FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El artículo 121 de la Constitución Nacional, establece que las Provincias conservan todo el poder no delegado por ellas al Gobierno Federal, está dejando en el ámbito de las mismas, la jurisdicción y competencia en el poder de policía.
Entre ellas deberán considerarse incluidas las referidas al ejercicio de las actividades profesionales.
En tal sentido, la Constitución Provincial dispone en su artículo 13 que todas las personas gozan de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional (Artículos 5, 14, 28 y 33), los Tratados Internacionales ratificados, y nuestra propia Constitución.
En línea con ello, el artículo 14 de la Constitución Provincial, en sus incisos 8 y 9 establece que todas las personas gozan en la Provincia de los derechos de asociarse y reunirse con fines útiles y pacíficos, y de peticionar ante las autoridades y obtener respuesta fehaciente como así acceder a la defensa de sus derechos.
Asimismo el artículo 16 de la Constitución Provincial instituye al trabajo como un derecho y un deber social, reconociendo el derecho a la defensa de los intereses profesionales, y a asociarse libre y democráticamente en defensa de sus intereses económicos, sociales y profesionales (incisos 8 y 10).
En la misma norma, prevé que a los fines de garantizar la efectiva vigencia de los derechos enunciados por la Constitución, el Estado Provincial reivindica la potestad de ejercer la policía del trabajo en el ámbito de su jurisdicción en el modo y forma que fije la ley.
Su artículo 29 establece que las organizaciones de carácter económico y profesional disponen de todas las facultades para su creación y el desenvolvimiento de sus actividades; que sus miembros gozan de amplia libertad de palabra, opinión y crítica y del derecho de peticionar a las autoridades; que sus estructuras internas deben ser democráticas y pluralistas, basadas en el cumplimiento de la ley y de los deberes que impone la solidaridad social; y que la comunidad se funda en la solidaridad. 
En su artículo 50, la Constitución Provincial dice que los derechos y garantías enumerados por ella no podrán ser alterados o restringidos por las leyes que reglamenten su ejercicio, ni serán entendidos como negación de otros no enumerados, pero que nacen de la forma republicana, representativa y democrática de gobierno y de la condición natural del hombre.
En su artículo 105 la Constitución Provincial otorga a la Legislatura la atribución de promover el bien común mediante leyes sobre todo asunto de interés general que no corresponda privativamente al Gobierno Federal; como así, la atribución de dictar todas aquellas leyes que fueren necesarias o convenientes para hacer efectivos los derechos, deberes y garantías consagrados por esta Constitución, y poner en ejercicio los poderes antecedentes y todos los otros concedidos al Gobierno de la Provincia; como así también toda otra atribución en el marco de competencias expuesto con carácter enunciativo (artículo 105, incisos 37 y 38).
En ese contexto de razonamientos, los profesionales de la Arquitectura haciendo uso de sus derechos constitucionales de asociarse libremente con fines útiles, fueron progresivamente patentizando en nuestra comunidad el interés por potenciar su protagonismo social.

El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur defenderá simultáneamente los intereses de la comunidad y de la profesión, lo que significa defender la Ley con las facultades que el Estado Provincial le otorgó, sin perjuicio de la coexistencia en armonía con otras asociaciones gremiales, culturales, sociales, etc.

Desde la virginidad inicial, propia de los tiempos del Territorio Nacional en que todo estaba por hacerse, hasta los días actuales de la novel Provincia, la arquitectura fueguina fue diseñando una matriz propia, que expresa una irrepetible conjunción de valores profesionales, sociales, culturales y económicos.
En esa matriz fueguina, no están ausentes los valores profesionales generados en la arquitectura nacional desde sus mismos orígenes precolombinos, pasando por la Sociedad de Arquitectos creada en 1886, la instalación de la Escuela de Arquitectura de 1901, la creación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires en 1948, y la estructuración y puesta en práctica de un Plan de 6 años en el año 1948.
También está presente en su diseño, el prolífico producido institucional y profesional en jurisdicción nacional del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) creado a instancias del Decreto Ley 6070 del año 1958 y la Ley Nacional Nº 14467 del mismo año, como así las experiencias de los Colegios de Arquitectos en distintas Provincias como expresiones institucionales autónomas separadas de los originarios Consejos Multidisciplinarios.
En tal sentido, fueron desarrollando sostenidamente acciones asociativas dirigidas a armonizar la defensa de sus intereses profesionales, con los superiores intereses vinculados al bien común, y con la vertiginosa proyección de la ciencia arquitectónica con la que están comprometidos.
Esta asociación autónoma les permitirá encarar con profundidad y entre pares los problemas específicos de su profesión, sin tener que someterlos al tratamiento multidisciplinario, con enfoques no siempre coincidentes.
De esta forma no se inhibe la creación de entidades cuyo origen provenga de la sola voluntad de sus miembros, quienes pueden o no integrarlas según su criterio personal y cuyos fines sean defender los intereses de sus asociados.
En ese marco, los Arquitectos de nuestra Provincia han dado sus primeros pasos institucionales en tiempos del Territorio Nacional, constituyendo en 1981 la Sociedad Fueguina de Arquitectos.

 Haciéndose eco de esa realidad profesional e institucional del medio, la Legislatura Territorial primero y la Provincial después, dan cuenta del estado parlamentario de distintas iniciativas que proponen la creación de un Colegio Fueguino de Arquitectos.
 
