Privada incorporadas a la enseñanza oficial. 
Artículo 52.- Los institutos podrán percibir desde el diez por ciento (10%) al cien por ciento (100%) en carácter de aporte financiero estatal, para solventar sus plantas orgánicas funcionales, aportes patronales y personales. La determinación del aporte estará sujeta a la valoración por la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada, dependiente del Ministerio de Educación Provincial. A los fines del cálculo del aporte, los institutos enviarán mensualmente hasta el día veinte (20) de cada mes, a la Dirección de Escuelas Privadas, una preliquidación de sueldos con el personal docente de la planta funcional aprobada, incluyendo las novedades de altas, bajas y modificaciones, usando la grilla salarial vigente donde figuren los montos necesarios por todo concepto de sueldo, antigüedad, adicionales, zona, ajustes, salario familiar, licencia, pago a suplentes, retención y aportes patronales.
El monto a enviar será calculado en base a esta preliquidación y el porcentaje correspondiente a cada instituto según el presente artículo, en la fecha prevista según el artículo 50 de la presente ley. Posteriormente al pago de los sueldos los institutos  enviarán a la Dirección de Educación Privada la liquidación definitiva con la firma de los docentes y la fotocopia del pago a la A.F.I.P. y/o los organismos que correspondan.
Esta metodología será usada tanto para el pago mensual de sueldos, como para el pago de los aguinaldos (SAC) y de cualquier otra liquidación de sueldos que sea necesario efectuar.
Artículo 53.- Para la determinación de los porcentajes de aporte a otorgar a cada institución se tendrán en cuenta las características socioeconómicas de la zona y de la población escolar, el tipo de enseñanza impartida, las necesidades del establecimiento como unidad escolar en su zona de influencia; la categoría en que solicite ser incluido, como así también el monto del arancel en concepto de cuota que determine el instituto y los aranceles máximos que fije el Ministerio de Educación para el año lectivo en que se conceda la contribución estatal.
Articulo 54.- La planta funcional de estos institutos estará integrada por el plantel de personal directivo, docente, docente auxiliar y administrativo acorde a la normativa en vigencia, a necesidades fundamentadas por la instituciones ante la Dirección de Escuelas Públicas de Gestión Privada y reconocidas por ésta en función del plan de estudio aprobado, el turno, cantidad de divisiones, alumnos y particularidades de la población a atender.
Artículo 55.- La asignación del aporte financiero deberá ser solicitada por el instituto  respectivo al Ministerio de Educación antes del 30 de junio de cada año debiendo resolver, el mismo, la aceptación o el rechazo de la solicitud planteada mediante disposición debidamente fundamentada y dada a conocer al instituto fehacientemente. 
Artículo 56.- Los institutos incorporados podrán establecer la percepción de cuotas para solventar gastos de funcionamiento y todo aquello que no sea cubierto por el aporte financiero estatal. La Dirección de Educación Pública de Gestión Privada, dependiente del Ministerio de Educación, establecerá en su caso el valor máximo anual de dichas cuotas, valorando al efecto la relación directa que debe mediar entre éstas y los gastos a cubrirse. 
Artículo 57.- No serán considerados como aranceles las contribuciones y/o aportes voluntarios de los padres o alumnos a las Asociaciones cooperativas o uniones de padres, debiendo quedar expreso el carácter voluntario de las mismas, como así tampoco las cuotas societarias establecidas por las Asociaciones civiles sin fines de lucro a través de sus asambleas de socios o de los mecanismos por estas últimas instituidos.
Artículo  58.- No serán computados, a los efectos antes señalados, los aranceles exigidos por asignaturas complementarias de los planes oficiales aprobados y la retribución de otros servicios ajenos a la enseñanza.
Artículo  59.- Los institutos incorporados a la enseñanza oficial que perciban aportes por la enseñanza impartida, se clasificarán de la siguiente forma:
a) Con aporte financiero del cien por ciento (100%) de los salarios de la planta orgánica funcional aprobada;
b) con aporte financiero del noventa por ciento (90%) de los salarios de la planta funcional aprobada;
c) con aporte financiero del ochenta por ciento (80%) de los salarios de la planta funcional aprobada;
d) con aporte financiero del setenta por ciento (70%) de los salarios de la planta funcional aprobada;
e) con aporte financiero del sesenta por ciento (60%) de los salarios de la planta funcional aprobada;
f) con aporte financiero del cincuenta por ciento (50%) de los salarios de la planta funcional aprobada;
g) con aporte financiero del cuarenta por ciento (40%) de los salarios de la planta funcional aprobada;
h) con aporte financiero del treinta por ciento (30%) de los salarios de la planta funcional aprobada;
i) con aporte financiero del veinte por ciento (20%) de los salarios de la planta funcional aprobada;
j) con aporte financiero del diez por ciento (10%) de los salarios de la planta funcional aprobada.
Artículo 60.- Los institutos incorporados con o sin aporte financiero estatal, que fijen aranceles, lo harán por año calendario y deberán notificar debidamente a la Dirección de Industria y Comercio, en la fecha que ésta determine, a los padres y a la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada, dependiente del Ministerio de Educación, antes del 31 de octubre del año anterior en el cual comenzarán a regir.
Artículo 61.- El monto del arancel en los institutos incorporados con o sin aporte financiero, no podrá ser modificado durante el período escolar para el cual fue fijado, salvo el incremento de sueldos docentes en la proporción en que incida dicho aumento en el costo del servicio prestado, de conformidad con  la reglamentación de la presente ley. 

