“LEY MARCO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS”
TÍTULO I 
PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1º.- Ámbito de aplicación. La presente ley y sus reglamentos constituyen el régimen jurídico de aplicación en todo el territorio provincial. Son aguas del dominio público provincial, todas las que se encuentren dentro de sus límites territoriales y en jurisdicción de la Provincia, conforme a las previsiones del Código Civil y Comercial de la Nación. Sus disposiciones son de orden público y de interés social, ecológico, ambiental y económico. 
El dominio del Estado provincial sobre los recursos hídricos actuales y futuros es absoluto, imprescriptible y no susceptible de cualquier clase de reclamo o de pretensión de derechos por parte de personas de existencia real o ideal, públicas o privadas. 
Los recursos hídricos públicos son inembargables y sobre ellos no podrán constituirse derechos reales a favor de autoridades públicas nacionales o internacionales, organismos multilaterales de crédito, como así tampoco podrán otorgarse garantías sustentadas en los mismos por cualquier concepto.   
La Provincia reivindica para si todos los recursos hídricos existentes en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, islotes y archipiélagos adyacentes y circundantes, los espacios marítimos ya fijados del Mar Argentino y los que, en  la superficie que corresponde a su jurisdicción, han sido establecidos en la 40° Comisión de Límites de la Plataforma Continental que depende de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) hasta tanto queden fijados por los tratados y resoluciones internacionales pertinentes y las normas que en su consecuencia dicten las autoridades nacionales.
Artículo 2o.- Objeto. Esta ley tiene por objeto administrar, regular su obtención, los permisos y concesiones de uso, la explotación, exploración, mejoramiento, preservación en cantidad y calidad, incremento, administrar el uso de los cauces, obras hidráulicas, las limitaciones al dominio, el interés público y la defensa contra los efectos nocivos de las aguas y el aprovechamiento múltiple y uso efectivo y beneficioso del recurso hídrico.
Artículo 3o.- Principios. Los principios generales que orientan esta ley son los “Principios Rectores de Política Hídrica de la República Argentina”, expresados como Anexo I en el Acuerdo Federal del Agua suscripto entre los organismos hídricos provinciales y la Nación, ratificado en la Provincia mediante Decreto provincial 2084/03 y aprobado por Resolución de Cámara 194/03 de la Legislatura provincial.

Artículo 4o.- Objetivos específicos. Son objetivos específicos de esta ley:
a)	regular técnica y jurídicamente la obtención e inventario de las aguas, preservar y promover el uso y aprovechamiento efectivo, beneficioso, múltiple y sostenible en el territorio provincial así como su distribución equitativa;
b)	promover la planificación estratégica, la programación participativa y la gestión integral de las aguas en todos sus ciclos como bien socioeconómico y ambiental, procurando mantener la unidad de las cuencas hidrográficas para evitar la escasez permanente del recurso o  mitigar los excesos estacionales del mismo;
c)	crear y mantener un sistema de información provincial sobre las aguas, con el objeto de procesar su flujo en forma permanente y actualizada;
d)	desarrollar mecanismos tendientes a educar y concientizar a la población sobre los principios de una Cultura del Agua, jerarquizando su valor,  la necesidad de optimizar su uso y preservar su calidad. Velar por un uso eficiente, efectivo y beneficioso;
e)	mantener niveles adecuados de cantidad y calidad del recurso, evitando toda actividad que sea causal de derroche o contaminación de las aguas;
f)	procurar la reutilización, reciclaje y recirculación de las aguas mediante un adecuado manejo y conservación;
g)	impedir la acumulación de compuestos tóxicos y degradantes en el suelo y subsuelo, capaces de contaminar las aguas;
h)	velar por la conservación de los sistemas hídricos, incluyendo los humedales en todo el territorio provincial;
i)	procurar que la entrega de agua, y la percepción por ello, sea por volumen en todos aquellos casos que la modalidad, finalidad del uso o aprovechamiento y conservación del Recurso Hídrico lo estime necesario u otra unidad de medida si correspondiere que será fijada, por la autoridad de aplicación;
j)	crear condiciones adecuadas para la compatibilización de la conservación de un bien del dominio público con su utilización según los intereses sectoriales de la producción, garantizando y asegurando derechos a los concesionarios para que éstos puedan producir con seguridad jurídica y conforme el título de la concesión;
k)	gobierno y administración descentralizada con participación de los usuarios y por cuencas; 
l)	manejo conjunto y coordinada (gestión integrada);
m)	 unidad de manejo de cuenca y de unidad de administración. Descentralización y desconcentración administrativa al nivel más apropiado, equilibrada con una administración centralizada en un organismo estatal único con perfil técnico;
n)	sustentabilidad económica y financiera del sistema de gestión hídrica; 
ñ) control del deterioro de la calidad con criterios de prevención y precautoriedad;
o)	la autogestión participativa por los mismos usuarios;
p)	el uso eficiente, efectivo y beneficioso del agua;
q)	el balance hídrico entre oferta y demanda, como base de la asignación del recurso; y 
r)	la priorización y registración de los usos. 
Artículo 5o.- Atribuciones del Poder Ejecutivo.  Son facultades del Poder Ejecutivo:
a)	formular la política hídrica;
b)	formular planes, programas y proyectos por intermedio de la autoridad de aplicación, para el mejoramiento y la racionalización del uso y del manejo del agua en determinadas regiones o cuencas, en forma coordinada con el resto de los recursos naturales;
c)	decretar reservas que prohíban o limiten uno o más usos de agua superficial o subterránea, o la constitución de derechos individuales sobre el agua de dominio público; 
d)	establecer preferencias y prerrogativas para el uso del agua del dominio público por categoría de uso, regiones, cuencas o parte de ellas;
e)	fijar periódicamente el canon y las contribuciones a cargo de concesionarios, permisionarios y usuarios en general, por regiones y por uso;
f)	determinar la dotación del recurso a acordar a cada categoría de uso y a cada región; 
g)	suspender el suministro de agua para uno o más usos en caso de sequía extraordinaria o alguna otra calamidad pública;
h)	establecer las servidumbres y restricciones al dominio que resulten necesarias para la protección y mejor aprovechamiento de los recursos hídricos provinciales;
i)	acordar con el Gobierno de la Nación y, con su participación, con organizaciones internacionales y con Estados extranjeros y sus divisiones territoriales:
1.	el estudio y la planificación del desarrollo y preservación de cuencas  internacionales, como así también la construcción y operación de obras y la realización de actividades susceptibles de afectar el agua a través de la frontera; y
2.	la institución y constitución de organismos con los mismos fines;
j)	imponer restricciones y limitaciones al dominio privado para el mejor aprovechamiento y preservación del agua y para la protección del ambiente del impacto dañoso del agua;
k)	decretar con carácter excepcional y por cuestiones de urgencia reservas  que prohíban o limiten uno o más usos del agua de dominio público; y 
l)	el Poder Ejecutivo aprueba el Plan Hídrico Estratégico, ad referéndum de la Cámara Legislativa, que se considerará aprobado en forma ficta si dentro de los sesenta (60) días de su presentación la misma no se expidiera al respecto, tomando el mismo el carácter de público y  vinculante.
Artículo 6°.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación en materia de recursos hídricos, en jurisdicción de la Provincia, será ejercida por la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, a través del área técnica específica en materia de manejo de recursos hídricos o el organismo  que en el futuro ejerza sus funciones en caso de modificaciones a la estructura orgánica.
Son sus funciones y deberes:
a)	la aplicación de esta ley, el ejercicio de las atribuciones jurisdiccionales y el poder de policía en la órbita de competencia que le es propia;
b)	el asesoramiento a los poderes públicos en la formulación y actualización de la Política Hídrica provincial y la ejecución de la misma planificándola con criterio de unidad de cuenca;
c)	otorgar, suspender o revocar permisos y concesiones de uso de agua pública, de acuerdo a lo previsto por esta ley;
d)	proponer las cargas financieras inherentes al Recurso Hídrico y sus modalidades de percepción, de acuerdo al uso, la forma de aprovechamiento, ubicación de la fuente de provisión, épocas del año y demás parámetros que indique la reglamentación;
e)	las gestiones que tiendan al mejor cobro y percepción de los recursos destinados a su cumplimiento;
f)	propender a la participación de los usuarios en la gestión del Recurso Hídrico, concertando con la comunidad el uso racional y la preservación del agua como así también el valor de la misma;
g)	inventariar y evaluar los recursos hídricos tanto cualitativa como cuantitativamente y practicar periódicamente el balance hidrológico de las cuencas superficiales y subterráneas;

h)	determinar la línea de ribera, según lo dispuesto por el Código Civil y Comercial, siguiendo los procedimientos y pautas técnicas que fije la reglamentación;
i)	definir las vías de evacuación de crecidas y zonas de riesgos hídricos, siguiendo los procedimientos y pautas técnicas que fije la reglamentación;
j)	reglamentar, supervisar y vigilar todas las actividades y obras relativas al estudio, captación, uso, conservación y evacuación del agua; 
k)	proponer para su aprobación la planificación integral tendiente al uso y manejo de las aguas superficiales y subterráneas para optimizar su aprovechamiento y prevenir o evitar la alteración perjudicial del ciclo hidrológico, coordinando los planes hidrológicos específicos;
l)	prevenir emergencias hídricas y sus efectos nocivos, delimitando zonas de riesgo frente a inundaciones, aluviones y crecidas, categorizando las áreas, según los riesgos que las mismas presenten, e instalando mecanismos de alerta;
m)	  realizar los estudios, proyectos, programas o planes de obras y trabajos referidos a la investigación, usos y conservación del Recurso Hídrico y las cuencas hidrográficas, incluido lo referente a cambios climático, dado que todo el agua que utilizamos, ya sea que provenga de una fuente atmosférica, superficial o subterránea, debe ser tratada como parte de un único recurso, reconociéndose así la unidad del ciclo hidrográfico y su importante variabilidad especial y temporal, lo cual se ve directamente;      
n)	aconsejar y construir por sí o por terceros: diques, represas, tomas, acueductos, desagües, desecamientos y demás obras destinadas al aprovechamiento y defensa de los efectos nocivos de las aguas superficiales, subterráneas y pluviales;
ñ) establecer las especificaciones técnicas que satisfagan las    observaciones y mediciones hidrológicas, las labores y las obras hidráulicas realizadas por la autoridad de aplicación o por terceros, en cursos y cuerpos de agua del dominio público, la publicación de información hídrica de carácter oficial, así como la prestación de servicios a terceros por parte de la autoridad de aplicación;
o)	fortalecer el poder de gestión de las instancias locales y regionales vinculadas al Recurso Hídrico, estimulando la participación organizada de los distintos actores a través de organismos de usuarios del agua;
p)	colaborar con los organismos públicos y privados en la formulación y adopción de políticas en materia crediticia, financiera, impositiva y de fomento para el logro de los objetivos propuestos por la Política Hídrica;
q)	asesorar a los poderes públicos y realizar en su caso, las gestiones internacionales previstas en el Título IV de esta ley;
r)	aconsejar a los poderes públicos medidas de protección, zonificación, y de incentivo o fomento para la preservación del recurso;
s)	reglamentar la extracción y utilización de las aguas, establecer zonas de veda o declarar reservas de aguas y protección de cuencas en los siguientes casos de interés público:
1. para prevenir o remediar la sobre explotación de los acuíferos;
2. para proteger o restaurar humedales y otros ecosistemas;
3. para preservar fuentes de agua potable o protegerlas contra la contaminación;
4. para preservar y controlar la calidad del agua; y
5. por escasez o sequía extraordinaria;
t)	aconsejar y en su caso solicitar cambio en el orden de prioridades para el aprovechamiento del agua;
u)	prestar asistencia técnica a organismos públicos y privados en lo relativo a la prestación de servicios y realización de obras para el aprovechamiento y conservación del Recurso Hídrico;
v)	promover programas educativos orientados a la optimización del uso del agua como insumo principal de la producción, como así también de su preservación contra la contaminación hídrica;
w)	promover la realización de trabajos de investigación científica y tecnológica sobre los recursos hídricos, a través de la Dirección de Recursos Hídricos y por convenios de intercambio y cooperación con organismos nacionales e internacionales especializados en la materia;
x)	proponer el presupuesto necesario para la administración del recurso y actuar con la mayor autonomía administrativa y presupuestaria posible, para lograr una gestión integral de los recursos hídricos necesaria para el mejor cumplimiento de las funciones propias del organismo;
y)	elaborar y proponer al Poder Ejecutivo para su aprobación, la reglamentación del presente y sus modificatorias y dictar todas las resoluciones consecuentes de la aplicación de estas normas;
z)	 desarrollar otras actividades que sean necesarias para la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos;
aa)	  estudiar y conocer sobre la biomasa que forma parte de los recursos hídricos provinciales como así también llevar a cabo administración de los recursos ícticos susceptibles de afectación por pesca deportiva; 
bb)	 realizar modelos climáticos que representen su variabilidad en todo el territorio provincial y la afectación sobre los glaciares y el ambiente periglacial;
cc)	 llevar el inventario actualizado de los glaciares de la Provincia  y el monitoreo de aquellos que por su magnitud e importancia lo ameriten; 
dd)	 inventariar y monitorear los humedales existentes en el territorio provincial; y
ee)	 estudiar e intervenir sobre los efectos de la presencia de especies exóticas que mediante sus actividades degraden las características naturales de los recursos hídricos.
La competencia establecida en la presente a la autoridad de aplicación será ejercida en forma concurrente, según los casos, por los ministerios, secretarias y demás áreas competentes del Ejecutivo Provincial, en las modalidades y condiciones de intervención que se determine en la reglamentación de esta ley.

TITULO II
ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS
Artículo 7o.- Principio General. La autoridad de aplicación promueve la organización de los usuarios en consorcios de usuarios y de organismos de cuencas para mejorar el aprovechamiento del agua y la preservación y control de su calidad. Asimismo impulsa la participación de usuarios a nivel regional o de cuencas en los términos de esta ley y la demás normativa vigente.
Artículo 8o.- Sistema provincial de los Recursos Hídricos. El Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación conforma un Sistema Provincial de los Recursos Hídricos para gestionar la Política Hídrica provincial y sus instrumentos. El Sistema está conformado por la Dirección de Recursos Hídricos y por los organismos de cuencas y de usuarios, si estuvieren conformados. 
Son integrantes del Sistema dicha dirección y los delegados de ambos organismos de cuenca y de usuarios. La organización interna y funcionamiento del sistema se establece según reglamentación, reservando la Presidencia a la autoridad de aplicación. 
Artículo 9o.- Organismos de usuarios.  Los usuarios pueden formar organismos para  colaborar en la administración del agua, canales y obras hidráulicas conforme lo establezca la reglamentación, la que fija las normas de organización y funcionamiento. Los organismos elegirán sus autoridades y dictarán los reglamentos internos,  bajo control y supervisión de la autoridad de aplicación. 
Artículo 10.- Organismos de cuencas. La autoridad de aplicación puede establecer Organismos de Cuencas como instrumentos de coordinación, planificación y gestión en un área hidrográfica con el objeto de formular y ejecutar, con la participación de los usuarios, acciones para la mejor administración de las aguas, el desarrollo de la infraestructura hidráulica y de los servicios respectivos y la preservación de los recursos de las cuencas. Los organismos elegirán sus autoridades y dictarán los reglamentos internos,  bajo control y supervisión de la autoridad de aplicación. 

