CÓDIGO FISCAL
LIBRO PRIMERO - PARTE GENERAL

TÍTULO PRIMERO 
 DISPOSICIONES COMUNES
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS

Artículo 1º.- Este Código regirá respecto de la determinación, fiscalización, percepción de todos los tributos y aplicación de sanciones por infracciones materiales y formales vinculadas con tributos que se impongan en el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur por los organismos de la Administración Central, de acuerdo con las leyes y normas complementarias.
Asimismo, las disposiciones contenidas en el Libro Primero de este Código se aplicarán supletoriamente a las leyes tributarias especiales.
VIGENCIA DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS
Artículo 2º.- Toda ley, decreto, resolución general y decisión de la autoridad de aplicación, cualquiera sea su forma, dictada a los fines previstos en el artículo 1º de este Código tiene vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, conforme el artículo 112 de la Constitución de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, salvo que la propia norma disponga otra fecha de vigencia.
HECHO IMPONIBLE.
Artículo 3º.- Se considera hecho imponible a todo hecho, acto, operación o situación de vida económica, de los que este Código o las Leyes Tributarias Especiales hagan depender el nacimiento de la obligación tributaria.
NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.
Artículo 4º.- La obligación tributaria nace al producirse el hecho, acto o circunstancia previsto en la ley. Los medios o procedimientos para la determinación de la deuda revisten carácter meramente declarativos.
DE LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS LEYES.
Artículo 5°.- En la interpretación de las disposiciones de este Código o de las leyes tributarias sujetas a su régimen, se atenderá al fin de las mismas y a su significación económica. Solo cuando no sea posible establecer el sentido o alcance de las mismas a través del análisis, a través de su texto o de su espíritu, podrá recurrirse a los distintos métodos de interpretación aplicables en el derecho privado.
APLICACIÓN SUPLETORIA.
Artículo 6º.- Para los casos que no puedan ser resueltos por las disposiciones pertinentes de este Código o de una Ley Tributaria especial se recurrirá supletoriamente a las disposiciones de las siguientes normas de acuerdo al orden de prelación que se enumera a continuación, a saber: la Ley nacional 11.683 de Procedimiento Tributario de la Nación y sus modificaciones, la Ley provincial 141 de Procedimiento Administrativo de la Provincia y el Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero de la Provincia.
En caso de insuficiencia de las normas de aplicación supletoria se recurrirá a los principios generales de derecho teniendo en cuenta la finalidad y naturaleza de las normas fiscales.
REALIDAD ECONÓMICA.
Artículo 7º.- Para determinar la verdadera naturaleza de los hechos imponibles se atenderá a los actos, situaciones o relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes. 
Cuando estos sometan tales actos, situaciones o relaciones a formas y/o estructuras jurídicas que no sean las que el derecho privado prevea o autorice para representar adecuadamente la cabal intención económica y efectiva de los contribuyentes se prescindirá, a los efectos de la consideración del hecho imponible real, de las formas y estructuras jurídicas inadecuadas y se considerará, a los fines de la configuración de la relación tributaria, como encuadradas en las formas o estructuras que el derecho privado les aplicaría con independencia de las escogidas por los contribuyentes.
TÉRMINOS.
Artículo 8º.- Los términos o plazos establecidos en este Código y en las Leyes Tributarias Especiales se refieren a días hábiles administrativos.
Respecto del Título Décimo, el Juicio de Ejecución Fiscal, se refieren a días hábiles judiciales.
Para hacer efectiva la sanción de clausura se computarán días corridos.
Cuando la fecha de vencimiento fijada por leyes, decretos o resoluciones, para la presentación de las declaraciones juradas, pagos de impuestos, anticipos o vencimientos coincida con día no laborable, feriado o inhábil -nacional, provincial o municipal- en el lugar donde deba cumplirse la obligación, el pago o presentación se considerarán realizados en término si se efectúan hasta el primer día hábil siguiente.
En caso de recibirse notificación en día inhábil o feriado se tendrá por efectuada el primer día hábil siguiente. 
PLAZO GENERAL SUBSIDIARIO.
Artículo 9º.- Cuando no se haya establecido un plazo especial para las citaciones, intimaciones y emplazamientos, o para cualquier otro acto que requiera la intervención del contribuyente y/o responsable, el mismo será de diez (10) días hábiles, sin perjuicio de la excepción establecida por el artículo 31 de presente Código.
EFECTOS.
Artículo  10.- Los  plazos  administrativos  obligan  por  igual  y  sin necesidad  de  intimación  alguna  a  la  Agencia de Recaudación Fueguina,  a   los   funcionarios   públicos   personalmente   y  a   los interesados en el procedimiento.
SECRETO FISCAL.
Artículo 11.- Las declaraciones juradas, comunicaciones, informes y escritos que los contribuyentes, responsables o terceros presenten ante la Administración son secretos en cuanto en ellos se consignen informaciones referentes a la situación u operaciones económicas de aquellos, a su persona o las de sus familiares.
La información allí expresada no será admitida como prueba en causas judiciales, debiendo los jueces rechazarla de oficio, salvo que sea ofrecida por el mismo contribuyente, responsable o tercero y siempre que no revele datos de terceros o en las cuestiones de familia y en los procesos criminales por delitos comunes cuando aquella se halle directamente relacionada con los hechos que se investiguen.
El deber del secreto no alcanza a la utilización de las informaciones por la Administración para la fiscalización de obligaciones tributarias diferentes de aquellas para las que fueron obtenidas o para su uso con la Unidad de Información Financiera (UIF) o el organismo que en un futuro lo reemplace, ni subsiste, previo acuerdo de reciprocidad, frente a los pedidos de informes de las municipalidades y comunas de la Provincia, del Fisco nacional o de Fiscos provinciales. Tampoco rige el secreto para el supuesto en que, por desconocerse el domicilio del contribuyente o responsable, sea necesario recurrir a la notificación por edictos.
Tampoco rige el secreto fiscal para personas, empresas o entidades a quienes la Administración encomiende la realización de relevamientos, estadísticas, sistemas de computación, procedimiento de información y otras cuestiones para el cumplimiento de sus fines. En este caso, para las entidades o personas intervinientes y para el personal de ellas, rigen las prohibiciones establecidas en este Código y, en el supuesto que divulguen, reproduzcan o utilicen la información suministrada u obtenida con motivo o en ocasión de la tarea encomendada por la Administración serán pasibles de la pena prevista en el artículo 156 del Código Penal. El uso de la facultad establecida en este párrafo debe estar debidamente fundamentada por el Director Ejecutivo. 

TÍTULO SEGUNDO
DOMICILIO FISCAL
CONCEPTO.
Artículo 12.- A los efectos de la aplicación de este Código, de las Leyes Tributarias Especiales y normas legales complementarias, se considerará como domicilio fiscal de los contribuyentes y demás responsables de impuestos, tasas o contribuciones los que se establecen en el presente Título, los que serán válidos para todos los efectos administrativos y judiciales.
1.	Se entiende por domicilio fiscal de las personas físicas los que se indican a continuación, en el siguiente orden:
a)	lugar de residencia permanente o habitual; y
b)	subsidiariamente, si hubiera dificultad para su determinación, el lugar en el que ejerzan su actividad comercial, industrial, profesional, establecimiento o medio de vida.
2.	Se entiende por domicilio fiscal de las personas jurídicas los que se indican a continuación, en el siguiente orden:
a)	lugar dónde se encuentre su dirección o administración; y
b)	subsidiariamente, si hubiera dificultad para su determinación, el lugar donde desarrollen su actividad o establecimiento principal. Cuando no coincida con el lugar donde este situada la dirección, administración o explotación principal y efectiva de sus actividades dentro de la jurisdicción provincial, este último deberá ser el denunciado como domicilio fiscal.
Cuando no se hubiere denunciado el domicilio fiscal y la Agencia de Recaudación Fueguina conociere alguno de los domicilios previstos en el presente artículo o cuando se comprobare que el domicilio denunciado no es el previsto en el presente artículo, o fuere físicamente inexistente, quedare abandonado, desapareciere, o se alterase o suprimiese su numeración y la Agencia de Recaudación Fueguina conociere el lugar de su asiento podrá declararlo de oficio como domicilio fiscal, conforme al procedimiento que determine la reglamentación.
Cuando no fuere posible la determinación del domicilio fiscal por la Agencia de Recaudación Fueguina, conforme a lo previsto en los párrafos anteriores, la Agencia podrá, de oficio, tenerlo por constituido en la sede de la Agencia.
A los efectos de proceder de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo precedente, la Agencia deberá publicar edictos en el Boletín Oficial por dos (2) días.
La autoridad de aplicación podrá establecer mediante la reglamentación pertinente el carácter único del domicilio fiscal para todas las obligaciones tributarias que los contribuyentes y demás responsables mantienen con la Agencia de Recaudación Fueguina.
EFECTOS DEL DOMICILIO FISCAL.
Artículo 13.- El domicilio fiscal produce en el ámbito administrativo los efectos del domicilio constituido, siendo válidas, vinculantes y plenamente eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que allí se practiquen en los términos del artículo 45 de la Ley provincial 141 de Procedimiento Administrativo o la que en un futuro la reemplace.
Sin perjuicio de la facultad otorgada por el artículo 19, puede constituirse domicilio especial al contestar vistas, resoluciones, citaciones, intimaciones y notificaciones siempre que ello no obstaculice la prosecución del trámite administrativo, la determinación y/o percepción de los tributos, según el caso.
DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO.
Artículo 14.- Se entiende por domicilio fiscal electrónico al sitio informático personalizado, seguro, registrado por los contribuyentes y responsables para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y para la entrega o recepción de comunicaciones de cualquier naturaleza.
Su constitución, implementación, funcionamiento y cambio se efectuará conforme a las formas, requisitos y condiciones que establezca la autoridad de aplicación.
Dicho domicilio producirá en el ámbito administrativo los mismos efectos indicados en el primer párrafo del artículo 13.
La autoridad de aplicación podrá disponer, con relación a aquellos contribuyentes o responsables que evidencien acceso al equipamiento informático necesario, la constitución obligatoria del domicilio fiscal electrónico, conforme lo determine la reglamentación, la que también podrá habilitar a los contribuyentes o responsables interesados para constituir voluntariamente domicilio fiscal electrónico.
DOMICILIO FUERA DE JURISDICCIÓN.
Artículo 15.- Cuando los contribuyentes o demás responsables se domicilien fuera del territorio de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, están obligados a constituir un domicilio tributario dentro de la Provincia.
Si no se cumpliere con lo establecido en precedencia, se considerará como domicilio el último de los domicilios que tenga o haya tenido de acuerdo al artículo 12  o, en defecto, el de su agente o representante en la Provincia.
En caso de tratarse de personas físicas que se inscriban en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos dentro de la categoría Contribuyentes Locales o Régimen Simplificado, se presumirá sin admitir prueba en contrario que, no realizan operaciones que configuren sustento territorial en jurisdicción ajena a esta. En caso de existir sustento territorial en otras jurisdicciones, no podrá solicitar devolución del impuesto abonado en esta jurisdicción.
CAMBIO DE DOMICILIO.
Artículo 16.- Los contribuyentes y responsables están obligados a denunciar cualquier cambio de domicilio fiscal en la forma que determine la reglamentación dentro de los quince (15) días de efectuado quedando, en caso contrario, sujeto a las sanciones que este Código establezca al respecto. La Agencia únicamente quedará obligada a tener en cuenta el cambio de domicilio si el mismo hubiere sido realizado conforme lo determine la reglamentación, caso contrario, el mismo no surtirá efecto vinculante alguno subsistiendo el anterior, a todos los efectos.
No habiéndose denunciado el cambio de domicilio, y sin perjuicio de las sanciones que correspondan, se reputará subsistente el último domicilio que se haya comunicado, en la forma debida, o que haya sido determinado como tal por la Agencia de Recaudación Fueguina, en ejercicio de las facultades conferidas por este Título.
Si se denunciara el cambio de domicilio de acuerdo a los párrafos precedentes pero, el contribuyente o responsable, tuviere actuaciones administrativas en curso, deberá, además, cumplir con la carga que le impone el artículo a continuación.
COMUNICACIÓN DEL CAMBIO DE DOMICILIO EN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.
Artículo 17.- Una vez iniciado un trámite, ya sea por la Administración o por un contribuyente, todo cambio del domicilio fiscal, además de ser comunicado de acuerdo con las disposiciones del artículo 16 y las normas dictadas por la Agencia de Recaudación Fueguina, debe denunciarse de modo fehaciente en la actuación correspondiente para que surta plenos efectos legales en esas actuaciones.
Caso contrario, toda notificación se efectuará en el domicilio fiscal conocido en la actuación, cualquiera sea la instancia administrativa del trámite de que se trate. Ello sin perjuicio de la validez del domicilio denunciado conforme el artículo 16 para actuaciones de fecha posterior al cambio de domicilio.
INFORMES PARA OBTENER EL DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE.
Artículo 18.- Cuando a la Agencia de Recaudación Fueguina le resulte necesario conocer el domicilio de un contribuyente y este no surgiere de sus registros podrá requerir informes al Registro Nacional de las Personas, a la Justicia Electoral, a la Dirección de Personas Jurídicas, a la Administración Federal de Ingresos Públicos, organismos fiscales provinciales y, en general, a todo organismo público o privado hábil al efecto.
El domicilio obtenido permitirá cursar las notificaciones que correspondan al responsable y/o apoderado denunciados, quienes más allá de exhibir elementos que prueben su desvinculación del contribuyente no servirán de oposición al cumplimiento si la comunicación que los desvincule no es implementada adjuntando los formularios y demás requisitos exigidos en la forma que la reglamentación determina.
DOMICILIO ESPECIAL.
Artículo 19.- Podrá admitirse la constitución de un domicilio especial cuando se considere que de ese modo se facilita el cumplimiento de las obligaciones. 
DOMICILIO POSTAL.
Artículo 20.- Los responsables de los tributos empadronados cuya liquidación este a cargo de la Agencia de Recaudación Fueguina podrán constituir, de modo fehaciente, un domicilio postal en cualquier punto del país a efectos de que le sean remitidas las boletas de gravámenes.
CARACTERÍSTICAS.
Artículo 21.- La constitución del domicilio se hará en forma clara y precisa, indicando calle, número, agregando piso, número o letra del inmueble, código postal, localidad y provincia, así como cualquier otro dato de utilidad a efectos de cursar la notificación o lo que pudiera corresponder.
TÍTULO TERCERO
NOTIFICACIONES
FORMA
Artículo 22.- Las citaciones, notificaciones, intimaciones de pago, etc., serán practicadas en cualquiera de las siguientes formas: 
1.	por carta documento, por carta certificada con aviso especial de retorno con constancia fehaciente del contenido de la misma. El aviso de recibo o el aviso de retorno, en su caso, servirá de suficiente prueba de notificación siempre que la carta haya sido entregada en el domicilio fiscal o, de corresponder, en domicilio especial de los contribuyentes y/o responsables, aunque aparezca suscripto por algún tercero;
2.	personalmente a través de un empleado de la autoridad de aplicación,  y mediante cédula por duplicado en la que estará transcripta la citación, la resolución, intimación de pago, etc., que deba notificarse. Una de las copias la entregará a la persona a la cual deba notificar, o en su defecto, a quien se encuentre en el domicilio. En la otra copia, destinada a ser agregada a las actuaciones respectivas, dejará constancia del lugar, día y hora de la entrega requiriendo la firma del interesado o de la persona que manifieste ser de la casa o dejando constancia de que se negaron a firmar. 
Si el interesado no supiese o no pudiera firmar, podrá hacerlo a su ruego un testigo. Cuando no encontrase la persona a la cual va a notificar, o esta se negare a firmar y ninguna de las otras personas de la casa quisiera recibirla la fijará en la puerta de la misma dejando constancia de tal hecho en el ejemplar destinado a ser agregado a las actuaciones respectivas. Las actas labradas por los empleados de la autoridad de aplicación harán plena fe mientras no se acredite su falsedad en los términos del artículo 289 y concordantes del Código Civil y Comercial, o la enumeración que en un futuro lo reemplace;
3.	por telegrama colacionado; y
4.	por comunicación informática en la forma y condiciones que determine la reglamentación. La notificación se considerará perfeccionada con la puesta a disposición del archivo o registro que la contiene, en el domicilio fiscal electrónico del contribuyente o responsable. 
Si las citaciones, notificaciones, intimaciones, etc. no pudieran practicarse en la forma antedicha por no conocerse el domicilio del contribuyente, se efectuarán por medio de edictos publicados durante cinco (5) días en el Boletín Oficial.
EFECTOS.
Artículo 23.- Las notificaciones de los actos y resoluciones dictados por la Agencia de Recaudación Fueguina en ejercicio de sus funciones se tendrán por válidas y vinculantes cuando se hubieren realizado en el domicilio fiscal de los contribuyentes y responsables conforme lo establecido en el Título anterior.
CONTENIDO DE LA NOTIFICACIÓN.
Artículo 24.- Cuando la Administración proceda a notificar a los contribuyentes y/o responsables de la determinación de oficio de tributos y/o el requerimiento del pago de los mismos, deberá hacerse constar en la notificación, citación o intimación la vía impugnativa que tendrá el contribuyente, con indicación expresa del recurso que podrá interponer, los plazos con que cuenta y el detalle de la norma aplicable.
TÍTULO CUARTO
DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN FISCAL

DENOMINACIÓN. REMISIÓN.
Artículo 25.- Cuando en este Código se mencione la palabra "Dirección", “Agencia”, “Agencia de Recaudación”, “Administración”, “Administración Fiscal”, “Administración Tributaria”, “Autoridad Fiscal” o “Autoridad de Aplicación” se referirá a la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) o al organismo que en un futuro la remplace, en función de las competencias dispuestas para dicho organismo por el presente Código y por las leyes especiales correspondientes.
FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN FISCAL.
Artículo 26.-  La Agencia de Recaudación Fueguina será la encargada de la aplicación del presente Código y las facultades y poderes atribuidos, por este Código, leyes fiscales especiales y normas reglamentarias serán ejercidos por el Director de la Agencia, sin perjuicio de la delegación de facultades y de las facultades que la Constitución Provincial y las leyes atribuyan a otros órganos del Estado.
DE LA REPRESENTACIÓN DE LA AGENCIA.
Artículo 27.- La Agencia de Recaudación Fueguina está a cargo de un Director Ejecutivo que tiene todas las facultades, poderes, atribuciones y deberes asignados a la Agencia, y las que fueren establecidas  por Leyes Tributarias Especiales.
Representa a la Agencia, legalmente en forma personal o por delegación, en todos los actos y contratos que se requieran para el funcionamiento del servicio, de acuerdo a las disposiciones en vigor, suscribiendo los documentos públicos y/o privados que sean necesarios. 
Esta representación la ejerce ante los poderes públicos, contribuyentes, responsables y terceros.
RESPECTO DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES.
Artículo 28.- El Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina podrá, a través de los actos administrativos correspondientes, delegar en los dependientes la suscripción de los actos y/o contratos que estime pertinentes y que se requieran para el funcionamiento del servicio. A su vez, en caso de ausencia y/o impedimento del Director Ejecutivo, el mismo designará al funcionario responsable a cargo de la firma del Despacho.
No obstante la delegación de las competencias dadas por el Director Ejecutivo, este conserva la máxima autoridad dentro de la Agencia y puede, por lo tanto, avocarse al conocimiento y decisión de cualquiera de las cuestiones planteadas.
FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN FISCAL.
Artículo 29.- Para el cumplimiento de sus funciones la Agencia de Recaudación Fueguina tiene las siguientes obligaciones y facultades:
a)	establecer, modificar y reglamentar su organización interna y de personal;
b)	dictar e impartir normas generales obligatorias para los responsables y terceros en cuanto a la forma y modo como deban cumplirse los deberes formales así como en las materias en que las leyes autorizan a la Agencia de Recaudación Fueguina a reglamentar la situación de aquellos frente a la Administración Tributaria. La Administración podrá, además, dictar resoluciones generales modificatorias o interpretativas de las normas tributarias cuando así lo estimare conveniente o a solicitud de los contribuyentes y responsables o de cualquier entidad con personería jurídica. El pedido de tal pronunciamiento, en ningún caso, suspenderá cualquier decisión que los funcionarios de la Administración hayan de adoptar en casos particulares. 
Dichas resoluciones deberán contener las razones de hecho y de derecho en que se funden, y entrarán en vigor en los términos del artículo 2º del presente Código;
c)	responder las consultas vinculantes que los sujetos pasivos y demás obligados tributarios hubiesen formulado de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de este Código;
d)	aplicar sanciones, liquidar intereses, actualizaciones, recibir pagos totales o parciales, compensar, acreditar, imputar y disponer la devolución de las sumas pagadas de más;
e)	resolver las cuestiones atinentes a las exenciones tributarias y a las vías recursivas previstas en este Código o por Leyes Tributarias Especiales en las cuales sea competente;
f)	emitir constancias de deuda para el cobro judicial de los tributos;
g)	implementar nuevos regímenes de percepción, retención, información, pagos a cuenta y designar los agentes para que actúen dentro de los diferentes regímenes;
h)	conceder planes de facilidades de pagos a contribuyentes o responsables a efectos de regularizar obligaciones que ellos mantengan con la Administración;
i)	disponer clausuras de establecimientos cuando se constatare que se hayan configurado uno o más de los hechos u omisiones previstas en el artículo 103 de este Código; 
j)	hacerse parte o tomar intervención en todo procedimiento judicial o administrativo a los efectos de determinar, verificar o exigir el pago de tributos, tasas, contribuciones y sus actualizaciones, intereses y sanciones;
k)	 participar en los procesos concursales y aceptar o rechazar, las propuestas de acuerdo presentadas. Asimismo, adoptar cualquier otra medida que tienda a asegurar y defender los derechos como mejor convenga a los intereses del Estado;
l)	tomar intervención en los proyectos de disposiciones legales iniciados por cualquier jurisdicción en el ámbito de la Provincia que se refieran, relacionen o incidan sobre la materia tributaria. Las jurisdicciones que propicien los proyectos deberán dar la pertinente y oportuna intervención de los mismos al Director Ejecutivo de la Agencia;
m)	establecer y/o suscribir convenios de cooperación e intercambio de información con organismos estatales municipales, provinciales o nacionales, instituciones privadas y/o sin fines de lucro con el fin de recabar información útil para el cumplimiento de las funciones establecidas en este Código; y
n)	denunciar ante el fuero penal la presunta comisión de los delitos tipificados en la Ley nacional 24.769 (B.O Nº 28.564) y sus modificatorias, respecto de los tributos locales, cuando entendiere que se ha ejecutado una conducta punible encuadrable en alguno de los tipos penales contemplados en esa ley.
INCOMPATIBILIDADES.	
Artículo 30.- Las personas encargadas de ejercer sus funciones en el ámbito de la Agencia de Recaudación Fueguina, no podrán, bajo ningún carácter o título, asesorar, liquidar y/o realizar, promover o participar en trámites de los contribuyentes que se relacionen directa o indirectamente con los impuestos cuya recaudación está a cargo de dicha Institución, bajo apercibimiento de aplicarse las sanciones previstas en la legislación vigente. Se aplicarán también las sanciones que correspondan cuando el mencionado personal invocando expresamente la representación de la Agencia, dictare o participare en conferencias, debates o similares, relacionadas con tributos provinciales, sin la previa autorización expresa de la Agencia de Recaudación Fueguina.
DE LAS PRESENTACIONES ANTE LA AGENCIA. DOS PRIMERAS.
Artículo 31.- Para determinar si un escrito presentado personalmente en las oficinas de la Administración lo ha sido en término se tomará en cuenta la fecha indicada en el cargo o sello fechador. En caso de duda, deberá estarse a la fecha enunciada en el escrito y si este no la tuviere, se considerará que ha sido presentado en término. 
El escrito no presentado dentro del horario administrativo del día en que venciere el término, podrá ser entregado válidamente el día hábil inmediato siguiente y dentro de las dos primeras horas del horario de atención, incluyendo el supuesto contemplado en el artículo siguiente.
ESCRITOS RECIBIDOS POR CORREO.
Artículo 32.- Los escritos recibidos por correo se consideran presentados en la fecha de su imposición en la oficina de correos a cuyo efecto se agregará el sobre sin destruir su sello fechador. En el caso de los telegramas y cartas documento se contará a partir de la fecha de emisión que en ellos conste como tal.
ACTUACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL.
Artículo 33.- La persona que se presente en las actuaciones administrativas que tramiten por ante la Administración por un derecho o interés que no sea propio, deberá acompañar los documentos que acrediten la calidad invocada en la primera presentación. Ante la imposibilidad de acompañar dichos documentos, la Administración Fiscal podrá acordar un plazo razonable para la subsanación de dicho requisito el cual no podrá ser inferior a diez (10) días.
La parte interesada, su apoderado, letrado patrocinante y/o las personas que ellos expresamente autoricen tendrán libre acceso al expediente durante todo su trámite. A tal efecto, los autorizantes deberán denunciar el número de documento nacional de identidad de las personas a las que autorizan a tomar vista del expediente.
FORMAS DE ACREDITAR LA PERSONERÍA.
Artículo 34.- Los representantes o apoderados acreditarán su personería con el instrumento público correspondiente o copia simple del mismo, debidamente suscripta por el mandante, o por escribano público o autoridad competente.
En caso de que dichos instrumentos se encontrasen agregados a otro expediente que tramite ante la Administración bastará la certificación correspondiente.
ACTA PODER.
Artículo 35.- El mandato también podrá otorgarse por acta ante la Agencia de Recaudación Fueguina, la que contendrá una simple relación de la identidad y domicilio del compareciente, designación de la persona del mandatario, mención de la facultad de percibir sumas de dinero u otra facultad especial que se le confiera para actuar ante la Administración.
GESTIÓN. ACTOS URGENTES.
Artículo 36.- Cuando sea necesario la realización de actos urgentes de cualquier naturaleza y existan hechos o circunstancias que impidan la actuación de la parte que ha de cumplirlos, se admitirá la comparecencia de quien no tuviere representación conferida.
Si dentro de los treinta (30) días, contados desde la primera presentación del gestor, no fueren acompañados los instrumentos que acreditan su personería como apoderado o la parte no ratificase todo lo actuado por el gestor, se tendrán por no realizados los actos en los cuales este haya intervenido, a sus efectos.
ALCANCES DE REPRESENTACIÓN.
Artículo 37.- Desde el momento en que el mandato se presenta a la autoridad administrativa y esta admita la personería, el representante asume todas las responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan al mandante como si personalmente los hubiere practicado. Esta obligado a continuar la gestión mientras no haya cesado legalmente en su mandato y con él se entenderán los emplazamientos, citaciones y notificaciones, incluso las de las decisiones de carácter definitivo, salvo las actuaciones que la ley disponga se notifiquen al mismo mandante o que tengan por objeto su comparendo personal.
CONSULTA VINCULANTE. CONCEPTO.
Artículo 38.- Los sujetos pasivos y demás obligados tributarios, que tuvieran un interés personal y directo, podrán formular ante la Agencia consultas vinculantes debidamente documentadas, sobre la determinación de los impuestos cuya recaudación se encuentra a cargo de dicho organismo y/o sobre la aplicación del derecho a una situación actual y real. A tal efecto, deberá exponer con claridad y precisión todos los elementos constitutivos de la situación que motiva la consulta y podrá, asimismo, expresar su opinión fundada.
 La consulta deberá presentarse conforme las condiciones reglamentarias que, a tal efecto, dicte la mencionada Agencia, debiendo ser contestada en un plazo que no deberá exceder el término de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de notificación al contribuyente de la admisibilidad formal de la consulta vinculante.
En caso de requerirse informes o dictámenes de otros organismos, o de resultar pertinente solicitar al consultante el aporte de nuevos elementos necesarios para la contestación de la consulta, el plazo se suspenderá hasta tanto dichos requerimientos sean respondidos o venzan los plazos para hacerlo. Si dentro del plazo requerido, el consultante no cumpliere con la requisitoria, el pedido se considerara denegado y remitido para su archivo.
La presentación de la consulta no suspenderá el transcurso de los plazos ni justificará, en modo alguno, el incumplimiento de los obligados.
IMPEDIMENTOS DE DERECHO.
Artículo 39.- No podrán someterse al régimen de consulta vinculante los hechos imponibles o situaciones que a continuación se describen:
1.	se vinculen con la interpretación de aspectos cuya competencia le corresponda a los organismos del Convenio Multilateral y/o la Comisión Federal de Impuestos;
2.	se refieran a la aplicación o interpretación de regímenes de retención, percepción y/o recaudación establecidos;
3.	se hallen sometidos a un procedimiento de fiscalización debidamente notificado al contribuyente o responsable, respecto del mismo gravamen por el que se pretende efectuar la consulta, o esta última se refiera a temas relacionados con una determinación de oficio o de deuda en trámite, o un recurso impugnativo interpuesto en sede administrativa, judicial u organismos interjurisdiccionales. Este impedimento operará aun cuando la fiscalización, determinación o recurso se refiera a períodos fiscales distintos al involucrado en la consulta; y
4.	se hallen sometidos a juicios de ejecución fiscal, respecto del mismo gravamen, aun cuando se refieran a períodos fiscales distintos por el que se pretende efectuar la consulta. Tratándose del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, dicha exclusión resulta de aplicación cuando la materia consultada pueda relacionarse con la deuda ejecutada.
EFECTOS DE SU PLANTEAMIENTO.
Artículo 40.- La consulta y su respectiva respuesta vinculará, exclusivamente, al consultante y a la Agencia con relación al caso estrictamente consultado, en tanto no se hubieren alterado los antecedentes, circunstancias y datos suministrados en otra oportunidad de evacuarse la misma o se modifique la legislación vigente. 
La Administración estará  obligada  a  aplicar, respecto  al  consultante,  el  criterio  técnico sustentado  en  la  contestación. Sin perjuicio de ello, la respuesta emitida podrá ser revisada, modificada y/o dejada sin efecto de oficio y en cualquier momento por la Agencia. El cambio surtirá efectos respecto de los consultantes, únicamente con relación a hechos imponibles que se produzcan a partir de la notificación del acto que dispuso su revocación y/o modificación.
Las contestaciones por parte de la Administración serán vinculantes para ella y quién las formule siempre que se establezca en la presentación el carácter vinculante de la misma. La omisión trae como efecto que, en los términos previstos en los artículos precedentes, la consulta tendrá carácter meramente informativo y, lo allí resuelto, no será vinculante para la Administración.
RECURSO JERÁRQUICO.
Artículo 41.- Contra la respuesta emitida por la autoridad competente, el consultante podrá interponerse recurso jerárquico ante el Ministerio de Economía dentro de los quince (15) días de notificada la resolución. En el recurso deberá presentarse ante la Administración y deberá ser fundado en ese mismo acto. La Dirección elevará las actuaciones para que el Ministerio de Economía dicte resolución definitiva dentro de los ciento veinte (120) días de recepcionado el expediente en el área pertinente.
TÍTULO QUINTO
DE LOS SUJETOS PASIVOS DE LAS OBLIGACIONES FISCALES
CONTRIBUYENTES.
Artículo 42.- Son contribuyentes, y están obligados a ingresar el tributo correspondiente  como  responsables  del cumplimiento  de  las  obligaciones  propias en la forma y oportunidad debida así como cumplir con los restantes deberes que le impongan las disposiciones en vigor, siempre que se  verifique, a  su  respecto,  el  hecho generador de la obligación tributaria previsto en este Código o las leyes tributarias especiales, los siguientes: 
1.	las personas físicas, capaces o incapaces, según el Código Civil y Comercial;
2.	las personas jurídicas de carácter público o privado del Código Civil y Comercial;
3.	todas aquellas entidades a las que el derecho privado reconoce la calidad de sujetos de derecho, incluso las organizadas bajo la Ley nacional 20.337;
4.	las entidades que no poseen la calidad prevista en el inciso anterior, los patrimonios destinados a un fin determinado, las Uniones Transitorias de Empresas, las Agrupaciones de Colaboración Empresaria, los demás consorcios y formas asociativas que no tienen personería jurídica pero que son considerados por las normas tributarias como unidades económicas para la atribución del hecho imponible. En tales casos y cuando corresponda, deben inscribirse incorporando el nombre de todos sus integrantes;
5.	las  sociedades  no  constituidas  según lo dispuesto en el Capítulo III –tres- de la Ley General de Sociedades conforme Leyes nacionales 26.994 y 27.077, o la que en un futuro la reemplace, deben inscribirse a nombre de todos sus integrantes; 
6.	los fideicomisos que se constituyan de acuerdo a lo establecido en la Ley nacional 24.441, excepto los constituidos con fines de garantía; y
7.	las sucesiones indivisas, hasta la declaratoria de herederos o se declare la validez del testamento que cumpla la misma finalidad.
La Agencia de Recaudación Fueguina se encuentra facultada para calificar a los sujetos pasivos, categorizarlos y crear un Registro Especial a fin de obtener un estricto control de las actividades y/u operaciones que efectúen.
PLURALIDAD DE PERSONAS REALIZANDO UN MISMO ACTO.
Artículo 43.- Cuando un mismo acto, operación o situación que origine obligaciones fiscales sea realizado o se verifique respecto de dos (2) o más personas, todas serán consideradas como contribuyentes por igual y obligadas solidariamente al pago del gravamen en su totalidad. Ello sin perjuicio del derecho de la Administración de dividir la obligación a cargo de cada una de ellas. 
CONJUNTO ECONÓMICO.
Artículo 44.- Los actos, operaciones o situaciones en que interviniese una persona o entidad se atribuirán también a otra persona o entidad con la cual aquella tenga vinculaciones económicas o jurídicas, cuando de la naturaleza de esas vinculaciones resultare que ambas personas o entidades pueden ser consideradas como constituyendo una unidad o conjunto económico que hubiere sido adoptado exclusivamente para eludir en todo o en parte obligaciones fiscales. En este caso, ambas personas o entidades se considerarán como contribuyentes codeudores de los gravámenes con responsabilidad solidaria y total.
RESPONSABLES.
Artículo 45.- Son responsables, y están obligados a ingresar el tributo correspondiente como responsables del cumplimiento por deuda ajena en la forma y oportunidad debida que corresponda así como a cumplir con los restantes deberes que le impongan las disposiciones en vigor:
a)	el cónyuge, que percibe y dispone de todos los réditos propios del otro;
b)	los padres, tutores o curadores de los incapaces o inhabilitados, total o parcialmente;
c)	los síndicos designados en los concursos preventivos o quiebras y los liquidadores de entidades financieras regidas por la Ley nacional 21.526 o de otros entes cuyos regímenes legales prevean similar procedimiento, representantes  de  las  sociedades  en liquidación, los  albaceas  o administradores legales o judiciales de las sucesiones y, a falta de éstos, el cónyuge supérstite y los herederos;
d)	los directores, gerentes y demás representantes, fiduciarios y administradores  de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonios a que se refiere el artículo 42 de este Código;
e)	 los  administradores  de  patrimonios,  empresas  o  bienes,  que  en ejercicio de sus funciones puedan determinar la materia imponible que gravan las  respectivas  normas  tributarias  con relación a los titulares de aquéllos y pagar el gravamen correspondiente; y en las mismas condiciones los mandatarios con facultad de percibir dinero;
f)	los agentes de retención, recaudación o de percepción de los impuestos;
g)	los fiduciarios en las operaciones de fideicomiso previstas en la Ley nacional 24.441, cuando el fideicomiso sea sujeto del impuesto según lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 42 de este Código;
h)	los responsables sustitutos en la forma y oportunidad que, para cada caso, se estipule en las respectivas normas de aplicación;
i)	los mandatarios y/o presentantes de trámites ante los registros de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA) y los que por sus funciones públicas o por razón de su actividad, oficio o profesión, intervengan en actos u operaciones sujetos a impuesto, tasas o contribuciones, o respecto de los bienes que administren y dispongan;
j)	los que trasladen o transporten en forma onerosa o gratuita, habitual u ocasional, mercaderías, productos y/o todo tipo de cargas propias o ajenas, sujetas a impuestos, tasas o contribuciones, entre dos o más puntos dentro del territorio provincial, o que provengan desde otra jurisdicción provincial o nacional con destino a un punto o varios del territorio de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
k)	Los usufructuarios de bienes muebles o inmuebles sujetos al impuesto correspondiente; y
l)	los terceros que, incluso cuando no tuvieran deberes tributarios a su cargo, faciliten con su culpa o dolo la evasión del tributo.
EFECTOS DE LA RESPONSABILIDAD: “LA SOLIDARIDAD”.
Artículo 46.- Los responsables indicados en el artículo precedente, por otras disposiciones del Código o en virtud de leyes especiales responden en forma solidaria e ilimitada con el contribuyente por el pago de los gravámenes. A tal efecto, debe seguirse el procedimiento establecido en el artículo 51 de este Código.
Los indicados en los incisos d) y e) del artículo precedente, se eximirán de esta responsabilidad solidaria si acreditan haber exigido de los sujetos pasivos de los gravámenes los fondos necesarios para el pago y que estos los colocaron en la imposibilidad de cumplimiento en forma correcta y tempestiva.
Los responsables indicados en el inciso f) del artículo precedente, se eximirán si acreditan fehacientemente que el contribuyente o responsable ha extinguido la obligación tributaria. La retención, percepción o recaudación oportunamente practicada libera al contribuyente principal de toda consecuencia siempre que pueda acreditar fehacientemente la retención, percepción o recaudación que se le hubiera realizado.
En todos los casos, los convenios referidos a obligaciones tributarias realizados entre los contribuyentes y responsables o entre estos y terceros de ningún modo son oponibles al Fisco.
RESPONSABILIDAD POR LOS DEPENDIENTES O SUBORDINADOS.
Artículo 47.- Los contribuyentes o responsables responden por las consecuencias de los hechos y omisiones de sus factores, agentes o dependientes, incluyendo las sanciones, gastos y honorarios consiguientes. La responsabilidad aludida es la establecida en el artículo 46 de este Código.
RESPONSABILIDAD DE LOS SÍNDICOS Y LIQUIDADORES.
Artículo 48.- Los síndicos designados en los concursos preventivos y en las quiebras y los liquidadores de entidades financieras regidas por la Ley nacional 21.526 o de otros entes cuyos regímenes legales prevean similares procedimientos, deberán dentro de los treinta (30) días corridos de haber aceptado su designación informar a la Administración la nómina de los bienes inmuebles y muebles registrables, indicando los períodos por los que los mismos registren deudas.
Tratándose del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, los síndicos o liquidadores deberán suministrar la información que surja de la documentación de los fallidos o liquidados por todos los períodos fiscales no prescriptos.
En caso de incumplimiento de estas obligaciones, serán considerados responsables por la totalidad del gravamen que resultare adeudado conforme el artículo 46 de este Código.
SUCESORES A TÍTULO PARTICULAR DE EMPRESAS, EXPLOTACIONES O BIENES.
Artículo 49.- Los sucesores a título particular en el activo y pasivo de empresas o explotaciones o en bienes que constituyan el objeto de hechos imponibles o servicios retribuibles o beneficios que originen contribuciones, responderán solidariamente con el contribuyente y demás responsables por el pago de impuestos, tasas y contribuciones, con sus accesorios. La responsabilidad de los adquirentes cesará:
a)	cuando la Administración hubiere expedido certificación de no adeudarse ningún impuesto, tasa o contribución, según corresponda; y
b)	a los ciento ochenta (180) días de efectuada la denuncia del acto jurídico de transferencia ante la Administración si, al vencimiento de dicho plazo, ésta no hubiese expedido el certificado aludido en el inciso a).
La responsabilidad a la que alude el presente artículo es la establecida en el artículo 46 del presente Código.
RESPONSABILIDAD DEL CONSUMIDOR FINAL
Artículo 50.- Es obligación del tercero particular que intervenga en actos u operaciones sujetas a impuestos, cuyo monto total sea superior a PESOS VEINTE ($ 20), o al monto que fije la Agencia de Recaudación Fueguina, exigir al contribuyente la emisión y entrega del comprobante que corresponda a cada tipo de acto u operación y exhibirlos cuando lo requiera un funcionario de la Agencia de Recaudación Fueguina.
Entiéndase por tercero particular la persona física o jurídica que participe como contratante del contribuyente, por sí o por otro, en cualquiera de las etapas del proceso de industrialización y/o comercialización de bienes y servicios.
El incumplimiento de dicha obligación hará pasible al tercero particular de asumir el carácter de responsable solidario del impuesto debiendo abonar el importe del tributo cuyo monto surge de la alícuota que sea aplicable a la operación que da origen al hecho imponible, sin perjuicio de la multa prevista por el artículo 101  de conformidad con lo que reglamente la Agencia de Recaudación Fueguina.
Sin perjuicio de todo ello, es obligación del contribuyente fijar en lugar visible y de modo claro las disposiciones precedentes para que pueda ser leída por el tercero particular contratante. En caso de incumplimiento tendrá la sanción establecida en el artículo 101 de este Código, de acuerdo con lo que reglamente la Agencia de Recaudación Fueguina.
La sanción al que haya incumplido el deber de emitir o entregar facturas o comprobantes equivalentes será un requisito previo para que recaiga sanción al consumidor final por la misma omisión.
PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA SOLIDARIDAD.
Artículo 51.- El procedimiento para hacer efectiva la solidaridad establecida en el artículo 46 deberá promoverse contra todos los responsables a quienes se pretende obligar, debiendo extenderse los procedimientos administrativos a todos los involucrados de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 del presente Código.
SOLIDARIDAD. EFECTOS.
Artículo 52.- Los efectos de la solidaridad son los siguientes:
1.	la obligación puede ser exigida, total o parcialmente, a cualquiera de los deudores, a elección del sujeto pasivo;
2.	el pago efectuado por uno de los deudores libera a los demás;
3.	el cumplimiento de un deber formal por parte de uno de los obligados no libera a los demás cuando sea de utilidad para el sujeto activo que los otros obligados lo cumplan;
4.	la extensión o remisión de las obligaciones libera a todos los deudores salvo que el beneficio haya sido concedido a determinada persona. En este caso el sujeto activo podrá exigir el cumplimiento a los demás con deducción de la parte proporcional al beneficiado; y
5.	 cualquier interrupción o suspensión de la prescripción, caducidad o cosa juzgada favorece o perjudica a los demás.
TÍTULO SEXTO
DETERMINACIÓN Y PERCEPCIÓN DE LOS TRIBUTOS
DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. 
Artículo 53.- La determinación de las obligaciones tributarias se efectuará en base a o mediante:
a)	declaraciones juradas que los contribuyentes, responsables o terceros deberán presentar a la autoridad de aplicación, sea en soporte papel, por medios electrónicos o magnéticos; 
b)	datos que la Agencia posea y utilice para efectuar la determinación o liquidación administrativa, según lo establecido con carácter general para el gravamen de que se trate;
c)	exhibición de  los documentos que sean pertinentes;y
d)	procedimiento de determinación de oficio.
La declaración jurada deberá contener todos los datos y elementos necesarios para hacer conocer el hecho imponible realizado y el monto del tributo. La información estará resguardada por el artículo 11 de este Código.
Cuando la Agencia de Recaudación Fueguina lo juzgue necesario podrá también hacer extensiva la obligación impuesta en este artículo a los terceros que de cualquier modo intervengan en las operaciones o transacciones de los contribuyentes y demás responsables, que estén vinculados a los hechos gravados por las leyes respectivas.
LIQUIDACIONES EXPEDIDAS MEDIANTE SISTEMAS DE COMPUTACIÓN.
Artículo 54.- Las liquidaciones de impuestos previstas en el artículo anterior así como las de intereses resarcitorios, punitorios y anticipos pueden expedirse por la Agencia de Recaudación Fueguina mediante sistemas de computación, por medios electrónicos o magnéticos y constituirán título suficiente a los efectos de la intimación de pago de los mismos si contienen la sola impresión del nombre y cargo del Juez administrativo. 
OBLIGATORIEDAD DE PAGO. FACULTAD VERIFICATORIA. DECLARACIONES JURADAS RECTIFICATIVAS.
Artículo 55.- La declaración jurada presentada por el contribuyente o responsable obliga al declarante al pago de la suma allí indicada, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones posteriores salvo por errores de cálculo cometidos en la misma. Sin perjuicio de ello, la declaración jurada presentada estará sujeta a verificación administrativa.  
El contribuyente o responsable podrá presentar la declaración jurada rectificativa si antes no se hubiera determinado de oficio la obligación tributaria o se hubiesen reconocido los cargos formulados en el proceso de fiscalización.
FORMACIÓN DEL SALDO DE DECLARACIÓN JURADA.
Artículo 56.- El importe de impuesto que deben abonar los contribuyentes o responsables en las circunstancias previstas por el artículo 61 y siguientes será el que resulte de deducir del total del gravamen correspondiente al período fiscal que se declare, las cantidades pagadas a cuenta del mismo, las retenciones sufridas por hechos gravados cuya denuncia incluya la Declaración Jurada y los saldos favorables ya acreditados por la Agencia de Recaudación 

