Ushuaia, 16 de octubre de 2002

Señor Presidente de la 
Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
C.P.N. Daniel Gallo
S                     /                       D

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente, conforme lo establecido en el Artículo  73º del Reglamento Interno de la Cámara Legislativa, para formular  observaciones al Despacho de Comisión en mayoría, sobre el asunto Nº 355/02.

Observaciones al Artículo 4º.- Propongo eliminar de su redacción, en el primer párrafo, la frase que señala: "de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución Provincial".

Resulta innecesaria  su inclusión en el texto del artículo. La afirmación por Ley de conceptos contenidos en la Constitución Provincial no genera efectos legales. La imposibilidad de disponer lo contrario demuestra su inutilidad.

Además, se debe corregir un error de redacción en el inciso l), el que debe comenzar con la preposición con.

Observaciones al artículo 5º. Propongo una nueva redacción, con el objeto de  introducir modificaciones a los siguientes incisos:

Inciso i) relativo a la posibilidad de efectuar inversiones en títulos valores privados; para una mejor redacción propongo eliminar la expresión correspondientes a sociedades líderes y reemplazar la que señala de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por "autorizados a funcionar por la autoridad de aplicación correspondiente"

En principio, la expresión sociedades líderes no acredita calificación alguna en los mercados a los que se refiere este inciso, se trata de una calificación periodística  no prevista en las reglamentaciones pertinentes.  Por otra parte no comparto el criterio de limitar, la posibilidad de invertir en estos títulos valores privados, al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando existen otros mercados autorizados en nuestro país que pueden resultar de igual interés para efectuar inversiones.

Inciso j) también relativo a posibles inversiones en títulos valores privados; propongo reemplazar la expresión que puedan formalizarse por "emitidos" ya que los títulos no se formalizan. Simplemente se emiten.

Inciso k) relativo a "contratos de futuros y opciones". Propongo su eliminación. Se trata de inversiones con resultados altamente inciertos, donde el riesgo no se compadece con la naturaleza y destino de los fondos administrados.

Recordemos los pésimos resultados obtenidos por la Provincia, por inversiones similares realizadas con títulos públicos nacionales, obtenidos  en reconocimiento de deudas de la Nación, por regalías petroleras mal liquidadas.

Requieren estas inversiones un acabado conocimiento de los mercados y además contar con agentes de bolsa de absoluta confianza, caso contrario, podrían existir maniobras que perjudiquen al inversor a favor de especuladores no comprometidos con los objetivos de la presente Ley.

De no ser compartido por mis pares este criterio, al menos sugiero reemplazar la expresión en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores por "que coticen en mercados bursátiles y extrabursátiles autorizados a funcionar por la autoridad de aplicación correspondiente".

Propongo además eliminar los incisos l) y m) ya que las inversiones allí detalladas ya están contempladas en el inciso i).

Para el inciso o) que prevé invertir adquiriendo cuotas parte de fondos comunes de inversión, propongo una redacción que excluye la posibilidad de hacerlo en aquellos cuyo régimen de inversión les permite invertir más de un veinticinco por ciento de su fondo en títulos públicos nacionales.

En un pasado reciente, de manera compulsiva, desde el Ministerio de Economía de la Nación se obligó a muchos fondos a suscribir emisiones de títulos de la deuda pública, que hoy están depreciados por el incumplimiento de las obligaciones financieras de la Nación.

Observaciones al Artículo 6º. Propongo eliminar, para una correcta redacción, la expresión “de que” incluida en el inciso a) donde dice “de que presten sus servicios en forma continua o discontinua en calidad de permanentes o provisionales, transitorios, accidentales o suplentes, jornalizados o mensualizados o retribuidos por función o intervención;”

Observaciones al artículo 10º. Propongo incorporar en su texto a “las retribuciones en especie”. Tengamos en cuenta que el despacho analizado eliminó el artículo 26º de la Ley Territorial Nº 244 relativo a una eventual valoración por parte de los empleadores de las propinas y las retribuciones en especie de valor incierto.

Entiendo que su eliminación es correcta, sin embargo sostengo la necesidad de  excluir expresamente las denominadas "retribuciones en especie" mediante su incorporación al artículo 10º.

Determinadas condiciones laborales, de algunos agentes comprendidos en el régimen   que nos ocupa, pueden contener retribuciones en especie. Vivienda, comidas, ropa de trabajo son algunas de las que, entre otras, pueden ser consideradas retribuciones en especie. Si la Ley no las excluye expresamente, se realicen o no aportes y contribuciones,  estas retribuciones podrán dar lugar a   reclamos por parte de los pasivos que las percibieran  basados en la premisa que estas, formaban parte de su remuneración.

Observaciones al artículo 14º. En su inciso b) propongo, donde dice, “los servicios de carácter honorarios” eliminar la expresión “de carácter”, caso contrario la expresión correcta es “los servicios de carácter honorario”. También en este inciso, donde dice "prestados para la Provincia o" se debe eliminar esta ultima letra.

Observaciones al artículo 18º. Propongo su eliminación. El mismo restableció la compensación, ante la falta de edad mínima por el exceso de servicios.

