La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, etc.
Sanciona con Fuerza de
	Ley	

 I  INSTITUCIÓN DEL ÓRGANO.

Artículo 1°.- Se ratifica la institución, para el personal de todas las jerarquías de los tres Poderes de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, sus reparticiones u organismos centralizados, descentralizados, entes autárquicos, empresas del Estado Provincial, servicios de cuentas especiales y obras sociales, Municipalidades, Comunas y Sociedades de Fomento en el ámbito de su jurisdicción, del siguiente régimen de jubilaciones y pensiones con sujeción a las normas de la presente Ley y según lo resuelto por la Ley Territorial  Nº 244 que queda derogada por la presente.

Artículo 2°.- Ratificase el funcionamiento del INSTITUTO PROVINCIAL DE PREVISION SOCIAL el que será la Autoridad de Aplicación y Administración del Régimen y funcionará como organismo descentralizado con carácter autárquico en la esfera del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Será una institución de derecho público con personería jurídica y capacidad para actuar privada y públicamente de acuerdo a lo que establecen las leyes generales y las específicas que afecten su funcionamiento.

Artículo 3°.- De conformidad a las disposiciones de esta Ley que regirá su gobierno y administración, el Instituto orientará  y llenará los fines de previsión social entre las personas comprendidas en ella y con sus recursos acordará los siguientes beneficios:

JUBILACIONES Y PENSIONES

También podrá conceder, con los recursos que al efecto se destinen y dentro de las posibilidades financieras:
Préstamos personales a afiliados y beneficiarios
Préstamos prendarios a afiliados y beneficiarios
Préstamos hipotecarios a afiliados y beneficiarios

Asimismo se atenderán con los recursos que al efecto se destinen y presupuesten, los gastos de administración, la adquisición de los bienes necesarios para su funcionamiento y con los saldos remanentes las inversiones que legalmente puedan realizarse.

Artículo 4°.- Cuando la posibilidad económica-financiera lo permita, el Instituto podrá crear en su seno, con acuerdo de la Legislatura, la SECCION BANCARIA que oficiará de agente financiero del Instituto y la SECCION SEGUROS que atenderá los seguros propios del Instituto, del Gobierno Provincial, Municipalidades, Comunas y de terceros en relación con estos. Ambas secciones poseerán la capacidad para realizar las operaciones vinculadas con su objeto específico, conformes a las normas, planes, programas y presupuestos que el Directorio le fije y la jurisprudencia les permita, también conforme a las condiciones específicas del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA y la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS. A tales fines podrá hacer uso de los recursos que el Instituto les asigne y deberán confeccionar su propio balance, el que integrará el balance anual consolidado del Instituto.

II  DE LOS RECURSOS

Artículo 5°.- El Instituto atenderá el cumplimiento de sus obligaciones con los siguientes recursos:

a) Con el capital acumulado desde su creación por Ley  Territorial       Nº 244.
b) Con las sumas que el Gobierno de la Provincia destine anualmente.
c) Con las contribuciones a cargo de los empleadores.
d) Con los aportes a cargo de los afiliados activos.
Con los aportes a cargo de los beneficiarios.
Con las sumas recaudadas por intereses, multas y recargos.
Con los intereses de las inversiones.
Con las utilidades que se originen por la evolución del capital.
Con las donaciones y legados que se reciban. 
Con las sumas provenientes de cargos que se efectúen a afiliados activos y pasivos.
Con los importes que ingresen de otras cajas o instituciones.
Con cualquier otro importe que ingrese al patrimonio del Instituto.

  III  DE LAS INVERSIONES

Artículo 6°.- Los fondos del Instituto Provincial de Previsión Social podrán ser invertidos en:

a) Inversiones extranjeras con carácter de Invesment grade (no especulativas).
b) Bonos Hipotecarios o Títulos emitidos por el Gobierno de la Nación.
c) Inversiones financieras de riesgo mínimo en entidades oficiales incorporadas al régimen financiero nacional, autorizadas y garantizadas para operar por el Banco Central de la República Argentina.
d) Préstamos personales a agentes estatales de planta permanente de entidades comprendidas, afiliados y beneficiarios del Instituto, con garantía prendaria.
Préstamos hipotecarios, destinados a refacción o construcción de viviendas de los afiliados o beneficiarios, siempre que sean inmuebles destinados a vivienda propia única, individual o colectiva.
Títulos y valores privados correspondientes a Sociedades Líderes que coticen en mercados bursátiles de la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo los que se originen en el futuro en nuestra Provincia garantizados con la Coparticipación Federal y / o las Regalías de Hidrocarburos.
  Previo a la realización de todas y cada una de las operaciones indicadas en los incisos anteriores se deberá efectuar una evaluación pormenorizada con el objeto de minimizar los riesgos emergentes  y asegurar el recupero de los capitales involucrados en tiempo y forma, de manera tal que no afecte el normal desenvolvimiento financiero de la institución.
Se fija como tope máximo y en conjunto para todas las inversiones señaladas y a incorporarse, hasta un máximo del 70% (setenta por ciento) de las reservas comprobadas.

Artículo 7°.- En todos los casos a que se refiere el artículo anterior, las resoluciones deberán ser tomadas por el 80% (ochenta por ciento) de los votos de la totalidad de los miembros del Directorios. Las sesiones para tratar estos temas deberán ser ordinarias o convocadas con ese propósito, notificándose a los directores con no menos de cinco días hábiles de antelación.

Artículo 8°.- Los fondos del Instituto no podrán ser aplicados para otros fines que los especificados en esta Ley, bajo la responsabilidad civil y solidaria de quienes los autorizaron o consintieran.

Artículo 9°.- El instituto no podrá adquirir bienes raíces de sus deudores hipotecarios para cancelar sus deudas o por conceptos análogos de sus otros deudores.
El Instituto no podrá adquirir bienes de otro tipo que los mencionados en esta Ley, ni tampoco efectuar inversiones no contempladas específicamente.

IV  DEL DIRECTORIO.

Artículo 10°.- Él Gobierno y la Administración del Instituto estará a cargo de un Directorio compuesto por  cinco (5) miembros titulares y cinco suplentes e integrado de la siguiente forma:
 
Un titular y un suplente designado por El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con acuerdo de la Legislatura.
Dos titulares y dos suplentes designados por elección directa de los afilados activos del Institutos.
Dos titulares y dos suplentes designados por elección directa de los afiliados pasivos, beneficiarios del Instituto (Jubilados).

Artículo 11°.- El Presidente y el Vicepresidente serán designados por elección directa de los miembros del Directorio entre ellos mismos, en la primera sesión ordinaria, que será presidida por el miembro d mayor edad hasta tanto quede constituido el Directorio en forma definitiva en dicha primer sesión y su mandato no podrá ser mayor al mandato total del Cuerpo, aún en caso de suplencias o reemplazos.
Los vocales suplentes reemplazaran a los titulares respectivos en caso de ausencia o impedimentos en forma transitoria o si fuera definitiva hasta la finalización del mandato de dicho titular.