Fueguina o que el propio responsable hubiera consignado en declaraciones juradas anteriores, en cuanto estas no hayan sido impugnadas.
Sin la conformidad de la Agencia de Recaudación Fueguina no podrán los responsables deducir, del impuesto que les corresponda abonar, otras cantidades que las provenientes de los conceptos indicados.
IMPORTES IMPROCEDENTES. LA INTIMACIÓN DE PAGO.
Artículo 57.- Cuando en la Declaración Jurada el contribuyente o responsable compute contra el impuesto determinado conceptos o importes improcedentes, tales como retenciones, percepciones, pagos a cuenta, acreditaciones de saldos a favor y/o cuando aplique alícuotas que no se correspondan con las establecidas en la Ley Impositiva del período que se trate para la actividad declarada, no procederá para su impugnación el procedimiento establecido en los artículos 62 y siguientes de este Código, sino que bastará la simple intimación de pago de los conceptos reclamados o la diferencia que generen en el resultado de dicha Declaración Jurada. 
Para el supuesto en el que los agentes de retención, percepción o recaudación –habiendo practicado la retención, percepción o recaudación correspondiente- hubieran presentado declaraciones juradas determinativas o informativas de su situación frente al gravamen de que se trate o, alternativamente, la Administración constatare la retención o percepción practicada a través de los pertinentes certificados en cuyo caso no será de aplicación el procedimiento establecido por los artículos 62 y siguientes, bastando la simple intimación de pago.
En todos los casos, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder.
PERCEPCIÓN EN LA FUENTE.
Artículo 58.- La percepción de los tributos se hará en la misma fuente cuando así lo establezcan las leyes impositivas o cuando la Agencia de Recaudación Fueguina, por considerarlo conveniente y mediante resolución fundada, disponga qué personas y en qué casos intervendrán como agentes de retención y/o percepción. 
En caso de incumplimiento resultarán de aplicación las disposiciones de los artículos 82, 83, 88 y 101, en caso de corresponder y artículos concordantes.
DETERMINACIÓN SOBRE BASE CIERTA.
Artículo 59.- La determinación de oficio se practicará sobre base cierta cuando el contribuyente o los responsables suministren a la Agencia de Recaudación Fueguina todos los elementos comprobatorios de las operaciones o situaciones que constituyen hechos imponibles o cuando las normas fiscales establezcan taxativamente los hechos y circunstancias que la autoridad de aplicación debe tener en cuenta a los fines de la determinación. 
DETERMINACIÓN SOBRE BASE PRESUNTA. 
Artículo 60.- Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en el artículo anterior, la Agencia de Recaudación Fueguina practicará la determinación de oficio sobre base presunta considerando todos los hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión con las normas fiscales, se conceptúen como hecho imponible y permitan inducir en el caso particular la procedencia y el monto del gravamen. 
La determinación de oficio sobre base presunta se efectuará también cuando de hechos conocidos se presuma que hubiera habido hechos imponibles, y su posible magnitud, por los cuales se hubiere omitido el pago de los impuestos. 
En las determinaciones de oficio sobre base presunta podrán aplicarse los promedios y coeficientes generales que a tal fin establezca la Agencia de Recaudación Fueguina en  relación a explotaciones de un mismo género conforme lo establecido en el artículo 65 de este Código.
DETERMINACIÓN DE OFICIO. LIQUIDACIÓN ADMINISTRATIVA.
Artículo 61.- Cuando no se hayan presentado declaraciones juradas o resulten impugnables las presentadas, la Agencia de Recaudación Fueguina procederá a determinar de oficio la materia imponible o el quebranto impositivo, en su caso, y a liquidar el gravamen correspondiente, sea en forma directa por conocimiento cierto de dicha materia, sea mediante estimación si los elementos conocidos solo permiten presumir la existencia y magnitud de aquélla.
Las liquidaciones y actuaciones practicadas por los inspectores y demás empleados que intervienen en la fiscalización de los tributos, no constituyen determinación administrativa de aquellos, la que solo compete a los funcionarios que ejercen las atribuciones de jueces administrativos.
Cuando se trate de liquidaciones administrativas el responsable podrá manifestar su disconformidad antes del vencimiento general del gravamen; no obstante ello, cuando no se hubiere recibido la liquidación quince (15) días antes del vencimiento, el término para hacer aquella manifestación se extenderá hasta quince (15) días después de recibida. El rechazo del reclamo autorizará al responsable a interponer los recursos previstos en el artículo 148 en la forma allí establecida.
Por cada notificación que practique la Administración, conformadas o no por el contribuyente, se abonará un cargo que será fijado por la Ley Impositiva y reglamentado por el Director Ejecutivo. 
También se aplicará un cargo por cada notificación que requiera de la presentación de declaraciones juradas o documentación equivalente por la que se abonará un cargo que será fijado por la Ley Impositiva y reglamentado por el Director Ejecutivo.
PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE OFICIO.
Artículo 62.- El procedimiento que determine, total o parcialmente, la obligación tributaria se iniciará por la Administración que correrá vista al contribuyente o responsable de las actuaciones administrativas y de las impugnaciones o cargos que se le formulen proporcionando detallado fundamento de los mismos por el término de quince (15) días.
Reconociendo, negando u observando los hechos y el derecho controvertido, dentro del plazo establecido en el párrafo precedente el cual podrá ser prorrogado por otro lapso igual y por única vez, el contribuyente o responsable deberá contestar la vista: descargo. En este acto deberá acompañarse, conjuntamente, la prueba documental y ofrecerse los restantes medios probatorios que hagan a su derecho. No será admisible la prueba testimonial. Podrá agregar informes, certificaciones o pericias producidas por profesionales con título habilitante. Si no compareciera dentro del plazo fijado, las actuaciones continuarán en rebeldía.
La Administración abrirá la causa a prueba disponiendo la producción y/o desestimando aquella que resulta inconducente, improcedente o meramente dilatoria. El interesado dispondrá para la producción de la prueba del término que a tal efecto le fije la Administración y bajo ningún supuesto podrá ser inferior a quince (15) ni mayor a sesenta (60) días. 
La Agencia podrá disponer medidas para mejor proveer en cualquier estado del trámite con notificación al interesado.
La prueba no ofrecida o acompañada al momento de presentarse el descargo no puede ser ofrecida en las instancias posteriores, salvo la referida a hechos nuevos no contemplados en la vista o a la necesaria para refutar el resultado de medidas para mejor proveer. Esta limitación no será aplicable en materia sancionatoria.
Vencido el término probatorio o cumplidas las medidas para mejor proveer, la Administración dictará, dentro del plazo de noventa (90) días, resolución fundada determinando el tributo e intimando el pago. No habiéndose abierto a prueba, la Administración deberá dictar resolución en el mismo plazo, a contar desde la presentación del descargo o desde la fecha de vencimiento para formular descargo cuando se hallare en rebeldía, la causa sea de puro derecho o la prueba ofrecida improcedente. 
Vencido los términos indicados precedentemente sin que la Administración dicte la resolución determinativa, el contribuyente o responsable podrá requerir pronto despacho. Recibido el requerimiento de pronto despacho, la Administración deberá dictar la resolución determinando el tributo e intimando al pago dentro del plazo de quince (15) días. No habiéndose dictado la resolución en el plazo antedicho, caducará el procedimiento sin perjuicio de la validez de las actuaciones administrativas realizadas. En este supuesto,  la Agencia de Recaudación Fueguina podrá iniciar, por una única vez, un nuevo proceso de determinación de oficio, previa autorización del titular de la Agencia de Recaudación Fueguina, de lo que se dará conocimiento dentro del término de diez (10) días al ente que ejerza la superintendencia respecto de la Administración, con expresión de las razones que motivaron el evento y las medidas adoptadas en el orden interno.
No será necesario dictar resolución determinando la obligación tributaria e intimando al pago si, antes de ese acto, prestase el contribuyente o responsable su conformidad con las impugnaciones o cargos formulados, la que surtirá entonces los efectos de una declaración jurada para el responsable y de una determinación de oficio para la Administración.  
Si la disconformidad ocurriere en cuanto a errores de cálculo respecto de las liquidaciones administrativas practicadas por la Agencia de Recaudación Fueguina dicha disconformidad se resolverá sin sustanciación. Si la disconformidad se refiere a cuestiones conceptuales deberá estarse al procedimiento establecido en el presente Artículo.  
En los casos en que exista determinación de oficio, total o parcial, la notificación de la resolución deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 23 del presente Código. Asimismo, el contribuyente o responsable podrá interponer el recurso previsto en el artículo 148 del presente; caso contrario, surtirá el efecto establecido en el artículo presedente.
MODIFICACIÓN Y EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE OFICIO.
Artículo 63.- La resolución que determina de oficio la obligación tributaria adquirirá firmeza vencido el término de quince (15) días desde la notificación al contribuyente o responsable salvo que se interponga contra ella el recurso previsto en el artículo 148 del presente Código.
Válidamente notificada, la resolución determinativa, solo podrá ser modificada cuando en la resolución respectiva se hubiera dejado expresa constancia del carácter parcial de la determinación realizada y de los aspectos fiscalizados o cuando surjan nuevos elementos de juicio, se descubran errores, omisiones o fraudes en la exhibición o consideración de los datos o elementos que sirvieron de base para la determinación por la autoridad de aplicación.
PAGO PROVISORIO DE IMPUESTOS VENCIDOS.
Artículo 64.- En aquellos supuestos en que los contribuyentes o responsables no ingresen uno o más de los anticipos fiscales liquidados por la Agencia de Recaudación Fueguina, esta podrá requerirles el pago de los mismos por vía de apremio.
Asimismo, en los casos de contribuyentes o responsables que liquiden el impuesto sobre la base de declaraciones juradas y omitan la presentación de las mismas por uno o más anticipos fiscales y cuando la autoridad de aplicación conozca por declaraciones o determinaciones de oficio la medida en que les ha correspondido tributar total o parcialmente gravamen en períodos anteriores, sobre la base de los anticipos o los saldos de declaración jurada efectivamente ingresados, los emplazará para que en el término de diez (10) días presenten las declaraciones juradas e ingresen el tributo correspondiente.
No habiéndose cumplido con dicha intimación podrá requerirles, sin otro trámite por vía de apremio el pago a cuenta del gravamen que en definitiva les sea debido abonar, de una suma equivalente a tantas veces el gravamen ingresado en la última oportunidad declarada o determinada, respecto a cualquiera de los anticipos o saldos de declaración jurada de los períodos por los cuales dejaron de presentar declaraciones. 
A tal fin el monto de la obligación tributaria del último anticipo impositivo o saldo de declaración jurada anual, declarado o determinado, podrá ser corregido mediante la aplicación de un coeficiente indicativo de la variación de precios ocurrida durante el término transcurrido entre el último anticipo fiscal declarado o determinado y los de cada uno de los anticipos no declarados. La Agencia de Recaudación Fueguina utilizará los índices de precios que resulten compatibles con la actividad desarrollada por el contribuyente o responsable.
Vencido el plazo de diez (10) días indicado precedentemente, se librará la constancia de deuda correspondiente y se iniciarán las acciones de apremio, con el alcance previsto en los artículos 130 y concordantes de este Código.
Asimismo, no se admitirá ningún tipo de reclamo contra el importe requerido sino por la vía de la repetición establecida en el artículo 157 y previo pago de las costas y gastos del juicio e intereses que correspondan –condición sine qua non para la procedencia de la misma-.
En los casos de concursos civiles o comerciales, la liquidación de deuda confeccionada conforme el procedimiento descripto anteriormente, aún sin la previa intimación al concursado, expedida por el funcionario autorizado a tal efecto, será título suficiente a los efectos de solicitar la verificación del crédito fiscal ante la Sindicatura.
PRESUNCIONES. INGRESOS GRAVADOS.
Artículo 65.- Para efectuar la determinación de oficio sobre base presunta podrán servir como indicio: 
I. el capital invertido en la explotación, las fluctuaciones patrimoniales, el volumen de las transacciones y/o ventas de otros períodos fiscales, el monto de las compras, utilidades, la existencia de mercaderías, el rendimiento normal del negocio o explotación o de empresas similares, los gastos generales de aquellos, los salarios, el alquiler del negocio y de la casa-habitación, el nivel de vida del contribuyente y cualesquiera otros elementos de juicio que obren en poder de la autoridad de aplicación o que deberán proporcionarle los agentes de retención, cámaras de Comercio o Industria, Bancos, Asociaciones Gremiales, Entidades Públicas o Privadas, o cualquier otra persona que posea información útil al respecto, relacionada con el contribuyente y que resulte vinculada con la verificación de los hechos imponibles. 
A los efectos de este artículo y para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos podrá tomarse como presunción general, salvo prueba en contrario, que: 
1.	Cuando las diferencias físicas de inventario de mercaderías comprobadas por la autoridad de aplicación valuadas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Impuesto a las Ganancias fueran superiores al declarado o registrado por el contribuyente, cualitativamente representan un indicio de montos de ventas gravadas omitidas del ejercicio en curso.
Los montos de ventas gravadas omitidas se determinaran aplicando sobre el valor determinado  conforme lo dispuesto en el párrafo precedente el coeficiente que resulte de dividir el monto de ventas gravadas, correspondientes al Ejercicio Fiscal cerrado inmediato anterior a aquel en que se verifiquen las diferencias de inventarios, declaradas o registradas, ajustadas impositivamente, según corresponda, por el valor de las mercaderías en existencia al final del ejercicio citado precedentemente, declaradas o registradas, ajustadas impositivamente, según corresponda;
2.	las diferencias entre la producción considerada por el contribuyente a los fines tributarios teniendo en cuenta las existencias iniciales y finales y la información obtenida por relevamiento efectuado por dispositivos de detección remota, procesamiento de imágenes, censores, herramientas satelitales u otros mecanismos tecnológicos de alto nivel de certeza y precisión, previamente valuadas en función de precios oficiales determinados para exportación o en función de precios de mercado en los que el contribuyente acostumbra a operar, representa los montos de ventas omitidas.
3.	el resultado de promediar el total de ventas, de prestaciones de servicios o de cualquier otra operación controlada por la Agencia de Recaudación Fueguina, en no menos de cinco (5) días continuos o alternados, multiplicado por el total de días hábiles comerciales, representan las ventas, prestaciones de servicios u operaciones presuntas del contribuyente o responsable bajo control, durante ese período;
Si el mencionado control se efectuara en no menos de cuatro (4) meses continuos o alternados de un mismo ejercicio comercial o fiscal, el promedio de ventas, prestaciones de servicios u operaciones se considerará suficientemente representativo y podrá también aplicarse a los demás meses no controlados del mismo período, a condición de que se haya tenido debidamente en cuenta la estacionalidad de la actividad o ramo de que se trate. 
La diferencia de ventas, prestaciones de servicios u operaciones detectadas en ese período entre las declaradas o registradas y las ajustadas impositivamente, se considerarán ventas, prestaciones de servicios u operaciones gravadas o exentas en el impuesto en la misma proporción que tengan las que hubieran sido declaradas o registradas en cada uno de los períodos del ejercicio comercial anterior;
4.	ante la comprobación de omisión de contabilizar, registrar o declarar: 
a)	ventas o ingresos, el monto detectado se considerará para la base imponible en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Si el monto detectado corresponde a un período fiscal inferior a un (1) mes, el porcentaje que resulte de compararlas con las registradas, informadas, declaradas o facturadas conforme a las normas legales vigentes, de ese mismo período, aplicado sobre las ventas de los últimos doce (12) meses, que pueden no coincidir con el ejercicio comercial, determinara, salvo prueba en contrario, diferencias de ventas que se consideraran en la misma forma que se prescribe en el inciso e) precedente para los meses involucrados y teniendo en cuenta lo allí determinado sobre la estacionalidad de la actividad o ramo de que se trate.
Si la fiscalización y la comprobación de operaciones marginales abarcare un periodo fiscal, la presunción a que se refiere el párrafo precedente se aplicará, del modo allí previsto, sobre los años no prescriptos; 
b)	compras, determinado el monto de las mismas, se considerarán ventas omitidas el monto resultante de adicionar a las compras omitidas el porcentaje de utilidad bruta sobre compras declaradas por el obligado en sus declaraciones juradas impositivas y otros elementos de juicio a falta de aquellas, del ejercicio; y 
c)	gastos, se considerará que el monto omitido y comprobado, representa utilidad bruta omitida del período fiscal al que pertenezcan los gastos y que se corresponden con ventas o ingresos omitidos del mismo período. 
A fin de determinar las ventas o ingresos omitidos citados precedentemente, se aplicará el procedimiento establecido en el segundo párrafo del inciso c); 
5.	los incrementos patrimoniales no declarados o no justificados total o parcialmente en el Impuesto a las Ganancias más un diez por ciento (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida, representan montos de ventas omitidas determinadas por la suma total de los mismos.
Los montos de ventas omitidas indicadas previamente, serán atribuidos a cada uno de los meses calendarios comprendidos en el ejercicio comercial o impositivo en el que se constataren las mismas, prorrateándolas en función de las ventas gravadas, no gravadas o exentas que se hubieren declarado o registrado;
6.	los depósitos bancarios, debidamente depurados, que superen las ventas y/o ingresos declarados del período, representan los montos de ventas omitidas, determinadas por la suma equivalente a los mismos.
Los montos de ventas omitidas indicadas previamente, serán atribuidas a cada uno de los meses calendarios comprendidos en el ejercicio comercial o impositivo en el que se constataren las mismas, prorrateándolas en función de las ventas gravadas, no gravadas o exentas que se hubieren declarado o registrado;
7.	el importe de las remuneraciones abonadas al personal en relación de dependencia no declarado, así como las diferencias salariales no declaradas, representan montos de ventas omitidas determinadas por un monto equivalente a las remuneraciones no declaradas en concepto de incremento patrimonial, más un diez por ciento (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida. 
Los montos de ventas omitidas indicadas previamente, serán atribuidas a cada uno de los meses calendarios comprendidos en el ejercicio comercial o impositivo en el que se constataren las mismas, prorrateándolas en función de las ventas gravadas, no gravadas o exentas que se hubieren declarado o registrado;
8.	el valor de la mercadería que se traslade o transporte dentro del territorio provincial sin la documentación respaldatoria exigida por la Agencia de Recaudación Fueguina se considerará monto de ingreso gravado omitido del mes en el que se haya detectado. En caso de reincidencia dentro de un plazo de veinticuatro (24) meses se considerará que dicho ingreso también fue omitido en cada uno de los últimos seis (6) meses incluido el de detección, y que se corresponden con ventas o ingresos omitidos durante el mismo lapso; 
9.	por el ejercicio de la actividad específica de profesionales matriculados en la Provincia, que los importes netos declarados en el Impuesto al Valor Agregado por los años no prescriptos, constituyen monto de ingreso gravado del impuesto sobre los Ingresos Brutos, debiéndose considerar las declaraciones del referido impuesto nacional que se correspondan con el anticipo del impuesto sobre los Ingresos Brutos objeto de determinación o en su defecto, la anterior o posterior más próxima. Tratándose de contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, que el importe establecido como límite máximo de ingresos brutos anuales de la categoría en la que se encuentra encuadrado el contribuyente en el último mes del lapso fiscalizado, constituye monto de ingreso gravado del impuesto sobre los Ingresos Brutos de los últimos doce (12) meses; como así también, que dicho ingreso fue omitido en los períodos fiscales anteriores no prescriptos; 
10.	El ingreso bruto de un período fiscal se presume no podrá ser inferior a tres (3) veces las remuneraciones básicas promedio del Convenio Colectivo de Trabajo propio de la actividad, conforme a los Indicadores Mínimos de Trabajadores (IMT) previsto en la Ley nacional 26.063 y en la resolución 2927/10 AFIP o la que en el futuro la remplace, o el alquiler que paguen o el que se comprometieran a pagar, el que fuera mayor correspondiente al mismo período. 
Cuando los importes locativos de los inmuebles que figuren en los instrumentos sean notoriamente inferiores a los vigentes en plaza, o cuando no figure valor locativo alguno, y ello no sea debidamente fundado y documentado por los interesados, por las condiciones de pago, por las características peculiares del inmueble o por otras circunstancias, la Agencia de Recaudación Fueguina podrá impugnar dichos precios y fijar de oficio un precio razonable de mercado, solicitar valuaciones e informes a entidades públicas o privadas; 
11.	cuando los precios de inmuebles que figuren en los boletos de compraventa y/o escrituras sean notoriamente inferiores a los vigentes en plaza al momento de su venta, y ello no sea debidamente fundado y documentado por los interesados, por las condiciones de pago, por características peculiares del inmueble o por otras circunstancias la Agencia de Recaudación Fueguina podrá, a los fines de impugnar dichos precios y fijar de oficio un precio razonable de mercado, solicitar valuaciones e informes a entidades públicas o privadas. 
Asimismo, a los efectos de lo previsto en este artículo, la autoridad de aplicación podrá valerse de cualquiera de las presunciones previstas en el artículo siguiente, aún con relación a contribuyentes o responsables que no revistan las características mencionadas en el primer párrafo de dicho artículo; 
II. para determinar la cuantía de las ventas, prestaciones de servicios u operaciones, en los casos de contribuyentes o responsables que no hubiesen presentado declaraciones juradas o abonado la liquidación practicada por la autoridad de aplicación por seis (6) o más anticipos correspondientes al período fiscal en curso o a los últimos dos (2) períodos fiscales vencidos; o que habiéndolas presentado, hayan declarado no tener actividad en seis (6) o más anticipos correspondientes al período fiscal en curso o a los últimos dos (2) períodos fiscales vencidos, en contraposición a lo que resulta de la información a su respecto suministrada por terceros; o hayan declarado un importe de ingresos inferior al que resultara verificado en un procedimiento de control de operaciones o de facturación realizado por la autoridad de aplicación durante el lapso de un (1) día o más, o al que resulte del cruce de información de terceros; o hayan surgido diferencias entre las sumas declaradas y las obtenidas luego de la aplicación de los promedios o coeficientes elaborados en base a información de explotaciones de un mismo género, podrá tomarse como presunción, salvo prueba en contrario, que: 
a)	el importe de ingresos que resulte del control que la autoridad de aplicación efectúe sobre la emisión de comprobantes durante el lapso de un día, o el resultado de promediar los ingresos controlados cuando el procedimiento se realice durante dos (2) días o más, multiplicado por las dos terceras partes de los días hábiles comerciales del mes en que se realice, a condición de tener debidamente en cuenta la representatividad que en el mes exhiba el lapso durante el cual se llevó acabo el procedimiento según la actividad o ramo de que se trate, constituye monto de ingreso gravado por el impuesto sobre los Ingresos Brutos para ese período. 
Asimismo, se considerará que el importe estimado es ingreso gravado en los demás meses no controlados de ese período fiscal y de los dos (2) últimos períodos fiscales vencidos, a condición de que se haya tenido debidamente en cuenta la estacionalidad de la actividad o ramo de que se trate;
b)	el equivalente hasta tres (3) veces el monto total de liquidaciones por ventas, prestación de servicios o cualquier otra operación del contribuyente, autorizadas y efectuadas a través de tarjetas de crédito o débito, informado por las entidades emisoras de las mismas, constituye ingreso gravado del período fiscal en el que se han realizado. En el supuesto que se hubiera realizado un procedimiento de control de la facturación conforme lo previsto en el apartado anterior, a los fines de establecer el importe de ingreso gravado, se considerará la participación que representan las ventas con tarjeta sobre el total de operaciones controladas;
c)	El equivalente hasta tres (3) veces el monto total de las acreditaciones bancarias, neto de remuneraciones obtenidas en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones, préstamos de cualquier naturaleza, transferencias entre cuentas del mismo titular y contrasientos por error, efectuadas en cuenta corriente, caja de ahorro y/o similar de titularidad del contribuyente o responsable, durante el lapso de un mes, constituye monto de ingreso gravado del impuesto sobre los Ingresos Brutos para ese período. En aquellos supuestos en que las acreditaciones bancarias se produzcan en cuentas pertenecientes a más de un titular, para estimar el importe de ingresos gravados, la autoridad de aplicación tomará en consideración el monto que resulte de dividir el total de dichas acreditaciones en tantas partes iguales como cotitulares de la cuenta bancaria existan, salvo prueba en contrario;
d)	el monto de las compras no declaradas por el contribuyente, obtenido a partir de la información brindada por proveedores de aquel, más un importe equivalente al porcentaje de utilidad bruta sobre compras declaradas por otros contribuyentes que desarrollen actividades de similar naturaleza y magnitud, se considerará ventas o ingresos omitidos del período de que se trate;
e)	constituye base imponible omitida el importe que resulte de la multiplicación de los volúmenes de producción o comercialización obtenidos mediante dispositivos de detección remota, procesamiento de imágenes, sensores, herramientas satelitales u otros mecanismos tecnológicos de alto nivel de certeza y precisión, con precios de referencia, cotizaciones y datos estadísticos provenientes de organismos oficiales o públicos no estatales, y en su defecto a entes privados vinculados a la actividad;
f)	hasta el treinta por ciento (30%) del producido de las ventas o prestaciones de servicios o volúmenes de producción, obtenidos por el locatario del inmueble arrendado con destino que no sea el de casa habitación, constituye ingreso gravado en concepto de cobro de alquileres del locador contribuyente del Impuesto Inmobiliario, correspondientes al período durante el cual se efectuaron las ventas o se verificó la producción; y
g)	los importes correspondientes a ventas netas declaradas en el Impuesto al Valor Agregado por los años no prescriptos, constituyen monto de ingreso gravado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, debiéndose considerar las declaraciones del referido impuesto nacional que se correspondan con el anticipo del tributo provincial objeto de determinación o en su defecto, la anterior o posterior más próxima.
Se presume el desarrollo de actividad gravada por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos cuando: exista información sobre consumos de servicios por parte del contribuyente o responsable, suministrada por las empresas prestatarias de los mismos y/o por organismos de la Nación, Provincia o Municipios; registre personal en relación de dependencia, conforme la información de organismos sindicales y previsionales; los agentes de recaudación con los que hubiera operado el contribuyente informen la percepción y/o retención del impuesto; o cuando ello resulte de cualquier otro elemento de juicio que obre en poder de la autoridad de aplicación o que le proporcionen los terceros.
La Agencia de Recaudación Fueguina podrá valerse de una o varias de las presunciones previstas en el presente artículo.
La Agencia de Recaudación Fueguina podrá valerse de los indicios, promedios o coeficientes relativos a explotaciones o actividades de un mismo género y de la siguiente información: el consumo de gas, de agua, de energía eléctrica u otros servicios públicos, la adquisición de materias primas o envases, el monto de los servicios de transporte utilizados, el importe de las remuneraciones abonadas al personal en relación de dependencia calculado en función de los aportes de la Seguridad Social conforme dispone la Ley nacional 26.063 o la que en futuro la reemplace, el monto de alquileres o el valor locativo del inmueble cedido gratuitamente donde realiza la actividad, los seguros, seguridad y vigilancia, publicidad, los gastos particulares (alimentación, vestimenta, combustible, educación, salud, servicio doméstico, alquiler, etc.) acorde al nivel de vida de los propietarios o socios, el tipo de obra ejecutada, la superficie explotada y nivel de tecnificación y, en general, el tiempo de ejecución y las características de la explotación o actividad, los datos obtenidos por los software que contabilizan personas y vehículos a través de cámaras de video o filmaciones. Este detalle es meramente enunciativo y su empleo puede realizarse individualmente o utilizando diversos índices en forma combinada. 
Artículo 66.- En los concursos preventivos o quiebras, serán títulos suficientes para la verificación del crédito fiscal correspondiente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, las liquidaciones de deuda expedidas por funcionario autorizado al efecto, cuando el contribuyente o responsable no hubiere presentado Declaración Jurada por uno (1) o más anticipos fiscales y la autoridad de aplicación conozca por declaraciones anteriores, determinaciones de oficio o declaraciones juradas presentadas ante otras administraciones tributarias, la medida en que presuntivamente les corresponda tributar el gravamen respectivo.
TITULO SÉPTIMO
PAGO E INTERESES
RESPECTO DEL PAGO
ANTICIPOS.
Artículo 67.- La Agencia de Recaudación Fueguina podrá exigir con carácter general o para determinada categoría de contribuyentes o responsables, el ingreso de importes a cuenta del tributo que se deba abonar por el período fiscal en curso, en la forma y plazo que se establezca a tal efecto, hasta el vencimiento del plazo general o hasta la fecha de presentación de la declaración jurada, el que fuera posterior.
PAGOS. VENCIMIENTOS.
Artículo 68.- El pago de los gravámenes deberá ser efectuado por los contribuyentes o responsables dentro de los siguientes plazos, en la forma y condiciones que establezca el órgano de aplicación:
a)	los que resulten de declaraciones juradas, al vencimiento general que establezca la Agencia de Recaudación Fueguina;
b)	los que resulten del procedimiento de determinación de oficio, a los quince (15) días de la notificación de la resolución dictada al efecto. En el supuesto que el contribuyente interponga recursos contra la resolución dictada por la autoridad de aplicación, al término de quince (15) días de agotada la vía administrativa;
c)	los que no requieran declaración jurada de los contribuyentes o responsables, a los quince (15) días de realizado el hecho imponible, salvo disposición diferente de las normas fiscales; y
d)	en el caso de liquidaciones administrativas el pago de los impuestos determinados deberá ser efectuado dentro de los quince (15) días de notificada la liquidación respectiva.
Asimismo, la Agencia de Recaudación Fueguina podrá facultar a los contribuyentes y responsables, a efectuar pagos a cuenta de obligaciones fiscales futuras. En caso que los pagos así realizados deviniesen indebidos o sin causa, serán considerados como créditos fiscales a favor del contribuyente y podrán ser objeto de demanda de repetición conforme lo establecido en el artículo 157 en este Código.
PAGO DE MULTAS: TÉRMINO.
Artículo 69.- Las multas por infracciones previstas en los artículos 101, 120 y 121 deberán ser satisfechas por los infractores dentro de los quince (15) días de notificada la resolución respectiva.
DEL SEGUNDO VENCIMIENTO.
Artículo 70.- Cuando el pago de los gravámenes se efectúe mediante la emisión de boletas a través de sistemas de computación, la autoridad de aplicación podrá incluir un segundo vencimiento dentro de los treinta (30) días corridos posteriores al primero. En estos casos corresponderá también incluir la aplicación de un interés igual al previsto en el artículo 82, vigente al momento de disponerse la emisión, proporcional a los días de plazo que medien entre uno y otro vencimiento.
Las instituciones bancarias habilitadas recibirán hasta el segundo vencimiento de la obligación el importe de la misma con más el interés respectivo, sin necesidad de intervención previa de la autoridad de aplicación.
FORMA DE PAGO.
Artículo 71.- El pago deberá efectuarse en efectivo, cheque, giro, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, a través de medios electrónicos, o valores admitidos por el Poder Ejecutivo, en las oficinas o instituciones autorizadas al efecto. 
Cuando el pago se efectúe con tarjetas de crédito y/o débito, el crédito fiscal se considerará cancelado al momento en el cual las entidades emisoras de las citadas tarjetas autoricen la operación a realizar.
Cuando el pago se efectúe con cheque o giro, el crédito fiscal se considerará cancelado al momento de la presentación de los mismos ante la Agencia de Recaudación Fueguina, siempre y cuando su valor se acredite efectivamente en los plazos promedio fijados por las entidades bancarias, momento en el cual quedará facultada la emisión del correspondiente certificado de situación fiscal regular, de corresponder.
FACULTADES DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUINA PARA ESTABLECER OTRAS FORMAS DE PAGO.
Artículo 72.- Si la Agencia de Recaudación Fueguina considerara que la aplicación de las disposiciones relativas a la percepción previstas por las leyes no resultaran adecuadas o eficaces para la recaudación, o la perjudicasen, podrá desistir de ellas, total o parcialmente, y disponer otras formas y plazos de ingreso.
LUGAR DE PAGO.
Artículo 73.- Los pagos de los tributos deberán efectuarse en las instituciones bancarias u oficinas habilitadas por la Agencia de Recaudación Fueguina.
RESPONSABLE SUSTITUTO.
Artículo 74.- Dispónese que el contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos no residente en el territorio nacional, resultará sustituido en el pago del tributo por el contratante, organizador, administrador, usuario, tenedor, pagador; debiendo ingresar dicho sustituto el monto resultante de la aplicación de la alícuota que corresponda en razón de la actividad de que se trate, sobre los ingresos atribuibles al ejercicio de la actividad gravada en el territorio de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en la forma, modo y condiciones que establezca la Agencia de Recaudación Fueguina.
Artículo 75.- Los responsables determinarán, al efectuar los pagos o los ingresos a cuenta a qué deudas deberán imputarse. Cuando así no lo hicieren y las circunstancias especiales del caso no permitiesen establecer la autoridad de aplicación de oficio imputará el pago de acuerdo al siguiente orden:
1.	a las multas firmes o consentidas;
2.	los recargos;
3.	los intereses moratorios;
4.	los intereses punitorios;
5.	el capital de la deuda principal; y
6.	los cargos -si existieran.
Idéntico criterio se aplicará para la re-imputación de pago respecto de planes de pagos caducos.
COMPENSACIÓN.
Artículo 76.- La autoridad de aplicación podrá compensar de oficio o a pedido de los contribuyentes o responsables, los saldos acreedores provenientes de pagos hechos por error, en demasía o sin causa, con las deudas o saldos deudores de tributos declarados por los contribuyentes o responsables o determinados por la autoridad de aplicación.
La compensación se aplicará de modo tal de extinguir la totalidad de las deudas no prescriptas de la obligación fiscal comenzando por las más remotas y aunque se refieran a distintas obligaciones tributarias, previo de lo cual deberá actualizarse, cuando así correspondiere, débitos y créditos fiscales según las disposiciones vigentes en la materia.
Si una vez extinguida la totalidad de la deuda correspondiente a la obligación fiscal, subsistiese a favor del contribuyente o responsable un remanente, la autoridad de aplicación podrá computar el mismo, en la forma y modo que establezca mediante reglamentación, como pago a cuenta de obligaciones futuras de la misma obligación, o aplicarlo a la cancelación de otras obligaciones adeudadas por el contribuyente o responsable.
La compensación prevista en el presente artículo se efectuará comenzando por los intereses y recargos, siguiendo con las multas y los gravámenes, en ese orden.
Cuando el contribuyente o responsable fuere acreedor del Estado provincial por cualquier motivo, podrá solicitar al Poder Ejecutivo la compensación de su crédito con las obligaciones fiscales que adeude, en la forma que establezca la reglamentación.
ACREDITACIÓN Y DEVOLUCIÓN.
Artículo 77.- Como consecuencia de la compensación prevista en el artículo anterior la Administración podrá de oficio o a solicitud del interesado acreditarle el remanente respectivo o si lo estima necesario en atención al monto o las circunstancias proceder a su devolución.
Los contribuyentes que hayan deducido una acción de repetición no podrán hacer uso del mecanismo dispuesto en el párrafo anterior con relación a los saldos comprendidos en ella, hasta tanto la autoridad de aplicación resuelva su pretensión.
Los agentes de percepción podrán compensar en períodos posteriores, y respecto del mismo gravamen, lo ingresado en exceso por error en las percepciones efectuadas, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación.
Los agentes de retención podrán compensar en operaciones posteriores, previa autorización de la Agencia de Recaudación Fueguina, lo ingresado en exceso por error en las retenciones efectuadas respecto del mismo gravamen a los mismos contribuyentes y responsables.
PRÓRROGA.
Artículo 78.- Facúltase a la Agencia de Recaudación Fueguina para conceder facilidades para el pago de las deudas que los contribuyentes, responsables y terceros mantengan con la Administración que acrediten encontrarse en condiciones económico-financieras que les impidan el cumplimiento oportuno de las obligaciones pertinentes. 
Cuando la deuda se encontrare suficientemente garantizada a satisfacción de la Agencia de Recaudación Fueguina, se aplicará un interés que no podrá exceder del previsto por el artículo 83 y que resultará del cuadro de tasas que establecerá la Agencia de Recaudación Fueguina en atención a la antigüedad de la deuda. 
Cuando la deuda no estuviere garantizada, se aplicará un interés que fijará la Agencia de Recaudación Fueguina dentro de los límites establecidos en el párrafo anterior.
La Agencia de Recaudación Fueguina podrá, en los casos de contribuyentes y responsables concursados, otorgar facilidades especiales para el ingreso de las deudas privilegiadas relativas a tributos y sus actualizaciones a cargo de aquella, originadas con anterioridad al auto de iniciación del concurso preventivo o auto declarativo de quiebra, estableciendo al efecto plazos y condiciones para dicho acogimiento.
Asimismo, la Agencia de Recaudación Fueguina podrá votar favorablemente en las condiciones que se fijen en las propuestas judiciales de acuerdos preventivos o resolutorios, por créditos quirografarios en tanto se otorgue al crédito fiscal idéntico tratamiento que al resto de las deudas quirografarias.
PLANES DE FACILIDADES DE PAGO. 
Artículo 79.- La Agencia de Recaudación Fueguina podrá conceder con carácter general:
1.	planes de facilidades de pago no mayores a cinco (5) años, conforme con lo que establezca la reglamentación, pudiéndose extender a siete (7) años en los casos de concurso o quiebras legislados en las Ley nacional 24.522 o la que en un futuro la reemplace.
No gozarán de este beneficio los agentes de retención y percepción por los importes retenidos y/o percibidos a los contribuyentes o administradores;
2.	prórroga para el cumplimiento de obligaciones formales en la forma que se reglamente.
Los planes de pago podrán instrumentarse a través del sistema de tarjeta de crédito, pudiéndose adicionar el mismo porcentual que se aplique sobre el importe total de débito tributario a financiar en concepto de costo de administración del régimen.
Facúltase al Director Ejecutivo a:
a)	acordar bonificaciones especiales para estimular el ingreso anticipado de impuestos no vencidos;
b)	otorgar esperas y en general a celebrar acuerdos tendiente a asegurar la cancelación de las deudas fiscales pendientes; 
c)	otorgar planes de facilidades de pago no mayores de doce (12) cuotas, conforme con lo que establezca la reglamentación para agentes de retención y percepción por los importes retenidos y/ o percibidos a los contribuyentes o administradores.
Cuando la deuda se encontrare suficientemente garantizada a satisfacción de la Agencia de Recaudación Fueguina, se aplicará un interés que no podrá exceder del previsto por el artículo 83 y que resultará del cuadro de tasas que establecerá la Agencia de Recaudación Fueguina en atención a la antigüedad de la deuda. 
Cuando la deuda no estuviere garantizada, se aplicará un interés que fijará la Agencia de Recaudación Fueguina dentro de los límites establecidos en el párrafo anterior.
En todos los supuestos indicados precedentemente, la solicitud de facilidades que fuera denegada no suspende el curso de los accesorios correspondientes.
GARANTÍA EN SEGURIDAD DE OBLIGACIONES FISCALES.
Artículo 80.- Para garantizar el ingreso de obligaciones en el marco de regímenes de facilidades de pago, o el otorgamiento de esperas para el pago, la Agencia de Recaudación Fueguina podrá exigir que se constituyan garantías tales como aval solidario de entidad de crédito o seguro de caución.
Asimismo podrá admitir garantías que consistan en hipoteca con cláusula de mandato irrevocable de venta, prenda, fianza personal y solidaria u otra que se estime suficiente, en la forma que determine la reglamentación.
La autoridad de aplicación podrá determinar mediante la reglamentación el universo de contribuyentes y/o responsables que resultarán alcanzados por lo dispuesto en el presente Artículo.
En todos los casos, los gastos que deriven de la constitución, modificación y cancelación de las garantías estarán a cargo del contribuyente.
Artículo 81.- La constitución, ampliación, modificación, sustitución, cancelación y extinción de garantías en seguridad de obligaciones fiscales de cualquier naturaleza y de sus intereses, multas y restantes accesorios, como también de los demás actos u operaciones que así lo exijan, podrá efectivizarse por medios electrónicos o magnéticos que aseguren razonablemente la autoría e inalterabilidad de las mismas, en las formas, requisitos y condiciones que a tal efecto establezca la Agencia de Recaudación Fueguina.
RESPECTO DE LOS INTERESES.
RECARGOS. 
Artículo 82.- La falta de pago total o parcial de las obligaciones tributarias en los términos establecidos en este Código o por las leyes tributarias especiales hará surgir, sin necesidad de interpelación alguna, la obligación de abonar simultáneamente con aquellas, más lo establecido por el artículo 83 de este Código en caso de corresponder, un recargo mensual que no podrá exceder, al momento de su fijación, del doble del que aplique el Banco de Tierra del Fuego para las operaciones de descuento de documentos a treinta (30) días.
Dicho recargo será establecido por el Director Ejecutivo el que podrá determinar la forma en que el mismo será prorrateado, quedando facultado, asimismo, para adoptar las medidas que correspondan tendientes a compatibilizar la aplicación del nuevo régimen con el existente hasta el presente y establecer su vigencia. 
Los plazos indicados se contarán en días corridos, desde la fecha en que debió efectuarse el pago y hasta aquella en que el pago se realice, se solicite la compensación, se inicie la acción judicial correspondiente, se acceda a un plan de facilidades de pago o hasta la fecha de la resolución de la Administración que determine la obligación tributaria, la que correspondan según el caso.
La aplicación de los recargos no obsta a lo dispuesto en los artículos, 101, 120 y 121 de este Código. 
Los recargos son aplicables también a los agentes de recaudación que no hubiesen percibido o retenido el tributo y la obligación de pagarlos por parte del agente subsiste aunque el gravamen sea ingresado por el contribuyente u otro responsable.
En el caso de concursos y quiebras, y a los efectos de la solicitud de verificación de créditos, los recargos se computarán desde la fecha en que debió efectuarse el pago hasta la fecha de presentación en Concurso Preventivo o fecha de Sentencia Declarativa de Quiebra, según corresponda. 
Cuando la extinción total o parcial de deudas tributarias vencidas no incluya el recargo resarcitorio generados hasta ese momento, este se capitalizará y generará idéntico recargo desde
ese momento hasta la fecha de su pago.
INTERESES MORATORIOS.
Artículo 83.- Los créditos fiscales por todo concepto que resulten de determinaciones practicadas por la Administración y no sean abonadas dentro de los quince (15) días de notificada la resolución respectiva, devengarán, a partir de la fecha del dictado de la resolución y sin necesidad de interpelación alguna, un interés mensual que no podrá exceder, en el momento de su fijación, del doble del que aplique el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego para las operaciones de descuento de documentos a treinta (30) días.
Dicho interés será establecido por el Director Ejecutivo el que podrá determinar la forma en que el mismo será prorrateado, quedando facultado, asimismo, para adoptar las medidas que correspondan tendientes a compatibilizar la aplicación del nuevo régimen con el existente hasta el presente y establecer su vigencia. 
La presentación en Concurso Preventivo y/o Declaración de Quiebra produce la suspensión de los intereses que devengue todo crédito de causa o título anterior a ella. El cómputo de los mismos renacerá con la homologación del Acuerdo Preventivo y/o resolutorio. 
Cuando el monto del interés no fuera abonado al momento de ingresar el tributo o crédito fiscal adeudado, el mismo constituirá deuda fiscal y será de aplicación, desde ese momento y hasta el de efectivo pago, el régimen dispuesto en el primer párrafo. 
El régimen previsto en el presente artículo no resultará aplicable a deudas por impuestos, tasas, contribuciones u otras obligaciones fiscales originadas en diferencias imputables exclusivamente a errores de liquidación por parte de la autoridad de aplicación, debidamente reconocidos.
VÍA RECURSIVA.
Artículo 84.- Las liquidaciones en concepto de recargos o intereses expedidas por la Administración únicamente podrán ser recurridas mediante la interposición de la demanda de repetición prevista en el artículo 157 de este Código.
LA IMPUTACIÓN DE LOS INTERESES.
Artículo 85.- Los importes abonados de conformidad con lo establecido en los artículos 82 y 83, respecto de anticipos, pagos a cuenta, retenciones y percepciones, no constituyen crédito a favor del contribuyente o responsable contra la deuda del tributo al vencimiento de este, salvo en los casos en que el mismo no fuere adeudado.
FALTA DE RESERVA NO CADUCA DERECHO.
Artículo 86.- La obligación de pagar los intereses o recargos subsiste no obstante la falta de reserva por parte de la Agencia de Recaudación Fueguina al recibir cualquier pago ingresado con posterioridad al vencimiento de la deuda principal, el que será imputado conforme lo dispuesto por el artículo precedente.
SANCIONES. INDEPENDENCIA DE LAS MISMAS.
Artículo 87.- Si la falta de pago, además, encuadra dentro de alguna de las conductas punibles, deberá ser materia de sanción conforme la normativa y el procedimiento vigente.
INTERESES PUNITORIOS.
Artículo 88.- En los juicios de ejecución fiscal se devengará, desde el momento de la interposición de la demanda, un interés mensual punitorio equivalente al doble del fijado en el artículo 83.
El referido interés, al igual que la forma en que el mismo será prorrateado, respecto de otros créditos fiscales que correspondan, será establecido por el Poder Ejecutivo.
TÍTULO OCTAVO
DEBERES FORMALES. FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN.
DEBERES FORMALES. CONCEPTO.
Artículo 89.- Los contribuyentes, agentes de retención, percepción y/o información y demás sujetos responsables deben cumplir con los deberes que este Código o leyes fiscales establezcan con el fin de facilitar la verificación, fiscalización, determinación y recaudación de los impuestos, tasas y contribuciones y sus accesorios.
DEBERES FORMALES.
Artículo 90.- Sin perjuicio de lo que se establezca de manera especial en las leyes tributarias están obligados:
1.	los contribuyentes y responsables a:
a)	inscribirse en los registros que correspondan como contribuyente, agente de retención, percepción e información;
b)	presentar, en tiempo y forma, la declaración jurada o anticipos de todos los hechos imponibles atribuidos a ellos, por las normas de este Código o las leyes fiscales especiales, salvo expresa indicación en contrario;
c)	presentar los estados contables en los casos de contribuyentes o responsables obligados a emitirlos;
d)	emitir y conservar las facturas o documento equivalente por todas las operaciones que efectúe, de conformidad con los requisitos que establezca la reglamentación respectiva, así como a registrar todas sus operaciones en libros o registros determinados, de acuerdo a la legislación nacional o provincial que a tal efecto se fije;

