FUNDAMENTOS

Sr. Presidente: 

	Que, desde un tiempo a esta parte hemos escuchado a las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia respecto de la necesidad de convocar a la comunidad educativa a los efectos de evaluar la política educativa.

	Sin embargo, a esta necesidad imperiosa de convocar a la comunidad educativa, que reconoce en nuestra Provincia raíz constitucional, no le ha seguido una conducta coherente.

	La comunidad educativa ya se encuentra convocada por la ley provincial 159; no obstante lo cual, los sucesivos gobiernos se han empeñado en obviar su puesta en marcha. Es decir, públicamente se dice convocarlos, pero institucionalmente se niegan los canales institucionales para hacer efectiva la participación de la comunidad educativa.

	Esto tiene, además de un condimento político innegable, también un costado jurídico no menor. A la abierta contradicción política le sigue una práctica casi cultural de nuestra dirigencia: el empeño sistemático en incumplir las normas.

	Que, en nuestra Provincia, la comunidad educativa tiene un rol institucional relevante, el que se encuentra diseñado por la ley provincial 159, a través del Consejo Provincial de Educación, por medio del cual se consagra el derecho a participar en la elaboración y ejecución de políticas educativas (art. 59 C.P., 1, 2, 3, 7, 56, 57, 58, ley 159)

	La negación del derecho a participación de la comunidad educativa afecta el derecho a la educación, pues tanto el derecho a la educación, por su incidencia comunitaria y social por excelencia, como la democratización y participación social, resultan claros derechos colectivos, sin perjuicio de que, además personalmente los integrantes de la comunidad educativa en particular se encuentran afectados tanto en su restricción individual a participar en los términos y con los alcances previstos por las normas constitucionales y legales detalladas en la presente.

	La falta de conformación del Consejo Provincial de Educación previsto en el art. 56 ss. y cc. de la ley provincial 159 se traduce, en la práctica, en una omisión arbitraria lesiva de derechos constitucionales		
				
	Esta pasividad del Estado en el cumplimiento de una obligación legal, trasunta la idea de que el cumplimiento de las leyes se asemejaría a concesiones generosas y graciables, emitidas por puro espíritu de filantropía y beneficiencia.

	Nada más alejado. El cumplimiento de las leyes, no constituye un derecho o facultad discrecional de los funcionarios de turno, sino un deber. Y, por ello, ante su omisión, es deber de esta Legislatura encauzar al Poder Ejecutivo en el marco de la legalidad.		
	
	La omisión del Estado de convocar a elecciones para integrar el Consejo Provincial de Educación previsto en la ley provincial 159, resulta manifiestamente irrazonable, y es que es claramente contrario a las leyes.
	
	En el incumplimiento de esta obligación de hacer (convocar a elecciones), el Estado Provincial ha incurrido en una omisión marcadamente arbitraria, que en los términos del S.T.J., es dable calificarla como un deslizamiento hacia el campo del autoritarismo (véase sentencia S.T.J. in re “Cooperativa de Provisión para Transportistas Ushuaia c/ Municipio de la ciudad de Ushuaia s/ acción de Amparo”, Acuerdo, 13-03-97).

	Y en el ese marco de ilegalidad y arbitrariedad, se conculcan derechos constitucionales y legales elementales, a saber:
	
	En primer lugar se violenta a la comunidad educativa del derecho a participar en el gobierno de la educación y en la elaboración y ejecución de políticas del sector.	
	
	Que, tal como se sabe, a partir de la reforma constitucional de 1994, se incorporan nuevos derechos y garantías (cfme. art. 36 a 43) y, además, a través de los Pactos Internacionales que la integran, se amplia el derecho de la ciudadanía, al no solamente limitarlo al electoral, sino también a la participación directa e indirecta de los asuntos públicos.
	
	En este sentido, el art. 23.1 del Pacto de San José de Costa Rica establece dentro de los derechos políticos de todos los ciudadanos, el “De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”, distinguiendo claramente esto de la participación “en elecciones periódicas”, en el marco de una contienda estrictamente electoral, en el más estricto sentido del término.

	En idéntico sentido este derecho es consagrado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 21.1; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 25; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. XX (Para un mejor desarrollo del tema, que genera más temores que serias dificultades, ver Gordillo, “Cauces de participación ciudadana”, en Crónica del V Congreso Hispano Luso Americano Filipino de Municipios, Instituto de Estudios de Administración Local, Tº I, pg. 1057/1085; “La participación de los particulares en la formación del acto administrativo”, en el libro del Instituto Internacional de Derecho Administrativo Latino, “El derecho administrativo en Latinoamerica”, pg. 57 y ss.; “Viejas y nuevas ideas sobre participación en America Latina”, en “Revista Internacional de Ciencias Administrativas”, volumen XLVII-1981, número 2, pg. 126-132; entre otros).