Artículo 12°.- Los miembros del Directorio durarán en sus cargos tres (3) años, pudiendo ser reelectos por un período más. Solo podrán ser separados de sus cargos por mal desempeño o por condena penal en su contra.
Se desempeñaran con total dedicación en sus funciones y no podrán ocupar otro cargo remunerados.
Los vocales titulares designados por Gobierno, Activos y Pasivos, se integraran al Directorio en forma automática.
El acto eleccionario se llevará a cabo con una antelación de sesenta (60) días a la finalización de los mandatos vigentes. Los organismos comprendidos en el régimen del INTITUTO PROVINCIAL DE PREVISIÓN SOCIAL deberán poner a disposición los padrones actualizados de los afiliados en condiciones de emitir votos sesenta días antes del acto eleccionario, siendo el mecanismo eleccionario a adoptar el correspondiente al Código Electoral Nacional. El voto para los afiliados activos será obligatorio.
Para ser candidato, en el caso de los afiliados en actividad, se requerirá como mínimo acreditar cinco (5) años de antigüedad en las reparticiones comprendida en la siguiente Ley.
Se deberá contar con un aval de firmas que responda al uno porciento de los afiliados empadronados totales, tanto activos como pasivos, en forma separada.

Artículo 13°.- No podrán ser miembros del Directorio los quebrados, los concursados civilmente y los condenados y/o procesados en causa criminal. 

Artículo 14°.- La retribución de los integrantes del Directorios será equivalente a la fijada para el cargo de Subsecretario de Gobierno. Los vocales suplentes recibirán emolumento similar cuando se desempeñen en reemplazo del titular y con relación al tiempo de actuación. El presidente del Directorio cobrará un adicional equivalente a un diez porciento más que el de los restantes directores como máximo.

Artículo 15°.- El Directorio se reunirá en forma ordinaria, como mínimo, una vez por semana. El quórum se formará con la mitad más uno de los miembros del Directorio designados, incluyendo el Presidente. Las resoluciones serán válidas por simple mayoría de votos. En caso de empate el del Presidente se computará como voto doble, salvo en los casos determinados expresamente por esta Ley.

Artículo 16°.- Los miembros del Directorio serán responsables personal y solidariamente de las Resoluciones Institucionales que adopten, salvo constancia expresa en el acta que corresponda de su disidencia, la cual deberá fundamentarse.

Artículo 17°.-  Son atribuciones y obligaciones del Directorio:

Conceder o negar todos y / o cualquier beneficio previsional previsto que acuerda esta Ley.
Resolver sobre las presentaciones para obtener beneficios previsionales.
Interpretar las normas del régimen y resolver sobre los casos no previstos.
Reglamentar, disponer y acordar préstamos a los afiliados activos y a los beneficiarios del régimen.
Resolver sobre el régimen de movilidad de las prestaciones.
Considerar anualmente el presupuesto de gastos, recursos y erogaciones elaboradas por el Presidente.
Nombrar y remover a los empleados y funcionarios del Organismo conforme a los procedimientos jurídicos en vigencia.
Dictar su reglamento interno.
Otorgar licencias extraordinarias.
Programar, analizar y realizar la política de inversiones establecidas por esta Ley.
Celebrar convenios de co-responsabilidad con otros organismos provisionales.
Aprobar, reformular o rechazar los planes y programas y asignar a cada una de las secciones los recursos necesarios para el cumplimiento de la gestión que tenga encomendada.
 Declarar la extinción de los beneficios.
 Dictar las normas administrativas conforme a la jurisprudencia vigente a cada momento.
 Elevar al Poder Ejecutivo Provincial, cuando así correspondiera, los proyectos modificatorios de la presente Ley.
Otorgar los poderes necesarios para la representación legal de la Institución.
Ejecutar judicialmente las acreencias no percibidas, provenientes de aportes, contribuciones y todo otro ingreso presupuestado o no si correspondiera. En caso de incumplimiento de este inciso deberán ser procesados de oficio.

Artículo 18°.- Son atribuciones del Presidente:

Cumplir fielmente y hacer cumplir las Resoluciones del Directorio.
 Ejercer la dirección administrativa del Instituto.

c) Designar las personas que asumirán la representación en juicio de la Institución.
d) Acordar o denegar ad referéndum del Directorio las prestaciones y beneficios reglados o permanentes.
e) Redactar y practicar, a la fecha del cierre del ejercicio, la memoria, el balance anual y el estado demostrativo de recursos y erogaciones, que una vez aprobados por el Directorio, se remitirá a conocimiento del Poder Ejecutivo.
f) Cada tres años deberá disponer la realización de un censo de afiliados y valuación actuarial de la Institución.
Elaborar el presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos el que deberá someterse a consideración del Directorio.
Designar con acuerdo del Directorio y sin perjuicio de la representación legal que ejerce, a los funcionarios que tendrán el uso de la firma a nombre de la Institución tanto en los documentos públicos como privados.
El Presidente es el representante legal de la Institución, sus funciones son específicamente ejecutivas y como tal podrá resolver todo trámite administrativo cuyo procedimiento no se halle establecido en esta Ley y sus reglamentaciones.
Tendrá personería suficiente para promover ante las autoridades administrativas o judiciales las acciones a que hubiere lugar. A tales efectos las resoluciones del Directorio, asentadas en los libros respectivos, constituyen instrumentos ejecutivos.

Artículo 19°.-En uso de las facultades establecidas por esta Ley el Directorio designará un Administrador General, cuya competencia será la que se detalla a continuación y que será a todos los efectos incorporado como personal de planta permanente y podrá ser removido por causales emergentes de violación de la Ley:
Requerir la rendición mensual del movimiento de Caja y comprobantes respectivos para someterlos a consideración del Directorio.
Practicar por lo menos una vez por mes un arqueo general de fondos y valores con intervención del Delegado Fiscal, elevando posteriormente al Directorio lo actuado.
Comprobar las variantes que se hubieran producido en las familias y estado civil de los afiliados activos y pasivos.
Autorizar juntamente con el Contador del Organismo el movimiento de fondos y valores.
Aplicar sanciones disciplinarias a los empleados de la Institución, hasta un máximo de diez (10) días continuos, correspondiendo las penas mayores, de cualquier otro tipo, ser resueltas por el Directorio.
Conceder licencias ordinarias.
Cumplir con las funciones de carácter administrativo.