CAPÍTULO V 
DE LOS INSTITUTOS PARTICULARES

Artículo  62.- La enseñanza que se imparta en los institutos particulares registrados llamados también escuelas, academias, centros u otras denominaciones afines, no tendrá validez oficial conforme a lo establecido en el artículo 16, inciso b), de la presente ley.
Artículo 63.- Los establecimientos de enseñanza privada que opten por la categoría de particulares registrados o aquellos que no puedan ser incluidos entre los incorporados, no se hallan sometidos a las disposiciones vigentes en la enseñanza oficial en materia de matriculación, promoción, asistencia y disciplina.
Artículo 64.- Los establecimientos de esta categoría deberán comunicar anualmente con carácter de declaración jurada a la autoridad de aplicación:
a) La nómina de todo el personal que preste servicios en ellos, con mención de nombre y apellido, documento de identidad, título y domicilio;
b) el monto del arancel que perciban, incluyendo todo pago bajo cualquier denominación que exija, y discriminando los conceptos;
c) las cláusulas del contrato de enseñanza, al que ajustará sus relaciones con sus alumnos y la nómina de éstos.
Artículo 65.- Los establecimientos de esta categoría deberán identificarse, así como toda documentación, publicidad y constancias que expida, con la letra “R” y el número de inscripción en el Registro y la leyenda “Los estudios cursados carecen de reconocimiento y validez oficial” en forma bien visible.
Artículo 66.- Los establecimientos de esta categoría deben llevar, teniéndola en la sede del establecimiento, toda la documentación exigida en el Código de Comercio, la Ley de Contrato de Trabajo y archivo de las constancias de cumplimiento de sus obligaciones laborales, previsionales e impositivas.
Artículo 67.- La designación del personal será efectuada por el propietario del establecimiento, siendo requisitos para la misma: 
a) Poseer capacidad física y mental;
b) poseer la idoneidad necesaria y la moralidad inherentes a la función educativa.
Artículo 68.- Las relaciones de los propietarios de estos establecimientos con su personal serán regidas por las disposiciones contenidas en las normas vigentes correspondientes a la relación de empleo privado.
Artículo 69.- Los institutos particulares deberán cumplimentar, para su habilitación educativa, las siguientes exigencias:
a) Registro previo del establecimiento ante la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada, dependiente del Ministerio de Educación;
b) respeto a la moral y buenas costumbres;
c) impartir la enseñanza en idioma castellano, salvo que se trate de escuelas de lengua extranjera, sin perjuicio de adicionar a aquellos uno (1) o más idiomas extranjeros;
d) no divulgar doctrinas contrarias a los ideales democráticos y a los principios fundamentales consagrados en la Constitución Nacional, Constitución Provincial y al patrimonio común de los valores fundamentales de la nacionalidad;
e) otorgar diplomas y/o certificados que guarden relación con los estudios realizados, de conformidad con las previsiones establecidas por la Ley nacional 24.806 y demás aplicables; 
f) consignar en toda correspondencia, diplomas y certificados, el número de registro y la leyenda “Certificado o Diploma sin validez oficial”, sin ninguna otra inscripción o aditamento que pueda inducir vinculación alguna con el Ministerio de Educación o el organismo competente de él dependiente, o con el Estado Provincial, o que pueda interpretarse como reconocimiento o validez oficial de las actividades del instituto o de la enseñanza que imparten. 
Artículo 70.- La violación a las disposiciones contenidas en el artículo precedente, podrán determinar la quita de la habilitación, sin perjuicio de las responsabilidades de otro tipo que puedan corresponderle al propietario respectivo.