	Valga remarcar que la Corte Suprema de la Nación valoró favorablemente “el perfeccionamiento de la democracia representativa, mediante la creación de instituciones que se adecuan a la creciente complejidad de la estructura social” (caso “Ferrari, Alejandro”; LL 1986-D-308).

	Y en ello subyace la idea de que la participación social se presenta como un principio democrático fundamental (cfme., Gordillo, Agustín en “Después de la Reforma del Estado”, XI-13; Cincunegui, Juan Bautista y Cincunegui, Juan de Dios, en “La corrupción y los factores de poder”, pg. 19; entre muchos otros).

	Por cierto esto no ha pasado ausente en nuestra Constitución Local. Es más, de su texto surge en algunos casos precursora de las ideas que luego se cristalizarían normativamente en la Constitución Nacional al otorgar jerarquía constitucional a los diversos Tratados Internacionales que la integran (cfme. art. 75 inc. 22 C.N.).

	Y específicamente, en materia de educación y cultura, así como en políticas educativas, marca un sesgo claro de la necesidad de la participación social en estos temas. Y parece lógico que sea así, ya que  establece como “finalidad” de la educación “la formación integral, armoniosa y permanente de la persona, con la participación reflexiva y crítica del educando, que le permita elaborar su escala de valores, tendiente a cumplir con su realización personal, su destino trascendente, su inserción en la vida socio cultural y en el mundo laboral, para la conformación de una sociedad democrática, justa y solidaria” (art. 57C.P.), al mismo tiempo que establece como derechos sociales de la juventud el “... derecho a que el Estado Provincial promueva su desarrollo integral, posibilite su perfeccionamiento y aporte creativo, y propenda a lograr una plena formación democrática, cultural y laboral, que desarrolle la conciencia nacional para la construcción de una sociedad más justa, solidaria y moderna, que lo arraigue en su medio y asegure su participación efectiva en las actividades comunitarias y políticas” (art. 19 C.P.).

	Por ello es entonces congruente con dichos principios que, en lo que se refiere al Gobierno de la Educación, la Constitución establezca que “El Estado Provincial organiza y fiscaliza el sistema educativo en todos los niveles, con centralización política y normativa y descentralización operativa, de acuerdo con los principios democráticos de participación” (art. 59, primera parte, C.P.).

	Y estos “principios democráticos de participación”, en lo que al Gobierno de la Educación se refiere, la Constitución los representa en, por lo menos, la integración “... en cuerpos colegiados a representantes del gobierno, de los docentes y de otros agentes institucionales y sociales, en los niveles de elaboración y ejecución de políticas, en forma y con las atribuciones que fije la ley” (art, 59, segunda parte, C.P.).

	Del Diario de Sesiones de la Constituyente Provincial (en especial, de pág. 473 a 519), surge claramente la importancia de la educación como bien social, de la trascendencia que se le asignó a la participación de la comunidad educativa en la elaboración y ejecución de políticas educativas. Y en lo que a esto última respecta, si bien existieron diferencias entre los constituyentes en orden a la integración y alcances de la participación, fue unánime la decisión de que la comunidad participe en este tipo de cuestiones.

	Ahora bien, la forma y las atribuciones a las que se refiere el art. 59, segunda parte, de la C.P., han sido finalmente reglamentadas por la ley provincial 159, denominada “Ley de Educación”.

	Dicha ley  “establece la normativa a la que deberá ajustarse el sistema educativo” (art. 1º), al mismo tiempo que “formula los objetivos de la educación” (art. 2º) en sentido coincidente con el texto del art. 57 de la Constitución Provincial y establece la garantía por parte del Estado Provincial del “acceso a la educación ... mediante la creación, sostenimiento, autorización y supervisión de los servicios necesarios con la participación de la familia, la comunidad, sus organizaciones y la iniciativa privada” (art. 3º).

	Asimismo, en congruencia con los textos constitucionales, dentro del Capítulo II de la ley 159, denominado “Del sistema educativo provincial”, se establece que “El sistema educativo se organizará conforme a los principios de democratización, centralización política y normativa, regionalización, descentralización operativa y administrativa y participación social” (art. 7º).

	En lo que se refiere al “Gobierno y Administración” del sistema educativo, el Capítulo I de la ley 159 establece que “El Ministerio de Educación y Cultura será el órgano del Poder Ejecutivo Provincial responsable de diseñar la política educativa de la Provincia y actuar en todo lo inherente al contenido, gobierno, administración y fiscalización en sus diferentes niveles, regímenes y modalidades” (art. 54). Más, en este marco, la responsabilidad en el diseño de las políticas educativas, de conformidad con los derechos, obligaciones, garantías y organización del sistema educativo provincial (arts.1, 2, 3, 7 y cc., ley 159), esto es, en el marco de los principios de participación social y democratización del sistema educativo, deben ser ampliados a la comunidad educativa en su conjunto.