e)	comunicar a la Administración, dentro de los diez (10) días de verificado cualquier cambio en su situación que pueda dar origen a nuevos hechos imponibles, modificar o extinguir los existentes;
f)	conservar por el término de la prescripción y presentar a cada requerimiento de la Administración, todos los elementos y documentos que de algún modo se refieran a las operaciones y situaciones que constituyan los hechos imponibles y sirvan como comprobantes de veracidad de los datos consignados en las declaraciones juradas u otros documentos;
g)	presentar a requerimiento de la Administración originales o copias certificadas de contratos, estatutos, sus modificaciones, actas sociales, papeles de trabajo y cualquier otro documento que la Administración estime necesario para la identificación del sujeto tributario o para evaluar la naturaleza o cuantificación del hecho imponible, así como a conservar y exhibir los certificados o constancias por ella expedidos que acrediten su condición de contribuyente;
h)	contestar cualquier pedido de la Administración de informes y aclaraciones con respecto a sus declaraciones juradas o, en general, a las operaciones y situaciones que, a juicio de la Administración, puedan constituir hechos imponibles;
i)	comunicar directamente y en forma fehaciente a la dependencia que le haya intimado el ingreso o notificado el monto de la deuda fiscal, todo pago relacionado con la misma y no computado en la respectiva liquidación. Esta comunicación deberá realizarla dentro de los diez (10) días corridos de la intimación o notificación. Sin perjuicio de la sanción que corresponda por incumplimiento a los deberes formales, su incumplimiento en caso de juicio de ejecución fiscal relevará a la Administración de la parte de las costas que le puedan corresponder;
j)	facilitar con todos los medios a su alcance las tareas de verificación, fiscalización y determinación de las obligaciones tributarias;
k)	concurrir a las oficinas fiscales cuando su presencia le sea requerida y a acreditar personería cuando correspondiere;
l)	utilizar los certificados, guías, formularios y demás documentos equivalentes que determine la Administración y exhibirlos ante la autoridad competente;
m)	comunicar a los dos (2) días de la petición de concurso preventivo o quiebra propia a la Administración dicha circunstancia, el incumplimiento de esta disposición liberará a la Administración de la carga de las costas;
n)	solicitar las constancias y/o documentación respecto del traslado o transporte de bienes en el territorio provincial, cualquiera fuese el destino y origen de los mismos.
2.	los agentes de retención, percepción y/o información a:
a.	actuar como agente de retención, percepción o información cuando la Administración lo designe como tal;
b.	efectuar retenciones o percepciones de conformidad con las disposiciones legales vigentes;
c.	presentar las declaraciones juradas que les correspondan con la información veraz y completa; y
d.	prestar la debida cooperación a las tareas de determinación, verificación y fiscalización de sus obligaciones conforme a las reglamentaciones vigentes emitidas por la Administración.
FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN. 
Artículo 91.- Con el fin de asegurar la verificación y fiscalización oportuna de la situación impositiva de los contribuyentes y demás responsables, la autoridad de aplicación podrá exigir de ellos y aún de terceros:
a)	la inscripción en tiempo y forma ante las autoridades fiscales correspondientes.
En tal sentido, se faculta a la Agencia de Recaudación Fueguina a unificar el número de inscripción de los contribuyentes con la CUIT establecida por la Administración Federal de Ingresos Públicos;
b)	la presentación de declaraciones en formularios, planillas, soporte magnético u otro medio similar de transferencia electrónica de datos, según se establezca de forma general, conteniendo la información requerida por las normas fiscales o por la autoridad administrativa;
c)	la confección, exhibición y conservación por un término de diez (10) años de los libros de comercio rubricados, cuando corresponda, que registren todas las operaciones que interese verificar, o de libros o registros especiales de las negociaciones y operaciones propias y de terceros que se vinculen con la materia imponible en la forma y condiciones que determine la autoridad de aplicación.
Todas las registraciones contables deberán estar respaldadas por los comprobantes y facturas correspondientes;
d)	el mantenimiento en condiciones de operatividad de los soportes magnéticos que contengan datos vinculados a la materia imponible, por el término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio en el cual se hubieran utilizado;
e)	el suministro de información relativa a terceros;
f)	la comunicación del cambio de domicilio, comienzo o cesación de actividades, transferencia de fondos de comercio, designación de nuevas autoridades societarias, modificación de integrantes de  los órganos de la administración social, cesión de cuotas y/o acciones; o cualquier otro acto que modifique su situación fiscal;
g)	el otorgamiento, con motivo del ejercicio de la actividad, de determinados comprobantes y la conservación de sus duplicados, en la forma y condiciones que establezca la Agencia de Recaudación Fueguina.
Asimismo, la Agencia de Recaudación Fueguina podrá imponer obligaciones referidas a los sistemas de impresión de facturas de venta o documento equivalente;
h)	el uso obligatorio de máquinas registradoras especiales, terminales, o similares, balanzas electrónicas, con medidor fiscal que emita tickets y posean memoria inalterable y de acceso exclusivo de la Agencia de Recaudación o compartido con la Dirección General Impositiva (AFIP), para el control de las obligaciones emergentes de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentran a cargo de ambos organismos de fiscalización.
Los requisitos y características técnicas de los modelos, su aprobación, las condiciones que deben cumplir los fabricantes, proveedores o importadores en lo referente a mantenimiento, provisión de repuestos, controles, garantía de fabricación, así como todo otro requerimiento que deban reunir los equipos y las formalidades referidas al uso de los mismos, serán reglamentadas por la Agencia de Recaudación Fueguina, no pudiendo diferir los mismos de los previstos a tal efecto por las disposiciones nacionales pertinentes;
i)	atender las inspecciones y verificaciones enviadas por la autoridad de aplicación, no obstaculizando su curso con prácticas dilatorias;
j)	cumplir, en el plazo que se fije, las intimaciones o requerimientos que se efectúen;
k)	exhibir los comprobantes de pago, ordenados cronológicamente por vencimiento y por impuesto;
l)	el mantenimiento en condiciones de operatividad de los soportes magnéticos que contengan datos vinculados con la materia imponible;
m)	exigir de las sucursales, agencias, oficinas o anexos, que dependen de una administración central, ubicada fuera de la Provincia y que no puedan aportar directamente los elementos necesarios para determinar las obligaciones, la registración de sus operaciones en libros especiales y conservar la documentación que las respalde. Asimismo, podrá exigirse la exhibición y puesta a disposición de la Administración, por el tiempo que esta estime razonable, de los libros de contabilidad o documentación que los sujetos posean fuera de su domicilio en la Provincia.
La Agencia de Recaudación Fueguina tendrá amplios poderes para verificar en cualquier momento, inclusive en forma simultánea con la verificación del hecho imponible, el cumplimiento que los obligados den a las normas fiscales de cualquier índole.
 A tal fin podrá:
1.	citar al firmante de la Declaración Jjurada, al presunto contribuyente o responsable o a los terceros que a juicio de la autoridad de aplicación tengan conocimiento de las negociaciones u operaciones de aquellos, para que comparezcan a sus oficinas a contestar e informar verbalmente o por escrito, según esta estime conveniente, todas las preguntas o requerimientos que se les hagan sobre los ingresos, egresos, ventas y, en general, sobre las circunstancias y operaciones que a juicio de la autoridad de aplicación estén vinculadas al hecho imponible o a la naturaleza de los actos gravados;
2.	requerir de los contribuyentes, responsables o terceros la presentación de todos los comprobantes, facturas y justificativos que se refieran al hecho precedentemente señalado;
3.	inspeccionar los lugares, establecimientos, bienes, libros, anotaciones, papeles y documentos de contribuyentes o responsables, que puedan registrar o comprobar las negociaciones y operaciones que se juzguen vinculadas a los datos que contengan o deban contener las declaraciones juradas. 
La inspección a que se alude podrá efectuarse aun concomitantemente con la realización y ejecución de los actos u operaciones que interesen a la fiscalización. 
Asimismo, detener e inspeccionar los vehículos automotores, con el fin de verificar la situación impositiva de los contribuyentes y responsables y la documentación respaldatoria de la mercadería transportada. Disponer un régimen de intervención fiscal permanente para determinada categoría de contribuyentes, que la reglamentación establecerá tomando en consideración la índole y magnitud de las actividades desarrolladas;
4.	requerir de los contribuyentes, responsables y terceros, el acceso en tiempo real a los sistemas informáticos que registran operaciones vinculadas con la materia imponible y a los soportes magnéticos aludidos en el inciso d) del presente artículo, debiendo determinar la autoridad de aplicación los medios informáticos necesarios para generar el enlace con el contribuyente. Asimismo, podrá requerir copia de la totalidad o parte de dichos soportes magnéticos suministrando los elementos materiales al efecto.
5.	requerir información o documentación relacionada con el equipamiento de computación utilizado y de las aplicaciones implantadas, sobre las características técnicas del hardware y software, ya sea que el procesamiento se desarrolle en equipos propios o arrendados o que el servicio sea prestado por un tercero. Asimismo podrá requerir especificaciones acerca del sistema operativo y los lenguajes y/o utilitarios utilizados, como así también, listados de programas, carpetas de sistemas, diseños de archivos y toda otra documentación o archivo inherentes al procesamiento de los datos que configuran los sistemas de información;
6.	previa autorización del Juez correspondiente, utilizar, por parte del personal fiscalizador del organismo, los programas y utilitarios de aplicación en auditoría fiscal que posibiliten la obtención de datos, instalados en el equipamiento informático del contribuyente que sean necesarios en los procedimientos de control a realizar. Lo especificado en el presente acápite también será de aplicación a los servicios de computación que realicen tareas para terceros. 
Esta norma solo será de aplicación en relación a los sujetos que se encuentren bajo verificación. La autoridad de aplicación dispondrá los datos que obligatoriamente deberán registrarse, la información inicial a presentarse por parte de los responsables o terceros y la forma y plazos en que deberán cumplimentarse las obligaciones dispuestas en el presente inciso;
7.	requerir por medio del Director de la Agencia de Recaudación Fueguina y demás funcionarios especialmente autorizados para estos fines por el mismo, el auxilio inmediato de la fuerza pública cuando vieran impedido el desempeño de sus funciones, cuando dicho auxilio fuera menester para hacer comparecer a los contribuyentes, responsables y terceros, o cuando fuera necesario para la ejecución de las órdenes de allanamiento, otorgadas por Juez competente. Dicho auxilio deberá acordarse sin demora, bajo la exclusiva responsabilidad del funcionario que lo haya requerido;
8.	solicitar al Juez competente, cuando hubiere motivos para presumir que en algún lugar existen elementos de juicio probablemente relacionados con la presunta comisión de alguno de los delitos previstos en la Ley nacional 24.769 y sus modificatorias, las medidas de urgencia y toda autorización que fuera necesaria a los efectos de la obtención y resguardo de aquellos. 
Dichas diligencias serán encomendadas al organismo recaudador, quien actuará en tales casos en calidad de auxiliar de la justicia, conjuntamente con el organismo de seguridad competente y/o la policía judicial, según lo disponga el Juez interviniente.
Asimismo, podrá recabar orden de allanamiento de la autoridad judicial citada, cuando hubiere indicios vehementes de existencia de infracciones tributarias, como también en el caso de resistencia pasiva de los contribuyentes a la fiscalización. La solicitud especificará el lugar y la oportunidad en que habrá de practicarse, dejando expresa constancia de la facultad de los autorizados para secuestrar los libros, registros y documentación contable del lugar allanado que puedan servir como testimonio probatorio de infracciones a este Código. Dichas órdenes deberán ser despachadas por el Juez, dentro de las veinticuatro (24) horas, habilitándose días y horas si fuera solicitado. 
9.	el incumplimiento fehacientemente acreditado, en más de una oportunidad, de los deberes de información y colaboración previstos en los puntos 1. a 5. de este artículo, constituirá resistencia pasiva a la fiscalización;
10.	en aquellos casos que se verifique la falta de inscripción en el impuesto sobre los Ingresos Brutos de aquel contribuyente que tuviera obligación de hacerlo y se encuentre ejerciendo actividad comercial en la vía pública o áreas comerciales no convencionales y se hallen en posesión de bienes y mercaderías sobre cuya adquisición no aporten facturas o comprobantes, se procederá al secuestro y posterior decomiso de la misma, en las formas y condiciones que establezca la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación, podrá celebrar con las correspondientes fuerzas de seguridad, los convenios que resulten necesarios a fin de permitir la correcta y eficaz implementación de lo regulado en el presente artículo. 
DEBER DE EXTENDER CONSTANCIA ESCRITA.
Artículo 92.-  En todos los casos de ejercicio de facultades de verificación y fiscalización, los funcionarios que las ejerciten deberán extender constancia escrita de los resultados así como de la existencia e individualización de los elementos exhibidos. Cada constancia escrita será suscripta por el funcionario que la extienda y por el interesado, salvo que este se negare o no pudiere firmar, de lo cual se dejará constancia. Las constancias escritas constituirán elementos de prueba en los procedimientos de determinación, de reconsideración y en los infraccionales.
AGENTES. INFORMACIÓN Y RECAUDACIÓN.
Artículo 93.- La Agencia de Recaudación Fueguina podrá imponer a terceros la obligación de actuar como agentes de información, control, recaudación, retención y/o percepción de impuestos, tasas, contribuciones en los casos y en la forma que ella determine.
Facúltase a la Agencia de Recaudación Fueguina a celebrar con los Municipios de la Provincia convenios para la gestión extrajudicial de cobranza de los impuestos administrados por ella, y de las multas impuestas por otros órganos u organismos provinciales, cuya cobranza se le haya asignado a la Agencia de Recaudación Fueguina, tendientes a evitar la promoción de acciones judiciales por apremio. 
Artículo 94.- Los contadores públicos que certifiquen balances de entidades de cualquier tipo, deberán hacer constar en el pasivo en renglón separado, claramente desglosada según corresponda a tributos, tasas o contribuciones provinciales, municipales y/o comunales, la deuda impaga por gravámenes y una previsión razonablemente estimada para cubrir los intereses que correspondiesen.
Artículo 95.- Los agentes de la Administración Pública provincial y Municipal y los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, están obligados a informar al organismo recaudador los hechos que lleguen a su conocimiento en el desempeño de sus tareas específicas y que puedan constituir o modificar la materia imponible oportunamente declarada por el contribuyente o responsable.
A tal efecto, la Agencia de Recaudación Fueguina reglamentará el régimen de información previsto, cuyo incumplimiento hará a los respectivos funcionarios pasibles de la sanción establecida en el artículo 101.
Artículo 96.- Las instituciones bancarias, financieras, de seguros, organismos públicos o privados, nacionales, provinciales, municipales o comunales y, además, terceros en general están obligados a suministrar toda la información y documentación que le fuera requerida por la Administración que refieran a hechos que en el ejercicio de sus actividades hayan contribuido a realizar o hayan debido conocer y que constituyan, modifiquen o extingan hechos imponibles o que refieran a bienes de titularidad de contribuyentes o terceros relacionados con el mismo y toda otra información o documentación que a criterio de la Administración resulte necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 97.- Los jueces notificarán de oficio a la Agencia de Recaudación Fueguina la apertura de juicios universales dentro de los dos (2) días de iniciados, a fin de que la Administración tome la intervención que corresponda.
Artículo 98.- La Administración puede establecer, con carácter general o para una categoría de contribuyentes o responsables, la obligación de llevar uno o más libros donde anotarán las operaciones y los actos relevantes para la determinación de sus obligaciones tributarias, con independencia de los libros exigidos por la ley.
Artículo 99.- En los casos que se indican deberá observarse:
1.	los escribanos no podrán otorgar escritura, los titulares del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor no podrán autorizar operaciones sobre bienes automotores, las entidades públicas centralizadas, descentralizadas y/o autárquicas, o funcionarios del Poder Judicial no podrán realizar o autorizar tramitación alguna, sin previa:
a)	registración del número de CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria) o CUIL (Clave Única de Identificación Laboral) o CDI (Clave de Identificación) o el que lo reemplazare, otorgado por la AFIP, correspondiente al o a los sujetos titulares y/o intervinientes en las operaciones, actos o bienes relacionados con obligaciones fiscales;
b)	acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales pertinentes mediante la presentación de un Certificado de Cumplimiento Fiscal de todos los tributos pertinentes extendido por la Administración Fiscal, con comprobantes de la Agencia de Recaudación Fueguina y de las demás reparticiones que tengan a su cargo la recaudación de tasas y contribuciones de mejoras;
c)	acreditación y/o declaración del bien o del personal en cuestión, según corresponda, en las obligaciones fiscales correspondientes al Impuesto a las Ganancias, Impuesto sobre los Bienes Personales, Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, Impuesto al Valor Agregado, Impuestos Internos y de la Seguridad Social, según corresponda;
2.	en las transferencias de bienes, negocios, activos y pasivos de personas, entidades civiles o comerciales, o cualquier otro acto de similar naturaleza, se deberá acreditar la inexistencia de deudas fiscales hasta la fecha de otorgamiento del acto, mediante certificación expedida por la Agencia de Recaudación Fueguina. El certificado de inexistencia de deudas, emitido por la Agencia de Recaudación Fueguina tendrá efectos liberatorios, cuando se trate de los impuestos cuya recaudación y fiscalización están a cargo de dicha Administración.
Si la Agencia de Recaudación Fueguina constatare, antes del 31 de diciembre del año inmediato siguiente al de expedición de dicho certificado, la existencia de deudas, solamente estará obligado a su pago quien hubiera revestido en relación a las mismas la condición de contribuyente. Cuando se trate del impuesto sobre los Ingresos Brutos, la expedición del certificado solo tiene por objeto facilitar el acto y no posee efecto liberatorio, salvo cuando expresamente lo indicare el mismo certificado; y
3.	toda repartición del Gobierno de la Provincia, ente autárquico y organismo descentralizado, cuentas especiales, otras entidades, Poder Legislativo y Poder Judicial deberán requerir, previo pago de la orden de pago, la presentación a los proveedores de bienes y/o servicios que desarrollen actividades gravadas en la Provincia, constancia de cumplimiento fiscal de impuestos provinciales, conforme los determine la reglamentación de la Agencia de Recaudación Fueguina. 
TÍTULO NOVENO
SANCIONES E ILÍCITOS
INFRACCIONES. CONCEPTO.
Artículo 100.- Toda acción u omisión que importe violación de normas tributarias de índole sustancial o formal constituye infracción punible en la medida y con los alcances establecidos en este Código o leyes tributarias especiales. Las infracciones tributarias se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad penal por delitos comunes o por los delitos tributarios establecidos en la Ley nacional 24.769 o la que en un futuro la reemplace.
SANCIONES FORMALES.
Artículo 101.- El incumplimiento de los deberes formales establecidos en este Código, en leyes tributarias especiales, en decretos reglamentarios, en resoluciones de la Dirección y en toda otra norma de cumplimiento obligatorio, constituye infracción que será reprimida con multas graduable entre MIL CIEN (1.100)  Unidades Ajustables por Evolución Salarial (UAPES) o la unidad que un futuro la reemplace, y TRECE MIL QUINIENTOS (13.500) UAPES o la unidad que un futuro la reemplace, sin perjuicio de las multas que pudieren corresponder por otras infracciones.
En caso que la infracción consistiere en la omisión de presentar la Declaración Jurada dentro de los plazos establecidos será sancionada con una multa de TRESCIENTOS CINCUENTA (350) UAPES o la unidad que un futuro la reemplace, y TRES MIL SEISCIENTOS (3.600) UAPES o la unidad que un futuro la reemplace, según se trate de persona física o jurídica, respectivamente, sin necesidad de requerimiento previo por parte de la Administración. El procedimiento podrá iniciarse con una notificación emitida por el sistema de computación de la Administración.
Si dentro del plazo de quince (15) días a partir de la notificación, el infractor pagare voluntariamente la multa y presentare la Declaración Jurada omitida -o lo hubiese hecho antes de haber recibido la notificación-, el importe de la multa a que hace referencia el párrafo precedente se reducirá, de pleno derecho, a la mitad y la infracción no se considerará como antecedente en su contra. 
En caso de no pagarse la multa o de no presentarse la Declaración Jurada reclamada conforme al procedimiento previsto en el segundo párrafo de este artículo, deberá sustanciarse el sumario previsto en el artículo 123 de este Código. Sin perjuicio de las facultades previstas en el artículo 62 y/o, de reclamar el pago provisorio de impuestos vencidos previstos en el artículo 64 del presente Código. 
Las multas por infracciones a los deberes formales podrán ser reducidas total o parcialmente mediante resolución fundada cuando las mismas impliquen culpa leve de los infractores.
SUMARIO. EXCEPCIONES.
Artículo 102.-  Facúltase a la Administración a no realizar el procedimiento establecido en el artículo 123 del presente Código, para la imposición de sanciones por las infracciones a los deberes formales que tipifique la Dirección, cuando el contribuyente o responsable cumplimente las formalidades omitidas, reconozca y abone espontáneamente la obligación adeudada con más los recargos e intereses previstos en este Código de corresponder.
MULTA Y/O CLAUSURA.
Artículo 103.- Sin perjuicio de la aplicación de las multas previstas en el artículo 101, la Dirección podrá disponer la clausura por tres (3) a diez (10) días de los establecimientos, en los siguientes casos:
1.	cuando se hubiere comprobado la falta de inscripción, ante la Dirección, de contribuyentes y responsables, en los casos y términos que establezca la reglamentación;
2.	cuando se omita presentar reiteradamente las declaraciones juradas establecidas en este Código;
3.	en caso que se omita la emisión y/o entrega y/o la registración de facturas o comprobantes equivalentes, relativos a operaciones comerciales, industriales, agropecuarias o de prestación de servicios, o que no reúnan los requisitos que establezca la Dirección; o no conserven sus duplicados o constancias de emisión;
4.	cuando no se acredite con la factura de compra o documento equivalente, o correspondiente, expedido en legal forma, la posesión en el establecimiento de materias primas, mercaderías o bienes de cambio;
5.	cuando, ante requerimientos efectuados por la Dirección, se verificara incumplimiento reiterado del contribuyente o responsable a suministrar en tiempo y forma la información solicitada por la autoridad administrativa;
6.	no lleven anotaciones o registraciones de sus adquisiciones de bienes o servicios o de sus ventas, locaciones o prestaciones, o que llevadas, no reúnan los requisitos de oportunidad, orden o respaldo conforme a los requerimientos que en la materia exija la Agencia de Recaudación Fueguina;
7.	haber recurrido a entes o personas jurídicas manifiestamente improcedentes respecto de la actividad específicamente desarrollada, adoptadas para evadir gravámenes. En tales casos la Agencia de Recaudación Fueguina deberá, obligatoriamente, poner en conocimiento a la Inspección General de Justicia tal circunstancia en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días;
8.	no mantener en condiciones de operatividad los soportes magnéticos que contengan datos vinculados con la materia imponible, por el término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio en el cual se hubieren utilizado o no facilitar a la Agencia de Recaudación Fueguina copia de los mismos cuando les sean requeridos;
9.	no exhibir dentro de los cinco (5) días de solicitados por la autoridad de aplicación los comprobantes de pago que les sean requeridos;
10.	en los casos en que la Agencia de Recaudación Fueguina tome conocimiento fehaciente a través de información propia u obtenida de terceros respecto de la existencia de personal en relación de dependencia no registrado de acuerdo con las pautas establecidas por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo del presente artículo, la autoridad de aplicación podrá determinar fundadamente la aplicación alternativa de la sanción de multa o de clausura, según las circunstancias objetivas que se registren en cada caso en particular.
Cuando se hubieren cumplido alguna de las sanciones previstas en este artículo, la reiteración de los hechos u omisiones indicados en el mismo, dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones:
a.	cuando se hubiere cumplido en forma exclusiva sanción de clausura: se aplicará una nueva clausura por el máximo de la escala;
b.	cuando se hubieren cumplido las sanciones de clausura y multa en forma conjunta: se aplicarán en forma conjunta una nueva clausura y una nueva multa, ambas por el máximo de la escala;
c.	cuando se hubiere cumplido en forma exclusiva sanción de multa: se aplicará sanción de clausura por seis (6) días.
La reiteración aludida se considerará en relación a todos los establecimientos de un mismo responsable, dedicados total o parcialmente a igual actividad; pero la clausura solo se hará efectiva sobre aquel en que se hubiera cometido la infracción, salvo que por depender de una dirección o administración común, se pruebe que los hechos u omisiones hubieran afectado a todo o una parte de ellos por igual. En este caso, la clausura se aplicará al conjunto de todos los establecimientos involucrados.
ACTA DE COMPROBACIÓN. CITACIÓN.
Artículo 104.- La clausura prevista en el artículo anterior deberá ser precedida de un acta de comprobación en la cual los agentes de la Administración dejarán constancias de todas las circunstancias relativas a los hechos y/o omisiones, a su prueba y de la normativa legal prima facie infringida. 
El acta de comprobación y citación deberá ser firmada por los agentes intervinientes y notificada en el mismo acto, entregándose copia a la persona que deba notificarse, o en su defecto, a cualquier persona del establecimiento o administración. Si se negaren a firmar o a recibirla, se dejará en el lugar donde se lleva a cabo la actuación, certificándose tal circunstancia en el original que se incorpore al sumario.
La misma acta contendrá una citación para que el contribuyente o responsable comparezcan a una audiencia para ejercer su defensa, munidos de las pruebas que hagan a su derecho, la que se fijará con un plazo no inferior a cinco (5) días.
El imputado podrá presentar un escrito antes de la audiencia pero si así lo hiciera no tendrá derecho a ser oído verbalmente. Si este no asistiere a la audiencia o no presentare previamente un escrito se dejará constancia de ello y se procederá al dictado de la resolución respectiva, con los elementos obrantes en autos. Si compareciera con posterioridad se proseguirán las actuaciones en el estado en que se encuentren en ese momento.
AUDIENCIA.
Artículo 105.- La audiencia o la presentación del escrito, en su caso, deberán realizarse ante el Juez administrativo, quien deberá dictar resolución en un plazo no mayor a diez (10) días que podrá extenderse a diez (10) días más por decisión fundada. La resolución que ordene la clausura dispondrá sus alcances y el número de días en que deba cumplirse. 
Firme la resolución, la Dirección procederá a hacerla efectiva, adoptando los recaudos y seguridades del caso. Podrá realizar asimismo comprobaciones con el objeto de verificar el acatamiento de la medida y dejar constancia documentada de las violaciones que se observaren en la misma.
PROCEDIMIENTO RECURSIVO CONTRA LA CLAUSURA.
Artículo 106.- La sanción de clausura podrá ser recurrida por recurso de apelación, otorgado con efecto suspensivo ante los Tribunales de Primera Instancia en lo Correccional que correspondan a la jurisdicción administrativa del deudor. 
El recurso deberá ser interpuesto y fundado en sede administrativa, con patrocinio letrado, dentro de los cinco (5) días de notificada la resolución del artículo anterior. Verificado el cumplimiento de los requisitos formales y dentro de los tres (3) días de deducida la apelación, deberán elevarse el recurso y las piezas pertinentes de las actuaciones que determine el apelante y la Dirección al juez competente, quien, previa audiencia del apelante, sin perjuicio de recabar todos los antecedentes que creyere indispensables, deberá dictar resolución dentro del término de veinte (20) días, contados en su caso a partir de que se hayan practicado o adjudicado las diligencias o antecedentes necesarios e indispensables, requeridos por el mismo. 
En caso de que la resolución establecida en el artículo anterior no sea recurrida por el infractor, la sanción se reducirá de pleno derecho a dos (2) días. 
CESE DE ACTIVIDADES DURANTE EL PERÍODO DE CLAUSURA.
Artículo 107.- Durante el período de clausura cesará totalmente la actividad en los establecimientos, salvo la que fuese necesaria para la conservación o custodia de los bienes o para la continuidad de los procesos de producción que no pudieran interrumpirse por causas relativas a su naturaleza. El quebrantamiento de lo establecido en el presente será pasible de la sanción establecida en el artículo 108.
No podrá suspenderse el pago de salarios u obligaciones tributarias o previsionales, sin perjuicio del derecho del empleador a disponer de su personal en las formas que autoricen las normas laborales.
QUEBRANTAMIENTO DE LA CLAUSURA.
Artículo 108.- Quien quebrantare una clausura prevista en este Título del Código o violare los sellos, precintos o instrumentos que hubieran sido utilizados para hacerla efectiva, podrá ser sancionado con una nueva clausura hasta el triple del tiempo de aquella.
DE LA INCAUTACIÓN Y DEL DECOMISO DE BIENES.
Artículo 109.- Serán objeto de decomiso los bienes cuyo traslado o transporte, dentro del territorio provincial, se realice en ausencia total de la documentación respaldatoria que corresponda, en la forma y condiciones que exija la autoridad de aplicación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 110 de este Código y de las sanciones formales que pudieran corresponder.
En aquellos supuestos en los cuales la ausencia de documentación no fuera total, la autoridad de aplicación podrá optar entre aplicar la sanción de decomiso o una multa de entre el quince por ciento (15%) y hasta el treinta por ciento (30%) del valor de los bienes transportados, aunque en ningún caso podrá ser inferior a la suma de CUATRO MIL (4.000) UAPES o la unidad que un futuro la reemplace. 
En cualquiera de los supuestos previstos en los párrafos anteriores, si el interesado reconociere la infracción cometida dentro del plazo fijado para la celebración de la audiencia establecida en el artículo 105 o para la presentación de su descargo por escrito en sustitución de esta última, y abonara voluntariamente en forma conjunta una multa equivalente a los dos tercios del mínimo de la escala, se procederá al archivo de las actuaciones, no registrándose el caso como antecedente para el infractor. En estos supuestos la multa a abonarse no podrá ser inferior a la suma de TRES MIL SEISCIENTOS (3.600) UAPES o la unidad que un futuro la reemplace.
A los fines indicados en este artículo, la autoridad de aplicación podrá proceder a la detención de vehículos automotores, requiriendo el auxilio de la fuerza pública en caso de ver obstaculizado el desempeño de sus funciones. 
Artículo 110.- Verificada la infracción señalada en el artículo anterior, los funcionarios o agentes competentes podrán instrumentar el procedimiento tendiente a la aplicación de las siguientes medidas preventivas:
a)	interdicción, en cuyo caso se designará como depositario al propietario, transportista, tenedor o quien acredite ser poseedor al momento de comprobarse el hecho; y
b)	secuestro, en cuyo supuesto se debe designar depositario a una tercera persona.
En tales casos se impondrá de las previsiones y obligaciones que establecen las leyes civiles y penales para el depositario debiendo, asimismo, ordenar las medidas necesarias para asegurar una buena conservación, atendiendo a la naturaleza y características de los bienes.
Los gastos que se generen con motivo de las medidas previstas en este artículo y los derivados de la guarda, custodia, conservación y traslado de los bienes, entre otros gastos, serán a cargo del propietario de los mismos.
Artículo 111.- La autoridad de aplicación estará facultada para disponer el traslado de los bienes objeto de la medida preventiva de secuestro a depósitos de su propiedad o contratados a terceros, pudiendo utilizar a tal efecto los vehículos en los que se transportaban los mismos.
En aquellos supuestos en que los contribuyentes no presten la colaboración necesaria para el traslado de los bienes al depósito designado para su almacenamiento, la autoridad de aplicación podrá disponer, según corresponda, el traspaso de los bienes a otro vehículo, la contratación de personal para la conducción de los vehículos que contengan los bienes, el remolque o la inmovilización del vehículo mediante el uso de cualquiera de los métodos adecuados a tal fin.
Artículo 112.- En el mismo acto del artículo 109 o 110, según corresponda, los agentes procederán a labrar un acta de comprobación de los hechos y omisiones detectados, de sus elementos de prueba y la norma prima facie infringida.
Asimismo, se dejará constancia de:
1)	la medida preventiva dispuesta respecto de los bienes objeto del procedimiento;
2)	la citación al propietario, poseedor, tenedor y/o transportista para que efectúen las manifestaciones que hagan a sus derechos, en una audiencia con el Director Ejecutivo de la Agencia o con el funcionario a quien este delegue su competencia, la que deberá celebrarse en el término máximo de cinco (5) días corridos de comprobado el hecho.
Si alguno de los citados tuviera su domicilio fiscal a una distancia igual o superior a los cien (100) kilómetros de la sede en la que se debe comparecer se ampliará el plazo de la audiencia en razón de un (1) día por cada doscientos (200) kilómetros o fracción que supere los setenta (70) kilómetros; y 
3)	el inventario de la mercadería y la descripción general del estado en que se encuentra, como así también la indicación de ausencia total o parcial de documentación respaldatoria. En caso de ausencia parcial de documentación respaldatoria, deberá detallarse la existente.
El acta deberá ser firmada por dos (2) de los funcionarios o agentes intervinientes y el propietario, poseedor, tenedor y/o transportista de los bienes. Se hará entrega al interesado de copia de la misma.
Si el propietario, poseedor, tenedor y/o transportista de los bienes se negare a firmar el acta, se dejará constancia de tal circunstancia. 
Artículo 113.- El acta de comprobación de la infracción deberá ser comunicada inmediatamente al Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina o funcionario en quien se delegue su competencia, el que podrá dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, disponer el levantamiento o modificar la medida preventiva dispuesta y, eventualmente, designar otro depositario. La resolución que al efecto se dicte será irrecurrible.
Cuando se decida el levantamiento de la medida preventiva se dispondrá que los bienes objeto del procedimiento sean devueltos o liberados en forma inmediata a favor de la persona oportunamente desapoderada, de quien no podrá exigirse el pago de gasto alguno derivado de la referida medida. 
Artículo 114.- El imputado podrá presentar antes de la fecha prevista para la celebración de la audiencia, y en sustitución de esta, su defensa por escrito, quedando las actuaciones en estado de resolver.
El Director de la Agencia de Recaudación Fueguina o el funcionario en quien delegue la competencia, decidirá sobre la procedencia de la sanción y el alcance de la misma, dictando resolución, en el plazo máximo de diez (10) días corridos, contados a partir de la celebración de la audiencia, o de la fecha prevista para la misma en caso de incomparecencia, o de presentado el escrito de defensa. 
Resuelta la improcedencia de la sanción por la autoridad de aplicación, se dispondrá que los bienes objeto del procedimiento sean devueltos o liberados en forma inmediata a favor de la persona oportunamente desapoderada, de quien no podrá exigirse el pago de gasto alguno.
La resolución que establece la sanción deberá disponer, cuando los bienes transportados en infracción sean de tipo perecederos, la entrega de mercadería de la misma naturaleza y cantidad que las descriptas en el acta de comprobación. 
Asimismo, deberá establecer que le corresponde al imputado hacerse cargo de la totalidad de los gastos ocasionados por la medida preventiva que eventualmente se hubiera adoptado, como así también de la totalidad de los gastos derivados del cumplimiento de la sanción de decomiso, incluyendo aquellos referidos al traslado de los bienes decomisados al organismo público o institución a la cual los mismos sean destinados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 118 del presente Código.
Artículo 115.- El interesado podrá interponer, con efecto suspensivo, en contra de la resolución que disponga la sanción de decomiso, recurso de apelación ante los Tribunales de Primera Instancia en lo Correccional que correspondan a la jurisdicción administrativa del deudor, dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la misma.
El recurso deberá presentarse debidamente fundado ante la autoridad que dictó la resolución que se recurre la cual, dentro de las veinticuatro (24) horas corridas, deberá elevarlo junto con todos los antecedentes del caso al Juez competente. La sentencia que se dicte será inapelable.
Toda acción o impugnación judicial posterior, que ante cualquier instancia intente el interesado, no suspenderá la ejecución de la sentencia.
Si correspondiere revocar la sanción no se podrá imponer al interesado el pago de gasto alguno, disponiendo asimismo el Juez Correccional la inmediata devolución o liberación de los bienes a favor de la persona oportunamente desapoderada.
Artículo 116.- Transcurrido el término para recurrir la sanción de decomiso, de conformidad con lo establecido en el artículo anterior, sin que se haga uso del derecho de apelar la decisión administrativa, el titular de la autoridad de aplicación o el funcionario a quien este delegue su competencia elevará, dentro de las veinticuatro (24) horas corridas, las actuaciones al Juez Correccional en turno quien deberá expedirse, sin más trámite, sobre la legalidad de la sanción de decomiso impuesta.
Artículo 117.- En los casos en que de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 109 se hubiere impuesto sanción de multa, la misma podrá recurrirse de acuerdo con lo establecido en el artículo 125 y concordantes del presente Código. 
Artículo 118.- Los bienes decomisados conforme las disposiciones establecidas por el presente Título serán destinados a instituciones sin fines de lucro de tipo asistencial, educacional o religioso oficialmente reconocidas o las que el Poder Legislativo determine.
Las instituciones que resulten beneficiarias deberán destinar los bienes al cumplimiento de su fin social, quedando prohibida su transferencia bajo cualquier modalidad o título.
La autoridad de aplicación podrá proponer al contribuyente la sustitución de los bienes objeto de decomiso por otros bienes de primera necesidad, debiendo esto ser del mismo valor que los sustituidos. La totalidad de los gastos derivados de la sustitución de los bienes decomisados estará a cargo del sujeto sancionado. 
Artículo 119.- Cuando se hubiere aplicado la sanción de decomiso de los bienes transportados, la misma quedará sin efecto si el propietario, poseedor, transportista o tenedor de los bienes, dentro del plazo establecido en el artículo 114, acompaña la documentación exigida por la autoridad de aplicación que diera origen a la infracción y abona una multa de hasta el treinta por ciento (30%) del valor de los bienes, la que, en ningún caso, podrá ser inferior a la suma de PESOS SIETE MIL ($7.000), renunciando a la interposición de los recursos administrativos y judiciales que pudieran corresponder.
A los efectos de la graduación de la multa se entenderá por valor de los bienes al precio de venta de los mismos estimados por la autoridad de aplicación al momento de verificarse la infracción,  facultándosela para disponer con carácter general los mecanismos y parámetros a considerar a tales efectos. 
SANCIONES MATERIALES.
OMISIÓN. MULTAS.
Artículo 120.- Incurrirá en omisión y será sancionado con una multa graduable de un cincuenta por ciento (50%) hasta un doscientos por ciento (200%) del monto de la obligación fiscal omitida, todo contribuyente o responsable que omitiere el pago, total o parcial, de tributos y/o sus anticipos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas.
Cuando se tratare del Impuesto de Sellos, cuya determinación no se realice mediante la presentación de Declaración Jurada, la falta de pago, total o parcial, del gravamen por parte del contribuyente o responsable hará incurrir a este en las previsiones del párrafo anterior.
La misma sanción se aplicará a los agentes de retención y/o percepción y/o recaudación que no actuaren como tales.
No corresponderá la aplicación de la sanción prevista en el presente  artículo cuando la infracción fuera considerada como defraudación por este Código o por leyes tributarias especiales.
Asimismo, la multa establecida por el presente artículo sólo será de aplicación cuando existiere intimación, actuaciones o expedientes en trámite, vinculados con la situación fiscal del contribuyente o responsables o cuando se hubiera iniciado inspección.
DEFRAUDACIÓN FISCAL. MULTA.
Artículo 121.- Incurren en defraudación fiscal y son punibles con multas graduables de tres (3) a diez (10) veces el importe del tributo en que se defraudare o se intentase defraudar al Fisco, y/o clausura por diez (10) a treinta (30) días, sin perjuicio de la responsabilidad penal por delitos comunes y por delitos previstos en la ley penal tributaria:
1)	Los contribuyentes, responsables o terceros que realicen cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o maniobra con el propósito de producir o facilitar la evasión total o parcial de las obligaciones tributarias que a ellos o a terceros les incumban; y
2)	Los agentes de retención o de percepción o recaudación que mantengan en su poder el importe de tributos retenidos o percibidos después de haber vencido el plazo en que debieron abonarlos al Fisco. El dolo se presume por el solo vencimiento del plazo, salvo prueba en contrario.
La multa que se establece en el presente artículo se reducirá al cien por ciento (100%) del impuesto no ingresado oportunamente por los agentes de retención, percepción y recaudación, en tanto haya mediado el pago de los importes retenidos o percibidos hasta diez (10) días después del vencimiento establecido por las normas legales.
