FUNDAMENTOS: 
Señor Presidente 
El presente proyecto de Ley, tiene por objeto crear un marco de protección a los menores contraventores, facultándose para ello a la Policía de la Provincia a que proceda a la detención preventiva de menores de dieciocho años de edad, cuando en la vía y/o paseos públicos, estos se encontraren en estado de ebriedad o demostraren signos inequívocos de haber consumido alcohol o de encontrarse bajos los efectos de estupefacientes o psicofármacos o cualquier otra sustancia que produzcan borrachera química. 
En estos casos, la autoridad policial adoptara las medidas necesarias o convenientes para el mejor resguardo de la integridad física de los afectados, para protegerlos de ulteriores circunstancias producto de este tipo de estados. 
La protección de los menores y de la dignidad humana constituye un objetivo de interés general que sigue siendo una cuestión fundamental en la las decisiones que tome el Estado a efectos de impedir conductas que pueden dañar su desarrollo físico y psíquico. 
Pero al margen del despliegue de prevención que pueda desarrollar el Estado, la génesis del problema y su solución relacionadas con la conducta juvenil, está primordialmente enraizada el hogar. Muchos factores complican o dificultan que los jóvenes tengan conductas civilizadas. Uno de esos factores son los modelos de comportamiento que ofrecen los medios masivos de comunicación. Pareciera que se induce a creer que la libertad radica en hacer lo que se quiere y no lo que se debe. 
Napoleón decía que "El hombre sobresale en la vida cuando domina el carácter que le ha dado la naturaleza, o creándose un carácter por la educación y sabiéndolo modificar de acuerdo a los obstáculos que encuentra". En consonancia con esto, Camille Mauclair sostenía con justeza que "La naturaleza no conoce el vicio, es la mala educación que lo ha inventado" 
Siempre se ha dicho que los niños nacen como un papel en blanco y que somos nosotros, padres, madres, tutores, maestros, vecinos, amigos, en fin su entorno, los que escribimos, en esa página vacía, los rasgos de su personalidad. 
Golpear a un niño no es sólo hacerlo físicamente. Se golpea a un niño cuando no tiene padre conocido, cuando llega a la adolescencia y todavía no tiene acta de nacimiento, cuando no tiene alimentación, techo seguro, ni acceso a la educación, al juego, a la recreación sana, a la salud; cuando no tiene a quien rendir cuentas de lo bueno o malo que hace, que alguien a quien él ame, rotule sus acciones, "esto es bueno", "esto es malo". Se golpea a un niño cuando no tiene a su papá o a su mamá en la casa para que le ofrezca, lo más importante que necesita un ser humano para sobrevivir con un mínimo de felicidad, "AFECTO DE AMOR". También se golpea al niño cuando nos sometemos a sus caprichos y no le ponemos límites, cuando queremos sacárnoslo de encima dándoles dinero para que vayan a divertirse a la noche en forma irresponsable. 
Cuando golpeamos nuestros niños, que es lo que hacemos cotidianamente como sociedad, estamos deformándolos y no podemos esperar otra cosa que no sea REBELDIA, IRRESPETO, ODIO, RECHAZO A LOS IMPERATIVOS SOCIALES, AGRESIVIDAD, en todas sus manifestaciones. 
Ya tenemos nuestro producto "terminado". Un adolescente de conducta irregular en la antesala de la delincuencia. Solo falta el detonante: la oportunidad, un amigo que invita, un adulto deformado, la pobreza extrema. Tenemos una "fábrica" de pequeños monstruos que luego queremos hundirlos en cárceles, semejantes a los ergástulos de la Roma Cesárea, como si fueran ellos los responsables de su desgracia. No saben actuar como niños que tienen dulzura, porque no saben a que sabe el azúcar. No saben actuar como niños llenos de afecto porque nunca lo han tenido. 
La Asamblea General De Las Naciones Unidas en su Resolución 45-113, en su cuadragésimo quinto período de sesiones, de fecha 2 de abril de 1991, expresa en su Tema III, artículo 17: " Se presume que los menores detenidos bajo arresto o en espera de juicio son inocentes y deberán ser tratados como tales. En la medida de lo posible, deberá evitarse y limitarse a circunstancias excepcionales la detención, antes del juicio. En consecuencia, deberá hacerse, todo lo posible, para aplicar medidas sustitutorias. Cuando, a pesar de ello, se recurra a la detención preventiva, los tribunales de menores y los órganos de investigación deberán atribuir máxima prioridad a la más rápida tramitación posible de esos casos a fin de que la detención sea lo más breve posible. Los menores detenidos, en espera de juicio, deberán estar separados de los declarados culpables." 
