FUNDAMENTOS

SEÑOR PRESIDENTE:

                                        Mucho se ha debatido y se sigue debatiendo sobre el tema de la discapacidad, y mucho se ha analizado acerca de la integración o inclusión de quienes tienen alguna alteración funcional, física o mental, permanente o prolongada, que en relación a su edad y medio social implican desventajas considerables para una adecuada integración familiar, social, educacional o laboral.
                                         
                                        Todos los días se habla de los excluidos que no tienen trabajo, que no tienen vivienda, de los excluidos por su género, por su raza o por su discapacidad.
                                         
                                         No ignoramos que en nuestra sociedad se han operado cambios muy profundos y que son muchos los excluidos de muchos derechos que se pregonan, pero que a la hora de su ejercicio, devienen meras declaraciones de buena voluntad.
                                         
                                         El desafío al que nos enfrentamos hoy, es pensar en generar espacios para la inclusión, diseñar estrategias para que las diferencias, no se conviertan en desigualdades, porque “ debemos entender que deslegitimar al estado como mediador o árbitro, es agravar y profundizar el problema de la exclusión en el derecho, de allí que hay que comenzar a reconstruir el estado en su rol de prevención de fractura social y en sus diversas funciones consolidantes de la justicia y la equidad” (La Ley 8/5/97)  
                                         
                                         En la actualidad se pretende empujarnos a provocar esa diferencia particular que es entender que la calidad de vida puede ser para algunos, olvidando que cuando no es para todos no es calidad sino privilegio y que el correlato de esta calidad para algunos es la exclusión de muchos.
                                         
                                          No comparto el discurso de que “todos somos discapacitados”.No es lo mismo no saber cantar que no poder caminar, no es lo mismo usar lentes que no ver. Pero si alguien no camina o es ciego, que esto no sea lo único que le suceda, que pueda HACER con su vida algo      interesante. (Dra.Silvia Tróccoli, en el acto inaugural de las Jornadas Rosario Integra’ 99).
                                         
                                          Ante el reclamo de discapacitados, de padres de discapacitados y de trabajadores de áreas vinculadas a ellos, hemos trabajado este proyecto intentando que las personas con discapacidad se sientan convocadas como niños, jóvenes, ancianos, como deportistas, artistas, trabajadores, estudiantes, para que la discapacidad sea un adjetivo más de los muchos que pueda tener, que no sea un embudo por donde pasa la vida, que le da causa y razón, muchas veces, causa de imposibilidades.
                                          
                                          Y el legislador provincial ha demostrado su interés y preocupación sancionando en 1992 la Ley 48, y posteriormente otras normas que fueron produciendo modificaciones en temas puntuales.
                                         
                                          Así es que hoy nos encontramos con un plexo normativo un tanto disperso, que he considerado debe ser unificado, a la luz de los inconvenientes que surgen a la hora de la aplicación de lo enunciado.
                                          
                                          Por tal motivo el presente incluye básicamente los preceptos de la Ley 48 e incorpora las modificaciones de las leyes 82, 96 y 462.
                                         
                                          Asimismo se plantean modificaciones referentes a los artículos 9 y 12 de la Ley 48, que tienen que ver fundamentalmente en establecer sanciones al incumplimiento de las normas legales que le exigen al Estado conductas tendientes a la integración de las personas con discapacidad, ya que de no mediar las sanciones por incumplimiento, su obligatoriedad se ve seriamente relativizada,  pues la sola mención de la obligación, sin sanción por el incumplimiento deviene en la práctica en  una expresión de deseo.
				Se incorpora además, según lo establecido en la Ley 24716/96 el derecho a licencia especial para la madre por nacimiento de hijo con Síndrome de Down.         
                                          Además se ha tenido en cuenta lo preceptuado por la Ley Nacional  24308/93 de “ Concesiones otorgadas a discapacitados para explotar pequeños negocios” incorporándose algunos de sus artículos en el Régimen Laboral del Capítulo 5 , Título 2, artículos 13 a 19 inclusive.
                                         En el convencimiento de que este proyecto será una herramienta válida para alcanzar la efectiva integración que tantas veces se proclama, solicito el acompañamiento de mis pares, para la aprobación del presente proyecto de ley .      