TÍTULO III
PLANIFICACIÓN HÍDRICA
Artículo 11.- Objetivos. La planificación es estratégica, se realiza con criterios de integración regional y de unidad de cuenca. Se ejecuta mediante programas regionales y sectoriales. El ámbito territorial, requisitos y demás características de cada programa, se determina reglamentariamente para:
a)	satisfacer la demanda de aguas e incrementar su disponibilidad, protegiendo su calidad;
b)	racionalizar sus usos múltiples en armonía con el ambiente y el desarrollo sustentable;
c)	promover el perfeccionamiento de métodos y técnicas de aprovechamiento racional y sostenible del agua en armonía con los ecosistemas; y 
d)	mitigar los impactos de efectos extremos de las aguas, asociados a la degradación del ambiente.
Artículo 12.- Instrumentos. El Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación, formula y actualiza, los instrumentos para planificar y concretar los objetivos de esta ley.  Formula los lineamientos específicos, los procedimientos y los contenidos, como así también los tiempos de formulación y frecuencia de actualización  que son establecidos en la reglamentación: 
a)	el Plan Hídrico Estratégico provincial; 
b)	un Sistema de Control sobre el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos;
c)	un (1) Sistema de Información de los recursos hídricos;
d)	un (1) Comité de Emergencia Hídrica; y 
e)	un (1) Sistema Público y de libre acceso de información hídrica y de promoción de la Cultura del Agua.
Artículo 13.- Elaboración. Los lineamientos y el procedimiento para la formulación, revisión y actualización del Plan Hídrico Estratégico provincial son establecidos por el Poder Ejecutivo a través de la autoridad de aplicación. El Plan Hídrico Estratégico Provincial es conducido, coordinado y difundido por la autoridad de aplicación de esta ley. En el procedimiento, establecido por reglamentación, necesariamente se prevé la participación de diferentes áreas de la Administración Pública provincial y del sector público o privado interesado, así como de organizaciones que representen intereses de la comunidad y los plazos para presentación de las propuestas por las organizaciones y organismos correspondientes.
Artículo 14.- Contenido. Sin perjuicio de los lineamientos, procedimientos y contenidos específicos del Plan Hídrico Estratégico provincial, el mismo incluye:
a)	las medidas necesarias para la coordinación de los diferentes programas;
b)	la solución para las posibles alternativas que aquellos ofrezcan;
c)	las modificaciones que se prevean en la planificación del uso del recurso y que afecten a aprovechamientos existentes para abastecimientos de poblaciones, regadíos y otros usos; y
d)	las afectaciones presupuestarias necesarias para su implementación.
En el Plan Hídrico Estratégico provincial se puede establecer reservas de agua y de terrenos, necesarias para las obras actuales y previstas. Pueden ser declaradas como zonas de protección especial, determinadas cuencas o tramos de cuencas, acuíferos o masas de agua que, por sus características naturales o interés ecológico así lo requieran. En cada caso la autoridad de aplicación determina las restricciones al uso de los recursos hídricos y el conjunto de medidas a adoptar para asegurar una adecuada protección.
Las previsiones a que se refieren los párrafos anteriores, deben ser contempladas y cumplidas en los diferentes instrumentos de ordenamiento territorial.

TÍTULO IV
AGUAS INTERNACIONALES
Artículo 15.- Aprovechamiento. Los cuerpos de agua que, de algún modo en su recorrido o extensión, limiten, atraviesen o comprendan territorio de la provincia y toda agua que atraviese, penetre, salga o limite el territorio de la misma con otro Estado, son consideradas según corresponda, como aguas interjurisdiccionales o internacionales, a los efectos de esta ley y reglamentación dictada en consecuencia.

Para su aprovechamiento y preservación y para evitar los efectos dañosos que las aguas pudieran provocar, la Provincia con conocimiento e intervención de las autoridades y/o entidades nacionales competentes, concreta tratados manteniendo el principio de unidad de región o cuenca hídrica.
Artículo 16.- Dominio y jurisdicción. La Provincia reafirma su dominio y jurisdicción sobre las aguas internacionales en el tramo o superficie y sobre la porción que corresponda a territorio provincial, reconociendo también equivalentes derechos a otros estados partícipes de una región hídrica o cuenca común en la porción de territorio que les corresponda.
Artículo 17.- Usos compartidos. Los recursos hídricos que de algún modo limiten, atraviesen o comprendan territorio de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y, toda agua que atraviese, penetre, salga o limite el territorio de la misma con otro Estado, son consideradas, según corresponda, como aguas interjurisdiccionales o internacionales. Para la aplicación de la Política Hídrica en relación a otros estados con los cuales comparta una cuenca o región hídrica, la Provincia establece un conjunto de principios, objetivos y acciones que tiendan a promover el desarrollo, preservación, aprovechamiento y explotación de los recursos hídricos y naturales internacionales y la protección contra sus efectos nocivos, dentro de un marco que procure la justicia, la eficiencia y la económica razonabilidad de su consideración integral.
Hasta tanto la Provincia no haya acordado con otros estados involucrados, programas comunes de aprovechamiento o distribución de caudales o normas especiales de manejo o consulta, adopta por sí sola las medidas que juzgue necesarias para el mejor uso, preservación y protección contra los efectos nocivos de todas las aguas que se encuentren  en o limiten con su territorio.
Artículo 18.- Conformidad legislativa. Es nulo, sin valor ni efecto alguno,  cualquier acto de los poderes provinciales  o municipales que modifique o extinga derechos o prerrogativas jurisdiccionales del Estado provincial sobre las aguas o demás bienes integrantes del dominio público hídrico, sin la previa conformidad de la Legislatura provincial, salvo en aquellas materias expresamente delegadas al Gobierno nacional en la Constitución Nacional.

TÍTULO V
CATASTRO Y REGISTRO
Artículo 19.- Inventario físico y registro de mediciones. La autoridad de aplicación tiene a su cargo un Inventario o Catastro que registra la cantidad, calidad y ubicación de los recursos hídricos de la provincia, incluyendo cursos y cuerpos de agua, humedales, glaciares y aguas interjurisdiccionales así como también el agua subterránea y las estructuras geológicas que las contenga, las obras hidráulicas y demás datos que determine la reglamentación. La autoridad de aplicación puede exigir a los titulares o usuarios del agua pública los datos e informes que estime necesarios. El Catastro contempla el registro de caudales máximos, medios y mínimos anuales, junto a los correspondientes caudales ecológicos y ambientales de cursos en que sea posible determinarlos, según defina mediante reglamentación. 
Cada cinco (5) años el inventario y el catastro correspondiente será revisado y actualizado. 
Artículo 20.- Registro de derechos. La autoridad de aplicación inscribe  en un registro real y público los derechos de aprovechamiento. La inscripción indica el título que ampara el aprovechamiento, la magnitud, condiciones y duración de esos derechos, la fuente de aprovisionamiento, el inmueble o establecimiento beneficiado, el nombre y datos personales de su propietario, la ubicación, planos y proyectos de presas, tomas, compuertas, canales y demás obras relativas al aprovechamiento.
La autoridad de aplicación habilita y lleva los siguientes registros públicos, pudiendo disponer la creación de otros que crea necesarios:
a)	de las aguas del dominio público otorgadas en uso mediante permiso o concesión;
b)	de las aguas del dominio privado;
c)	de las obras hidráulicas;
d)	de los organismos de usuarios y de cuencas; 
e)	de las empresas dedicadas a la perforación del subsuelo y de toda información relacionada con aguas subterráneas y las estructuras geológicas que las contengan; y
f)	de las concesiones de aprovechamiento de aguas termales y recursos hidrominerales y geotérmicos.
La autoridad de aplicación lleva actualizado un registro único de establecimientos.  
Artículo 21.- Relación con el Registro de la Propiedad. El derecho al uso de aguas públicas y las restricciones al dominio inherentes a un inmueble es inscripto en el Registro 
de la Propiedad Inmueble como registración complementaria de la descripción del inmueble e integrativo del asiento de dominio. A tal efecto, la autoridad de aplicación comunica a dicho registro todo otorgamiento de derechos sobre agua pública o privada a favor de inmuebles y las restricciones al dominio y servidumbres que se impongan sobre ellos.
Los derechos y restricciones que beneficien o graven un inmueble, deberán ser objeto de transcripción en las escrituras públicas que otorguen los fedatarios intervinientes. 
La inobservancia de la norma conlleva responsabilidades civiles y penales de acción pública además de la caducidad del registro del escribano infractor.
Artículo 22.- Obligaciones de los escribanos. Los escribanos sólo podrán otorgar las escrituras de transferencia de derechos reales sobre inmuebles situados en las zonas que la autoridad de aplicación determine, previa certificación del derecho al uso del agua que le sea inherente y de que no adeuda suma alguna por  tal concepto. Además deberán comunicar a la autoridad de aplicación las escrituras que otorguen en esas condiciones.
Artículo 23.- Obligaciones de los usuarios. Los que aprovechan aguas deben permitir las observaciones y mediciones y suministrar la información y las muestras que la autoridad de aplicación disponga.
Los que aprovechen el agua pública deben presentar ante la autoridad de aplicación cuando ésta así lo requiera, la documentación que contenga la siguiente información:
a) el título en virtud del cual lo hacen;
b) la descripción gráfica de las obras de captación y aducción;
c) declaración jurada de los caudales y volúmenes usados mensualmente;
d) el área o instalación beneficiadas;
e) la producción obtenida;
f) si se comprobaren declaraciones falsas o maliciosas por menores volúmenes se aplicarán sanciones que podrán alcanzar hasta la caducidad del permiso o concesión;  
g) a los efectos de la medición la autoridad de aplicación ejecutará estudios de caudal en los cursos y cuerpos de agua superficial y subterránea y de capacidad de abducción de los equipos instalados en los mismos;
h) el área o instalación beneficiadas, volumen final resultante de los procesos de industrialización, fraccionamiento y comercialización; e
i) toda otra documentación que solicite la autoridad de aplicación según la reglamentación vigente.
Artículo 24.- Obligaciones de los perforadores. Los que perforen el subsuelo en ejercicio de atribuciones conferidas por el Código de Minería, la legislación de hidrocarburos o cualquier otro título, deben suministrar a la autoridad de aplicación información sobre el agua que alumbren y sobre las estructuras geológicas que la contenga.
Las obras que alumbren el agua subterránea deberán contar con previa autorización por parte de la autoridad de aplicación, debiendo estar registrados tanto la empresa como el responsable técnico de la obra, ambos acreditando su idoneidad. 
Cuando la perforación sea para uso propio no podrán hacer uso del recurso hasta que no hayan dado cumplimiento a las normativas correspondientes, que serán establecidas por reglamentación.  
Artículo 25.- Línea de ribera. Fijación. La autoridad de aplicación fija y demarca la línea de ribera de los cursos, cuerpos de agua y costas del dominio público sobre el terreno, de oficio o a instancia de cualquier propietario de inmuebles contiguos o de concesionarios amparados por la Ley de Aguas, ello de conformidad con lo que prevé el Código Civil y Comercial de la Nación. La misma podrá determinarse temporal o permanentemente de acuerdo con las variaciones que sufran en sus dimensiones los distintos cursos de agua. Ante la insuficiencia de información hidrométrica, se determinará conforme a criterios hidrológicos, hidráulicos, geomorfológicos y estadísticos, evaluados a la luz de una sana y actualizada crítica, según lo disponga la reglamentación específica.
Artículo 26.- Demarcaciones. La línea de ribera demarca y deslinda el dominio público del privado. La demarcación se hará conforme a lo indicado en la reglamentación que la autoridad de aplicación defina a sus efectos. 
Cuando la línea de ribera cambiase por causas naturales o acto ilegítimo, la autoridad de aplicación procederá a una nueva fijación y demarcación, pudiendo exigir la remediación por parte del responsable del acto ilegítimo. El área comprendida entre las líneas de ribera de un curso o cuerpo de agua pertenece al dominio público, y como tal resulta inalienable y no susceptible de posesión.
En el plano de mensura estará indicada la demarcación de la línea de ribera conforme a lo establecido por parte del área técnica específica con incumbencia en materia de recursos hídricos, también se hará constar la existencia de cursos, cuerpos de agua superficiales y costa marina. Todo plano de mensura presentado ante el ente catastral provincial, como así   también  municipal,  debe   contar  con  el   previo  “Visado Hídrico”,  por  parte  de  la 

autoridad de aplicación de esta ley. Los requisitos para obtener el visado, serán establecidos en la reglamentación específica.
Artículo 27.- Publicidad. Los colindantes del fundo a demarcar serán previamente citados personalmente, al igual que los propietarios de la ribera opuesta y se dará a la demarcación la debida publicidad, según la modalidad que a tal efecto disponga la autoridad de aplicación.
Artículo 28.- Áreas con riesgo hídrico. La autoridad de aplicación delimitará zonas de riesgos hídricos y evacuación de crecidas. A fin de evitar riesgos por inundación, en todos los cambios generados en cuanto a uso del suelo que impliquen construcciones permanentes, los responsables deberán solicitar  ante la autoridad de aplicación un “Certificado de Aptitud Hidráulica”. Los requisitos para obtener el certificado, serán establecidos en la reglamentación específica.
Artículo 29.- Alerta hidrológica. La autoridad de aplicación tiene a su cargo el sistema de pronóstico y alerta hidrológica para prevenir riesgos de inundaciones por desbordamiento de cursos de agua. La autoridad de aplicación notificará el alerta hidrológico en forma fehaciente a las autoridades locales y activará los Protocolos de Prevención y Respuesta a través de los organismos de Defensa Civil. Los avisos a la población deberán ser publicados en todos los medios de difusión en la región en riesgo, garantizando el alcance de las comunicaciones a todos los habitantes en dicha zona.
Artículo 30.- Declaración de emergencia hídrica. En situaciones de inundación y sequía, la autoridad de aplicación queda facultada a declarar el estado de emergencia por exceso o déficit hídrico o cualquier otra situación de calamidad pública que comprometa la normal gestión del recurso. La declaración será comunicada en el mismo acto al Poder Ejecutivo, a la Legislatura y a los organismos que correspondan. El contenido, ocasión y modalidades serán establecidos por reglamentación.
Artículo 31.- Comité de emergencia hídrica. La autoridad de aplicación podrá crear un Comité de Emergencia Hídrica con las competencias y atribuciones legales que resulten necesarias para la ejecución inmediata de las medidas estructurales y no estructurales necesarias para solucionar o aliviar las consecuencias del desastre.