Artículo 20°.- El Instituto someterá a consideración del Poder Ejecutivo:
El presupuesto general de gastos y recursos, su reestructuración o modificaciones parciales que sea necesario introducir para una mejor administración y / o adecuaciones que resulten de las leyes provinciales a sancionarse en el futuro.
Los acuerdos efectuados con otras dependencias nacionales, provinciales o municipales, coordinando la acción en el campo de la previsión social.
La memoria, balance general, estado demostrativo de gastos y recursos y las estadísticas de los afiliados y beneficiarios de cada ejercicio, el cual comenzará el primero de enero de cada año.
Las modificaciones que se consideren necesarias de efectuar en las leyes y disposiciones, en base a la experiencia recogida con motivo de la aplicación de las mismas, o la creación de nuevas disposiciones con miras a ampliar los beneficios, consolidar los que ya reconoce y / o mejorar los servicios.

V.- DE LA FISCALIZACION

 Artículo 21°.- La Auditoría General de la Provincia ejercerá el control del Instituto mediante el procedimiento de auditorías contables en todos los aspectos relacionados con su desenvolvimiento legal, económico, financiero y patrimonial a cuyo efecto deberá:
Fiscalizar el desarrollo del presupuesto integral sobre la base de la correspondiente contabilidad financiera que será llevada conforme a las normas que dicte el Instituto con la aprobación de la Auditoría General y conforme a la jurisprudencia vigente a cada momento en la Contabilidad General de la Provincia.
Verificar el movimiento y la gestión del patrimonio.
Observar todo acto y omisión que contravenga las disposiciones legales, reglamentarias y jurídicas vigentes a cada momento, según corresponda.

VI.- PERSONAS COMPRENDIDAS

Artículo 22°.- Están obligatoriamente comprendidas en el presente régimen, a partir de los dieciséis (16) años de edad, aunque la relación de empleo se estableciere mediante contrato a plazo con aportes  a este Instituto las personas que a continuación se detallan:
Los funcionarios, empleados y agentes que en forma permanente o transitoria desempeñen cargos en el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, sus reparticiones u organismos centralizados, descentralizados o autárquicos, incluidos los miembros de los cuerpos colegiados de esas entidades cualquiera sea el carácter del cargo, función o tarea que desempeñen, estén o no incluidos en  el régimen de escalafón y estabilidad, que presten sus servicios en forma continua o discontinua, en calidad de permanente o provisionales, transitorios, accidentales o suplentes, jornalizados o mensualizados o retribuidos por función o intervención, siempre que hallan realizado aportes jubilatorios efectivos a este Instituto.
Los funcionarios, empleados y agentes pertenecientes a las Municipalidades y Comunas de la jurisdicción de la Provincia bajo cualquiera de las modalidades indicadas en el inciso a) del presente artículo, con aportes efectivos a este Instituto.
Los directivos, funcionarios y agentes de empresas del Estado Provincial, servicios de cuentas especiales u obras sociales, bajo cualquiera de las modalidades indicadas en el inciso a) del presente artículo, con aportes efectivos a este Instituto.
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Artículo 23°.- La circunstancia de estar también comprendidos los agentes provinciales en cualquier otro régimen previsional municipal, provincial, nacional y/o mundial, por actividades distintas a las enumeradas en  el artículo Nº 22, así como el hecho de gozar de cualquier beneficio previsional como jubilaciones, pensiones o retiros, no eximen de la obligatoriedad de efectuar aportes y contribuciones al régimen de la presente Ley.

Artículo 24°.-Acción a los fines de la presente Ley todo ingreso que percibiere el afiliado en dinero, en retribución o en compensación o con motivo de su actividad personal, en concepto de sueldos, sueldo anual complementario, salarios, honorarios y suplementos adicionales y toda otra retribución, cualquiera fuera su denominación, percibida por servicios ordinarios prestados con relación de dependencia, sujetos a retención de aportes y contribuciones.

Artículo 25°.- Serán remuneraciones y no estarán sujetas a aportes y contribuciones las sumas abonadas por los siguientes conceptos:
Las asignaciones familiares.
Las asignaciones por indemnización por casos de cesantías, accidentes de trabajo o enfermedad profesional.
Las asignaciones pagadas en concepto de becas, cualquiera fueran las obligaciones impuestas al becado.
Las gratificaciones vinculadas con el cese de la relación laboral en el importe que exceda del promedio anual de las percibidas anteriormente en forma habitual y regular.

VII APORTES Y CONTRIBUCIONES – REMUNERACIONES

Artículo 26°.- Los aportes personales y las contribuciones a cargo de los empleadores serán obligatorios y equivalentes a un porcentaje de la remuneración determinada de conformidad con las normas de esta Ley.
Los aportes personales serán del trece (13) por ciento y las contribuciones patronales del quince  (15) por ciento.
El pago de los aportes y contribuciones será obligatorio únicamente respecto al personal que tuviera la edad de dieciséis (16) años y más y se realizará sobre el total de la remuneración determinada, sin existir monto máximo y de acuerdo a la siguiente escala de actualización:

Año 2002 ..............9%
Año 2003..............10%
Año 2004..............11,5%
Año 2005..............13%
Año 2006..............15%

VII.-COMPUTO DE TIEMPO Y DE REMUNERACION

Artículo 27°.- Se computará el tiempo de servicios en las siguientes condiciones:
Prestados a partir  de los dieciséis años de edad en actividades comprendidas en este régimen o en cualquier otro incluido en el sistema de reciprocidad jubilatoria.
Los prestados antes de los dieciocho años de edad con anterioridad a la vigencia de esta Ley sólo serán computados en los regímenes que lo admitían, si respecto de ellos se hubieran efectuado en su momento los aportes correspondientes.
No se computarán los servicios prestados no remunerados correspondientes a interrupciones o suspensiones.
En caso de simultaneidad de servicios, a los fines del cómputo de antigüedad, no se acumularán los tiempos.

Articulo 28º En los casos de trabajos continuos, la antigüedad se computará desde la fecha de iniciación  de las tareas hasta la cesación de las mismas.
Para el cómputo de servicios exigidos por la presente Ley, la fracción de seis (6) meses  y un (1) día se tomará por un año entero, temperamento que se aplicará  en el cómputo final si ello correspondiera para obtener el beneficio jubilatorio.
Cuando los servicios sean a destajo, el tiempo a computarse se establecerá desde la fecha de contratación e iniciación concreta del trabajo hasta la entrega del mismo y en la medida que sean satisfechos los aportes y las contribuciones correspondientes.
Articulo 29º.-Se computará un (1) día por cada jornada legal, aunque el tiempo de labor  para el mismo o distintos empleadores, exceda dicha jornada.
No se computará mayor período de servicios que el tiempo calendario que resulte entre las fechas que se consideren, ni más de doce (12) meses dentro de un (1) año calendario.
Articulo 30º.- Se computarán como tiempos de servicios:
Los períodos de licencia, descanso legales, enfermedad, accidentes, maternidad u otras causas que no interrumpan la relación de trabajo, siempre que por tales periodos se hubiera recibido remuneración o prestación compensatoria de esta.

