F U N D A M E N T OS

		Por el presente Proyecto de Ley se procura la creación del Consejo de Seguridad de la Provincia, organismo que contenga y de participación a todos los sectores involucrados, ya sea, en forma activa o pasiva, frente a esta problemática, que si bien, en nuestra Provincia aún no muestra, como en otros puntos del País, la alarmante catástrofe en la que se encuentran inmerso los distintos agentes participantes y el fracaso total de las distintas políticas aplicadas para su mantenimiento. Igualmente se hace necesario avanzar en estos temas y tomar todas aquellas medidas preventivas que creamos convenientes a fin de  no llegar a estos destinos.

 		Porque no creemos en los iluminismos individualistas damos trascendencia a esta forma organizativa y participativa, donde se equilibre el conocimiento con la experiencia y vivencias cotidianas, el deber ser con los reclamos, deseos y necesidades de los vecinos.

Por Seguridad, etimológicamente, se entiende aquel estado que posibilita el buen funcionamiento de algo en relación a sus fines. Este concepto, en sentido global, admite la siguiente delimitación: acción destinada a proteger todo aquello que reviste valor para una persona o grupo humano. En este sentido, se expresa el objeto que entendemos debe seguir esta ley para garantizar el respeto de los intereses vitales de los ciudadanos, protegiendo y resguardando la vida, la libertad, la dignidad y el patrimonio de los habitantes, velando por la plena vigencia de sus derechos y garantías, y la defensa del sistema republicano y representativo que establece la Constitución de la Provincia,  propendiendo al logro del estado ideal de ausencia de riesgo. 

Es precisamente porque el bien resguardado es sustantivo, de lo que se trata es de perseguir el Bien Común, de allí que el concepto de seguridad que planteamos no puede limitarse a lo estrictamente represivo y criminológico, sino que se debe encarar la problemática atendiendo también a las perspectivas económicas, socio culturales y psicológicas. 

Es que si, como lo definiera la Comisión Especial sobre Seguridad Hemisférica de la OEA, la Seguridad se califica por el grado de vulnerabilidad de un Estado frente a las amenazas reales (efectivas o potenciales) a la capacidad ///

de gobernar, proteger y desarrollar a ese Estado y a su pueblo; es claro que se debe apuntar a un concepto comprensivo de la seguridad, que además de contemplar la protección a la libertad, a los bienes y a la integridad física de los habitantes, incorpore la Seguridad Social.

		La seguridad representa uno de los pilares básicos en la convivencia y, por tanto, su garantía constituye una actividad esencial a la existencia misma del Estado que, en tal condición, se ejerce en régimen de monopolio por el poder público. Y que ha de ser ofrecido con equidad a todos los habitantes, no admitiendo exclusión de ningún tipo. 

Por todo esto, entendemos que es fundamental asumir que el problema de la seguridad no constituye exclusivamente un tema policial; que la seguridad de los habitantes, en definitiva de la comunidad, es una cuestión que excede el marco de la prevención y represión del delito, constituyendo este último aspecto sólo un capítulo de la Seguridad Pública. En este contexto, es que debemos desmilitarizar la noción de seguridad, diseñando e implementando políticas que alcancen un elevado consenso y participación de la comunidad. 

La experiencia nacional sobre el tema y nuestra propia realidad y problemática, torna imperiosa la estructuración de una adecuada participación ciudadana. Pero justamente de lo que se trata es de canalizar la participación no de las multitudes, sino de los ciudadanos organizados por estamentos vecinales, profesionales y asociaciones, lo que sin duda aportará por la inmediatez de la problemática y su contraste con la experiencia de gestión de los sectores históricamente involucrados en el tema, una visión realista y distante de las imágenes que cotidianamente simplifican los hechos y las conductas debidas, constituyendo una mediación social y política insustituible ante la envergadura de la problemática a enfocar.