Si tenemos en cuenta que un trabajador incluido en el presente régimen, accede a su jubilación diez años antes que otro amparado por el régimen general, esta concesión  no se compadece con la situación actual del sistema ni con la de los distintos regímenes que en general operan en el país.

Observaciones al artículo 20º. Se debe corregir un error ortográfico en el primer renglón.

Observaciones al artículo 21º. Propongo equiparar los años requeridos a la mujer con los  exigidos al varón,  para acceder a la jubilación ordinaria.

Así como me opongo a todo tipo de discriminación por género, en lo laboral, en lo político, en lo económico, en lo  cultural etc. considero incorrecto establecer diferente edad mínima entre  la mujer y el varón. En este sentido, tengamos en cuenta que las estadísticas indican que la mujer sobrevive al varón en no menos de tres años.
    
Sin embargo, con el fin de no frustrar las expectativas que pudieran existir en agentes mujeres, próximas a alcanzar la edad anteriormente requerida, propongo una modificación escalonada.

Asimismo, fijo en sesenta años dicha edad mínima, utilizando idéntico criterio al adoptado por la mayoría de la Comisión en el inciso c)  para alcanzar un período mínimo de veinte años continuos o discontinuos de desempeño en la Administraciones comprendidas en el presente régimen.

Observaciones al artículo 28º. Con el objeto de no generar situaciones de desigualdad entre los presuntos beneficiarios de pensión propongo restablecer la frase eliminada por el despacho de la mayoría, correspondiente a la última parte del apartado b) del inciso 1.- que 

en la redacción vigente de la Ley Territorial Nº 244 sostenía "salvo que optaren por la pensión que acuerda el presente, en este último caso".

En efecto, no  comprendo la razón por la que el despacho de mayoría elimina la opción que pretendo restablecer y la sostiene para el inciso 1 apartado c) y los incisos 3, 4 y 5.

Finalmente, tomando en cuenta la incorporación que efectúa el despacho de mayoría al agregar como última frase del apartado b) del inciso 1 la expresión: "mientras subsista la causa de dependencia", incorporación que comparto, no logro entender si el no haberla incorporado también a los apartados c) y d) del inciso mencionado y a los numerados 3 y 5 en este artículo 28º  responde a un criterio previsional o se trata de una omisión involuntaria.

 Observaciones al artículo 29º. Propongo restablecer el texto original que correspondía al artículo 47º de la Ley Territorial Nº 244. Entiendo que cuando esta señalaba "Para que el unido de hecho" lo hiciera respecto del individuo, independientemente de su condición de mujer o varón.

También con referencia a la situación contemplada en el presente artículo, sostengo la necesidad de requerir por vía reglamentaria una manifestación previa del causante, con características de declaración jurada,  acerca de la situación de convivencia  prevista. Si bien lo expresado no constituye una observación concreta al despacho de la mayoría, manifestare esta circunstancia en el recinto durante el tratamiento del despacho en cuestión

Observaciones al articulo 36º. Propongo eliminar de su texto el adverbio "muy" cuando se refiere "en establecimientos de ubicación muy desfavorable". La eliminación propuesta tiene por objeto evitar errores de interpretación acerca de una posible condición distinta entre la contemplada en este artículo y la del inciso d) del anterior.

Observaciones al artículo 38º. Propongo la eliminación del párrafo final que incorporó el despacho de la mayoría al señalar: "No podrá acceder al presente beneficio aquel afiliado que con motivo de la realización de alguna de las tareas indicadas haya gozado de franquicias o beneficios adicionales que implicaren diferenciación de cualquier tipo con relación al personal que realiza tareas comunes".

Sostener su incorporación implica lisa y llanamente que el agente que desarrolla tareas penosas,  de riesgo, insalubres, determinantes de vejez o agotamiento prematuro deba renunciar al goce de franquicias o beneficios adicionales para  no perder el derecho que le acuerda este artículo.

Cabe preguntarse, podrá el agente mediante una determinación individual, renunciar a un 
derecho laboral. Se podrá evaluar con acierto la magnitud de estos beneficios adicionales. Tengo mis dudas, sin embargo no las tengo con relación a que, el percibir una 

remuneración diferencial respecto del personal que realiza tareas comunes pueda atenuar los efectos determinantes de vejez o  agotamiento prematuro.

Una remuneración diferencial no impedirá que el agente se agote o envejezca prematuramente.

Observaciones al artículo 43º. Propongo para este artículo una nueva redacción. Las observaciones al despacho de mayoría se basan fundamentalmente, en lo que a mi juicio constituye una verdadera regresión al derecho constitucional a gozar de un haber jubilatorio acorde con el que el trabajador  percibía estando en actividad.

Tomemos el caso de un agente que durante su carrera ha obtenido promociones periódicas  - recordemos que el despacho de mayoría computa los últimos diez años - al aplicarse el criterio sustentado, su haber como jubilado será inferior, comparado con su última remuneración como activo, transformándose entonces, el pase al sector pasivo, en un castigo en lugar de constituir un reconocimiento a su tarea realizada.