TÍTULO VI
USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA Y CAUCES PÚBLICOS
Artículo 32.- Uso del agua pública.  Puede declararse de utilidad pública todo bien que resulte necesario a los fines de la administración del Recurso Hídrico, correspondiendo a la autoridad de aplicación, establecer el procedimiento para especificar los afectados por esta declaración a los efectos de su expropiación o limitación administrativa. 
El Estado provincial, sus organismos, los municipios y las personas físicas y jurídicas pueden usar el agua y los cauces públicos del modo y en los casos que prevén la Constitución Provincial y esta ley.
Artículo 33.- Responsabilidad de los usuarios. El concesionario o permisionario debe usar el agua conforme al destino, extensión, proporción, duración, volumen y demás modalidades determinados en el título de otorgamiento y en las reglamentaciones que se dicten para el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos.
Artículo 34.- Uso común. Toda persona tiene derecho a usar el agua pública, libremente y conforme a los reglamentos generales para los usos categorizados como comunes. La autoridad de aplicación es responsable de garantizar el efectivo ejercicio de dicho derecho a los particulares. Son usos comunes:
a)	los destinados a satisfacer necesidades domésticas como bebida e higiene humana y de animales domésticos. También riego de huertos y jardines cuya producción no sea destinada a la venta y sea utilizada para el consumo o sustento del grupo familiar;
b)	transporte no comercial de personas o cosas;
c)	abrevar ganado en tránsito;
d)	pesca recreativa, de acuerdo a la reglamentación vigente;
e)	esparcimiento como deportes y juegos acuáticos, siempre que no persigan un fin comercial, que no se valga de obras fijas ni medios mecánicos, que no se contamine el ambiente ni perjudique igual derecho de terceros directa o indirectamente; y
f) queda vedada la utilización de arroyos, chorrillos o cursos de agua de cualquier naturaleza o en espejos y cursos de agua aun cuando sus nacientes y desembocaduras se encuentren en un predio privado o atraviesen en su recorrido espacios públicos, para limpieza de vehículos de cualquier porte, maquinaria agrícola, vial o de cualquier otra aplicación, herramientas, higiene, bañado de ganado para consumo o de cualquier naturaleza y en general para cualquier otro elemento de origen industrial o artesanal.
Artículo 35.- Usos especiales. Ninguna persona física o jurídica puede usar el agua pública para usos especiales, consuntivos y no consuntivos, sin permiso o concesión otorgados por la autoridad competente. Los usos que se encuentran especificados como especiales en el Título VII de esta ley, constituyen una lista orientativa y no exhaustiva de los mismos, por cuanto en esta categoría se incluyen todos aquellos que no puedan considerarse usos comunes.
La autoridad de aplicación puede denegar la autorización del uso especial del agua cuando esto pudiera ocasionar perjuicios ambientales o conflictos con usos existentes o previstos en el Plan Hídrico Estratégico de la Provincia. 
Artículo 36.- Prioridades. Para el otorgamiento y ejercicio de concesiones en caso de concurrencia de solicitudes para distintos aprovechamientos, la autoridad de aplicación determina el orden de prioridades para los usos especiales, en función de la planificación hídrica existente para la cuenca o región. Se debe respetar en todos los casos, el abastecimiento de poblaciones como uso prioritario.
Artículo 37.- Disponibilidad del recurso. Los usos especiales de las aguas se encuentran condicionados a la disponibilidad del recurso y a las necesidades reales del titular. El uso del recurso sólo puede autorizarse cuando no se comprometa el caudal ecológico y ambiental, determinado para la fuente de agua de acuerdo al criterio establecido mediante reglamentación.
Artículo 38.- Derechos de agua. Los derechos de agua comprenden:
a) el permiso y la concesión. El agua no puede ser usada para otro destino o inmueble, ni en cantidad mayor que la determinada en el permiso o concesión, salvo autorización expresa de la autoridad de aplicación, por resolución fundada y sin perjuicio de derechos de terceros; 
b) la autoridad de aplicación, para otorgar un derecho de agua, con base en estudios técnicos sustentados, debe establecer el caudal disponible, teniendo en cuenta la oferta hídrica del curso o cuerpo de agua, así como el caudal previamente adjudicado y el caudal necesario para satisfacer los usos previstos en el Plan Hídrico provincial;  
c) en caso de concurrencia de solicitudes para aprovechamientos de agua que se excluyan entre sí, se preferirá a los que mejor satisfagan los programas formulados por el Poder Ejecutivo para el mejoramiento y la racionalización del uso y del manejo del agua; y
d) el derecho de agua debe ser usado en forma eficiente y beneficiosa, en la proporción y las condiciones establecidas en esta ley y su reglamentación.
Artículo 39.- Inherencia. Las concesiones y permisos para usar y gozar del agua en beneficio de un inmueble constituyen un derecho accesorio del mismo que se transmite de pleno derecho a los adquirentes de su dominio. Si el  inmueble se fraccionara, la autoridad 
de aplicación puede distribuir entre las nuevas unidades inmobiliarias los beneficios de que gozaba el anterior inmueble, siempre que ello no impida su adecuada explotación. En caso contrario declarará extinguida la concesión o el permiso. 
En todos los demás casos, es necesaria la conformidad de la autoridad de aplicación para destinar el agua al beneficio de bienes o fines distintos a los previstos por el instrumento constitutivo de los derechos. 
También es necesaria para cederlos y para modificar en forma no sustancial las obras de captación, regulación, presa o restitución del agua o su ubicación. Cuando alguno de esos actos requiera mayor captación de agua, afecte en mayor grado su pureza o modifique sustancialmente las obras, se tramitará la modificación de la concesión siguiendo los procedimientos previstos para su otorgamiento.
Artículo 40.- Dotación. La dotación de agua se fija considerando la planificación hídrica, el régimen hidrológico, la capacidad de retención de los embalses reguladores y los requerimientos de cada aprovechamiento y puede reajustarse en cualquier momento por resolución fundada. La entrega de agua se hará bajo el sistema volumétrico cuando así sea posible por las características del uso.
Artículo 41.- Disminución o aumento de caudales. El Estado provincial no responde frente a los concesionarios por la disminución natural de caudales ni por la debida a caso fortuito, fuerza mayor, desastres ambientales ni por averías ajenas a la acción del Estado provincial o sus entes descentralizados, ni por la reparación o limpieza de embalses u otras obras hidráulicas. 
Tampoco responde por el aumento natural del caudal o nivel de aguas, sean éstos abiertos o cerrados o por efecto de aluviones, inundaciones u otros desastres naturales de origen no antrópico o por actos de terceros sin legitimación para ello, en cuyo caso la responsabilidad y las remediaciones serán resueltas entre partes.
Artículo 42.- Obligaciones implícitas. El uso o estudio del agua impone las siguientes obligaciones:
a)	aplicar técnicas eficientes que eviten el desperdicio y la degradación del agua, los suelos y el ambiente humano en general;
b)	preservar la cobertura vegetal protectora de fuentes, cursos y depósitos conforme a la reglamentación pertinente;
c)	construir y mantener en buen estado las instalaciones  y obras hidráulicas;
d)	indemnizar el perjuicio directo causado al Estado provincial y/o terceros. En su garantía la autoridad de aplicación exigirá fianzas de acuerdo con la magnitud de las obras o acciones a llevar a cabo en su caso, cuyos montos y condiciones serán establecidos por reglamentación;
e)	dejar el agua, la tierra y demás bienes afectados por uso o estudio, de modo tal que no causen daño ni peligro a personas o cosas;
f)	no destruir ni retirar las obras realizadas, cuando ello causare daño o peligro a personas o cosas, o así lo impusiere la concesión o permiso. Los propietarios de las tierras en que se realicen obras o la autoridad de aplicación pueden oponerse a su destrucción o retiro pagando el precio de los materiales usados en ellas;
g)	colocar el instrumental que permita medir la cantidad de agua que se derive, consuma, inmovilice o comprometa; y
h)	abonar el canon y cumplir con las demás condiciones que se fijen en el instrumento de otorgamiento de derechos. 
Artículo 43.- Obligaciones de propietarios ribereños. Los propietarios ribereños están obligados a abstenerse de realizar obras o actos o hechos que  perjudiquen o entorpezcan el régimen y libre escurrimiento de las aguas.
Están igualmente obligados a su costa a remover del cauce, lecho, playas fluviales y ribereñas, los obstáculos que hayan tenido origen en sus predios, siempre que la remoción signifique una necesidad común o de interés general.
Artículo 44.- Permisos de uso de aguas públicas. Constituye permiso de uso de aguas públicas el acto administrativo mediante el cual la autoridad de aplicación otorga a personas determinadas un derecho precario para el uso especial de agua pública o para la explotación de elementos con ellas relacionados, no cesible y que puede ser revocado en cualquier momento por la autoridad de aplicación, con expresión de causa y sin indemnización alguna.
Artículo 45.- Otorgamiento de permisos. La autoridad de aplicación es el organismo facultado para el otorgamiento de permisos de uso del agua pública, los que pueden concederse en los siguientes casos:
a) permisos para aprovechamiento de agua: permisos para la ocupación, uso o aprovechamiento exclusivos de agua, álveos o cauces públicos para labores o actividades transitorias y especiales.
b) permisos para estudios y desarrollo de experiencias: estudios a realizarse sobre el agua y las cuencas hídricas aún cuando sean privadas o estén concedidas.
La autoridad de aplicación determina los contenidos mínimos de las solicitudes de permisos mediante reglamentación.
Artículo 46.- Permisos para aprovechamiento del agua. El otorgamiento de      permisos se rige por los siguientes principios:
a)	se otorgan previa declaración jurada del permisionario de que no afectará directa ni indirectamente el ambiente ni a terceros;
b)	pueden revocarse en cualquier momento;
c)	su otorgamiento y extinción se publican en el Boletín Oficial; 
d)	los permisionarios pagan el mismo canon, contribuciones y demás ítems que los concesionarios de aprovechamientos similares si la autoridad de aplicación no los fijare de otro modo; y 
e)	se exigirá la presentación del estudio de impacto ambiental según la magnitud del aprovechamiento, que será determinado por la autoridad de aplicación de considerarlo necesario y la constitución de las garantías que fijan el artículo 55 de la Constitución Provincial, esta Ley o aquellas que resulten pertinentes en función de la magnitud del mismo.
Artículo 47.- Permisos para estudios. Estos permisos se rigen por las siguientes pautas: 
a)	durarán hasta dos (2) años según la naturaleza de los estudios, los que podrán ser renovados por períodos anuales a criterio de la autoridad de aplicación de conformidad con las características de los mismos;
b)	los permisionarios pueden entrar en propiedad ajena y ocuparla temporariamente con equipos, materiales y campamentos, extraer muestras de suelo, agua, animales y vegetales y efectuar perforaciones y movimientos de sustancias del suelo y subsuelo en la extensión necesaria para los estudios, cumpliendo las obligaciones legales pertinentes, previo consentimiento expreso del propietario del terreno;
c)	la autoridad de aplicación puede imponer la conservación de obras realizadas por los permisionarios siguiendo los procedimientos previstos por esta ley;
d)	los permisionarios deben retirar los elementos usados para el estudio;
e)	la autoridad de aplicación puede apropiarse de los elementos no retirados en el término de tres (3) meses contados a partir de la expiración del permiso;
f)	la modalidad de otorgamiento de los permisos será establecida mediante reglamentación;
g)	los permisionarios deben constituir garantías suficientes a favor de los propietarios de los inmuebles accedidos para cubrir la responsabilidad  por  daños y perjuicios ocasionados  por mala praxis, mal  uso  de  equipos  y herramientas, negligencia, 

acciones u omisiones entendidas en la forma más amplia posible, aún cuando no mediare dolo;        
h)	las mismas exigencias se deben cumplir cuando se trate de bienes de orden público siendo responsabilidad de la autoridad de aplicación el control, supervisión y seguimiento, el cumplimiento de las normas establecidas y la gestión del resarcimiento de daños y perjuicios que pudieran ocurrir aun cuando no mediare dolo;
i)	la autoridad de aplicación podrá designar un veedor permanente durante el desarrollo de los estudios, quien tendrá las más amplias facultades para supervisar las actividades, inclusive la de ordenar su paralización en el caso de violación evidente de las normas de realización de los mismos que oportunamente se hubieren indicado. Los permisionarios deben garantizar la entrega de los resultados de los estudios efectuados en el término de noventa (90) días contados a partir de la fecha de su finalización; y
j) la falta de cumplimiento implicará el reclamo administrativo con la aplicación de las sanciones y multas que correspondan a aquella de mayor gravedad que prevea esta ley en cuanto a normativa sancionatoria de carácter pecuniario. Si no se diera cumplimiento al pago y a la entrega de los estudios en tiempo y forma, se excluirá en forma permanente al autorizado respecto de nuevas peticiones. 
Artículo 48.- Caducidad de los permisos. Los permisos pueden ser revocados en cualquier momento mediante el dictado de resolución fundada por parte de la autoridad de aplicación. También puede declararse la caducidad del mismo cuando el permisionario dejare de cumplir alguna de las obligaciones establecidas en esta ley y su reglamentación.
Artículo 49.- Concesiones. La concesión es el contrato administrativo que otorga al concesionario el derecho subjetivo al uso especial de aguas, obras, material en suspensión o cauces públicos, de carácter temporario.
El derecho subjetivo emanado de una concesión de uso del agua  pública es transferible con previa autorización de la autoridad de aplicación.
Artículo 50.- Objeto de la concesión. Una vez determinada la cota correspondiente a la línea de ribera, la demarcación del área de inundación y la vía de evacuación de crecidas, la autoridad de aplicación podrá conceder con ajuste a lo que se establezca por reglamentación:
a)	el derecho al uso o aprovechamiento del agua pública y del material que lleve en suspensión;

b)	el derecho a la ocupación de sus lechos, vasos o álveos;
c)	el derecho a la construcción de obras en beneficio colectivo relacionadas al agua; y
d)	la prestación de servicios públicos relativos a ellos.
Artículo 51.- Duración de la concesión. La autoridad de aplicación fija la duración de la concesión por todo el tiempo necesario para cumplir su objeto, pero nunca en más de treinta (30) años renovables a su vencimiento, de corresponder y de conformidad con las características económicas financieras de la misma. 
Artículo 52.- Contenido de la solicitud y la concesión. La autoridad de aplicación otorga los contratos de concesión de acuerdo con esta ley y su reglamentación y determinará los contenidos mínimos de las solicitudes y de acuerdo al objeto de la concesión fijará las garantías y salvaguardias a requerir al beneficiario.
Artículo 53.- Declaración de impacto ambiental en la concesión. Si algún impedimento de hecho o de derecho obstare la viabilidad de la concesión, la autoridad de aplicación lo hará saber debidamente al solicitante y luego dictará la resolución que corresponda. Si no hubiese impedimento, intimará al solicitante a presentar el estudio de impacto ambiental en el Recurso Hídrico y su entorno para su aprobación previa y a ofrecer la garantía a que se refiere el artículo 55 de la Constitución de la Provincia, de acuerdo al procedimiento que fije la reglamentación. 
Artículo 54.- Procedimiento. Los interesados en obtener una concesión presentarán a la autoridad de aplicación su solicitud correspondiente. Una vez cumplidos los requisitos previstos en la Ley provincial 55 y su reglamentación, como así también la viabilidad técnica del proyecto, la autoridad de aplicación emite una Resolución de Concesión Precaria con la debida publicidad, a los efectos legales pertinentes, en la forma y con las modalidades que fije la reglamentación.
Artículo 55.- Contenido de la concesión. El acto que otorgue la concesión determinará como mínimo:
a)	el carácter del título que se otorga;
b)	el nombre o razón social del concesionario;
c)	los inmuebles o cosas a beneficiar con la concesión expresando su ubicación, dimensiones y nomenclatura catastral;
d)	deberá contener la aceptación expresa e irrecurrible con respecto a los derechos y obligaciones que fijará la autoridad de aplicación en el pliego pertinente y a los demás términos de esta ley y su reglamentación;
e)	las características generales de las obras a construir con los planos correspondientes y los plazos en que deban realizarse, los que deberán estar aprobados por la autoridad de aplicación con carácter previo al otorgamiento;
f)	la calidad que deben tener las aguas residuales o el procedimiento para fijarla periódicamente y las previsiones necesarias para la protección del ambiente y del interés general en un todo de acuerdo con la resolución de aprobación del estudio de impacto ambiental, en el caso de que éste hubiera sido necesario;
g)	la fuente de aprovisionamiento, la dotación de agua y el modo de su captación, regulación, extracción, derivación,  conducción, uso y aducción;
h)	 su duración;
i)	el canon y las bases para su reajuste futuro;
j)	todo el resto de los requerimientos que determine la autoridad de aplicación; y 
k)	el régimen de penalidades.
Artículo 56.- Ocupación de cauces. La ocupación de cauces, vasos o álveos públicos se rigen por lo dispuesto para el agua en los artículos precedentes. Cuando la ocupación no tenga por objeto el uso o aprovechamiento de agua sólo puede concederse por un plazo de hasta cinco (5) años, pudiendo ser mayor o menor en función de lo establecido en la reglamentación para distintos tipos de ocupaciones.
Artículo 57.- Concesión eventual. El caudal de agua que exceda en uno o más períodos del año  los requerimientos de los concesionarios, puede concederse para su  aprovechamiento eventual bajo las siguientes  condiciones:
a)	el agua no puede destinarse a usos cuya evolución económica requiera dotación permanente; y
b)	serán utilizadas con la dotación prevista por el acto que las otorga, después de las ordinarias y por orden de antigüedad.
Artículo 58.- Turnos. Cuando el caudal de una fuente de agua pública no sea suficiente para abastecer a todos los concesionarios o a quienes tengan derecho exclusivo a aprovecharlo, la autoridad de aplicación puede disminuir proporcionalmente los volúmenes de aguas o el tiempo durante el cual los reciban, estableciendo turnos de abastecimiento. La medida tendrá la  debida publicidad.
Artículo 59.- Suspensión. En caso de sequía extraordinaria u otra calamidad pública el Poder Ejecutivo puede disponer a través de la autoridad de aplicación la suspensión del suministro de agua a determinada categoría de concesionarios, dando prioridad a aquellos usos esenciales para el interés común y prioritariamente al abastecimiento humano.

