SEÑOR PRESIDENTE:

	En razón de la situación económica que atraviesa el país, se hace necesario el dictado de un instrumento legal coherente, en el cual se dispongan normas que acentúen el proceso de saneamiento y estabilización de las cuentas del Estado.

	Al destacar en el enunciado anterior “un régimen coherente”, se intenta referir a la confección de un sistema capaz, no solo de facultar y producir recortes, si no que los mismos impliquen un sacrificio de todos los integrantes de la denominada “res pública”, con una marcada conciencia social y que si en algunos casos afecta sectores menos favorecidos, retribuye en cierta medida con el otorgamiento de beneficios que de alguna forma mitiguen el esfuerzo que se les exige.

	Así pues esta norma que hoy se promueve y dentro de la coherencia que se le intenta asignar, trata no solo del recorte de los gastos innecesarios o superfluos, si no que a su vez enmarca un régimen de ingresos determinado por la desafectación de bienes de costoso mantenimiento, el replanteamiento de deuda interna y externa, la posibilidad de resoluciones de contratos innecesarios y un plan de pago y condonación de deudas Tributarias que promueven una mayor recaudación e implican un paliativo para el alicaído sector productivo.

	En ese marco de ideas se destaca:

1)	La Declaración del Estado de Emergencia Económica Provincial.

	2) Recorte del gasto político en “dos de los tres Poderes del Estado”.

2)	Desafectación, venta ó reubicación, en su caso de bienes innecesarios o de costoso mantenimiento.

3)	Suspensión de vacantes,  reducción de salarios y suspensión de ascensos sin concurso en el sector público.

4)	Régimen  y plan de pagos de impuestos, tasas y multas devengadas.

5)	Invitación a las Municipalidades a adherirse al esfuerzo propuesto.

	Todo ello entre otros puntos propuesto, con el intento de equidad en la reducción y paridad en el esfuerzo. A su vez se incluye un capítulo especial de vigencia permanente y como nota ética que hoy la sociedad nos exige a todos aquellos que llevamos a cabo tareas representativas,  en el cual se intenta por medido de la publicidad de los actos del estado, establecer como obligación el otorgamiento de cualquier información referida al que hacer de los actos de gobierno, con la única idea, no solo de responder a principios fundamentales del sistema Republicano, si no de devolver la fe y la confianza de la comunidad, también afectada por los actos de la administración estatal.

Proyecto de Ley
La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, etc.
Sanciona con Fuerza de
Ley:
DE EMERGENCIA ECONOMICA, FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO, REDUCCIÓN DEL GASTO POLÍTICO  Y DE DERECHO AL ACCESO AL CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS DEL ESTADO
Capitulo I

Disposiciones generales

Artículo 1°.- Declarase la emergencia económico-financiera del Sector Público Provincial durante el ejercicio correspondiente al año 2002.

Artículo 2°.- Esta ley se aplicará a los Poderes Legislativo, Judicial, al Tribunal de Cuentas y  la Fiscalía de Estado en lo que resulte pertinente y, en el ámbito del Poder Ejecutivo, a:

1). Administración central y descentralizada.

2). Entidades autárquicas.

3). Empresas,  sociedades del estado, entes autónomos  y al Fondo 
Residual.

Artículo 3°.- Son considerados servicios esenciales a cargo del estado, aquellos destinados a cubrir las necesidades de salud, educación y seguridad de la población con asiento en el Territorio Provincial

Capitulo II

Contención del gasto

Artículo 4°.- El objeto de la presente ley, es lograr las reducciones presupuestarias necesarias en materia de gastos políticos, con arreglo a las partidas pertinentes y asegurando el cabal cumplimiento de las prestaciones esenciales a cargo del Estado.

Artículo 5°.- Suprímanse aquellos cargos asignados, correspondientes a vacantes existentes al 31 de diciembre de 2001. El Poder Ejecutivo procederá en un plazo de treinta (30) días de promulgada la presente ley a determinar por categoría presupuestaria la cantidad y calidad de los mismos.
Así mismo, suspéndanse los ascensos y promociones de los empleados públicos provinciales, mientras dure la emergencia económica, exceptuándose aquellos obtenidos mediante concurso de oposición y antecedentes. La suspensión dispuesta por este artículo, no dará derecho al pago de compensación, adicional o indemnización alguna.

