La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
sanciona con fuerza de Ley

Artículo 1º.- Modificase el artículo 4º de la Ley provincial Nº 534 el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 4º.- La conducción y administración del Instituto estará a cargo de un Directorio compuesto por:

a) Un (1) Presidente designado por el Poder Ejecutivo;
b) tres (3) directores designados en elección directa de los afiliados en actividad;
c) dos (2) directores designados en elección directa de los afiliados jubilados.

Los afiliados en actividad y los afiliados jubilados designarán sendos suplentes, quienes como tales no se encontrarán alcanzados por la limitación a la acumulación de cargos o empleos establecido por el artículo 9º de la Constitución provincial.

Artículo 2º.- Modificase el artículo 5º de la Ley provincial Nº 534 el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 5º.- Un Vicepresidente elegido entre los miembros del directorio por mayoría simple, reemplazará automáticamente al Presidente en caso de ausencia, impedimento o excusación de éste, transitoria o permanentemente; uno de los directores restantes será el reemplazante del Vicepresidente”

Artículo 3º.- Modificase el artículo 6º de la Ley provincial Nº 534 el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 6º.-Para ser designado  Presidente se requerirá encontrarse en actividad como agente y contribuyente al sistema previsional provincial o como afiliado jubilado y podrá ser removido en el momento que así lo decida el Poder Ejecutivo. Los restantes miembros del directorio durarán (3) años en sus cargos, pudiendo ser reelectos. Sólo podrán ser separados de los mismos por mal desempeño o por hallarse incursos en delito doloso. No podrán ocupar otro cargo público  remunerado, salvo la docencia.

Los directores al ser designados en elección directa por los afiliados jubilados y en actividad, se integrarán en forma automática; el acto eleccionario se regirá por el procedimiento que, en cada caso, fije el Poder Ejecutivo provincial. Para ser candidato, en representación de los activos, se requerirá encontrarse en actividad como agente y contribuyente al sistema previsional provincial, con un mínimo de tres (3) años de antigüedad como tal.”

Artículo 4°.- Modificase el artículo 7° de la Ley Provincial N° 534 el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 7°.- No podrán ser miembros del Directorio los quebrados, los concursados civilmente, los condenados en causa criminal, los deudores del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego calificados como tales en alguna de las categorías tres, cuatro, cinco y seis, y los deudores incluidos en el Fondo Residual Ley Provincial N° 478.”

Artículo 5º.- Modificase el artículo 8º de la Ley provincial Nº 534 el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 8º.-Los miembros del directorio percibirán una retribución equivalente a la del cargo de Subsecretario en el gobierno provincial. Los directores representantes de los afiliados jubilados podrán optar entre percibir la remuneración prevista precedentemente o continuar percibiendo su haber jubilatorio.”

Artículo 6º.- Modificase el artículo 9º de la Ley provincial Nº 534 el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 9º.- El Directorio se reunirá en forma ordinaria, como mínimo, dos (2) veces por mes y en sesiones especiales cada vez que fuere convocado por el Presidente o no menos de tres (3) directores, con tres (3) días de anticipación, lapso que podrá ser reducido en caso de reputarse por los convocantes  necesaria tal reducción. El quórum se formará con cuatro (4) miembros del directorio. Las resoluciones serán válidas  por simple mayoría de los votos presentes, teniendo el Presidente, en caso de empate, doble voto. En los casos en que la presente Ley u otras vigentes a la fecha de entrada en vigencia de ésta, establecieren mayorías especiales, las decisiones se aprobarán por la mayoría simple de los votos de la totalidad de los integrantes del Cuerpo.”

Artículo 7º.- Modificase el inciso a) del artículo 11 de la Ley provincial Nº 534 el que quedará redactado de la siguiente forma:

“a) Designar entre los directores, incluido el Vicepresidente, los distintos directores gerentes de las áreas Previsional y Asistencial, con las atribuciones y deberes que se les asigna en la presente Ley, en las restantes normas de aplicación específica a cada una de ellas y en los reglamentos internos que, para el funcionamiento de cada una de las áreas, dicte el Directorio a propuesta de sus respectivos directores gerentes.”

Artículo 8º.- Modificase el inciso i) del artículo 12.- de la Ley provincial Nº 534 el que quedará redactado de la siguiente forma:

“i) designar, con la aprobación del Directorio, al Administrador General del Instituto.”

Artículo 9º.- Modificase el artículo 13.- de la Ley provincial Nº 534 el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 13.- La competencia del Administrador General, que permanecerá en el cargo mientras así lo determine el Directorio y no medie causal de mal desempeño, será la siguiente:

a) Ejecutar las disposiciones emanadas del Directorio y de la Presidencia;
b) intervenir en las reuniones del Directorio con voz pero sin voto;
c) coordinar con los directores gerentes de las distintas áreas, los asuntos para tratamiento por el Directorio, elaborando el temario para las sesiones ordinarias y extraordinarias;
d) requerir la rendición mensual del movimiento de caja y comprobantes respectivos para someterlos a consideración del Directorio;
e) autorizar conjuntamente con el Contador General del Instituto el movimiento de fondos y valores;
f) aplicar sanciones disciplinarias a los empleados directamente afectados a la Administración Central del Instituto hasta un máximo de diez (10) días de suspensión, correspondiendo las penas mayores, especialmente las expulsivas, a la decisión del Directorio;
g) conceder al mismo personal indicado en el punto precedente, licencias ordinarias;
h) ejecutar la conducción administrativa de la Administración Central del Instituto bajo instrucciones de la Presidencia;
i)	coordinar con los administradores de las distintas áreas la homogénea conducción administrativa de todas ellas.”