Asimismo, la multa establecida por el presente artículo solo será de aplicación cuando existiere intimación, actuaciones o expedientes en trámite, vinculados con la situación fiscal del contribuyente o responsables o cuando se hubiera iniciado inspección.
PRESUNCIÓN DE FRAUDE.
Artículo 122.- Se presume la intención de defraudar al Fisco, salvo prueba en contrario, en las siguientes circunstancias cuando:
a)	exista contradicción evidente entre las constancias de los libros, documentos o demás antecedentes con los datos consignados en las declaraciones juradas;
b)	las declaraciones juradas contengan datos falsos o se omitan consignar bienes, actividades u operaciones que constituyan hechos imponibles;
c)	se produzcan informes o comunicaciones intencionadamente falsos ante la Dirección sobre bienes, actividades u operaciones que constituyan hechos imponibles;
d)	se lleven dos (2) o más juegos de libros para una misma contabilidad con distintos asientos o no se lleven o exhiban libros, documentos o antecedentes contables cuando la naturaleza o el volumen de las actividades u operaciones desarrolladas no justifique tal omisión;
e)	no se lleven los libros especiales que menciona el artículo 90 de este Código, documentos de comprobación suficiente u otras registraciones;
f)	medie manifiesta disconformidad entre los preceptos legales o reglamentarios y su aplicación al declarar, liquidar o pagar el tributo;
g)	los contribuyentes o responsables omitan presentar las declaraciones juradas y pagar el tributo adeudado, si por la naturaleza, volumen e importancia de las operaciones resulte que los mismos no podían ignorar su calidad de contribuyentes o responsables y la existencia de las obligaciones emergentes de tal condición;
h)	cuando se adopten formas o estructuras jurídicas inadecuadas y/o improcedentes para desfigurar la efectiva operación gravada y ello se traduzca en apreciable disminución del ingreso tributario;
i)	se adultere la fecha de los instrumentos o se extiendan sin fecha y lugar de otorgamiento, siempre que tales actos puedan  resultar en un perjuicio a la renta fiscal;
j)	se adulteren las estampillas y/o las fechas de su utilización;
k)	se adulteren o destruya la documentación respecto de la cual los contribuyentes o responsables hubieran sido nombrados depositarios por la Dirección. Se presumirá que existe adulteración cuando se observen diferencias entre los actos consignados por el inspector en las actas o planillas de inventarios de los documentos intervenidos y el contenido de los mismos, salvo que aquellos permaneciesen en paquetes lacrados y sellados que no presenten signos de violación, o que los originales o las copias fotostáticas, debidamente controladas, se hubieran agregado al expediente. Se presumirá que existe destrucción, cuando la documentación intervenida no sea presentada a requerimiento de la Dirección;
l)	se produzcan cambios de titularidad de un negocio inscribiéndolo a nombre del cónyuge, otro familiar o tercero al solo efecto de eludir obligaciones fiscales y se probare debidamente la continuidad económica; y
m)	no comunique a la Administración en tiempo y forma cambios o modificaciones que el contribuyente o responsable deba hacer a la Administración respecto de su domicilio fiscal y/o todo otro proceder que obstaculice los poderes de fiscalización y verificación de la Agencia.
SUMARIO. PROCEDIMIENTO. 
Artículo 123.- Para aplicar las sanciones por las infracciones previstas por los artículos 101 -salvo la situación prevista en su segundo y tercer párrafos-, 120 y 121, dispondrá la instrucción de un sumario, si no ha entablado el procedimiento del Artículo 62, notificando al presunto infractor y emplazándolo para que en el término de quince (15) días alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho. El interesado podrá agregar informes, certificaciones o pericias producidas por profesionales con título habilitante. No se admitirán las pruebas inconducentes ni las presentadas fuera de término.
La instrucción del sumario podrá disponerse por acta labrada por el funcionario de la Dirección que hubiere comprobado la presunta infracción, acta que hará plena fe mientras no se pruebe lo contrario. Dicha acta será notificada al presunto infractor acordándole el plazo indicado en el párrafo anterior a los efectos y con los alcances allí consignados.
Si el imputado notificado en forma legal, no compareciere dentro del término señalado en el párrafo anterior, el sumario proseguirá en rebeldía. Si compareciera con posterioridad, se seguirán las actuaciones en el estado en que se encuentren, debiendo el interesado purgar la rebeldía mediante el pago de la tasa retributiva de servicios cuyo importe establezca la ley impositiva anual, dentro del término consignado en los párrafos anteriores.
El interesado dispondrá para la producción de la prueba del término que a tal efecto le fije la Dirección y que en ningún supuesto podrá ser inferior a quince (15) días.
El término de prueba no podrá ser prorrogado ni suspendido sino por disposición de la Dirección.
La Dirección podrá disponer medidas para mejor proveer en cualquier estado del trámite.
Vencido el término probatorio o cumplidas las medidas para mejor proveer, la Dirección dictará resolución motivada, dentro de los noventa (90) días siguientes, la que será notificada al interesado.
La resolución impondrá la multa correspondiente a la infracción cometida o declarará la inexistencia de la infracción y la absolución del imputado.
SUMARIO EN LA DETERMINACIÓN: VISTAS SIMULTÁNEAS.
Artículo 124.- Cuando de las actuaciones tendientes a determinar la obligación tributaria surja prima facie la existencia de infracciones previstas en los artículos 101 - salvo los supuestos indicados en el segundo y tercer párrafo del mismo-, 120 y 121, la Dirección podrá ordenar la instrucción del sumario mencionado en el artículo anterior, antes de dictar la resolución que determine la obligación tributaria. 
En tal caso, se podrá decretar simultáneamente la vista dispuesta por el artículo 62 y la notificación y emplazamiento aludidos en el artículo anterior, siendo facultativos de la Dirección decidir ambas cuestiones en una sola o en distintas resoluciones.
RESOLUCIONES. NOTIFICACIÓN. EFECTO.
Artículo 125.- Las resoluciones que apliquen las sanciones previstas en los artículos 101, 120 y 121 o declaren la inexistencia de presuntas infracciones deberán ser notificadas a los interesados y quedarán firmes, si dentro de los quince (15) días de notificadas, aquellos no interponen la vía recursiva que corresponda según las disposiciones previstas en el artículo 148 de este Código. 
EXTINCIÓN DE ACCIONES Y SANCIONES POR MUERTE DEL INFRACTOR.
Artículo 126.- Las acciones y sanciones previstas en el presente Título se extinguen por la muerte del infractor, aunque la decisión hubiere quedado firme y su importe no hubiere sido abonado.
SANCIONES A LOS TERCEROS QUE PARTICIPEN EN EL ILÍCITO.
Artículo 127.- Se aplicará la misma sanción que al responsable principal, sin perjuicio de la graduación que corresponda:
a)	a los coautores, cómplices o encubridores, considerándose como tales a los que financien, instiguen o colaboren de cualquier manera con el autor para la realización del acto punible, según sea el caso;
b)	a los directores, gerentes, administradores, representantes o mandatarios de entidades de hecho o de derecho y de personas físicas, cuando hubiesen actuado con dolo; y
c)	a los terceros que, aunque no tuvieran deberes tributarios a su cargo, faciliten o silencien una infracción.
SANCIONES A LOS FUNCIONARIOS Y PROFESIONALES.
Artículo 128.- Los funcionarios o profesionales que participen en carácter de coautores, cómplices o encubridores de las infracciones previstas en los artículos 120 y 121 de este Código, serán pasibles de las sanciones allí mencionadas, sin perjuicio de las que les correspondan por el ejercicio de su cargo o profesión.
La resolución de la Agencia de Recaudación Fueguina deberá ser comunicada al organismo que ejerza el contralor de la respectiva actividad.
ERROR EXCUSABLE.
Artículo 129.- En todos los casos, la Dirección podrá no aplicar las multas previstas en los artículos 101 y 120 cuando las infracciones impliquen error excusable de hecho o de derecho.
TÍTULO DECIMO
JUICIO DE EJECUCION FISCAL
SUPUESTOS COMPRENDIDOS.  BOLETA DE DEUDA.
Artículo 130.- El cobro judicial de los tributos adeudados –total o parcialmente-, pagos a cuenta, retenciones, percepciones, anticipos, accesorios, intereses y multas ejecutoriadas se hará por la vía de la ejecución fiscal establecida en el presente título.
La ejecución fiscal procederá a partir del vencimiento de los plazos de pago establecidos, según corresponda, sin necesidad de mediar intimación individual o requerimiento extrajudicial alguno.
La Dirección también podrá iniciar reclamos judiciales de los créditos en que resulten acreedores otros organismos del Estado provincial. 
Servirá de suficiente título ejecutivo la liquidación y/o determinación administrativa de deuda expedida por los funcionarios autorizados al efecto y en las condiciones previstas por la Administración.   
En caso de existir varios créditos contra una misma persona, podrán acumularse en una ejecución y en una misma boleta de deuda los varios conceptos, a elección del actor. La Administración podrá fijar por resolución el límite mínimo de las deudas a ejecutar por la vía de la ejecución fiscal y el mínimo de las deudas a verificar en los procesos universales. 
Cuando sea necesario recurrir a la vía judicial establecida en el presente, los importes respectivos devengarán un interés punitorio computable desde la fecha de interposición de la demanda conforme el Artículo 88 de este Código.  
JUICIO EJECUTIVO. NORMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA.
Artículo 131.-  La ejecución fiscal será considerada juicio ejecutivo a todos sus efectos, aplicándose las normas establecidas en este Título y, de manera supletoria, las disposiciones contenidas en el Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero de la Provincia. 
En el juicio de ejecución fiscal no se producirá la caducidad de instancia. Asimismo, la Administración podrá fijar por resolución el límite mínimo de las deudas a ejecutar.
DE LA REPRESENTACIÓN EJERCIDA POR LA ADMINISTRACIÓN.
Artículo 132.-  La representación del poder público en el juicio de ejecución fiscal será ejercida por los Recaudadores Fiscales nombrados por la Administración Fiscal de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Asimismo, la susodicha Administración queda facultada para removerlos. 
Los Recaudadores Fiscales que lleven adelante las causas deberán ser abogados. En juicio, acreditarán la personería con la respectiva resolución de nombramiento, o copia íntegra de la misma certificada por la Administración.
Los Recaudadores Fiscales no podrán actuar como patrocinantes, defensores o mandatarios en contra del Estado provincial, sus dependencias, reparticiones descentralizadas o desconcentradas, sus empresas, sociedades del Estado y/o Municipales ya sea en recursos administrativos y/o acciones judiciales.
Los recaudadores no podrán percibir fuera de juicio los rubros ejecutados. Los honorarios y gastos causídicos, sea en forma total o parcial, serán calculados con intervención de la repartición de la cual dependen, conforme a la liquidación que la misma practique o la que apruebe la autoridad competente. 
Tampoco podrán desistir, transar, conceder esperas, paralizar o suspender el procedimiento, sin previa autorización escrita de la superioridad. Los jueces no podrán proveer tales peticiones sin que se acredite esta circunstancia.
INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA. REQUISITOS. EFECTOS.
Artículo 133.- La demanda de ejecución fiscal debe entablarse ante los Tribunales Ordinarios de la Provincia que correspondan al domicilio fiscal del accionado, y en caso que el mismo no existiere o no subsistiere, se podrá optar entre el lugar de cumplimiento de la obligación o en el lugar donde se encuentren sus bienes inmuebles, sus negocios o ejerza su actividad económica o donde se realice el hecho imponible.
A los efectos del procedimiento, la ejecución se tendrá por interpuesta con la sola presentación de la demanda ante el Juzgado y esta interposición es la que debe tomarse para computar los intereses establecidos por el artículo 88.
La demanda contendrá, según surja del título administrativo base de la acción, el nombre del demandado, su domicilio y el carácter del mismo, concepto y monto reclamado. Además, podrá especificar las medidas cautelares u otras medidas alternativas a trabarse para garantizar el cobro del crédito fiscal reclamado. La Administración deberá constituir domicilio especial  para la tramitación del juicio en cuestión.
En ningún caso la facultad que el Fisco confiere a los contribuyentes para el pago de sus obligaciones fuera de la jurisdicción provincial podrá entenderse como declinación de esta última.
PLURALIDAD DE SUJETOS PASIVOS. PLURALIDAD DE CRÉDITOS.
Artículo 134.- Si fueren varios los ejecutados en razón de la misma obligación, el juicio de ejecución fiscal tramitará en un solo juicio, unificándose la personería en un representante, a menos que existan intereses encontrados a criterio del magistrado. Si a la primera intimación las partes no coinciden en la elección del representante único, el Juez lo designará de oficio y sin recurso alguno por parte de los ejecutados contra tal designación.
En caso de existir varios créditos contra una misma persona, podrán acumularse en una misma ejecución, a elección del actor. Asimismo podrá emitirse un único título ejecutivo comprensivo de todas las deudas y conceptos que el contribuyente o responsable mantenga con la Administración. 
MANDAMIENTO DE INTIMACIÓN DE PAGO.
Artículo 135.- Cumplidos los recaudos del artículo 133 si el Juez encontrara en forma el título ejecutivo, y sin más trámite, ordenará mandamiento de intimación de pago y embargo por el monto total reclamado en la demanda con más un treinta por ciento (30%) para atender a intereses y costas. En el mismo acto y auto citará de remate al deudor para que oponga excepciones en el término de cinco (5) días perentorios e improrrogables.
EXCEPCIONES. PRUEBAS. OFRECIMIENTO Y OPORTUNIDAD. TRASLADO DE LA CONTESTACIÓN.
Artículo 136.- Las únicas excepciones admisibles serán las siguientes, a saber:
a)	pago total o parcial documentado. Los pagos efectuados después de iniciado el juicio, los pagos mal imputados por el contribuyente o no comunicados por el contribuyente o responsable en la forma establecida, no serán hábiles para fundar la excepción. Acreditados los mismos en los autos, procederá su archivo o la reducción del monto demandado con costas a los ejecutados;
b)	espera documentada;
c)	prescripción; y
d)	inhabilidad de título, no admitiéndose esta excepción si no estuviere fundada exclusivamente en vicios relativos a la forma extrínseca del título ejecutivo.
En ningún caso y bajo ningún concepto, bajo pena de decretar la nulidad de la sentencia, admitirán los jueces en juicio controversias sobre el origen del crédito ejecutado ni podrá cuestionarse la inconstitucionalidad del tributo o conceptos cuyos pagos se perciben.
La prueba de las excepciones opuestas por el demandado deberá ofrecerse en el mismo escrito en que se opongan al contestar la intimación. No procediéndose así, el magistrado de oficio y sin más trámite, rechazará las excepciones y dictará sentencia de trance y remate, siendo inapelable el pronunciamiento. 
La prueba del pago deberá consistir exclusivamente en los recibos otorgados por funcionarios o reparticiones fiscales o constancias de instrumentos públicos o actuaciones judiciales. El comprobante respectivo deberá acompañarse al oponerse la excepción.
De las excepciones opuestas y documentación acompañada se dará traslado con copia por cinco (5) días al ejecutante debiendo el auto que así lo dispone notificarse personalmente o por cédula. Inmediatamente de recibida la cédula o habiéndose notificado personalmente, el Recaudador Fiscal deberá notificar las defensas interpuestas por el ejecutado a su superioridad, bajo apercibimiento de la separación del cargo. Si se opusieren otras excepciones o defensas que las enumeradas o se intentara probar las admisibles en otra forma que la autorizada, el Juez procederá a su rechazo sin más trámite, debiendo poner los autos para sentencia.
Contestadas las excepciones o una vez vencido el plazo para el traslado de las mismas, existiendo prueba a producir, se abrirá a prueba la causa por el término de diez (10) días, prorrogables.
AUTOS PARA SENTENCIA. INAPELABILIDAD.
Artículo 137.- Vencido el término que se hubiere acordado para producir la prueba conforme lo dispuesto en el artículo anterior, el Tribunal llamará a autos para sentencia y resolverá dentro de los quince (15) días siguientes. 
La sentencia de ejecución o la revocación del auto de intimación de pago y embargo, en ambos casos son inapelables, quedando a salvo el derecho del Fisco provincial de librar nuevo título ejecutivo, y del ejecutado de repetir las sumas abonadas conforme las normas tributarias aplicables en la especie. 
En los casos de sentencias dictadas en los juicios de ejecución fiscal por cobro de tributos, la acción de repetición sólo podrá deducirse una vez satisfecho el tributo adeudado, accesorios y costas.
JUICIO ORDINARIO DE CONOCIMIENTO POSTERIOR. CONDICIÓN SINE QUA NON.
Artículo 138.- Cualquiera fuera la sentencia que recaiga en la ejecución fiscal el ejecutante o el ejecutado podrán promover juicio ordinario una vez cumplidas las condenas impuestas en aquellas y dentro de los treinta (30) días de quedar firme la sentencia. Cumplir la condena impuesta en la sentencia de ejecución, para la parte que fuera, resultara condición sine qua non para la admisibilidad de la demanda de conocimiento posterior.
Toda defensa o excepción que por ley no fuese admisible en la ejecución fiscal podrán hacerse valer en el juicio ordinario. No corresponderá el nuevo proceso para el ejecutado que no opuso excepciones, respecto de las que legalmente pudo deducir, ni para el ejecutante en cuanto a las que se hubiese allanado. Tampoco se podrán discutir nuevamente las cuestiones de hecho debatidas y resueltas en el juicio de ejecución fiscal cuya defensa o prueba no tuviesen limitaciones establecidas por la ley, ni las interpretaciones legales formuladas en la sentencia, ni la validez o nulidad del procedimiento de ejecución.
CURSO DEL SUMARIO. INDEPENDENCIA DE LA EJECUCIÓN.
Artículo 139.-  En todos los casos, el cobro de los impuestos por la vía de ejecución fiscal no estará supeditado al curso del sumario a que pueda dar origen la falta de pago de los mismos.
NOTIFICACIONES. OFICIALES “AD-HOC”.
Artículo 140.-  Las notificaciones que deban practicarse se efectuarán en el domicilio constituido por la parte demandada o el que corresponda al lugar de cumplimiento de la obligación, a elección del actor. Los jueces podrán autorizar notificaciones por telegrama colacionado, carta documento o cualquier otro medio fehaciente a solicitud del actor, y en este caso servirá como suficiente prueba de la notificación al ejecutado el recibo especial que expida la empresa a cargo del servicio público de correos y telecomunicaciones, contándose los términos a partir de la fecha consignada en el mismo.
El diligenciamiento de los mandamientos de ejecución y embargo y las notificaciones, podrán estar a cargo de empleados de la Administración cuando esta lo requiera. En estos casos, los jueces designarán al funcionario propuesto como oficial de justicia ad hoc dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas. El costo que demande la realización de diligencias será soportado por la parte condenada en costas.
La Administración podrá igualmente, una vez firme la sentencia de remate dictada en el juicio de ejecución fiscal, proponer martillero y tasador para efectuar la subasta, debiendo en tal caso el juez que entiende en la causa, designar al propuesto.
La publicación de los edictos pertinentes se efectuará por el término de dos (2) días en el Boletín Oficial, en un diario de los de mayor circulación del lugar o en otros medios masivos de comunicación, a elección de la Administración.
FACILIDADES DE PAGO.
Artículo 141.-  La Administración podrá acordar a los deudores ejecutados planes de facilidades de pago siempre que a juicio de esa Administración la ejecución de los bienes pueda ocasionar un daño irreparable al contribuyente o responsable. Dicha facilidad podrá acordarse previa constitución de garantía suficiente. Habiéndose producido la caducidad de la facilidad de pago concedida, se proseguirá con las acciones en el estado en que se encontraban previo al otorgamiento de dicha facilidad.
El contribuyente que regularice su deuda en plan de regularización o de facilidades de pago deberá hacerse cargo de las costas y gastos causídicos, incluidos la tasa de justicia y la contribución sobre la misma respecto del juicio.
DEUDA GARANTIZADA.
Artículo 142.- Si la deuda líquida y exigible estuviera garantizada mediante aval, fianza personal, prenda, hipoteca o cualquier otra garantía, la demanda de ejecución fiscal se entablará conjuntamente contra el garante y el contribuyente o responsable principal de la deuda reclamada. Dictada la sentencia de trance y remate, se procederá en primer lugar a ejecutar la garantía. Si la misma no fuese suficiente para cubrir la deuda, se podrá seguir con la ejecución contra cualquier otro bien o valor de los ejecutados. Los profesionales ejecutores no podrán percibir a sus nombres el capital reclamado ni sus intereses y actualización; las sumas correspondientes a tales conceptos se depositarán por el demandado a la orden de los autos del juicio correspondientes a la cuenta del juzgado quien dispondrá la transferencia de los fondos a la orden de la Administración. 
EMBARGOS PREVENTIVOS.
Artículo 143.- En cualquier momento podrá la Administración solicitar embargo preventivo, inhibición general de los deudores o sus sucesores, o cualquier otra medida cautelar en resguardo del crédito fiscal, por la cantidad que presumiblemente adeuden los contribuyentes o responsables. En tal circunstancia, los jueces deberán decretarla en el término de veinticuatro (24) horas sin más recaudos ni necesidad de acreditar peligro en la demora, bajo responsabilidad del Fisco.
Para hacer efectivas las medidas que se ordenen, la Administración podrá proponer la designación de oficiales ad-hoc, los que actuarán con las facultades y responsabilidades de los titulares. La caducidad de las medidas cautelares se producirá si la Administración no iniciase la ejecución fiscal transcurridos treinta (30) días judiciales contados de la siguiente manera, a saber:
a.	desde la fecha de notificación al contribuyente del rechazo del recurso que agote la vía administrativa, y
b.	desde que la deuda ha sido consentida por el contribuyente, al no interponer recursos contra su determinación o liquidación administrativa, dentro de los plazos establecidos.
Cuando el contribuyente o responsable cancele o regularice la deuda cautelada o solicite la sustitución de la medida trabada, las costas serán a su cargo.
MEDIDAS PRECAUTORIAS.
Artículo 144.- La Administración estará facultada para trabar por las sumas reclamadas las medidas precautorias indicadas en el escrito de inicio del juicio de ejecución fiscal o que indicare en posteriores presentaciones.
A tal efecto, podrá la Administración decretar el embargo de cuentas bancarias, fondos y valores depositados en entidades financieras, o de bienes de cualquier tipo o naturaleza, inhibiciones generales de bienes y adoptar otras medidas cautelares tendientes a garantizar el recupero de la deuda en ejecución. También podrá disponer el embargo general de fondos y valores de cualquier naturaleza que los ejecutados tuvieran depositados en las entidades financieras regidas por la Ley nacional 21.526. Asimismo, podrá controlar su diligenciamiento y efectiva traba. Dentro de los quince (15) días de notificadas de la medida, las entidades financieras deberán informar a la Administración acerca de los fondos y valores que resulten embargados, no rigiendo a tales fines el secreto que establece el artículo 39 de la Ley nacional 21.526.
Para los casos que se requieran desapoderamiento físico o allanamiento de domicilios deberá requerir la orden respectiva del Juez competente. Asimismo, y en su caso, podrá llevar adelante la ejecución de sentencias mediante la enajenación de los bienes embargados a través de subasta o concurso públicos.
Si las medidas cautelares recayeran sobre bienes registrables o sobre cuentas bancarias del deudor, la anotación de las mismas se practicará de oficio expedido por la Administración, el cual tendrá el mismo valor que una requisitoria y orden judicial.
En caso de que cualquier medida precautoria resulte efectivamente trabada antes de la intimación al demandado, estas deberán serle notificadas dentro de los cinco (5) días siguientes de haber tomado conocimiento de la traba.
Las entidades financieras y terceros deberán transferir los importes totales o líquidos embargados a una cuenta a nombre de autos y a la orden del juzgado que deberá abrirse en la sucursal del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego correspondiente a la jurisdicción del juzgado, hasta la concurrencia del monto total del título ejecutivo, dentro de los dos (2) días hábiles inmediatos siguientes a la notificación de la orden emitida por el Juez.
Los gastos y/o comisiones que demande dicha medida serán soportados íntegramente por el contribuyente o responsable y no podrán detraerse del monto transferido.
LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS.
Artículo 145.- La Administración estará facultada para ordenar, previa regularización de la deuda o sustitución de la misma, el levantamiento de las medidas que oportunamente se hubieran trabado en resguardo del crédito fiscal de conformidad a lo establecido en el artículo anterior, informándolo al juez interviniente en el juicio de ejecución fiscal.
MEDIDAS CAUTELARES.
Artículo 146.- Al inicio de juicio de ejecución fiscal o con posterioridad y en cualquier estado del proceso, podrá solicitarse como medida cautelar, entre otras, y el Juez deberá disponerla en el término de veinticuatro (24) horas sin más recaudos ni necesidad de acreditación de peligro en la demora, todo ello bajo responsabilidad del fisco:
1.	traba de embargos sobre:
a)	general de fondos, cuentas o activos bancarios y financieros y valores de cualquier naturaleza que los contribuyentes tengan depositados en las entidades financieras regidas por la Ley nacional 21.526, a diligenciar directamente ante las entidades correspondientes para el supuesto de encontrarse determinadas, caso contrario ante el Banco Central de la República Argentina para que proceda a efectuar las comunicaciones pertinentes a las instituciones donde puedan existir, instruyendo la transferencia a cuenta de autos exclusivamente del monto reclamado con más lo presupuestado para responder a intereses y costas. Para el caso de resultar insuficientes, las cuentas permanecerán embargadas hasta que se acredite y transfiera el monto por el cual procedió la medida asegurativa del crédito fiscal;
b)	bienes inmuebles y muebles sean registrables o no;
c)	sueldos, jubilaciones, pensiones u otras remuneraciones siempre que sean superiores a tres (3) salarios mínimos;
2.	inhibición general de bienes; y
3.	intervención de caja.
En todos los casos, las anotaciones y levantamientos de las medidas asegurativas del crédito fiscal como así también las órdenes de transferencia de fondos que tengan como destinatarios los registros públicos, instituciones bancarias o financieros, podrán efectivizarse a través de sistemas y medios de comunicación informáticos.
RESPONSABILIDAD DE LOS DEPOSITARIOS.
Artículo 147.- Las entidades financieras, así como las demás personas físicas o jurídicas depositarias de bienes embargados, serán responsables en forma solidaria por hasta el valor del bien o la suma de dinero que se hubiere podido embargar, cuando con conocimiento previo del embargo, hubieren permitido su levantamiento, y de manera particular en las siguientes situaciones: 
a)	sean causantes en forma directa de la ocultación de bienes, fondos, valores o derechos del contribuyente ejecutado, con la finalidad de impedir la traba del embargo, o
b)	cuando sus dependientes incumplan las órdenes de embargo u otras medidas cautelares ordenadas por los jueces o por los agentes fiscales.
Verificada alguna de las situaciones descriptas, el agente fiscal la comunicará de Inmediato al juez de la ejecución fiscal de que se trate, acompañando todas las constancias que así lo acrediten. El juez dará traslado por cinco (5) días a la entidad o persona denunciada, luego de lo cual deberá dictar resolución mandando a hacer efectiva la responsabilidad solidaria aquí prevista, la que deberá cumplirse dentro de un plazo máximo de diez (10) días.
TITULO UNDÉCIMO
 PROCEDIMIENTO RECURSIVO
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.
Artículo 148.- Contra las resoluciones de la Administración que determinen total o parcialmente obligaciones tributarias, anticipos, pagos a cuenta y sus accesorios, impongan sanciones por infracciones –excepto de clausura o demanda de repetición- o denieguen exenciones o compensaciones, el contribuyente o responsable solo podrá interponer el recurso de reconsideración, no pudiendo interponerse en esta materia ninguno de los previstos por la Ley provincial 141 de Procedimiento Administrativo.
PRESENTACIÓN. FORMA. 
Artículo 149.- El recurso establecido en el artículo precedente deberá interponerse por escrito ante la Administración, personalmente, por correo o mediante carta certificada con recibo de retorno, fundadamente y dentro del plazo de quince (15) días de notificada la resolución que es objeto del recurso. 
Con la interposición del recurso deberán exponerse circunstanciadamente los agravios que cause al recurrente la resolución recurrida. En el mismo acto deberán ofrecerse todas las pruebas acompañando las que consten en documentos.
Con el recurso interpuesto solo podrán ofrecerse o acompañarse pruebas que se refieran a hechos posteriores a la resolución recurrida o documentos que no pudieron presentarse a la Administración por impedimento justificable. Podrá también el recurrente reiterar la prueba ofrecida ante la Administración y que no fue admitida o que, habiendo sido admitida y estando su producción a cargo de la Administración, no hubiera sido sustanciada.
PLAZO MÁXIMO PARA RESOLVER.
Artículo 150.- La Administración deberá resolver el recurso de reconsideración dentro de un plazo máximo de noventa (90) días contados desde su interposición. En caso de que proceda la situación prevista por el artículo 153, el plazo estipulado precedentemente de noventa (90) días podrá ampliarse por otros treinta (30) días. 
Una vez producida la prueba o vencido el plazo para la producción de la misma, la resolución que se dicte causará fuerza ejecutoria. 
Vencido el plazo establecido en los apartados precedentes, sin que la Dirección haya dictado resolución, el interesado podrá presentar pronto despacho para agotar la vía administrativa y, transcurridos veinte (20) días sin resolución por parte de la Dirección, podrá considerar denegada tácitamente el recurso, quedando habilitada la vía judicial pertinente previo pago del tributo reclamado.
EFECTO SUSPENSIVO PARA EL APELANTE.
Artículo 151.- La interposición del recurso de reconsideración suspenderá la intimación de pago respectiva.   
TRÁMITE DEL RECURSO.
Artículo 152.- Dentro de los cinco (5) días de interpuestos el Recurso de Reconsideración, la Agencia, examinará si el mismo ha sido deducido en término y si resulta procedente. Si existen defectos formales subsanables en la presentación del recurso se intimará al recurrente a fin de que subsane dicho defecto en el plazo que a tal efecto fije la Administración, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido. 
PRUEBA.
Artículo 153.- La Administración ordenará la recepción de las pruebas que se consideren admisibles, conducentes y pertinentes para la pronta y recta resolución de la materia objeto del recurso, fijando quién deberá diligenciarlas y el término dentro del cual deberán ser sustanciadas, el que no podrá exceder de quince (15) días. 
La Administración podrá ampliar, a solicitud del contribuyente antes de vencido el citado plazo y cuando existan circunstancias que así lo justifiquen, por igual término, el plazo establecido en el párrafo anterior.
MEDIDAS PARA MEJOR PROVEER.
Artículo 154.- La Administración podrá disponer medidas para mejor proveer. Las medidas para mejor proveer, incluidas las periciales, podrán ser practicadas por organismos provinciales competentes en la materia de que se trate. En todos los casos las medidas para mejor proveer serán notificadas a las partes, quienes podrán controlar su diligenciamiento y efectuar las comprobaciones y verificaciones que estimen convenientes.
RESOLUCIÓN.
Artículo 155.- Vencido el término fijado para la producción de las pruebas y diligenciadas las medidas para mejor proveer que puedan disponer conforme el artículo anterior, la Administración deberá pronunciarse dentro del término establecido por el artículo 150, debiendo practicar en la resolución la liquidación del tributo con más sus accesorios y fijar el importe de la multa, en su caso. 
Esta resolución agota la vía administrativa y extingue el efecto suspensivo del recurso.
DEMANDA ORDINARIA. PAGO DE LO RECLAMADO CONDICIÓN SINE QUA NON.
Artículo 156.- Contra las decisiones definitivas y que agotan la vía administrativa, incluidas las de este Título, el contribuyente o responsable podrá interponer demanda judicial dentro de los treinta (30) días de notificada la resolución ante los fueros locales pertinentes.
En los casos de denegatoria presunta el interesado deberá presentar pronto despacho y si no hubiere pronunciamiento dentro de los veinte (20) días hábiles quedará, por este solo hecho, expedita la vía judicial.
En todos los casos, el actor no podrá fundar sus pretensiones en hechos no alegados en la última instancia administrativa ni ofrecer prueba que no hubiera sido ofrecida en dicha  instancia, con excepción de los hechos nuevos y de la prueba sobre los mismos.
Será requisito sine qua non para admitir la demanda judicial, el pago previo de los tributos adeudados, su actualización, recargos e intereses mediante las formas previstas en la ley vigente, liquidadas a la fecha de interposición de la demanda.
Ningún Juez podrá dar curso a la demanda ordinaria si no se han abonado los importes reclamados, dar curso a la misma será considerada falta grave salvo que medien razones constitucionales debidamente acreditadas.
Presentada la demanda ante el Poder Judicial, el contribuyente deberá comunicar, mediante escrito a la Dirección, en las oficinas donde se tramitan las actuaciones, la interposición de la misma dentro del plazo de cinco (5) días. La falta de comunicación constituye una infracción que será reprimida en los términos del Artículo 101 del presente Código.
RECURSO DE REPETICIÓN.
Artículo 157.- Los contribuyentes o responsables podrán interponer ante la Administración recurso de repetición de los impuestos, tasas, contribuciones y sus accesorios, cuando consideren que el pago de los mismos hubiere sido indebido o sin causa.
La devolución total o parcial de un tributo obliga a devolver, en la misma proporción, los intereses, recargos y multas excepto la multa prevista en el Artículo 101 de este Código.
En caso de que el recurso fuere promovido por agentes de retención o recaudación, éstos deberán presentar la nómina de contribuyentes a quienes la Administración efectuará la devolución de los importes cuestionados, salvo que acrediten la debida autorización para su cobro.
PRUEBAS. DETERMINACIÓN. RENACIMIENTO DE LAS ACCIONES Y PODERES PRESCRIPTOS.
Artículo 158.- Para obtener la devolución de las sumas que consideren indebidamente abonadas y cuya restitución no hubiere sido dispuesta de oficio, los contribuyentes o responsables deberán interponer demanda o recurso de repetición ante la Administración. Con la demanda deberán acompañarse y ofrecerse todas las pruebas.
La demanda de repetición obliga a la Administración a practicar la determinación de la obligación tributaria con respecto al período y al tributo de que se trate y, en su caso, a exigir el pago de las sumas que resultaren adeudarse. En caso de detectarse deuda, se procede en primer lugar a su compensación con el crédito reclamado, reintegrando o intimado el pago de la diferencia resultante.
La determinación de la obligación tributaria no será obligatoria para la Administración cuando el demandante no fuera contribuyente ni responsable del tributo que abonó y cuya repetición solicita, o en el caso en que se resuelva compensar o acreditar las sumas reclamadas.
Cuando la demanda se refiera a tributos para cuya determinación estuvieren prescriptas las acciones y facultades del Fisco, estas renacerán por el período fiscal al que se impute la devolución y hasta el límite de la cantidad que se reclame. No será necesario el requisito de la protesta previa para la procedencia de la demanda de repetición, cualquiera sea la causa en que se funde.
PROCEDIMIENTO.
Artículo 159.- Interpuesta la demanda, la Administración previa sustanciación de la prueba ofrecida que considere conducente y demás medidas que estime oportuno disponer, correrá al demandante la vista que prevé el Artículo 62, a sus efectos, y dictará resolución dentro de los ciento ochenta (180) días de interpuesta la demanda. La resolución será notificada al demandante.
FIRMEZA. PRONTO DESPACHO.
Artículo 160.- La resolución de la Administración quedará firme a los quince (15) días de notificada. Vencido el plazo establecido en el Artículo precedente, sin que la Dirección haya dictado resolución, el interesado podrá presentar pronto despacho para agotar la vía administrativa y, transcurridos veinte (20) días sin resolución por parte de la Dirección, podrá considerar denegada tácitamente el recurso, quedando habilitada la vía judicial pertinente.
EFECTOS.
Artículo 161.- La resolución del Recurso de Repetición o su denegación tácita tendrá los efectos del Recurso de Reconsideración y podrá ser objeto de la vía impugnativa allí establecida. Quedará agotada la vía administrativa.
Si el reclamo fuera procedente, se podrá reconocer la actualización desde la fecha del reclamo hasta la fecha de notificación de la resolución que la reconoce. Asimismo, se devengarán los intereses desde la fecha del reclamo hasta la fecha de notificación de la resolución que reconoce el reclamo. A este efecto, se autoriza al Director Ejecutivo a establecer el mismo.
TÍTULO DUODÉCIMO 
PRESCRIPCIÓN
TÉRMINO. 
Artículo 162.- Prescriben por el transcurso de cinco (5) años:
a)	las facultades de la Administración para determinar las obligaciones tributarias y aplicar las sanciones por infracciones previstas en este Código o leyes tributarias especiales;
b)	la facultad de la Administración para promover la acción judicial para el cobro de la deuda tributaria; y
c)	la facultad de la Administración para disponer la devolución, acreditación o compensación de las sumas indebidamente abonadas: de oficio o no.
Cuando se tratare de deudas originadas en regímenes de retención, percepción y/o recaudación, practicadas y no ingresadas a su vencimiento, las facultades establecidas en los incisos a) y b) del presente artículo prescriben por el trascurso de seis (6) años.
En todos los casos tratándose de contribuyentes no inscriptos y del Impuesto Inmobiliario la prescripción operará trascurrido el plazo de diez (10) años.
CÓMPUTO DEL TÉRMINO.
Artículo 163.-
1. El término de prescripción en el caso del apartado a) del artículo anterior, comenzará a correr desde el 1 de enero siguiente: 
a)	del año en que se produzca el vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada correspondiente; 
b)	del año en que se produzca el hecho imponible generador de la obligación tributaria respectiva, cuando no mediare obligación de presentar declaración jurada; 
c)	del año en que se cometieron las infracciones punibles. 
2. en el supuesto contemplado en el apartado b) del artículo anterior, el término de prescripción comenzará a correr desde el 1 de enero del año siguiente al año en que quede firme la resolución de la Agencia que determine la deuda tributaria o imponga las sanciones por infracciones o al año en que debió abonarse la obligación tributaria, cuando no mediare determinación. 
Bajo el mismo supuesto, en los casos de reconocimiento de obligaciones tributarias con motivo de acogimientos a planes de facilidades de pago, el término de la prescripción comenzará a correr desde el 1 de enero del año siguiente al año en que opere la caducidad del mismo; y
3. en el supuesto del apartado c) del artículo anterior el término de prescripción comenzará a correr desde la fecha de cada pago. 
Los términos de prescripción establecidos en el artículo 162 de este Código no correrán mientras los hechos imponibles no hayan podido ser conocidos por la Dirección por algún acto o hecho que los exteriorice en la Provincia.  Esta norma será de aplicación para el Impuesto de Sellos. 
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el impuesto no resultará exigible cuando al momento de la exteriorización hubieran transcurrido más de diez (10) años contados a partir del 1 de enero del año siguiente a la realización de los hechos imponibles. 
SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO.
Artículo 164.- Se suspenderá el curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales:
a)	En el caso del apartado a) del artículo 162 por la corrida de vista que se refiere el artículo 62 de este Código o la intimación de pago en los casos que la misma no sea procedente o por la iniciación del sumario a que se refiere el artículo 123 de este Código, hasta sesenta (60) días después que la Administración dicte resolución sobre los mismos o que venza el término para dictarla, lo que ocurra primero; no pudiendo extenderse el período de suspensión más allá de un (1) año de acaecida la causa suspensiva.
Cuando medien recursos de reconsideración ante la Administración, la suspensión por el importe apelado se prolongará hasta sesenta (60) días después de notificada la resolución o, en su caso, de vencido el término legal para dictarla, no siendo aplicable el plazo límite de un (1) año previsto en el párrafo precedente; y
b)	desde la fecha de interposición por el contribuyente o responsable del recurso previsto en el artículo 24 inciso b) del Convenio Multilateral, siempre que el contribuyente no haya hecho uso de los recursos establecidos en el presente Código y notifique de la presentación en los términos y plazos previstos en la Ordenanza Procesal la Comisión Arbitral, la suspensión, en este caso, hasta el importe reclamado, se prolongará hasta noventa (90) días después de haber adquirido firmeza la resolución dictada por la Comisión Arbitral o Plenaria, según corresponda.
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso a) precedente, en relación a la suspensión del curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales para la iniciación del sumario a que se refiere el artículo 123 de este Código, cuando exista formulación de denuncia penal establecida en la Ley nacional 24.769 por presunta comisión de algunos de los delitos tipificados en dicha ley, la suspensión de la prescripción se extenderá hasta los ciento ochenta (180) días posteriores al momento en que se encuentre firme la sentencia judicial que se dicte en la causa penal respectiva.
INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN.
Artículo 165.- La prescripción de las facultades de la Dirección para determinar la obligación tributaria se interrumpirá: 
a)	por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación tributaria por parte del contribuyente o responsable; y
b)	por la renuncia al término corrido de la prescripción en curso. 
El nuevo término de la prescripción comenzará a correr desde el 1 de enero siguiente en el que ocurra el reconocimiento o la renuncia. 
SANCIONES POR INFRACCIONES: INTERRUPCIÓN.
Artículo 166.- El término de prescripción de la facultad de la autoridad de aplicación para aplicar sanciones por infracciones se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr desde la comisión de la nueva infracción.
FACULTAD PARA PROMOVER EJECUCIÓN FISCAL.
Artículo 167.- La prescripción de la facultad mencionada en el apartado b) del artículo 161, se interrumpirá por la iniciación del juicio ejecutivo contra el contribuyente o responsable, o por cualquier acto judicial tendiente a obtener el cobro de lo adeudado.
ACCIÓN DE REPETICIÓN. INTERRUPCIÓN.
Artículo 168.- La prescripción de la acción de repetición del contribuyente o responsable se interrumpirá por la interposición de la demanda de repetición a que se refiere el artículo 157 de este Código. El nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 1 de enero siguiente a la fecha en que la Administración debió dictar resolución, si el interesado no hubiere interpuesto los recursos autorizados por este Código.

