FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

	En los últimos tiempos hemos visto un intenso debate en torno a los mecanismos de selección de magistrados, así como del alcance de los principios de intangibilidad de las remuneraciones de los jueces y funcionarios y su garantía de inamovilidad.
	Y, por cierto, la discusión estuvo más que justificada. 
	Ante la remoción masiva de magistrados judiciales, a la que se llegara mediante el dictado de la ley provincial 460 (que, aclaro, considero absolutamente inconstitucional y, por ello, he denunciado esta circunstancia ante la C.S.J.N.), lo mínimo que puede aspirarse es que se instauren criterios racionales para las nuevas designaciones. Pues, si a la remoción masiva se la acompaña con designaciones arbitrarias, tenemos entonces una fuerte presunción de injerencia por parte del Poder Político en el Judicial. Y los efectos de esto, siempre, resultan trágicos en términos institucionales y republicanos.
	La Asociación Civil Participación Ciudadana,presentó ante ésta cámara una iniciativa de particulares, registrada bajo el Nº 002/01 , el 30/05/01 fundamentando  la modificación de la Ley que establece la creación y funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
 Debo entonces expresar que coincido con lo planteado , en el sentido de que, tal como se encuentra, existen serias objeciones al funcionamiento del Consejo de la Magistratura, en lo que respecta a los principios de transparencia y objetividad en la designación de magistrados, “pues si el Consejo de la Magistratura pierde estas dos características, ... entonces, en vez de constituir un nuevo avance en materia institucional, potencializa y acumula los fracasos. Ello por cuanto, si se pierde transparencia y objetividad, lo que sigue es que, en definitiva, se ha favorecido un espacio mucho más concentrado de acuerdo político”.
	Por ello es que propicio una modificación de la Ley Provincial Nº 8, y pido a este cuerpo que me acompañe, en lo que respecta a hacer efectivo los principios antedichos: la publicidad de las sesiones por un lado, y por el otro, la objetividad en los mecanismos de selección de magistrados.
	En principio, a entender de este bloque, debe modificarse el art. 20 de la ley provincial Nº 8, estableciendo la publicidad de las sesiones, sin ningún tipo de cortapisas.
	Resulta por otra parte claro que las dudas que genera el actual sistema de selección de magistrados no se resuelve con el solo hecho de establecer la publicidad de las sesiones, también es necesario modificar la ley vigente en lo que se refiere a los procedimientos de selección, objetivándolos.
	Se ha criticado el sistema anterior de selección de magistrados -acuerdo político entre el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, propuesta del primero con acuerdo del segundo-, en razón de que llevaba ínsito un grado de arbitrariedad por el que la nominación del aspirante tenía, en la mayoría de los casos, fundamento no en la idoneidad, sino en el mayor grado de acercamiento al poder.
	El sistema del Consejo de la Magistratura, tal como actualmente se lo está implementando, dista enormemente de reducir ese grado de arbitrariedad, pues al seleccionar magistrados en base a criterios subjetivos y en reuniones reservadas, no ha reducido la arbitrariedad, sino que, en todo caso, se la ha repartido.
	Como lo señala Zaffaroni, “debe quedar claro que el reparto de la arbitrariedad no es sinónimo de reducción de arbitrariedad. El reparto del poder de nominación entre varios no implica que la nominación sea menos arbitraria, sino que deben ponerse de acuerdo entre varios para incurrir en las mismas arbitrariedades”.
	Nunca tan actual el párrafo del mencionado autor, al expresar que “Este reparto de arbitrariedad puede tener lugar con la participación de varios órganos partidistas en las nominaciones, o bien puede elegirse el método de crear un órgano en que las partes o sus representantes se encuentren, para facilitar los acuerdos de cúpulas entre los que se reparten los nombramientos. En estos casos, se trata de órganos que facilitan el reparto de la arbitrariedad, pero que para nada la reducen, aunque a veces se encubra su tarea como “concurso” o “valoración de méritos”. El concurso no es tal si no es decidido por una comisión científicamente calificada, si no es público y, además de antecedentes, es concurso de oposición, oportunidad en que el público puede valorar y controlar la tarea de la comisión calificadora. Un concurso dirimido por representantes partidistas o de intereses sin especial calificación técnica y sin control, no pasa de ser una ficción”.
	Por ello es que, complementando la reforma legislativa en orden a la publicidad, también deben establecerse criterios legislativos de selección en base a la idoneidad.
	Y en este orden de ideas, consideramos que el concurso público de antecedentes y oposición,  resulta un  procedimiento democrático para seleccionar a los candidatos técnicamente mejor calificados.
	Cierto es también que este sistema puede tener defectos, entre otros, que no se pueda advertir el grado de honestidad de los aspirantes, más para dar un ejemplo, también lo es que se presume que la honestidad se requiere para ocupar cargos ejecutivos o legislativos, y sin embargo los procedimientos democráticos de selección no han garantizado que siempre esto sea así. No obstante ello, a nadie se le ocurriría suprimirlos.
	En conclusión, como lo señala Sagües, la designación arbitraria no es republicana, pues se trata de nombramientos autocráticos, no impugnables por quienes no son llamados y que, en definitiva, son meros actos de favorecimiento.
	Por ello es que, también en este aspecto se propicia una reforma, y se solicita a este cuerpo su acompañamiento.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E  ISLAS DEL ATLANTICO SUR
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º: Modifícase el art. 20 de la ley provincial nº 8, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Las reuniones del Consejo serán públicas. El voto de los Consejeros será nominal”.
