Fundamentos del Proyecto de Ley

El Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1570/01 creó el llamado "corralito financiero" y estableció restricciones transitorias al uso del dinero en efectivo y las transferencias de fondos al exterior.- 

Con posterioridad, la Ley 25.561 declaró la emergencia y reformó el régimen cambiario, se dictaron una multiplicidad de normas con las que se violentaron principios y garantías constitucionales, principalmente los derechos adquiridos por los depositantes del sistema financiero, basándose en la situación de emergencia económica que se presentaba.-

En tal sentido el jurista Germán J. Bidart Campos, claramente expresa: "que las restricciones en época de emergencia económica se han tornado endémicas en la Argentina y que hay que tomar una precaución inicial con las emergencias económicas, porque generalmente tienen origen -próximo o remoto, inmediato o mediato- en las políticas del estado. NO se desencadenan por arte de magia, ni de la naturaleza ni tampoco por obras exclusiva de los particulares, a menos que el poder económico haya convertido al gobierno de turno en un rehén que debió adoptar medidas complacientes para con él. Esa primera precaución hace pensar, si a una emergencia económica suscitada por una o más políticas estatales no hay que oponerle el axioma que dice: "nadie puede alegar su propia torpeza" y si el estado no supo adoptar a su tiempo una buena política económica, presupuestaria, fiscal o lo que fuere, no es justo ni razonable que la consecuencia para enmendarla y superarla se transfiera a los gobernados, que no tuvieron arte ni parte en la equivocación y que por ende, hay que tomar con beneficio de inventario el principio, legítimamente de las restricciones razonables al ejercicio de los derechos en tiempo de emergencia y partir de la presunción de arbitrariedad cuando la limitación al ejercicio de un derecho se vuelve confiscatoria y en esencia injusta".-

Hoy se encuentra fuera de discusión la existencia de una crisis económica, pero ella no justifica la admisibilidad de las medidas tomadas por el gobierno nacional, que vulneran el ejercicio normal de los derechos patrimoniales de los ciudadanos y/o estados afectados, mediante el ignominioso despojo de los ahorros populares por el "corralito financiero" y violentan, además, principios y garantías de orden constitucional.-

El Artículo 29 de la Constitución Nacional dispone: "el Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ....... ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable ... y sujetarán a los que lo formulen consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.-

Tanto la Constitución Nacional como la Constitución de la provincia de Tierra del Fuego, defienden contundentemente la propiedad privada y debe tenerse presente que el "corralito", es inconstitucional en si mismo, con independencia del carácter privado o público de las personas por él afectadas.-
El Artículo 14 de la Constitución Nacional dispone: "todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio; a saber: ... de usar y disponer de su propiedad".-
Se debe tener en cuenta que ninguna ley que reglamente los derechos constitucionales puede limitarlos en su ejercicio, así, el Artículo 28, de la Constitución Nacional dispone: "los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio".-

La propiedad significa, no sólo el derecho de disponer sobre toda cosa mueble o inmueble, sino también, tal como ha sido expresado por la Suprema Corte de Justicia, la propiedad constitucional abarca la propiedad sobre todo lo que es susceptible de valor (caso Bourdie). El derecho de propiedad constituye junto con el derecho al trabajo uno de los motores del desarrollo económico.-

En igual sentido, la Constitución de la provincia de San Luis, en su Artículo 35, segundo párrafo dispone: "Nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley y de expropiación por causa de utilidad pública, la que es calificada por ley y previamente indemnizada".-

Asimismo, el Artículo 17 de la Carta Magna de la Nación Argentina dice: "la propiedad es inviolable, y ningún habitante puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley ..... la expropiación debe ser calificada por ley y previamente indemnizada ....".-

El conjunto de normas dictadas por el Gobierno Nacional, significan también un obstáculo para el normal desenvolvimiento de las actividades económicas al restringir considerablemente el dinero circulante.-

Las autoridades de la Provincia en ningún caso y por ningún motivo pueden suspender la observancia de la Constitución de la Provincia ni de la Nación o la efectividad de las garantías establecidas en ambas.-

Ante tal avasallamiento de las garantías constitucionales por parte del Estado Nacional, el Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, se ve obligado a salir en defensa de los derechos de sus gobernados propiciando el dictado de una Ley que respetando los derechos y garantías constitucionales, permita a los sanluiseños recuperar los ahorros que tan injusta y arbitrariamente fueron retenidos por disposición del gobierno nacional, quien por favorecer a unos pocos atenta contra el bienestar y los derechos de quiénes se encuentran indefensos ante un sistema financiero injusto.-