Artículo 60.- Extinción. Son causas de extinción de  las concesiones:
a)	la renuncia, salvo disposición en contrario del acto de concesión u oposición del acreedor hipotecario, usufructuario o arrendatario;
b)	la expiración del término por el que fueron otorgadas;
c)	la fuerza mayor tal como el agotamiento de la fuente hídrica o la imposibilidad de efectuar la explotación para la que fue otorgada;
d)	la caducidad;
e)	la revocación;
f)	el concurso o quiebra del concesionario, ya sea persona física o jurídica;
g)	la muerte del concesionario, salvo que el contrato pertinente se haya suscripto con derechos sucesorios;
h)	la disolución, por cualquier causa del consorcio al que se le haya otorgado una concesión; e
i)	en caso de incumplimiento de lo establecido en la reglamentación.
Artículo 61.- Caducidad. Se operará la caducidad de la concesión sin derecho del concesionario a indemnización alguna si:
a)	no ejerciere sus derechos o no pagare el canon durante tres (3) años consecutivos, o por el periodo establecido mediante reglamentación en función del tipo de uso; 
b)	no efectuare las obras en los plazos previstos;
c)	no cumpliere las demás obligaciones esenciales de la concesión o la cediere sin previa autorización de la autoridad de aplicación en los casos que se hubiera previsto;
d)	los desagües contuviesen características fisicoquímicas perjudiciales no autorizadas por la concesión; y
e)	sufriera la aplicación de sanciones por parte de la autoridad de aplicación por violaciones a esta ley, su reglamentación, las normativas provinciales complementarias en su consecuencia se dicten o del Código Alimentario Argentino de corresponder.
Artículo 62.- Revocación. El Poder Ejecutivo puede revocar o extinguir cualquier permiso o concesión por incumplimiento en sus condiciones o por razones de interés general y con el fundamento debido.
En el caso que el permisionario fuere titular de una concesión de uso de las aguas públicas y el  incumplimiento de sus obligaciones ocasionara un perjuicio  grave al dominio 

público hídrico, la revocación del permiso acarreará la caducidad de la concesión de uso sin derecho a indemnización alguna.
Artículo 63.- Efectos de la extinción. Las obras construidas al amparo de concesiones que se extingan deben quedar en estado normal de funcionamiento, mientras la autoridad de aplicación no dispusiere otra cosa.
El anterior concesionario será preferido a terceros para obtener una nueva concesión en las condiciones que imponga la autoridad de aplicación, salvo que la causa de la extinción hubiese sido por penalidad impuesta al concesionario.
Artículo 64.- Concesión de obras y servicios hidráulicos. El Poder Ejecutivo, con informe técnico de la autoridad de aplicación, puede otorgar a personas físicas o jurídicas, consorcios y organismos estatales o municipales centralizados o descentralizados, concesiones para construir o explotar obras o servicios hidráulicos para terceros bajo el régimen jurídico provincial vigente de concesión de obras y servicios públicos, con las siguientes adecuaciones:
a)	para el caso del llamado a concurso de propuestas, deberá plubicarse el llamado con el anteproyecto de las obras y su memoria descriptiva. En caso de presentación de particulares y entidades estatales serán siempre preferidas las segundas;
b)	las ofertas deben proponer las tarifas o las bases para su fijación y el plazo de duración de la concesión;
c)	el concesionario financia, construye, administra y conserva las obras durante el plazo de la concesión, salvo  estipulación en contrario;
d)	si la concesión fuera de suministro de aguas o prestación de un servicio, el título de la concesión establecerá el régimen de tarifas, su control y las relaciones entre el concesionario y los usuarios. Para el cobro de la tarifa podrán acordarse al concesionario los mismos privilegios y el derecho a usar de los mismos procedimientos que la autoridad de aplicación;
e)	el instrumento de la concesión deberá establecer el modo en que los concesionarios deberán llevar la contabilidad, presentar informes sobre ella y exhibir sus libros;
f)	las obras hidráulicas son del dominio público; y
g)	subsidiariamente, se aplican las normas impuestas por el presente título para la concesión de uso y aprovechamiento del agua pública.
Para asegurar el funcionamiento regular y continuo de las obras y servicios del modo previsto por esta ley y el instrumento de la concesión, el Poder Ejecutivo a través de la autoridad de aplicación, tendrá los más amplios  derechos de inspección y  contralor sobre 
el concesionario,  pudiendo ejecutar directamente las actividades concedidas o en su caso tomar a su cargo, la prestación del servicio o suministro, por resolución fundada y previa intimación al concesionario.
Artículo 65.- Modalidades. El otorgamiento de las concesiones de obras y servicios hidráulicos no elimina el requisito de la concesión para el aprovechamiento del agua por medio de las obras, las que deben ser gestionadas adicionalmente.
Los concesionarios de aprovechamiento de agua pueden, en la medida de su interés imponer al concesionario de obra de servicio público hídrico el cumplimiento de las prestaciones a que lo obliga la concesión.

TÍTULO VII
USOS ESPECIALES EN PARTICULAR
Artículo 66.- Abastecimiento de poblaciones y uso público municipal. El abastecimiento de poblaciones y uso público municipal comprende la utilización del agua para bebida, uso doméstico, salubridad pública, riego de jardines o huertas familiares, limpieza de calzadas y paseos públicos, riego de arbolado público, de plazas, extinción de incendios  y servicios cloacales.Toda población tiene derecho al uso permanente y a perpetuidad del agua pública necesaria para dichos fines. 
Se entiende por población a los grupos habitacionales determinados por la Ley de Municipios. Considérase también como población, a los asentamientos, caseríos, establecimientos o colonias educacionales, hospitalarias, de asilo, penales, clubes de campo, o cualquier otro con fines de asistencia social y recreativa, siendo esta enumeración ilustrativa y no limitativa.
El Poder Ejecutivo a través de la autoridad de aplicación otorga las concesiones a los municipios respectivos, poblaciones, entes estatales, provinciales o nacionales o a consorcios o cooperativas privadas, previa constatación por parte de la misma de la existencia de caudales  suficientes en condiciones de potabilidad y conforme a esta ley y su reglamentación. La concesión para el abastecimiento y distribución de agua potable en un área determinada comprende la autorización para la captación, tratamiento, transporte y distribución del recurso. 
La Concesión para el abastecimiento y distribución de agua potable, estará exenta del pago de todo canon, tasa o carga financiera por el uso o aprovechamiento del agua en aquellos casos en que el servicio de abastecimiento, captación, tratamiento, transporte y distribución del agua potable para consumo humano sea brindado por el Estado, ya sea que lo haga por administración o por medio de una entidad autárquica o descentralizada, o una empresa pública estatal, cualquiera sea la forma societaria que adopte
Queda prohibida toda forma de uso que produzca o pueda producir contaminación en las aguas destinadas al abastecimiento de poblaciones. En relación a otros usos consuntivos, el abastecimiento a poblaciones es considerado uso prioritario; por tal motivo las concesiones para otros usos deben estar condicionadas a que ese suministro quede garantido. 
En aquellas áreas en donde las disponibilidades de agua para uso municipal sea crítica, la autoridad de aplicación puede prohibir o gravar con contribuciones especiales los usos suntuarios como, casas particulares de una determinada superficie o riegos de jardines según se disponga en la Reglamentación. 
Artículo 67.- Uso agrícola y pecuario. Los permisos o concesiones  para irrigación se otorgan a los propietarios o adjudicatarios de predios rurales aptos para el cultivo bajo riego.  Los arrendatarios u otros ocupantes con título legítimo también pueden solicitar permisos por tiempo determinado. Las concesiones para uso pecuario se otorgan en las mismas condiciones que para uso agrícola y tienen por objeto el aprovechamiento del agua para cría y engorde de animales. El uso es considerado común cuando sea posible el acceso directo del ganado a las fuentes, no se alteren las márgenes de los cauces, no se altere el libre escurrimiento del agua, ni resulte necesaria la construcción de obras para su ejercicio.
a) contenido de la solicitud: La solicitud de concesión o de ampliación de concesión de agua de uso para riego debe contener, además de lo requerido en general, informe técnico acerca de las aptitudes de suelo y detalle tentativo de las actividades productivas con cronograma de  consumos tentativos;
b) derecho a otorgar: La autoridad de aplicación determina la cuantía del derecho a otorgar en coordinación con la autoridad en Agricultura y Ganadería en función de los resultados de las inspecciones correspondientes, de las estimaciones de demanda existentes para cada unidad de riego, y la correspondiente a otros usos existentes en la cuenca; y
c) asesoramiento técnico: El Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación y de otros organismos competentes, realiza estudios de factibilidad de cultivos bajo riego y de sus técnicas, prestando asesoramiento técnico y operativo e implementando medidas para su promoción.

Artículo 68.- Uso minero. La concesión de agua para uso minero se otorga con la finalidad del uso y consumo de aguas para los trabajos de exploración y explotación de minerales de primera, segunda y tercera categoría; para la extracción de sustancias minerales del agua y para posibilitar la ejecución de tareas inherentes a esta actividad. Las concesiones serán reales y mientras subsista la explotación.
a) Modalidad: la actividad de lavado de áridos debe ser autorizada por la autoridad de aplicación de acuerdo a la reglamentación que a tal fin se disponga. Las concesiones a otorgar por la autoridad Minera para explotar álveos y subálveos  deben contar con el acuerdo de la autoridad de aplicación quien considerará el impacto de la explotación sobre los posibles usos del agua; 
b) Régimen de uso: las aguas no superficiales detectadas durante las exploraciones y explotaciones mineras están sometidas en su uso al régimen de las aguas subterráneas. Quien las encuentre está obligado a informar del hecho a la autoridad de aplicación, pudiendo solicitar su concesión con prioridad a otros peticionantes; y 
c) Restricciones: no está permitido realizar lavado de áridos ni explotar minerales en los álveos de carácter público o bajo los mismos, en los tramos del cauce fijados por la autoridad de aplicación, atendiendo criterios de conservación y/o las características particulares de otros usos existentes o previstos en la planificación hídrica.
Artículo 69.- Uso industrial y comercial.  La concesión para uso industrial se otorga con la finalidad de emplear el agua como materia prima de un proceso productivo o para la prestación de un servicio, para generar calor, como refrigerante, disolvente, reactivo o como medio para purificado, lavado, separación y eliminación de materiales o como componente o coadyuvante en cualquier proceso de elaboración, transformación o producción. Esta concesión puede otorgarse con o sin consumo de agua. En el caso de uso comercial, el agua se otorga para los fines específicos a los que se dedique la empresa que utilice el agua: 
a)	condiciones mínimas de habilitación: Sin perjuicio de cumplimentar los requisitos establecidos para la solicitud de toda concesión, los peticionantes deben especificar detalladamente el proceso en que se utilizará el agua y el modo y lugar donde se arrojarán las aguas sobrantes, siempre de acuerdo a lo especificado en la legislación ambiental y sus reglamentaciones. También debe acompañarse plano de las instalaciones a construir. Las concesiones para uso industrial durarán mientras se ejercite la industria para la que fue otorgada. La interrupción durante dos (2) años de la actividad de la industria hará caducar la concesión; y
b)	cuando los permisos sean otorgados para uso del recurso hídrico destinado a la alimentación humana en cualquiera de sus presentaciones, integrando otros productos como insumo o como herramienta de producción, serán de aplicación inexcusable las previsiones del Código Alimentario Argentino.
Artículo 70.- Uso piscícola. Las concesiones para uso piscícola tienen por fin el uso de agua para siembra, cría y recolección de peces por parte de establecimientos particulares o del Estado. La autoridad de aplicación fija mediante reglamentación las zonas con aptitud para este uso. Las concesiones son otorgadas por la autoridad de aplicación en zonas declaradas como aptas para el uso, en coordinación con la autoridad específica en materia acuícola en un todo de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IX de la Ley provincial 244 y sus modificatorias y cualquier otra ley específica que se dicte y comprenda las aguas dulces de cauce abierto o cerrado, superficiales o subterráneas especialmente alumbradas y los espacios marítimos sometidos a jurisdicción provincial.
Artículo 71.- Uso petrolero. Este uso comprende  las actividades de:
a) exploración: se refiere al uso que dan al agua superficial o subterránea las empresas, para realizar la exploración y perforación de pozos; 
b) uso de agua para el desarrollo de métodos convencionales y no convencionales; y
c) recuperación secundaria y etapas subsiguientes: se refiere al uso que le dan al agua las compañías petroleras reinyectando el recurso en las perforaciones.
Las concesiones son otorgadas por la autoridad de aplicación, la cual fijará mediante reglamentación la forma de medición y control del agua utilizada.
Artículo 72.- Uso energético.  Las concesiones para uso energético tienen por fin la generación de hidroelectricidad. Las concesiones pueden otorgarse a organismos del Estado, particulares para uso propio o prestación de servicios o a consorcios de usuarios, según unidades de medida de potencia nominal. 
Artículo 73.- Usos turísticos y recreativos. Son usos turísticos y recreativos cuando:
a) la autoridad de aplicación puede conceder el uso del agua pública y de tramos o áreas de cursos de agua, playas, lagos, embalses y glaciares para recreación, turismo y deporte, con fines comerciales;
b) en el otorgamiento de estas concesiones interviene la autoridad competente en  materia de planificación territorial, de protección ambiental y la de turismo y recreación según corresponda;

c) la autoridad de aplicación fija, conjuntamente con las autoridades mencionadas, las normas para que las instalaciones que se realicen impacten mínimamente sobre el ambiente y el paisaje;
d) todas las actividades relacionadas a la pesca continental, como las llevadas a cabo por asociaciones de pesca y cotos de la Provincia, guías de pesca, entre otras actividades relacionadas y establecidas mediante reglamentación son consideradas usos especiales de las aguas públicas administradas por la autoridad de aplicación de la presente ley; y
e)  la autoridad de aplicación deberá determinar en forma taxativa mediante la reglamentación que a tal efecto dicte, los recursos hídricos susceptibles de uso turístico y recreativo y sobre los cuales recaerán las servidumbres de paso y otras obligaciones que tanto el Código Civil y Comercial de la Nación como esta ley establecen para los propietarios o legítimos ocupantes ribereños, quedando vedado a los particulares el acceso, circulación y permanencia, salvo en los casos en que la autoridad de aplicación haya establecido una servidumbre o acordado con el propietario en función a lo establecido en la reglamentación y la planificación hídrica provincial para dichos usos. Los particulares no podrán ingresar, circular o permanecer más allá del margen establecido a fin de poder llevar a cabo el aprovechamiento con estos fines.
Artículo 74.- Uso terapéutico. Los recursos hídricos termales, geotérmicos e hidrominerales son de propiedad inenajenable de la Provincia.
Serán susceptibles de concesión a personas de existencia ideal o real, de conformidad con lo que esta ley establece y de acuerdo con las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia:
a) las concesiones de fuentes termales y/o hidrominerales de aplicación terapéutica se otorgan con arreglo a las disposiciones de esta ley y con intervención de la autoridad sanitaria; 
b) compete a la autoridad sanitaria determinar, cuándo por su temperatura o por su composición física o química, el agua sea susceptible de aplicación terapéutica o dietética al ser humano. Determinará también la naturaleza de sus aplicaciones y si deben usarse o no bajo vigilancia médica;
c) la construcción y explotación de instalaciones para el uso de aguas medicinales se hace bajo supervisión y de conformidad con las reglamentaciones que dicte la autoridad sanitaria provincial.
La construcción y funcionamiento de las instalaciones para el uso de aguas medicinales se hará bajo supervisión y de conformidad con las reglamentaciones que dicte la autoridad sanitaria provincial; y
d) cuando por concesiones otorgadas por la autoridad de aplicación resulten dos (2) o más fundos colindantes y usuarios del mismo recurso, el canon de uso y demás condiciones de explotación se liquidarán y establecerán respectivamente de conformidad con lo que la autoridad de aplicación determine, siendo los diferendos que hubieren entre los distintos concesionarios, cuestiones entre partes por las cuales no responderá la Provincia.
Artículo 75.- Navegación. Puede concederse el derecho al uso del agua pública para la navegación de embarcaciones no contemplada como uso común, en cuerpos de agua del dominio público provincial.  
Artículo 76.- Otros usos especiales. El uso y explotación de recursos ícticos continentales, el desarrollo de actividades de investigación científica y/o técnicas, de desarrollo tecnológico como así también todo otro uso no considerado en esta ley será autorizado por la autoridad de aplicación en tanto no resulten contrarios al interés general o de competencia de otros órganos del Estado.