Entretanto, merced a la Resolución Nº 17 del 14 de Noviembre de 1989, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo de la Nación creó sus Delegaciones de Ushuaia y Río Grande.
Posteriormente, ya en tiempos de la Provincia, mediante Resolución Nº 022 del 26 de Junio de 2001 el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo tras considerar que ya resultaba factible la creación de un Consejo Profesional en Tierra del Fuego, unificó las dos Delegaciones en una sola Delegación Provincial con sede en Ushuaia.
Asimismo en la misma Resolución el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo dispuso el carácter transitorio de la Delegación Provincial, requiriéndole realizar gestiones ante esta Legislatura con vistas a la sanción de una Ley de Ejercicio Profesional que regule la actividad en esta jurisdicción.
En rigor jurídico, la estructura normativa vigente autoriza con nitidez la sanción de una Ley Provincial que regule el ejercicio de la actividad profesional de los Arquitectos, como así disponga la creación de un Colegio que les ofrezca contención institucional.
En esa línea, y sin perjuicio de que huelgue en el claro marco normativo provincial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene sostenido in re “Colegio de Médicos de la Segunda Circunscripción de la ciudad de Rosario c/Sialle Mario” que, “en el caso de las profesiones la descentralización (de las funciones atribuidas por las constituciones a los poderes de gobierno) ha sido impuesta ... a los miembros de cada una de las profesiones regularmente constituidas dentro de las normas establecidas por el propio Estado...”. 
El mismo fallo dice literalmente que, “la experiencia demuestra que los colegios profesionales en los cuales se ha delegado el gobierno de las profesiones, el control de su ejercicio regular, y el régimen de disciplina, constituyen un gran acierto y son prenda de seguridad”. 
Por cierto, lo que mediante la presente ley se propone es reglar sobre el Ejercicio de la Arquitectura y la Creación de un Colegio de Arquitectos de la Provincia, sin rozar siquiera la materia sobre las incumbencias profesionales que no constituye facultad de esta Legislatura ni de la Provincia. 
Las cuestiones comunes de los arquitectos de la provincia merecen una institución única que los represente, tanto ante los poderes del Estado como ante la comunidad en su conjunto, garantizándose asimismo el tratamiento unificado de temas de su incumbencia que excedan los ejidos municipales y tengan alcance provincial.
Existen temáticas específicas correspondientes a los Departamentos de Ushuaia y Río Grande respectivamente, así como inquietudes diversas de los profesionales de esas ciudades que han buscado asociarse para llevarlas a cabo.
Estas particularidades no pueden dar origen a compartimientos separados, siendo conveniente encarar acciones en común, basadas en el acercamiento y la comprensión recíprocas, la unificación de procedimientos, el estudio y resolución de problemas similares, respetando sus intereses específicos, democrática representatividad y conducción a nivel local que contribuyan a la institución y al desarrollo sustentable de la provincia.
Despejado el horizonte jurídico y con una ancha avenida autorizada para legislar, resulta oportuno dar relieve al hecho cierto de que en el Derecho Positivo de todo el mundo existe la Colegiación de profesionales en general y de arquitectos en particular, y que en todas las Provincias de nuestro país ello también constituye un dato objetivo de la realidad legal y social.  
Desde la Provincia de Jujuy hasta la de Buenos Aires, desde Entre Ríos hasta Catamarca, desde La Pampa hasta Santa Cruz, numerosas leyes están vigentes regulando el ejercicio profesional de los arquitectos y creando Colegios que los representan. 
Independientemente de la intrínseca necesidad de su creación en nuestra Provincia de Tierra del Fuego, se presentan necesidades generadas por la producción interjurisdiccional de trabajos profesionales consistentes en proyectos y direcciones de obras que involucra simultáneamente a varias Provincias. 
Se impone regular el ejercicio de la actividad profesional de los Arquitectos de la Provincia y su Colegiación, disponiendo normas apropiadas para el Registro, Requisitos de Inscripción, Procedimientos, Régimen Disciplinario, Gobierno de la Matrícula Profesional, Relaciones Institucionales, Estructura Orgánica del Colegio, y Deberes Derechos y Atribuciones de los Arquitectos y de los órganos directivos del Colegio.
La estructura normativa a sancionar debe estar dotada de suficiente equilibrio y ductilidad, para garantizar la comunión de los intereses profesionales con los del bien público al que deben servir. 
Además de todo lo expuesto, es importante señalar que el presente proyecto a sido tomado del que presentara oportunamente el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo – Delegación Tierra del Fuego -, el cual ha sido registrado en esta Cámara Legislativa como Asuntos del Particulares N° 015/2002, y que contara con el aval de ciento veintidós profesionales de este Consejo, sobre un padrón de ciento cuarenta y seis personas en toda la provincia, lo que determina que tiene un gran consenso (83.56 %) y marca una acentuada decisión de los arquitectos residentes en Tierra del Fuego de poder concretar el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en el presente proyecto.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
  
TITULO I.
DE LOS ARQUITECTOS.
 
CAPITULO I.
DEL EJERCICIO PROFESIONAL.

ARTICULO 1º- El ejercicio de la profesión de arquitecto en la jurisdicción provincial queda sujeto a las disposiciones de la presente ley y las que en su consecuencia se dicten.
ARTICULO 2º- Se considerará ejercicio de la profesión de arquitecto, a toda aquella actividad remunerada o gratuita, pública o privada, científica o artística, desarrollada conforme a las incumbencias otorgadas y reconocidas a los arquitectos diplomados de grado y post-grado en Universidades Nacionales y Provinciales validadas, con arreglo a ley federal vigente en la materia.
ARTICULO 3º- Se entenderá comprendido en lo dispuesto por el artículo precedente, el desempeño de las siguientes tareas: 
Inciso a). Todo ofrecimiento, contratación, prestación de servicios, y ejecución de obras, que impliquen el desarrollo de las actividades normadas en el artículo 2º.
Inciso b). Cualesquier otro empleo, cargo, función, o comisión, de carácter público o privado, desarrolladas por personas físicas, y que requieran los conocimientos académicos resultantes de las incumbencias a que alude el Artículo 2º del presente. 
Inciso c). La producción o realización de asesoramientos, ensayos, análisis, informes, dictámenes, inventarios técnicos, estudios,  proyectos, direcciones, pericias, consultas, laudos y certificaciones, y cualquier otra tarea sobre asuntos comprendidos en las incumbencias de la arquitectura o urbanismo.
Inciso d). La investigación, experimentación, ensayos, y divulgación técnica o científica, con o sin aplicación productiva directa o indirecta, sobre asuntos comprendidos en las incumbencias de la arquitectura o urbanismo, como así la docencia cuando mediante ella se impartan conocimientos propios de la profesión de arquitecto.
Inciso e). Las presentaciones de los trabajos, producidos o tareas indicados en los incisos c y d, ante autoridades públicas, instituciones privadas o personas físicas. 
Inciso f). Toda otra actividad no enumerada en los precedentes incisos, cuya prestación y/o ejecución requiera de los conocimientos académicos del profesional arquitecto de conformidad con lo reglado en el artículo 2º de la presente ley.
 
ARTICULO 4º- Para ejercer la profesión de arquitecto en la jurisdicción provincial se requiere:
1)	Poseer título universitario de arquitecto expedido, validado o revalidado por Universidades con arreglo a las leyes y disposiciones en vigencia.
2) Estar inscripto en la matrícula, cuyo gobierno y registro estará a cargo del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur.
3) Abonar el derecho anual de matrícula conforme a los procedimientos generales y específicos que determine el Colegio en su Reglamento Interno y/o resoluciones.
4) No encontrarse comprendido en alguna de las causales legales de inhabilitación. 
 