Es verdad que el despacho de la mayoría tiende a corregir, en parte, la desproporción  generada al ocupar el agente  algún cargo que lo apartó, en lo que a remuneraciones respecta, de la evolución de su carrera.

Si esta es la verdadera razón de la modificación propuesta, desde ya no la comparto. Se estaría castigando al grueso de los agentes pertenecientes a las administraciones comprendidas en el sistema.

Probablemente se intente corregir las distorsiones generadas por abruptas promociones de categoría, generalmente de naturaleza política y que en el pasado desembocaron en haberes de pasividad no representativos de la carrera ejercida.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, mi propuesta para este artículo, apunta a seguir manteniendo el criterio de tomar como remuneración, para determinar el haber inicial de la prestación,  la de la categoría de revista al momento de solicitar el beneficio, asignándole por vía reglamentaria, un tratamiento especial cuando se produjeran promociones de carácter irregular que no hubieran sido obtenidas por concurso.

Debo señalar también mi intención de  excluir  las funciones transitorias tal el caso de asesores de gabinete o integrantes temporales de bloques políticos, sin embargo admito no encontrar una solución adecuada que respete principios consagrados en nuestra Constitución Provincial.

Observaciones al artículo 44º. Propongo su eliminación, por lo tanto no ha de existir uno alternativo.

Igualmente, advierto respetuosamente, que en el caso de que la Comisión no comparta mi criterio, se deben indefectiblemente corregir, los que a mi juicio se tratan de errores 

involuntarios.

Se refiere el primer párrafo del artículo propuesto, "importes de las remuneraciones mensuales que perciban los agentes que detenten las mismas categorías". Si tenemos en cuenta que detentar significa: retener uno sin derecho lo que manifiestamente no le pertenece,  deberá  reemplazarse el adverbio por el correcto.

Se indica más adelante el beneficio Pensión Directa, sin embargo   no la establece ni  el artículo 20º  ni en el artículo 43º del despacho y entiendo que puede prestarse a una confusión no deseada. 

Observaciones al artículo 45º.- Propongo eliminar la expresión contenida en el segundo párrafo donde dice: calculado según las pautas del artículo 44 de la presente Ley, en atención a lo más arriba sostenido.

Observaciones al artículo 46º. Consecuente con mi idea de  haber inicial, propongo para este artículo la eliminación del segundo párrafo en el despacho de la mayoría, pues se refiere a una formula de cálculo basada en el artículo 44º,  que pretendo eliminar.

 No obstante mi conformidad con el resto del articulo, estimo oportuno efectuar algunas consideraciones sobre la interpretación, que sobre el concepto de movilidad, ha realizado el IPAUSS.

Como se podrá advertir en la observación siguiente, la que se refiere al articulo 50° del despacho, me explayo sobre la imposibilidad de colocar un tope a los haberes previsionales,  según la interpretación que, sobre el articulo 51° de la Constitución Provincial efectuara el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.

Resulta inadmisible la reliquidacion realizada por el IPAUSS de los haberes jubilatorios, basándose en la adecuación del salario de los activos por aplicación del decreto N° 1947/99.

Expresamente estoy utilizando el concepto adecuación, pues eso es lo que realmente ha ocurrido y no una rebaja en la remuneración de los activos que si hubiera acarreado como consecuencia una reducción de los haberes jubilatorios.

Reitero, nadie puede considerar que, por el decreto N° 1947/99 se han reducido los salarios de los activos; Estos permanecen incólumes.

 Lo que sí ha ocurrido es una adecuación del monto a percibir por una modificación en la jornada laboral y en otros beneficios, pero bajo ningún concepto una alteración de los salarios.

La interpretación efectuada por el IPAUSS es maliciosa, pues pretende aplicar nuevas 

condiciones de trabajo de los  activos a quienes ya no lo son.

En un ejercicio imaginativo, siguiendo la perversa lógica aplicada, si tenemos en cuenta que antes del dictado del decreto N° 1947/99 , cuando los activos trabajaban siete horas los pasivos descansaban todo el ida, ahora que los activos trabajan cinco, los pasivos deberán descansar unas seis horas y media menos, tal vez empleando dicho tiempo en resolver como podrán con su nuevo haber, llegar a fin de mes.   

Observaciones al artículo 50º. Propongo su eliminación. Advierto que al respecto el despacho de la mayoría no ha tenido en cuenta  expresas garantías constitucionales y la interpretación que sobre la cuestión efectuó el máximo tribunal judicial de la Provincia

Voy a referirme a la interpretación, que sobre las características de las jubilaciones y pensiones consagradas en el artículo 51º de nuestra Constitución Provincial, ha efectuado el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia en los autos caratulados  "Bruglieri, Nilda Adelina c/I.P.P.S. s/contencioso administrativo".

Los conceptos mas abajo indicados, corresponden a citas textuales, contenidas  en la sentencia del 30 de octubre de 2001 dictada en la causa mencionada.

Recordemos que la actora (Bruglieri, Nilda Adelina) inició demanda contencioso administrativa  en contra del Instituto Provincial de Previsión Social,  solicitando que se revoque la  Resolución Nº 350/2000, la que le redujo su  jubilación al promulgarse  la Ley Provincial Nº 277. 