APROXIMACIONES DESDE UN ANALISIS DEL MARCO CONSTITUCIONAL 
La República Argentina cuenta con un amplio plexo normativo en torno de las figuras 
de la niñez y de la adolescencia, como también de la familia, lugar donde naturalmente aquellas se generan y desarrollan. La Constitución de 1853/60 ha sido realizada con un marco ideológico conformado por distintas formas del pensamiento (liberal individualista, cristianos tradicionales y del Estado social de derecho a partir de 1957). 
En 1994 se le han incorporado a la Ley Suprema derechos llamados de tercera generación y se ha profundizado en el aspecto social. En este sentido, algunos autores afirman 
que la Carta Magna reformada “está inspirada en la filosofía humanista que da identidad a los valores, como fórmulas auténticamente operativas. La Constitución da per se mandatos 
imperativos como cláusulas soberanas de fe social y de fe política, como normas supremas pragmáticas y no programáticas. La Constitución instala, en este sentido, un Estado de derecho hacedor de la solidaridad y del bienestar, un Estado de derecho árbitro de la justicia distributiva, 
con un nuevo modelo de organización política y social”. 
Como haciéndose eco de las palabras de Alberdi, “firmad tratados con el extranjero en que deis garantías de que sus derechos naturales [...] les serán respetados”, la reforma 
constitucional de 1994 ha sumado en su organización interna distintos tratados internacionales, los cuales, al igual que el articulado precedente, poseen el mismo nivel jerárquico en la legislación argentina. Estas normas surgidas en los más importantes Foros serán, decía aquel jurisconsulto, “la más bella parte de esto países llamados a recibir su acrecentamiento de fuera”. 
Entre los documentos incorporados se encuentran la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto de San José de Costa Rica; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, y la Convención sobre los Derechos 
del Niño. 
Asimismo la Argentina ha adherido a distintos documentos internacionales, que si bien no forman parte de la Carta Magna, constituyen parte de la organización normativa nacional. Entre ellos, y referidos al tema que nos toca, encontramos las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores (Reglas de Beijing); las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad; y las Directrices de las 
Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad). 
Básicamente, todo el material enumerado conforma el escenario jurídico sobre el que se moldea, y debe moldearse, la legislación nacional, y provincial (atinente a la población no adulta y al sistema de menores), la tarea de los organismos especializados competentes fundamentalmente del Poder Ejecutivo) y la administración de justicia por parte de los Magistrados. 
El histórico artículo 14 bis apuntala al Estado la responsabilidad irrenunciable de otorgar los beneficios de la seguridad social, entre los que se encuentra la protección integral de la familia. Dicha seguridad “se refiere a todos los habitantes del Estado. 
Esa seguridad es, además, integral: asume todas las contingencias y demandas vitales (por ejemplo: enfermedad, accidentes, invalidez, vejez, fallecimiento, protección a la infancia y minoridad, protección contra el desempleo, jubilación, formación cultural, elevación profesional, etcétera)”. El artículo 18, hablando de la seguridad y de las garantías individuales, expresa que 
las cárceles (podemos incluir los institutos de detención de menores infractores a la ley penal) de la Nación tienen como objetivo primero la seguridad de los detenidos y no la mortificación de los mismos. 
La segunda parte de la Constitución contiene un artículo clave, el 75 inciso 22. Este establece que “los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes”, y enumera todos aquellos que los constituyentes incorporaron a la misma Carta Magna, otorgándoles la misma jerarquía constitucional que al resto del documento. 
Las distintas Declaraciones, Convenciones y Pactos enriquecen la visión antropológica del texto Constitucional enunciando importantes definiciones vinculantes. En este sentido, encontramos claramente expresado que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 
tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado” y que niño es “todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los dieciocho años de edad”, concepción desde la cual la vida es un derecho y debe estar protegida por ley. 
En cuanto a la vida social y su dinamismo se contempla que “toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia”, y que “los Estados [...] reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los 
Estados [...] tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho [...]”. 
Puntualizando en el denominado niño (ver definición constitucional señalada anteriormente) “los Estados [...] se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley [...]. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan, y cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional”. 