ARTICULO 5º- El ejercicio profesional de Arquitecto deberá llevarse a cabo mediante la prestación personal, quedando prohibida toda forma de delegación o cesión del uso del título o firma profesional.
 
ARTICULO 6º- El uso del título estará sometido a las siguientes reglas:
a) La expresión “arquitecto” queda reservada exclusivamente para los diplomados con arreglo a la normativa nacional vigente.
b) Queda prohibido el uso del título a las personas que no sean arquitectos.
c) La prohibición del inciso precedente se considera extendida y comprende, el uso de expresiones ambivalentes o que den lugar a error o duda, de las que pueda inferirse la idea del ejercicio profesional, sea que se trate de persona física o persona jurídica o nombre comercial o de fantasía.

ARTICULO 7º-  A los efectos de la presente ley, constituirá ejercicio ilegal de la profesión de arquitecto,  el realizado por:

a) Personas que sin poseer título habilitante, presten o pretendan prestar a nombre propio, servicios comprendidos dentro del ámbito de la incumbencia profesional, conforme la previsión normativa de los artículos 2, 3 y concordantes de la presente ley.

b) Personas que, usaren el nombre y/o firma de profesionales con título habilitante, con o sin su autorización, para desarrollar o hacer trabajos propios de la incumbencia profesional de arquitectos. 

Producido un hecho que prima facie se correspondiere con el presupuesto fáctico tipificado por el artículo 247 del Código Penal, el Colegio deberá formular la denuncia pertinente, en los términos del artículo 162 siguientes y concordantes del Código de Procedimiento Penal de la Provincia.  

Cuando se tratare del ejercicio de la actividad llevada a cabo por profesionales con título habilitante, pero sin inscripción en la matrícula, o con matrícula vencida o no vigente, el hecho constituirá una falta grave sujeta al juzgamiento del Tribunal de Disciplina

CAPITULO II.
DE LA MATRICULA.

ARTICULO 8º- Para ejercer la actividad en la Provincia, el arquitecto deberá inscribirse en la matrícula cuya organización y gobierno estará a cargo del Colegio Profesional creado por la presente ley. 
 ARTICULO 9º- A tal fin, obrará conforme a los procedimientos establecidos en el presente capítulo, disposiciones aplicables de la presente ley y del Reglamento Interno. 
 ARTICULO 10º- La inscripción en la matrícula comporta el acceso automático del profesional a las condiciones de matriculado y colegiado, pudiendo el inscripto optar libremente por renunciar a su condición de colegiado. Tanto para la inscripción como para la opción, el profesional interesado deberá presentar solicitud formal a cuyo fin deberá dar cumplimiento a los siguientes requisitos:
1)Acreditar la identidad personal.
2) Presentar título universitario habilitante.
3) Declarar domicilio real, y domicilio especial a los efectos profesionales en jurisdicción provincial
4) Declarar en términos formales de declaración jurada, no encontrarse afectado por las causales de inhabilitación para el ejercicio profesional establecidas en los artículos 11º, 14º incisos 2 al 5, y concordantes de la presente ley. 
5) Abonar el importe que se establezca por matrícula.-
ARTICULO 11º- Están inhabilitados para el ejercicio profesional en la Provincia:
1) Los condenados penalmente por delitos mayores, de carácter doloso, en las condiciones que determine el Reglamento Interno.
2) Los condenados penalmente a penas de inhabilitación profesional, aunque el hecho o delito al que éstas pertenecieren fueren de carácter culposo.
3) Los fallidos o concursados fraudulentos, mientras no fueren rehabilitados.
4) Los suspendidos o excluidos del ejercicio profesional por  este Colegio ó por otros Colegios o Consejos de Arquitectos, en virtud de decisión o sanción disciplinaria firme regularmente adoptada por la autoridad competente, y por el tiempo allí establecido. 

ARTICULO 12º- El Colegio examinará la presentación formalizada por el profesional, verificará la fidelidad de las documentaciones acompañadas y, comprobado que fuera el cumplimiento de los requisitos extrínsecos e intrínsecos exigidos, resolverá la inscripción en la matrícula del peticionante extendiendo certificado habilitante y la pertinente credencial.
 
ARTICULO 13º- Si la solicitud no reuniere los extremos exigidos al efecto, el Colegio deberá emitir resolución fundada que disponga según corresponda, el rechazo de la inscripción, o el otorgamiento de un plazo determinado para dar cumplimiento al requisito faltante. En ambos casos, deberá notificar fehacientemente al interesado de lo resuelto.
 
ARTICULO 14º- Son causales de cancelación de la inscripción en la matrícula:
1) La muerte del profesional, en cuyo caso el Colegio deberá consignar la cancelación en los registros pertinentes, de oficio o a pedido de parte, con previa justificación documental del hecho.
2) La incapacidad declarada judicialmente, que inhabilite para el ejercicio de la profesión.
3) La inhabilitación, permanente, emanada de autoridad disciplinaria competente del Colegio de Arquitectos.
4) La inhabilitación, permanente, emanada de sentencia firme dictada por  autoridad judicial competente.
5) Las demás inhabilitaciones que surjan de la presente y toda otra ley nacional o provincial aplicable.
6) La solicitud del propio interesado.
 
ARTICULO 15º- La resolución que disponga la cancelación de la matrícula de un arquitecto, deberá ser adoptada por la autoridad competente del Colegio mediante la mayoría especial de los dos tercios del cuerpo. A estos efectos el Colegio pondrá en vigencia un procedimiento, cuyo desarrollo garantizará la oportunidad de la defensa, el análisis del caso, y el dictado de una resolución fundada.
 
ARTICULO 16º- Contra dicha resolución, el interesado podrá interponer dentro de los cinco días hábiles de notificado, recurso de revocatoria. Si este fuere desestimado, quedará expedita la vía judicial por el término de treinta días corridos desde la notificación de la desestimación.  
 
ARTICULO 17º- El arquitecto cuya matrícula haya sido cancelada por alguna de las causales previstas en los incisos 2 al 6 del artículo 14º, podrá formalizar nueva solicitud de inscripción en caso que haya desaparecido la causal que la había dispuesto.
 