TÍTULO V 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 71.- Referente a la situación previsional y social de los docentes que presten servicios en los institutos Públicos de Gestión Privada incorporados a la enseñanza oficial, será de aplicación al efecto las previsiones legales que imperan y se encuentran contempladas en la Ley nacional 13.047 y Decreto reglamentario Nº 40.471/47, Ley nacional 24.049, Convenio de Transferencia de los Servicios Educativos Nacionales Nº 291/92, la presente ley y demás aplicables.
Artículo 72.- Hasta tanto se dicten las leyes concernientes al régimen previsional y social del personal docente de la institución Pública de Gestión Privada incorporado a la enseñanza oficial, serán de aplicación las previsiones legales que imperan a la sanción de la presente ley y demás normas aplicables.
Artículo  73.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes, a fin de atender las erogaciones destinadas en la presente ley.
Artículo 74.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente ley dentro de los  noventa (90) días de su promulgación.
Artículo 75.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2007.-

ANEXO I
Los requisitos que se deben reunir para diligenciar el reconocimiento de los Establecimientos Educativos Públicos de Gestión Privada como incorporados a la enseñanza oficial, serán los siguientes:

TRAMITACIÓN A CUMPLIMENTAR POR LAS INSTITUCIONES DE GESTIÓN PRIVADA PARA SU INCORPORACIÓN AL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL

DE LA INCORPORACIÓN
Artículo 1º.- El establecimiento deberá cumplir, sin perjuicio de los demás requisitos establecidos en la normativa nacional y provincial, los siguientes:
a) Elevar a la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada la Solicitud de Inscripción en las categorías: a) Incorporados, o b) Particulares registrados; las mismas, para la incorporación de establecimientos educativos de gestión privada, serán presentadas antes del 30 de julio del año anterior a aquel en que comenzará su funcionamiento;
b) realizar mediante una nota a la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada una solicitud de incorporación del establecimiento, expresando:
1. Los fundamentos, fines y objetivos que se propone el nuevo establecimiento, tipo de enseñanza a impartir y planes a adoptar;
2. cálculo estimativo de la demanda, fundamentado en estudios censales de la zona de influencia en donde se insertará la propuesta;
3. justificación de la necesidad socioeconómica y cultural que motiva la creación;
4. presentación en detalle del Proyecto Pedagógico Institucional;
5. distribución horaria prevista;
6. organigrama institucional con detalle de la planta del personal de la institución (planta funcional);
7. reglamento institucional con detalle de aranceles si los hubiera;
8. población que se pretende atender;
9. cantidad proyectada de salas/ grados/ años;
10. cantidad de alumnos previstos por salas/ grados/ años;
11. título de propiedad del inmueble a ocupar o contrato de locación del mismo, por tres (3) años como mínimo;
12. planos del inmueble a ocupar, aprobados por autoridad municipal;
13. descripción del inmueble a los efectos del funcionamiento escolar; memoria descriptiva;
14. fotografías color con detalles de ambientes interiores;
15. fotografías color fachada frontal, lateral y posterior;
16. solvencia económica del propietario; la misma se deberá acreditar al momento de solicitar la autorización para el funcionamiento de la institución, mediante declaración patrimonial o balance que indique la real disponibilidad del propietario para garantizar por lo menos por un período de tiempo que abarque los tres (3) primeros años de funcionamiento, asegurando los medios y los elementos adecuados que posibiliten la enseñanza programática según el plan de estudios presentado; 
16.1- las sociedades de hecho y las personas de existencia visible podrán optar por una declaración jurada patrimonial conformada por el declarante y un contador público con matrícula en la Provincia; 
16.2- las personas jurídicas inscriptas de acuerdo a la legislación en vigencia, deberán presentar el último balance exigible legalmente de acuerdo al tipo de institución jurídica en que se encuentra como sociedad propietaria, firmado por el representante legal y un contador público con matrícula provincial;
17. certificación de habilitación comercial, otorgada por autoridad municipal;
18. certificado con identificación  tributaria nacional, provincial y municipal; 
19. inventario del mobiliario;
20. inventario de los elementos pedagógicos;
21. toda otra información que la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada considere conveniente.