TÍTULO DECIMOTERCERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 169.- Salvo disposición legal en contrario, las exenciones de gravámenes regirán a partir del momento en que el sujeto pasivo de la obligación fiscal reúna todos los requisitos exigidos por la ley y conservarán su vigencia mientras no se modifique el destino, afectación o condiciones de su procedencia.
La reglamentación determinará en cada caso cuales sujetos se encuentran alcanzados por el deber de tramitar el acto declarativo del beneficio o de denunciar su situación mediante declaración tributaria pertinente, sin perjuicio de lo cual, si la autoridad de aplicación cuenta con la información necesaria respecto de la concurrencia de las condiciones  para la procedencia del beneficio podrá otorgarlo de oficio.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, las exenciones se otorgarán de oficio y de pleno derecho cuando se trate del Estado nacional, estados provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las municipalidades.
Artículo 170.- En el caso de transferencia de bienes inmuebles o muebles registrables, de un sujeto exento a otro gravado o viceversa, la obligación o la exención, respectivamente, comenzará a regir a partir de la fecha del otorgamiento del acto traslativo de dominio, excepto cuando uno de los sujetos fuera el Estado, en cuyo caso la obligación o la exención comenzará a partir de la fecha de la toma de posesión.
De corresponder la tributación, la Agencia de Recaudación Fueguina deberá practicar la liquidación del gravamen anual en forma proporcional por el lapso que reste hasta la finalización del ejercicio fiscal.