ARTICULO 18º- Ante la presentación de una solicitud de inscripción de las previstas en el artículo anterior, el Colegio procederá conforme a los procedimientos reglados en los artículos 10, 11º, 12º y 13º de la presente ley. En los supuestos previstos en los incisos 2, 3, 4 y 5 del artículo 14º, deberá exigir como requisito adicional la justificación documentada de la desaparición de la causal que había dispuesto la cancelación.
 
ARTICULO 19º- Con respecto al ejercicio de la actividad en la Provincia, por parte de profesionales diplomados en el exterior cuyos títulos universitarios requieran del respectivo reconocimiento o reválida en el país, se estará a lo dispuesto por ley federal a cuya jurisdicción está asignada esa materia.

CAPITULO III.
DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS ARQUITECTOS.
  
ARTICULO 20º- Los arquitectos colegiados, cualquiera sea la naturaleza de su prestación conforme al artículo 2 de la presente ley, tendrán los siguientes deberes:
01) Cumplir con las disposiciones de la presente ley y toda otra que en su consecuencia se dicte por el Colegio.
02) Observar y cumplir con las normas de ética profesional, sujetándose a la potestad disciplinaria del Colegio.
03) Colaborar con el Colegio en el desarrollo de sus actividades institucionales.
04) Emitir el voto en toda elección de autoridades de la institución, sujeto a las sanciones disciplinarias que disponga el Reglamento Interno.
05) Comparecer ante las autoridades del Colegio cuando sea requerido.
06) Abonar puntualmente las cuotas institucionales que se establezcan.
07) Comunicar al Colegio todo cambio de domicilio real o profesional, dentro de los treinta días de producido. 
08) Comunicar al Colegio, los hechos que pudieren configurar ejercicio ilegal de la profesión de arquitecto.
09) Cumplir con todo otro deber que le haya sido impuesto mediante la presente y/u otra ley, o que surja de las disposiciones administrativas dictadas en su consecuencia.
Los arquitectos que hayan hecho uso de la opción del artículo 10º, tendrán los siguientes deberes:  
a)Los previstos en los precedentes incisos 1º, 2º, 5º, 7º, 8º y 9º. 
b)El pago del derecho a la matrícula y al ejercicio profesional y el derecho anual correspondiente. 

ARTICULO 21º- Los arquitectos colegiados tendrán los siguientes derechos:
1) Emitir su voto en elecciones institucionales del Colegio, y ser electo para cualquiera de sus cargos, con arreglo a la presente ley y las disposiciones dictadas en su consecuencia. 
2) Solicitar la contención institucional del Colegio, para la protección de sus intereses profesionales lesionados en forma actual o inminente.
3) Elevar a las autoridades del Colegio, toda iniciativa que considere útil para propender al desarrollo institucional, y profesional de sus miembros.
4) Integrar las Asambleas y concurrir a las sesiones, con arreglo a lo dispuesto para ellas.
5) Participar en la vida institucional del Colegio con toda libertad, utilizando para ello los procedimientos establecidos por esta ley y sus normas reglamentarias. 
6) Utilizar los servicios, dependencias e instalaciones que, para beneficio general de sus miembros, establezca el Colegio.
7) Ejercer libremente el derecho de asociarse  con fines útiles, sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley.
 Los arquitectos que hayan hecho uso de la opción del artículo 10º, tendrán los derechos previstos en los precedentes incisos 2º y 3º, como asimismo todo otro que le fuere concedido conforme a las disposiciones del Colegio. 
 
CAPITULO IV.
DEL REGIMEN DISCIPLINARIO.
 
ARTICULO 22º- La presente ley confiere al Colegio de Arquitectos de la provincia, poder disciplinario sobre la conducta profesional de sus matriculados, sin perjuicio de la jurisdicción que le es propia a los poderes públicos.
 
ARTICULO 23º- Tal potestad disciplinaria será ejercida por la institución, por medio del Tribunal de Disciplina del Colegio de Arquitectos de la provincia.
 
ARTICULO 24º- A fin de dar cumplimiento a su función, el Tribunal de Disciplina aplicará las normas disciplinarias establecidas en la presente ley, las normas que establezca el Código de Ética Profesional que se sancionare, el Reglamento Interno del Colegio de Arquitectos, y toda otra ley o disposición que resultare aplicable por conexidad con el desarrollo de la actividad.
 
ARTICULO 25º- Serán causales sujetas al presente régimen disciplinario:
1) La violación de las disposiciones de esta ley, su reglamentación, Código de Ética Profesional, y toda otra ley o disposición aplicable por conexidad con el desarrollo de la actividad de arquitecto.
2) La violación al régimen de incompatibilidad establecido por esta y cualesquier otra ley.
3) El dolo, imprudencia o negligencia profesionales puestos de manifiesto en el desarrollo de la actividad, cuya gravedad y/o reiteración serán cuidadosamente apreciadas en cada caso.
4) El dolo, imprudencia o negligencia, puestos de manifiesto por el colegiado en las relaciones institucionales del Colegio.
5) La condena penal por delito doloso, si hubiere sentencia firme.
6) La condena penal por delito culposo con sentencia firme, cuando el hecho esté esencialmente vinculado al ejercicio de la actividad profesional de arquitecto.
7) La infracción o irregularidad, manifiestas o encubiertas, con relación a las normas vigentes para aranceles y honorarios profesionales. 
8) Toda otra conducta pública o privada que, sin encuadrar en alguna de las causales precedentes, comprometan el honor y la dignidad de la profesión. 
 
ARTICULO 26º-  Las sanciones disciplinarias serán:
1) Advertencia.
2) Amonestación. 
3) Censura pública.
4) Multa. 
5) Suspensión de hasta dos años en el ejercicio de la profesión.
6) Cancelación de la matrícula. 
 
ARTICULO 27º- A los fines del artículo anterior, el Colegio determinará los requisitos formales y el procedimiento a aplicar. Para los supuestos previstos en sus incisos 4, 5 y 6, la resolución que aplique la sanción deberá contar con la mayoría especial de dos tercios del Tribunal de Disciplina.  
 
ARTICULO 28º- Sin perjuicio del artículo 26º, según sea la gravedad de la sanción que se le aplique al matriculado hallado culpable, éste podrá también ser inhabilitado temporaria o definitivamente para integrar los órganos de conducción del Colegio profesional.
 
ARTICULO 29º- La rehabilitación de la matrícula del colegiado que hubiere sufrido sanción disciplinaria de cancelación, sólo será viable transcurrido el plazo que determine el Reglamento Interno el que no podrá exceder de los diez años, salvo sentencia judicial firme.