Basó su petición en diversas causas, pero fundamentalmente lo hizo  en el artículo 51º de nuestra Constitución Provincial, el que expresa:

"El Estado Provincial, en el ámbito de su competencia, otorga a los trabajadores, reconociendo el derecho que les asiste, los beneficios de la previsión social y asegura jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad.

La Ley establecerá un régimen previsional general, uniforme y equitativo, que contemple las diferentes situaciones o condiciones laborales y la coordinación con otros sistemas 
previsionales.

Los recursos que conforman el patrimonio de las cajas previsionales son intangibles y deben ser utilizados sólo para atender sus prestaciones especificas.

Los aportes y contribuciones correspondientes serán efectuados en tiempo y forma, bajo la responsabilidad de los funcionarios que omitan el cumplimiento de tal obligación.

A partir de la sanción de esta Constitución queda prohibido el otorgamiento de beneficios 

previsionales que signifiquen privilegios."

Además, reforzó su pretensión en el artículo 50º que señala:

"Los derechos y garantías que enumera esta Constitución no podrán ser alterados o restringidos por las leyes que reglamentan su ejercicio, ni serán entendidos como negación de otros no enumerados, pero que hacen a la forma republicana, representativa y democrática de gobierno de la condición natural del Hombre".

La accionada en está causa, el Instituto Provincial de Previsión Social sostuvo, con referencia a la interpretación del artículo 51º de la Constitución Provincial, bajo el título de "La Cuestión Relativa a la Interpretación de Normativa Constitucional":

"permite, plasmado en la práctica, movilidad mediante, el incremento de los haberes previsionales cuando son incrementados legítimamente los salarios en actividad o disminuyendo los mismos, cuando estos son reducidos lícitamente, como ocurre con la reducción de dietas legislativas dispuesta por Ley 277, manteniendo la necesaria proporcionalidad que debe existir entre unos y otros, la que no debe ser inferior al 82%". El subrayado me pertenece.

A la primera cuestión de la demanda: ¿ Es fundada la demanda? Cita el Señor Juez del Superior Tribunal  Dr. Carlos E. Andino lo dicho  por el convencional constituyente Sr. Blanco "Jubilaciones y pensiones que garanticen como mínimo un decoroso nivel de vida, no pudiendo el haber jubilatorio ser inferior al ochenta y dos por ciento (82%) de lo que percibe un trabajador en actividad por todo concepto, lo que a su vez otorga el beneficio de la actualización periódica" El subrayado me pertenece.

Del convencional Sr. Augsburger rescata  "nosotros sostenemos que no existe un argumento valedero para que se implante la proporcionalidad en los haberes previsionales. Creemos que debe ser de idéntico tenor, calidad e integridad al de un trabajador en actividad", "Pero esto no hace  a que se siga sosteniendo la posición de que el haber previsional o el haber jubilatorio sea de idéntica calidad y cantidad a los haberes íntegros de los trabajadores en actividad...Creo que cuando constitucionalmente está plasmado el derecho de los trabajadores a usufructuar precisamente el mismo, en igualdad de condiciones a los activos, habremos aventado toda posibilidad de tergiversar el espíritu que tenemos al plasmar esta norma a través de leyes reglamentarias". El subrayado también me pertenece.

Incorpora lo dicho por la convencional Sra. Weiss Jurado "la proporcionalidad que pensamos es que tiene que ser proporcional al sueldo en actividad..." El subrayado me pertenece.

Continúa diciendo el Dr. Andino "De las opiniones de los convencionales constituyentes citadas precedentemente puedo concluir que -a diferencia de lo que sostiene la actora 

(v. Fs. 36, punto VII.7)-, cuando se habla de "proporcionalidad", se están refiriendo -en todos los casos- al 82% de lo que percibe un trabajador en actividad, en cualquier época". Nuevamente el subrayado me pertenece.

Más adelante sostiene "Por ello, para que la proporcionalidad a la que hace referencia el artículo 51 de la Carta Magna Provincial (82%), permanezca incólume y no se reduzca, diluya o se torne indefinida con el paso del tiempo, debe complementarse con el principio constitucional de movilidad, cotejando en forma periódica y permanente el haber previsional con el salario de su similar en actividad".

A fojas 28 del fallo manifiesta: "Tal como quedó expresado, el haber previsional se subordina directamente a la variación del salario del activo: puede incrementarse o disminuirse por igual (movilidad), pero nunca sufrirá reducción (irreductibilidad), respecto del 82% de ese parámetro (proporcionalidad), que a manera de hito o testigo permite mantenerlo constantemente actualizado, superando las contingencias económico financieras del sistema.".

A fojas 28 bis reitera "Como bien lo destacó el convencional Ausburger, para que no exista la "posibilidad de tergiversar el espíritu" que se tuvo al plasmar esa norma, "el haber previsional o el haber jubilatorio" debe ser "de idéntico tenor, calidad e integridad al de un trabajador en actividad". En igual sentido, cabe transcribir nuevamente la opinión del convencional Blanco:"..no pudiendo el haber jubilatorio ser inferior al ochenta y dos por ciento (82%) de lo que percibe un trabajador en actividad por todo concepto, lo que a su vez otorga el beneficio de la actualización periódica...".