TÍTULO VIII  
NORMAS APLICABLES AL AGUA SUBTERRÁNEA
Artículo 77.- Definición. Son aguas subterráneas las que se encuentran en los acuíferos bajo la superficie del suelo.  
Artículo 78.- Responsabilidad de la autoridad de  aplicación.   La autoridad de aplicación tiene a su cargo la promoción y la realización por sí o por terceros de los estudios y trabajos, incluso perforaciones, relacionados con el conocimiento, uso y control de las aguas subterráneas. También de supervisar los que fueran realizados por particulares.
Para ello relevará cuando así lo disponga, las formaciones geológicas que sean capaces de contener agua, determinando en cada caso superficies, volumen actual y potencial, composición del agua, velocidad de reposición o recarga y balance hídrico.
Artículo 79.- Exploración de acuíferos. La exploración de acuíferos puede ser realizada por: 
a)	la autoridad de aplicación, por sí o por contratistas, en campos privados o tierras del dominio público, a los fines del relevamiento mencionado en el artículo anterior;
b)	 los ocupantes legítimos de tierras, deben comunicar a la autoridad de aplicación los resultados de la exploración; y
c) cualquier persona que pretenda explorar en tierras  fiscales, con autorización de la autoridad de aplicación. 
Todos los que en ocasión de efectuar estudios, explotaciones o exploraciones con cualquier  propósito descubriese o alumbrase aguas, están obligados a dar aviso inmediato a la autoridad de aplicación y a proporcionarle la información técnica de que se disponga. Las aguas que fueren descubiertas no pueden utilizarse sin autorización.
Artículo 80.- Atribuciones del Estado provincial. El Estado provincial por sí o por contratistas, con intervención de la autoridad de aplicación puede:
a)	explorar y alumbrar aguas subterráneas en predios privados y/o fiscales desocupados o con ocupación autorizada por el Estado provincial o municipal y realizar las obras necesarias para su aprovechamiento, con fines de interés público;
b)	conceder el uso de estas aguas a entes públicos o a organismos de usuarios por períodos de hasta diez (10) años renovables; y
c)	otorgar permisos de explotación y perforación en terrenos fiscales desocupados o con ocupación autorizada por el Estado provincial o municipal.
Artículo 81.- Aprovechamiento. El uso y aprovechamiento del agua subterránea se rige por el Título VI  “Uso y Aprovechamiento del Agua y Cauces Públicos”. 
Las perforaciones del suelo o subsuelo no deben perjudicar napas acuíferas, posibilitar su contaminación, ni dañar a terceros, debiendo la autoridad de aplicación definir las características técnicas de nuevos pozos.
Toda perforación debe ser efectuada por medios propios o por perforadores habilitados por la autoridad de aplicación. 
El propietario del terreno será citado para hacer valer sus derechos. Si el propietario fuese desconocido o se ignorase su domicilio, será suficiente la citación por avisos públicos en los medios que la autoridad de aplicación determine y en el Boletín Oficial.
Toda persona que por cuenta propia o ajena perfore, excave o de cualquier modo modifique el subsuelo para estudiar o alumbrar aguas subterráneas, debe contar con licencia expedida por  la autoridad de aplicación, que puede revocarla o suspenderla en caso de infracción a esta Ley o sus reglamentos.
La autoridad de aplicación podrá fijar zonas de reserva dentro de cuyos límites no se autorizará la extracción de aguas subterráneas salvo para uso común, así como también podrá establecer límites que permitan definir un perímetro de protección de pozos, a fin de evitar el deterioro de la fuente por actividades que implique un riesgo en cuanto a su cantidad o calidad.
Para ello relevará cuando así lo disponga, las formaciones geológicas que sean capaces de contener agua, determinando en cada caso superficies, volumen actual y potencial, composición del agua, velocidad de reposición o recarga y balance hídrico.
El alumbramiento, uso y consumo de aguas subterráneas es considerado común cuando concurran los siguientes requisitos y los establecidos mediante reglamentación para este tipo de uso:  
a)	cuando la perforación sea efectuada por el propietario del terreno conforme a lo establecido en el tercer párrafo de este artículo;
b)	cuando el agua se extraiga por medios de carácter doméstico tales como baldes, recipientes movidos por fuerza humana o animal, bombas de mano, molinos accionados por agua o viento y se prohíbe en forma expresa la ejecución de obras e instalación de elementos hidráulicos mecánicos o eléctricos que impliquen potenciar la captación del recurso; y
c)	cuando el agua se destine a necesidades domésticas del propietario superficiario o del tenedor legítimo del predio.

TÍTULO IX
CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AGUA Y PROTECCIÓN CONTRA SUS EFECTOS PERJUDICIALES
Artículo 82.- Conservación de cuencas hídricas. La autoridad de aplicación aplica las medidas necesarias para evitar la pérdida de agua por escorrentía, percolación, evaporación, inundación, drenaje de humedales, degradación o inadecuado uso de almacenamientos reguladores de cuencas u otras causas, con el fin de lograr la máxima disponibilidad de los recursos hídricos en cantidad y calidad y el mayor grado de eficiencia en su utilización, dictando a tal fin la reglamentación pertinente.
Artículo 83.- Programación. La autoridad de aplicación puede realizar a través del área específica estudios y proyectos como así también mandar a formularlos para la implementación de medidas estructurales y no estructurales a los fines de la conservación de las cuencas hídricas, del mejoramiento integral de las zonas inundadas o inundables, de evitar la contaminación de aguas, la degradación de los suelos y humedales o para defender a las personas y a los bienes de crecidas extraordinarias.
Artículo 84.- Construcción de obras. A los fines de cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, pueden construir obras el Estado o los particulares interesados que obtengan permiso o concesión, cuyo otorgamiento seguirá el trámite previsto por el Título VI “Uso y Aprovechamiento del Agua y Cauces Públicos”, en cuanto sea aplicable. Si por necesidad técnica o económica se debiesen realizar  obras en distintas propiedades, la autoridad de aplicación puede invitar a sus dueños a constituirse en consorcio a tal efecto.
Si alguno de los propietarios no concurriese a constituirlo en el plazo de tres (3) meses o en caso de urgencia, la autoridad de aplicación puede ordenar la realización de las obras, acordando preferentemente concesión o permiso a los interesados.
Artículo 85.- Obras a nivel de predio. Las obras conexas que quiera realizar un (1) propietario para beneficio de su predio requieren aprobación previa de la autoridad de aplicación y están a su exclusivo cargo.
Artículo 86.- Defensa de márgenes. Los dueños de predios que linden con cauces públicos, pueden defender sus márgenes contra la fuerza del agua, mediante plantaciones o revestimiento que pueden situarse aún en la ribera. Para hacerlo deben dar aviso a la autoridad de aplicación. Cuando ello amenace causar perjuicio, la autoridad de aplicación puede, con audiencia previa de los interesados, mandar suspender tales operaciones y aún restituir las cosas a su estado anterior.
Artículo 87.- Declaración de impacto ambiental. Quien quiera emprender cualquiera de las actividades enunciadas o cualquier otra susceptible de dañar directa o indirectamente el agua, o por medio de ella al ambiente o a la población, debe presentar previamente una declaración jurada que proporcione:
1. la identificación del proponente, incluyendo la información relativa a su capacidad técnica y económica;
2. una descripción veraz y completa de la obra o actividad a emprender que incluya:
a)	descripción general de la obra o actividad;
b)	la indicación de si es nueva o la continuación, ampliación o transformación de una obra o actividad anterior;
c)	la ubicación detallada de los lugares donde se proyecte accionar o instalar la obra;
d)	el tipo o magnitud de la obra o actividad;
e)	la inversión proyectada discriminando por etapas;
f)	el tipo de impacto previsto;
g)	las personas o cosas susceptibles de recibir el impacto;
h)	los insumos y los productos;
i)	la cantidad y calidad de los residuos relacionada con las variables tiempo y espacio;
j)	una nómina de los daños ambientales inevitables; y
k)	una nómina de daños irreversibles o cuya reparación sea antieconómica. 
Si la autoridad de aplicación considera que el riesgo o el daño así lo justifica, puede exigir asimismo un estudio del impacto ambiental cuyo contenido mínimo se fija mediante reglamentación, avalado por profesional responsable, que:
1.	describa y evalúe las distintas alternativas que se ofrecen a la obra o actividad, su impacto positivo o negativo sobre el ambiente y su costo económico; y
2.	describa detalladamente la alternativa elegida, fundamentando las consecuencias adversas al ambiente y las propuestas para disminuirlas al mínimo posible.
La evaluación es imprescindible en los casos previstos por el artículo 86 de la Ley provincial 55 y demás casos establecidos específicamente en esta ley y su reglamentación.
Artículo 88.- Preservación. La autoridad de aplicación puede reglamentar las actividades que atenten contra la preservación del agua,  los humedales y los cauces públicos o causen perjuicios a los ecosistemas o al ambiente en general y disponer la adecuación, acondicionamiento  o remoción de obras e instalaciones.
Artículo 89.- Control de otras actividades. A los fines previstos en el artículo precedente la autoridad de aplicación puede someter a su aprobación previa y al afianzamiento de los daños que pudieran ocasionar:
a)	la extracción de áridos, vegetales o  animales del lecho de los ríos, arroyos, lagos o lagunas y el drenaje, desecación  o extracción de humedales;
b)	la ejecución de proyectos de preservación, recuperación  y ordenamiento del suelo, de bosques, del agua y de las cuencas en  general;
c)	la construcción de puentes, aparatos o mecanismos flotantes, anclados o amarrados a tierra firme; y
d)	toda otra actividad que genere daños a criterio de la autoridad de aplicación.
Artículo 90.- Vertidos susceptibles de impactar en el ambiente. Las sustancias, los materiales y la energía susceptibles de poner en peligro la salud humana o de disminuir la aptitud del agua para satisfacer usos humanos pueden introducirse en el agua o colocarse en lugares de los que puedan derivar hacia ella, únicamente con permiso de la autoridad de aplicación en coordinación con la autoridad ambiental, el que se otorga en los siguientes casos cuando:

a)	el cuerpo receptor permita los procesos naturales de regeneración;
b)	el interés público en hacerlo sea superior al de la preservación del agua en su estado anterior y siempre que no se ponga en peligro la salud humana;
c)	se cumplan las normas de policía sanitaria humana, animal y vegetal;
d)	previo tratamiento previsto por las Leyes nacionales 2797 y territorial 237; y
e)	previo estudio del impacto ambiental a cargo del solicitante. 
A estos fines la autoridad de aplicación:
1.	establece los límites máximos dentro de los cuales los cuerpos receptores pueden ser afectados; y
2.	impone el tratamiento previo de los efluentes o contribuciones para regenerar los cuerpos hídricos afectados.
El uso autorizado de cursos o cuerpos de agua como receptores de excedentes pluviales generados por obras de drenaje como así también los efluentes tratados o no, serán considerados usos especiales que deberán ser autorizados por la autoridad de aplicación. Estos usos deberán abonar el canon y cumplir con las demás condiciones que se fijen en el instrumento de otorgamiento de derechos.    
En coordinación con la autoridad de aplicación de esta ley la autoridad en materia sanitaria intervendrá cuanto existiere peligro para la salud humana; la autoridad responsable de la vida animal y vegetal, cuando ésta pudiese resultar perjudicada y la autoridad ambiental, cuando el riesgo amenazare al ambiente.
Artículo 91.- Protección de glaciares. A los fines de la protección de los glaciares como reservas de agua dulce, en los glaciares y en el área que se encuentre  a una distancia  inferior a mil (1.000) metros  del límite glaciario, quedan prohibidas expresamente las siguientes actividades: 
a) la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen; incluida la producción significativa  de partículas de áridos que pudieran depositarse sobre la superficie glaciaria al ser transportada por el viento;   
b)  la exploración y explotación minera o petrolífera;
c) el desarrollo de actividades industriales, comerciales, ganaderas y toda práctica que genere un impacto;
d) la construcción de obras de arquitectura o infraestructura sobre la superficie de los glaciares, con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica;

e) las obras de infraestructura o arquitectura que se ejecuten a una distancia de menos de mil (1000) metros de glaciares  están supeditadas a la autorización de la autoridad de aplicación, la que  debe constatar que dichas obras no producirán impactos negativos sobre el glaciar tanto en la etapa constructiva como en la operativa; y
f) la ejecución de obras que pudieran anegar parcial o totalmente cuerpos de hielo en todas las cuencas con cuerpos glaciarios, así como aquellas que pudieran producir la derivación de aguas sobre glaciares.
Facúltase al Poder Ejecutivo para que mediante decreto dictado al efecto en los casos que resulte procedente eleve o disminuya las distancias de retiros obligatorios a glaciares y áreas periglaciarias de conformidad con las particularidades del terreno y el uso potencial del área previo estudios técnicos y de impacto ambiental que lo habiliten,  los que deberán ser previamente aprobados por la autoridad de aplicación y ejecutados de conformidad con lo que ésta determine.

TITULO X
OBRAS, SERVICIOS Y LABORES RELATIVOS AL AGUA
Artículo 92.- Concepto de obra hidráulica.  A los efectos de la presente ley, se denomina obra hidráulica a la construcción, excavación, perforación o plantación, que implique alterar las condiciones naturales de la superficie, subsuelo, flujo o estado natural de las aguas y tenga como objeto la captación, medición, derivación, desviación, alumbramiento, conservación, protección, descontaminación o utilización del agua o defensa contra sus efectos nocivos.
Artículo 93.- Estudios y obras hidráulicas. Quedan sujetas a las disposiciones específicas del presente Título y a las demás de esta ley que le sean aplicables, la realización de estudios y la ejecución y modificación de obras destinadas a los siguientes fines:
a)	usos del agua superficial y subterránea;
b)	evacuación de desagües y descarga de los afluentes, relaves y materiales sólidos provenientes de la minería, industria y de otros usos;
c)	amarraderos y otras instalaciones u obras que faciliten la navegación en cursos y cuerpos de agua del dominio público por parte de las entidades públicas o privadas;
d)	defensa contra la acción erosiva de las aguas;
e)	encauzamiento de cursos naturales;

f)	obras que retengan agua;
g)	cruces de cauces y humedales con tuberías; 
h)	avenamiento de suelos; e
i)	los demás estudios y obras de carácter hidráulico en general. 
Artículo 94.- Dominio público y privado. Son de dominio: 
a) públicas: las obras de defensa contra las crecidas y de encauzamiento, captación, regulación y derivación, principales y accesorias, los canales conductores y aductores, los conductos a presión, las instalaciones de elevación y depuración y los colectores de descarga del agua pública; y
b) privado: las obras que se encuentren en inmuebles privados cuando se usen exclusivamente para beneficio de ese inmueble.
El Estado provincial dispone la realización de las obras hidráulicas necesarias para la prestación de los servicios públicos, para utilidad común, para preservación y mejoras del Recurso Hídrico, para defensa contra sus efectos nocivos y para el fomento y desarrollo económico, social y ambiental. 
Artículo 95.- Obras a nivel de predios privados. Las obras complementarias a realizarse en cada predio para su beneficio, pueden ser construidas por sus propietarios o derechohabientes y conservarlas en buen estado.
Para ello deben obtener la aprobación de la autoridad de aplicación, previa presentación del proyecto respectivo. 
La autoridad de aplicación ejerce la vigilancia y control de las obras hidráulicas, dictando las normas de conservación, mejora y funcionamiento.
             Artículo 96.- Requisitos para la construcción de obras hidráulicas. Para la construcción o modificación de toda obra hidráulica se requiere, salvo caso de emergencia, la aprobación de la autoridad de aplicación, sin perjuicio de la intervención que competa a otros organismos. Los interesados deben presentar los planos, memorias descriptivas y demás requisitos que fije la reglamentación. 
Quedan exceptuadas las obras que se realicen para el uso común del agua. 
La autoridad de aplicación, ejerce la vigilancia y control de las obras hidráulicas, dictando las normas de conservación, mejora y funcionamiento.
Las obras se ejecutan ciñéndose estrictamente a las características, especificaciones y condiciones de los estudios y proyectos aprobados por la autoridad de aplicación en coordinación con los organismos específicos correspondientes.