ARTICULO 30º- La acción disciplinaria se prescribe a los dos años de producido el hecho que la hubiere generado, plazo éste que se interrumpirá durante la tramitación del proceso disciplinario. Los dos años serán contados desde que el hecho haya sido conocido o debido ser conocido.-

CAPITULO V.
DEL PROCEDIMIENTO.
 
ARTICULO 31º- Toda solicitud, petición o reclamo, efectuado ante las autoridades del Colegio se hará de modo fehaciente, utilizando como principio general la forma escrita. En su consecuencia se le imprimirá a la presentación el tratamiento pertinente con arreglo a lo que a su respecto establecerá el Reglamento Interno del Colegio.
 
ARTICULO 32º- El Colegio se expedirá mediante notas, informes, dictámenes, resoluciones, estudios, y toda otra forma instrumental de manifestación que resultare necesaria y adecuada al sustancial cumplimiento de su cometido, derechos y obligaciones. 
 
ARTICULO 33º- Toda denuncia o actuación referida a irregularidades presuntamente cometidas por un matriculado, será sometida a análisis y resolución por la autoridad ejecutiva del Colegio dentro de los treinta días de recibida. Si la resolución hiciere lugar a la instrucción de un proceso disciplinario, remitirá inmediatamente los antecedentes al Tribunal de Disciplina.
 
ARTICULO 34º- Dentro de los diez días de recibidas las actuaciones, el Tribunal de Disciplina dará traslado al acusado, para que en el plazo de veinte días de su notificación, conteste la acusación, ofrezca pruebas y oponga todas sus defensas. A petición del acusado, y siempre que resultare necesario para la producción de prueba pendiente y/o hechos nuevos y/o sobrevinientes, el plazo se extenderá por diez días. 
 
ARTICULO 35º- El Tribunal de Disciplina ejerce la dirección del procedimiento, podrá ordenar de oficio el diligenciamiento de pruebas ofrecidas, disponer medidas para mejor proveer, y en cualquier estado de la causa adoptar todos los recaudos necesarios para la averiguación de la verdad de los hechos. 
 
ARTICULO 36º- A petición del Colegio, del matriculado acusado, o del denunciante, el Tribunal de Disciplina podrá disponer la oralidad del procedimiento en la etapa de la producción de la prueba. En tal caso, fijará día y hora de audiencia a realizarse entre los treinta y cuarenta y cinco días desde la contestación de la acusación.
 
ARTICULO 37º- El Colegio y el denunciante tendrán derecho a intervenir en el procedimiento en calidad de parte o tercero según el caso, debiéndose sustanciar la causa a su respecto.
 
ARTICULO 38º- No procederá la presentación de alegatos, y vencido el plazo en curso según lo dispuesto en el artículo 36, el Tribunal de Disciplina dictará resolución fundada dentro de los treinta días siguientes, que será notificada al interesado y a las autoridades ejecutivas del Colegio.
 
ARTICULO 39º- Las resoluciones que dispongan cancelación, inhabilitación y/o sanción de las reguladas en los artículos 14º, 11º, 28º, 26º y concordantes, son recurribles conforme a los procedimientos específicos que se establecen en el artículo 57º y concordantes.
 
ARTICULO 40º- Las preindicadas resoluciones son recurribles tanto por el acusado como por el Consejo Ejecutivo del Colegio según su interés, mediante reconsideración que se deberá interponer ante el Tribunal de Disciplina dentro del plazo de cinco días de notificadas. Toda otra providencia simple o resolución que no ponga fin al proceso será recurrible por vía de reposición, dentro del plazo de tres días de dictada.
 
ARTICULO 41º- Agotada que fuere dicha instancia recursiva, el interesado tendrá expedita la vía judicial por ante los Tribunales Ordinarios que resultaren competentes. 
 
ARTICULO 42º- Las resoluciones sobre materia institucional que puedan constituir un interés difuso de los miembros matriculados o colegiados, serán recurribles mediante reposición que, quién se considere lesionado, podrá interponer ante la misma autoridad del Colegio que lo dictó. El plazo dentro del cual se podrá usar de este derecho será de cinco días a contar de su publicación por el medio habitualmente utilizado.
 
ARTICULO 43º- Serán de aplicación las normas de procedimientos reguladas en la presente ley, las establecidas en su consecuencia por el Reglamento Interno del Colegio, y subsidiariamente las del Código de Procedimientos Civil Comercial Laboral Rural y Minero de la Provincia. 

TITULO II
DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS
DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

CAPITULO I
DE SU CREACION.
 
ARTICULO 44º- Créase el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, el que tendrá carácter de persona jurídica de derecho público no estatal con asiento en la ciudad de Ushuaia.
 
ARTICULO 45º- Para atender sus erogaciones, propias del cumplimiento de su labor institucional, el Colegio contará con los siguientes recursos:
a)Derecho de inscripción y/o reinscripción en la matrícula.
b)Derecho anual para el ejercicio profesional.
c)Importes por certificaciones que dispongan las reglamentaciones vigentes para la actividad profesional en la jurisdicción.
d)Aportes ordinarios y/o extraordinarios de los colegiados, aprobados por la Asamblea General para el normal funcionamiento del Colegio y mantenimiendo de su patrimonio.
e)Importes por multas impuestas por el Tribunal de Disciplina.
f)Ingresos por servicios prestados, de acuerdo a las atribuciones conferidas por esta ley. 
g)Rentas que produzcan sus bienes, así como el producto de sus ventas.
h)Donaciones, subsidios, legados y el producto de cualquier otra actividad lícita acorde con los objetivos del Colegio.
 
ARTICULO 46º- El Colegio tendrá una estructura orgánico-institucional consistente en:  
a) Una Asamblea General.
b) Un Consejo Ejecutivo.  
c) Un Tribunal de Disciplina.

CAPITULO II.
DE LA ASAMBLEA GENERAL.
 