En épocas en que el pensamiento por imágenes sustituye a la idea, en los que la tradicional mediación política es sustituida por la mediática, la expresión y participación en conjunto de los distintos sectores de nuestra sociedad, incluidos los responsables políticos e institucionales deviene absolutamente trascendente. Por ello insistimos, es nuestra convicción más íntima generar un ámbito de participación y debate, donde se contraste la experiencia con los reclamos, se adecuen los instrumentos al deber ser y a las necesidades actuales.

	LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
	SANCIONA CON FUERZA DE LEY

ARTICULO 1º.- Crease el Consejo de Seguridad de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlántico Sur.

	ARTICULO 2º.- El Consejo de Seguridad y Prevención del Delito es un órgano honorario y consultivo del Poder Ejecutivo de la Provincia.

ARTICULO 3º.- El Consejo de Seguridad de la Provincia estará conformado por los siguientes representantes:  
   
	a.- El Ministro a cargo de las carteras de Justicia y Seguridad de la Provincia.
b.- Un Legislador de cada bloque político representado en la Legislatura de la
      Provincia.     
	c.- El Secretario de Seguridad de la Provincia.
	d.- El Presidente de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones.
	e.- Un representante del Concejo de la Magistratura.
	f.-  El Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.
	g.- Un representante de cada una de las distintas reparticiones de la Policía 
	     de la Provincia.
	h.- Un representante de los distintos Cuerpos de Bomberos de la Provincia.
	i.-  Un representante de O.N.Gs. debidamente reconocidas y de participación
	     activa en la Provincia.
	j.-  Los Presidentes de las distintas comisiones vecinales reglamentariamente 
	     constituidas.
k.-Un representante de los distintos consejos profesionales y de las cámaras 
    de comercio de la Provincia.

ARTICULO 4º.- El Consejo de Seguridad de la Provincia tendrá como funciones:
a.- Entender y participar en todas la cuestiones atinentes a la seguridad pública y vecinal.

b.- Formular diagnósticos y elaborar los lineamientos generales de seguridad y proponer estrategias y cursos de acción desde perspectivas multidisciplinarias para la prevención primaria y secundaria del delito y la violencia; responder a las consultas del Poder Ejecutivo sobre políticas de seguridad y preventivas.

c.- Evaluar el funcionamiento y las actividades de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia.

d.- Derivar inquietudes, sugerencias, demandas comunitarias y propuestas a las autoridades pertinentes.

e.- Invitar a su seno a las autoridades de los distintos Poderes Provinciales y Municipales para tratar cuestiones atinentes a la seguridad pública.

f.- Requerir información a todo organismo y ente dependiente de los distintos Poderes Provinciales y Municipales.

ARTICULO 5º.- El Consejo de Seguridad Provincial establecerá su organización, sus normas de funcionamiento y dictará su propio reglamento.

ARTICULO 6º.- El Consejo de Seguridad Provincial se reúne al menos, una vez cada mes en forma ordinaria y en forma extraordinaria cuando lo solicite la tercera parte de sus miembros, o lo convoque el Poder Ejecutivo. Para sesionar se requerirá el quórum de la mayoría absoluta de sus miembros. No habiéndose logrado el quórum requerido en dos convocatorias consecutivas, podrá sesionar en minoría.

ARTICULO 7º.- El Consejo de Seguridad de la Provincia es órgano de consulta del Poder Ejecutivo, quien debe efectuar la consulta, en forma escrita. El Consejo debe responder a la consulta dentro de un plazo máximo de 30 días a contar desde la recepción de la misma. Dicho plazo solo podrá ser modificado en forma fundada cuando la naturaleza o trascendencia de la materia consultada así lo exigiera. 

ARTICULO 8º.- Todos los organismos y entes de los distintos Poderes de la Provincia y de los Municipios, están obligados a facilitar al Consejo de Seguridad  los datos e información de que dispusieren, cuando éste se los requiera, o poner a su disposición las fuentes para que puedan ser recogidos, cuando no estuviesen disponibles.

ARTICULO 9º.- Facúltese al Poder Ejecutivo de la Provincia a dictar la reglamentación y establecer los procedimientos necesarios para la puesta en funcionamiento del Consejo de Seguridad Provincial.

ARTICULO 10º.- De forma.