FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:

El Fortalecimiento de nuestra democracia constitucional como la que felizmente existe en nuestro país, exige que el gobierno y los representantes que en él son los responsables de tomar decisiones respecto de políticas públicas son mandatarios de los ciudadanos que depositaron en ellos su confianza y delegaron una enorme cantidad de poder para decidir sobre la propiedad y la libertad, entre otras cuestiones, de aquellos que habitan nuestro país y nuestra provincia. También nos exige en lograr que aquellas Instituciones que aún no funcionan o lo hacen deficitariamente cobren la relevancia y utilidad que el ciudadano busca.  

El derecho a la información pública es uno de esos instrumentos cuya necesidad se pone en evidencia cuando, descubrimos que resulta ser de fundamental importancia para enfrentar males cuya gravedad no fuera prevista cuando empezáramos esta nueva era constitucional. Problemas tales como la falta de espacios de participación de la ciudadanía, la corrupción generalizada y estructural, así como las deficiencias evidentes en la eficaz gestión de gobierno, son algunas de las causas que nos ponen frente a la necesidad de regular un derecho que, por no contar con los procedimientos pautados para su ejercicio, se pierde en los bienvenidos pero insuficientes principios que subyacen a la enunciación del principio de la publicidad de los actos de gobierno, el derecho de peticionar a las autoridades públicas o una interpretación generosa pero no generalizada del derecho a la libre expresión.