ARTICULO 47º- La Asamblea General será la máxima autoridad del Colegio, estará integrada por la totalidad de los profesionales arquitectos colegiados, con matrícula en ejercicio, y tendrá las características estructurales y funcionales siguientes:
a) Sesionará en Asamblea General Ordinaria, una vez por año calendario, en la que pondrá en tratamiento todos los asuntos institucionales regulares, incluyendo en especial la consideración de la Memoria, el Balance General, y el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos, presentados por el Consejo Ejecutivo.
b) Sesionará en Asamblea General Extraordinaria, por iniciativa del Consejo Ejecutivo o a petición de un porcentaje mínimo de colegiados a determinar por el reglamento interno, para analizar, debatir y resolver todo asunto de interés institucional y profesional.
c) En sesión extraordinaria convocada especialmente al efecto, deliberará y aprobará un Reglamento Interno del Colegio que contendrá toda las disposiciones reglamentarias necesarias para tornar operativa en plenitud la estructura normativa sancionada por la presente ley.
d) En sesión extraordinaria convocada especialmente al efecto, deliberará y aprobará el Código de Etica Profesional para los arquitectos, que será presentado ante el cuerpo por el Consejo Ejecutivo.
e) En sesión extraordinaria especialmente convocada al efecto, podrá debatir y resolver la asociación, federación o confederación del Colegio de Arquitectos de la Provincia, en cuyo caso requerirá la mayoría especial de los dos tercios de los miembros presentes.
f) En sesión extraordinaria especialmente convocada al efecto, podrá debatir y resolver el diseño de propuestas legislativas sobre aspectos institucionales del Colegio o profesionales de los arquitectos. Sin perjuicio de la iniciativa legislativa y de la legislación nacional y/o provincial vigentes sobre materia previsional o mutual, la Asamblea General podrá decidir proponer a la Legislatura Provincial su interés institucional por la creación de un sistema previsional y/o mutual propia para sus colegiados. En este caso, se requerirá una mayoría especial de dos tercios de miembros presentes.
g) Fijará los aportes que deberán abonar los matriculados colegiados o no, estableciendo el carácter de los mismos a propuesta del Consejo Ejecutivo. Los aportes podrán ser ordinarios y habituales, vinculados a la inscripción o reinscripción en la matrícula, derecho anual, cuota social del Colegio para los colegiados, certificaciones y todo otro aporte necesario para el funcionamiento de la entidad y el ejercicio de la profesión. 
h) Ejercerá la soberanía de la voluntad de los arquitectos colegiados con matrícula en ejercicio, con arreglo a las Normas Fundamentales, a la presente ley, el Reglamento Interno del Colegio y el Código de Etica Profesional. 

CAPITULO III.
DEL CONSEJO EJECUTIVO.
 
ARTICULO 48º- El Consejo Ejecutivo es el órgano ejecutivo del Colegio, y tendrá las características estructurales y orgánicas siguientes:
a)	Será integrado por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, un Revisor de Cuentas, cuatro Vocales titulares, y dos Vocales suplentes, a sus efectos, el presidente y el vicepresidente no podrán pertenecer al mismo departamento, debiéndose asegurar una equitativa participación de los colegiados.
b)	Estas autoridades serán elegidas a través del régimen electoral que establecerá el Reglamento Interno, mediante el voto directo, secreto e individual de los colegiados con matrícula en ejercicio. Sus mandatos regirán por el término de dos años, pudiendo ser reelectos por un nuevo período, sin perjuicio de quedar habilitados para nuevos períodos tras uno de descanso. 
c)   Para el desempeño de estos cargos electivos se requiere ser arquitecto colegiado, con una antigüedad                    en el ejercicio de la profesión dentro de la Provincia, no menor de cinco años.
d)  Los miembros ejercerán su cargo ad-honorem. 
e) No podrán ser miembros del Consejo Ejecutivo, los arquitectos que se encontraren comprendidos en alguna de las causales de inhabilitación previstas en los artículos 11º y concordantes de la presente ley, y los colegiados que estuvieren ejerciendo cargos políticos en la función pública o cargos partidarios, sea de origen electivo y/o por designación de autoridad competente. 
f) El Reglamento Interno deberá disponer lo pertinente, a los efectos de garantizar la integración equitativa prevista en el precedente inciso a), a cuyo fin en ocasión de cada elección las autoridades electorales fiscalizarán su estricto cumplimiento. 
 