Los servicios de carácter honorarios, prestados para la PROVINCIA siempre que existiera designación expresa emanada de autoridad facultada para efectuar nombramientos rentados en cargos equivalentes. En ningún caso se computarán servicios honorarios prestados antes de los dieciocho (18) años de edad. Los aportes personales y contribuciones patronales al I.P.P.S., serán obligatorios, efectuados en su totalidad por el empleador y equivalentes a la categoría que le hubiera correspondido como funcionario político, electo o designado, o por la categoría de planta que le hubiera correspondido. En caso de no poderse probar fehacientemente aportes y contribuciones, no serán reconocidos ni tomados para otorgar beneficios.
El período del servicio militar obligatorio, en la medida que hubieran generado aportes y contribuciones lo que serán probados con el correspondiente reconocimiento de servicios con aportes.
Los servicios militares prestados en las fuerzas armadas y los militarizados y policiales cumplidos en las fuerzas de seguridad y defensa, siempre que no hayan sido utilizados total o parcialmente para obtener retiro.

Articulo 31º.-El aporte personal y la contribución  patronal estarán respectivamente a cargo del agente y del empleador en tiempo y en forma, no retroactivamente. Para establecer los montos se tomará en todo caso como base imponible la remuneración que se abone habitualmente para cargos similares remunerados. Los pagos deberán ser satisfechos en forma similar a los que deben hacer los agentes de retención, empleadores, en forma normal y habitual, con los mismos plazos de vencimientos y las mismas sanciones si correspondieren por atrasos u omisiones. 

Articulo 32º.- Los servicios prestados con anterioridad a la vigencia de esta Ley serán reconocidos y computados de conformidad con las disposiciones de la presente y tal como se procede a los que surgieran durante la vigencia de esta Ley.

IX.- PRESTACIONES

Articulo 33º.- Se establecen las siguientes prestaciones:

Jubilación ordinaria
Jubilación por edad avanzada
Jubilación por invalidez
Pensión directa
Pensión derivada

Articulo 34º.- Tendrán derecho a la jubilación ordinaria los afiliados que:
Hubieran cumplido cincuenta (50) años de edad la mujer y cincuenta y cinco (55) años de edad el varón.
Acrediten veinticinco años de servicios computables en uno o más regímenes jubilatorios comprendidos en el sistema de reciprocidad para la mujer y treinta años para el varón, todos con aportes reconocidos.
Todos los solicitantes deberán acreditar veinte (20) años continuos o discontinuos dentro de las administraciones comprendidas en la presente Ley. Para este último caso deberán estar en servicio activo en entidades comprendidas en el presente régimen al momento de solicitar el beneficio cuando tuviere igual o mayor cantidad de años de servicio con aportes en otras Cajas o Instituciones Previsionales. Para tener derecho a la jubilación ordinaria es condición hallarse en el desempeño de las funciones dentro de las administraciones indicadas en la presente Ley al momento de cumplir los requisitos necesarios para su logro, salvo lo previsto en el punto d) del presente artículo.

Articulo 35º.- Tendrán derecho a jubilación por edad avanzada los afiliados que:
Hubieran cumplido sesenta (60) años de edad las mujeres y sesenta y cinco (65) años de edad los varones.
Acrediten como mínimo veinte (20) años de servicios computables en uno o más regímenes jubilatorios comprendidos en el régimen de reciprocidad, de los cuales como mínimo los quince (15) últimos años inmediatamente anteriores al momento en que resuelva solicitar el beneficio, deberán haber sido desempeñados en las administraciones comprendidas en la presente Ley, debiendo encontrarse en funciones al acceder al mismo.

Articulo 36º.- Tendrán derecho a jubilación por invalidez, cualquiera fuera la edad y antigüedad en el servicio, los agentes que se incapaciten física o intelectualmente en forma total para el desempeño de cualquier actividad compatible con sus aptitudes profesionales, siempre que la incapacidad se hubiera producido durante la relación de trabajo.
La invalidez que produzca en la capacidad laboral una disminución del sesenta y seis por ciento (66%) o más, se considera total.
La posibilidad de sustituir la actividad habitual del afiliado por otras compatibles con sus aptitudes profesionales será razonablemente apreciada por la Autoridad de Aplicación, teniendo en cuenta su edad, su especialización en la actividad ejercitada, la jerarquía profesional que hubiere alcanzado y las conclusiones del dictamen médico respecto del grado y naturaleza de la invalidez.

Desaparecida la incapacidad, causal de la prestación, el afiliado deberá ser reintegrado al último grado que desempeñó u otro con jerarquía equivalente, quedando extinguido el beneficio a partir de su reincorporación. Los organismos de la Provincia, sujetos a esta Ley, están obligados a reintegrar a sus cargos a los comprendidos en este artículo y ellos obligados a reincorporarse dentro de los treinta (30) días corridos subsiguientes al de la fecha de modificación, bajo la pena de perder el derecho.
El período de percepción del beneficio se considerará como servicios efectivamente prestados con aportes bajo el régimen de esta Ley.

Articulo 37º.- La invalidez total transitoria que sólo produzca una incapacidad verificada o probable que no exceda del tiempo en que el afiliado fuere acreedor a la percepción  de remuneración u otra prestación sustitutiva de esta, no da derecho a la jubilación por invalidez.

Articulo 38º.- El porcentaje de la invalidez se apreciará por los Organismos y mediante los procedimientos que establezca la Autoridad de Aplicación y que aseguren uniformidad en los criterios estimativos y las garantías necesarias en salvaguardia de los derechos de los afiliados.

Articulo 39º.- La jubilación por invalidez se otorgará con carácter provisional, quedando el I.P.P.S. facultado para concederla por tiempo determinado y sujeta a los reconocimientos médicos periódicos que establezca. La negativa de los beneficiarios a someterse a las revisiones que se dispongan, dará lugar a la suspensión del beneficio.
Asimismo tendrán derecho a jubilación por invalidez los afiliados que habiendo cumplido cincuenta (50) años de edad, se incapaciten física o intelectualmente en una sesenta y seis por ciento (66%) o más en las condiciones del primer párrafo.

Articulo 40º.- Cuando la incapacidad total no fuera permanente, el jubilado por invalidez quedará sujeto a las normas de la medicina curativa rehabilitadora y readaptadora que se establezcan.
El beneficio se suspenderá por la negativa del interesado, sin causa justificada, a someterse a los tratamientos que prescriban las normas precedentemente citadas.