Artículo 6°.- Dispóngase que durante el término de vigencia de la presente ley, todo funcionario del sector público provincial,  percibirá como máximo, como remuneración bruta mensual, por todo concepto, excluidas la bonificación por antigüedad y las asignaciones familiares, hasta  el importe de pesos tres mil ($ 3.000), conformado por la sumatoria de los conceptos: Asignación Básica y Responsabilidad Jerárquica. 
A efectos de poner transparencia en el gasto político el resumen de los gastos personales de los funcionarios políticos del Poder Ejecutivo y  Legislativo de la Provincia y familiares directos deberán ser publicado mensualmente en el Boletín Oficial Provincial.

Artículo 7°.- Quedan incluidas en el límite dispuesto por el artículo  anterior, las contrataciones de servicios personales de terceros con 
personas físicas o jurídicas, en el ámbito contemplado en el artículo 2 de la presente ley, las que también deberán ser rescindidas y/o resueltas por el Poder Ejecutivo, previo dictamen de la comisión prevista en el artículo 18° de la presente ley y dictamen del Tribunal de cuentas.

Artículo 8°.- Dispóngase durante el término de vigencia de la presente ley, la reducción del cincuenta por ciento (50%) de los cargos políticos jerárquicos de los ministerios, secretarías, subsecretarías y direcciones generales.
Asimismo prohíbase la emisión de pasajes y viáticos al personal político del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo de la Provincia.

Artículo 9°.- El producido de las retenciones resultantes por aplicación de la presente ley será depositado en una cuenta especial y tendrá afectación específica para la creación de un subsidio de desempleo para cabezas de familia desocupado.

Artículo 10°.- Durante la vigencia de esta Ley las bonificaciones, adicionales o aquellas que, con cualquier otra denominación reconozcan la antigüedad de todo Funcionario que ejerza cargo político del Sector Público Provincial (artículo 2), incluidos Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial en actividad con acuerdo del Poder Legislativo, sólo se abonarán hasta el máximo de veinte (20) años.

Artículo 11°.- Establécese la desafectación de los automóviles asignados para uso personal a funcionarios del Estado Provincial, incluyendo ámbitos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Tribunal de Cuentas y Ministerio Público, abarcando la administración central y descentralizada, entidades autárquicas, empresas y el Banco de Tierra del Fuego S. A.  , debiendo disponerse a su vez la eliminación, del parque automotor destinado a cubrir necesidades de las distintas dependencias de los tres poderes, salvo en el caso de aquellas unidades u organismos, destinados a cubrir los denominados servicios esenciales.
Autorizase al poder ejecutivo, para que en el plazo de 30 días, ofrezca a la venta dichos automotores, previo disponer por decreto el número de vehículos que se afectará a la prestación de los denominados servicios esenciales, salud, educación, seguridad, poder de policía con arreglo a la legislación en vigencia, hidrocarburos, prevención de incendios forestales y a la defensa civil.

Artículo 12°.- El empleo de automóviles particulares por parte de dichos funcionarios y autoridades para el ejercicio de sus funciones, no otorgará derecho a reconocimiento de gastos ni a compensación alguna.

Artículo 13°.- Desde la fecha de la sanción de la presente ley, queda expresamente prohibido, el uso de las aeronaves para cualquier tipo de traslado de funcionarios en función política o protocolar o de cualquier tipo a excepción que sea por evacuación sanitaria 

Artículo 14°.- Prohíbase la contratación de parientes hasta el 4º Grado de afinidad y/o consanguinidad, respecto de cualquier funcionario electo o político designado, para desempeñarse en cualquiera de los Poderes del estado. Salvo que sea por concurso de oposición y antecedentes.
 
Artículo 15°.- Establécese la desafectación de inmuebles sin excepción, destinados a vivienda de funcionarios del estado con rango administrativo igual o superior a la de director, autorizando al Poder Ejecutivo a destinar los mismos para el uso de la función pública o su venta en el caso de resultar innecesarios para ésta.