LA LEGISLATURA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY

TÍTULO I:  NORMAS GENERALES

CAPITULO 1: AMBITO DE APLICACIÓN. CONCEPTO. CALIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD.

ARTICULO 1°: Establécese  por la presente Ley, en el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, un régimen de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad asegurando: atención médica especializada, educación con salida laboral, seguridad social, franquicias, beneficios y estímulos que permitan, en lo posible, neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoque para lograr una mayor integración  al medio social.

ARTICULO 2°: A los efectos previstos en esta Ley, se considera persona con discapacidad a toda aquella que presente alteraciones funcionales, físicas o mentales, permanentes o prolongadas, que en relación a su edad y medio social impliquen desventajas considerables para una adecuada integración familiar, social, educacional o laboral.

ARTICULO 3°: La certificación de la existencia de la discapacidad, de su naturaleza o grado y de las posibilidades de rehabilitación del afectado, así como la indicación del tipo de actividad profesional o laboral que pueda desempeñar, serán efectuadas por un equipo interdisciplinario dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social. La certificación se expedirá previo estudio, dictamen y evaluación, de la capacidad residual de la persona con discapacidad, realizado a través de los servicios especializados en los establecimientos estatales de salud de máximo nivel de complejidad, sean de orden nacional, provincial o municipal.
	El certificado que se expida acreditará plenamente la discapacidad en todos los supuestos en que sea necesario invocarla.

CAPITULO 2: SERVICIO DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN

ARTICULO 4°: El Estado Provincial, otorgará a las personas con discapacidad, en la medida es que éstos o de quienes éstos dependan, o las obras sociales a las que estén afiliados no puedan afrontarlos, los siguientes servicios:
a)	Rehabilitación Integral;
b)	Formación laboral o profesional;
c)	Sistemas de préstamos, subsidios y becas, destinados a facultar la actividad laboral, intelectual y el desenvolvimiento social;
d)	Regímenes diferenciados de seguridad social;
e)	Escolarización en establecimientos comunes con los apoyos necesarios provistos gratuitamente o en establecimientos especiales cuando, en razón del grado de discapacidad, no puedan asistir a la escuela común;
f)	Integración en establecimientos de escolaridad común técnica, recreativa, deportiva o artística con el compromiso de éstos y de la educación especial con el fin de lograr la inserción social de la persona con discapacidad;
g)	Orientación y promoción individual, familiar o social.

ARTICULO 5°: Será el órgano de aplicación de la presente Ley una comisión interministerial de las áreas de competencia con las siguientes funciones:
a)	actuar de oficio para lograr el pleno cumplimiento de las medidas establecidas en la presente Ley;
b)	reunir toda información sobre problemas y situaciones que plantea la discapacidad;
c)	desarrollar planes provinciales en la materia y fomentar la investigación en el área de la discapacidad;
d)	prestar asistencia técnica a las municipalidades;
e)	elevar estadísticas a los fines de planificación programática;
f)	fomentar, coordinar y supervisar a las entidades privadas sin fines de lucro para que orienten sus acciones a favor de las personas con discapacidad;
g)	establecer medidas adicionales a las fijadas en la presente Ley, que tiendan a mejorar la situación de las personas con discapacidades y a prevenir las discapacidades y sus consecuencias;
h)	estimular, a través de los medios de difusión y comunicación, el uso efectivo de los servicios y los recursos existentes, así como propender al desarrollo del sentido de solidaridad social en esta materia;
i)	apoyar la creación de talleres terapéuticos y tener a su caro la habilitación, registro y supervisión de los mismos por el área de salud de acuerdo a la reglamentación;
j)	cooperar con otros organismos e instituciones aunando esfuerzos para prevenir la discapacidad e implementando planes de prevención primaria;
k)	apoyar y promover la creación de talleres protegidos de producción y grupos laborales protegidos, teniendo a su cargo la habilitación, registro y supervisión de los mismos, por el área de trabajo, de acuerdo a lo que determine la reglamentación.