	Por ello es que, si bien la ley 159 pone en cabeza del Ministerio de Educación y Cultura –como “órgano del Poder Ejecutivo Provincial” (art. 54)-, la responsabilidad de diseñar la política educativa y actuar en todo lo inherente al contenido, gobierno, administración y fiscalización del sistema, también la ley 159 establece que, en el marco del “Gobierno y Administración” del sistema educativo (Titulo XII de la ley provincial de educación), “el Consejo Provincial de Educación” actuará “como organismo asesor, el que asistirá a la autoridad educativa en todo lo referido al funcionamiento del sistema educativo de la Provincia” (art. 56).

	El sistema es perfectamente coherente. En razón de que “La educación es un cometido esencial, prioritario e indeclinable del Estado” (cfme. art. 57 C.P.), la responsabilidad del sistema no puede sino ser atribuida al Estado, a través del órgano específico, esto es, el Ministerio de Educación y Cultura. Pero, como también la educación es “concebida como instrumento de crecimiento personal y social” (Constituyente Rabassa, D.S. pg. 475), las políticas educativas deben ser permanente consensuadas con la comunidad educativa “de acuerdo con los principios democráticos de participación” (art. 59 C.P.).

	Y en este diseño, el Consejo Provincial de Educación, en su rol de organismo asesor de la autoridad educativa, tiene la obligación de PARTICIPAR, entre otras cuestiones trascendentes, en “la formulación de los diseños curriculares” (art. 57 inc. c), ley 159).
	
	El Consejo Provincial de Educación, justamente por su rol dentro del sistema, se encuentra integrado por la comunidad educativa. Así, de acuerdo a lo establecido por el art. 58, lo integran dos representantes del Poder Ejecutivo Provincial, un vocal por cada nivel de los docentes en actividad, un vocal en representación de los padres de alumnos menores de 16 años de cada ciudad de la Provincia, un vocal en representación de los padres de las Asociaciones Cooperadoras y un vocal en representación de los alumnos mayores de 16 años por cada ciudad de la Provincia (art. 58, ley 159).

	Es decir, el Consejo Provincial de Educación se encuentra integrado, en definitiva, por el Gobierno, por los docentes, por los padres y por los alumnos. En otras palabras, por la comunidad educativa.

	Por ello es que la ley provincial de educación, al establecer los “derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa” (Título X), establece como derechos de los educandos “participar de las actividades de las unidades educativas a través de los cuerpos colegiados previstos en la presente” (art. 47 inciso e), ley 159); asimismo se establece como derechos de los padres y tutores el de “participar en las actividades de los establecimientos educativos individualmente o a través de los cuerpos colegiados o asociaciones correspondientes” (art. 49, inc. d), ley 159), al mismo tiempo que tienen, como contrapartida, la obligación de “responsabilizarse de su rol como integrantes de la comunidad educativa” (art. 50 inc. c), ley 159). Por su parte, los docentes, como parte integrante de la comunidad educativa, tienen como derecho “a la integración de cuerpos colegiados de gobierno del sistema educativo, en corresponsabilidad con los demás integrantes de la comunidad educativa” (art. 51, inc. k), ley 159), así como el deber correlativo de “colaborar solidariamente en las actividades de la comunidad educativa” (art. 52, inc. d), ley 159).

	Obviamente, para cristalizar estos derechos y hacer efectiva la participación en la elaboración y ejecución de políticas educativas de la comunidad educativa, que se integra en el Consejo Provincial de Educación, la ley IMPONE COMO DEBER al Ministerio de Educación “convocar a elecciones para cubrir los cargos de los representantes de la comunidad educativa en el Consejo Provincial de Educación” (art. 55, inc. ll), ley 159).

	Es esta arbitraria omisión, que se desliza hacia el campo del autoritarismo, la que en definitiva hace trizas el concepto de los principios democráticos de participación con que deben llevarse a cabo la elaboración y ejecución de políticas educativas (cfme. art. 59 C.P., arts. 1, 2, 3, 7, 56, 57, 58 y cc. de la ley 159), y que por medio de la presente se intenta revertir.

	Por las razones señaladas, y las que se ampliarán oportunamente, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de resolución.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, 
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
RESUELVE:

ARTICULO 1º: Instruir al Poder Ejecutivo de la Provincia de Tierra del Fuego a que, por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia,  convoque a elecciones para cubrir los cargos de los representantes de la comunidad educativa en el Consejo Provincial de Educación (cfme. art. 55, inc. ll), ley 159) e integre, en un plazo no mayor de un mes de celebradas las elecciones, el Consejo Provincial de Educación establecido por la Ley Provincial 159.

ARTICULO 2º: Regístrese, comuníquese y archívese.