La gravedad de los problemas que aquejan a nuestro país vinculados con la falta de transparencia en la gestión de gobierno y la débil responsabilidad pública de aquellos que se desempeñan en el ejercicio de los poderes del estado, exige que el derecho a recibir información pública cuente con todas las garantías necesarias para su ejercicio de modo que éste no resulte impedido u obstaculizado por la decisión discrecional de un funcionario. La libertad de acceso a la información es el mejor antídoto contra la corrupción en el gobierno e, indirectamente, es una estrategia efectiva para mejorar su gestión. Lamentable pero inevitablemente, los gobiernos son reacios a brindar información sobre su propia actividad y decisiones, lo cual resulta agravado por el hecho de que la ciudadanía, en general, no está acostumbrada ni reconoce que esa información le pertenece. Tampoco es consciente del derecho que tiene a solicitarla y a que le sea brindada. Esta actitud del estado y de los ciudadanos se traduce en prácticas culturales que se transfieren a diseños institucionales y normas que resultan en un obstáculo que impide a la ciudadanía solicitar información y, muchas veces, también crea las condiciones para que la administración no pueda brindarla. En muchos países, como el nuestro, el derecho a la información resulta reconocido implícita o explícitamente en la Constitución Nacional y Provincial, pero la posibilidad de lograr hacer efectivo su ejercicio depende de la discrecionalidad del funcionario al que se la solicite.
Con la finalidad de tornar aun más fuerte el fundamento de la regulación del derecho al libre acceso a la información pública aquí propuesto, se enumeran a continuación algunos argumentos que demuestran su justificación, necesidad y utilidad:
      a) El principio de la publicidad de los actos de gobierno: Las democracias constitucionales comparten el reconocimiento del principio de publicidad de los actos de gobierno. El derecho al libre acceso a la información producida por el estado es un desprendimiento lógico de este principio. La publicidad es en realidad un mecanismo de control por el cual el sistema democrático se asegura que la divulgación de la información dará lugar al ejercicio responsable del poder en el sentido de rendir permanentemente cuenta frente a la ciudadanía por las decisiones que se toman. Algunos autores, incluso, llegan a asociar el derecho a la libertad de expresión con el principio del control de los actos de gobierno. De allí se desprende que si este principio redunda en una robusta protección de aquellos que proveen información, el acceso a esa información que posibilita la publicidad y el consiguiente control debe estar reconocido como derecho y regulado de modo que su ejercicio sea efectivo. Si el gobierno debe ser controlado por medio de la publicidad de sus actos, resulta claro que no puede esta publicidad quedar a criterio del propio controlado sino que debe ser un recurso accesible a aquellos que se encuentran facultados para ejercer ese control: los propios ciudadanos que delegaron en sus representantes el poder de tomar decisiones de gobierno en su nombre.
     b) La libertad de acceso a la información como prerrequisito de la democracia participativa: nuestra Constitución Provincial ha contribuido a la creación de numerosos mecanismos que le brindan a la ciudadanía la posibilidad de participación posible y realizable; la consulta popular, la revocatoria de mandato, la iniciativa popular y el referéndum son herramientas que el constituyente le proveyó a la ciudadanía para que ésta pueda insertar su voluntad en el complejo y hasta ahora a veces lejano proceso de formación de las políticas públicas. Además el artículo 46 en su segundo párrafo prescribe que " la ley garantiza el libre acceso a las fuentes públicas de información...". Todos estos mecanismos de la democracia participativa serían completamente vacuos e incluso peligrosos si desde el propio estado no se asegurara el acceso a la información que permitirá formar, a nivel de cada ciudadano, un juicio informado acerca de aquellas cuestiones sobre las que se le solicita manifieste su opinión. La información se constituye así en un prerrequisito necesario e ineludible de los derechos derivados de la democracia participativa plasmados en nuestra Carta Magna.
      c) La libertad de información como parte de la libertad de expresión: existen muchas formas de justificar la libertad de expresión. Una de ella, quizá la más plausible, concibe a la libertad de expresión como el elemento fundamental para la realización de la democracia. La democracia se distingue de otros sistemas políticos por construirse sobre la idea del autogobierno de los ciudadanos por medio de sus representantes. En este sentido, son los ciudadanos los que, en última instancia, tienen en sus manos la responsabilidad de tomar las decisiones públicas, ya sea por medio de los mecanismos de democracia semidirecta mencionados, o a través del voto al elegir a sus representantes. La libertad de expresión es, entonces, un derecho necesario para poder lograr un debate público robusto que permita que los ciudadanos tengan un conocimiento profundo del contexto que rodea a las decisiones públicas a tomarse, todo ello con la finalidad de poder realizar sus propias opciones y traducirlas en el ejercicio del derecho al autogobierno. Esta responsabilidad del estado no sólo implica la de proteger la expresión de sus ciudadanos sino que también requiere asegurar el acceso de éstos a la información, dado que sin ella el debate público se empobrece y convierte en parcial. Esta vinculación entre derecho a la libertad de expresión y derecho al libre acceso a la información no sólo surge de elaboraciones doctrinarias, sino que también es recogida por la Convención Americana de Derechos Humanos cuando en su artículo 14.1 prescribe que "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección", Por otra parte la libertad de información es una libertad social asociada al derecho a la libertad de expresión protegido por nuestra Constitución Nacional. Los instrumentos internacionales, cláusula que resultara incorporada a nuestra Constitución Nacional a través del artículo 75, inc. 22 con ocasión de la reforma de 1994. han reconocido que el sujeto de ese derecho a la información es universal. Por consiguiente, el público no es menos sujeto de ese derecho que el periodista.
      d) La información pública se produce y genera con fondos que provee la ciudadanía: la información que posee el estado como insumo o producto de las decisiones que toma, se obtiene con fondos surgidos a partir de las contribuciones de sus ciudadanos, quienes con el pago de los impuestos sostienen el sistema que permite obtener esa información. Dado que estos fondos pertenecen a la ciudadanía en su conjunto, resulta imposible afirmar que el producido de un proceso sostenido por los ciudadanos les debe ser oculto. En la medida que los ciudadanos pagan sus impuestos, la información producida u obtenida con esos fondos debe estar a su disposición.
      e) El libre acceso a la información genera una transparencia en la gestión de gobierno que redunda en beneficio de una mejor imagen de las instituciones públicas frente a la ciudadanía: más allá de las buenas razones morales o legales que puedan ofrecerse para justifica una regulación del derecho al libre acceso a la información pública que torne su ejercicio en real y efectivo, pueden también ofrecerse razones prudenciales apoyadas en los beneficios que ella puede traer aparejados para el estado. Frente a la baja credibilidad que de las instituciones públicas tienen los ciudadanos, leyes como la aquí proyectada son una señal clara de que algo está cambiando en el gobierno. Una norma que haga accesible la información del estado y transparente su gestión le ofrecerá a la ciudadanía motivos para poder volver a creer en sus instituciones, sus funcionarios y líderes políticos.

      Por supuesto, toda esta batería de razones para brindar información no es contradictoria con el reconocimiento del hecho de que existe algún tipo de información que por diferentes motivos (seguridad, estabilidad financiera, privacidad, etc.) resulta vedada al libre acceso de la ciudadanía. Sin embargo, esta información surge como excepción y no como regla. Es necesario crear los incentivos necesarios para revertir esta tendencia al ocultamiento y la oscuridad que se presenta en toda burocracia y gobierno. Este proyecto de Ley se dirige en ese sentido.