Artículo 41°.-  En caso de muerte del beneficiario/a del régimen o del/a afiliada en actividad, gozarán de pensión los siguientes parientes del causante:
1º) La viuda o unida de hecho o el viudo o unido de hecho en concurrencia con:
Los hijos e hijas solteros hasta los dieciocho años de edad.

Las hijas solteras que hubieran convivido con el causante en forma habitual y continuada durante los diez (10) años inmediatamente anteriores y hasta el deceso, que en tal momento tuvieran cumplida la edad de cincuenta (50) años y se encontraran a su cargo, siempre que no desempeñaran actividad lucrativa alguna y estén incapacitados para trabajar, o no gozaran de beneficio previsional o graciable, salvo que en tales casos optaren por la pensión que acuerda el presente en esta último caso.
Las hijas viudas y las hijas separados o divorciadas de hecho por culpa exclusiva del marido, incapacitadas para el trabajo y a cargo del causante a la fecha del deceso, siempre que no gozaran de prestación alimentaria previsional o graciable, salvo que en este último caso optaren por la pensión que acuerda el presente.
Los nietos y nietas solteros, huérfanos de padre y madre y a cargo del causante a la fecha de su deceso hasta los dieciocho (18) años de edad.
2ª) Los hijos solteros en concurrencia con padres de edad muy avanzada, incapacitados para el trabajo y que no gocen de prestación alimentaria o beneficio previsional o graciable, salvo que optaren por el presente.
3º) Los hermanos / as solteros a cargo del causante, hasta los dieciocho (18) años de edad, o incapacitados para el trabajo siempre que no gozaren de beneficios previsionales o graciables salvo que optaren por el presente.
El orden establecido en el artículo presente, inciso 1º, no es excluyente, lo es en cambio el orden de prelación establecido entre los incisos primero al tercero.

Artículo 42°.-  Para que la unida o unido de hecho sean respectivamente acreedores al beneficio de la pensión, deberá haber convivido con el causante en relación de matrimonio de pública notoriedad, como mínimo durante un lapso ininterrumpido y anterior al fallecimiento de tres (3) años, si tuvieran hijos comunes y cinco (5) años sin no los tuvieran. La Autoridad de Aplicación queda autorizada a tomar todas las medidas y precauciones con el objeto de obtener o ampliar las probanzas de los derechos esgrimidos.

Artículo 43°.-  Los límites de edad fijados en el inciso primero, punto a) y d) y tercero del artículo cuarenta y uno (41), no rigen si los derechos-habientes se encontraran incapacitados para el trabajo en un porcentaje superior al sesenta y seis (66%) por ciento, a la fecha del deceso del causante o a la fecha de cumplimiento de los recaudos indicados en los que respecta a la edad.
Se entiende en todos los casos que el derecho-habiente estuvo a cargo del causante cuando concurren en aquel un estado de necesidad revelado por la carencia de recursos personales y la falta de contribuciones si derivara en un desequilibrio esencial en su economía particular.

Artículo 44°.-  Para el caso de los hijos, hermanos y nietos, que estuvieren a cargo del causante para acceder al beneficio de pensión, es condición excluyente que se encuentren estudiando y no desempeñen actividades rentadas de ningún tipo, en cuyo caso tendrán derecho hasta el mes en que termine el período escolar dentro del año calendario en que cumplan los 24 años de edad, a percibir el beneficio. Para los menores de edad los derecho-habientes, deberán entregar las constancias judiciales de su situación y si correspondiere la identidad del tutor que le fuera designado suficientemente probada a satisfacción del Instituto y conforme a la legislación vigente para cada caso, no así para aquellos que estén emancipados ya sea por resolución judicial y / o edad, en cuyo caso los certificados de estudio y desempleo provinciales y nacionales, será estimado como suficientes.

Artículo 45°.- La mitad del haber de la pensión corresponde a la viuda unida de hecho o viudo unido de hecho si concurren hijos, nietos o padres del causante en las condiciones del Art. Nº 41, la otra mitad se distribuirá entre estos por partes iguales con excepción de los nietos quienes percibirán en conjunto la parte de pensión a que hubiere tenido derecho el progenitor si también hubiera fallecido.
A falta de hijos, nietos o padres en las condiciones del Art. Nº 41, la totalidad del haber de la pensión corresponde a la viuda unido de hecho o al viudo unido de hecho en las condiciones del Art.Nº42.
En caso de extinción del derecho a pensión de alguno de los coparticipantes, su parte incrementa proporcionalmente la de los restantes beneficiarios, respetando la distribución establecida en los párrafos precedentes de este Artículo.

Artículo 46°.-  El derecho a pensión será obligatorio por parte del Instituto Provincial de Previsión Social, cuando los beneficiarios así lo soliciten y el jubilado o afiliado en actividad se encontrare amparado por lo establecido en la presente Ley al momento de producirse la muerte del mismo. Cuando se extinguiera el derecho a pensión de un causahabiente o no existieran copartícipes, gozarán de este beneficio los parientes del causante en las condiciones de Art.Nº 41 que sigan en orden de prelación, siempre que se encontraren incapacitados para el trabajo a la fecha de extinción para el anterior titular y no gozaran de algún beneficio previsional o graciable, salvo que optaren por el de pensión de esta Ley

Artículo 47°.- Los servicios prestados en tareas penosas, riesgosas, insalubres o determinantes de vejez o agotamiento prematuro, declaradas tales por la autoridad competente conforme a la legislación vigente en el momento en que 

se produzca el hecho, se computarán a razón de cuatro (4) años por cada tres (3) de servicios efectivos. El personal comprendido en el presente artículo obtendrá la jubilación ordinaria sin límites de edad, computando treinta años de servicios y debiendo acreditar un mínimo de veinte (20) años en la Administración Provincial en dichas tareas.

Artículo 48°.- Al solo efecto de acreditar el mínimo de servicios requeridos para el logro de la jubilación se podrá compensar el exceso de edad con la falta de servicios, computándose doble el tiempo faltante sobre el excedente verificado, debiendo probarse como mínimo veinte años de servicios con aportes al Instituto para la mujer y veinticinco años con aportes a este Instituto para el varón, todos debidamente reconocidos según la Ley.

Artículo 49°.- Para tener derecho a cualquiera de los beneficios que acuerda esta Ley, el afiliado debe reunir los requisitos necesarios para su logro encontrándose en actividad, salvo en los casos que a continuación se detallan: 
Cuando acrediten veinte (20) años con aportes computables en cualquier régimen comprendido en el sistema de reciprocidad jubilatoria, de los cuales la mayor cantidad de ellos o sea más del cincuenta (50) por ciento del período señalado, hayan sido prestados en entidades comprendidas en esta Ley, tendrán derecho a jubilación por invalidez se la incapacidad se produjera dentro de los dos (2) años siguientes al cese, si no hubiere trabajado y previa determinación de caja otorgante.
La jubilación ordinaria se otorgará al afiliado reuniendo los restantes requisitos para el logro de esos beneficios, cuando hubiere cesado en la actividad dentro de los dos (2) años inmediatos anteriores a la fecha en que se cumplió la edad requerida para la obtención de esta prestación.
Las disposiciones de los dos párrafos precedentes solo se aplican a los afiliados que cesaren en la actividad con posterioridad a la vigencia de la presente Ley.