ARTICULO 6°: A efectos del inciso b) del artículo anterior, la Comisión interministerial podrá recabar los datos que estime necesarios recurriendo a los organismos públicos y privados, quienes quedan obligados a proporcionarlos. Asimismo, la Comisión interministerial facilitará el acceso a dicha información a las instituciones asistenciales, educacionales o de investigación que la requieran, con el fin de apoyar los objetivos de la presente Ley.

TITULO 2: NORMAS ESPECIALES

CAPITULO 3:  SALUD Y ACCIÓN SOCIAL

ARTICULO 7°: La Secretaría de Salud adoptará las medidas pertinentes para prevenir las discapacidades y sus consecuencias; asimismo, pondrá en ejecución programas a través de los cuales se habiliten, en los establecimientos hospitalarios y asistenciales de su jurisdicción, de acuerdo a su grado de complejidad y al ámbito territorial a cubrir, servicios especiales destinados a las personas con discapacidades.

ARTICULO 8°:  La Secretaría de Acción Social apoyará la creación de centros de día, hogares de internación total o parcial para personas con discapacidad, cuya atención sea dificultosa a través del grupo familiar, reservándose en todos los casos la facultad de reglamentar y fiscalizar su funcionamiento.
	Serán tenidas en cuenta, para prestar ese apoyo, las actividades de las organizaciones no gubernamentales.

CAPITULO  4: EDUCACIÓN 

ARTICULO 9°: El Ministerio de Educación tendrá a su cargo:
a)	dar cumplimiento a los aspectos previstos en el inciso b), c), e) y f) del artículo 4° de la presente Ley;
b)	orientar a realizar la acción educativa y reeducativa, en forma coordinada, a fin de que los servicios respectivos respondan a los propósitos de la presente Ley;
c)	establecer sistemas de detección y derivación de los educandos con discapacidades, y reglamentar su ingreso obligatorio y egreso de los diferentes niveles y modalidades con arreglo a las normas vigentes, tendiendo a su integración al sistema educativo corriente;
d)	efectuar el control de los servicios educativos no oficiales y los pertenecientes a su jurisdicción, para la atención de niños, adolescentes y adultos con discapacidad, tanto en los aspectos de su creación como en los correspondientes a su organización, supervisión y apoyo;
e)	realizar evaluaciones y orientaciones vocacionales para los educandos con discapacidad;
f)	estimular la investigación educativa en el área de la discapacidad;
g)	promover la capacitación de los recursos humanos necesarios para la ejecución de programas de asistencia, docencia e investigación en materia de rehabilitación;
h)	promover y coordinar las derivaciones de las personas con discapacidad a  tareas competitivas o a talleres de producción en coordinación con el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia.

CAPITULO 5: REGIMEN LABORAL

ARTICULO 10: El Estado Provincial, organismos descentralizados, autárquicos y empresas del Estado, empresas privadas que se acojan al régimen de promoción industrial, deberán ocupar personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) conforme a lo estipulado por la Ley Nacional N° 22.431. 
En el Estado Provincial, en los organismos descentralizados, autárquicos y en las Empresas del Estado, no se podrá incorporar personal en planta permanente y no permanente sin que previamente se dé cumplimiento a lo normado por la presente.
Toda designación efectuada en violación a lo dispuesto será declarada nula y los funcionarios designantes quedarán incursos bajo las causales del Artículo 114 punto 3° de la Constitución Provincial. 
En el caso del incumplimiento por parte de las Empresas privadas acogidas al régimen de promoción industrial, las mismas deberán abonar una contribución mensual obligatoria, cuyo monto será determinado por el Poder Ejecutivo ProvincIal, debiendo fijar la Comisión Provincial Coordinadora para la Discapacidad el destino específico a los fondos recaudados.

