FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Conforme lo dispuesto en la ley provincial N° 539 y en el Decreto Nacional Nº 1.004/01, la provincia de Tierra del Fuego ha recibido Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP), para ser utilizadas de acuerdo a lo establecido en dicho plexo legal. Que la ley deja expresamente establecido que las letras tendrán circulación en todo el territorio provincial a su valor nominal y prevé la adopción de medidas tendientes a asegurar la circulación de los títulos (Art. 10º) y acciones que permita la implementación efectiva de las disposiciones de la Ley. Por lo tanto queremos instrumentar un régimen que en el ámbito provincial regule la aplicación de las letras en relación a cualquier negocio jurídico que tenga por objeto cualquier prestación convenida y en consecuencia corresponde determinar la forma de implementación de los mismos como así también asegurar la correcta circulación y aceptación a fin de evitar cualquier utilización indebida o incompatible con las urgentes necesidades que nos presenta la emergencia en que se encuentra nuestro país, que ha venido generando una creciente deuda del Estado Nacional, respecto de la cual la única respuesta que ha recibido hasta el presente nuestra Provincia, está materializada en la opción entre la entrega de LECOP o el liso y llano incumplimiento. Que el propósito de esta ley, se orienta a evitar oposiciones o acciones especulativas de agio o agiotaje en contra de la libre circulación de los títulos a su valor nominal, previniendo las disvaliosas consecuencias que, tanto en el plano económico, como en su trascendencia social, pudieran llegar a producirse si los títulos quedasen sujetos al mero arbitrio de la voluntad de los actores económicos de la plaza.

Además siendo las emergencias el resultado de hechos que pueden configurar una grave amenaza para las necesidades básicas de la comunidad o para el mantenimiento de la imprescindible armonía en las relaciones sociales, se requiere frente a ellas la adopción de medidas urgentes y eficaces, que constituyan una respuesta proporcionada a tales extremas circunstancias, para evitar su agravamiento, puesto que en caso de inacción, podrían luego traducirse en riesgo de inestabilidad general comunitaria y aún institucional, lo que es un imperativo de los poderes públicos prevenir y evitar. Que la circulación de los títulos a que se refiere la Ley Nº 539, se encuentra amenazada por la acción de quienes, aprovechando la necesidad de los tenedores de los mismos, pretendan desarrollar abusivas especulaciones en operaciones de cambio, lucrando abusivamente en perjuicio del público o consumidores en general, por lo que resulta pertinente el ejercicio del poder de policía de emergencia del Estado, como respuesta a la necesidad de proteger a los tenedores de letras evitando que de tales maniobras especulativas se produzcan disminuciones indebidas en el valor de sus tenencias. Que la doctrina y la jurisprudencia del más Alto Tribunal de la República han legitimado la utilización de herramientas y el dictado de medidas de excepción que permitan mantener el orden y la paz social, como acciones concretas a favor de la comunidad toda, pues ante situaciones de extrema crisis, corresponde la aplicación de remedios extraordinarios, destinados a asegurar la autodefensa de la comunidad y el reestablecimiento de la normalidad social, pudiendo para ello el Estado valerse, lícitamente, de todos los medios que la emergencia exija emplear para ser superada. Que se encuentran presentes los extremos que la jurisprudencia ha desarrollado como requisitos para la adopción de medidas de excepción, a saber: Que exista una situación de riesgo o gravedad que imponga al Estado el deber de amparar los intereses de la comunidad, que la norma se dicte con la finalidad de proteger los intereses generales de la comunidad, que las medidas adoptadas constituyan una razonable respuesta para el alivio a la situación planteada y que la duración de las mismas sea limitada en el tiempo.

En consecuencia a fin de evitar que la actual emergencia provoque un mayor impacto negativo en la sociedad, se torna necesario disponer la obligatoriedad del curso legal de las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP) por el período de vigencia de las mismas previsto en el Artículo 2º del Decreto Nacional Nº 1.004/01. 

Por último resulta un deber del legislador evitar que existan dudas sobre la aplicación de la norma y sobre que a partir de una ley se generan especulaciones económicas a consecuencias de los cuales seguramente la actividad productiva y el más débil terminarán siendo los máximos perjudicados.

Por todo ello, proponemos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto con su voto afirmativo.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- Establécese que en todo el territorio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP) y/o cualesquiera que las sustituyan, serán de aceptación obligatoria como medio de pago y/o cancelación de deudas, en un porcentaje del cien por cien (100%) sin limitaciones y en la paridad de uno a uno, (Un Peso LECOP = Un Peso Moneda Nacional) por parte de Bancos Públicos y/o Privados, que tengan sedes o sucursales en la Provincia, entidades públicas o privadas, provinciales o municipales, comerciales, financieras, credíticas, empresas prestadoras de servicios públicos de: agua corriente, energía electrica, telefonía fija y móvil, transporte público y privado de cargas y pasajeros, medicina prepaga, consejos profesionales, televisión por cable y satelital, combustibles, gas natural y envasado, servicios de salud, educativos, de seguridad, préstamos bancarios hipotecarios, prendarios y personales, seguros y toda otra actividad económica y/o financiera de giro normal y habitual en la Provincia por el período que abarca hasta el vencimiento de las LECOP previsto en el Artículo 2º del Decreto Nacional Nº 1.004/01. 

ARTICULO 2º.- El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º del presente dará lugar a la aplicación de sanciones de carácter pecuniario desde Pesos cien mil ($ 100.000) a Pesos doscientos mil ($ 200.000) al infractor, cualquiera fuera el giro comercial, además de la pérdida de licencias, habilitaciones, contratos y concesiones de pleno derecho. El Ministerio de Economía será el órgano de aplicación y sus resoluciones podrán ser recurridas ante el Poder Ejecutivo. El Acta que certifique la infracción, tendrá carácter de suficiente título de ejecución. 

ARTICULO 3º.- Las denuncias sobre incumplimientos al presente podrán ser efectuadas por cualquier persona ante el Ministerio de Economía u organismo por esté designado. 

ARTICULO 4º.- El presente entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación. 

ARTICULO 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.