LIBRO SEGUNDO - PARTE ESPECIAL
TITULO PRIMERO 
DEL IMPUESTO INMOBILIARIO
DEL HECHO Y LA BASE IMPONIBLE

Artículo 171.- Los titulares de dominio, los usufructuarios, adjudicatarios de tierras fiscales y los poseedores a título de dueño pagarían anualmente por los inmuebles situados en la Provincia, el impuesto establecido en el presente Título.
El impuesto inmobiliario se abonará por cada inmueble, de acuerdo a las alícuotas y mínimos que fije la Ley Impositiva.
A efectos de lo dispuesto anteriormente, se considera como único inmueble al conjunto constructivo correspondiente a edificios destinados a hoteles, residenciales, o similares y a clínicas, sanatorios, o similares, aunque correspondan a divisiones o subdivisiones efectuadas en distintas épocas, cuando pertenezcan a un mismo titular de dominio, o correspondan a un mismo usufructuario o poseedor a título de dueño, sean personas físicas o jurídicas.
En el caso de subdivisiones parcelarias o loteos de inmuebles rurales destinados a la creación de clubes de campo, countries y/o emprendimientos  similares; cada una de las nuevas parcelas resultantes de la subdivisión  realizada no tributará el Impuesto como inmueble rural independiente, sino hasta ser transferida e inscripta a nombre de un nuevo titular, o bien hasta que comiencen a realizarse en ella obras de construcción o infraestructura o mejoras que evidencien un uso independiente de la parcela respectiva.
Artículo 172.- La base imponible del impuesto inmobiliario estará constituida por la valuación fiscal de cada inmueble, según lo establecido por la Ley territorial 118.
Artículo 173- Las obligaciones por el Impuesto Inmobiliario Rural se generan por la sola existencia de los inmuebles, con prescindencia de su inscripción en los registros o padrones, o de la incorporación de las valuaciones fiscales al Catastro, o de la determinación por la Administración. 
La Administración podrá crear, asimismo, su propio Padrón Jurídico Impositivo de contribuyentes del Impuesto Inmobiliario.
CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES.
Artículo 174.- El gravamen correspondiente por cada inmueble es indivisible y son solidariamente responsables de su pago los condóminios, cousufructuarios, coherederos y coposeedores a título de dueño.
DEL PAGO.
Artículo 175.- El impuesto establecido por la presente ley deberá ser pagado anualmente, en una o varias cuotas, en las condiciones y términos que la Agencia de Recaudación Fueguina establezca.
Cuando se trate de la incorporación de edificios u otras mejoras declaradas por el obligado, el impuesto correspondiente al período fiscal corriente se considerará devengado a partir del momento que surja de los datos de la declaración jurada espontánea del contribuyente, en cuyo caso la autoridad de aplicación deberá practicar la liquidación del gravamen anual en forma proporcional al período que transcurra entre dicha fecha y la finalización del ejercicio.
Cuando se trate de la incorporación de edificios u otras mejoras efectuada de oficio o se rectifique la declaración a que se refiere el párrafo anterior, el impuesto se considerará devengado desde el día 1 de enero del año en que se hubiera originado la obligación de denunciar la modificación.
Artículo 176.- Las liquidaciones para el pago del impuesto expedidas por la Agencia de Recaudación Fueguina sobre la base de declaraciones juradas del contribuyente no constituyen determinaciones administrativas, quedando vigente la obligación de completar el pago total del impuesto cuando correspondiere.
Cuando de la aplicación del procedimiento de integración establecido para la determinación del Impuesto queden alcanzados por el gravamen total resultante sujetos que no revistan la calidad de contribuyentes con relación a alguno o algunos de los inmuebles objeto de integración, la autoridad de aplicación podrá efectuar la desintegración de los fraccionamientos o parcelas que correspondan, de oficio o a pedido de parte interesada, en la forma, modo y condiciones que determine la reglamentación a dictarse por la agencia de Recaudación Fueguina.
Artículo 177.- A solicitud de parte interesada, se procederá a la apertura de las partidas inmobiliarias correspondientes a las parcelas resultantes de un plano de mensura de subdivisión para someter al régimen de propiedad horizontal, con efectividad a la fecha de registración de dicho documento cartográfico.
Artículo 178.- La Agencia de Recaudación Fueguina no prestará aprobación a la unificación o subdivisión de partidas -aún en los casos de aperturas a que se refiere el artículo anterior-, sin la previa acreditación de inexistencia de deudas por el impuesto Inmobiliario hasta la cuota que resulte exigible a la fecha de dicha aprobación, mediante certificación expedida por la autoridad de aplicación. Dicha acreditación no será exigible cuando el titular de dominio solicite que dicha deuda sea imputada a la partida o partidas que se generen por la unificación o subdivisión, a cuyos efectos la citada Agencia deberá establecer, con carácter general, el procedimiento y demás condiciones para su instrumentación.
Asimismo, la modalidad de imputación referida precedentemente, también podrá aplicarse cuando la unificación o subdivisión sea realizada de oficio.
DE LAS EXENCIONES.
Artículo 179.- Están exentos de este impuesto:
a.	el Estado nacional, estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las municipalidades, y sus organismos descentralizados o autárquicos, salvo aquellos que realicen actos de comercio con la venta de bienes o prestación de servicios a terceros.
También estarán exentos los inmuebles cedidos en uso gratuito al Estado Nacional, los estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las municipalidades, y sus organismos descentralizados o autárquicos, salvo aquellos que realicen actos de comercio con la venta de bienes o prestación de servicios a terceros;
b)	los templos religiosos pertenecientes a cultos reconocidos por autoridad competente;
c)	los Arzobispados, Obispados y los Institutos de Vida Consagrada conforme a la Ley nacional 24.483 y Decretos Reglamentarios, de la Iglesia Católica Apostólica Romana;
d)	las fundaciones debidamente reconocidas como tales por autoridad competente, cuyos inmuebles estén destinados exclusivamente a cumplir con su objeto estatutario;
e)	las universidades reconocidas como tales;
f)	la Cruz Roja Argentina;
g)	los inmuebles declarados monumentos históricos, por autoridad competente;
h)	Los inmuebles o parte de los mismos que sean destinados a las asociaciones y sociedades civiles, con personería jurídica, cuando el producto de sus actividades se afecte exclusivamente a los fines de su creación y que no distribuyan suma alguna de su producto entre asociados y socios, y solamente respecto de aquellos inmuebles que se utilicen principalmente para los fines que a continuación se expresan:
1. Servicio de bomberos voluntarios;
2. Salud pública, asistencia social gratuitas y beneficencia;
3. Bibliotecas públicas y actividades culturales;
4. Enseñanza e investigación científica;
5. Actividades deportivas; 
6. Servicio especializado en la rehabilitación de personas discapacitadas.
La exención del impuesto también alcanza a los propietarios de aquellos inmuebles cedidos gratuitamente en uso a las asociaciones y sociedades civiles mencionadas en el primer párrafo que utilicen los mismos para los fines señalados en el presente artículo;
i)	los titulares de dominio y demás responsables por las instalaciones, obras accesorias y plantaciones de los inmuebles de las plantas rural y subrural, según la clasificación de la Ley de Catastro 146, modificatorias y complementarias;
j)	el valor correspondiente a las plantaciones de los inmuebles de la zona suburbana, según la clasificación de la Ley de Catastro;
k)	los inmuebles pertenecientes o cedidos en uso gratuito a los establecimientos educativos reconocidos y autorizados por el Ministerio de Educación de la Provincia, y destinados total o parcialmente al servicio educativo.
Asimismo, esta exención alcanzará a los bienes inmuebles locados o cedidos en comodato, usufructo o uso no gratuito, a los mencionados establecimientos, siempre que se encontraren destinados en forma exclusiva y habitual al servicio educativo y cuando las contribuciones, tasas, impuestos o expensas comunes que gravan el bien fueren a su cargo;
l)	los propietarios y demás responsables de inmuebles pertenecientes a la planta urbana edificada, cuyo avalúo fiscal total no supere la suma que fije la Ley Impositiva y además sean propietarios, usufructuarios o poseedores de ese solo inmueble.
En el supuesto de pluralidad de obligados al pago, gozarán de la exención solamente los que reúnan los requisitos establecidos en el párrafo anterior. El resto de los obligados abonará la parte proporcional del impuesto que corresponda, el que se liquidará de conformidad a lo establecido en el artículo 178;
m)	los propietarios y demás responsables de inmuebles pertenecientes a la planta urbana edificada, cuyo avalúo fiscal total no supere la suma que fije la Ley Impositiva y que reúnan los siguientes requisitos:
1. ser el solicitante y/o su cónyuge o pareja conviviente jubilado o pensionado;
2. ser el solicitante y/o su cónyuge o pareja conviviente propietario, usufructuario o poseedor de ese sólo inmueble;
3. que el único ingreso de los beneficiarios este constituido por haberes previsionales cuyos importes brutos, en conjunto, no superen mensualmente el monto que establezca la Ley Impositiva.
Cuando se trate de parejas convivientes deberá acreditarse un plazo de convivencia no menor a dos (2) años mediante información sumaria judicial.
En el supuesto de la pluralidad de obligados al pago, la exención sólo beneficiará a aquellos que reúnan los requisitos establecidos precedentemente. El resto de los obligados abonará la parte proporcional del impuesto que corresponda, el que se liquidará de conformidad con lo establecido en el artículo 178;
n)	los inmuebles ocupados por asociaciones gremiales de trabajadores con personería jurídica y/o gremial, siempre que les pertenezcan en propiedad, usufructo, o les hayan sido cedidos gratuitamente en uso, siempre que el uso y/o la explotación sean realizadas exclusivamente por dichas entidades;
o)	los inmuebles ocupados por los partidos políticos y agrupaciones municipales, debidamente reconocidos, siempre que les pertenezcan en propiedad, usufructo o les hayan sido cedidos gratuitamente en uso y se encontraren destinados en forma exclusiva y habitual a las actividades específicas del partido o agrupación municipal;
p)	 los titulares de dominio que hubieran participado en las acciones bélicas desarrolladas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, por la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur o sus derecho-habientes beneficiarios de la pensión de guerra prevista en la Ley nacional 23.848, que sean propietarios, poseedores o usufructuarios de esa única vivienda, la misma se encuentre destinada a uso familiar y la valuación fiscal no supere el monto que establezca la Ley impositiva. Los límites de valuación fiscal y el de única vivienda referidos en el párrafo anterior no serán aplicables cuando quienes hayan participado de dichas acciones bélicas fueran ex soldados conscriptos y civiles. En el supuesto en el que los mismos sean propietarios, poseedores o usufructuarios de uno o varios inmuebles, la exención procederá únicamente por el que destinen a sus viviendas.
No podrán acceder a la exención prevista en este inciso o mantenerla quienes hubiesen sido condenados por delitos de lesa humanidad;
q)	los inmuebles que hayan sido la última vivienda de personas que se encuentren en situación de desaparición forzada o que hubiesen fallecido como consecuencia del accionar de las fuerzas armadas, de seguridad o de cualquier grupo paramilitar con anterioridad al 10 de diciembre de 1983, mientras que mantengan la titularidad dominial de los mismos sus derecho-habientes comprendidos en el beneficio establecido en la Ley nacional 24.411 y sus modificatorias; y
r)	los titulares de dominio comprendidos en las Leyes nacionales 24.043 y 25.914 y sus modificatorias, que sean propietarios, poseedores o usufructuarios de esa única vivienda y la misma se encuentre destinada a uso familiar y que la valuación fiscal no supere el monto que establezca la Ley Impositiva.
En todos los casos de exenciones contempladas en el presente artículo, la proporción exenta se calculará sobre el gravamen liquidado.
Artículo 180.- Las proporciones a que se refiere el segundo párrafo del inciso j) del artículo 179, se determinarán sobre la base de los valores que surgen de las declaraciones juradas.
Artículo 181.- Los contadores públicos que certifiquen balances de entidades de cualquier tipo incluso unipersonales, deberán hacer constar en el pasivo en renglón separado, claramente desglosada, la deuda impaga por este impuesto, en el supuesto de mora, así como la provisión razonablemente estimada, para cubrir los recargos, intereses y ajustes de valor por el mismo concepto, en cuanto correspondiese.
Artículo 182.- En los casos de transferencias del dominio de inmuebles o constitución de usufructo, producidos con anterioridad a la fecha de actualización de valuaciones, los adquirentes o usufructuarios serán responsables del pago de la diferencia de impuesto que pudiera resultar.
TITULO SEGUNDO
DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
DEL HECHO IMPONIBLE.
Artículo 183.- El ejercicio habitual y a título oneroso en jurisdicción de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras o servicios, o de cualquier otra actividad a título oneroso -lucrativa o no- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, incluidas las sociedades cooperativas y el lugar donde se realice (zonas portuarias, espacios ferroviarios, aeródromos y aeropuertos, terminales de transporte, edificios y lugares de dominio público y privado y todo otro de similar naturaleza) estará alcanzado con un Impuesto sobre los Ingresos Brutos en las condiciones que se determinan en los artículos siguientes.
La habitualidad deberá determinarse teniendo en cuenta especialmente la índole de las actividades, el objeto de la empresa, profesión o locación y los usos y costumbres de la vida económica.
Se entenderá como ejercicio habitual de la actividad gravada el desarrollo, en el ejercicio fiscal, de hechos, actos u operaciones de la naturaleza de las gravadas por el impuesto, con prescindencia de su cantidad o monto, cuando los mismos sean efectuados por quienes hagan profesión de tales actividades.
La habitualidad no se pierde por el hecho de que, después de adquirida, las actividades se ejerzan en forma periódica o discontinua.
ACTIVIDADES ALCANZADAS.
Artículo 184.- Se considerarán también actividades alcanzadas por este impuesto, las siguientes operaciones, realizadas dentro de la Provincia, sea en forma habitual o esporádica:
1.	profesiones liberales: el hecho imponible está configurado por su ejercicio, no existiendo gravabilidad por la mera inscripción en la matrícula respectiva;
2.	la mera compra de productos agropecuarios, forestales, frutos del país y minerales para industrializarlos o venderlos fuera de la jurisdicción. Se considerará "fruto del país" a todos los bienes que sean el resultado de la producción nacional perteneciente a los reinos vegetal, animal o mineral obtenidos por acción de la naturaleza, el trabajo o el capital, mientras conserven su estado natural, aun en el caso de haberlos sometido a algún proceso o tratamiento -indispensable o no- para su conservación o transporte, lavado, salazón, derretimiento, pisado, clasificación, etc.; y
3.	el fraccionamiento y la venta de inmuebles (loteos, la compraventa y la locación de inmuebles).
Esta disposición no alcanza a las siguientes operaciones realizadas por personas físicas sobre inmuebles propios:
a)	alquiler de una (1) unidad locativa independiente destinada a vivienda;
b)	venta de inmuebles efectuada antes de los dos (2) años de la escrituración. Este plazo no será exigible cuando se trate de enajenaciones efectuadas por sucesiones, o cuando versen sobre vivienda única o inmueble afectado como bien de uso; y
c)	ventas de lotes pertenecientes a subdivisiones de no más de cinco (5) unidades.
DETERMINACIÓN DEL HECHO IMPONIBLE. NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.
Artículo 185.- Para la determinación del hecho imponible, se atenderá a la naturaleza específica de la actividad desarrollada, con prescindencia -en caso de discrepancia- de la calificación que mereciera a los fines de policía municipal o de cualquier otra índole, o a los fines del encuadramiento en otras normas nacionales, provinciales o municipales, ajenas a la finalidad de la ley.
ACTIVIDAD NO GRAVADA.
Artículo 186.- No constituye actividad gravada con este impuesto:
a)	el trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, con remuneración fija o variable;
b)	el desempeño de cargos públicos;
c)	el transporte internacional de pasajeros y/o cargas efectuados por empresas constituidas en el exterior, en Estados con los cuales el país tenga suscriptos o suscriba acuerdos o convenios para evitar la doble imposición en la materia, de los que surja, a condición de reciprocidad, que la aplicación de gravámenes queda reservada únicamente al país en el cual están constituidas las empresas;
d)	las exportaciones, entendiéndose por tales las actividades consistentes en la venta de productos y mercaderías efectuadas al exterior por el exportador, con sujeción a los mecanismos aplicados por la Administración Nacional de Aduanas.
Esta exención no alcanza a las actividades conexas de transporte, eslingaje, estibaje, depósito y toda otra de similar naturaleza;
e)	honorarios de directorios y consejos de vigilancia, ni otros de similar naturaleza.
Esta disposición no alcanza a los ingresos en concepto de sindicaturas; y
f)	jubilaciones y otras pasividades en general.
DE LOS CONTRIBUYENTES Y DEMÁS RESPONSABLES.
Artículo 187.- Son contribuyentes del impuesto las personas físicas, sociedades con o sin personería jurídica, las uniones transitorias de empresas, las agrupaciones de colaboración empresaria y demás entes que realicen las actividades gravadas. Cuando lo establezca la Administración, deberán actuar como agentes de retención, percepción o información, las personas físicas, sociedades con o sin personería jurídica y toda entidad que intervenga en operaciones o actos de los que deriven o puedan derivar ingresos alcanzados por el impuesto.
Las sucesiones indivisas serán contribuyentes desde la fecha de fallecimiento del causante hasta la fecha de declaratoria de herederos o de declaración de validez del testamento que cumpla la misma finalidad. Asimismo mantendrán su condición de sujetos pasivos quienes hayan sido declarados en quiebra o concurso civil o comercial, con relación a las ventas en subastas judiciales y a los demás hechos imponibles que se efectúen o generen en ocasión o con motivo de los procesos respectivos.
Artículo 188.- Los escribanos, martilleros, empresas inmobiliarias, industriales, de construcción, de seguros, de capitalización, de crédito recíproco, acopiadores, consignatarios, frigoríficos, cooperativas, asociaciones de productores agropecuarios, entidades o instituciones públicas o privadas que intervengan en operaciones o actos de los que deriven o puedan derivar ingresos alcanzados por el impuesto, actuarán como agentes de retención o exigirán la acreditación del pago del tributo determinado.
La Agencia queda facultada para disponer la aplicación de una alícuota diferencial en los casos que los sujetos pasivos de la retención o percepción sean contribuyentes o responsables obligados a inscribirse al momento de la retención o percepción y no demuestren tal calidad por los medios que la misma disponga.
CATEGORIZACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES.
Artículo 189.- La Ley Impositiva podrá establecer en función de los ingresos brutos u otra base de medición, categorías de contribuyentes, excepto para los que tributan bajo el régimen del Convenio Multilateral.
CATEGORIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES.
Artículo 190.- La Agencia de Recaudación Fueguina queda facultada a implantar un régimen de identificación -total o parcial- de contribuyentes y responsables del impuesto sobre los ingresos brutos, que será obligatorio para quienes desarrollen hechos, actos, operaciones o actividades que generen ingresos brutos gravados, conforme se reglamente. En la jurisdicción de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, los organismos de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo Nacional, Provincial, Municipal y sus dependencias, no darán curso a ningún trámite que resulte de interés para los solicitantes si los obligados no exhiben, de corresponder como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, la correspondiente identificación.
Tales organismos y sus funcionarios -de cualquier jerarquía- deberán prestar obligatoriamente la colaboración que se les requiera, a los fines del párrafo precedente, y si omitieren el cumplimiento de su obligación en tiempo y forma, se harán pasibles de las sanciones que dispone este Código.
DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE. EXCEPCIONES.
Artículo 191.- Salvo expresa disposición en contrario, el gravamen se determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada.
Se considera ingreso bruto el valor o monto total -en valores monetarios, en especies o en servicios- devengado en concepto de venta de bienes, de remuneraciones totales obtenidas por los servicios, la retribución por la actividad ejercida, los intereses obtenidos por préstamos de dinero o plazos de financiación o, en general, el de las operaciones realizadas.
En las operaciones de venta de inmuebles en cuotas por plazos superiores a doce (12) meses, se considera ingreso bruto devengado, a la suma total de las cuotas o pagos que vencieran en cada período. En las operaciones realizadas por las entidades financieras comprendidas en el régimen de la Ley Nacional 21.526, se considerará ingreso bruto a los importes devengados, en función del tiempo, en cada período. En las operaciones realizadas por responsables que no tengan obligación legal de llevar libros y formular balances en forma comercial, la base imponible será el total de los ingresos percibidos en el período.
Los ingresos brutos se imputarán al período fiscal en que se devengan. Se entenderá que los ingresos se han devengado, salvo las excepciones previstas en la presente ley:
a)	en el caso de venta de inmuebles, desde el momento de la firma del boleto, la posesión o escrituración, el que fuere anterior;
b)	en el caso de venta de otros bienes, desde el momento de la facturación o de la entrega del bien o acto equivalente, el que fuere anterior;
c)	en los casos de trabajos sobre inmuebles de terceros, desde el momento de la aceptación del certificado de obra, parcial o total o de la percepción total o parcial del precio de la facturación, el que fuere anterior;
d)	en el caso de prestaciones de servicio y de locaciones de obra y servicios -excepto las comprendidas en el inciso anterior- desde el momento en que se facture o termine total o parcialmente la ejecución de prestaciones pactada o de la percepción de pagos a cuenta del precio, lo que fuere anterior, salvo que las mismas se efectuaren sobre bienes o mediante su entrega, en cuyo caso el gravamen se devengará desde el momento de la entrega de tales bienes;
e)	en el caso de provisión de energía eléctrica, agua o gas, o prestaciones de servicios cloacales, de desagües o de telecomunicaciones, desde el momento en que se produzca el vencimiento del plazo fijado para su pago o desde su percepción total o parcial, el que fuere anterior;
f)	en el caso de intereses y/o actualizaciones, desde el momento en que se generan y en proporción al tiempo transcurrido hasta cada período de pago del impuesto;
g)	en el caso del recupero total o parcial de créditos deducidos con anterioridad como incobrables, en el momento en que se verifique el recupero; y
h)	en los demás casos, desde el momento en que se genere el derecho a la contraprestación.
A los fines de lo dispuesto precedentemente, se presume que el derecho a la percepción se devenga con prescindencia de la exigibilidad del mismo.
NO INTEGRAN LA BASE IMPONIBLE.
Artículo 192.- No integran la base imponible los siguientes conceptos:
a)	los importes correspondientes a impuestos internos, impuesto al valor agregado -débito fiscal- e impuesto para los fondos: nacional de autopistas, tecnológico del tabaco y de los combustibles.
Esta deducción solo podrá ser efectuada por los contribuyentes de derecho de los gravámenes citados, en tanto se encuentren inscriptos como tales. El importe a computar será el del débito fiscal o el del monto liquidado, según se trate del impuesto al valor agregado o de los restantes gravámenes, respectivamente en todos los casos, en la medida en que correspondan a las operaciones de la actividad sujeta a impuesto, realizadas en el período fiscal que se liquida;
b)	los importes que constituyan reintegro de capital, en los casos de depósitos, préstamos, créditos, descuentos y adelantos, y toda otra operación de tipo financiero, así como sus renovaciones, repeticiones, prórrogas, esperas u otras facilidades, cualquiera sea la modalidad o forma de instrumentación adoptada;
c)	los reintegros que perciban los comisionistas, consignatarios y similares, correspondientes a gastos efectuados por cuenta de terceros, en las operaciones de intermediación en que actúen y siempre que se rinda cuenta de los mismos, con comprobantes.
Tratándose de concesionarios o agentes oficiales de ventas, lo dispuesto en el párrafo anterior solo será de aplicación a los del Estado en materia de juegos de azar y similares y de combustibles;
d)	los subsidios y subvenciones que otorguen el Estado nacional, provincial y las municipalidades;
e)	las sumas percibidas por los exportadores de bienes o servicios, en concepto de reintegros o reembolsos, acordados por la Nación;
f)	los ingresos correspondientes a venta de bienes de uso propios;
g)	los importes que correspondan al productor asociado por la entrega de su producción, en las cooperativas que comercialicen producción agrícola, únicamente, y el retorno respectivo; y
h)	en las cooperativas de grado superior, los importes que correspondan a las cooperativas agrícolas asociadas de grado inferior, por la entrega de su producción agrícola y el retorno respectivo.
Las cooperativas citadas en los incisos g) y h) del presente artículo, podrán pagar el impuesto deduciendo los conceptos mencionados en los citados incisos y aplicando las normas específicas dispuestas por la ley impositiva para estos casos, o bien podrán hacerlo aplicando las alícuotas pertinentes sobre el total de sus ingresos. Efectuada la opción en la forma que determinará la Agencia de Recaudación Fueguina no podrá ser variada sin autorización expresa del citado organismo. Si la opción no se efectuare en el plazo que determine la Agencia, se considerará que el contribuyente ha optado por el método de liquidar el gravamen sobre la totalidad de los ingresos.
DEDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE.
Artículo 192 bis.- De la base imponible se deducirán los siguientes conceptos:
a)	las sumas correspondientes a devoluciones, bonificaciones y descuentos efectivamente acordados por épocas de pago, volumen de ventas u otros conceptos similares, generalmente admitidos según los usos y costumbres, correspondientes al período fiscal que se liquida;
b)	el importe de los créditos incobrables producido en el transcurso del período fiscal que se liquida y que hayan sido computados como ingreso gravado en cualquier período fiscal.
Esta deducción no será procedente cuando la liquidación se efectúe por método de lo percibido.
Constituyen índices justificativos de la incobrabilidad cualquiera de los siguientes: la cesación de pagos, real y manifiesta, la quiebra, el concurso preventivo, la desaparición del deudor, la prescripción y la iniciación del cobro compulsivo.
En caso de posterior recupero, total o parcial, de los créditos deducidos por este concepto, se considerará que ello es un ingreso gravado imputable al período fiscal en que el hecho ocurra; y
c)	los importes correspondientes a envases y mercaderías devueltas por el comprador, siempre que no se trate de actos de retroventa o retrocesión.
Las deducciones enumeradas precedentemente solo podrán efectuarse cuando los conceptos a que se refieren correspondan a operaciones o actividades de las que derivan los ingresos objeto de la imposición.
Las mismas deberán efectuarse en la oportunidad en que la erogación, débito fiscal o detracción tengan lugar y siempre que sean respaldadas por las registraciones contables o comprobantes respectivos.
CONCEPTOS NO EXCLUIDOS.
Artículo 193.- De la base imponible no podrán detraerse el laudo correspondiente al personal, ni los tributos que incidan sobre la actividad, salvo los específicamente determinados en la ley.
BASE IMPONIBLE ESPECIAL.
Artículo 194.- La base imponible estará constituida por la diferencia entre los precios de compra y de venta en los siguientes casos:
a)	comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados cuando los valores de compra y de venta sean fijados por el estado;
b)	comercialización mayorista y minorista de tabacos, cigarros y cigarrillos;
c)	las operaciones de compra y venta de divisas; y
d)	comercialización de productos agrícola-ganaderos efectuada por cuenta propia por los acopiadores de esos productos.
A opción del contribuyente, el impuesto podrá liquidarse aplicando las alícuotas pertinentes sobre el total de los ingresos respectivos.
A los efectos de cualquier tipo de categorización que se establezca en el presente Código, deberán considerarse los ingresos brutos totales del contribuyente, aun cuando difiera de la base imponible considerada a los efectos de la determinación de la obligación tributaria.
BASE IMPONIBLE. ENTIDADES FINANCIERAS. 
Artículo 195.- Para las entidades financieras comprendidas en la Ley nacional 21.526 y sus modificatorias, la base imponible estará constituida por la diferencia que resulte entre el total de la suma del haber de las cuentas de resultados y los intereses y actualizaciones pasivas, ajustada en función de su exigibilidad en el período fiscal de que se trata.
Asimismo se computarán como intereses acreedores y deudores respectivamente, las compensaciones establecidas en el artículo 3º de la Ley nacional 21.572 y los cargos determinados de acuerdo con el artículo 3º, inciso a), del citado texto legal.
BASE IMPONIBLE. PRÉSTAMOS DE DINERO. ENTIDADES NO INCLUIDAS EN LA LEY NACIONAL 21.526.
Artículo 196.- En los casos de operaciones de préstamos de dinero, realizadas por personas físicas o jurídicas que no sean las contempladas por la Ley nacional 21.526 de entidades financieras, la base imponible será el monto de los intereses y ajustes por desvalorización monetaria.
Cuando en los documentos referidos a dichas operaciones, no se mencione el tipo de interés o se fije uno inferior al establecido por el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego para el descuento de documentos, se computará este último a los fines de la determinación de la base imponible.
BASE IMPONIBLE. COMPAÑÍAS DE SEGURO.
Artículo 197.- Para las compañías de seguros y reaseguros, se considera monto imponible aquel que implique una remuneración de los servicios o un beneficio para la entidad.
Se conceptúan especialmente en tal carácter:
a)	la parte que sobre las primas, cuotas o aportes se afecte a gastos generales, de administración, pago de dividendos, distribución de utilidades u otras obligaciones a cargo de la institución; y
b)	las sumas ingresadas por locación de bienes inmuebles y la venta de valores mobiliarios no exenta del gravamen, así como las provenientes de cualquier otra inversión de sus reservas.
No se computarán como ingresos, la parte de las primas de seguros destinada a reservas matemáticas y de riesgos en curso, reaseguros pasivos y siniestros y otras obligaciones con asegurados.
BASE IMPONIBLE. PLANES DE AHORRO.
Artículo 198.- Las empresas o entidades que exploten directa o indirectamente los círculos de ahorro compartido, ahorro para fines determinados, círculos cerrados o planes de compra por autofinanciación, los también denominados "60 x 1.000", etc., pagarán sobre el total de ingresos brutos cualquiera sea la denominación de la percepción (cuota pura, gastos de administración, intereses, inscripción, etc.) deduciendo el costo de los bienes adjudicados.
BASE IMPONIBLE. COMISIONISTAS Y OTROS INTERMEDIARIOS.
Artículo 199.- Para las operaciones efectuadas por comisionistas, consignatarios, mandatarios, corredores, representantes y/o cualquier tipo de intermediarios que realicen operaciones de naturaleza análoga, la base imponible estará constituida por los ingresos devengados en el período fiscal: comisiones, bonificaciones, participaciones, porcentajes o similares, así como todo otro ingreso que signifique una retribución por su actividad, las garantías de créditos, los fondos especiales, el pesaje y báscula, los intereses o actualizaciones, los fletes en camiones propios y cualquier recupero de gasto sin rendición de cuentas con comprobante.
Esta disposición no será de aplicación en los casos de operaciones de compraventa que por cuenta propia efectúen los intermediarios citados en el párrafo anterior. Tampoco para los concesionarios o agentes oficiales de venta, los que se regirán por las normas generales.
En el caso de ejercicio de profesiones liberales, cuando la percepción de los honorarios se efectúe -total o parcialmente- por intermedio de consejos o asociaciones profesionales, la base imponible estará constituida por el monto líquido percibido por los profesionales.
BASE IMPONIBLE. COMERCIALIZACIÓN DE BIENES USADOS.
Artículo 200.- En el caso de comercialización de bienes usados, la base imponible será la diferencia entre su precio de venta y el monto que se le hubiere atribuido en oportunidad de su recepción o compra.
Artículo 201.- En el caso de comercialización de bienes usados recibidos como parte de pago de unidades nuevas o usadas, la base imponible será la diferencia entre su precio de venta y el monto que se le hubiere atribuido en oportunidad de su recepción.
BASE IMPONIBLE. AGENCIAS DE PUBLICIDAD.
Artículo 202.- Para las agencias de publicidad, la base imponible esta dada por los ingresos provenientes de los "servicios de agencias", bonificaciones por volúmenes y los montos provenientes de servicios propios, y productos que facturen. Cuando la actividad consista en la simple intermediación los ingresos provenientes de las comisiones recibirán el tratamiento previsto para comisionistas, consignatarios, mandatarios, corredores y representantes.
BASE IMPONIBLE. PAGOS EN ESPECIES.
Artículo 203.- Cuando el precio se pacte en especies, el ingreso bruto estará constituido por la valuación de la cosa entregada, la locación, el interés o el servicio prestado, aplicando los precios, la tasa de interés, el valor locativo, etc., oficiales o corrientes en plaza, a la fecha de generarse el devengamiento.
EXENCIONES.
Artículo 204.- Están exentos del pago de este gravamen:
a)	las actividades ejercidas por el Estado nacional, el Estado provincial, los estados provinciales, las municipalidades y comunas, sus dependencias, reparticiones autárquicas y descentralizadas. No se encuentran comprendidos en esta disposición los organismos, reparticiones o empresas pertenecientes total o parcialmente al Estado nacional, provincial, municipal o comunal que ejerzan actos de comercio o industria;
b)	la prestación de servicios públicos efectuados directamente por el Estado Provincial, Municipal o Comunal, sus dependencias, reparticiones autárquicas o descentralizadas, cuando las prestaciones efectuadas lo sean en función de Estado como poder público y siempre que no constituyan actos de comercio o industria;
c)	el Banco Provincia de Tierra del Fuego;
d)	los partidos políticos reconocidos legalmente;
e)	las representaciones diplomáticas y consulares de los países extranjeros acreditados ante el Gobierno de la República en un todo de acuerdo a la legislación vigente;
f)	las Bolsas de Comercio autorizadas a cotizar títulos valores y los Mercados de Valores;
g)	toda operación sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos y que se emitan en el futuro por la Nación, las provincias o municipalidades, así como también las rentas producidas por los mismos o los ajustes de estabilización o corrección monetaria;
Aclárase que las actividades desarrolladas por los agentes de bolsa y todo tipo de intermediación en relación con tales operaciones no se encuentran alcanzadas por la presente exención;
h)	los intereses de depósito en caja de ahorro y a plazo fijo;
i)	la edición e impresión de libros, diarios, periódicos y revistas en todo su proceso de creación ya sea que la actividad la realice el propio editor, o terceros por cuenta de este, incluidos los ingresos provenientes de la venta de espacios publicitarios. Igual tratamiento tendrán la distribución y venta de los impresos citados.
Esta exención no alcanza a la edición, impresión, distribución y venta de material de carácter condicionado;
j)	las asociaciones mutualistas y las obras sociales constituidas de acuerdo a la legislación vigente, únicamente por los ingresos en concepto de cuotas sociales, de contribuciones que perciban de socios o terceros, por la venta de medicamentos y por prestación de servicios de salud, las que serán otorgadas bajo resolución fundada de la Agencia de Recaudación Fueguina;
k)	los ingresos percibidos por las cooperativas de trabajo y los ingresos de los socios o accionistas de las mismas, provenientes de los servicios prestados. Esta exención no alcanza a los ingresos provenientes de prestaciones o locaciones de obra o de servicios por cuenta de terceros, aun cuando dichos terceros sean socios o accionistas o tengan inversiones que no integren el capital societario;
l)	los ingresos obtenidos por asociaciones, entidades o comisiones de beneficencia, de bien público, asistencia social, de educación, científicas, artísticas, culturales y deportivas, instituciones religiosas y asociaciones gremiales únicamente por el cobro de las cuotas sociales y otras contribuciones que perciban de sus asociados, benefactores o terceros, o por la realización de festivales o actos de cultura, deportivos o de esparcimiento, por la venta de medicamentos y prestaciones de servicios de salud, por la prestación de servicios de salud, por la prestación de servicios encomendados y abonados por el Estado provincial, siempre que los ingresos obtenidos sean destinados exclusivamente al objeto previsto en sus estatutos sociales, acta de constitución o documento similar y en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre los socios. En estos casos, se deberá contar con personería jurídica o gremial o el reconocimiento o autorización por autoridad competente, según corresponda;
m)	los establecimientos educacionales privados, incorporados a los planes de enseñanza oficial y reconocidos como tales en las respectivas jurisdicciones;
n)	los ingresos de profesiones liberales, correspondientes a cesiones o participaciones que les efectúen otros profesionales, cuando estos últimos computen la totalidad de los ingresos como materia gravada.
Esta disposición no será de aplicación en los casos de cesiones o participaciones efectuadas por empresas o sociedades inscriptas en el Registro Público de Comercio;
o)	las emisoras de radiofonía y de televisión, incluyendo las de televisión por cable codificadas, satelitales, de circuitos cerrados y toda otra forma que haga que sus emisiones puedan ser captadas únicamente por sus abonados;
p)	los ingresos percibidos por las cooperativas prestadoras de servicios eléctricos y de suministros de agua potable en el ámbito provincial, únicamente por la prestación de dichos servicios; y
q)	aquellos contribuyentes que se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social que depende de la Dirección Nacional de Fomento del Monotributo Social perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y que cumplan con las pautas vigentes al respecto.
Las exenciones previstas en el presente artículo serán otorgadas por la Agencia de Recaudación Fueguina, siendo requisito indispensable que el solicitante se encuentre en situación fiscal regular por toda actividad a la que se halle vinculado y una vez cumplimentados todos los requisitos exigidos en la pertinente reglamentación. La exención comenzará a regir para el peticionante, cualquiera sea la fecha de solicitud de la exención, a partir del otorgamiento de la personería jurídica o del reconocimiento oficial en su caso y se mantendrá mientras mantenga su situación fiscal regular, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Sin perjuicio de ello, las entidades peticionantes que hubieren efectuado pagos por los conceptos exceptuados no podrán repetir los mismos, los que quedarán irrevocablemente incorporados al Fisco provincial.
DEL PERÍODO FISCAL.
ARTÍCULO 205.- El período fiscal será el año calendario.
DE LA LIQUIDACIÓN Y PAGO.
Artículo 206.- La Ley Impositiva establecerá las distintas alícuotas a aplicar a los hechos imponibles alcanzados por la presente ley.
La misma ley fijará los impuestos mínimos y los importes fijos a abonar por los contribuyentes, tomando en consideración la actividad, la categoría de los servicios prestados o actividades realizadas, mayor o menor grado de suntuosidad, las características económicas u otros parámetros representativos de la actividad desarrollada.
DECLARACIÓN JURADA.
Artículo 207.- El impuesto se liquidará por Declaración Jurada, en los plazos y condiciones que determine la Agencia de Recaudación Fueguina, la que establecerá asimismo, la forma y plazos de inscripción de los contribuyentes y demás responsables.
Así también, deberán presentar una Declaración Jurada en la que se resuma la totalidad de las operaciones del año, de conformidad con la reglamentación que a sus efectos dicte la autoridad de aplicación.
El pago se hará por el sistema de anticipos mensuales, en función de los ingresos calculados sobre base cierta, en las condiciones y plazos que determine la Agencia de Recaudación Fueguina.
Los contribuyentes comprendidos en las disposiciones del Convenio Multilateral del 18 de agosto de 1977 y sus modificaciones ajustarán su liquidación y pago a las normas del mismo. Las normas citadas, en caso de concurrencia con normas provinciales, tendrán preeminencia. No son aplicables a los mencionados contribuyentes las normas generales relativas a impuestos mínimos y están sujetos a retención en la fuente.
En todos los casos, los anticipos abonados fuera de término, no abonados o abonados por un monto inferior al que correspondiere devengarán los intereses, actualizaciones y darán origen a las sanciones previstas en este Código.
Los agentes de retención o percepción ingresarán el impuesto de conformidad con lo que determine al efecto la Agencia de Recaudación Fueguina.
El impuesto se ingresará por depósito en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego o en las entidades bancarias con las que se convenga la percepción y/o por medio de las tarjetas de crédito habilitadas por la Agencia de Recaudación Fueguina.
RÉGIMEN DE RECAUDACIÓN.
Artículo 208.- Facúltase a la Agencia de Recaudación Fueguina a establecer y reglamentar un régimen de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que se aplicará sobre los importes acreditados en las cuentas abiertas en entidades regidas por la Ley nacional 21.526 y sus modificatorias, a nombre de los contribuyentes de dicho impuesto, inclusive los comprendidos en el régimen del Convenio Multilateral. Los Agentes de Recaudación Fueguina designados por la autoridad de aplicación o por la Comisión Arbitral, resultarán pasibles en caso de incumplimiento de sus deberes formales o materiales, de los procedimientos, sanciones y responsabilidades establecidas en las Leyes provinciales 439 y 440, sus modificatorias y normas reglamentarias, para los sujetos que actúen como agentes de retención y/o percepción. El importe debitado por el Agente de Recaudación Fueguina tendrá para el contribuyente el carácter de un pago a cuenta de su obligación tributaria.
REDUCCIONES POR CUMPLIMIENTO.
Artículo 209.- Los contribuyentes que acrediten cumplimiento y situación regular en el pago del impuesto gozarán de las siguientes reducciones respecto de los importes que les corresponda tributar:
a)	doce por ciento (12%) para aquellos contribuyentes cuya base imponible anual no supere la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 37.500.000); y
b)	cinco por ciento (5%) para aquellos contribuyentes que superen la base imponible anual establecida en el inciso a).
La base imponible anual a considerar para el encuadramiento en los porcentajes de reducción del tributo a ingresar será la correspondiente al año calendario inmediato anterior al ejercicio fiscal en que se usufructúe el beneficio.
En el caso de contribuyentes que tributan el impuesto bajo las disposiciones del régimen del Convenio Multilateral, las reducciones establecidas en el presente artículo serán de aplicación para aquellos cuyo fisco sede sea la Jurisdicción Tierra del Fuego y la base imponible anual a considerar para la determinación del porcentaje del beneficio a aplicar será la base imponible total del país del año calendario inmediato anterior.
A los fines del encuadramiento en la presente norma, los contribuyentes deberán declarar su situación respecto de los supuestos indicados -a) o b)-, de conformidad con la reglamentación que al efecto se dicte.
Se considera cumplimiento y situación regular en el pago del impuesto, el acreditar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales correspondientes a los tributos recaudados por la Agencia de Recaudación Fueguina, devengados o exigibles, conjuntamente con el pago de las últimas doce (12) posiciones y la que se pretende abonar en la fecha de vencimiento establecida por la mentada Agencia.
A este efecto se considerará que se encuentran encuadrados aquellos contribuyentes que poseyendo deuda con la Administración, procedan o hayan procedido a su regularización mediante planes de facilidades de pago u otro medio de cancelación autorizado, en tanto y en cuanto no hayan incurrido o incurran en el futuro en causal de caducidad.
Aquellos contribuyentes que no reúnan las condiciones mencionadas precedentemente deberán tributar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos de conformidad con las alícuotas establecidas en la Ley Tarifaria correspondiente, sin el beneficio de reducción con más los accesorios de ley devengados hasta la fecha del efectivo pago.
El beneficio no podrá ser ejercido retroactivamente ni tampoco en forma acumulada y comenzará a gozarse a partir de la decimotercera (13ª) posición, manteniéndose vigente en tanto y en cuanto las subsiguientes se sigan presentando y abonando en término. Se admitirá el pago fuera de término de tres (3) posiciones mensuales por año calendario sin pérdida del beneficio, siempre que se cancelen con los intereses correspondientes dentro del mismo mes del vencimiento de la respectiva obligación.
Los contribuyentes que, habiendo comenzado a gozar del beneficio de la referida deducción incurran en alguna falta formal o material relativa a las obligaciones y tributos que recauda la Agencia de Recaudación Fueguina, no perderán el mismo en tanto y en cuanto:
a)	procedan a regularizar su situación en forma espontánea;
b)	procedan a la regularización de la situación fiscal a requerimiento de la Dirección y dentro del plazo establecido por la misma; y
c)	procedan a la cancelación de la deuda exigida por la Dirección en los términos establecidos, una vez firme.
A solicitud de los contribuyentes, y a efectos de evitar inequidades, se admitirá la aplicación retroactiva del párrafo mencionado precedentemente, siempre que el mismo no implique la generación de un derecho de repetición al contribuyente ni devolución de impuestos por parte del Fisco.
ANTICIPOS. CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.
Artículo 210.- La Agencia podrá requerir anticipos del impuesto, que se determinarán en función de los ingresos brutos o del impuesto pagado del período que se fije, los que revestirán el carácter de Declaración Jurada, en la forma, condiciones y plazos que la misma establezca.
Los contribuyentes que no tengan actividad en el período a que corresponda el anticipo deberán comunicar a la Agencia el inicio de dicha situación así como también su finalización, acreditándolo  fehacientemente.
En los casos de contribuyentes o responsables que no abonen sus anticipos en los términos establecidos, la Agencia de Recaudación Fueguina podrá liquidar y exigir el ingreso como pago a cuenta por cada mes adeudado, del pago de una suma igual a la ingresada por el mismo período considerado en el año inmediato anterior o en los que le antecedan, en ese orden o una suma igual a la ingresada por el mes anterior, o en defecto de ambos métodos que guardan prioridad, una suma igual a cualquiera de los anticipos ingresados, declarados o determinados, con anterioridad al que se liquida, sea perteneciente al mismo período fiscal o a uno anterior no prescripto, con más los intereses que resulten aplicables.
La notificación del obligado de los importes establecidos por la Agencia de conformidad con el procedimiento indicado, elimina la facultad de autodeterminación de los anticipos por parte del contribuyente, no efectuada ni declarada en término. No obstante, si los importes aludidos excedieran la determinación practicada por el obligado, el saldo a su favor podrá ser compensado en las liquidaciones de los anticipos con vencimientos posteriores al del período considerado, o en la declaración jurada anual, sin perjuicio de la acción que corresponda por vía del recurso de repetición.
Cuando el monto del anticipo omitido excediera el importe del pago a cuenta del mismo, establecido por la Dirección, subsistirá la obligación del contribuyente o responsable de ingresar la diferencia correspondiente, con más los intereses y actualización, sin perjuicio de la multa que pudiera corresponder.
OBLIGATORIEDAD DEL PAGO DEL ANTICIPO MÍNIMO.
Artículo 211.- El pago de anticipo mínimo mensual será obligatorio desde la fecha de vencimiento de la posición correspondiente al inicio de actividades debidamente acreditadas. Dicha obligación cesará cuando el contribuyente comunique a la Agencia de Recaudación Fueguina su cese de actividad, o cuando los elementos de prueba presentados indiquen que esta fuera anterior.
Los contribuyentes que ejerzan actividades alcanzadas con distinto tratamiento fiscal ingresarán solo el impuesto mínimo mayor previsto para ellas.
AGENTES DE RECAUDACIÓN. ALÍCUOTA APLICABLE A CONTRIBUYENTES NO INSCRIPTOS.
Artículo 212.- Todo agente de retención o percepción que deba realizar o recibir pagos de contribuyentes no inscriptos deberá retener o percibir el doble de la alícuota establecida para la respectiva actividad.
ACTIVIDADES. DISCRIMINACIÓN.
Artículo 213.- Cuando un contribuyente ejerza dos (2) o más actividades o rubros con distinto tratamiento, deberá discriminar en sus declaraciones juradas el monto de los ingresos brutos correspondiente a cada uno de ellos.
Cuando omitiera esta discriminación estará sujeto a la alícuota más elevada, tributando un impuesto no menor a la suma de los mínimos establecidos en la Ley Impositiva anual para cada actividad o rubro.
Las actividades o rubros complementarios de una actividad principal -incluido financiación y ajustes por desvalorización monetaria- estarán sujetos a la alícuota que, para aquella contemple la Ley Impositiva.
AGENTE DE PERCEPCIÓN. BANCO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.
Artículo 214.- El Banco de la Provincia de Tierra del Fuego efectuará la percepción de los impuestos correspondientes a todos los Fiscos, que deben efectuar los contribuyentes del Convenio Multilateral, acreditando a la cuenta "Convenio Multilateral" los fondos resultantes de la liquidación efectuada en favor de esta provincia y efectuando las transferencias que resulten en favor de los Fiscos respectivos, a condición de reciprocidad. La recaudación y transferencias respectivas, por ingresos de otros Fiscos, se hallarán exentas del Impuesto de Sellos respectivo.
Las normas relativas a la mecánica de pago y transferencias y los formularios de pago serán dispuestos por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.
DECLARACIONES JURADAS ANUALES. CONDICIONES.
Artículo 215.- Facúltase a la Agencia de Recaudación Fueguina a establecer la forma, condiciones y plazos para la presentación de las declaraciones juradas y pago del gravamen; este último no podrá exceder de noventa (90) días de producida la finalización del período fiscal.
De los ingresos brutos del período fiscal no podrán efectuarse otras detracciones que las implícitamente enumeradas en la presente ley, las que únicamente podrán ser usufructuadas por parte de los responsables que, en cada caso, se indican. No dejará de gravarse un ramo o actividad por el hecho de que no haya sido previsto en forma expresa en la presente ley o en la Ley Impositiva. En tal supuesto, se aplicará la alícuota general.
HONORARIOS JUDICIALES. RETENCIÓN DEL IMPUESTO.
Artículo 216.- En toda regulación de honorarios, el juez actuante ordenará la retención que corresponda por aplicación de la alícuota correspondiente, depositando el importe respectivo en la cuenta oficial que al efecto habilite la Agencia de Recaudación Fueguina.
Cuando en la causa que da origen a la regulación no existieran fondos depositados que permitieran efectuar la retención, el juzgado actuante comunicará a la Agencia de Recaudación Fueguina el monto de los honorarios regulados.
En la Declaración Jurada del anticipo y determinado el impuesto a abonar, se deducirá del mismo el importe de las retenciones sufridas procediéndose al depósito del saldo resultante a favor del Fisco.
A los efectos establecidos en la presente, en la primera oportunidad en que el profesional tome intervención en cada proceso judicial deberá denunciar sus datos de inscripción como contribuyente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos y/o Convenio Multilateral.
La falta de cumplimiento de esta obligación importará la cesación automática de la intervención del profesional que, intimado a cumplimentar con tal recaudo, no lo efectivice dentro de las cuarenta y ocho (48) horas subsiguientes.
Ante la falta de cumplimiento de la presente obligación así como en el supuesto de que el profesional actuante declare encontrarse inscripto como contribuyente en el Convenio Multilateral, deberá notificar la situación a la Agencia de Recaudación Fueguina.
DEL INICIO Y CESE DE ACTIVIDADES.
INSCRIPCIÓN. 
Artículo 217.- En los casos de iniciación de actividades, deberá solicitarse con carácter previo la inscripción como contribuyente, dentro de los plazos y condiciones que la Agencia de Recaudación Fueguina determine.
La Agencia está facultada para disponer que, en determinadas circunstancias, ciertos tipos, clases o sectores de contribuyentes o responsables se encuentren eximidos de su obligación de inscribirse.
CESE DE ACTIVIDADES.
Artículo 218.- En caso de cese de actividades, incluidas transferencias de fondos de comercio, sociedades y explotaciones gravadas, la Agencia de Recaudación Fueguina reglamentará las tramitaciones a cumplirse, estableciendo los plazos, formalidades, requisitos, condiciones y documentación a aportar por los contribuyentes o responsables. En estos casos deberá satisfacerse el impuesto correspondiente hasta la fecha de cese, presentándose la Declaración Jurada respectiva.
Si se tratara de contribuyentes cuya liquidación se efectúa por el sistema de lo percibido, deberán computar también los importes devengados no incluidos en aquel concepto.
Lo dispuesto precedentemente no será de aplicación obligatoria en los casos de transferencias en las que se verifique continuidad económica para la explotación de la o de las mismas actividades y se conserve la inscripción como contribuyente, supuesto en el cual se considera que existe sucesión de las obligaciones fiscales.
Evidencian continuidad económica:
a)	la fusión de empresas u organizaciones -incluidas las unipersonales- a través de una tercera que se forme o por absorción de una de ellas;
b)	la venta o transferencia de una entidad a otra que, a pesar de ser jurídicamente independiente constituye un mismo conjunto económico;
c)	el mantenimiento de la mayor parte del capital en la nueva entidad; y
d)	la permanencia de las facultades de dirección empresarial en la misma o mismas personas.
TITULO TERCERO 
DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