Artículo 16°.- Déjese sin efecto toda contratación de personal, en los tres poderes del Estado,  Entes descentralizados, Entes autárquicos, Sociedades del estado, Entes autónomos, Tribunal de cuentas, Fondo residual y Fiscalía de Estado, bajo cualquier forma de contratación, distinta de la planta permanente vigente a la sanción de la ley Provincial 460.
 Artículo 17°.-  Elimínese a partir de la promulgación de la presente Ley, todo gasto destinado a ceremonial y protocolo, homenajes y agasajos en los tres poderes del Estado y en los entes descentralizados y autárquicos. Aféctese a la cuenta especial prevista en el art. 9 de la presente y publíquese

CAPITULO III

Tarjeta social fueguina

Artículo 18°.- Créase la Tarjeta Social Fueguina a través de la cual se centralizará toda la ayuda social en el ámbito provincial; la que será 
financiada con los fondos del presupuesto destinado a Acción Social tanto del Poder Ejecutivo Provincial como los de los municipios y toda otra partida y/o ingreso destinado al área social que provenga del Gobierno nacional u organismos internacionales. Dicha tarjeta será destinada a los sectores de menores recursos, desocupados, jefas y jefes de hogar sin ingresos para ser utilizada en la compra de artículos de primera necesidad, alimentarios, insumos y/o útiles escolares, atención médica y medicamentos.

Artículo 19°.- Facúltese al Poder Ejecutivo Provincial a que efectúe los convenios y acuerdos necesarios con las municipalidades de Río Grande y Ushuaia y la Comuna de Tolhuin a efectos de dar cumplimiento al artículo precedente, centralizando y haciendo eficiente la administración de los fondos y la gestión para la ayuda social en el ámbito de la provincia. A tal fin se procederá a confeccionar un padrón único de beneficiarios que además será publicado en forma mensual en el Boletín Oficial.

CAPITULO IV

Comisión de control del gasto político

Artículo 20°.- Crease la Comisión de Control del Gasto Político, la que deberá analizar, en Audiencia Pública todos aquellos contratos de nombramiento de personal de gabinete, licitaciones, concursos de precios, y locación vigentes, de inmuebles afectados al servició público o al asiento de dependencia de los tres poderes del Estado, entes autárquicos y descentralizados y/o empresas del estado, la cual deberá determinar aquellos contratos que por sus características o necesidad deban ser mantenidos o resueltos. El dictamen elaborado a tal fin, tendrá el carácter de vinculante.
Dicha comisión, estará constituida, por un integrante del PEP, por  Legisladores pertenecientes a los bloques de la oposición  y por un miembro del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Capitulo V

Ingresos

Artículo 21°.- La Comisión creada mediante el artículo 18 de esta ley, será la encargada también de establecer los nuevos lineamientos y mecanismos impositivos mientras dure la emergencia dispuesta por la presente y tendrá facultades para:

a) establecer regímenes generales para la condonación total o parcial de recargos, intereses y multas, adeudados por los contribuyentes y 
responsables respecto de los impuestos a los Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos, adicionales;

b) proponer cualquier otro impuesto o tasa provincial, en las condiciones, con las limitaciones, excepciones, facilidades de pago y con las tasas de interés que la misma disponga;

c) establecer un régimen de facilidades de pago para los impuestos previstos en los incisos precedentes así como cualquier otro impuesto o tasa provincial, adeudados al 30 de junio de 2001 y que se regirá por las disposiciones de la presente ley. Están incluidas, además, las deudas que por los conceptos mencionados se encuentren en discusión en sede administrativa en vía de ejecución judicial, previo allanamiento del deudor. 
El pago de los honorarios de los letrados intervinientes se efectuará en las mismas condiciones en que se abone el plan de facilidades de los tributos comprendidos en el mismo régimen.

Artículo 22°.- Se condonan los recargos, intereses y multas no abonados para las obligaciones que se regularicen conforme al presente régimen, devengados hasta la fecha del acogimiento.

Artículo 23°.- Libérense para las obligaciones comprendidas y que se regularicen conforme al presente régimen, las multas no aplicadas que pudieren corresponder.

Artículo 24°.- No se encuentran comprendidas en el régimen que se establece por la presente ley:

a) Las deudas correspondientes a retenciones y/o percepciones efectuadas y no ingresadas, excepto las multas por dichos conceptos.

b) Las deudas correspondientes a contribuyentes y/o responsables que se encuentren en proceso de quiebra.

c) Las deudas comprendidas en planes de facilidades de pago vigentes, dispuesta por ley o Decreto.

