F U N D A M E N T OS

Sr. Presidente:

		El presente proyecto tiene por finalidad poner de manifiesto nuestra voluntad frente a nuestros Diputados y Senadores Nacionales de apoyar la reglamentación del Instituto del Juicio por Jurado tanto en los procesos criminales como en aquellos donde se investigan delitos cometidos por funcionarios públicos y/o en perjuicio de la Administración Pública.

La Constitución Nacional tiene tres disposiciones relativas al juicio por jurados, estas disposiciones se encuentran en el;  Capítulo de “Declaraciones, Derechos y Garantías”, donde encontramos el artículo 24° que manda al Congreso promover la reforma de la legislación en todos sus ramos y el establecimiento del juicio por jurados; el Capítulo relativo a las "Atribuciones del Congreso", pues el  antiguo artículo 67°, actual 75° en su inciso 12 le encomienda dictar, entre las leyes generales para toda la Nación, las que requiera el establecimiento del juicio por jurados; y el Capítulo correspondiente a las “Atribuciones del Poder Judicial” de la Nación, en que el viejo artículo 102° ahora 118° acota ese mandato al proceso penal, prescribiendo: "Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de acusación concedido en la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego que se establezca en la república esta institución."

La doctrina está de acuerdo en que estas disposiciones Constitucionales, se tratan de normas programáticas; hubo debate entre los autores sobre la naturaleza imperativa o discrecional de estas disposiciones; incluso el debate se refirió a una eventual derogación por vía de una costumbre derogatoria a raíz de que el legislador había omitido cumplir esta disposición por más de un siglo y medio -es la posición asumida, entre otros, por Palacio y Sagüés-.

Este ultimo argumento ha sido rebatido por una pléyade de  prestigiosos juristas en base que esta posición no es convincente, pues si la inacción legislativa derogase la Norma Superior -inacción que bien puede calificarse como incumplimiento liso y llano del órgano destinatario del mandato constitucional- habría que admitir la legalidad de una reforma de la Constitución llevada indebidamente a cabo fuera del mecanismo que ella ha arbitrado para su enmienda, lo cual es inaceptable frente a una Constitución escrita y rígida,              -Ekmekdjian, Agustín de Vedia, Sebastián Soler, Clariá Olmedo, Bidart Campos-.

Mucho se ha escrito y discurrido sobre la supuesta morosidad del Congreso en cumplir este categórico mandato constitucional. Así, la vigente polémica entre los pro y contra de este Instituto ha girado en torno a tratar de establecer las diferencias que se podían advertir entre los jueces legos y los jueces técnicos en la tarea de administrar justicia; cómo se relacionan el juez de carrera y el juez lego con la realidad social; en torno al grado de instrucción e idoneidad que debiera tener la persona que integra el jurado; si los jueces legos pueden o no considerar cuestiones técnicas; la imparcialidad del juez y la independencia del jurado; en la evaluación de la prueba los principios de la libre convicción frente al sistema llamado de íntima convicción; la falta de motivación; la indivisibilidad del juicio y la distinción entre cuestiones y cuestiones de derecho, dado que el juzgamiento de los hechos necesariamente implica un juzgamiento del derecho.

Sin embargo, y más allá de todos estos temas el nudo central, medular e inocultable, ha sido un innegable trasfondo ideológico de incidencia aniquiladora que pulverizo todo intento de instaurar este sistema en nuestro país.

Basta observar que la Constitución Nacional prevé la existencia sincrónica de los jurados y de los jueces técnicos, por lo que la controversia que se desató entre juraditas y antijuradistas se emplaza en un ámbito ajeno al que alumbran sus disposiciones, y frente a estos tres artículos de la Constitución que ordenan al Congreso establecer el juicio por jurado, toda disputa sobre la conveniencia de cumplir esa directiva sólo responde a motivaciones ideológicas y no jurídicas. 

Ahora bien, la función judicial del jurado, en materia criminal, clásicamente se ciñe al juicio sobre la causa de la pretensión o sea el supuesto fáctico, los hechos, y se expresa bajo la alternativa fórmula de la culpabilidad o inocencia del acusado. Importa entonces para el jurado decidir sobre la realidad o no de un hecho calificado como delito; por tanto comprende también las circunstancias subjetivas y objetivas en orden a la tipicidad de ese hecho, su agravación o atenuación. La cuestión implica además el grado de intervención del acusado y su culpabilidad, entendida ésta en sentido amplio, de modo que atiende a las reglas sobre inculpabilidad, justificación e impunidad. Al efecto se atribuyen al jurado dos potestades específicas del órgano jurisdiccional, las facultades de conocer y juzgar. 

Para el órgano judicial técnico se mantienen las mismas facultades de conocimiento y jurisdicción, mas sólo con relación a la determinación de la pena, medidas de seguridad, etc., sin perjuicio de las facultades de convocar a las partes, ejercer la coerción y ejecutar forzadamente sus decisiones.