Artículo 50°.-  Las jubilaciones se abonarán a los beneficiarios desde:
El día en que hubieran dejado de percibir remuneraciones del empleador las jubilaciones ordinarias, por edad avanzada y por invalidez, excepto en los supuestos previstos en los párrafos a) y b) del Art.Nº 49, en que se pagarán a partir de la fecha en que se produjo la incapacidad o se cumplió la edad requerida respectivamente.
El día de la muerte del causante o la declaración judicial de su fallecimiento presunto la pensión, excepto en el supuesto previsto en el Art. Nº 41 en que se pagará a partir de la fecha de solicitud.

Artículo 51°.- Las prestaciones que esta Ley establece revisten las siguientes características:
Son personalísimas ¡Error! Vínculo no válido..
No pueden ser enajenadas o afectadas a terceros por derecho alguno.
Son inembargables, con la salvedad de las cuotas por alimentación y litis expensas.
Están sujetas a deducciones por cargos provenientes de créditos a favor de los organismos de previsión, como también a favor del Fisco por la percepción  indebida de haberes de pensiones graciables o a la vejez. Estas deducciones no podrán exceder del veinte (20) por ciento del importe mensual de la prestación.
Sólo se extinguen por las causas previstas en las leyes vigentes.
Todo acto jurídico que contraríe lo dispuesto en el presente artículo es nulo de nulidad absoluta.

X.- HABER DE LAS PRESTACIONES 

Artículo 52°.- El haber mensual de las prestaciones se determinará de la siguiente forma:
Jubilación Ordinaria: Será equivalente al ochenta y dos (82) por ciento del promedio de las remuneraciones de los últimos veinte (20) años inmediatos al beneficio. Se considerarán las remuneraciones mensuales, totales, actualizadas a la fecha de la jubilación, que hayan estado sujetas al pago de aportes y contribuciones correspondientes a los cargos y/o categorías desempeñados por el causante, dentro de las administraciones indicadas al momento de la cesación de las mismas. 
 Jubilación por edad avanzada: Será el equivalente al cincuenta por ciento (50%) del promedio de la remuneración total, mensual y actualizada, sujeta al pago de aportes y contribuciones correspondiente a los cargos y/o categorías desempeñados por el causante en las administraciones indicadas, dentro de los últimos veinte (20) años. El haber se bonificará con el dos (2) por ciento de la remuneración por cada año de servicio que exceda el mínimo requerido de veinte años.
Jubilación por invalidez: Será el equivalente al ochenta y dos por ciento (82%) del promedio de las remuneraciones actualizadas, mensuales y total, sujetas al pago de aportes y contribuciones correspondientes a los cargos y/o categorías desempeñados por el causante, dentro de las administraciones indicadas al momento de la cesación en las mismas.
Pensiones Directas y Derivadas: El haber de las pensiones indicadas será el cien por ciento (100%), durante el primer año, del haber jubilatorio que le 

hubiera correspondido o gozara el causante .A partir del segundo año será el equivalente del setenta y cinco por ciento (75%)  del beneficio que le hubiera correspondido al mismo.

Artículo 53°.-  Se computarán servicios simultáneos únicamente cuando se traten de los prestados con relación de dependencia en entidades comprendidas en la presente Ley y que estén en actividad al concederse el beneficio con una antigüedad mínima ininterrumpida anterior de diez (10) años y si fuera interrumpida, como mínimo de quince (15) años en los últimos veinte, siempre con la condición que al jubilarse esté en actividad en ambos servicios.
No se pagará simultaneidad cuando los servicios que originen aportes estén prestados como autónomos y/o cuando estén prestados con relación de dependencia pero las contribuciones y aportes sean efectuados a otras entidades o instituciones previsionales. En estos casos no podrá condicionarse el beneficio al cese de los mismos.

Artículo 54°.- El haber de los beneficios será móvil. La movilidad se efectuará cada vez que los haberes del personal en actividad dentro de las administraciones indicadas sufran modificaciones. Las modificaciones no podrán  ser efectivas cuando se trate de reducciones de haberes, en cuyo caso sólo se podrá congelar el haber hasta que nuevamente sea superado por el mejoramiento del afiliado en actividad de manera que corresponda proporcionalmente.

Artículo 55°.- Se abonará a los afiliados un haber anual complementario equivalente a la duodécima parte del total de los haberes jubilatorios y pensiones, a que tuvieran derecho por cada año calendario, liquidándose en dos cuotas, en oportunidad que se hagan efectivas las prestaciones que correspondan a los meses de junio y diciembre respectivamente.

Artículo 56°.- El haber mínimo de las prestaciones ordinarias y por invalidez, será el equivalente a la remuneración total correspondiente a la categoría inicial dentro del escalafón del personal, vigente a la fecha de otorgamiento correspondiente a las administraciones indicadas, salvo los casos específicamente indicados en la presente Ley, las cuales se determinarán de acuerdo a los porcentajes establecidos y será también móvil conforme a lo expresado en el artículo Nº 54 de la presente Ley.
En ningún caso los montos de las pensiones establecidas por esta Ley y sus modificatorias, serán inferiores al setenta y cinco por ciento (75%) del ochenta y dos por ciento (82%) de la categoría más baja de la administración pública provincial.

Artículo 57°.- Es incompatible el goce por una misma persona de prestaciones otorgadas según esta Ley con otras de carácter graciable o no contributiva.

Artículo 58°.- La jubilación o pensión será suspendida a quienes se ausentaren del País sin previa comunicación al Instituto.

Artículo 59°.- Los derechos previsionales solicitados por el beneficiario, serán reconocidos provisionalmente por el Instituto dentro de los treinta (30) días corridos de la solicitud, acreditando el derecho a percibir, en calidad de anticipo, una liquidación correspondiente al sesenta por ciento (60%) del último haber devengado en las administraciones comprendidas dentro del presente  régimen, siempre y cuando haya presentado toda la documentación que se requiere para la consideración del acuerdo y de la misma resultare incuestionablemente que los recaudos previstos para el acuerdo, hayan sido probados en forma definitiva y contundente. A la finalización del trámite previsional y en el importe que pudiera surgir de la primera liquidación de haberes se procederá al descuento de los anticipos abonados, autorizados por este artículo y acordados por la autoridad de aplicación.