"Que es cierto que según determinados precedentes - Fallos: 208, 497, 294, 147 - cabe la existencia de régimenes transitorios durante los cuales la legislación provincial podría interferir la formación nacional del Derecho Común" (Corte Suprema de la Nación "Piccione Ltda. SA vs. Reyes Alberto). Que la excepcionalidad receptada por nuestro máximo tribunal está fundada en situaciones extraordinarias que derivan en normas extraordinarias, y por ello normalmente de emergencia que ponen al límite cuando no violan el resguardo de las garantías constitucionales, en este caso, de la propiedad privada. Este desequilibrio genera inseguridad y desamparo, y las provincias autónomas deben realizar los esfuerzos necesarios para reparar el daño que la legislación nacional pudiera o ya hubiese ocasionado.-

Por ser esta situación extraordinaria que genera un estado de emergencia, necesita la vigencia del concepto del orden público es decir necesita en los hechos garantizar las desigualdades quebradas, restablecer las garantías constitucionales debilitadas, y eventualmente equilibrar situaciones de injusticia contractual, para que las partes intervinientes puedan restablecer lo que originariamente pactaron, es decir, recuperar la seguridad jurídica que el Estado Provincial con esta norma, pretente mantener.-

Por lo antes expuesto se eleva a consideración a esa Honorable Legislatura el presente Proyecto de Ley.-

Proyecto de Ley

La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, etc.
Sanciona con Fuerza de
Ley:

ARTICULO 1º.- Declárase la Emergencia Financiera en todo el ámbito de la provincia de Tierra del Fuego, mientras duren las restricciones impuestas por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el dictado del Decreto 1570/2001 y todas las normas modificatorias y/o complementarias que mantengan aquellas.-

ARTICULO 2º.- Todos los depósitos de propiedad del Estado Provincial, Municipios, y demás personas físicas y/o jurídicas existentes en el sistema financiero, afectados por el régimen del Decreto Nacional Nº 1570/01, y todas las normas modificatorias y/o complementarias de las restricciones, constituidos en plazo fijo, a la vista, o en cualquier otra modalidad en Entidades Financieras autorizadas a operar en el ámbito de la provincia de Tierra del Fuego,  deberán ser reintegrados de inmediato y sin restricción alguna, en las condiciones originalmente pactadas en términos de moneda, plazo y tasa, además de los ajustes que correspondan desde el momento de su confiscación, vencimiento o de la aplicación de las restricciones indicadas en el Artículo 1º, hasta su devolución.-

ARTICULO 3º.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, los Titulares de los depósitos podrán, a su exclusivo criterio, acordar con la Entidad Financiera la modalidad del reintegro del depósito. En este caso las Entidades Financieras, deberán responder y garantizar debidamente los importes de sus depositantes con sus activos bancarios afectados a la actividad, incluso, y por tratarse de sucursales habilitadas por el Banco Central de la República Argentina, con los bienes y derechos pertenecientes a su casa matriz, ya sea Nacional o Extranjera, no representando la instrumentación de las garantías ningún costo adicional para el ahorrista.-

ARTICULO 4º.- Sin perjuicio del derecho que le asiste a los depositantes de promover las acciones de restitución de sus depósitos y siempre que la Entidad Financiera no diera cumplimiento a las obligaciones emergentes de ésta Ley, estas podrán ser objeto de hasta la revocación de la autorización oportunamente otorgada para funcionar en la Provincia y serán pasibles de las multas y sanciones que fijará la reglamentación.-

ARTICULO 5º.- Las Entidades Financieras que hubieren sido sancionadas, no quedarán, desobligadas de cumplir con todos los compromisos tributarios provinciales, laborales y previsionales.-

ARTICULO 6º.- En ningún caso las acciones de restitución de los depositantes, ya sean públicos o privados, tramitadas bajo la presente Ley, suponen el desistimiento o el apartamiento de los recursos judiciales oportunamente presentados, que hayan tenido como objeto esta materia.-

ARTICULO 7º.- Créase a todos los efectos de la presente Ley, la Comisión  de Seguimiento, la que deberá, verificar, controlar y efectuar el seguimiento a las Entidades Financieras respecto del cumplimiento de la presente Ley. La Comisión legislativa  estará integrada por TRES (3) Legisladores   respetando la pluralidad de la representación política de las Cámara. 

ARTICULO 8º.- La presente Ley es de orden público y deroga toda normativa que se le oponga.-

ARTICULO 9º.- Comunicar a las Defensorías del Pueblo de Provincias, Comisiones de Derechos Humanos y Organismos de Defensa del Consumidor, e invitar al resto de las Legislaturas Provinciales a dictar normas en este sentido.-

ARTICULO 10.- De forma.-