Artículo 10º.- Modificase el artículo 17.- de la Ley provincial Nº 534 el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 17.- La conducción administrativa del área será desempeñada por uno de los directores del Instituto, con la denominación de Director Gerente Previsional, con la totalidad de las facultades otorgadas por los artículos 17 y 18 de la Ley territorial Nº 244 y su reglamentación, con excepción de las específicamente acordadas al Directorio y Presidente del Instituto por los artículos 12 y 13 de la presente Ley.

Las resoluciones y los actos administrativos emanados del Director Gerente serán recurribles administrativamente ante el Directorio del Instituto, con los alcances y procedimientos que se establezcan en el Reglamento interno.

En caso de ausencia temporaria del Director Gerente, será reemplazado en la conducción del área por el Administrador de la misma, con las facultades a aquél conferidas por la presente Ley, no así en sus funciones como integrante del Directorio.”

Artículo 11.- Modificase el artículo 22.- de la Ley provincial Nº 534 el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 22.- La conducción administrativa del área será desempeñada por uno de los directores del Instituto, con la denominación de Director Gerente de Servicios Sociales, con la totalidad de las facultades otorgadas por los artículos 8º y 10 de la Ley territorial Nº 442 y sus normas reglamentarias, con excepción de las específicamente acordadas al Directorio y Presidente del Instituto por los artículos 11 y 12 de la presente Ley.

Las resoluciones y actos administrativos del Director Gerente serán recurribles administrativamente ante el Directorio del Instituto, con los alcances y procedimientos que establezca el Reglamento interno.

En caso de ausencia temporaria del Director Gerente, será reemplazado en la conducción del área por el Administrador de la misma, con las facultades a aquél conferidas por la presente Ley, no así en sus funciones como integrante del Directorio.”

Artículo 12.- Deróganse los artículos 36.- y 37.- de la Ley provincial Nº 534.-

Artículo 13.- De forma.- 

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El presente proyecto de Ley tiene por finalidad introducir una serie de modificaciones a la Ley Provincial N° 534 de creación del INSTITUTO PROVINCIAL AUTARTICO UNIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL (I.P.A.U.S.S.) sancionada por ésta Legislatura el pasado 27 de noviembre del año ppdo.

Basta con una simple lectura del Diario de Sesiones para advertir la velocidad - que por aplicación de una circunstancial mayoría – se le imprimió al trámite parlamentario. Recordemos que no contamos con la palabra del miembro informante por la mayoría y el debate se limitó a cuestiones reglamentarias. Prácticamente se voto esta Ley como comúnmente se suele decir a libro cerrado.

Resulta a nuestro juicio imprescindible introducir una serie de modificaciones en su articulado, fundamentalmente para rescatar en parte el espíritu de las normas que la precedieron, tal el caso de las Leyes Territoriales Nros. 10, 244 y 442.

En tiempos en que la representatividad de los integrantes de los distintos poderes de estado provincial, y de sus instituciones se halla fuertemente cuestionada, con la sanción de la Ley Provincial N° 534 asistimos a un verdadero retroceso respecto de quienes, a nuestro juicio, deben ser los administradores del sistema de seguridad social de los agentes públicos provinciales.

Estamos absolutamente convencidos que son los agentes pasivos como los que están en actividad , los legítimos dueños del sistema y por lo tanto su administración les corresponde, sin perjuicio de que se contemple la participación del Poder Ejecutivo como históricamente lo hicieron las leyes territoriales mencionadas

Respecto de la obra social de los trabajadores debemos recordar que originalmente se la concibió como un sistema que podía abarcar tanto a los trabajadores del ex Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur como a los trabajadores de la actividad privada. Años más tarde, con la sanción de la Ley Territorial N° 442 se restringió su ámbito de aplicación a los agentes de la administración pública, incorporándose a los jubilados del sistema territorial al modificar la composición del Consejo de Administración del ISST, otorgándole la mayor representación a los afiliados y estableciendo su conformación con un Presidente designado por el Poder Ejecutivo y seis representantes de activos y pasivos elegidos democráticamente,  exigiendo como condición que el Presidente designado por el Poder Ejecutivo también se tratara de un agente de la administración pública, logrando de esta manera que el cien por ciento de los integrantes del directorio fueran beneficiarios permanentes del sistema.

Con relación al directorio del IPPS, la Ley previó su conformación con dos integrantes del Poder Ejecutivo y tres en representación de los activos y pasivos.

