FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

La Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales con vigencia a desde el 26 de enero de 1988, reconoce en su artículo 3ro inciso “c” la creación de un fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias con la finalidad de atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los distintos gobiernos provinciales.
Las fuentes de recursos que dieron origen a este fondo han sido:
•	El 1% del total de los impuestos coparticipables según lo dispuso en el artículo 3 de la Ley 23.548 (distribución primaria). 
•	El 2% de la distribución del impuesto a las ganancias conforme a al artículo 40 de la Ley 24.073. 
•	El 1% del impuesto a los Bienes Personales según el artículo 4 de la Ley 24.699 Impuesto a los Bienes Personales. 
•	La cantidad de $20.000.000 anuales según lo establece el artículo 5 inciso b de la Ley 24.699.
Cabe recordar que el artículo 5 de la Ley 23548 establece que “... los fondos de Aporte del Tesoro Nacional a las provincias creado por el inc. d del artículo 3 de la presente Ley se destinará a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y será previsto presupuestariamente en jurisdicción del Ministerio del Interior, quien será el encargado de su asignación...”
A esta altura es conveniente precisar los conceptos autorizados por la Ley: una situación de emergencia puede definirse como aquellos casos no previstos o accidentales donde se haga indispensable la actuación inmediata. La emergencia puede producirse por motivos naturales o artificiales, tal el caso de catástrofes, epidemias, desastres naturales, accidentes graves provocados por la naturaleza o por factores humanos.
Otra de las contradicciones respecto de la interpretación del concepto de desequilibrio financiero lo muestran las transferencias realizadas por el Ministerio del Interior a aquellas provincias que exhibían públicamente presupuestos equilibrados, muchas de ellas lo hacían en forma propagandística sobre la eficiencia de sus administradores, a pesar de ello recibían fondos provenientes de ATN. 
En función de lo establecido en el artículo 5, el Ministerio del Interior, tiene la responsabilidad de la administración del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, con la facultad discrecional de disponer de los mismos, pero siempre respetando el destino asignado por la Ley. Esta facultad debe entenderse como la posibilidad de que ese Ministerio pueda dar satisfacción parcial o total a unos en desmedro de otros, pero nunca para violentar el destino establecido por la Ley, en dicho caso se ingresa en la esfera del acto administrativo arbitrario.
En este sentido se pronuncian entre otros autores Agustín Gordillo y Carlos Cassagne.
“Es decir, siempre la actividad administrativa tiene que ser legal, tanto la reglada como la discrecional, pero la norma no puede comprender todos los supuestos, por lo que existe una valoración subjetiva frente a una pluralidad de alternativas, circunstancia que se justifica frente al interés público en juego.”
“La discrecionalidad tiene una relación directa con la toma de decisiones de la Administración cuando debe escoger entre alternativas legales, técnicas, políticas o de apreciación subjetiva del funcionario responsable, para encontrar respuesta a interrogantes básicos que tienen que ver con; el cuánto, el cómo y el qué.”
“Ahora bien, el núcleo central radica en evitar los abusos, sobre todo las arbitrariedades que en su nombre realizan quienes ejercen la administración.
Por otro lado, el temor que estos últimos producen, no debe impedir reconocer la necesidad de la existencia de un cierto margen de flexibilidad que debe tener todo acto de la administración.”
“En este sentido, la Corte ha indicado que las facultades discrecionales no pueden constituir un justificativo de conducta arbitraria, ya que dichas facultades están sometidas a la exigencia de la razonabilidad.”
“Por otra parte, se ha sostenido que estos actos no significan ausencia de juridicidad, lo que se logra por la observancia del principio de legalidad administrativa mediante la expresión de las razones de los actos de los poderes públicos, y del principio de legitimidad encuadrado esencialmente en la competencia, la forma, la causa y la finalidad del acto.”
“Es precisamente la discrecionalidad y la no condicionalidad los rasgos salientes que han caracterizado a los anticipos del Tesoro Nacional durante su evolución histórica.”
“Por consiguiente, este fondo efectuado sin el apoyo de criterios explícitos y determinados y sin la existencia de ningún condicionamiento, ha hecho que en la práctica estas transferencias se conviertan en un subsidio otorgado en función a las preferencias del poder central a la jurisdicción favorecida. Por eso dentro de esta lógica la no condicionalidad profundiza la discrecionalidad.” 
En los antecedentes de las tramitaciones, queda establecida la ausencia de circuitos administrativos definidos y de una normativa explícita respecto de los requisitos mínimos de información necesaria a efectos de evaluar cada una de las solicitudes.
Así, la mecánica seguida por las autoridades a cargo del Ministerio del Interior fue, en su gran mayoría, responder a los pedidos de Gobernadores, Senadores, Diputados, Intendentes, dirigentes políticos, en general de la misma línea política, sin exigir información básica que permitiera corroborar y apreciar si las solicitudes se ceñían a las situaciones prescriptas en la norma legal. 
Reitero una conclusión obvia: no han existido reglas explicitas, económicas o sociales que justifiquen la distribución de estas transferencias, siendo político el reparto de los fondos.
No obstante que una gran cantidad de transferencias exponen este concepto como justificativo de las transferencias realizadas, de la documentación a la que he tenido acceso se evidencia que dichos fondos no estaban asociados a estas situaciones sino que este concepto fue utilizado para justificar el envío de fondos, quedando demostrando que en su mayoría se trató de la entrega lisa y llana de subsidios, no sólo a gobiernos provinciales sino a cualquier tipo de entidad no gubernamental, empresas y particulares, teniendo como premisa la simpatía política del gobierno central hacia la jurisdicción, a las instituciones o las personas favorecidas.
Solo a título de ejemplo podemos referenciar el caso la firma de un Convenio entre la Provincia y la Embajada de Israel para la realización de una Invernáculo de Hortalizas en Tolhuin. Se entregaron en 1999 $830.000 para una obra que nunca se realizó, salvo dos años más tarde, en otro lugar y con otros fondos.
Desde la Cámara de Diputados de la Nación se ha realizado una profunda investigación respecto de este tema, considero de fundamental importancia que esta Cámara haga lo propio respecto de los fondos girados a la Provincia
Es por lo expuesto, que solicito a los integrantes de ésta Casa Política acompañen con su voto afirmativo el presente Proyecto de Resolución.