ARTICULO 49º- El Consejo Ejecutivo tendrá las siguientes funciones, atribuciones, derechos y obligaciones:
a) Sesionar orgánicamente en forma regular y periódica con arreglo a lo que en particular determine el Reglamento Interno.  
b) Sesionar, bajo pena de nulidad, con la mitad más uno del cuerpo, y resolver todos los asuntos por mayoría absoluta de sus miembros presentes, salvo que por esta ley se establezca una mayoría especial. En caso de empate el voto del presidente valdrá doble. 
c) Cumplir, hacer cumplir, y ejecutar las disposiciones normativas y reglamentarias puestas en vigencia por la presente ley, el Reglamento Interno del Colegio, el Código de Etica Profesional, y toda otra dictada en su consecuencia.
d) Crear, organizar, y llevar el gobierno de la matrícula profesional de los arquitectos, realizando el contralor de la actividad profesional en cualquiera de sus modalidades, y comunicando oportunamente a las autoridades públicas que corresponda la nómina oficial de los habilitados para el ejercicio de la actividad y sus modificaciones.
e) Expedir a los interesados las credenciales correspondientes.
f) Promover ante las autoridades públicas de la administración centralizada y descentralizada del estado provincial, municipal y comunal, y sus entidades autárquicas, empresas del estado y mixtas, la designación de profesionales colegiados en la institución creada por la presente ley, para el ejercicio de aquellos cargos o funciones en las que se requieran conocimientos propios de la incumbencia prevista en el artículo 2; como así el asesoramiento, con informes, peritajes, estudios y proyectos propios de la profesión.
g) Ejercer la representación institucional oficial del Colegio.
h) Ejercer la representación legal del Colegio con arreglo a los artículos 30, 35, 36, 37 y concordantes del Código Civil. 
i) Coordinar la ejecución de trabajos profesionales propios de la incumbencia del arquitecto, con carácter oneroso y/o gratuito, cuando los mismos fueren encomendados por y para instituciones públicas y/o privadas.
j) Recaudar y administrar los fondos del Colegio, disponiendo y decidiendo cuanto fuere menester para el cumplimiento de los fines institucionales. 
k) Proyectar ad referéndum de la Asamblea General, el presupuesto anual del Colegio, determinando montos y forma de percepción de los recursos conforme a lo establecido en la presente ley y el Reglamento Interno. 
l) Convocar las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, en el tiempo y la forma que correspondan legal y reglamentariamente, las que serán presididas por el Presidente del Consejo Ejecutivo o por quien corresponda sucederlo. 
m) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de las Asambleas.
n) Emitir opiniones, formular propuestas e interactuar institucionalmente con los Poderes del Estado en sus jurisdicciones federales, provinciales y municipales, con organismos colegiados de la misma y otras profesiones; con organizaciones intermedias y asociaciones en general; nacionales y extranjeras; con el propósito de proveer al bien común, al diseño de estrategias interdisciplinarias, a la integración institucional, a la catalogación del patrimonio histórico, arquitectónico, ambiental y cultural.
ñ) Colaborar con autoridades universitarias en la elaboración de planes de estudio, estructuración de la carrera de arquitectura y urbanismo, y en general en todo lo relativo a la delimitación de los alcances del título profesional.
o) Promover la participación de los colegiados en la actividad institucional del Colegio, garantizando su funcionamiento democrático y el de sus estructuras orgánicas.
p) Decidir asuntos entre comitentes y profesionales o entre estos últimos, que expresamente le fueren sometidos como arbitradores o amigables componedores, a cuyos fines aplicará como marco de referencia procedimental el establecido en los artículos 741 a 746 del Código Procesal Civil Comercial Laboral Rural y Minero de la Provincia.
q) Fundar y mantener bibliotecas, y editar publicaciones preferentemente referidas a la profesión de los colegiados. 
r) Elevar al Tribunal de Disciplina la documentación pertinente, en orden al cumplimiento de requerimientos por aquél formulados para el cumplimiento de función, como así con motivo de solicitar la aplicación de sanciones y/o ejecutar las mismas.
s) Resolver sobre la contratación del personal permanente o temporario necesario para el correcto funcionamiento de la institución, como así en su caso la contratación de locaciones de servicios.
t) Velar por el cumplimiento de las reglamentaciones que resultaren aplicables, en orden a la realización y desarrollo de los concursos de arquitectura y urbanismo. 
u) Intervenir en representación de los colegiados, ante la autoridad o autoridades que corresponda, para la plena protección y defensa de las incumbencias y alcances del título profesional comprendido en el artículo 2 de la presente ley, con el fin de dirimir las cuestiones que puedan suscitarse en el ejercicio de las profesiones afines así como todo otro asunto de interés común.
v) Suscribir convenios de reciprocidad para el ejercicio de la actividad profesional,  con autoridades administrativas o con instituciones similares de otras provincias, en cumplimiento de los objetivos del Colegio reglamentando los mecanismos de control de dichos convenios.
w) Exigir la intervención correspondiente del Colegio, como requisito necesario de admisibilidad de toda documentación presentada por arquitectos ante cualesquier organismo público o privado.
x) Intervenir las Delegaciones Departamentales cuando advierta cuestiones notoriamente ajenas a las específicas y exclusivas que la presente Ley les asigna o que las mismas no se hacen cumplir. La intervención se realizará al sólo efecto de su reorganización, la que deberá cumplirse dentro del plazo improrrogable de sesenta (60) días.
y) Toda otra actividad profesional o administrativa que resultare necesaria para el mejor cumplimiento de los objetivos del Colegio.
 
ARTICULO 50 º- En la jurisdicción de cada Departamento de la Provincia podrá crearse una Delegación Departamental del Colegio, que tendrá las características orgánicas, estructurales y funcionales siguientes: 
1) Consejo Directivo
a)	Estará integrado por un  Delegado Titular, un Secretario Administrativo, un Secretario  Técnico, y dos Vocales con sus respectivos suplentes, los que serán electos simultáneamente, por el mismo período de duración, y por los mismos procedimientos establecidos para las demás autoridades del Colegio.
 b)	Ejercerá la representación institucional del Colegio en esa jurisdicción departamental, debiendo someter a la aprobación del Consejo Ejecutivo toda actividad institucional que realice en el ejercicio de la representación asumida, y quedando sujeta a las disposiciones de la presente ley.
 c)	Ejercerá en esa jurisdicción departamental, la representación profesional de los arquitectos allí  matriculados.
 d)	Administrará un porcentaje del importe de los recursos percibidos por el Colegio, correspondientes a colegiados y matriculados empadronados en la jurisdicción departamental de que se trate, según lo determine el Reglamento Interno.  
 e)	Deberán rendir cuentas de dicha administración ante el Consejo Ejecutivo Provincial, en tiempo, modo y lugar que determine el Reglamento Interno.

 2 ) Asamblea Departamental
	En el marco de las atribuciones y funciones otorgadas en el presente artículo, las Delegaciones Departamentales podrán habilitar el funcionamiento de la Asamblea General Departamental de arquitectos colegiados en cada jurisdicción, que se ajustará en lo pertinente a los procedimientos establecidos en el Título II Capítulo II de la presente ley. Sus resoluciones constituirán peticiones formales imperativas para el Consejo Directivo Departamental, y por su intermedio sometidas a la consideración de las autoridades del Colegio.

CAPITULO III.
DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA.
 
ARTICULO 51º- El Tribunal de Disciplina será el órgano que ejercerá la autoridad disciplinaria de los profesionales matriculados en el Colegio.
 
ARTICULO 52º-  Tendrá las características estructurales y orgánicas siguientes: 
a) Será integrado por tres miembros titulares y dos miembros suplentes, elegidos por el voto directo, secreto e individual de los colegiados habilitados, conforme al procedimiento establecido en el Régimen Electoral que se establecerá por el Reglamento Interno, asegurando una equitativa participación de los colegiados de los departamentos en la provincia. 
b) Sus miembros ejercerán su cargo ad-honorem, durarán dos años en el ejercicio de sus funciones, y podrán ser reelectos de igual forma que la prevista en el artículo 46º inciso b. 
c) Para su desempeño se requerirá ser arquitecto colegiado; con una antigüedad no menor de diez años en el ejercicio de la profesión y no menor de cinco años de ejercicio dentro de la Provincia; hallarse en el pleno ejercicio de los derechos colegiados; y no integrar ninguna de las demás estructuras orgánicas del Colegio creadas o a crearse. 
d) No podrán ser miembros del Tribunal de Disciplina los profesionales que se encontraren comprendidos en alguna de las causales de inhabilitación previstas en los artículos 10º y concordantes de la presente ley. 
e) No podrán integrar el Tribunal de Disciplina los colegiados que estuvieren ejerciendo cargos políticos en la función pública o cargos partidarios, sean de origen electivo y/o por designación de autoridad competente. 
f) Sus miembros podrán ser recusados por el interesado, con expresión de causa, en su primera presentación. 
g) Sus miembros deberán excusarse si se encontraren en alguna de las causas de recusación, y también podrán hacerlo fundados en motivos graves de decoro o delicadeza.
h) El Tribunal de Disciplina sesionará válidamente con la presencia de sus tres miembros.
 