Es evidente que quienes nos precedieron legislando sobre estas materias tenían muy en claro en manos de quienes debían estar estas administraciones. Si sumamos los integrantes tanto del Consejo de Administración del ISST como del Directorio del IPPS tendremos que tres eran los representantes del Poder Ejecutivo  y nueve los que lo hacían en representación de los  agentes públicos tanto activos como  pasivos. Cuando más arriba señalamos que la composición del Directorio del IPAUSS constituye un verdadero retroceso desde el punto de vista de la representatividad lo hacemos en el convencimiento que nos otorga la nueva realidad. Siete son ahora los representantes de los Poderes Administradores frente a tres que representan a los activos y los pasivos.

Esta composición, donde  las administraciones públicas tienen absoluta mayoría, significa un verdadero despropósito si tenemos en cuenta que históricamente son y han sido  los principales incumplidores de sus obligaciones previsionales y sociales. Se integra un directorio con mayoría de los principales deudores al sistema. No  imaginamos como harán estos representantes de los deudores para, por ejemplo, establecer convenios de pago   por las millonarias sumas que adeudan y mucho menos los vemos impulsando acciones ejecutorias. Se trata de un verdadero despropósito, carente de toda legitimidad, que altera sustancialmente el espíritu que debe imperar en la conformación de estos cuerpos colegiados.

Tal vez valga la pena recordar, por su similitud, el caso de un ex Director del Banco de la Provincia, procesado por ocupar un cargo de director siendo deudor moroso de la entidad bancaria, habiéndose renegociado su propia deuda, durante su mandato.. 

Otro aspecto que hemos contemplado en la modificación propuesta, es el vinculado al estado económico y financiero de los institutos fusionados. Si estos han sido unificados para una mayor eficiencia y mejor empleo de los recursos, como se explica la creación de un directorio remunerado con dos cargos de Secretario de Estado de la Provincia y ocho de subsecretario.

Nos preguntamos Señor Presidente: como se compadece la creación de un directorio para el IPAUSS cuyo costo mensual está en el orden  de los cincuenta y cinco mil pesos mensuales ($ 55.000) con la declaración de emergencia establecida en el artículo 36 y la   recientemente declarada por el Gobierno de la Provincia y de los Municipios y Comunas.

En este orden, nuestra propuesta intenta colocar el costo del directorio del IPAUSS en una magnitud más razonable al prever remuneraciones de Subsecretario y reducir el número de sus integrantes.

 Con relación a las calidades requeridas para ser miembro del directorio hemos rescatado el espíritu original de las leyes anteriores, exigiendo para el representante del Poder Ejecutivo la condición de agente en actividad o jubilado del sistema, eliminado la absurda disposición que le exige en la actual Ley, cinco años de antigüedad a un jubilado para poder integrar el directorio, habiendo  incorporado dentro de los excluidos para integrar el directorio además de los concursado, quebrados y condenados en causa criminal a los deudores morosos del Banco de la Provincia y los del Fondo Residual Ley N° 478.-

Respecto de la figura del Administrador General, entendemos que dada su importancia, no es suficiente con poner en conocimiento al Directorio su designación, por el contrario proponemos que éste sea designado con la aprobación del Directorio y con relación a los Directores Gerentes de la áreas previsional y de servicios sociales hemos adecuado la normativa al nuevo directorio propuesto.

Finalmente, Señor Presidente proponemos la derogación lisa y llana de los artículos 36 y 37 de la actual Ley Provincial N°  534. Nos basamos en la convicción que la legislación debe contener disposiciones concretas y no declaraciones enunciativas. Adviértase que el artículo 36 de la actual Ley declara por el término de dos años  el estado de emergencia del sistema de seguridad social de la Provincia previendo incluso la posibilidad de ser prorrogado por dos años más de subsistir las causas que justifican tal declaración.

 Todavía estamos esperando que el miembro informante de la mayoría nos señale en que se basaron para aprobar ésta declaración para así poder saber si dentro de dos años subsistirán o no las causas que la motivaron.

Con el mayor de los respetos hacia mis pares y haciendo el mejor de los esfuerzos para comprender que se ha querido legislar al sancionar el artículo 36, al analizar el siguiente la confusión es mayor. Comienza éste señalando que sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente (recordemos que el artículo precedente no dispone nada solo declara) el Directorio del IPAUSS, por mayoría de sus integrantes, podrá acordar, durante el plazo de suspensión establecido, con quienes fueren reconocidos por sentencia judicial firme, acreedores del Instituto o de alguno de los organismos que lo integran a aquél, el pago de sus acreencias con quitas no inferiores al treinta por ciento (30%) del capital reconocido, intereses no superiores al seis por ciento (6%) anual y pago de las costas en el orden causado.

Será entonces que lo que no dijo el artículo 36 lo está diciendo el 37. En éste último, ahora se habla del plazo de suspensión establecido y por lo tanto nos preguntamos: puede una ley con una declaración del estado de emergencia, situación no contemplada en disposición alguna en la Provincia, suspender la ejecución de sentencias judiciales firmes, dejando en manos de un directorio la facultad de cumplirlas o no? No podemos estar de acuerdo con legislación de esta naturaleza que coloca y supedita las decisiones de nuestro Poder Judicial al arbitrio de un directorio.

Por las razones expuestas es que solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de ley.-