Concluye finalmente el Dr. Andino En atención a lo expuesto, considero ajustada a derecho la decisión del I.P.P.S. de adecuar el haber previsional de la actora - en forma proporcional - respecto del salario que percibía un legislador en actividad, luego de la sanción de la Ley Provincial Nº 277.

En un abordaje más simplificado, el fallecido Dr. José A. Salomón  señalo entre otras conclusiones "En este orden procede interpretar el artículo 51  de la Constitución Provincial como aquella cláusula que asegura la garantía de la proporcionalidad para el establecimiento del haber jubilatorio teniendo en mira el sueldo en actividad. Esta garantía, una vez determinado el haber jubilatorio permanece incólume siempre bajo el parámetro del sueldo en actividad. Admite movilidad, en aumento o disminución según el sueldo del activo, pero nunca, habrá de quebrarse la proporcionalidad 
aludida. Lo que resulta írrito a la Ley Fundamental Provincial es la alteración del principio de proporcionalidad, estableciendo un haber jubilatorio por debajo de la proporcionalidad legal del sueldo en actividad. Aquí es donde se aplica genuinamente el principio de la irreductibilidad.

Podremos compartir o no el criterio respecto de la justicia o no al establecer un tope para los haberes de ciertos jubilados. Lo concreto es que esta no es la vía correcta. La única 

forma de reducir los haberes jubilatorios es mediante la reducción del haber del agente o funcionario en actividad.

La incorporación de un tope a los haberes de los jubilados fueguinos, que no se compadezca con los principios incorporados en nuestra Constitución Provincial, acarreará  un dispendio de recursos por las acciones que se impondrán contra la norma que lo pretenda.

Observaciones al artículo 62º. En concordancia con mi propuesta de eliminación del artículo 44º del despacho de la mayoría propongo eliminar la frase que lo menciona.

Observaciones al artículo 77º. Proponemos la eliminación de la última frase  del artículo que señala: "salvo en lo que respecta a la aplicación de lo previsto por el Artículo 50 de la presente Ley". 

Como en casos anteriores, al proponer la eliminación de dicho artículo, se hace imprescindible la eliminación de toda mención al mismo.

Observaciones al artículo 79º.- Corresponde incorporar a las normas que se derogan el inciso b) del artículo 3º de la Ley Provincial 534  que establecía la administración del régimen de seguros autorizado por el artículo 4º de la Ley Territorial 244, ahora eliminado por el despacho de la mayoría.

Adjunto, se detallan las redacciones propuestas como resultado de las presentes observaciones.

  

NOMINA DE ARTICULOS PROPUESTOS SEGÚN OBSERVACIONES EFECTUADAS AL DESPACHO DE MAYORIA SOBRE EL ASUNTO 302/01 PROYECTO DE LEY MODIFICATORIO DE LA LEY TERRITORIAL 244.

Articulo 4º.- El Instituto atenderá el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley con los siguientes recursos:

a)	con el capital acumulado desde la implementaron del régimen establecido por la Ley Territorial Nº 244;
b)	con las sumas que el Gobierno Provincial destine anualmente;
c)	con las contribuciones a cargo de los empleadores;
d)	con los aportes de los afiliados activos;
e)	con los aportes a cargo de los afiliados pasivos;
f)	con las sumas recaudadas por intereses, multas y recargos;
g)	con  los intereses de las inversiones;
h)	con las utilidades que se originen por la evolución natural del capital;
i)	con las donaciones y legados que se hagan;
j)	con las sumas provenientes de cargos y reconocimiento de servicios por los cuales no se hubieren efectuado aportes;
k)	con los importes que ingresen de otras cajas o instituciones de conformidad a convenios de reciprocidad suscriptos o a suscribirse;
l)	con los fondos provenientes del Gobierno de la Provincia conforme lo establecido por el Articulo 5º de la Ley Provincial Nº 478; y
m)	con cualquier otro importe que ingrese al patrimonio del Instituto.

Artículo 5º.- Los fondos a que se refiere el artículo precedente, podrán ser invertidos en: 
a) Bonos Hipotecarios o Títulos emitidos  por el Banco Provincia de Tierra del   Fuego;
b) Bonos Hipotecarios o Títulos emitidos o garantizados por la Nación o la Provincia de Tierra del  Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
c)Inversiones financieras en el Banco Provincia de Tierra del Fuego;
d) adquisición o construcción de edificios en cualquier lugar de la Provincia, los que solo podrán enajenarse por Resolución del Directorio aprobada por la mayoría de sus miembros, con posterior acuerdo de la Legislatura Provincial.
e) compra de terrenos o campos en cualquier lugar de la Provincia, los que solo podrán enajenarse por Resolución del Directorio, aprobada por la mayoría de sus miembros, con posterior acuerdo de la Legislatura Provincial.
f) adquisición o construcción de propiedades en la Provincia destinadas a oficinas del Organismo; 
g) prestamos personales con o sin garantía prendaria o hipotecaria destinados a sus afiliados o beneficiarios;
h) prestamos hipotecarios destinados a sus afiliados y beneficiarios o grupo de ellos actuando en consorcio, con destino a construcción, ampliación, refacción o adquisición de la vivienda propia, individual o colectiva;
i) Títulos valores privados que coticen en mercados bursátiles y extrabursátiles autorizados a funcionar por la autoridad de aplicación correspondiente; 