En su concepción tradicional y conforme el plexo constitucional, la competencia material del jurado se extiende a todo los juicios criminales ordinarios, y creemos que este sistema sería de gran e invalorable provecho en la actualidad en su aplicación a los juicios por delitos cometidos por funcionarios públicos y/o en perjuicio de la administración pública.

Sabemos que nuestro sistema judicial no alcanza a combatir la corrupción, ya que de lo contrario, el país no sería uno de los más corruptos del mundo, -según la última encuesta de Transparencia Internacional, nos reconoce como uno de los países más corruptos-. Aunque es injusto generalizar, la sociedad desconfía de la relación entre la justicia y el poder político. Y sabemos también que hay que mejorar o cambiar todo lo que no funciona o lo haga generando sospechas.

Si es la gente quien decide la inocencia o culpabilidad de sus funcionarios, inútil será al poder político intentar dominar o influir sobre el poder judicial. Mejorará así la calidad de la justicia generando una verdadera y bien entendida seguridad jurídica. Las decisiones no podrán ser sospechadas de “políticas”. No hay dudas que el juicio por jurado es la brisa reconfortante que hoy demanda la sociedad Argentina frente a una justicia que no satisface sus expectativas.

Mooney destacó en la década pasada la importancia que reviste desde el punto de vista del sistema político global, la implementación del juicio por jurado, no sólo por su naturaleza participativa, sino porque constituye una válvula de escape para las tensiones sociales: "Una vía de sublimación de las tensiones del cuerpo social. Una expresión orgánica para que el mal humor de los habitantes encuentre que el pueblo no es un convidado de piedra al banquete del poder estatal, que sólo vota de vez en cuando, sino también ejerce un cierto control sobre los restantes poderes."
Por último, creemos oportuno transcribir algunos párrafos del Dr. Luis René Herrero, de su publicación “JUICIO POR JURADO (una decisión política impostergable)” en la cual expresa entre otras cosas:
“Sin duda la falta de decisión política para otorgarle vigencia sociológica a tres normas de la Constitución que hasta la fecha sólo exhiben vigencia normológica constituye el factor decisivo para impedir que se cumpla la voluntad del constituyente.

Es tiempo de plasmar en una ley el clamor colectivo hacia una justicia independiente y creíble. El bajo consenso que hoy tiene en la población el actual sistema penal exige tomar decisiones impostergables tendientes a recrear la confianza perdida. Resonantes escándalos protagonizados por conocidos jueces no hacen más que profundizar el creciente deterioro. 
La justicia de carrera halla en el juicio por jurado un complemento ideal para restablecer el crédito extraviado. De nuevo el aporte privado concurre en sufragio del Estado inoperante; pero esta vez para potenciar un hábito adormilado, aquel según el cual el hombre "movido por una voluntad constante e inalterable, da a cada uno su derecho." 
Vivimos tiempos de cambios profundos. Muchas de las transformaciones que se han producido en nuestro país surgieron de difíciles decisiones políticas -cuya eficacia la historia se encargará de aquilatar- que la prudencia del gobernante las estimó ineludibles. Es hora de convertir en ley el clamor del constituyente que por más de una centuria continúa inaudible. 
Ha llegado la hora, pues, como bien señala Juan Bautista Alberdi: "Hay siempre una hora dada en que la palabra humana se hace carne. Cuando ha sonado esa hora, el que pronuncie la palabra, orador o escritor, hace la ley. La ley no es suya en este caso, es obra de las cosas. Por eso la ley es durable, porque es la verdadera ley."
Ninguna sociedad puede iniciar su despegue económico si antes no sutura las "venas abiertas" por donde se desangra, porque de nada sirve generar riqueza si la corrupción deglute vorazmente todo vestigio de ella que encuentra a su paso. Si el remedio es la justicia y el virus la impunidad, la opción es clara y no admite más dilaciones.
Es hora, pues, de fortalecer a la Justicia; dotarla de los medios que necesita para que nunca más sea la tabla de salvación del delincuente y sí su correctivo. Para que la cínica frase: "todo está en manos de la justicia" ceda paso a un sincero sentimiento de respeto y sano temor al peso moral y jurídico de la decisión del juez."
"Sólo el pueblo salvará al pueblo."
		Por todo lo expuesto se acompaña el presente proyecto, descontando la adhesión al mismo de mis pares.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

	DECLARA:

ARTÍCULO 1º.- Manifestar a los señores Diputados y Senadores Nacionales por la Provincias de Tierra del Fuego, que esta Legislatura  les solicita tengan a bien prestar su apoyo y acompañamiento a la reglamentación del Instituto de “Juicio por Jurado”.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese con copia de sus fundamentos a ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación, a los Presidentes de todos los bloques políticos y a todos los Senadores y Diputados que representen a nuestra provincia.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a todas las Honorables Legislaturas provinciales de nuestro país.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, archívese.