ARTÍCULO 11: Las tareas que se asignen a los trabajadores con discapacidad, estarán relacionadas con las facultades que los capaciten más dignamente para el cumplimiento de las tareas útiles, de acuerdo a lo aconsejado por los organismos específicos competentes, procurando su superación profesional.

ARTICULO 12: Las personas con discapacidad que se desempeñen en los entes indicados en el Artículo 10° gozarán de los mismos derechos y estarán sujetos a las mismas obligaciones que la legislación laboral aplicable prevé para el trabajador común.

ARTICULO 13: En todos los casos en que se ceda el uso de bienes de dominio público o privado del Estado Provincial, organismos descentralizados y empresas del Estado, para la explotación de pequeños comercios, se dará prioridad a las personas con discapacidad que puedan desempeñar estas actividades.
	En el caso de que dichos bienes se adjudiquen por concesión deberá reservarse como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de las habilitaciones para las personas con discapacidad. En ambas situaciones los bienes deberán ser utilizados personalmente aún cuando para ello necesiten la eventual colaboración de terceros, bajo apercibimiento de  caducidad del uso o  concesión. 
Toda concesión adjudicada sin respetar la obligatoriedad establecida en el presente, será nula de nulidad absoluta. 
Cuando se disponga la privatización de empresas prestadoras de servicios públicos, el pliego respectivo incluirá la obligatoriedad del adquirente de respetar los términos del presente.

 ARTICULO 14: El concesionario deberá abonar los servicios que usare, y un canon que será establecido en relación al monto de lo pagado por los servicios.

ARTICULO 15: En todos los casos el concesionario mantiene la propiedad de las obras que haya realizado para la instalación del comercio.

ARTICULO 16:El comercio deberá ubicarse en lugar visible, de fácil acceso para el personal que trabaje en la repartición y para los concurrentes al establecimiento. El espacio para la instalación del comercio deberá ser lo suficientemente amplio para desarrollar con comodidad la actividad

ARTICULO 17: La determinación de los artículos autorizados para la venta será amplia, para posibilitar una mayor productividad económica al concesionario, quien deberá cumplir con las disposiciones vigentes en materia de higiene, seguridad ,horarios y demás normas que se establezcan en el acto de concesión.

ARTICULO 18: Las concesiones otorgadas en virtud de la presente se extinguen:
a)	por renuncia del concesionario
b)	por muerte del mismo
c)	por caducidad en virtud de incumplimiento de obligaciones inherentes a la concesión

ARTICULO 19:En caso de muerte del titular, la caducidad no producirá efectos, cuando, dentro de los 30 (treinta) días del fallecimiento solicite hacerse cargo del comercio:
a)	el ascendiente, descendiente o cónyuge siempre y cuando se trate de personas discapacitadas
b)	el concubino/a discapacitado/a, que acredite 5 (cinco) años de convivencia o descendencia común
c)	el cónyuge o concubino progenitor de hijos menores comunes con el titular fallecido siempre que careciere de otra ocupación o empleo. En tal caso podrá continuar la concesión por un plazo máximo de 1 (un) año.
En caso de enfermedad del titular, fehacientemente acreditada , su ascendiente, descendiente, cónyuge o concubino , o miembro de su grupo familiar conviviente, podrá reemplazarlo por un período máximo de 6 (SEIS) meses, prorrogable por única vez por  igual período, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la presente.

ARTICULO 20:La Secretaría de Acción Social deberá proporcionar, mediante subsidios reintegrables, los montos suficientes a los beneficiarios del presente artículo a fin de cubrir las exigencias legales para el otorgamiento de dichas concesiones. 
El Banco de Tierra del Fuego podrá arbitrar los medios necesarios a fin de establecer líneas de créditos especiales, para la instalación o ampliación de los pequeños comercios previstos supra. 