j) Títulos Valores Privados que puedan formalizarse en el futuro en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
k) Contratos de Futuro y opciones en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores;
l) financiar, a través del Banco Provincia de Tierra del Fuego, la ejecución de obras de infraestructura y/o equipamiento, que favorezcan el desarrollo global y utilicen mayoritariamente mano de obra local.
Estos financiamientos solamente se podrán conceder si se cuenta con las garantías efectivas que aseguren el recupero de los mismos y que su rendimiento para el Instituto iguale, como mínimo, los de las inversiones en el sistema financiero; y
n)	Fondos comunes de inversión, cuyo régimen de inversión permita destinar como máximo el veinticinco por ciento (25%) del total del fondo administrado a la adquisición de títulos públicos nacionales.

Previo a la realización de cada una de las operaciones indicadas en el presente artículo, se deberá efectuar en evaluación pormenorizada con el objeto de minimizar los riesgos emergentes y asegurar el repago de las operaciones involucradas en tiempo y forma, de manera tal que no afecten el normal desenvolvimiento financiero de la Institución.

Artículo 6°.- Están obligatoriamente comprendidos en el presente régimen, a partir de los (16) dieciséis años de edad, aunque la relación de empleo se estableciere mediante contrato a plazo:
a) Todos los funcionarios, empleados y agentes que en forma permanente o transitoria desempeñen cargos, aunque fueran de carácter electivo, en los tres Poderes del Estado Provincial, sus reparticiones u organismos centralizados, descentralizados o autárquicos, incluido los miembros de los cuerpos directivos colegiados de esas entidades, cualquiera sea el carácter del cargo, función o tarea que desempeñen, estén o no incluidos en el régimen de escalafón y estabilidad,  presten sus servicios en forma continua o discontinua en calidad de permanente o provisionales, transitorios, accidentales o suplentes, jornalizados o mensualizados o retribuidos por función o intervención;
b) los funcionarios, empleados y agentes pertenecientes a las Municipalidades y Comunas en jurisdicción de la Provincia, bajo cualquiera de las modalidades indicadas en el inciso a) del presente artículo; y
c) los directivos, funcionarios, empleados y agentes de empresas del Estado Provincial, servicios de cuentas especiales u obras sociales, bajo cualquiera de las modalidades indicadas en el inciso a) del presente artículo.
Quedan exceptuados del presente régimen los profesionales, investigadores, científicos y técnicos, contratados en el extranjero para prestar servicios en la Provincia por un plazo no mayor de dos (2) años y por única vez, a condición de que no tengan residencia permanente en la República y estén amparados contra la contingencia de vejez, invalidez y muerte por las leyes del país de su nacionalidad o residencia permanente. La solicitud de exención deberá ser formulada ante la autoridad de aplicación  por el interesado o su empleador.
La precedente exención no impedirá la afiliación a este régimen, si el contratado y el empleador manifestaren su voluntad expresa en tal sentido, o aquél efectuare su propio aporte y la contribución correspondiente al empleador.
Las disposiciones precedentes no modifican los contenidos en los convenios sobre seguridad social celebrados por la República con otros países.

Artículo 10°.- No se considera remuneración las asignaciones familiares, las asignaciones por indemnización que se abone al afiliado en caso de cesantía, accidentes de trabajo o enfermedad profesional, las retribuciones en especie, ni las asignaciones pagadas en concepto de becas, cualesquiera fueren las obligaciones impuestas al becado. Tampoco se 

considera remuneraciones las sumas que se abonen en concepto de gratificaciones vinculadas con el cese de la relación laboral en el importe que exceda del promedio anual de las percibidas anteriormente en forma habitual y regular.
Las sumas a que se refiere este artículo, no están sujetas a aportes y contribuciones.

Artículo 14.- Se computarán como tiempo de servicios:
a) Los períodos de licencia, descansos legales, enfermedad, accidentes, maternidad u otras causas que no interrumpan la relación de trabajo siempre que por tales períodos se hubiera percibido remuneración o prestación compensatoria de ésta;
b) los servicios  honorarios, prestados para la Provincia, siempre que existiera designación expresa emanada de autoridad facultada para efectuar nombramientos rentados en cargos equivalentes. En ningún caso se computarán servicios honorarios prestados antes de los dieciocho (18) años de edad;
c) el período de servicio militar obligatorio; y
d) los servicios militares prestados en las Fuerzas Armadas y los militarizados y policiales cumplidos en las Fuerzas de Seguridad y Defensa, siempre que no hayan sido utilizados total o parcialmente para obtener retiro.

Artículo 20.- Establecense las siguientes prestaciones:
a) Jubilación Ordinaria;
b) Jubilación por Edad Avanzada;
c) Jubilación por Invalidez; y
d) Pensión. 