DE LAS CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA TRAMITACIÓN E  INCORPORACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE GESTIÓN PRIVADA
AL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL 
Artículo 2º.- El Ministerio de Educación, por medio de la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada, dispondrá lo pertinente para:
a) La inspección edilicia y sanitaria por intermedio de los organismos competentes; 
b) la verificación de la información que compone el expediente; la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada dará vista a todos los antecedentes mencionados, realizará los cálculos y solicitará las aclaraciones que crea pertinentes y, posteriormente, elevará a la superioridad, debidamente fundado, para que dicha autoridad otorgue o desestime la solicitud presentada;
c) dentro de los noventa (90) días posteriores a la presentación de la solicitud de incorporación, la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada producirá un informe con opinión, el que será elevado ante autoridad superior, la que resolverá sobre lo solicitado;
d) la inspección pedagógica, de los planes pedagógicos presentados por la institución, por las áreas del Ministerio de Educación pertinentes; las cuales tendrán que elaborar un informe por escrito y tendrán carácter incuestionable;
e) las instituciones autorizadas y en proceso de ser incorporadas podrán realizar una matriculación provisoria de alumnos, al período lectivo a iniciarse, haciendo constar en su documentación y poniendo en conocimiento de los padres de los alumnos inscriptos de manera fehaciente su condición de “Reconocimiento Oficial en trámite”.
Artículo 3º.- Finalizado el período de matriculación previsto por calendario escolar provincial, deberá elevarse a la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada la siguiente documentación: 
a) Nómina del personal directivo, docente y auxiliar;
b) registro de firmas del director y del apoderado legal;
c) copia autenticada de los títulos del personal docente;
d) constancia de inscripción en Junta de Clasificación y Disciplina del nivel del personal docente; en sede administrativa de la institución se deberá confeccionar y mantener en resguardo el legajo personal de cada docente;
e) nómina de los alumnos inscriptos provisoriamente correspondientes a cada sección, curso o división, cuyo reconocimiento se solicita; 
f) horario escolar;
g) la autorización conferida para funcionar implica la obligación de encuadrar la actividad en el régimen jurídico e institucional de la Provincia;
h) la incorporación obliga al instituto a crear sucesivamente los cursos que sean necesarios para la promoción de los alumnos hasta completar el ciclo o nivel cuyo reconocimiento Inicial haya solicitado a partir de primer grado o curso;
i) la inscripción tomará carácter definitivo en un plazo no menor a un período lectivo a partir del inicio de las clases, por resolución del órgano de aplicación, previa verificación del cumplimiento de lo establecido en el articulado precedente;
j) a partir de la incorporación oficial, el establecimiento educativo de gestión privada deberá hacer constar en sus sellos, membretes, certificados de estudio y/o cualquier otra documentación o publicación del establecimiento, el número del instrumento legal con que se lo incorpora al Sistema Educativo Provincial;
k) toda modificación a la situación patrimonial del propietario, administrativa y/o funcional de la institución, deberá ser notificada en un plazo no mayor de cinco (5) días a la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada.