XI.-OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES

Artículo 60°.-  Los empleadores están sujetos sin perjuicio de lo establecido por otra disposiciones legales o reglamentarias, a las siguientes reglamentaciones:
Inscribirse como tales en el Instituto dentro del plazo de treinta (30) días corridos a contar de la fecha de iniciación de actividades.
Afiliar o denunciar dentro del plazo de treinta (30) días corridos a contar del comienzo de la relación laboral, al trabajador comprendido dentro del presente régimen.
Dar cuenta de la baja que se produzca en el personal, dentro de los treinta días corridos de producida la misma.
Practicar en las remuneraciones los descuentos correspondientes al aporte personal, depositándolo en la Institución bancaria que se indique a la orden del Instituto Provincial de Previsión Social.
Depositar de la misma forma indicada en el inciso anterior, las contribuciones a su cargo.
Deducir de las remuneraciones los importes que sean indicados por el Instituto, por conceptos de préstamos otorgados en la forma y plazos que se fijen.
Remitir al Instituto las planillas de sueldos y aportes correspondientes al personal.

Suministrar todo informe y exhibir los comprobantes y justificativos que le requiera el Instituto, en ejercicio de sus atribuciones y permitir las inspecciones, investigaciones, comprobaciones y compulsas que ordene.
Otorgar a los afiliados y beneficiarios y sus causahabientes, cuando estos los soliciten, dentro de cada quinquenio y en todos los casos a la extinción de su relación laboral, la certificación de los servicios prestados, remuneraciones percibidas y aportes retenidos y toda otra documentación necesaria para el reconocimiento de servicios u otorgamiento de cualquier prestación o reajustes.
En general, dar cumplimiento en tiempo y forma a toda disposición que la presente Ley establece, o que en concordancia sea establecida por el Instituto.
Ninguna autoridad podrá disponer de los fondos del Instituto, ingresados o a ingresar, para otra aplicación que la que expresamente asigne esta Ley, bajo pena de ser acusados ante la jurisdicción que corresponda, siendo ello causal de juicio político o exoneración del funcionario responsable.
Verificar la entrega de los reconocimientos de servicios de otra índole cualquiera sea, con sus aportes correspondientes.

Artículo 61°.- En caso de que el empleador no retuviera las sumas a que está obligado, será personalmente responsable del pago del los importes que hubiera omitidos retener, sin perjuicio del derecho del Instituto a formular cargos al afiliado por dichas sumas cuando sean consecuencias de prestamos directos de la Institución y/o cargos emergentes de resoluciones judiciales.

XII- OBLIGACIONES DE LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS.

Artículo 62°.-  Los afiliados están sujetos, sin perjuicio de lo establecido por otras disposiciones legales o reglamentarias, a las siguientes obligaciones:
Suministrar los informes requeridos por el Instituto, referente a su situación frente a las leyes de previsión.
Suministrar los informes requeridos por la Autoridad de Aplicación y la documentación necesaria de servicios para el agregado a su legajo personal, tendiente a la implementación de la jubilación.
Comunicar al Instituto toda situación prevista por las disposiciones legales que afecten o puedan afectar el derecho a la percepción parcial o total del beneficio que gozan.
Los tutores y curadores designados por el Poder Judicial respectivos, tienen la obligación de cumplir con los mismos requisitos y condiciones que los afiliados activos y/o beneficiarios que representen.
Cumplimentar las disposiciones referidas al Censo Provincial.
Gestionar los reconocimientos de servicios con aportes al ingreso a las entidades comprendidas a las fechas que fueran emplazados a hacerlo por su empleador a fin de dar cumplimiento al inciso a del Art.Nº60.

Artículo 63°.-  Contra las Resoluciones del Directorio, relacionadas con la concesión  o denegatoria de beneficios y demás reclamos relativos al aspecto provisional, los interesados podrán interponer recurso de reconsideración dentro del plazo de treinta (30) días si se domiciliare en la Provincia y de sesenta (60) días si se domiciliare fuera de ella computados a partir del momento de la notificación.

Artículo 64°.-  Una vez agotada la instancia prevista en el artículo precedente, el interesado podrá deducir demanda judicial ante el Tribunal competente en los términos y dentro de los plazos que establezcan las normas de procedimiento administrativo vigente.

Artículo 65°.-  Para la averiguación de los extremos legales, además de los justificativos oficiales, el Instituto Provincial de Previsión Social queda facultado para solicitar todos los informes que juzgue conveniente.

Artículo 66°.-  El Instituto no podrá suspender el pago de las Jubilaciones y Pensiones. Sólo la Justicia competente podrá decretar la suspensión del pago a solicitud del Instituto o del Beneficiario, si mediara juicio, como medida previa o durante el mismo.

Artículo 67°.-  Cualquiera de los Poderes del Estado, Entes Autárquicos o descentralizados, podrán emplazar a sus empleados a iniciar trámite jubilatorio, ajustados a las prescripciones de la presente Ley.

XIII- DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

Artículo 68°.-   Los afiliados que reunieren los requisitos para el logro de las jubilaciones ordinarias, por edad avanzada y pensionados, quedarán sujetos a las siguientes normas:
Para entrar en el goce del beneficio deberá cesar en toda actividad en relación de dependencia en entidades comprendidas por el presente régimen, salvo lo reglado por el Art.Nº 70 de la presente Ley.
Si reingresara a cualquier actividad en relación de dependencia de entidades adheridas al presente régimen, se les suspenderá el goce del beneficio hasta 

que cesen aquellas, salvo en los casos previstos en la Ley 15284 y en el Art. Nº76 de la presente.
Cualquiera fuera la naturaleza de los servicios computados podrán solicitar entrar en el goce del beneficio continuado o reingresando a la actividad, siempre que no sea en entidades adheridas al régimen conforme a los puntos a) y b) del presente artículo.
Los servicios prestados por los beneficiarios del sistema no darán derecho a reajustes, salvo en lo que respecta al adicional por antigüedad, pero cuando la prestación en estas condiciones haya sido superior a los tres (3) años con aportes.
Los beneficiarios de jubilación por edad avanzada no podrán reingresar a ninguna actividad laboral con relación de dependencia considerando las razones por la que obtuvo el beneficio.

Artículo 69°.-   El beneficio jubilatorio cuando sea por invalidez, será incompatible con el desempeño de actividad renta alguna o de cualquier tipo con relación de dependencia.

Artículo 70°.-   Percibirá la jubilación sin limitación  alguna el jubilado que se reintegrare a la actividad o continuare en la misma en cargo de investigación de Universidades Nacionales o Provinciales, Públicas o Privadas, autorizadas a funcionar por el Poder Ejecutivo Nacional o en facultades o demás establecimientos de nivel universitario que de ellas dependan.
El Poder Ejecutivo Provincial podrá extender esa compatibilidad a los cargos de investigación científica desempeñados en otros establecimientos de nivel universitario.
Los servicios aludidos precedentemente no darán derechos a reajustes, salvo los que surjan del aumento de los años de servicios y siempre que superen los tres años de prestación continua en estos cargos.