Artículo 21.- Tendrán derecho a la Jubilación Ordinaria los afiliados que:
a) Hubieran cumplido cincuenta (50) años de edad para la mujer y cincuenta y cinco (55) años de edad para el varón. Estas edades se modificaran cada dos (2) años a partir de la sancion de la presente, incrementándose en un (1) año por vez hasta alcanzar en ambos casos sesenta (60) años.
b) acrediten treinta (30) años de servicios computables en uno o más regímenes jubilatorios comprendidos en el sistema de reciprocidad para el varón y veinticinco (25) años para la mujer, todos ellos deben ser con aportes.
c) este beneficio se acuerda a aquellos agentes que se hubieren desempeñado durante un periodo mínimo de quince (15) años, continuos o discontinuos, dentro de las Administraciones comprendidas en el presente régimen, computados a partir de enero de 1985, este período mínimo se modificará cada dos (2) años a partir de la sanción de la presente, incrementándose en un (1) año por vez hasta alcanzar un período mínimo de veinte (20) años continuos o discontinuos con las características antes señaladas.
Para tener derecho a la jubilación ordinaria es condición hallarse en el desempeño de las funciones dentro de las Administraciones indicadas en la presente Ley, al momento de cumplir los requisitos necesarios para su logro. Sin embargo, este beneficio se otorgará a aquellos que reuniendo los restantes requisitos hubieren cesado en el desempeño en las citadas Administraciones, dentro de los dos (2) años inmediatamente anteriores a la fecha que cumplieran  la edad requerida.

Artículo 28.- En caso de muerte del jubilado o del afiliado en actividad con derecho a jubilación, gozarán de pensión los siguientes parientes del causante:

1.- La viuda o unida de hecho o el viudo o unido de hecho, en las condiciones del Artículo 29, en concurrencia con:
a) los hijos e hijas solteros hasta los dieciocho (18) años de edad;
b) las hijas o hijos solteros que hubieran convivido con el causante en forma habitual y continuada durante los diez (10) años inmediatamente anteriores a su deceso, que a este momento tuvieran cumplida la edad de cincuenta (50) años y se encontraran a su cargo siempre que no desempeñaren actividad lucrativa alguna o no gozaren del beneficio previsional o graciable, salvo que optaren por la pensión que acuerda el presente y mientras subsista la causa de dependencia.
c) las hijas viudas y las hijas divorciadas o separadas de hecho, incapacitadas para el trabajo y a cargo del causante a la fecha del deceso, siempre que no gozaren de prestación alimentaria o beneficio previsional o graciable, salvo en este último caso que optaren por la pensión que acuerda el presente;
d) los nietos y nietas solteros, huérfanos de padre y madre y a cargo del causante a la fecha de su deceso hasta los dieciocho (18) años de edad. 
2.- Los hijos y nietos de ambos sexos, en las condiciones del inciso anterior.
3.- La viuda o unida de hecho o el viudo o unido de hecho en las condiciones del inciso 1 en concurrencia con los padres incapacitados para el trabajo y a cargo del causante a la fecha de su deceso, siempre que estos no gozaren de beneficios previsional o graciable, salvo que optaren por la pensión que acuerda la presente;
4.- Los padres en las condiciones del inciso precedente.
5.- Los hermanos y hermanas solteras, huérfanos de padre y madre y a cargo del causante a la fecha de su deceso, hasta los dieciocho (18) años de edad, siempre que no gozaren de beneficio previsional o graciable, salvo que optaren por la pensión que acuerda la presente;
El orden establecido en el artículo presente inciso 1, no es excluyente, lo es en cambio el orden de prelación establecido entre los incisos 1 al 5.

Artículo 29.- Para que  el unido de hecho sea acreedor al beneficio de la pensión deberá haber convivido con el causante públicamente en aparente matrimonio durante un plazo ininterrumpido de cinco (5) años anteriores al fallecimiento. El plazo de convivencia se reducirá a dos (2) años cuando exista descendencia reconocida por ambos convivientes.

Artículo 36.- En la certificación de servicios y remuneraciones, la repartición correspondiente indicará en forma expresa y precisa los períodos en que el docente haya actuado al frente directo de grados y los períodos de servicios calificados como prestados en establecimientos de ubicación desfavorable, circunstancia ésta que deberá avalarse por Resolución de la autoridad provincial competente en el caso de servicios por esta Ley.

Artículo 38.- Los servicios prestados en tareas penosas, riesgosas, insalubres o determinantes de vejez o agotamiento prematuro, declaradas tales por la autoridad competente conforme la legislación vigente, se computarán a razón de cuatro (4) años por cada tres (3) de servicios efectivos. El personal comprendido en el presente artículo obtendrá la jubilación ordinaria sin límite de edad, computando treinta (30) años de servicios y debiendo acreditar un mínimo de quince (15) años en dichas tareas en la Administración Provincial. 

