Artículo 1°.- La presente ley tiene como finalidades esenciales:
a)	posibilitar el desarrollo integral y armónico de la economía provincial; y
b)	promover el incremento del desarrollo turístico de la Provincia, a fin de consolidar el potencial económico, incrementar el producto bruto, aumentar la riqueza y asegurar la plena ocupación.
Artículo 2°.- Las personas físicas o jurídicas que se acojan a la presente ley podrán gozar con respecto a las actividades prioritarias, de los siguientes beneficios y franquicias:
a)	exención parcial y transitoria de impuestos provinciales; y
b)	facilidades al empresario, empleados y obreros que posibiliten la capacitación profesional en organismos públicos o privados, provinciales o nacionales.
Artículo 3°.- Las personas físicas o jurídicas beneficiadas podrán gozar de la exención parcial hasta quince (15) años de los Impuestos a los Ingresos Brutos y de Sellos, plazo que se contará a partir de la fecha del acto administrativo que lo otorgue.
Artículo 4°.- La exención a que se refiere el artículo precedente será del sesenta por ciento (60%) del monto que corresponda abonar al contribuyente beneficiario según la 
alícuota correspondiente a la actividad de que se trate en los primeros cinco (5) años; del cincuenta por ciento (50%) para los segundos cinco (5) años y del cuarenta por ciento (40%) para los últimos cinco (5) años.
Artículo 5°.- Para acogerse a los beneficios previstos en la presente ley, las personas físicas o jurídicas que lo pretendan, deberán dar cumplimiento a los siguientes requisitos generales:
a)	que se encuentren domiciliados en el país y en el caso de personas jurídicas que se hayan constituido en la República Argentina;
b)	en el caso de personas jurídicas, que dentro del objeto social se encuentren previstas actividades turísticas o afín a ella;
c)	que la actividad que se pretende beneficiar tenga relación directa con la actividad turística;
d)	que ofrezca realizar inversiones en infraestructura turística, en equipamiento destinado a la prestación de servicios turísticos y en unidades de transporte terrestre, marítimo, lacustre, fluvial y aéreo, susceptibles de ser utilizados en la actividad turística o colaboren con su facilitación;
e)	que avalen el ofrecimiento a través de un plan de inversiones detallado con montos que superen el mínimo que se establece más adelante y con plazos determinados;
f)	que no tengan deudas pendientes ni situaciones irregulares respecto de sus obligaciones fiscales, sociales o administrativas al momento de acordarse el beneficio. En tales supuestos, los solicitantes tendrán un plazo de sesenta (60) días hábiles administrativos a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de acogimiento para normalizar las eventuales  irregularidades; y 
g)	llevar las registraciones contables de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio y las leyes laborales y previsionales.
Artículo 6°.- Las inversiones que se ofrezcan realizar para acceder a los beneficios de la presente ley podrán versar sobre:
a)	la compra de inmuebles con destino a la construcción de infraestructura turística;
b)	la construcción de obras nuevas o en construcción destinadas a la explotación turística;
c)	la ampliación, remodelación o reparación de obras existentes con igual destino;
d)	la compra de vehículos de transporte, aeronaves y embarcaciones de cualquier tipo destinadas a la explotación turística o al facilitamiento de esta actividad; y
e)	el equipamiento de las construcciones y medios de transporte antes aludidos.
Artículo 7°.- No podrán ser tenidas en cuenta a los fines de la presente ley:
a)	las inversiones realizadas fuera de la Provincia de Tierra del Fuego;
b)	la adquisición de participaciones sociales en empresas ya constituidas; y
c)	la compra de inmuebles aptos para la explotación turística que no requieran efectuar inversiones para su adaptación al rubro.
Artículo 8°.- El Ministerio de Economía de la Provincia de Tierra del Fuego o la dependencia ministerial que ejerza sus funciones, será la autoridad de aplicación de la presente ley y en tal carácter, analizará si las propuestas que se realicen y las inversiones que se ofrezcan a los fines de la obtención de los beneficios, se ajustan a las prescripciones del artículo 6° de la presente ley, y si los solicitantes cumplen con los requisitos exigidos en el artículo 5°. La conclusión será fundada con pena de nulidad.
Artículo 9°.- La autoridad de aplicación tendrá un plazo de sesenta (60) días hábiles administrativos para emitir la conclusión a que se refiere el artículo precedente, pudiendo extenderlo treinta (30) días más si el peticionante debiera cumplir algún emplazamiento.
Artículo 10.- Las personas físicas y jurídicas beneficiarias de la presente ley están obligadas a cumplir en tiempo y forma con las inversiones que propongan, bajo pena de caducidad inmediata de los beneficios acordados.
Artículo 11.- Si una persona física o jurídica dedicada a actividades susceptibles de exención desarrolla simultáneamente otras que no lo son, el régimen de beneficios a acordar comprenderá solo a las primeras.
Artículo 12.- Los montos de las inversiones en base a los cuales se solicite el acogimiento a los beneficios de la presente ley serán proporcionados al valor de las obras que se realicen o bienes que se adquieran y en ningún caso podrán ser inferiores a diez mil (10.000) salarios mínimo, vital y móvil al valor vigente  a la fecha de presentación  de las respectivas solicitudes.
Artículo 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 08 DE JULIO DE 2015.