ARTICULO 21:Se invita a los municipios y comunas a dictar ordenanzas que contemplen lo estipulado en los artículos 13 a 20 inclusive. 

CAPITULO 6:  ASIGNACIONES FAMILIARES. LICENCIA ESPECIAL

ARTICULO 22: El monto de las asignaciones familiares por hijo y por escolaridad preprimaria, primaria, media y superior, y de ayuda escolar, se cuadruplicará cuando el hijo a cargo del empleado de la Administración Pública Provincial de cualquier edad, fuera persona con discapacidad y concurriere a establecimiento oficial o privado reconocido por autoridad competente, donde se imparta educación común o especial.
	A estos efectos se considerará cumplido el requisito, cuando la concurrencia sea a establecimientos donde se imparta rehabilitación o estimulación temprana.

ARTÍCULO 23: Adherir a lo prescipto en la Ley Nacional 24716,en relación a la licencia especial por nacimiento de hijo con síndrome de Down.

CAPITULO 7: TRANSPORTE E INSTALACIONES

ARTICULO 24: Las empresas de transporte público  terrestre de pasajeros, que operen en el ámbito de la Provincia, deberán transportar en forma gratuita a las personas con discapacidad que se manejen por sus propios medios, desde y a cualquier punto de la Provincia. Idéntica obligación existirá para las Empresas cuando se trate de personas con discapacidad que deban ser acompañadas y para un acompañante, bajo apercibimiento de sancionar su incumplimiento conforme lo establezca la reglamentación de la presente.

ARTICULO 25: Las Municipalidades y Comunas a través de sus disposiciones implementarán franquicias de libre tránsito para las personas objeto de ésta Ley.

ARTICULO 26: En toda obra pública, que se destine a actividades que supongan el acceso público, que se ejecute en lo sucesivo, deberán preverse: accesos, medios de circulación e instalaciones adecuadas para personas con discapacidad con movilidad reducida.
	La misma previsión deberá efectuarse en los edificios destinados a empresas privadas de servicios públicos que, en adelante, se construyan o reformen.
	La reglamentación establecerá el alcance de la obligación impuesta en éste artículo, atendiendo a las características y destino de las construcciones aludidas.
	Las autoridades a cargo de las obras públicas existentes, preverán su adecuación para dichos fines.

CAPITULO 8: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 27: El Gobierno Provincial podrá imponer exenciones impositivas y descuentos especiales a los impuestos y contribuciones por servicios públicos a aquellas asociaciones privadas sin fines de lucro, cuyos objetivos se encuentren amparados en las disposiciones de la presente Ley.

ARTICULO 28: Los empleadores que concedan empleo a personas con discapacidades, tendrán derecho al cómputo de una deducción especial en el pago del impuesto a los ingresos brutos, que en ningún caso podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) del monto equivalente a la remuneración abonada por dicho empleado.

ARTICULO 29: El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente ley, dentro del término de ciento ochenta (180) días de su promulgación ,  a cuyo fin respetará todos los términos de la reglamentación de la Ley 48 en todos los artículos que no hayan sido modificados por la presente. Para tal fin, designará una comisión integrada por un (1) representante del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia;
 un (1) representante de la Secretaría de Acción Social; un (1) representante de  la Secretaría de Salud Pública; un (1) representante del Ministerio de Educación, invitando a formar parte de ella a un (1) representante de asociaciones sin fines de lucro que trabajen en beneficio de las personas con discapacidad, padres de personas con discapacidad, personas con discapacidad y municipios.

ARTICULO 30: El Poder Ejecutivo Provincial invitará a los Concejos Deliberantes y Comunas de la Provincia para que expresamente adhieran a los términos de la presente Ley.

ARTÍCULO 31: Deróganse las Leyes Territoriales N° 296, 397 y 458 y las Leyes Provinciales N° 48,82, 96 y 462 y toda otra norma que se oponga a la presente .