ARTICULO 2º: Modifícase el art. 24 de la ley provincial nº 8, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“La selección de los postulantes se realizará previo concurso público de oposición y antecedentes.
El proceso de evaluación de los aspirantes deberá integrarse con las siguientes etapas:
1).- Evaluación de antecedentes.
2).- Prueba de oposición.
3).- Entrevista personal.
La evaluación de los antecedentes y la prueba de oposición estará a cargo de la comisión que se prevé en la presente; la entrevista personal estará a cargo del Consejo de la Magistratura.
Los aspirantes serán evaluados con un máximo de cien puntos, los que se distribuirán de la siguiente manera: Evaluación de antecedentes, hasta 30 puntos; prueba de oposición, hasta 50 puntos; entrevista personal, hasta 20 puntos. 
La vacante se cubrirá en base al mejor puntaje en el orden de mérito obtenido por los aspirantes. Quedarán excluidos del listado de orden de mérito aquellos aspirantes que no alcancen un mínimo total de sesenta (60) puntos.
ARTICULO 3º: Incorpórase a la ley provincial nº 8, como artículo 24 bis, el siguiente:
ARTICULO 24 bis. ANTECEDENTES
La evaluación de los antecedentes de los aspirantes será fundada y de acuerdo a las bases contenidas en la presente ley, y las que establezca en reglamento del Consejo en consonancia y con los límites impuestos en la presente, a saber:
1).- Antecedentes académicos y profesionales que tengan relación con el cargo concursado.
2).- Los títulos que posee, con indicación de fecha y organismos de expedición.
3).- Nómina de obras y trabajos publicados, con mención de fecha y lugar de publicación.
4).- Cargos desempeñados dentro o fuera de la Administración de Justicia, con fechas de nombramiento y cese, y en su caso, motivo de éste, con indicación de su duración y causa.
5).- Conferencias dictadas, jornadas académicas en las que haya participado -como expositor o asistente-, con mención de fecha, lugar e institución patrocinante y que se vinculen con el cargo al que se aspira.
6).- Premios, distinciones honoríficas, académicas o cualquier otro reconocimiento recibido.
7).- Instituciones científicas o profesionales a las que pertenezca, cargos en los que se hubiere desempeñado.
8).- Todo otro antecedente que el Consejo de la Magistratura considere importante evaluar.
El valor de cada uno de los antecedentes, respetándose el límite previsto en la presente ley, será determinado por el Consejo de la Magistratura en forma previa al llamamiento del concurso.
ARTICULO 4º. Incorpórase como artículo 24 ter el siguiente:
ARTICULO 24 TER. PRUEBA DE OPOSICION.
La prueba de oposición constará de dos partes: la primera consistirá en la resolución por escrito de casos prácticos reales, relativos a temas de la convocatoria; y la segunda consistirá en un coloquio mantenido por los aspirantes con los integrantes de la comisión que se crea por medio de la presente, el que versará sobre los siguientes aspectos:
1).- Criterios prácticos para la resolución de casos reales.
2).- Conocimientos de la materia concursada, en lo relacionado a la legislación sustancial y formal, a la doctrina y la jurisprudencia aplicables en la materia, así como a la establecida en orden a principios generales del derecho.
A los efectos de la evaluación de la prueba de oposición, así como la de antecedentes, se deberá conformar una comisión técnica ad hoc, integrada por tres (3) miembros, los que deben ser docentes universitarios que hayan sido designados por concurso en facultades de derecho y ciencias sociales de Universidades Nacionales, o doctrinarios de reconocida solvencia académica.
Para participar en la entrevista personal con el Consejo de la Magistratura será necesario haber aprobado la prueba de oposición con un puntaje mínimo de 30 puntos sobre el máximo establecido por la presente ley para este segmento de evaluación 
ARTICULO 5º: Incorpórase como art. 24 quater el siguiente:
ARTICULO 24 QUATER. ENTREVISTA PERSONAL
El Consejo de la Magistratura, respecto de aquellos aspirantes que superen los mínimos establecidos, realizará la entrevista personal a cada uno de los aspirantes, que tendrá por objeto valorar su motivación para el cargo, la forma en que se desarrollará eventualmente la función, puntos de vista sobre los temas básicos de su especialidad, sus procedimientos, su formación general sobre todas las ramas del derecho, su conocimiento de la Constitución Nacional, Provincial y de la jurisprudencia de Tribunales Superiores de las mismas, sus planes de trabajo, los medios que propone para que su función sea eficiente. Todo conforme a las siguientes pautas:
1).- Criterio práctico que asegure el mejor servicio de justicia.
2).- Conocimiento y criterios prácticos referidos al dominio de las ciencias jurídicas en la rama del derecho a la que aspire ocupar el cargo.
3).- Su aptitud, características y antecedentes personales que conlleven una mayor seguridad del compromiso del postulante respecto del deber de impartir justicia y su vocación para integrar el Poder Judicial.
4).- Su compromiso con el sistema democrático.
5).- Toda otra circunstancia que permita efectuar una valoración integral del aspirante.

ARTICULO 6º: Modifícase el artículo 25 de la ley provincial nº 8, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Para el Vocal Abogado del Tribunal de Cuentas, se deberá seguir el procedimiento de selección previsto en los artículos precedentes.
ARTICULO 7º: El Consejo de la Magistratura, dentro del plazo de treinta (30) días de publicada la presente, deberá adecuar su reglamento a las disposiciones previstas en la presente. ley.
ARTICULO 8º: Regístrese, publíquese y archívese.