     Por otro lado, es muy importante para el desarrollo institucional de nuestro país y la consolidación de la democracia constitucional en Argentina, que ésta se sume a una saludable tendencia iniciada y profundizada por algunos estados provinciales. En este sentido, se deben destacar los casos de la Constitución de Buenos Aires (art. 28) y la de Chubut (art.13) que reconocen el derecho al libre acceso a la información. En esta última provincia, además, se ha regulado este derecho por medio de una norma específica, la ley 3.764 que establece que "Todo habitante de la provincia tiene el derecho de libre acceso a las fuentes de información de los actos legislativos, administrativos y jurisdiccionales emanados del estado provincial y de las corporaciones municipales, ello sin que sea necesario indicar las razones que motivaron el requerimiento". En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además, se ha sancionado una ley específica de acceso a la información, la Nro. 104, de características similares a la aquí propuesta.    

  Todos estos principios y directrices han sido recogidos en el proyecto de ley que aquí se presenta. En primer lugar, el derecho de solicitar información de la administración centralizada y descentralizada de los poderes del Estado se le reconoce a toda persona, con lo cual es nuestra intención que se constituya como sujeto con legitimación para solicitarla tanto a personas de existencia real como ideal o jurídicas. Al establecerse que es un órgano el obligado a proveer esa información, se pretende incluir como sujeto de este mandato no sólo al ente administrativo correspondiente sino también al funcionario público a cargo del mismo. Por esta razón, la ley le atribuye responsabilidades y sanciones como consecuencia de su potencial incumplimiento. Se establece un mecanismo sencillo y ágil de acceso a la información con miras a que sea la ciudadana o ciudadano el principal destinatario de esta ley. Los plazos, las condiciones de arancelamiento y la posibilidad de revisión de la denegatoria o el especial tratamiento que se le da al silencio o la ambigüedad de la respuesta, son reaseguros para que los fines de esta ley no sean violados cuando se activen los mecanismos que prevé. Las excepciones, finalmente, se corresponden con la conciencia de que existe información cuyo acceso puede ser limitado, pero siempre para beneficio de la ciudadanía y no para su perjuicio.

Por lo expuesto solicito a los señores legisladores acompañen la presente iniciativa.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

ACCESO A LAS FUENTES DE INFORMACION PUBLICA

Artículo 1º.- Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna de cualquier órgano perteneciente a los Poderes del Estado Provincial, de conformidad al artículo 14 incisos 9 y 10, y los artículos 45 y 46 de la Constitución Provincial y la presente Ley.

Artículo 2º.-  Principio de publicidad.
Todas las actividades de los órganos comprendidos en la presente ley estarán sometidos al principio de publicidad de sus actos. Los funcionarios responsables de brindar la información de su respectiva área de competencia deberán prever una adecuada organización, sistematización y publicación de la información a la que se refiere la presente y aquella que en las áreas a su cargo se produjere.

Artículo 3º.-  Tipo de información.
La administración central y descentralizada tiene la obligación de proveer la información requerida si ella se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato y que haya sido creada u obtenida por la administración o que se encuentre en su posesión o bajo su control. Se considera, además, como información, a los efectos de esta Ley, cualquier tipo de documentación que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa, así como las minutas de reuniones oficiales.

Artículo 4º.- Solicitud. 
La solicitud de información debe ser realizada por escrito con la identificación del interesado, sin que sea necesario indicar las razones que motivaron tal requerimiento, En todo caso la administración deberá entregar al solicitante de la información una constancia de tal requerimiento.

Artículo 5º.-  Plazos.
El órgano de la administración al cual se le haya presentado una solicitud de información deberá otorgar la misma en un plazo no mayor de 10 (diez) días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros 10 (diez) días hábiles de mediar circunstancias que hagan inusualmente difícil reunir la información solicitada. En su caso, el órgano deberá comunicar, antes del vencimiento del primer plazo de (10) diez días, las razones por las que hará uso de la prórroga excepcional del segundo plazo de 10 (diez) días.

Artículo 6º.-  Denegatoria.
La información solicitada deberá ser brindada incluso cuando existan fuentes privadas que posean la información requerida. El órgano sólo podrá negarse a brindar la información objeto de la solicitud si se verificara alguna de las excepciones previstas en el art. 10 de esta ley. En tal caso, el órgano deberá proporcionar al solicitante un informe fundado del que surja de manera expresa la excepción del art. 10 que consideró aplicable.
La solicitud de información no implica la obligación de la administración de crear o producir información con la que no cuente o no tenga obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. En su caso, la administración deberá comunicar por escrito que la denegatoria de la solicitud se debe a la inexistencia de datos en su poder respecto de la información solicitada.
Si la respuesta a la demanda de información no se hubiere satisfecho o si la respuesta hubiere sido ambigua, se considerará que existió negativa tácita en brindarla.