Pero los derechos implican deberes, y entre estos se encuentra el de que “toda persona tiene el deber de obedecer a la ley y demás mandamientos legítimos de las autoridades de su país y de aquel en que se encuentre”. ¿Pero qué pasa cuándo los menores, los niños, son los que se encuentran en conflicto con estos deberes, y más precisamente con la ley penal?. La Carta Magna establece que la privación de libertad tendrá como finalidad esencial la reforma y la readaptación social, que los menores que pueden ser procesados deben estar 
separados de la población de adultos, y contar con tribunales especializados que operen con la mayor celeridad posible a fin de permitir el tratamiento necesario, en concordancia con el artículo 19 del Pacto de San José de Costa Rica, según el cual, “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”, y con el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual expresa que “los Estados [...] reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del 
niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad”. 
A fin de promover dicha reinserción social, el artículo 4 de las Reglas de Beijing estipula que “en todos los sistemas jurídicos que reconozcan el concepto de mayoría de edad penal con respecto a los menores —como por ejemplo la Argentina —, su comienzo no deberá fijarse a una edad demasiado temprana habida cuenta de las circunstancias que acompañan a la madurez emocional, mental e intelectual”. En este sentido, y cumpliendo (en aquel entonces con una 
Convención Internacional), que ordena ahora constitucionalmente “el establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales”, la Argentina colocó el límite a los 16 años, a partir de los cuales, los menores transgresores son punibles de sanción eventual. 
Juan Bautista Alberdi, quien afirma en las Bases que “la ley, la Constitución, el gobierno, son palabras vacías, si no se reducen a hechos por la mano del juez que, en último resultado, es quien los hace ser realidad o mentira”. 
Simplemente, a modo de brindar una visión global sobre los temas que llevan incluso a plantear distintas perspectivas, muchas veces antinómicas en torno de la problemática del menor, nos permitimos enunciar sintéticamente tres preponderantes escenarios de conflicto, 
sumamente interrelacionados y difíciles de delimitar. Estos exceden la geografía del territorio nacional y se tornan en verdaderas batallas internacionales, pero responden, en definitiva, a una diferenciación conceptual muy profunda que nos lleva no sólo a cuestiones sobre el rol del Estado o sobre conceptos de antropología social sino, en última instancia, a un verdadero debate metafísico. 
En cuanto a nuestra Constitución Provincial, ella ha sido previsora en esta materia. Al margen de que en líneas generales asegura que “Todas las personas en la Provincia gozan de los derechos y garantías que reconocen la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales ratificados por la República y esta Constitución, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, y están sujetas a los deberes y restricciones que los mismos imponen.” (cfr. Artículo 13°), dedica exclusivamente dos artículos, uno a la niñez y otro a la juventud. En efecto, el Artículo 18° -De la niñez- establece que “Los niños tienen derecho a la protección y formación integral por cuenta y cargo de su familia; merecen trato especial y respeto a su identidad, previniendo y penando el Estado cualquier forma de mortificación o explotación que sufrieren. Tienen derecho a que el Estado Provincial, mediante su accionar preventivo y subsidiario, les garantice sus derechos, especialmente cuando se encuentren en situación desprotegida
En el caso del Artículo 19° - De la juventud – textualmente reza que “Los jóvenes tienen derecho a que el Estado Provincial promueva su desarrollo integral, posibilite su perfeccionamiento y aporte creativo y propenda a lograr una plena formación democrática, cultural y laboral, que desarrolle la conciencia nacional para la construcción de una sociedad más justa, solidaria y moderna, que lo arraigue a su medio y asegure su participación efectiva en las actividades comunitarias y políticas. Toda actividad laboral se considera para el joven como instructiva y capacitadora. Bajo ningún pretexto se permitirá la compensación del sueldo por la instrucción y capacitación.” 
Como se ve claramente en el párrafo que antecede, en su espíritu y en su letra, el Estado Provincial debe promover el desarrollo integral de los jóvenes, y esta promoción conlleva también su seguridad física y psíquica, o sea, la prevención. 
Por ello, el espíritu de esta norma que proponemos para la Provincia es esencialmente el de proteger a nuestros jóvenes de las propias circunstancias y consecuencias de la sociedad moderna en que vivimos. Sin dudas que el arduo tratamiento que tendrá en las comisiones de asesoramiento legislativo, la enriquecerán con aportes inteligentes e imaginativos en beneficio de todos. 