Artículo 97.- Registro. La autoridad de aplicación registra los planos, las especificaciones técnicas y las memorias descriptivas de las obras hidráulicas que se construyan. 
Fijará por cuencas, sectores o regiones de ellas, plazos de no más de seis (6) meses para que se le suministre la información relativa a las obras existentes, so pena de mandarla obtener a costa de sus beneficiarios. 
Artículo 98.- Contribución al Financiamiento de obras y servicios públicos hidráulicos. Los concesionarios, permisionarios y demás beneficiarios, contribuyen a la construcción y operación de obras públicas y a la prestación de servicios hidráulicos públicos, en la proporción, forma y sistema que determine la ley que ordene la obra o instituya el servicio, conforme a las siguientes pautas:
a)	la contribución a los costos de construcción de las obras es proporcional al mayor valor que éstas agreguen a sus tierras y otros beneficios que pongan a su disposición;
b)	la contribución a los costos de conservación, explotación y administración de las obras o de la prestación de los servicios se determina en proporción al uso efectuado;
c)	el costo de los beneficios indirectos está a cargo del Estado;
d)	las contribuciones son uniformes para servicios o beneficios de la misma índole, pero pueden establecerse diferencias fundadas en la oportunidad del uso, del servicio o de la categoría del usuario;
e)	las contribuciones serán reajustables anualmente, teniendo en cuenta el costo de reposición, deducida la depreciación del activo fijo y la variación de los costos de los materiales y salarios efectivamente incorporados a las obras;
f)	el pago de la contribución es obligatorio a partir de la publicación de su monto; y
g)	los contribuyentes pueden hacer por sí mismos, los trabajos de mantenimiento de los acueductos y las obras que los beneficien directamente, en cuyo caso se reducirá correlativamente el monto de su contribución.
Artículo 99.- Obras y servicios no públicos. Cuando las obras y los servicios no sean públicos se aplican las normas del artículo precedente. Cuando sirvan a más de un usuario se aplican las del Título II: “Organización y participación de los usuarios”. 
Artículo 100.- Evaluación de impacto ambiental. Todo proyecto de obra hidráulica debe estar acompañado por una guía de aviso de proyecto, en base a la cual la autoridad de aplicación de la Ley provincial 55 evaluará en función de la magnitud del proyecto, las características del mismo y la sensibilidad ambiental del área, la inclusión en alguna de las 
categorías de las enunciadas en el artículo 86 de la citada ley y la necesidad de la presentación de un estudio de impacto ambiental, salvo aquellas que por su magnitud e importancia no lo requieran a juicio de la autoridad de aplicación.
Artículo 101.- Remisión: Se aplica la normativa vigente en la Provincia en relación a las obras públicas en todo lo que no esté expresamente normado por esta ley. 
Artículo 102.- Restricciones al escurrimiento. Sin perjuicio de lo dispuesto por el Título VI, del Libro III del Código Civil y Comercial, se pueden construir en terrenos privados, obras de regulación que suavicen las corrientes de las aguas para impedir que arrastren consigo la tierra, el manto vegetal o causen otros daños.

TÍTULO XI
LIMITACIONES AL DOMINIO
CAPÍTULO I
Restricciones al dominio
Artículo 103.- Restricciones al dominio. El Poder Ejecutivo o la autoridad de aplicación por delegación, pueden imponer restricciones y limitaciones al dominio privado consistentes en obligaciones de hacer, no hacer o dejar hacer para proveer al mejor aprovechamiento, preservación del agua y protección de las cuencas hídricas y el ambiente contra su acción dañosa.
Artículo 104.- Obstrucción natural del escurrimiento. Si en un predio privado se acumulan el agua u otros objetos que ella arrastra, piedras, arenas, tierras o brozas, embarazando su curso natural de manera que produzcan o puedan producir inundaciones, torrentes u otros daños, la autoridad de aplicación,  los perjudicados o quienes corran peligro de serlo, pueden obligar a su propietario a removerlos o a permitir el acceso para la limpieza de cauces y álveos.
En uno y otro caso, los materiales extraídos pueden depositarse temporariamente en dichos predios.
En caso de reticencia o negativa, la autoridad de aplicación podrá acceder al predio y hacer los trabajos a costa del propietario o legítimo tenedor en forma solidaria.
Igual temperamento operará en el caso de aquellos objetos de orden antrópico arrastrados por la corriente o dejados por los dueños de los fundos o legítimos ocupantes que afecten la visual y la integridad paisajística dentro de los límites establecidos en cada caso por la línea de ribera demarcada, la de evacuación de crecida y la de inundación establecidas en la presente.
Artículo 105.- Obras de defensa. El propietario de un predio en que existan obras de defensa para contener el agua, o que por la variación de su curso sea necesario construirlas, está obligado a hacer las reparaciones o construcciones necesarias o permitir que, sin perjudicarlo, las hagan  los propietarios de los terrenos protegidos.
Para construir nuevas obras o modificar substancialmente las existentes se requiere de concesión o permiso de la autoridad de aplicación.
Artículo 106.- Contribución de los beneficiarios. Los propietarios beneficiados por las obras y labores a que se refieren los dos (2) artículos precedentes contribuyen con los gastos que ellas demanden, conforme lo determine la reglamentación.
Artículo 107.- Uso de las márgenes para medición de caudales y navegación, flotación, salvamento y vigilancia. Los propietarios limítrofes con ríos, arroyos, canales, lagos, lagunas y embalses del dominio público, están obligados a permitir hasta una distancia de quince (15) metros del límite externo de la ribera, el uso público en interés general de la navegación, la flotación, el salvamento y toda actividad que se establezca mediante la reglamentación. 
Los propietarios  deben permitir la circulación y trabajos llevados a cabo por la autoridad de   aplicación sin otro requisito que el de acreditar su identidad. 
La duración de cualquiera de estos usos no puede exceder el tiempo estrictamente necesario para atender la contingencia que los motiva.
En caso de sufrir perjuicio, el propietario del predio sirviente puede ejercer el derecho de retención sobre los bienes depositados. 

CAPÍTULO II
Derecho de expropiar, ocupar o constituir servidumbres sobre inmuebles ajenos
Artículo 108.- Servidumbres y expropiación. Para el ejercicio de sus derechos los concesionarios y los permisionarios están facultados para solicitar la expropiación o  la constitución de servidumbres administrativas sobre los inmuebles del dominio privado, los que genéricamente se declaran de utilidad pública a los fines de este Capítulo, y en particular con el fin de:
a)	construir y operar obras y mecanismos de captación, regulación, avenamiento, embalse, derivación, conducción, distribución, aducción, descarga, fuga, elevación y depuración de agua y generación, transformación y distribución de energía hidroeléctrica, edificios, depósitos y vías de comunicación;

b)	remover su suelo y subsuelo, y extraer materiales pétreos o terrosos para incorporarlos a las obras conforme al Código de Minería; y
c)	inundarlos periódica o permanentemente.
Con los mismos fines pueden ocupar bienes del dominio público en virtud de permiso que la autoridad de aplicación otorgará, con audiencia de la autoridad que tenga jurisdicción sobre ellos.
Artículo 109.- Derechos de la Provincia. La Provincia puede ejercer los mismos derechos para los servicios que preste y para las obras que construya o explote.
Artículo 110.- Carácter accesorio. Los derechos a que se refiere este Capítulo, son accesorios de la concesión, permiso o servicio y no pueden transmitirse separadamente. Sólo pueden ejercerse mientras estos subsistan y con ellos se extinguen.
En este caso el expropiado o sus derechohabientes, pueden imponer la retrocesión de los inmuebles expropiados.
Artículo 111.- Solicitud. Para ejercer estos derechos los permisionarios o concesionarios deben acreditar ante la autoridad de aplicación su derecho al uso del agua y describir las obras o actividades proyectadas y las porciones de tierra cuya expropiación se solicita, o sobre las que se pida la constitución de servidumbre.
La autoridad de aplicación decide en cada caso si se constituye servidumbre o si se debe expropiar.
Artículo 112.- Ingreso al fundo sirviente. Las servidumbres administrativas que norma este Capítulo dan derecho a entrar al fundo sirviente para vigilar, mantener y reparar las obras e impedir  la colocación de cosas, obras o plantaciones o cualquier acto que perjudique irracionalmente su ejercicio.
En caso de oposición injustificada del poseedor o tenedor del fundo sirviente, el dominante tendrá derecho a una inmediata protección judicial.
Artículo 113.- Procedimiento para su constitución. La autoridad de aplicación notificará la solicitud y su provisión a los propietarios de los inmuebles sobre los que se pretenda imponer la servidumbre, citándolos a una audiencia después de su notificación.
Es competencia de la autoridad de aplicación en la audiencia: 
a) recibir el responde y procurar que las partes lleguen a un avenimiento sobre la ubicación y especificaciones técnicas de las obras, modalidades del ejercicio de las servidumbres e indemnización a pagar a los dueños de los inmuebles sirvientes que se ajuste al plan general de obras de la zona;
b) en caso de falta de acuerdo recibir las pruebas que se ofrezcan, mandar a producir las que no puedan recibirse en ese acto y dictar resolución ordenando cumplir los acuerdos a que hubiesen llegado las partes que merezcan su aprobación; 
c) expedirse sobre los demás temas articulados con la solicitud y el responde estableciendo las modalidades del ejercicio de la servidumbre; y
d) su resolución tendrá fuerza ejecutoria. El reglamento fijará los plazos y procedimiento.
Artículo 114.- Extinción. Extinguen las servidumbres a que se refiere este Capítulo por:
a)	la falta de ejercicio durante un (1) año ininterrumpido sin razón suficiente a juicio de la autoridad de aplicación;
b)	falta de pago de la indemnización correspondiente, vencidos los quince (15) días contados a partir de la intimación formulada por la autoridad de aplicación;  
c)	falta de objeto;
d)	las demás causales previstas para la extinción de concesiones; y
e)	la violación de cualquier artículo de esta ley si no se subsanaren los efectos de la misma en la forma y condiciones que determine la autoridad de aplicación.
Artículo 115.- Servidumbre de paso para aprovechamientos comunes. Además de las servidumbres previstas, la autoridad de aplicación puede imponer servidumbre administrativa de paso para los aprovechamientos comunes del artículo 34 y reglamentar su ejercicio, previa indemnización al propietario del inmueble en los casos en que corresponda. Si mediare urgencia, catástrofe, calamidad pública, fuerza mayor o necesidad de orden público, serán aplicables las previsiones contenidas en el Código Civil de la Nación.  

CAPÍTULO III
Vía de Evacuación de Inundaciones y Zonas de Riesgo de Inundación
Artículo 116.- Fijación y demarcación. La autoridad de aplicación dictará las normas de abordaje en caso de catástrofes,  anegamiento y cualquier otro evento por causas naturales o antrópicas que sea necesarias para el mantenimiento expedito de las vías de evacuación de inundaciones.
A tal fin  fija, demarca sobre el terreno e inscribe en el catastro:
a)   las vías de evacuación de inundaciones;
b)   las zonas de riesgo de inundación, mediante la respectiva cartografía y conforme al grado de afectación  a las que están expuestas cada una de las áreas; 

c) las vías de evacuación de crecidas y las áreas de almacenamiento serán establecidas de conformidad con los requerimientos que en cada caso sean pertinentes; y
d) las zonas de riesgo de inundación y las vías de evacuación de crecidas no podrán ser objeto de la implantación de estructuras fijas o móviles que impidan la libre circulación de personas y el libre escurrimiento de las aguas. 
Las responsabilidades civiles sobre aquellas instalaciones que se hayan implantado en esa zona corren por parte del legítimo propietario. Salvo aquellas que sean autorizadas por la autoridad de aplicación por su vinculación con el interés público. 
Artículo 117.- Vía de evacuación de inundaciones. Se considera vía de evacuación de inundaciones al área encerrada por la línea del nivel al que pueda llegar el agua en un período de diez (10) años, sin perjuicio de que mediante estudios técnicos la misma pueda ser recalculada conforme las variaciones y características que evidencien los cursos y cuerpos de agua.
La autoridad de aplicación puede establecer ese índice de recurrencia por resolución fundada. Los propietarios o legítimos tenedores de los predios afectados no podrán ejercer restricción al ingreso de las personas, organismos o fuerzas de seguridad afectadas a los operativos que se ordenen por parte de la autoridad de aplicación bajo apercibimiento de acciones civiles y penales.
Artículo 118.- Zona de riesgo de inundación. Se consideran zonas de riesgo de inundación las franjas de terreno contiguas a un río, arroyo, canal, acueducto, lago, laguna u otro cuerpo de agua delimitada por la línea de nivel a la que la autoridad de aplicación pronostique que pueda llegar el agua en las crecidas que tengan una recurrencia de cien (100) años.
La autoridad de aplicación puede elevar o disminuir ese índice de recurrencia.
El límite de la zona de riesgo se extiende hasta donde llegue el agua cuando se produzcan crecidas que superen el nivel pronosticado y en función del principio de seguridad pública la autoridad de aplicación ordenará las medidas de acción inmediata que sean conducentes y para lo cual será responsable de la elaboración de sistemas de alerta y la coordinación en cuanto a la elaboración de los correspondientes planes de contingencia.
Artículo 119.- Obras hidráulicas aguas arriba. Si hubiese obras hidráulicas aguas arriba, el pronóstico debe considerar las crecidas que pudieran resultar de operaciones críticas, inducidas por la obra, fallas mecánicas o colapsos.
Se entiende por operación crítica de una obra la que eroga caudales que van desde la descarga de recurrencia centenaria pronosticada, hasta su capacidad máxima de evacuación.
Artículo 120.- Absorción de la zona de riesgo por la vía de evacuación. La zona de  riesgo de inundación incluye la vía de evacuación de crecidas, la que en cada caso y conforme a las características de cada evento se redelimitarán en forma permanente o temporal de conformidad con lo que los estudios técnicos y científicos posteriores al mismo aconsejen.
Artículo 121.- Restricciones al dominio. El Poder Ejecutivo puede imponer restricciones al dominio privado en el interés público sobre los inmuebles situados dentro de la vía de evacuación de inundaciones y en las zonas de riesgo de inundación.
Esas restricciones pueden consistir en las prohibiciones de:
a)	edificar o modificar construcciones de determinado tipo;
b)	hacer determinados usos de los inmuebles y sus accesorios; y
c)	habitar o transitar por lugares sometidos a riesgo inminente.