ANEXO II

DE LAS SANCIONES
Artículo 1°.- El apercibimiento por nota se aplicará:
a) Al constatarse solicitudes o declaraciones juradas inexactas;
b) por designarse personal que no reúna las condiciones exigidas para el cargo;
c) por mora reiterada en la remisión de informes o documentación requeridas por la autoridad de aplicación;
d) por irregularidades graves administrativas, financieras o pedagógicas que se constataran.
Artículo 2°.- Se aplicarán multas en caso de:
a) Anomalías en el destino de fondos fiscales;
b) en caso de darse un tercer apercibimiento escrito por el mismo motivo; se dará previamente oportunidad al propietario y director para formular los descargos que correspondan.
Artículo  3°.- La retención de los aportes se producirá cuando la institución que incumpla lo solicitado esté subvencionada por el Estado Provincial y con posterioridad a tres (3) apercibimientos por el mismo motivo.
Artículo  4°.- La cancelación de la inscripción será aplicada: 
a) Por incumplimiento reiterado y grave de las obligaciones impuestas al propietario y que constituyan una violación manifiesta de las disposiciones de la presente ley o normativa en vigencia;
b) por pérdidas del buen concepto moral o de la solvencia económica del propietario;
c) por cesión a un tercero, pública o encubierta, del goce de los beneficios de la inscripción, sea a título oneroso o gratuito;
d) por anomalías graves o pérdida o desaparición de la documentación oficial de la que es depositario;
e) por incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato de enseñanza que no  traduzca en perjuicio para los alumnos o del contrato de trabajo para el personal;
f) por haber merecido dos (2) sanciones de multas anteriores en el término de un (1)año a contar de la primera, o en tres (3) en el término de dos (2) años;
g) en las demás situaciones contempladas expresamente en este reglamento con esta sanción.
Artículo  5°.- La caducidad de la inscripción implica la clausura inmediata del establecimiento. En estas circunstancias la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada se hará cargo de toda documentación oficial y procederá a extender los pases correspondientes ante los alumnos, salvo que se comprueben deficiencias pedagógicas irrecuperables, en cuyo caso no se convalidará la fracción cursada en ese período lectivo.
Artículo 6°.- Frente a hechos o actos que infrinjan la ley y/o su reglamentación, y a los efectos de normalizar el funcionamiento del instituto y proteger el interés de los alumnos, previo a resolver la caducidad de la inscripción, el Ministerio de Educación, previo informe de la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada, podrá intervenir a través de los organismos que considere pertinentes. 
El propietario de un establecimiento al que se le cancele la inscripción acordada no podrá, por cinco (5) años ni por sí, ni por terceros, solicitar el beneficio de la inscripción en ninguno de los registros de la autoridad de aplicación.

DE LOS RECURSOS
Artículo 7°.- Contra toda decisión de la autoridad de aplicación cabrán los recursos establecidos en la Ley provincial 141, hasta agotarse la instancia en el Poder Ejecutivo Provincial y, contra la decisión de éste, será de aplicación la Ley provincial 133.