Artículo 63.- El haber mensual de las prestaciones se determinará, a la fecha del cese de servicios o de concesión del beneficio, la que resultare posterior, de la siguiente  forma:
a) Jubilación Ordinaria:
Será equivalente al (82%) ochenta y dos por ciento de la  remuneración actualizada mensual y total sujeta al pago de aportes y contribuciones correspondiente al cargo y/o categoría desempeñado por el causante, dentro de las Administraciones indicadas, al momento de la cesación en las mismas.

b) jubilación por Edad Avanzada:
Será equivalente al (50%) cincuenta por ciento de la remuneración total, mensual y actualizada, sujeta al pago de aportes y contribuciones correspondiente al cargo y/o categoría, desempeñado por el causante, dentro de las Administraciones indicadas al momento de la cesación en las mismas 
Dicho porcentaje se incrementara en un  dos por ciento (2%) por cada año de servicios con aportes que exceda al mínimo requerido para acceder al beneficio, hasta alcanzar el ochenta y dos por ciento (82%).
c) Jubilación por Invalidez:
Será equivalente al (82%) ochenta y dos por ciento de la remuneración actualizada mensual y total, sujeta al pago de aportes y contribuciones correspondiente al cargo y/o categoría desempeñado por el causante, dentro de las Administraciones indicadas al momento de la cesación en las mismas.
d) Pensión:
Será el equivalente al (75%) setenta y cinco por ciento del haber jubilatorio, actualizado, que gozare o le hubiere correspondido al causante.

Artículo 45.- A los efectos de la determinación del haber inicial se computarán las horas extras y  guardias laboradas por el beneficiario en los últimos ciento veinte (120)  meses inmediatos anteriores al cese definitivo de servicios. A esos efectos se tomará en consideración el promedio mensual de horas extras y/o guardias laboradas por el interesado en el período indicado, sumando la totalidad de las desarrolladas y dividiéndolas por ciento veinte (120).
Las horas extras y guardias mensuales promedio determinadas conforme lo previsto en el párrafo precedente se adicionarán al haber jubilatorio inicial, a valores actualizados , esto es, calculados teniendo en consideración los importes que por dichos conceptos perciba a la fecha de pago del haber previsional en actividad, dentro de las administraciones del régimen y en el respectivo escalafón, que preste servicios en la categoría, cargo o función desempeñada por el beneficiario mientras se encontraba en actividad.

Artículo 46.- El haber de los beneficios será móvil. La movilidad se efectuará  cada vez que los haberes  del personal en actividad que se desempeñe en la categoría  y/o  función considerada para la determinación del haber inicial, dentro de las Administraciones indicadas  y en el respectivo escalafón, sufran variación.
En los supuestos en que por modificación de los escalafones se suprimiera una categoría y/o función, el Instituto deberá proceder en forma inmediata a recategorizar a los beneficiarios afectados por dicha situación, tomando a tal fin como referencia la categoría y/o función, -dentro del respectivo escalafón– inmediata superior  a la suprimida. Efectuada dicha recategorización, el nuevo haber se determinará  en un porcentaje  de la nueva categoría y/o función de referencia. Para la determinación de dicho porcentaje se tomarán los valores del mes inmediato anterior a la efectivización de la supresión.

Artículo 62.- Los afiliados que reunieren los requisitos para acceder a las jubilaciones ordinarias y por edad avanzada, quedarán sujetos a las siguientes normas:
a)Para entrar en el goce del beneficio deberá cesar en toda actividad en relación de dependencia, salvo en el supuesto previsto en el artículo 64 de la presente;
b) si reingresara en cualquier actividad en relación de dependencia o función pública ya sea bajo este régimen o cualquier otro, se les suspenderá el goce del beneficio hasta que cese en la actividad, salvo en los casos previstos en el Artículo 64 de la presente o que dicha tarea sea realizada en carácter ad honoren.
Tendrán derecho a reajuste o transformación mediante el computo de las nuevas actividades, siempre que estas alcanzaren un período mínimo de tres (3) años con aportes en las administraciones comprendidas en el presente régimen; y

c) cualquiera fuera la naturaleza de los servicios computados podrán solicitar entrar en el goce del beneficio continuando o reingresando a la actividad autónoma sin incompatibilidad alguna.
En este supuesto no tendrán derecho a reajuste o transformación de ninguna especie.

Artículo 77.- Los beneficios concedidos en los términos del artículo 12 de la Ley Provincial N° 460 que se encuentren suspendidos por los empleadores, así como aquellos iniciados ante el Instituto para acogerse a la Jubilación Ordinaria o a los beneficios del Artículo 12 de la Ley Provincial N° 460 que se encuentren sin resolución a la fecha por causa no atribuible al peticionante, se regirán por las disposiciones de la normativa previsional vigente en la Provincia a la fecha de iniciación del trámite.

Artículo 80.- Deróguense a partir de la entrada en vigencia de la presente las Leyes Territoriales N° 244, 248, 291, 321 y las Leyes Provinciales 166, 326, artículo 1° de la Ley 468, artículos 21, 22, 23 y 24 de la Ley 278, inciso b) del articulo 3º de la Ley 534 y toda otra disposición que se oponga a la Presente. Dado que las disposiciones de las leyes 486 y sus modificatorias son de carácter específico no se modifican por la presente Ley.