TÍTULO XII
RÉGIMEN FINANCIERO
Artículo 122.- Cargas Financieras. Las cargas financieras inherentes al Recurso Hídrico y regido por esta ley comprenden:
a)	canon por Derecho de agua;
b)	tasas específicas por contraprestación de servicios efectuados por la autoridad de aplicación;
c)	tasas específicas por anticipos o reembolsos de obras  hidráulicas;
d)	tasas eventuales por servicios especiales;
e)	otras cargas financieras;
f)	vertido, conforme lo establecido en el artículo 90; 
g)	todo usuario de agua solventa las cargas financieras según lo estipulado en esta ley y en relación al:
1.	tipo de derecho; 
2.	categoría del permiso o concesión;
3.	usos  destino del agua;
4.	características y condiciones de las fuentes;
5.	disponibilidad de caudales;

6.	condiciones socioeconómicas y ambientales regionales; y
7.	demás recaudos que fije la ley, su reglamentación o normativas específicas; sin incurrir en ningún caso en doble imposición. 
Para el cobro de las cargas financieras se fija el módulo como unidad de medida para el cobro de las cargas financieras. El módulo es equivalente al valor del litro del combustible Diesel de mayor calidad o el que en futuro lo reemplace.
            Artículo  123.- Precio por uso. El precio por el uso del recurso, en cualquiera de sus formas, debe ser calculado por la autoridad de aplicación, según los diferentes usos atendiendo a criterios de prioridad, planificación, disponibilidad y calidad del recurso, y toda otra circunstancia propia o derivada de cada utilización y, en el caso de usos con probada rentabilidad, el cargo por el derecho al uso diferenciado de un bien público.
En el caso de las tasas por contraprestación de servicios, el precio unitario del agua entregada al usuario expresada en pesos por metro cúbico, sujeto al valor módulo, debe ser calculado por los organismos de usuarios y de cuencas, aprobado por la autoridad de aplicación o por el área que ella determine. Para su determinación se deben tener en cuenta todos los costos del servicio y obras hidráulicas involucradas en cada caso.
Artículo 124.- Determinación. Para la determinación de los valores de las cargas financieras se deben tener en cuenta los siguientes principios:
a)	la prioridad del uso del recurso; 
b)	la planificación, la disponibilidad y calidad del recurso;
c)	proporcionalidad entre el gasto y los valores fijados para el gravamen;
d)	equidad entre los usuarios de la misma categoría, región o lugar donde se utilice el agua o donde se efectúa el servicio;
e)	equilibrio entre el costo del insumo y el del producto; 
f)	valorización de los servicios ambientales prestados por el recurso hídrico; y
g)	eficiencia económica del uso del agua.
Artículo 125.- Recaudación.  	Las recaudaciones que correspondan al erario provincial producto de cánones, multas, astreintes, intereses, certificaciones y todo otro ingreso relacionado con el aprovechamiento de los recursos hídricos y cargas financieras en función de lo estipulado en el artículo 122 y subsiguientes. de esta ley, se acreditarán en una cuenta especial habilitada al efecto denominada  “Fondo para la gestión de los Recursos Hídricos” en el Banco de Tierra del Fuego y cuyos egresos se ajustan a los previstos en los siguientes incisos:

a)	estudio, investigación, administración y fiscalización de los recursos hídricos, a la construcción, mantenimiento de redes de medición, mejoramiento y mantenimiento de obras de infraestructura hidráulica y actividades de promoción y capacitación para el óptimo uso del recurso;
b)	financiamiento de programas y proyectos de investigación y extensión aprobados mediante resolución de la autoridad de aplicación; y
c)	financiación del funcionamiento de las unidades técnicas y administrativas de la autoridad de aplicación. 
El Poder Ejecutivo, determinará las condiciones, porcentajes de asignación y el  destino de los fondos previstos en el presente artículo.

TÍTULO XIII
INCENTIVOS Y FOMENTOS ECONÓMICOS
Artículo 126.-  Uso  Eficiente,  racional,  equitativo  y  productivo. El Poder Ejecutivo puede establecer sistemas de incentivos a los fines de promover el uso eficiente, racional, equitativo y productivo del agua pública y la valorización de los servicios ambientales que presta. También  puede incentivar con el apoyo técnico y financiero, la construcción de la infraestructura hidráulica que permita una mayor disponibilidad y reserva del recurso. 
Para ello tiene en cuenta los siguientes principios:
a)	existencia de caudal suficiente de agua;
b)	zonificación por aptitud productiva;
c)	tipo de producción;
d)	incorporación de tecnología;
e)	carácter general o sectorial del incentivo; y
f)	valorización de los servicios ambientales del recurso.
Dichos incentivos pueden consistir en la reducción parcial o total en los montos a pagar en concepto de canon, consumo de agua y otros que el Poder Ejecutivo considere convenientes.
Artículo 127.- Proyectos para obtener los beneficios. A los efectos del acogimiento a los beneficios que otorga esta ley, la autoridad de aplicación pondera los proyectos presentados aplicando los siguientes criterios:
a)	uso productivo del agua; 
b)	aumentos en la productividad o en la eficiencia en la utilización del recurso;
c)	especialización de la producción, en función del ordenamiento territorial provincial;

d)	puesta en valor de servicios ambientales;
e)	producción de bienes y servicios no tradicionales para la búsqueda de nuevos mercados;
f)	mejoras y tecnificación en el uso del agua, en su distribución o en la medición de la entrega por volúmenes;
g)	obtención de productos con denominación de origen;
h)	aplicación de técnicas o programas para lograr un buen manejo y conservación de suelos;
i)	obtención de productos con mayor valor agregado;
j)	obtención de productos vinculados a programas del Gobierno provincial;
k)	introducción en forma progresiva de sistemas de alta eficiencia de riego o de suministro de agua potable; y
l)	otros que fije la reglamentación.

TÍTULO XIV
COMPETENCIA, PROCEDIMIENTO Y SISTEMA 
DE INFRACCIONES 

CAPÍTULO I
Competencia
Artículo 128.- Competencia de la autoridad de aplicación. Compete a la autoridad de aplicación entender y decidir  en todas las cuestiones administrativas normadas por esta ley que no se atribuyan expresamente a otro órgano o Poder.
CAPÍTULO II
Procedimiento
Artículo 129.- Ejecutoriedad. Las decisiones adoptadas por la autoridad de aplicación serán causal de ejecución y pueden hacerse cumplir con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 130.- Impulso procesal de oficio. El procedimiento es impulsado por la autoridad de aplicación y ésta toma todas las medidas conducentes para esclarecer la verdad de los hechos alegados y averiguar los desconocidos que podrían influir sobre su decisión. Las actuaciones en general, notificaciones, términos, constitución de domicilio y mandatos tramitarán con ajuste a lo previsto en las Leyes  provinciales 133 y 141.

Artículo 131.- Apercibimiento previo. Las caducidades de derechos se decretan previo apercibimiento y con audiencia de parte interesada, salvo las que operen por el mero transcurso del tiempo o cuando esta ley lo disponga expresamente de otra forma.
Artículo 132.- Ejecución fiscal. Las contribuciones pecuniarias impuestas por esta ley y su reglamentación, se cobran por vía de ejecución fiscal prevista en el Código Fiscal de la Provincia.

CAPÍTULO III
SISTEMA DE INFRACCIONES
Artículo 133.- Incumplimientos – Sanción. Los incumplimientos que importen  violación de las disposiciones expresadas en esta ley, su reglamentación y normas complementarias que en su consecuencia se dicten, serán sancionados por la autoridad de aplicación.
Artículo 134.- Sumario. Cuando la autoridad de aplicación tuviera conocimiento directamente o por denuncia de la presunta tentativa o consumación de alguna infracción o incumplimiento  de la presente, tiene la facultad de ordenar:
a) la instrucción de un sumario, conforme al procedimiento administrativo   vigente;
b) el cese de la acción u omisión de incumplimiento;
c) medidas para evitar peligros al ambiente o a terceros y en su caso, la restitución de las cosas a su estado anterior; y
d) la reunión de las pruebas existentes y las medidas para asegurar la producción de otras pruebas.
Las sanciones establecidas en el artículo siguiente, se impondrán por la autoridad de aplicación, previa instrucción de un sumario administrativo que asegure el derecho constitucional  de defensa. 
Durante la sustanciación del sumario, la autoridad de aplicación puede disponer mediante resolución fundada en la gravedad de la presunta infracción o en la inminencia de un peligro cierto para el interés general, la suspensión preventiva de la inscripción del presunto infractor, la que puede mantenerse hasta la resolución definitiva.
Previo a la instrucción de un sumario administrativo, la autoridad de aplicación podrá ordenar medidas de seguridad, preventivas y precautorias para evitar consecuencias de las acciones, omisiones u obras contaminantes o degradantes del ambiente o el Recurso Hídrico involucrado, o que sean susceptibles de degradarlo. 

Cuando esa conducta constituyese “prima facie” una figura reprimida por el Código Penal, la autoridad de aplicación debe formular la denuncia ante el Juez de Primera Instancia en lo Penal o Correccional de corresponder. En este caso, sin perjuicio de dictar las medidas previstas en el artículo precedente, no se cierra el sumario hasta que el proceso judicial haya concluido.
Artículo 135.- Sanciones. Los incumplimientos a esta ley, sus reglamentaciones y normas complementarias que en su consecuencia se dicten, se sancionarán con multas cuyo monto mínimo será equivalente entre un (1) módulo y un millón  (1.000.000) de módulos, que se graduarán por la autoridad de aplicación conforme a las pautas previstas en el artículo siguiente.
Como sanción accesoria puede imponerse:
a)	la suspensión del ejercicio de derechos establecidos en esta ley;
b)	la inhabilitación de la persona física infractora o la clausura provisoria o definitiva de establecimientos involucrados; y
c)	el decomiso de los instrumentos usados para  cometer la contravención.
Créase el Registro de Infractores de esta ley, que será reglamentado por el Poder Ejecutivo. Las acciones para imponer sanciones a la presente ley, sus reglamentaciones y normas complementarias, prescriben a los cinco (5) años desde la fecha de la falta o incumplimiento. Los interesados podrán iniciar acción judicial contra las sanciones administrativas, en el plazo de treinta (30) días hábiles desde la notificación de la sanción, ante juez competente. La iniciación de la acción judicial no suspende la ejecución del acto administrativo sancionatorio, salvo disposición judicial en contrario. 
Artículo 136.- Multas. La autoridad de aplicación debe graduar el monto de las multas que aplique teniendo en cuenta las circunstancias personales del infractor, la gravedad del hecho sancionado, la magnitud del daño y el peligro causado, potencial o real de los actos. 
Asimismo puede darle el carácter de sanciones conminatorias periódicas y progresivas. El infractor debe abonar el monto fijado, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de notificado.  En caso de mora, la autoridad de aplicación extiende el certificado de deuda, conforme los requisitos que determine la reglamentación, el que reviste carácter de título ejecutivo y realizable por vía de ejecución fiscal por la autoridad de aplicación o por quien ésta designe. 

TÍTULO XV 
DISPOSICIONES ESPECIALES PARA CORRELACIONAR EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL AGUA CON EL DE OTRAS ACTIVIDADES Y RECURSOS NATURALES
Artículo 137.- Fraccionamiento del inmueble. Sólo se autorizan fraccionamientos de tierras en unidades que tengan agua suficiente para una evolución favorable de su explotación o servicio y la construcción de viviendas cuya disponibilidad de agua potable alcance para abastecer a sus posibles habitantes a razón de doscientos cincuenta (250) litros diarios.
Artículo 138.- Reserva de márgenes fiscales y servidumbre. El Poder Ejecutivo y sus organismos descentralizados no pueden enajenar tierras situadas a menos de treinta (30) metros del límite externo de las riberas de los cursos de agua que entren en la categoría de ríos y arroyos con un cauce definido. Esta clasificación debe ser definida por la autoridad de aplicación en función del tamaño de la cuenca de aporte. Con respecto a los lagos, lagunas y embalses, no pueden enajenarse tierras situadas a menos de una distancia de veinticinco (25)  metros de la ribera de los mismos. Además deben constituir servidumbres sobre las tierras vecinas que enajenen o que permitan el paso a las riberas. 
Los glaciares son inenajenables como así también las tierras fiscales ubicadas a una distancia de mil  (1.000) metros del contorno de los mismos. La enajenación de tierras fiscales situadas entre los mil (1.000) metros y mil quinientos (1.500) metros de la periferia de glaciares debe ser autorizada por el Poder Ejecutivo en acuerdo de ministros. En el caso de márgenes de tierras fiscales, los propietarios tienen la obligación de permitir el acceso a todo cuerpo de agua aledaño, dejando en su cerco tranqueras o portillos, conforme lo disponga la reglamentación.
Artículo 139.- Bosques protectores y humedales. Para la adecuada protección del agua y sus cuencas, las autoridades de aplicación en materia de recursos hídricos y bosques, acordarán las modalidades para el ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 32 de la Ley nacional 13.273 y por la Ley provincial 145 de Bosques, sus modificatorias y  reglamentaciones. 
En relación a los recursos hídricos, los servicios ambientales que proveen los bosques y las actividades antrópicas que se relacionan con ambos tienen por objeto:
a)	proteger el suelo, las costas marítimas, las riberas fluviales, las orillas de lagos, las lagunas, las islas, los canales, las acequias, los embalses, las planicies y los terrenos en declive contra la erosión, en especial laderas de montañas ubicadas por encima de áreas urbanas; glaciares; albuferas, humedales y cualquier otro cuerpo de agua a que hace referencia esta ley;
b)	proteger y regularizar el régimen del agua;
c)	fijar médanos y dunas;
d)	asegurar condiciones de salubridad pública;
e)	defender otros bienes y recursos contra aludes e inundaciones;
f)	morigerar el efecto de las actividades antrópicas;
g)	mitigar los efectos de aluviones, crecidas y cualquier otro proceso de características infrecuentes originados por el nivel de las aguas o su escorrentía; y
h)	la protección de los recursos hídricos superficiales o subterráneos incluyendo humedales, glaciares y los recursos ícticos continentales.
A tal fin coordinarán las distintas autoridades de aplicación las normas de procedimiento para el abordaje conjunto de las tareas de reconocimiento, administración, conservación, abordaje de efectos nocivos y toda otra actividad proactiva que tenga por objetivo la conservación y sustentabilidad de ambos recursos.
Los propietarios de bosques, tienen entre otras, la obligación de conservarlos; repoblarlos cuando los hubiesen explotado o destruido, o permitir a la autoridad hacerlo. También tienen las prohibiciones de dedicarlo al pastoreo y de realizar trabajos superficiales o subterráneos que afecten su existencia, sin permiso de la autoridad en materia de bosques.
Tales normas proveen satisfactoriamente a su protección y a la defensa de otros bienes y recursos contra la erosión hídrica u otros daños causados por el agua.
La autoridad de aplicación debe proponer asimismo medidas para la protección de humedales a las autoridades con competencia en la materia, cuando los mismos constituyan unidades fundamentales para la conservación de cuencas y para la protección de ciudades y/o infraestructura mediante la amortiguación de los efectos de eventos hidrológicos extraordinarios. 
Artículo 140.- Artículo de aplicación transitoria. Quienes, a la fecha de publicación de esta ley, estuvieran usando el agua pública sin permiso o concesión, deben regularizar su situación, en el término de un (1)  año a contar de la fecha de publicación de la presente en el Boletín Oficial. 
Quienes acrediten haber aprovechado el agua pública con anterioridad a la vigencia de esta ley tienen preferencia para obtener concesiones o permisos si así lo solicitaren en el término establecido para regularizar su situación.
Artículo 141.-  Normas de Aplicación General. Incorporase a la Leyes provinciales 55, 105, 145,  244, 272, 313,  359, 415,  597 en su artículo 5to., 869, sus modificatorias y normas complementarias y las reglamentaciones que en su consecuencia se hayan dictado o dicten en el futuro, el siguiente texto: “El poder de policía sobre el recurso hídrico, hidromineral y geotérmico, su estudio, protección, aprovechamiento, conservación y administración en función de lo establecido por la Ley de Aguas -  Marco General de Administración de los Recursos Hídricos, será ejercido por la autoridad de aplicación de esta ley. 
Derógase en todo o en parte cualquier otra ley o norma administrativa que se oponga a la presente.
Las leyes que en el futuro se dicten que tengan por objeto la administración de recursos naturales, ordenamiento territorial, tierras fiscales y privadas, bosques nativos, turismo y recreación y cualquier otra actividad antrópicas individual o colectiva deberán en su ordenamiento observar las disposiciones marco contenidas en la presente en relación a los recursos hídricos, hidrominerales y geotermales.
Artículo 142.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente en el término de ciento veinte (120) días corridos  contados a partir de su promulgación.
Artículo 143.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016.