Artículo 71°.-En los casos que de conformidad con la presente Ley existiera incompatibilidad total o limitada entre el goce de la prestación y el desempeño de la actividad declarada, el jubilado que se reintegrare al servicio deberá denunciar esa circunstancia al Instituto de Previsión Social dentro del plazo de treinta (30) días corridos a partir de la fecha en que volvió a la actividad. Igual obligación incumbe a la repartición que conociere dicha circunstancia.

Artículo 72°.-El jubilado que omitiere la denuncia en el lapso indicado en el artículo anterior será pasible de las siguientes medidas:
Será suspendido en el goce del beneficio a partir del momento en que el Instituto toma conocimiento de su reintegro a la actividad.

Deberá reintegrar actualizado y con intereses lo percibido indebidamente en concepto de haberes jubilatorios
Quedará privado automáticamente del derecho de computar para cualquier reajuste los servicios desempeñados hasta el momento en que el Instituto tomó conocimiento de su reintegro a la actividad.
En caso de corresponder la baja del beneficio en forma definitiva, el Instituto podrá interponer acciones judiciales a fin de recuperar acreencias, con más intereses y gastos. Dichos intereses serán los equivalentes a los que el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego aplique por mora.

Artículo 73°.- Los beneficios que la presente Ley acuerda no excluye ni suspenden las prestaciones establecidas por la Ley de Accidentes de Trabajo y sus modificatorias.

Artículo 74°.-Para la tramitación de las prestaciones jubilatorias no se exigirá a los afiliados la previa presentación del certificado de la cesación en el servicio, pero la resolución  que se dictare quedará condicionada al cese definitivo de la actividad en relación de dependencia por la que se le hubiera acordado el beneficio y alcanzado las condiciones para el acuerdo y el beneficio quedará condicionado a la Ley vigente al momento del cese y no al momento del acuerdo.
El Instituto Provincial de Previsión Social dará curso a las solicitudes de reconocimiento de servicios en cualquier momento en que sean presentadas sin exigir que se justifique previamente la iniciación del trámite jubilatorio ante el Organismo Previsional.
Las sucesivas ampliaciones sólo podrán solicitarse con una periodicidad de cinco (5) años, salvo que se requieran para peticionar algún beneficio o por extinción de la relación laboral.

Artículo 75°.-No se podrá obtener transformación del beneficio ni reajuste del haber de prestación en base a servicios o remuneraciones computadas mediante prueba testimonial exclusiva o declaración jurada.

Artículo 76°.-El beneficiario de este régimen que hubiera vuelto a la actividad o cesara con posterioridad a la fecha de vigencia de esta Ley queda sujeto a que si gozara de jubilación ordinaria tendrá el derecho al reajuste del haber de la prestación mediante el cómputo de los nuevos servicios y remuneraciones, concurriendo las disposiciones de la presente Ley.

XIV- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 77°.-Los aportes y contribuciones sobre las remuneraciones de los dependientes son obligatorios y se harán efectivas mediante depósitos en cuenta especial en banco a determinar por el Instituto Provincial de Previsión Social.
Los depósitos se efectuarán a la orden del Instituto Provincial de Previsión Social dentro de los quince (15) días hábiles inmediatamente siguientes a cada mes vencido.

Artículo 78°.-Los responsables obligados que no depositaren los aportes y contribuciones u otras obligaciones previsionales dentro de los plazos legales, incurrirán en mora automática por el solo vencimiento de dicho plazo, sin necesidad de interpelación alguna.
El incumplimiento dará lugar a la aplicación de un recargo cuyo interés será el que fije el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego para operaciones que se encuentren en estado de DEUDA EN MORA.
El Instituto Provincial de Previsión Social sostendrá la coordinación de un cuerpo de Inspectores / fiscalizadores que tendrán la representación y autoridad competente para requerir toda documentación referida al pago de haberes, aportes y contribuciones, sin limitación alguna y según lo estimen conveniente, el que dependerá directamente del Directorio y según el organigrama que sea dispuesto, del Administrador General.

Artículo 79°.-Las disposiciones de carácter general que rigen el Sistema Nacional de Previsión, Ley 24.241, son aplicables supletoriamente y en lo pertinente al presente régimen.

Artículo 80°.-Todos los bienes del Instituto Provincial de Previsión Social están exentos de todo impuesto Provincial existente o que se creare.

Artículo 81°.-El Instituto Provincial de Previsión Social sólo podrá ser intervenido por Ley y cuando sus Autoridades se aparten de las obligaciones que les impone la presente.

Artículo 82°.-Son inembargables los bienes, recurso y rentas establecidos por esta Ley y que en conjunto forman el Fondo del Instituto de Previsión Social de Tierra del Fuego.

Artículo 83°.-Las Municipalidades y Comunas en ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quedarán comprendidas dentro del presente régimen cuando así lo manifiesten mediante convenio de 

adhesión firmados por el Poder Ejecutivo de cada ente de los mencionados, ratificado por los respectivos Consejos Municipales.

Artículo 84°.-El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente Ley dentro del plazo de sesenta días corridos de su promulgación.

Artículo 85°.-La presente Ley se aplicará a las personas comprendidas en este régimen que cesaren en la actividad a partir de su promulgación y que cumplan con los requisitos establecidos en todos sus artículos y reglamentaciones.

Artículo 86°.-Adhiérase al Instituto Provincial de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, al Régimen de Reciprocidad Jubilatoria, estatuida por el Decreto Ley   Nº 9316/46, a partir del 19 de enero de 1985, fecha de promulgación de la Ley Territorial Nº244, de creación de dicho Instituto y sus modificaciones y la presente Ley. Para el caso que el Decreto Ley    Nº 9316/46 fuera sustituido por otra normativa legal, la adhesión a ella será convalidada por la Legislatura Provincial.

Artículo 87°.-La Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur no adhiere al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones instituido por la Ley Nacional Nº24.241.

Artículo 88°.-El Instituto Provincial de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, no podrá ser transferido por el Poder Ejecutivo y/o el Poder Legislativo de la Provincia en ningún caso y bajo ningún tipo de acuerdo entre tales Entes, si previamente no fueran consultados por plebiscito los afiliados activos y los beneficiarios, a cuyo fin se utilizarán los mecanismos que tiene la Junta Electoral de la Provincia y la opción sólo podrá ser válida contando la propuesta de transferir con no menos del cincuenta y uno por ciento (51%) de los votos emitidos favorablemente.

Artículo 89°.-Deróguese toda otra Norma Legal que se oponga a la presente.

Artículo 90°.-De forma.