LA LEGISLATURA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA 
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
RESUELVE:

Artículo 1º: Créase una Comisión Investigadora respecto de los fondos remitidos por el Ministerio del Interior en concepto de Aportes del Tesoro Nacional desde el año 1990 hasta la fecha y el destino otorgado a los mismos por parte del Gobierno provincial, municipios y organizaciones intermedias beneficiarias de los mencionados aportes.

Artículo 2º: Serán funciones de la Comisión, entre otras:
a)	Tomar conocimiento de las actuaciones cumplidas hasta el momento de su constitución por la Justicia y/o por otros organismos públicos que hubiesen investigado acerca de los hechos objeto de esta Comisión.
b)	Recibir denuncias y pruebas sobre aquellos hechos y dar intervención en forma inmediata a la Justicia si  a criterio de la Comisión las mismas puedan constituir delito.
c)	Denunciar ante la Justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios relacionados con los hechos investigados;
d)	Elevar a la Legislatura Provincial informes periódicos detallando su actuación.

Artículo 3º: Fíjase en cinco (5) el número de miembros de esta Comisión, uno por cada  bloque político, los que serán designados por resolución de Cámara a propuesta de los mismos.

Artículo 4º: Una vez constituída la Comisión designará sus autoridades y aprobará el reglamento que regulará su funcionamiento.

Artículo 5º: Los allanamientos, secuestros y registros deberán ser decididos en reunión plena por la mayoría absoluta de los miembros de la Comisión por resolución debidamente fundada. Los allanamientos no se podrán llevar adelante sin orden escrita del juez competente – conforme al Artículo 106 de la Constitución Provincial.

Artículo 6º: La Comisión podrá por medio de su presidente citar testigos y solicitarles la presentación de instrumentos relacionados con esas mismas cuestiones. Asimismo la Comisión podrá exigir la exhibición de prueba instrumental a las personas públicas o privadas, revisar libros, papeles de comercio, instrumentos financieros, y toda clase de documentación que guarde relación con los fines de la investigación. 

Artículo 7º: A fin de poder cumplir con su cometido podrá requerir la colaboración de todo organismo del Estado provincial que por su naturaleza o funciones puedan coadyuvar al buen logro de los fines y objetivos de la misma; quedando especialmente facultada para requerir a los funcionarios del Poder Ejecutivo , de sus organismos dependientes, de entidades autárquicas, fuerzas de seguridad y policiales, del Poder Legislativo y el Poder Judicial, informes y documentación que la Comisión estime necesario para el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 8º: El incumplimiento, resistencia, desobediencia, reticencia, demora, obstaculización o cualquier otra actividad tendiente a interferir en el contenido de las resoluciones dictadas por la Comisión Investigadora en el ejercicio de las facultades conferidas por la presente resolución, podrá importar en su caso la comisión de delitos que se encuentran tipificados en el Código Penal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que corresponda.

Artículo 9º: La Legislatura Provincial proveerá la infraestructura, apoyo técnico y el personal necesario para el desenvolvimiento de sus funciones. Asimismo incorporará como cuerpo técnico de apoyo a un (1) miembro de la Fiscalía de Estado y un (1) miembro del Tribunal de Cuentas designado por los organismos  a tal fin.

Artículo 10º: De todas las diligencias a practicarse deberá dejarse expresa constancia en actas y expedirse orden escrita firmada por el presidente y el secretario, con transcripción del acta respectiva.

Artículo 11: La Comisión producirá informes circunstanciados sobre los temas que investigue, los que deberán ser presentados a la Legislatura para su consideración en un plazo de sesenta (60) días. De ser necesario la Comisión podrá solicitar la ampliación de dicho plazo por otros sesenta (60) días.

Artículo 12 :Una vez cumplido su cometido la Comisión se disolverá sin más trámite.

Artículo 13: Comuníquese, cumplido, archívese.