ARTICULO 53º- Serán funciones propias del Tribunal de Disciplina:
a) Instruir todo procedimiento dirigido a examinar la conducta ética y profesional de los matriculados, con arreglo a las disposiciones sustanciales y formales establecidas en la presente ley y las dictadas en su consecuencia.
b) Informar al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea General, sobre la iniciación de todo procedimiento de los previstos en el inciso anterior. 
c) Comunicar al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea General, de toda resolución con que finiquiten los procedimientos cumplidos, y de toda otra que consideraren conveniente a los intereses del Colegio.
d) Dictaminar sumariamente sobre toda otra cuestión que demande su jurisdicción disciplinaria.
 
ARTICULO 54º- El Tribunal de Disciplina aplicará los siguientes procedimientos:
a) A los efectos de disponer las sanciones disciplinarias previstas en el Título I Capítulo IV sobre “Régimen Disciplinario”, aplicará el procedimiento regulado en el Título I Capítulo V “Del Procedimiento” y las disposiciones del presente.
b) A los efectos de examinar la conducta ética de los arquitectos, aplicará el mismo procedimiento anterior, sin perjuicio de que por el Código de Etica Profesional se disponga otro procedimiento específico.
c) A los efectos de lo dispuesto en el artículo 52 incisos f) y g) serán de aplicación los artículos 28, 29.2, 29.3, 31.2, 32 y concordantes del Código Procesal Civil Comercial Laboral Rural y Minero de la Provincia. Entenderá en el incidente de recusación el mismo Tribunal de Disciplina, integrado por sus restantes miembros hábiles y el o los miembros suplentes del cuerpo. 
d) A todo otro efecto, podrá aplicar un procedimiento sumarísimo más abreviado que los anteriores, aplicando al efecto en lo pertinente las reglas previstas en los artículos 760 y concordantes del Código de Procedimientos Civil Comercial Laboral Rural y Minero de la Provincia. 
 
ARTICULO 55º- El Tribunal de Disciplina se expresará por sus resoluciones las que serán fundadas, y aprobadas por mayoría absoluta de votos de sus miembros. 
 
ARTICULO 56º- Los decisorios definitivos del Tribunal de Disciplina serán recurribles por vía de reconsideración. El recurso podrá ser fundado, en cuyo caso se sustanciará por igual término. El Tribunal resolverá en definitiva dentro de los diez días. 
 
ARTICULO 57º- Toda otra providencia simple o resolución que no ponga fin al proceso será recurrible por vía de reposición, en los términos del artículo 40º última parte.

 ARTICULO 58º- Agotadas las presentes instancias, la parte interesada tendrá expedita la vía judicial. 

TITULO III
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

ARTICULO 59º- El Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo a través de su Delegación Provincial Tierra del Fuego, ejercerá la conducción institucional y legal provisoria del Colegio de Arquitectos creado, en el interregno de tiempo desde la vigencia de la presente ley hasta la asunción de las primeras autoridades electas del Colegio. 
 
ARTICULO 60º- A los efectos del artículo anterior, las autoridades de la Delegación quedarán constituidas en Consejo Ejecutivo Provisorio y ejercerán todas aquellas funciones, derechos, atribuciones y deberes asignados al Consejo Ejecutivo por el artículo 49º, que resultaren conducentes al procedimiento de instalación de las primeras autoridades electas. A estos fines el Consejo Ejecutivo Provisorio deberá solicitar la colaboración de los matriculados de cada departamento.
 
ARTICULO 61º- En cumplimiento de sus funciones, el Consejo Ejecutivo Provisorio deberá:
a) Confeccionar un Padrón de Arquitectos, con ejercicio de la actividad en la Provincia según los términos previstos en el Capítulo I artículos 1 al 7, 10 y concordantes de la presente, a los fines que se establecen en el artículo siguiente.  
b) Redactar el Reglamento Interno. 
c) Redactar el Código de Etica Profesional. 
d) Convocar dentro de los noventa (90) días posteriores a la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial de la Provincia, a una Asamblea General de colegiados a los fines de considerar la aprobación: del Reglamento Interno, del Código de Etica Profesional, del cronograma electoral para elegir las primeras autoridades de la institución, y de la designación de las autoridades a cargo del proceso electoral. 
e) Las autoridades electorales en un plazo de treinta (30) días deberán convocar a elecciones para todos los cargos previstos en la presente ley, dirigir el proceso eleccionario, y concluirlo proclamando autoridades electas.  
A los efectos de lo previsto en los precedentes incisos a), b) y c), y sus respectivos diseños preparatorios, el Consejo Ejecutivo Provisorio deberá asegurar la participación de los profesionales con ejercicio de la actividad, pertenecientes a los dos departamentos de la Provincia. 
 
ARTICULO 62º- A los fines de la Asamblea prevista en el artículo precedente inciso d), su presidencia será ejercida por quien resulte ser titular del Consejo Ejecutivo Provisorio o quien lo siga en su ejercicio, o en su defecto por el arquitecto asambleísta de mayor edad.  En todos los casos y hasta la puesta en vigencia de las disposiciones del Reglamento Interno del Colegio, serán de aplicación analógica los artículos 14º, 34º, 85º al 89º, 93º al 99º, 103º al 105º, 107º, 109º, 110º, 113º, 116º, 117º, 119º, 120º al 122º, 124º, 126º, 130º, 133º, 134º al 136º, 138º al 146º, 150º a 156º, y 173º del Reglamento de la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego texto ordenado al 06 de Junio de 1995 mediante Resolución de Cámara Nº 063/95.
 
ARTICULO 63º- Cumplido el proceso reglado en el presente Título, el Consejo Ejecutivo Provisorio pondrá en posesión de sus cargos a las autoridades electas.
 
ARTICULO 64º- Los bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, que constituyan actualmente el patrimonio de la Delegación Tierra del Fuego del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, pasarán a integrar en cuanto por derecho corresponda el patrimonio del Colegio de Arquitectos de la Provincia creado por la presente ley. 
 
ARTICULO 65º- Si en el desarrollo del proceso de institucionalización del Colegio, se produjeren situaciones no previstas que comportaren o pudieren comportar la retrogradación de aquél, el Consejo Ejecutivo Provisorio podrá hacer uso de todas las facultades necesarias y conducentes a su reencauzamiento, insistiendo con los procedimientos previstos en la presente ley. 
 
ARTICULO 66º- De Forma.