Artículo 25°.- La deuda total, determinada de acuerdo al presente régimen, se abonará de acuerdo al mecanismo que establezca la reglamentación de la presente Ley.

Artículo 26°.- El contribuyente y/o responsable podrá cancelar la totalidad de la deuda antes de que se operen los respectivos vencimientos.

Artículo 27°.- La falta de pago o el pago fuera de término de una o más cuotas en los plazos establecidos, faculta a la Dirección General de Rentas, previa intimación por el término de quince (15) días, a declarar caduca la facilidad de pago acordada y a iniciar, sin más trámite, las gestiones judiciales para el cobro de la deuda total impaga, con más los recargos, intereses y multas que se hubieren condonado con motivo del acogimiento al Plan de Facilidades establecido por la presente ley, desde el vencimiento original de cada una de las obligaciones y hasta la fecha de efectivo pago de las mismas.

Artículo 28°.- El Ministerio de Economía y/o la Dirección General de Rentas, según corresponda, establecerá las condiciones y normas complementarias necesarias para la aplicación del Régimen de Facilidades que se establece por la presente ley, como asimismo, los requisitos, formalidades, plazos y, en su caso, garantías que deberán cumplimentar los contribuyentes para el acogimiento.

CAPITULO VI

Derecho al acceso al conocimiento de los actos del estado

Artículo 29°.- Establecese la obligación de publicar en el boletín oficial, la nómina del personal de planta política y/o Gabinete, que se hallen desempeñando cargos en toda la administración pública, entes descentralizados, Entes autárquicos, Sociedades del estado, Entes autónomos, Tribunal de cuentas, Fondo residual y Fiscalía de Estado.  

 Artículo 30°.- La solicitud de información debe ser realizada por escrito, con la identificación del requirente, sin estar sujeta a ninguna otra formalidad. No puede exigirse la manifestación del propósito de la requisitoria. Debe entregarse al solicitante de la información una constancia del requerimiento.

Artículo 31°.- Toda solicitud de información requerida en los términos de la presente Ley debe ser satisfecha en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros diez (10) días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. En su caso, el órgano requerido debe comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez (10) días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional.

Artículo 32°.- Si una vez cumplido el plazo previsto en el artículo anterior, la demanda de información no se hubiera satisfecho se considera que existe negativa en brindarla, quedando habilitada la acción de amparo por mora de la Administración. Si la resolución fuere denegatoria, procederá la acción de amparo cuando se hubiere resuelto en exceso de las previsiones del Artículo 32° o la fundamentación fuere arbitraria, insuficiente o aparente.

Artículo 33°.- La denegatoria de la información debe ser dispuesta por un funcionario de jerarquía equivalente o superior a Director General, en forma fundada explicitando la norma que ampara la negativa.

Artículo 34°.- EL funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria obstruya el acceso del solicitante a la información requerida, o la suministre en forma incompleta u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta Ley, es considerado incurso en falta grave.

Capitulo VII

Disposiciones complementarias

Artículo 35°.- Instruyese al Poder Ejecutivo para que, en el término de 90 (noventa) días, proponga y efectivice el saneamiento definitivo de la situación financiera de la Administración Central de la Provincia, con cada una de las municipalidades y comunas, con los entes descentralizados y Entidades Autárquicas de la Provincia.

A los fines del saneamiento a realizarse, podrán proponerse y acordarse conciliaciones, transacciones, compensaciones, reconocimientos, remisiones y toda operativa que propenda a la determinación y cancelación de las deudas o créditos que vinculen a las partes.

Artículo 36°.- La aplicación de las disposiciones de la presente Ley no dará derecho a reclamo alguno con posterioridad a la finalización de su vigencia.

Artículo 37°.- Invítase a los Municipios y Comunas de Provincia a adherirse a lo dispuesto en los capítulos I, II, III y IV de la presente Ley.

Artículo 38°.-Suspéndase por el término de vigencia de la presente Ley toda disposición legal que se oponga a la misma.

Artículo 39°.- El Poder Ejecutivo podrá prorrogar total o parcialmente la presente Ley por el término de un año, con acuerdo de la H. Legislatura, salvo lo dispuesto en el capítulo IV la cual se le acuerda vigencia permanente.

Artículo 40°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

 
                                                            Horacio Miranda
                                                                 Legislador