ANEXO III

DEL APORTE FINANCIERO
Artículo  1°.- A los fines de la correcta aplicación del aporte financiero para el pago del personal se considerarán los cursos reconocidos de los institutos que a la sanción de la presente perciban aporte financiero del Estado y aquellos que en el futuro se creen como instituciones de gestión privada sin fines de lucro incorporados a la Enseñanza Oficial, que funcionen en cada ciclo lectivo.
Artículo 2°.- Tendrán derecho a presentar la solicitud de aporte financiero estatal, todos los institutos enunciados en el artículo anterior incorporados a la enseñanza oficial que presenten antes del 30 de junio de cada año calendario el correspondiente pedido, debiendo, en todos los casos, tener un mínimo de tres (3) años de incorporados a la enseñanza oficial y cumplimentar los siguientes requisitos, en el caso de Asociaciones, Fundaciones, Cooperativas, Sociedades Comerciales, Sociedades de Hecho y Personas Jurídicas:
a) Cumplir con los requisitos establecidos en la presente ley;
b) último balance presentado a su organismo de control, de acuerdo al tipo de institución jurídica en que se encuentra el establecimiento educativo, conformado como entidad propietaria. El citado documento deberá ser firmado por el representante legal y contador público, certificada su firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de su jurisdicción;
c) de tratarse de institutos unipersonales o de sociedades de hecho, podrá reemplazarse el balance por la presentación de declaración jurada patrimonial de cada integrante de la sociedad (sociedad de hecho) o del titular del instituto educativo. Para los casos expuestos, la documentación a elevar, debe ser firmada por los declarantes y contador público, certificada su firma por el Consejo Profesional de su jurisdicción;
d) declaración jurada de cursos, grados y/o divisiones en actividad, a la fecha del pedido, en donde deberá indicarse la cantidad de alumnos que los integran;
e) declaración jurada de aranceles a cobrar, a partir del otorgamiento del aporte, por enseñanza programática, extraprogramática y otros conceptos;
f) declaración jurada de sueldos pagados a los directivos y docentes, sus correspondientes aportes y contribuciones sociales. Con la presente declaración jurada deberán acompañarse fotocopias de las boletas de depósitos de los aportes y contribuciones sociales pagadas durante los tres (3) últimos meses anteriores al pedido del aporte;
g) para ser considerado el aporte, además de evaluarse los datos requeridos, se tomará en cuenta: que el instituto se encuentre previamente incorporado a la enseñanza oficial; su evaluación pedagógica; el orden de antigüedad de la solicitud del aporte, los años de gestión educativa en la jurisdicción y la disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias de asistencia financiera; y
en el caso de Congregaciones Religiosas:
h) declaración jurada de cursos, grados y/o divisiones en actividad, indicando cantidad de alumnos al momento de solicitarse el aporte;
i) declaración jurada de aranceles a cobrar, en caso de otorgarse el aporte, por los conceptos de enseñanza programática, extraprogramática y otros conceptos;
j) declaración jurada de sueldos pagados a los directivos y docentes, sus correspondientes aportes y contribuciones sociales; con la declaración jurada deberán acompañarse fotocopias autenticadas de las boletas de depósitos por los aportes y contribuciones sociales pagadas durante los tres (3) meses anteriores al pedido del aporte.
k) para ser considerado el aporte, además de evaluarse los datos requeridos, se considerará lo siguiente: que el instituto se encuentre previamente incorporado a la enseñanza oficial, su evaluación pedagógica, el orden de antigüedad de la solicitud del aporte, los años de gestión educativa en la jurisdicción y la disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias.
Artículo 3°. - A los efectos de asignar la contribución estatal, la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada evaluará toda la documentación presentada, según el Anexo I, artículo 2° de la presente y las directivas que fije la superioridad. En lo atinente a la situación financiera y patrimonial del instituto, se considerará entre otros: la solvencia económica que posee el establecimiento; que la institución esté saneada económicamente, sin acciones judiciales pendientes y con sus compromisos de pago al día, a fin de garantizar el funcionamiento normal del instituto educativo, asegurando que las entidades propietarias deban contar previamente con los medios y/o elementos adecuados, a fin de posibilitar la enseñanza oficial, recordando que el aporte financiero estatal, sólo cubre los sueldos de la planta orgánica funcional con sus aportes y contribuciones sociales. 
Artículo 4°.- A los fines de considerar los institutos que han sido calificados por la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada para obtener el aporte estatal, se tendrá en cuenta en principio la existencia de partida presupuestaria y a posteriori    determinar el porcentaje que se le aportará a cada institución; el mismo estará en relación directa con el valor mensual que se obtiene de dividir las totalidad de las cuotas cobradas al alumno por todo concepto anualmente, incluido la Matrícula anual, en los términos que se determina en el Anexo I, en los artículos 2° y 3°, y ajustándose a la tabla de porcentajes que anualmente fijará el Ministerio de Educación de la Provincia, de acuerdo a la realidad económica vigente y a los criterios de esta ley.
Artículo 5°.- Los aportes financieros mensuales no aplicados, o excesos de los mismos, se reintegrarán a mes vencido. El incumplimiento no justificado de los mismos dará pleno derecho a la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada a la suspensión de los próximos aportes, independientemente de la aplicación de los punitorios y recargos por mora que se determinen sobre los saldos pendientes no devueltos a la fecha, tomando como base la fecha al mes liquidado. Cuando persista la falta de cumplimiento en la presentación de las correspondientes rendiciones de cuentas por los aportes pagados, por tres (3) meses consecutivos o cinco (5) alternados, la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada podrá solicitar al Ministerio de Educación que se revea el beneficio otorgado, debiendo determinar la sanción a aplicar, a través de disposición fundada, pudiendo ser las que se indican a continuación: suspensión del aporte hasta ciento ochenta (180) días con apercibimiento privado; reducción del aporte; quita del aporte, e iniciación de sumario administrativo por presunto perjuicio fiscal.
Artículo 6°.- Las rendiciones de cuentas anuales deberán ser presentadas en original y duplicado, firmadas por el representante legal, acompañando como información complementaria los aranceles cobrados por todo concepto y el balance anual institucional de acuerdo al Decreto nacional N° 2542/91
Artículo 7°.- Para los reajustes de cursos, divisiones, secciones, grados, grupos y cargos, deberán observar que, los institutos que perciban aportes sobre la base de planes aprobados y que por razones de modificaciones en los planes de estudio -sea por iniciativa de la propia entidad propietaria destinada a mejorar la calidad educativa o por decisiones del Ministerio de Educación en el marco de la transformación educativa- se encuentren gestionando la aprobación pedagógica de los mismos, podrán compensar los aportes percibidos en función de las plantas orgánicas funcionales vigentes al momento de la solicitud, a la nueva realidad en forma provisoria hasta que la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada defina los mismos. A tal fin las instituciones se harán responsables de reintegrar los aportes recibidos y compensados provisoriamente, en caso de ser denegada la aprobación.
Artículo 8°.- Queda establecido que la no percepción de los aportes financieros o la demora en su percepción, para quienes ya reciben este aporte, no es causa suficiente para eximir al propietario del establecimiento educativo, cualquiera sea su figura legal, del pago en término de las remuneraciones del personal directivo, docente, auxiliar y administrativo, ni los aportes y contribuciones sociales, a que den lugar, según normativa vigente.
Artículo 9°.- A los efectos de estipular el plantel máximo de personal reconocido para percibir el aporte estatal, se aplicará, para los casos de existir varios turnos, el total de los mismos. Se observará lo determinado por cada plan de estudio aprobado por el Ministerio de Educación, contemplando el mínimo necesario que se le otorga a las plantas funcionales de los establecimientos de Gestión Estatal, teniendo como margen de aplicación las razones geográficas, pedagógicas o la prosecución de estudios o que no existiera otro establecimiento de idénticas características en la zona.
Artículo 10.- La cantidad mínima de alumnos se entenderá por turno con el mismo tipo de enseñanza. Los establecimientos educativos de jornada completa se considerarán como un único turno en sí mismos. A fin de considerarse la cantidad mínima de alumnos, deberá cumplirse previamente con las condiciones pedagógicas de funcionamientos de grados, cursos o divisiones, tal cual se estipula en los establecimientos de Gestión Estatal. La organización del número de alumnos en cada grado, curso o divisiones desdoblado, es facultad de cada entidad educativa, pudiendo ser alcanzados por el aporte estatal tantos cursos como la suma total de alumnos de los mismos se encuadre con los mínimos de alumnos que fija el presente artículo.