Artículo 219.- Establécese un régimen simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los contribuyentes locales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Este régimen sustituye la obligación de tributar por el sistema general del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para aquellos contribuyentes que resulten alcanzados.
SUJETOS OBLIGADOS.
Artículo 220.- Están obligados a ingresar al régimen simplificado los pequeños contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. A estos fines se consideran pequeños contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las personas físicas que realicen cualquiera de las actividades alcanzadas por dicho impuesto, y las sucesiones indivisas en su carácter de continuadoras de las actividades de las mencionadas personas físicas. 
Asimismo, las  sociedades  no  constituidas  según lo dispuesto en el Capítulo III –tres- de la Ley General de Sociedades de acuerdo a la Leyes nacionales 26.994 y 27.077, o la que en un futuro la reemplace, se considerarán pequeños contribuyentes. En todos los casos serán considerados pequeños contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos aquellos que cumplan las siguientes condiciones:
a)	que por las actividades alcanzadas por el impuesto sobre los ingresos brutos hayan obtenido en el período fiscal inmediato anterior al que se trata, ingresos brutos totales (gravados, no gravados, exentos) inferiores o iguales al importe que fije la Ley Impositiva;
b)	que no superen en el mismo período fiscal anterior los parámetros máximos referidos a las magnitudes físicas que se establezcan para su categorización a los efectos del pago de impuestos que les corresponda realizar;
c)	que el precio máximo unitario de venta, solo en los casos de venta de cosas muebles, no supere la suma que fije la Ley Impositiva; y
d)	que no realicen importaciones de cosas muebles y/o de servicios.
CATEGORÍAS.
Artículo 221.- Se establecen ocho (8) categorías de contribuyentes de acuerdo a las bases imponibles gravadas y a los parámetros máximos de las magnitudes físicas, entendiéndose por tales "superficie afectada a la actividad" y "energía eléctrica consumida".
Artículo 222.- Los parámetros "superficie afectada a la actividad" y/o "energía eléctrica consumida" no deben ser considerados en las actividades que, para cada caso, se señalan a continuación:
1.	parámetro superficie afectada a la actividad:
a)	servicios de playas de estacionamiento, garajes y lavaderos de automotores;
b)	servicios de prácticas deportivas (clubes, gimnasios, canchas de tenis y paddle, piletas de natación y similares);
c)	servicios de diversión y esparcimiento (billares, pool, bowling, salones para fiestas, peloteros y similares);
d)	servicios de alojamiento y/u hospedaje prestados en hoteles, pensiones, excepto en alojamientos por hora;
e)	servicios de enseñanza, instrucción y capacitación (institutos, academias, liceos y similares), y los prestados por jardines de infantes, guarderías y jardines materno infantiles;
f)	servicios prestados por establecimientos geriátricos y hogares para ancianos;
g)	servicios de reparación, mantenimiento, conservación e instalación de equipos y accesorios, relativos a rodados, sus partes y componentes;
h)	servicios de depósitos y resguardo de cosas muebles; e
i)	locaciones de bienes inmuebles.
2.	parámetro de "energía eléctrica consumida":
a)	lavadero de automotores;
b)	expendio de helados;
c)	servicios de lavado y limpieza en seco, no industriales; y
d)	explotación de kioscos, poli-rubros y similares.
La Dirección General de Rentas evaluará la procedencia de mantener las excepciones señaladas precedentemente en base al análisis periódico en las distintas actividades económicas involucradas.
DECLARACIÓN JURADA ANUAL. ANTICIPOS MENSUALES.
Artículo 223.- La obligación que se determina para los contribuyentes alcanzados por este sistema tiene carácter anual y deberá ingresarse mensualmente según las categorías indicadas en el artículo precedente y de acuerdo a los montos que se consignan en la Ley Impositiva, para cada una de las alícuotas determinadas.
Los montos consignados que fije la Ley Impositiva deberán abonarse aunque no se hayan efectuado actividades ni obtenido bases imponibles computables por la actividad que desarrolle el contribuyente.
Los contribuyentes que realicen actividades que se encuentren alcanzadas por más de uno (1) de los dos (2) grupos de alícuotas descriptas en la Ley Impositiva, tributarán de acuerdo al mayor de ambos.
INSCRIPCIÓN.
Artículo 224.- La inscripción a este régimen simplificado se perfeccionará mediante la presentación de una Declaración Jurada ante la Agencia de Recaudación Fueguina, la que establecerá los requisitos y exigencias que contendrá la misma.
EXCLUSIONES.
Artículo 225.- Quedan excluidos del Régimen Simplificado:
a)	los contribuyentes cuyas bases imponibles acumuladas o los parámetros máximos de las magnitudes físicas superen los límites de la máxima categoría, para cada alícuota y actividad;
b)	sean sociedades no incluidas en el artículo 220;
c)	se encuentren sujetos al régimen del Convenio Multilateral;
d)	desarrollen actividades que, por su naturaleza, se encuentren alcanzadas con alícuotas diferenciales superiores a la alícuota general establecida en la Ley Impositiva vigente;
Sin perjuicio de ello, aquellos contribuyentes que desarrollen la actividad de venta minorista de tabacos, cigarrillos y otras manufacturas de tabaco, quedarán comprendidos en el presente régimen, en la medida en que cumplan con todas las condiciones establecidas en el artículo 220. A los efectos de su categorización anual, los mencionados contribuyentes deberán excluir de los montos de facturación computables, el importe correspondiente a la actividad reseñada;
e)	desarrollen actividades que tengan supuestos especiales de base imponible – artículos 194 a 203, ambos inclusive, del Código Fiscal vigente;
f)	desarrollen actividades que, de acuerdo a la Ley Impositiva vigente, tengan establecidos anticipos mínimos mensuales;
g)	desarrollen actividades que se encuentran alcanzadas con el beneficio de tasa cero (0) establecido en la Ley Impositiva vigente;
h)	desarrollen la actividad de servicio de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises; e
i)	desarrolle la actividad de pesca artesanal.
OBLIGACIONES FORMALES.
Artículo 226.- Los contribuyentes incluidos en el Régimen Simplificado deberán exhibir en sus establecimientos y en lugar visible al público los siguientes elementos:
a)	la constancia que acredite su adhesión al Régimen Simplificado y la categoría en la cual se encuentra encuadrado; y
b)	Comprobante de pago correspondiente al último mes.
RÉGIMEN SANCIONATORIO.
Artículo 227.- Los contribuyentes comprendidos en el presente régimen quedan sujetos al Régimen Sancionatorio Aplicable al incumplimiento de los deberes formales y materiales conforme el presente Código Fiscal, ley impositiva y normas regulatorias vigentes.
EXCLUSIÓN DE LOS REGÍMENES DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN.
Artículo 228.- Los agentes de retención y percepción designados por la Agencia de Recaudación Fueguina, deberán abstenerse de efectuar retenciones y percepciones a aquellos contribuyentes que se encuentren incluidos en el presente régimen. A tal fin, estos últimos deberán exhibir ante el agente de retención o percepción, el comprobante que lo acredite como inscripto, el cual será emitido por la Agencia de Recaudación Fueguina en el tiempo y forma que la misma determine.
CESE DE ACTIVIDADES.
Artículo 229.- Cuando los contribuyentes cesen en sus actividades, a los efectos de dejar de tributar en el presente régimen, deberán informarlo a la Agencia de Recaudación Fueguina de acuerdo al mecanismo que la misma determine.
FACULTADES DE CONTROL.
Artículo 230.- La Agencia de Recaudación Fueguina queda facultada para impugnar, rechazar y/o modificar la inscripción en el Régimen Simplificado cuando existan indicios suficientes de que dicha inclusión está dirigida a ocultar el monto de la base imponible y eludir el pago del impuesto que efectivamente debería abonarse.
Artículo 231.- La Agencia de Recaudación Fueguina queda facultada para reglamentar el presente régimen en todo lo aquí no prescripto y a adoptar todas las medidas necesarias para su instrumentación.
TITULO CUARTO – DEL IMPUESTO DE SELLOS
SUJETOS.
Artículo 232.- Estarán sujetos al Impuesto de Sellos, de conformidad con las disposiciones del presente Título, los actos, contratos y operaciones de carácter oneroso instrumentados sobre contratos a título oneroso formalizados por correspondencia y sobre operaciones monetarias que representen entregas o recepciones de dinero que devenguen un  interés efectuadas por las entidades financieras regidas por la Ley nacional  21.526, siempre que:
a)	se otorguen en jurisdicción de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como también los otorgados fuera de ella, en los casos especialmente previstos en este Título; y
b)	se formalicen en instrumentos públicos o privados, o por correspondencia en los casos previstos en el artículo 240 así como los que se efectúen con intervención de las bolsas o mercados de acuerdo con lo que se establece a dichos efectos.
Artículo 233.- También estarán sujetos al impuesto:
a)	los actos que tengan por objeto la transmisión de la propiedad de embarcaciones y aeronaves;
b)	los contratos de seguros y sus endosos, incluido seguro de automotor, de incendio, transporte de bienes, robo, granizo y otras coberturas de daños patrimoniales. Los contratos de seguros, serán gravados cuando cubran riesgos sobre cosas situadas o colocadas o personas domiciliadas en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, siempre que el tomador sea una persona jurídica.
También pagarán el impuesto los contratos de seguros emitidos fuera de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur que cubran bienes situados dentro de su jurisdicción o personas domiciliadas en la misma, siempre que el tomador sea una persona jurídica;
c)	todas las operaciones efectuadas en el ejercicio de actividades hidrocarburíferas, sus servicios complementarios y los supuestos previstos en el artículo 21 del Título III, Capítulo IV de la Ley nacional  23.966;
d)	los contradocumentos en instrumento público o privado; y
e)	los contratos de fideicomisos celebrados al amparo de las disposiciones de la Ley nacional 24.441, Título I;
f)	están gravados con el impuesto de este capítulo las liquidaciones o resúmenes periódicos que las entidades emisoras de tarjetas de crédito o compra produzcan para su remisión a los titulares.
Son sujetos pasivos los titulares de las tarjetas de crédito o compra emitidas según lo indicado en el párrafo anterior.
La base imponible estará constituida por los débitos o cargos del período, netos de los ajustes provenientes de saldos anteriores. Los cargos o débitos a considerar son: compras, cargos financieros, intereses punitorios, cargos por servicios, adelantos de fondos y todo otro concepto incluido en la liquidación o resumen.
El impuesto se liquidará aplicando la alícuota que fije anualmente la Ley Impositiva, sobre la base imponible determinada conforme a lo previsto en el párrafo anterior, y será ingresado por las entidades que intervengan en la operatoria, a través del régimen de percepción que disponga la Agencia de Recaudación Fueguina.
EXTRAÑA JURISDICCIÓN.
Artículo 234.- Los actos, contratos u operaciones de carácter oneroso: formalizados en instrumentos públicos o privados en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentran sujetos al pago de este impuesto en los siguientes casos:
1.	cuando los bienes objeto de las transacciones se encuentren radicados o situados en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
2.	cuando se trate de actos que tengan por objeto o que prometan la constitución, modificación o extinción de cualquier derecho real sobre bienes inmuebles ubicados dentro de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur o sobre bienes muebles registrables, inscriptos en dicha jurisdicción o en la matrícula nacional de buques y artefactos navales y aeronaves, con radicación en la Provincia;
3.	los contratos de locación o sublocación de inmuebles ubicados en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como los que instrumenten la locación de servicios y obras, públicas o privadas, sobre tales bienes;
4.	los contratos de suministros de materiales y equipos para la ejecución de obras públicas en el país, que se formalicen en instrumentos separados de la ejecución de la obra, cuando en tales instrumentos conste que a la fecha de celebración del contrato dichos bienes se encontraban ubicados en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur o, no habiendo constancia de la ubicación de los mismos, el domicilio del vendedor esté ubicado en esa jurisdicción;
5.	las operaciones de compra venta de cereales, oleaginosas, semovientes, productos y subproductos ganaderos, agrícolas, forestales, apícolas, avícolas, frutícolas, de la pesca y de la minería, registrados o no en bolsas y mercados, cuando en los respectivos instrumentos o registros conste que a la fecha de celebración del contrato dichos bienes se encontraban ubicados en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur o, no habiendo constancia de la ubicación de los mismos, que el domicilio del vendedor este ubicado en esa jurisdicción;
6.	los contratos de constitución de sociedades o ampliación de su capital, sobre los aportes efectuados en:
a)	bienes inmuebles o muebles registrables que resulten sujetos al impuesto de este Título en virtud de lo dispuesto por el inciso a) de este artículo; y
b)	semovientes, cuando en el instrumento conste que a la fecha de celebración del contrato dichos bienes se encontraban ubicados en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
7.	los contratos de prórroga del término de duración de sociedades con domicilio social en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; y
8.	los demás actos otorgados en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando produzcan efectos en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
CONTRATOS FORMALIZADOS EN EL EXTERIOR.
Artículo 235.- En todos los casos los actos formalizados en el exterior deberán pagar el impuesto de acuerdo con las prescripciones del presente Título al tener efectos en jurisdicción de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Artículo 236.- Los actos y contratos a que se refiere el presente Título quedarán sujetos al impuesto por la sola creación y/o existencia material de los instrumentos respectivos, con abstracción de su validez, eficacia jurídica o posterior cumplimiento.
Salvo los casos especialmente previstos, la anulación de los actos o la no utilización total o parcial de los instrumentos no darán lugar a la devolución, compensación o acreditación del impuesto pagado.
Artículo 237.- La obligación de tributar el presente impuesto no importa solo hacerlo respecto de los actos y contratos expresa o implícitamente mencionados, sino también respecto de todos los actos y contratos expresa o implícitamente encuadrados en las disposiciones de este Título.
Artículo 238.- A los fines de este Título se entenderá por instrumento toda escritura, papel o documento del que surja el perfeccionamiento de los actos y contratos alcanzados por la misma, de manera que revista los caracteres exteriores de un título jurídico con el cual pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de otro documento y con prescindencia de los actos que efectivamente realicen los contribuyentes.
Artículo 239.- Las obligaciones condicionales se entenderán, a los efectos del impuesto, como si fueran puras y simples.
Artículo 240.- Los actos, contratos y operaciones cuyo precio, monto o valor pudiera resultar incrementado por cláusulas sujetas a condición, abonarán el tributo máximo condicional del contrato.
Cuando el contribuyente pudiere demostrar en forma fehaciente que dicha condición es de imposible cumplimiento, podrá solicitar vía repetición el reintegro de la diferencia de impuesto.
Artículo 241.- No abonarán nuevo impuesto los actos de aclaratoria, confirmación o ratificación de actos anteriores sujetos al tributo y los de simple modificación de las cláusulas pactadas, siempre que:
a)	no se aumente su valor, cualquiera fuere la causa (aumento del precio pactado, mayores costos, actualización por desvalorización monetaria, etc.);
b)	no se cambie su naturaleza o los términos del acuerdo, o de otro modo se efectúe la novación de las obligaciones convenidas; y
c)	no se sustituyan las partes intervinientes o no se prorrogue el plazo convenido, cuando la prórroga pudiera hacer variar el impuesto aplicable.
Si se dieran estos supuestos, se pagará, sobre el respectivo instrumento, el impuesto que corresponda por el nuevo acto o la ampliación de valor que resulte.
Tampoco abonarán impuesto los documentos que se emitan en ejecución de cláusulas pactadas en un contrato anterior sujetos al tributo (certificados de obra, liquidaciones y sus complementos, actas de reconocimiento, etc.) aunque en los mismos se reconozca un mayor valor, siempre que este sea la consecuencia de la aplicación de los mecanismos previstos en el contrato anterior.
Artículo 242.- Será considerado acto o contrato sujeto al pago del impuesto que este Título determine aquel que se verifique en forma epistolar, por carta, cable o telegrama, siempre que se verifique cualquiera de las siguientes condiciones:
a)	se acepte la propuesta o el pedido formulado por carta, cable o telegrama, reproduciendo totalmente la propuesta o sus enunciaciones o elementos esenciales que permitan determinar el objeto del contrato; y
b)	las propuestas o pedidos, o los presupuestos aplicados, aceptados con sus firmas por los destinatarios.
A los fines del párrafo anterior será en todos los casos requisito para la gravabilidad del acto que la aceptación respectiva haya sido recibida por el emisor de la propuesta, pedido o presupuesto.
La carta como cable o telegrama o cualquier otra correspondencia o papel firmado que acepte la propuesta o el pedido, sin reunir las condiciones establecidas en el primer párrafo de este artículo estarán gravados en el caso de ser presentados en juicio para hacer valer las obligaciones convenidas, su modificación o resolución. En dicha eventualidad, solo deberá abonarse el tributo por toda la correspondencia que se refiere a un mismo acto.
Artículo 243.- Si en un mismo instrumento se formalizan entre las mismas partes varios actos que versan sobre un mismo objeto y guardan relación de interdependencia entre sí, solo debe abonarse el impuesto correspondiente al acto cuyo gravamen resulte mayor.
Si el instrumento no reuniera esas condiciones, cada acto abonará el impuesto que, aisladamente considerado, le corresponde.
Artículo 244.- Si los instrumentos se extienden en varios ejemplares de un mismo tenor, el impuesto solo deberá pagarse en uno de ellos; en los demás ejemplares, a solicitud del poseedor, la Agencia de Recaudación Fueguina dejará constancia del impuesto pagado.
Artículo 245.- Cuando se trate de contratos celebrados con el Estado nacional, provincial o municipal, o sus dependencias y organismos, o con las empresas y entidades que le pertenezcan total o parcialmente, que para su aprobación se encuentren sujetos a un acto expreso de autoridad pública, a los fines del impuesto de esta ley dichos contratos se considerarán perfeccionados en el momento en que la autoridad preste la conformidad respectiva y a partir de la fecha en que se notifique la misma.
Artículo 246.- Las oficinas recaudadoras se limitarán a habilitar los instrumentos con los impuestos que se les solicite, sin perjuicio de las multas que pudieran corresponder.
La intervención de estas oficinas no libera a las partes de la responsabilidad por la omisión del gravamen, ni por las sanciones correspondientes.
DE LOS CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES.
Artículo 247.- Son contribuyentes del impuesto todos aquellos que formalicen actos, contratos y realicen las operaciones sometidas al Impuesto de Sellos.
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA.
Artículo 248.- Cuando en la realización del hecho imponible intervengan dos (2) o más personas todas son solidariamente responsables por el total del impuesto, quedando a salvo el derecho de cada uno de repetir de los demás intervinientes la cuota parte que le pudiere corresponder de acuerdo con su participación en el acto. 
Si alguno de los intervinientes estuviere exento del pago de este gravamen la obligación fiscal se considerará en este caso divisible y la exención se limitará a la cuota que le corresponda a la persona exenta.
Artículo 249.- Los que otorguen, endosen, autoricen o conserven en su poder por cualquier título o razón, actos o instrumentos sujetos al impuesto, son solidariamente responsables del gravamen omitido parcial o totalmente y de las multas aplicables.
El impuesto correspondiente a las escrituras públicas, será pagado bajo responsabilidad directa del escribano titular del Registro, sin perjuicio de la solidaridad de los adscriptos por las escrituras que autoricen y de la prevista en el párrafo anterior, de las partes intervinientes.
OPERACIONES DINERARIAS.
Artículo 250.- En las operaciones monetarias que representen entregas o percepciones de dinero o que devenguen intereses, el impuesto estará a cargo de quien contrate con las entidades financieras, sin perjuicio de la responsabilidad de estas como agentes de retención.
CONTRATOS DE PRENDAS. HIPOTECAS.
Artículo 251.- En los contratos de prenda y en las hipotecas el impuesto estará totalmente a cargo del deudor.
DE LA BASE IMPONIBLE.
TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TITULO ONEROSO. NUDA PROPIEDAD. POSESIÓN DE INMUEBLES.
Artículo 252.- En toda transmisión de dominio a título oneroso de bienes inmuebles, incluida la transmisión de la nuda propiedad y los instrumentos por los cuales se otorgue la posesión de inmuebles, se liquidará el impuesto sobre el precio, monto o valor susceptible de apreciación dineraria asignado a la operación o la valuación fiscal, el que fuere mayor.
En los casos de trasmisión de dominio como consecuencia de subastas judiciales, subastas públicas realizadas por Instituciones Oficiales, conforme a las disposiciones de sus Cartas Orgánicas, y subastas privadas conforme a la Ley nacional 24.441, la base imponible está constituida por el precio de venta.
CONTRATOS DE COMPRAVENTA. TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE INMUEBLES.
Artículo 253.- En los contratos de compraventa de inmuebles o en cualquier otro acto por el cual se transfiera el dominio de inmuebles situados dentro y fuera de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la transferencia se realice por un precio global sin determinarse en el respectivo instrumento los valores que corresponden a cada jurisdicción, el impuesto se aplica sobre el importe resultante de proporcionar el monto imponible, en función de las valuaciones fiscales de los inmuebles.
En ningún caso el monto imponible puede ser inferior a la valuación fiscal del o de los inmuebles ubicados en jurisdicción de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
CONTRATOS DE LEASING.
Artículo 254.- En los contratos de leasing la base imponible estará constituida por el valor del canon establecido en función al tiempo del contrato.
En el caso que la transferencia de dominio de inmuebles o bienes muebles registrables tuviere lugar como consecuencia de un contrato de leasing, la base imponible al momento de formalizarse la escritura estará constituida por el valor total adjudicado al bien, canon de la locación más valor residual, o su valuación fiscal, el que fuera mayor.
El impuesto correspondiente al canon abonado durante la vigencia del contrato de leasing, será tomado como pago a cuenta en caso de realizarse la opción de compra del bien.
DONACIONES. PARTICIÓN HEREDITARIA. DIVISIÓN DE CONDOMINIO. LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL.
Artículo 255.- En el caso que la transferencia de inmuebles o bienes muebles registrables sea consecuencia de una donación, partición de herencia o división de condominio o liquidación de la sociedad conyugal, la base imponible estará constituida por el monto de la contraprestación pactada y siempre que este constituida por una suma cierta y determinada. De no existir contraprestación de dichas características el acto no estará alcanzado por el impuesto.
COMPRAVENTA DE TERRENOS CON MEJORAS.
Artículo 256.- En los contratos de compraventa de terrenos en los cuales se hayan efectuado mejoras o construcciones con posterioridad a la fecha del boleto respectivo, el impuesto se liquidará sobre el precio de venta o valuación fiscal, el que fuere mayor, sin computar en esta última las mejoras incorporadas por el adquirente con posterioridad a la toma de posesión del inmueble.
CONTRATOS DE PERMUTAS.
Artículo 257.- En las permutas de inmuebles o bienes muebles registrables el impuesto se aplica sobre la mitad de la suma de los valores que se permutan. Si no hubiera valor asignado a los inmuebles o bienes muebles registrable o este fuera inferior a las valuaciones fiscales, el impuesto se aplica sobre la mitad de la suma de las valuaciones fiscales, el que resulte mayor.
En los casos en que una de las partes compense a la otra con una suma de dinero para equiparar el valor de las cosas permutadas y esta sea inferior o igual al valor de la cosa dada, el impuesto será el establecido en el párrafo anterior, hasta el tope de las cosas permutadas y por la compensación en dinero, el gravamen que corresponda de acuerdo con la alícuota que determina la Ley Impositiva para el tipo de bien permutado.
Artículo 258.- En el caso de permutas que comprendan inmuebles o bienes muebles registrables ubicados en varias jurisdicciones, el impuesto se aplica sobre el precio de venta o la valuación fiscal total del o de los inmuebles y la valuación fiscal de los bienes muebles registrables ubicados en jurisdicción de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur o sobre el mayor valor asignado a tales bienes.
Artículo 259.- Si en la permuta de bienes una de las partes se obliga a bonificar a la otra con la adición de una suma de dinero para igualar el valor de las cosas permutadas y esta suma es mayor al valor de la cosa dada, el contrato se reputará como de compraventa, debiendo satisfacerse los gravámenes que en cada caso correspondan, según la naturaleza de los bienes.
PAGOS A CUENTA.
Artículo 260.- En los casos de transferencia de inmuebles y buques se computará como pago a cuenta, el impuesto de este Título pagado sobre los boletos de compraventa, siempre que:
a)	en la escritura traslativa de dominio el escribano autorizante deje constancia de la forma de pago efectuada en el boleto; y
b)	el acto escriturario se celebre dentro de los ciento veinte (120) días corridos de la celebración del respectivo boleto de compraventa.
No será de aplicación este último requisito cuando el adquirente que haya suscripto el boleto de compraventa suscriba la escritura traslativa de dominio en el mismo carácter.
HIPOTECAS SOBRE INMUEBLES UBICADOS EN VARIAS JURISDICCIONES.
Artículo 261.- Cuando se constituyan hipotecas sobre inmuebles ubicados en varias jurisdicciones, sin afectarse a cada uno de ellos con una cantidad líquida, el impuesto se aplicará sobre la valuación fiscal del o de los inmuebles situados en jurisdicción de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En ningún caso el impuesto podrá aplicarse sobre una suma mayor a la del crédito garantizado.
CESIONES DE CRÉDITO HIPOTECARIO.
Artículo 262.- En las cesiones de créditos hipotecarios deberá liquidarse el impuesto sobre el precio convenido por la cesión o el monto efectivamente cedido, si fuera mayor que aquel. A ese efecto se deberán deducir las cantidades amortizadas. Igual procedimiento deberá observarse en cualquier contrato en donde se instrumente cesión de acciones y derechos.
OBLIGACIONES DE PAGAR SUMAS DE DINERO.
Artículo 263.- En los contratos de locación y sublocación, cesión de uso, leasing o cualquier otra forma de contrato por la cual una de las partes se obliga a pagar a la otra una suma de dinero a cambio de que esta le proporcione el uso, disfrute o explotación de inmuebles ubicados en una o en varias jurisdicciones, así como los que instrumentan la locación de servicios y obras, públicas y privadas, sobre tales bienes, el impuesto se aplicará:
a)	en los contratos enumerados en la primer parte del párrafo anterior: sobre el importe resultante de proporcionar el monto imponible en función de las valuaciones fiscales de los inmuebles, siempre que del instrumento respectivo no surja el monto atribuible a cada jurisdicción; y
b)	en los contratos de locación de servicios y obras públicas y privadas: Sobre el valor que corresponda a la parte realizada o a realizarse en jurisdicción de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
CONTRATOS DE SEGUROS.
Artículo 264.- En los contratos de seguros el impuesto se liquidará según la alícuota que fije la Ley Impositiva, de acuerdo con las reglas que a continuación se establecen:
a)	en los seguros elementales, sobre la prima y recargo, incluido el adicional financiero, que se fije por la vigencia total del seguro; y
b)	los certificados provisorios deberán pagar el impuesto conforme al inciso anterior, cuando no se emita la póliza definitiva dentro de los noventa (90) días.
TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE BIENES REGISTRABLES.
Artículo 265.- En el caso que la transferencia de dominio de inmuebles o bienes muebles registrables tuviere lugar con motivo de aportes para la constitución de sociedades, aumento de su capital social, absorción, fusión, escisión o reorganización de las mismas, el Impuesto de Sellos deberá abonarse sobre el precio pactado o la valuación fiscal, el que sea mayor, en la oportunidad de la instrumentación del acto o contrato por el cual se perfeccione la transferencia del dominio.
TRANSFERENCIAS DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.
Artículo 266.- En las transferencias de establecimientos comerciales o industriales, el monto imponible será el precio neto de la operación. Si en la transferencia estuvieran comprendidos bienes inmuebles ubicados en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, dicho monto no podrá ser inferior a la valuación fiscal.
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES.
Artículo 267.- En las disoluciones y liquidaciones de sociedades, como así también en las adjudicaciones a los socios, el impuesto deberá pagarse únicamente cuando exista transmisión de domino de bienes inmuebles, tomándose como base imponible la valuación fiscal de dichos bienes o el valor asignado a los mismos, si fuera mayor. En tal caso el impuesto aplicable será el que corresponda a las transmisiones de dominio a título oneroso.
CONTRATOS DE EJECUCIÓN SUCESIVA.
Artículo 268.- En los contratos de ejecución sucesiva, pagos periódicos u otros análogos, el impuesto se aplicará sobre el valor correspondiente a la duración total. Si la duración no fuera prevista, el impuesto se calculará como si aquella fuera de cinco (5) años, debiendo renovarse cada cinco (5) años o período inferior hasta la finalización de la relación contractual.
PRÓRROGAS DE LOS CONTRATOS.
Artículo 269.- El valor de los contratos en que se prevea su prórroga, se determinará de la manera siguiente:
a)	cuando la prórroga deba producirse por el solo silencio de las partes o aun cuando exista el derecho de rescisión por manifestación expresa de voluntad de ambas o de una de ellas, se calculará el tiempo de duración del contrato inicial más el período de prórroga;
b)	cuando la prórroga sea por tiempo indeterminado, se la considerará como de cinco (5) años, que se sumará al período inicial; si la prórroga fuera por períodos sucesivos, se considerará renovado el contrato en cada período de cinco (5) años hasta la finalización de la relación contractual, debiendo ingresarse el tributo por cada uno de las prórrogas efectuadas; y
c)	cuando la prórroga está supeditada a una expresa declaración de voluntad de ambas partes o de una de ellas, se tomará como monto imponible solo el que corresponda al período inicial; al instrumentarse la prórroga o la opción, se abonará el impuesto correspondiente a la misma.
CONTRATOS DE FIDEICOMISOS.
Artículo 270.- En los contratos de fideicomisos celebrados al amparo de las disposiciones de la Ley nacional 24.441, Título I, el impuesto se aplicará exclusivamente sobre la retribución que perciba el fiduciario durante la vigencia del contrato. No están alcanzados por el impuesto los instrumentos por medio de los cuales se formalice la transferencia de bienes que realicen los fiduciantes a favor de los fiduciarios. Los actos, contratos y operaciones de disposición o administración que realice el fideicomiso quedarán sometidos al impuesto en la medida que concurran los extremos de gravabilidad establecidos para este impuesto en cada caso.
MONTO IMPONIBLE EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA.
Artículo 271.- Si el valor imponible se expresa en moneda extranjera, el impuesto deberá liquidarse sobre el equivalente en moneda argentina al tipo de cambio vendedor vigente al primer día hábil anterior a la fecha del acto registrado y/o publicado por el Banco Central de la República Argentina.
VALOR DE LOS ACTOS INDETERMINADO.
Artículo 272.-Salvo las disposiciones especiales contenidas en este Código, cuando el valor de los actos sea indeterminado, las partes estimarán dicho valor en el mismo instrumento; a tales efectos la estimación se fundará en el rendimiento de convenios y prestaciones similares anteriores; si no las hubiere, en los valores inferibles del negocio, inversiones, erogaciones y similares, vinculados al contrato; y a falta de ellos, en todo elemento de juicio de significación a este fin existente a la fecha de celebración del acto. Cuando se fije como precio el corriente en fecha futura se pagará el impuesto con arreglo al precio de plaza en la fecha de otorgamiento.
Cuando se careciese de antecedentes y no pudiera practicarse una estimación del valor económico atribuible al acto, se satisfará el impuesto que establezca la Ley Tarifaria.
Dicha estimación y la circunstancias previstas en el párrafo anterior cuando fueran invocadas por el contribuyente y/o responsable, podrán ser impugnadas por la Agencia de Recaudación Fueguina, quien la practicará de oficio sobre la base de los mismos elementos de juicio señalados en este artículo.
Cuando la estimación del organismo de aplicación sea superior a la determinada por las partes, se integrará sin multa ni intereses la diferencia del impuesto dentro de los quince (15) días de su notificación, siempre que el instrumento hubiere sido presentado dentro del plazo correspondiente.
RENTAS VITALICIAS.
Artículo 273.- En las rentas vitalicias el valor para aplicar el impuesto será igual al importe del quíntuplo de una anualidad de renta o el cinco por ciento (5%) por ciento anual de la valuación fiscal o tasación judicial, el que fuere mayor.
NO INTEGRAN LA BASE IMPONIBLE.
Artículo 274.- No integran la base imponible los siguientes conceptos:
a)	los importes correspondientes a los impuestos internos, impuesto al valor agregado, débito fiscal, impuesto a los combustibles líquidos y gas natural previsto en el Título III de la Ley nacional 23.966 e impuestos para los fondos nacional de autopistas y también tecnológico del tabaco;
b)	los importes referidos a interés de financiación; y
c)	gastos y expensas cuando quedan a cargo del locatario y no representen un ingreso para el locador.
Estas deducciones solo podrán ser efectuadas cuando se identifiquen y discriminen en forma precisa los conceptos enunciados en los instrumentos alcanzados por el tributo.
BASE IMPONIBLE. REGISTRACIONES CONTABLES QUE DEVENGUEN INTERESES. ENTIDADES LEY NACIONAL 21.526.
Artículo 275.- Para las operaciones registradas contablemente, que representen entregas o recepciones de dinero, que devenguen intereses, efectuadas por entidades regidas por la Ley nacional 21.526 de entidades financieras o sus modificaciones el impuesto se pagará sobre la base de los numerales establecidos para la liquidación de los intereses, en proporción al tiempo de la utilización de los fondos en la forma y plazo que la Agencia de Recaudación Fueguina establezca.
El impuesto será exigible a partir del momento en que los intereses se debiten, acrediten o abonen. En los casos de cuentas con saldos alternativamente deudores y acreedores, el gravamen deberá liquidarse en forma independiente sobre los numerales respectivos.
DE LAS EXENCIONES.
Artículo 276.- Están exentos del impuesto establecido en este Título:
1.	el Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las municipalidades y sus dependencias administrativas. No están comprendidas en este inciso las empresas y entidades pertenecientes total o parcialmente al Estado nacional, provincial o municipal, a que se refiere el artículo 1º de la Ley nacional 22.016;
2.	las asociaciones y entidades civiles de asistencia social, de caridad, beneficencia, religiosas, de educación e instrucción, científicas, artísticas, gremiales, culturales, de fomento vecinal y protectoras de animales, siempre que sus réditos y patrimonio social se destinen exclusivamente a los fines de su creación y, en ningún caso, se distribuyan directa o indirectamente entre los socios. Se excluye de la exención establecida en el inciso a aquellas entidades organizadas jurídicamente en forma comercial y las que obtienen sus recursos en todo o en parte, de la explotación regular de espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de caballos y actividades similares;
3.	las sociedades cooperativas de viviendas constituidas con arreglo a la Ley nacional 20.337 o sus modificaciones, y debidamente inscriptas como tales en el registro pertinente, así como los actos por los que se constituyan dichas entidades;
4.	los instrumentos otorgados a favor del Gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y municipales y de sus respectivas dependencias, que tengan por objeto documentar o afianzar obligaciones de carácter fiscal y previsional;
5.	las transferencias de bienes muebles y las cesiones de derechos que han debido tributar el impuesto de esta ley con motivo de la constitución de sociedades o ampliaciones de su capital;
6.	En el caso de disolución de sociedades y adjudicación a los socios, las transferencias de bienes o establecimientos comerciales o industriales y las cesiones de derechos.
Esta norma no se aplicará en el caso de compra venta o permuta de inmuebles a título oneroso que se realicen con motivo de disolución de sociedades y/o adjudicación a los socios;
7.	las transformaciones de sociedades en otras de tipo jurídico distinto, siempre que no se prorrogue la duración de la sociedad primitiva.
Estarán también exentos los actos que formalicen la reorganización de sociedades o fondos de comercio (fusión, escisión o división), siempre que no se prorrogue el término de duración de la sociedad subsistente o de la nueva sociedad, según corresponda, respecto a la de mayor plazo de las que se reorganicen. Si el capital de la sociedad subsistente o de la nueva sociedad, en su caso, fuera mayor a la suma de los capitales de las sociedades reorganizadas, se abonará el impuesto sobre el aumento de capital.
Se entiende por reorganización societaria o de fondos de comercio, las operaciones definidas como tales por el artículo 77 de la Ley nacional 20.628 de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, su Decreto Reglamentario y las normas complementarias dictadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos, concordantes y modificatorias;
8.	las transferencias postales o telegráficas y los giros vendidos por entidades regidas por la Ley nacional 21.526 de entidades financieras, pagaderos a su presentación o hasta cinco (5) días vista;
9.	los actos de constitución de sociedades para la administración y explotación de servicios estatales que se privaticen, cuando sean formalizados por los empleados y/u operarios de aquellos;
10.	las reinscripciones de hipotecas;
11.	las declaraciones de dominio, cuando se haya expresado en la escritura de compra que la adquisición se efectuó para la persona a favor de la cual se formulen;
12.	las divisiones de condominio;
13.	los endosos efectuados en cheques, letras de cambio, pagaré y otros documentos a la orden;
14.	las fianzas u otras obligaciones accesorias, como asimismo la constitución de prendas, cuando se pruebe que han sido contraídas para garantizar obligaciones que hayan pagado el Impuesto de Sellos correspondientes en la respectiva jurisdicción de otorgamiento, o que se encontraban exentas del mismo. Si no se demostrara el pago del impuesto sobre el instrumento principal, o en su caso la exención, el documento en el cual se formalicen las obligaciones accesorias estará sometido al impuesto correspondiente o al que grava la obligación principal, el que sea mayor, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder;
15.	los pagarés o las fianzas otorgadas en garantía de ofertas en licitaciones o contrataciones directas con reparticiones nacionales, provinciales o municipales, como asimismo las garantías otorgadas por los adjudicatarios;
16.	los pagarés entregados como parte del precio de un contrato de compraventa de inmuebles, cuando se haya efectuado la escritura traslativa de dominio, siempre que lleven al dorso la certificación del escribano ante el cual haya sido otorgada dicha escritura, del que resulte la fecha y número de esta y el importe del impuesto pagado. No gozarán de esta exención los nuevos documentos que se otorguen para renovar las obligaciones no cumplidas a su vencimiento;
17.	los documentos que se instrumenten o sean consecuencia de operaciones gravadas por el impuesto a la compra y venta de divisas;
18.	los actos realizados en virtud de lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley nacional 20.539 y sus modificaciones, cualquiera sea la forma en que se instrumenten;
19.	el establecimiento de sucursales o agencias en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por parte de sociedades constituidas en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
20.	los contratos de cesión de derechos de propiedad intelectual, los contratos de edición y los contratos de traducción de libros;
21.	los contratos de impresión de libros, celebrados entre las empresas gráficas argentinas y las empresas editoras argentinas;
22.	los contratos de venta de papel para libros;
23.	los contratos de venta de libros, aunque el precio se difiera en cuanto a su percepción, siempre que dichos contratos los celebren, como vendedoras, las empresas editoras argentinas;
24.	las asociaciones deportivas y de cultura física, siempre que las mismas no persigan fines de lucro, exploten o autoricen juegos de azar y/o cuyas actividades de mero carácter social priven sobre las deportivas, teniendo en cuenta los índices representativos de las mismas (cantidad de socios que participen activamente, fondos que se destinan y otros);
25.	las operaciones de compra venta al contado o a plazo de mercaderías, cereales, oleaginosas, productos o subproductos de la agricultura, ganadería o minería y frutos del país o semovientes excluidas las de títulos, acciones y debentures, cuando constituyan operaciones de arbitraje en mercados a término;
26.	el contrato de seguro y los reaseguros;
27.	los conformes prestados con motivo de circularizaciones a deudores y acreedores, efectuadas en virtud de la ejecución de prácticas de auditoría interna o externa, y las conformidades prestadas en los estados, resúmenes o movimientos de cuentas corrientes de cualquier tipo, así como en los remitos y facturas no conformadas;
28.	los créditos concedidos por las entidades regidas por la Ley nacional 21.526 a más de un (1) año de plazo originario, cualquiera sea la forma adoptada para su concertación. Si se otorgaran pagarés para documentar dichas operaciones, los mismos gozarán de este beneficio en tanto no se endosen a terceros y se haga constar en su texto o al dorso, mediante constancia firmada por la entidad prestamista, el plazo, causas y modalidades de la operación crediticia respectiva.
Esta exención no será aplicable para la renovación de operaciones de menor plazo, aunque excedieran en su conjunto el plazo de un (1) año. Tampoco regirá cuando antes de dicho lapso se produjera la cancelación total o parcial del crédito de que se trate, en cuyo caso deberá ingresarse el impuesto correspondiente al total de la operación debidamente actualizado de acuerdo con lo que dispone el Código Fiscal, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder;
29.	las escrituras hipotecarias y demás garantías otorgadas en seguridad de las operaciones sujetas al gravamen de este Título, aun cuando estas garantías sean extensivas a las futuras renovaciones de dichas operaciones.
Cuando las entregas o recepciones de dinero que devenguen intereses queden garantizadas mediante vales, billetes, pagarés, letras de cambio y órdenes de pago o la firma de fórmulas en blanco de dichos documentos se deberá abonar por los mismos el impuesto correspondiente;
30.	los boletos y/o el otorgamiento de las escrituras de compraventa de viviendas celebrados entre el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y sus adjudicatarios, siempre que los mismos se refieran a viviendas construidas a través de planes oficiales;
31.	las locaciones de viviendas únicas familiares, solamente por el cincuenta por ciento (50%) correspondiente a los locatarios;
32.	los contratos de trabajo por tiempo determinado, con excepción de los contratos celebrados con personas que desarrollen tareas vinculadas a las actividades hidrocarburíferas;
33.	las liquidaciones o resúmenes periódicos que las entidades emisoras de tarjetas de débito produzcan para su remisión a los titulares;
34.	las letras de cambio, giros, cheques, cheques de pago diferido, órdenes de pago y cualquier otro título valor;
35.	los certificados de depósito a plazo fijo;
36.	los depósitos en cajas de ahorro, cuentas especiales de ahorro, cuentas corrientes y plazos fijos;
37.	los actos y contratos vinculados con la operatoria de tarjetas de crédito o compra, con excepción de las liquidaciones o resúmenes periódicos que remiten las entidades a los titulares de las tarjetas de crédito y/o compra;
38.	las órdenes de compra que emitan organismos públicos y sus dependencias pertenecientes al Estado Nacional, Provincial y Municipal;
39.	los contratos de locación de servicios y obras públicas celebrados por la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal;
40.	los contratos, acuerdos o convenios que celebre el Poder Ejecutivo con entidades públicas o privadas, que permitan obtener recursos corrientes y/o contribuciones extraordinarias, o bien, que establezcan herramientas o procedimientos que optimicen los servicios propios de la Administración Pública.
DEL PAGO.
FORMA Y CONDICIONES.
Artículo 277.- Los impuestos establecidos en este Título se pagarán en la forma, condiciones y términos que establezca el organismo de aplicación según lo determine el Poder Ejecutivo en casos especiales o el organismo de aplicación con carácter general para determinados gravámenes o categorías de contribuyentes.
Podrán pagarse también sobre la base de declaraciones juradas cuando lo disponga el organismo de aplicación. El pago de impuestos se hará bajo exclusiva responsabilidad del contribuyente y las oficinas recaudadoras se limitarán a agregar, en cada caso, los valores que se soliciten, salvo cuando exista determinación previa del organismo de aplicación.
Los escribanos, las entidades financieras, las compañías de seguro y los encargados del Registro Nacional de la Propiedad Automotor y de créditos prendarios quedan designados como agentes de recaudación del Impuesto de Sellos, en los términos de la presente ley y en los que establezca la reglamentación pertinente.
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO E  INFRACCIONAL ESPECIAL.
DOCUMENTOS ANTE OTRAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
Artículo 278.- En todo documento que se presente ante cualquier autoridad administrativa y que aparezca en infracción a las disposiciones de este Código u otras leyes tributarias, deberá darse intervención a la Agencia de Recaudación Fueguina en la forma que establezca la reglamentación.
ESCRIBANOS. OBLIGACIONES.
Artículo 279.- Los Escribanos de Registro no podrán aceptar para darle fecha cierta, transcribir, ni dar fe de haber tenido a la vista instrumentos gravados, sin acreditar el pago del impuesto, debiendo dejar constancia en el cuerpo de la escritura de la numeración, serie e importe de los valores con que se encuentren habilitados, o de la respectiva individualización del timbrado mecánico o sello de autorización para abonar el impuesto por Declaración Jurada. Tampoco podrán extender protestos de documentos en infracción, sin exigir su reposición o garantizarla para el primer día hábil siguiente.
La falta de cumplimiento de estos requisitos los constituirá en infractores siendo pasibles de una multa de tres (3) veces el impuesto debidamente actualizado de acuerdo con lo que establece el Código Fiscal, si se comprobaren omisiones de impuesto, o de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) a PESOS UN MILLÓN  ($ 1.000.000) si se tratare de una infracción formal.
SIMPLE MORA Y PAGO ESPONTÁNEO.
Artículo 280.- La simple mora en el pago del impuesto cuando el mismo se pague espontáneamente, inclusive en los casos en que el impuesto se abone por Declaración Jurada, será sancionada con una multa que resultará de aplicar la siguiente escala:
a)	hasta tres (3) meses de retardo: el cincuenta por ciento (50%) del impuesto que se ingrese fuera de término;
b)	más de tres (3) meses y hasta seis (6) meses de retardo: cien por ciento (100%) del impuesto que se ingrese fuera de término;
c)	más de seis (6) meses y hasta nueve (9) meses de retardo: el ciento cincuenta por ciento (150%) del impuesto que se ingrese fuera de término;
d)	más de nueve (9) meses y hasta doce (12) meses  de retardo: el doscientos por ciento (200%) del impuesto que se ingrese fuera de término; y
e)	más de doce (12) meses de retardo: el doscientos cincuenta por ciento (250%) del impuesto ingresado fuera de término.
Para la fijación de las multas solo se tendrá en cuenta el sello omitido en el instrumento u operación, con independencia del número de partes intervinientes en el acto o de infractores, siendo estos responsables solidarios.
En todos los casos, las multas podrán ser reducidas total o parcialmente, mediante resolución fundada, cuando las mismas impliquen culpa leve de los infractores.
Artículo 281.- Establécese que a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, operará, ipso iure, la sustitución del Capítulo III -Impuesto Inmobiliario Rural- de la Ley provincial 440, por el siguiente:

“CAPITULO III
DEL IMPUESTO INMOBILIARIO

Artículo 32- Establécese que los recursos producidos por el excedente en el cobro del Impuesto Inmobiliario sobre los inmuebles urbanos, respecto del importe actual recaudado por los municipios según bases imponibles y alícuotas que aplican a la fecha, serán coparticipados con los Municipios de la Provincia que adhieren a la presente ley, debiendo los mismos dejar de cobrar el impuesto creado por las ordenanzas locales.
Artículo 32 Bis.- La coparticipación establecida en el artículo anterior será del sesenta por ciento (60%), considerando los inmuebles urbanos localizados en cada ejido Municipal, respectivamente.
Artículo 33.- Establécese que la Provincia podrá designar como agentes de percepción y/o de fiscalización del impuesto a los Municipios de la Provincia, los que podrán retener la parte correspondiente a la coparticipación del impuesto, conforme el artículo anterior, en el porcentaje que corresponda.
Artículo 33 bis.- Establécese las siguientes escalas de alícuotas para la liquidación del Impuesto Inmobiliario: 

INMUBLES RURALES	
VALUCACION FISCAL	CUOTA FIJA	ALICUOTA S/ EXCENDENTE LIM. MIN.	
MAYOR A:	IGUAL O MENOR A:			
$ 18.000.000,00	 	$136,656,90	1,20%	
$ 9.000.000,00	$ 18.000.000,00	$ 46.656.90	1,00%	
$ 4.500.000,00	$ 9.000.000,00	$ 15.606,90	0,69%	
$ 3.600.000,00	$ 4.500.000,00	$ 11.556,90	0,45%	
$ 2.700.000,00	$ 3.600.000,00	$ 8.046,90	0,39%	
$ 1.800.000,00	$ 2.700.000,00	$ 4.987,00	0,34%	
$ 900.000,00	$ 1.800.000,00	$ 2.196,90	0,31%	
$ 333.000,00	$ 900.000,00	$ 666,00	0,27%	
$ 0,00	$ 333.000,00	 	0,20%	

INMUEBLES URBANOS CON MEJORAS	
VALUACION FISCAL	ALICUOTA	
MAYOR A:	IGUAL O MENOR A:		
$ 700.000,00	 	9,04%0	
$ 450.001,00	$ 700.000,00	7,5%0	
$ 363.001,00	$ 450.000,00	5,04%0	
$ 273.001,00	$ 363.000,00	3,15%0	
$ 182.001,00	$ 273.000,00	2,205%0	
$ 91.001,00	$ 182.000,00	1,89%0	
$ 1,00	$ 91.000,00	1,575%0	
			
INMUEBLES URBANOS BALDÍOS	
VALUACION FISCAL	ALICUOTA	
MAYOR A:	IGUAL O MENOR A:		
$ 73.001,00	 	15,75%0	
$ 24.001,00	$ 73.000,00	12,50%0	
$ 14.001,00	$ 24.000,00	10,08%0	
$ 7.201,00	$ 14.000,00	7,56%0	
$ 1,00	$ 7.200,00	6,30%0	

Artículo 33 ter- Fíjase en PESOS MIL QUINIENTOS ($1.500,00) el impuesto mínimo para los inmuebles rurales.
Artículo 33 Quáter.- Facúltase al Poder Ejecutivo a dictar toda la normativa reglamentaria necesaria para la ejecución de la presente.”.
Artículo 282.- Establécese que a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, operará ipso iure la sustitución del artículo 44 de la Ley provincial 440 por el siguiente:
“Artículo 44.- Por cada liquidación de deuda y su notificación el contribuyente o responsable deberá abonar un importe de hasta el diez por ciento (10%) de la deuda.
Por cada notificación que requiera la presentación de declaraciones juradas o documentación equivalente en los que se acredite que existe mora u omisión, o en general, el incumplimiento satisfactorio de las obligaciones tributarias, el contribuyente o responsable deberá abonar un importe de hasta PESOS DOSCIENTOS ($ 200).
Lo prescripto en el presente artículo será conforme a la resolución que dicte la Agencia de Recaudación Fueguina.”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 283.- Sustitúyese el artículo 9º de la Ley provincial 904 por el siguiente texto:
“Artículo 9º.- Exceptúase por única vez la aplicación de los artículos 10 y 11 de la Ley territorial 118, reemplazando el Cálculo de los Valores Unitarios Básicos allí establecidos por el resultante Informe Técnico producido según el Contrato de Obra (Expediente Nº 10367 00 01) con el Consejo Federal de Inversiones en virtud de ello:
a)	el Valor Unitario Básico por hectárea para los Inmuebles de Planta Rural de la Provincia será de PESOS NOVECIENTOS ($900), el que será reajustado  según los coeficientes correctores que se consignan en el Anexo I integrante de la presente ley. El valor así obtenido constituirá la valuación fiscal para el Impuesto Inmobiliario Rural hasta tanto sea reemplazado según el procedimiento establecido por el artículo 6º de la Ley territorial 118 y sin perjuicio de las actualizaciones que correspondan.
b)	los Valores Unitarios Básicos por m2, libre de mejoras, para los inmuebles de la Planta Urbana de la Provincia serán los establecidos en el siguiente cuadro. La valuación fiscal total resultará de aplicar los mencionados valores básicos a la superficie  del inmueble más el valor de las mejoras implantadas en cada parcela. Ello hasta tanto sea reemplazado según el procedimiento establecido por el artículo 6º de la Ley territorial 118 y sin perjuicio de las actualizaciones que correspondan.

LOCALIDAD	SECCION (1)	$/m2	
USHUAIA	A	$ 4.680,00	
 	B	$ 1.776,67	
 	C	$ 1.430,00	
 	D	$ 1.592,50	
 	E	$ 931,67	
 	F	$ 650,00	
 	G	$ 975,00	
 	H	$ 975,00	
 	I	$ 1.040,00	
 	J	$ 1.430,00	
 	K	$ 1.511,25	
TOLHUIN	T	$ 137,27	
			
RIO GRANDE	A	$ 741,82	
 	B	$ 590,00	
 	C	$ 416,67	
 	D	$ 683,33	
 	E	$ 275,00	
 	F	$ 325,00	
 	G	$ 350,00	
 	H	$ 550,00	
 	J	$ 330,00	
 	K	$ 187,50	

c)	el valor de las mejoras surgirá de aplicar un coeficiente de cinco (5) veces sobre la última valuación fiscal de la mejora por aplicación de la Ley territorial 118 efectuada en el año 1990. ello hasta tanto sea reemplazado según el procedimiento establecido por el artículo 6º de la Ley territorial 118 y sin prejuicio de las actualizaciones que correspondan.
Artículo 284.- La presente ley que unifica el Código Fiscal entrará en vigencia, ipso iure, a partir del primer día del mes de febrero de 2016 y regirá respecto de los hechos imponibles y/o determinaciones que ocurran a partir de dicha fecha.
Artículo 285.- La totalidad de los recursos excedentes producidos por la modificación del Impuesto Inmobiliario prevista en la presente ley, serán destinados a financiar el pago de jubilaciones y pensiones del IPAUSS o el organismo que lo reemplace por un período máximo de cuarenta y ocho (48) meses.

Artículo 286- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
 
DADA EN SESIÓN ESPECIAL DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2016.