Proyecto de Ley: 
La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida é Islas del Atlántico Sur 
Sanciona con Fuerza de Ley: 
ARTICULO 1°: Facultase a la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, para que proceda a la detención preventiva de menores de dieciocho años de edad, cuando en la vía y/o paseos públicos, estos se encontraren en estado de ebriedad, ya sea esta escandalosa o no, o demostraren signos inequívocos de haber consumido alcohol o de encontrarse bajos los efectos de estupefacientes o psicofármacos o cualquier otra sustancia que produzcan borrachera química. 
En estos casos, la autoridad policial adoptara las medidas necesarias o convenientes para el mejor resguardo de la integridad física de los afectados. 
ARTICULO 2°: También será procedente la detención a la que hace referencia el artículo anterior en los siguientes supuestos: 
1) Cuando pelearen o riñeren o incitaren a hacerlo en la vía o parajes públicos o en lugares expuestos al público, en forma peligrosa para su integridad o la de terceros. 
2) Cuando merodearen edificios, viviendas o vehículos estacionados en la vía pública o lugares abiertos al público, en forma sospechosa sin una razón atendible o que justifique su presencia en el lugar, provocando intranquilidad entre sus propietarios, moradores, transeúntes o vecinos. 
3) Cuando permanezcan , en salas de espectáculo o lugares de diversión pública, en contra de prohibición legal dictada por autoridad competente, ya se esta de carácter Nacional, Provincial y/o Municipal, sin perjuicio de las sanciones que al respecto prevean las leyes de que se traten, en contra de los propietarios, gerentes y/o administradores de esos locales de esparcimiento o diversión. 
4) Cuando conduzcan automotores y no tuvieren la edad mínima para hacerlo, con acuerdo de las normas dictadas al respecto en la localidad en donde tal conducción se verifique. 
5) Cuando en lugares públicos o abiertos al público, realicen actos temerarios que, con arreglo a las circunstancias, impliquen un riesgo para su integridad física o de terceros. 
ARTICULO 3°: La detención prevista en la presente ley, es solo de carácter preventiva y a los fines del resguardos de quienes, siendo menores de dieciocho, cometan o se encuentren en algunas de las situaciones previstas en los artículos precedentes, no implicando los supuestos enunciados en la presente ley, falta, contravención y/o delito, sin perjuicio de lo que al respecto disponga la autoridad judicial competente. 
NORMAS DE PROCEDIMIENTO – CONDICIONES DE DETENCIÓN 
ARTICULO 4°: La autoridad de aplicación, constatado el hecho, procederá sin más a la detención del o los menores implicados, debiendo conducirlos a la Unidad Preventiva más próxima a la del lugar de la constatación, en donde serán alojados en una habitación habilitada a tal fin, sin contacto con otros detenidos adultos o con menores imputados de delitos dolosos y demorados hasta que sus padres, tutores o encargados, a quienes se avisará de inmediato, concurran a retirarlos. 
A su vez, deberán adoptarse todos los recaudos necesarios para que el menor detenido, no se cause daño a sí mismo o a otros alojados con el. 
ARTICULO 5°: En razón de los supuestos previstos en la presente ley, el actuante, deberá practicar el informe correspondiente, observando los procedimientos y formalidades que la practica policíaca indique, debiendo confeccionarse de inmediato, parte circunstanciado con carácter de reservado dirigido al Juez de Menores competente en el lugar, quien podrá dictar el instructivo que considere menester en resguardo del menor alojado, a mas de la comunicación respectiva al Juez de Faltas Municipal que corresponda, para el caso estipulado en el artículo 2° inciso 4°) de la presente Ley. 
ARTICULO 6°: Para el caso en que exista dificultad para la identificación del menor o los menores detenidos conforme las disposiciones de esta norma, o que identificado no se pudiere establecer el paradero de sus padres, tutores o encargados, deberá indicarse tal circunstancia en la comunicación prevista en el articulo precedente, quedando el o los detenidos, a lo que la autoridad judicial competente disponga. 
ARTICULO 7°: Para el caso, en que los hechos constatados se encuentren presuntamente vinculados a la comisión de un delito, se realizará idéntica comunicación al Juez de Instrucción de Turno, al Señor Agente Fiscal y al Señor Asesor de Menores.