ANEXO IV
NORMAS PARA LA PUBLICIDAD DE LA ENSEÑANZA PRIVADA

Artículo 1º.- Establécese que toda persona y/o institución de propiedad privada destinada a la enseñanza, que dicte cursos presenciales, semipresenciales o a distancia, o cualquier otra forma de prestación de los mismos deberá, en la difusión de sus servicios, cumplir con los siguientes requisitos:
a) Tratándose de establecimientos con o sin reconocimiento oficial, si los cursos impartidos no cumplen con los planes y programas aprobados por el organismo educativo oficial correspondiente, no podrán incluir la mención de títulos con igual denominación a los que se expidieron o se expiden oficialmente;
b) deberán asimismo, hacer constar en toda su publicidad, en forma destacada, que el título y/o certificado que extienden no tiene carácter oficial;
c) en caso de que no cuenten con el reconocimiento oficial, deberán brindar al interesado información veraz, por medio de acta notificativa, en la que deberá constar: clase de título y/o certificado que se entrega;
d) que no habilita para ejercer la docencia oficial o privada, ni cualquier otra profesión cuya carrera o curso sea dictada por establecimientos de enseñanza de Nivel Inicial, Educación General Básica, Nivel Polimodal o Nivel Superior y que estén reconocidos oficialmente, o para continuar estudios superiores;
f) en caso de que el establecimiento cuente con reconocimiento oficial deberá, en cada carrera y/o curso que publicite, mencionar el número de resolución respectiva por el cual fueron aprobados, así como código y características del establecimiento.
Artículo 2º.- La violación a lo establecido por la presente ley facultará al Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada, a que intime al cese de la difusión engañosa y al desarrollo de los cursos o carreras.