GLOSARIO

Acuífero: Es aquel estrato o formación geológica que permite la circulación del agua por sus poros y/o grietas dando lugar a que sea factible su aprovechamiento para el uso humano. 
Acuíferos libres: Son aquellos en los cuales existe una superficie libre del agua encerrada en ellos, que se encuentra a presión atmosférica. La superficie del agua será el nivel freático y podrá estar en contacto directo con el aire  o no, pero lo importante es que no tenga por encima ningún material impermeable. 
Acuíferos confinados: Acuífero limitado superior e inferiormente por formaciones impermeables o casi impermeables. En este tipo de acuífero, el agua que contienen está sometida a cierta presión, superior a la atmosférica y ocupa la totalidad de los poros o huecos de la formación geológica, saturándola totalmente. Están sellados por materiales impermeables que no permiten que el agua ascienda hasta igualar su presión a la atmosférica. 
Recurso hídrico Geotermal: Agua cuya temperatura es elevada debido a su paso por zonas profundas del subsuelo.
Recurso hidromineral: Aquellas aguas subterráneas con gran tiempo de residencia en el acuífero, lo cual otorga unas características físico-químicas que las diferencian del resto. No difieren en gran medida de las aguas Subterráneas, aunque si requiere hacer más énfasis en algunos aspectos, relacionados tanto con el tipo de formación geológica como de su quimismo.
Periglaciar: Ambiente periglacial en la alta montaña es el área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña es el área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo.
Semiconfinado: Acuíferos completamente saturados sometidos a presión, que están limitados en su parte superior por una capa semipermeable (acuitardo) y en su parte inferior por una capa impermeable (acuífugo) o también por otro acuitardo.
Aforo: Medición de caudales en cursos de agua. 
Aducción (Obra): Obras cuyo único fin es el de conducir agua desde una toma para su utilización en distintos fines.
Aguas continentales: Masas de aguas no marinas epicontinentales o subterráneas. Pueden encontrarse en estado sólido (glaciares alpinos y continentales o inlandsis) o líquidos (ríos, lagos, aguas subterráneas). 
Aguas de Dominio público: Son aquellas que pertenecen al dominio público del Estado y están destinadas al uso público, en función de la utilidad pública o comodidad común que ellas presten. Son del dominio público todas las aguas que corren por cauces naturales, a excepción de aquellas que nacen y mueren en un mismo fundo.
Quedan comprendidas entre los bienes públicos: los ríos, sus cauces, las demás aguas que corren por cauces naturales y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general, comprendiéndose las aguas subterráneas, los lagos navegables y sus lechos. 
Aguas de Dominio privado: Son aquellas que pertenecen en propiedad, uso y goce a una persona (sea pública o privada), y sobre las cuales éstas ejercen un derecho de dominio de igual naturaleza que el ejercido sobre los demás bienes que integran su patrimonio.
Según el Código Civil y Comercial, son aguas privadas:
Las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad.
Las aguas pluviales que caen o entren en fundos privados.
Las aguas de fuente que brotan o emergen en terrenos de los particulares y no formen cauce natural.
Aguas minerales: Aguas con importantes sustancias minerales disueltas, generalmente sales y sus iones. Para su comercialización, deben cumplir con lo normado en el Código alimentario nacional.
Aguas residuales: Aguas que se producen como resultado de actividades industriales, agrícolas, mineras, urbanas u otras actividades antrópicas. Tales aguas portan sustancias o materiales indeseables de muy distinta naturaleza, según su origen (compuestos orgánicos, metales, microorganismos) lo que plantea el problema de los vertidos y su tratamiento. 
Aguas subterráneas: Agua que existe debajo la superficie terrestre, contenida en el subsuelo, procedente de la infiltración (precipitaciones y escorrentía) y en ocasiones de aguas juveniles magmáticas, ocupando el espacio existente entre los poros, grietas y espacios del suelo. El agua infiltrada circula por el subsuelo hasta llegar a una zona de acumulación limitada por capas impermeables, formando un manto cautivo o capa freática. La zona donde el agua se acumula llenando completamente los espacios vacíos se denominan zona saturada.
Álveo: Cauce natural de una corriente de agua continua o discontinua, se define como el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias.

Aprovechamiento del agua: Utilización del agua para distintos fines, tales como riego, procesos industriales, etc. El aprovechamiento del agua puede incluir las obras asociadas al uso a realizarse.
Arroyo: Es un curso de agua de magnitud inferior a los ríos.
Balance Hidrológico: Es el equilibrio entre todos los procesos que se verifican en el ciclo hidrológico, que determinan que la variación de reservas de agua contenida en un sistema en un período determinado. Es igual al total de agua que ingresa al mismo menos la que egresa, teniendo en cuenta todos los estados del agua.
Calidad de aguas Es el conjunto de características físicas, químicas y biológicas que caracterizan el agua como apropiada para un uso determinado. En base a la vinculación entre calidad de aguas y sus usos, se establecen estándares y criterios de calidad específicos que definen los requisitos que ha de reunir el agua para un fin concreto, requisitos que, generalmente, vienen expresados como rangos cuantitativos de determinadas características fisicoquímicas y biológicas.
Calidad intrínseca o natural de las aguas: Condiciones fisicoquímicas y biológicas de un medio natural que no ha sufrido intervención humana.
Canon: Es el pago que realiza un concesionario por el derecho al uso privativo de las aguas públicas, en virtud del reconocimiento de la titularidad del Estado sobre el bien que usa y en virtud del uso diferencial que hace.
Captación (Obra): Obra realizada para recolectar agua proveniente de diversas fuentes a ser utilizada en diferentes actividades. 
Catastro de aguas: Registro formal de las aguas del dominio público y del dominio privado en la provincia, incluyendo ríos, lagos, lagunas, glaciares y humedales, con su correspondiente caracterización hidrológica. 
Cauce: Se define al cauce natural de una corriente de agua, continua o discontinua, como el terreno cubierto por las aguas en las crecidas medias ordinarias.
Caudal: Volumen de agua que escurre, mana o que pasa por una sección de un cauce o conducto, en la unidad  de tiempo y que se mide generalmente en metros cúbicos por segundo, litros por segundo o similar.
Caudal ecológico: Caudal que es capaz de mantener el funcionamiento, composición y estructura del ecosistema fluvial que ese cauce contiene en condiciones naturales. Es el caudal mínimo que debe mantenerse en un curso fluvial al utilizar agua para distintos fines o construir una presa, en la captación o derivación, de forma que no se alteren las condiciones naturales  y se garantice el desarrollo de una vida fluvial igual a la que existía anteriormente. 
De esta forma, se considera que es el agua mínima necesaria para preservar los valores ecológicos en el cauce del mismo, como: los habitas naturales  que cobijan una riqueza de flora y fauna las funciones ambientales como dilución de contaminantes, amortiguación de los extremos climatológicos  e hidrológicos, preservación del paisajes.  
Concesión: Es el acto jurídico administrativo unilateral de efectos bilaterales que otorga a su titular un derecho subjetivo público, real administrativo, que le permite usar privativamente del agua pública para la finalidad y con sujeción a las condiciones bajo las cuales se le otorgó.  
Conservación de aguas: Es el conjunto de políticas y medidas de protección del ambiente, que propician el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos hídricos de forma tal que se garantice el mantenimiento de los mismos en calidad y cantidad a través del tiempo. 
Conservación de cuencas: Es el conjunto de políticas y medidas tendientes a la protección y administración racional de los recursos naturales existentes en la cuenca (suelo, agua, vida silvestre,...) en forma continua, considerando las interacciones e interdependencias entre los distintos componentes bióticos y abióticos existentes en las mismas, con el fin de asegurar la obtención de óptimos beneficios sociales, económicos y culturales.
Contaminación del agua: Se denomina a la presencia en el ambiente acuático de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. 
Cuenca hidrográfica: Es el área geográfica delimitada por la topografía, que aporta agua que fluye en forma superficial o subterránea a una red natural de escurrimiento materializada por uno o varios cauces de caudal continuo o intermitente, los cuales pueden confluir a su vez en un curso mayor que puede desembocar en un río principal, en un depósito natural o artificial de agua, en un pantano o directamente en el mar.
Curso de agua: Es un volumen de agua que corre por un lecho determinado, Su característica es la de ser “agua corriente” en lugar de “agua estancada”.
Cursos naturales: Son aquellos en los cuales su lecho es obra de la naturaleza, es decir que no han sufrido rectificación o encauzamientos artificiales. 
Defensas ribereñas: Son obras de amparo o protección de las riberas de los cauces naturales.
Demanda de agua: Volumen de agua, en cantidad y calidad, que los usuarios requieren para satisfacer un determinado objetivo de producción o consumo.
Derecho de uso de aguas: Consiste en la facultad otorgada a particulares de usar y gozar del agua pública con los requisitos y condiciones determinados en el acto administrativo por medio del cual se asigna el derecho.
Disponibilidad hídrica: Es el volumen total de agua disponible en un punto determinado de la cuenca hidrográfica, para ser utilizado en diferentes usos del agua. 
Dominio público: Es el conjunto de bienes que de acuerdo con el ordenamiento jurídico del país están destinados al uso público directo o indirecto  por parte de todos los habitantes. Este dominio es inalienable e imprescriptible.
Dominio privado: Es el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y a la acción de una persona. Este dominio puede ser objeto de venta y ser adquirido o perdido por prescripción.
Dotación: Es el volumen de agua asignado a los usuarios para diferentes fines, en una unidad de tiempo determinada.
Drenaje: Es el proceso por el cual el agua es evacuada total o parcialmente de una zona, ya sea por un proceso natural, a través de ríos o de escurrimiento subterráneo o bien facilitado por un conjunto de obras realizadas para asegurar la evacuación de excesos de agua. 
Ecosistema: Es un sistema complejo en el que interactúan los seres vivos entre sí y con el conjunto de factores no vivos que forman el ambiente: temperatura, sustancias químicas presentes, clima, características geológicas, etc.
Eficiencia en el uso del agua: Se refiere a la utilización de medidas que reduzcan la cantidad por unidad que se utilice en una actividad dada y que sea consistente con el mantenimiento o mejoramiento de la calidad del agua.
Efluente: Descarga de aguas residuales a cursos o cuerpos de agua. 
Escorrentía o Escurrimiento: Es el caudal de agua procedente de la precipitación que fluye a los ríos y se concentra en los cauces. Incluye los flujos o escorrentías superficial, subsuperficial y de base.
Evaporación: Se define como "el proceso físico por el cual un sólido o líquido pasa a estar en fase gaseosa." La evaporación del agua a la atmósfera ocurre a partir de superficies de agua libre como océanos, lagos y ríos, de zonas pantanosas, del suelo, y de la vegetación húmeda.
Gestión integrada: Es un proceso que promueve el manejo y desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante de manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas.
Glaciar: Se denomina a toda masa de hielo que no se agota en ciclos estacionales, formada por un proceso natural de acumulación, compactación y recristalización de la nieve, cualquiera sea su forma y dimensión. Son parte constituyente de cada glaciar el cuerpo de hielo, los fragmentos rocosos que se encuentran asimilados en el cuerpo de hielo y sobre su superficie, así como  los cuerpos y cursos de agua situados sobre el glaciar o en su interior.
Humedales: Extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros (Ramsar).
Inundación: Es un evento natural y recurrente que se produce en las corrientes de agua, como resultado de lluvias intensas o continuas que, al sobrepasar la capacidad de retención del suelo y de los cauces, desbordan e inundan llanuras de inundación, en general, aquellos terrenos aledaños a los cursos de agua. 
Lago: Masa de agua continental de considerable tamaño. Depresión de la superficie terrestre llena de agua, de mayor o menor extensión.
Laguna: Acumulación natural de agua, menos extensa y profunda que un lago. 
Lecho: Es la superficie de tierra que las aguas ocupan habitualmente. Está formado por el piso o fondo, que es la superficie sobre la cual corre el agua, y las riberas, que constituyen los costados del lecho por donde corre el agua. 
Línea de ribera: Es el límite que divide el dominio público del privado, separando a la ribera (pública) de la margen privada. 
Manantial: Fuente o aguas que brotan. Son las que emergen desde el subsuelo a la superficie, por impulso natural.
Márgenes: Se las define como la zona inmediata y contigua a la  ribera que no forma parte del lecho y pertenece al dominio privado de los ribereños. La línea de ribera separa a la ribera de la margen.
Obras Hidráulicas Instalaciones técnicas en las que se toman medidas para la explotación y utilización de los recursos hídricos, así como la protección contra sus efectos perjudiciales.
Percolación: Flujo de un líquido a través de un medio poroso no saturado, por ejemplo de agua en el suelo, bajo la acción de la gravedad. Circulación vertical del agua en el suelo a través de la zona de infiltración.
Perforación: Excavación en el terreno que alcanza a las aguas subterráneas.
Permiso de uso: Es un acto administrativo precario por su índole, en virtud del cual, la Autoridad de Aplicación en forma unilateral, tolera o permite el uso del agua pública a favor de su titular. Está sujeto a revocación en cualquier tiempo y sin derecho a indemnización alguna, y se otorga únicamente en circunstancias transitorias y hasta tanto el motivo causante del permiso desaparezca.
Pesca recreativa: Es la actividad realizada por personas naturales que tiene por objeto la captura de especies hidrobiológicas, en aguas dulces o saladas, con aparejos de pesca personales, sin fines de lucro y con propósito recreativo.
Plan hídrico estratégico: Es un instrumento ordenador e integrador de acciones para el desarrollo óptimo y eficiente de los recursos hídricos de una cuenca en función de las necesidades humanas. Establece las formas de aprovechamiento, protección, y conservación de los recursos de la cuenca, procurando la producción sostenida y el equilibrio medio ambiental.
Pozo: Excavación o perforación en el terreno que alcanza a las aguas subterráneas.
Preservación: Se denomina a la mantención del estado natural original de determinados componentes ambientales, o de lo que reste de dicho estado, mediante la limitación de la intervención humana en ellos al nivel mínimo, compatible con la consecución de dicho objetivo.
Recarga: Es la entrada neta de agua en el terreno proveniente de la precipitación, que se transmite hasta los acuíferos.
Reutilización: Es la aplicación, antes de su devolución al dominio público hidráulico y al marítimo terrestre para un nuevo uso privativo de las aguas que, habiendo sido utilizadas por quien las derivó, se han sometido al proceso o procesos de depuración establecidos en la correspondiente autorización de vertido y a los necesarios para alcanzar la calidad requerida en función de los usos a que se van a destinar.
Río: Se define como tal a todo curso natural de agua, más o menos considerable, de caudal perenne. 
Riego: Se define como la aplicación artificial de agua para suplir al suelo la humedad requerida por las plantas de cultivo. Esta práctica deberá aplicarse donde quiera que la lluvia no satisfaga las exigencias del cultivo.
Sequías: Periodo de tiempo, más o menos prolongado, en el cual la disponibilidad de agua en una región determinada, en sus formas de precipitación, escorrentía superficial y subterránea, son bajas respecto a los valores habituales.
Usos del agua: Son aquellos que permiten el desarrollo de actividades tales como suministro de agua al hombre y ganado, agricultura (irrigación), industria, pesca, acuicultura, generación de energía, preservación de la flora y fauna.
Usar las aguas, es hacerlas servir para una determinada finalidad, es servirse de ellas, preservando su integridad y la de los ecosistemas donde se encuentren.
Uso común: Son aquellos usos del agua esenciales para la vida, porque afectan y sirven a la vida misma. Pueden ser realizados por cualquier persona para satisfacer las necesidades diarias y domésticas de la vida. Ellos son: beber, bañarse, abrevar animales, regar plantas, navegar y pescar.
Uso especial: Son aquellos que no tienen por objeto satisfacer las necesidades diarias, elementales y necesarias para la subsistencia, sino que aumentan o incrementan el patrimonio económico de una persona física o jurídica. Esta categoría de uso se puede adquirir a través de un permiso de uso o concesión de uso.
Vertido: Es el efluente residual evacuado fuera de las instalaciones de los establecimientos domiciliarios, industriales y/o especiales, con destino directo o indirecto a colectoras, colectores, cloacas máximas, conductos pluviales, cursos de agua y el suelo, ya sea mediante evacuación o depósito.