Artículo 7º.- Silencio.
El silencio de la administración frente a la demanda de información, se interpretará como negativa. Vencido el plazo del artículo 5 de la presente Ley, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros 15 (diez) días sin que la información sea suministrada, se considerará que hay silencio en la administración. Este silencio se considerará como arbitrariedad manifiesta a los fines de los requisitos para la interposición de un recurso de amparo.

Artículo 8º.- Amparo por mora.
Si una vez vencido el plazo sin que la información haya sido suministrada, o si la respuesta a la información hubiere sido ambigua o parcial, se considera que existe negativa expresa del órgano administrativo en brindarla; el peticionante podrá por lo tanto iniciar acción de amparo de acuerdo a lo previsto en el artículo 48 de la Constitución provincial. La decisión del juez será inapelable.

Artículo 9º.-  Responsabilidades.
El funcionario público o agente responsable de dar información que en forma arbitraria obstruyere el acceso del solicitante a la información requerida, o la suministre en forma incompleta u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta Ley, será considerado incurso en grave falta a sus deberes y le será aplicable el régimen sancionatorio vigente en el lugar donde presta funciones. Ello, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera caberle por aplicación del Código Penal de la Nación.

Artículo 10.- Excepciones al ejercicio del derecho.
Se exceptúa a la administración del cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 3 de esta ley en los siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de información referida a los datos personales cuya publicidad constituya una invasión de la privacidad personal. Salvo cuando se tenga el consentimiento expreso de la persona a quien se refiere la información solicitada
b) La información de terceros que la Administración hubiera obtenido en carácter confidencial y la protegida por el secreto bancario.
c) Toda documentación declarada secreta o reservada por Ley o por resolución Administrativa; fundada en razones de seguridad pública. 
d) Cuando se trate de información comercial o financiera de terceros que la administración hubiera obtenido en carácter confidencial.
      e) Cuando se trate de información interna de la administración o de comunicaciones entre órganos de la administración que contengan consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión del gobierno. Una vez tomada la decisión, esta excepción cesa si la administración opta por hacer referencia en forma expresa a esos consejos, recomendaciones u opiniones.
      f) Cuando se trate de información preparada por los órganos de la administración dedicados a regular o supervisar instituciones financieras o preparados por terceros para ser utilizados por aquellos y que se refiera a exámenes de situación, evaluación de su sistema de operación o condición de funcionamiento.
      g) Cuando se trate de información preparada por asesores jurídicos o abogados de la administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial, o de cualquier tipo de información protegida por el secreto profesional que debe guardar el abogado respecto de su asesorado.
      h) los sumarios administrativos, hasta la etapa de la formulación de los cargos por parte del instructor sumariante;
       i) las actuaciones judiciales referentes a cuestiones de familia, menores y los sumarios penales en la etapa de su secreto. Asimismo y sin perjuicio del principio general de su publicidad, los jueces y tribunales podrán limitar el ámbito de la publicidad y acordar el carácter secreto de todas las partes de las actuaciones  judiciales, por razones de orden público y de protección de los derechos y libertades, mediante resolución motivada en cada caso.

Artículo 11.- Información parcial.
En caso que existiere un documento que contenga, en forma parcial, información que no sea de acceso público, la administración deberá permitir el acceso al resto de la información de ese documento que no se encuentre contenida entre las excepciones referidas en el artículo anterior.

Artículo 12.- Arancelamiento 
El acceso público a la información es gratuito, salvo en los casos donde el solicitante requiera copia por cualquier medio de la documentación sobre la que requiera acceso, en cuyo caso las mismas serán a su exclusiva costa. 
Cuando el grado de complejidad de la fuente o la información requerida lo aconseje , se le facilitará el acceso personal y directo a la documentación solicitada. En todo caso el solicitante y la autoridad administrativa deberán evitar la perturbación del normal funcionamiento y atención de los servicios del organismo respectivo. 

Artículo 13.- La Administración central y descentralizada de los Poderes del Estado contará con un plazo de noventa (90) días a partir de la sanción de la presente Ley, para acondicionar su funcionamiento de acuerdo a las obligaciones que surgen de su normativa, y en las que deberá establecer:
      a) Las autoridades u organismos de aplicación de esta Ley, así como los responsable de efectuar las comunicaciones y facilitar el acceso a las fuentes de información.
      b) La enumeración de la información, actos o documentos declarados reservados o secretos de conformidad con lo establecido en el artículo 10, de la presente Ley. 
Una vez vencido ese plazo, toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano perteneciente a la administración central y descentralizada de los poderes del Estado según lo prescrito por esta Ley.

Artículo 14.- Invítase a las municipalidades y comuna de la provincia a adherir a la presente ley.

Artículo 15.- Derógase toda otra disposición que se oponga a la presente Ley.

Artículo 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.