FUNDAMENTOS

Decía Josef Pulitzer, “solo existe un medio para poner en pie la democracia en cuanto a su conducta individual, social, municipal, estatal o nacional, y  ese medio es mantener al público informado debidamente de lo que sucede. No hay delito, no hay negocio, no hay ardid, no hay estafa, y no hay corrupción que perdure en el secreto”

Hay una estrecha  relación entre la información libre y la democracia, de tal modo que no puede hablarse de sociedad democrática sin libertad de información. De manera que el libre acceso a la información se ha convertido en una autentica manifestación natural del ser social del hombre. 

Solo a través de una libre y adecuada información, surgirá la opinión pública. Y este proceso de la opinión, presupone siempre una doble libertad: la libertad de los promotores de la opinión, y la libertad de los que deben ser informados.

Y es el Estado democrático el primer obligado a respetar y a promover ese acceso. Pero seria ingenuo desconocer que muchas formas y actitudes antidemocráticas se ponen hoy de manifiesto, aunque de modo muy sutil, en los medios masivos de información;  y en el uso y el manipuleo de determinadas técnicas informativas, las mentalidades antidemocráticas se esconden casi siempre en anonimato de la empresa, o en la responsabilidad colectiva de alguna institución, bajo cuyo amparo y prestigio se pueden imponer puntos de vistas partidistas; o proclamarse actitudes críticas indiscriminadas; o aun,  pedirse cuentas a instituciones y personas con evidente fin de lesionar libertades ajenas, al querer hacer pasar a los demás, por el tribunal de las propias ideas a las que nadie ha otorgado ninguna representación para tal fin.

En ese marco, el presente proyecto atiende a la obligación del Estado democrático de brindar toda la información que posee. Se pretende contribuir así, a crear en cada ciudadano la convicción de que la formación de la opinión pública, también le compete a cada uno, por una razón  bien sencilla; el ciudadano es miembro de una comunidad, y esa característica le resulta irrenunciable. Y por ello , tiene la obligación  de estar bien informado, y recurrir a las fuentes públicas para no dejarse encausar muchas veces por la deformación  producida por  medios masivos tendenciosos.

Uno de los derechos particulares de la persona es el de informase libremente mediante el acceso franco y sin obstáculos a las fuentes que producen la información. Este derecho a la información es la contra cara de la libertad de expresión, ya que sin aquel, este se resiente de tal manera que la libertad de expresión se convierte en algo ilusorio.

Pero recién en las ultimas décadas se ha conformado con nitidez este derecho, ingresando expresamente en los textos constitucionales. Así, el articulo 11º de la Constitución de Santa Cruz dice que la “ libertad de prensa comprenderá la de buscar, recibir... ideas e informes”; el articulo 15º de la del Chaco: “ es igualmente libre la investigación científica y el acceso a las fuentes de información”; Neuquen en su articulo 20º “no será trabado el libre acceso a las fuentes de información”. La de la provincia de Formosa en su articulo 7º “todos los habitantes de la provincia gozan del derecho al libre acceso a las fuentes de información” y la de Río Negro “ Todos los habitantes de la provincia gozan del derecho del libre acceso a las fuentes públicas de información”

Nuestra Constitución en su articulo 8º expresa: “Todos los actos de Gobierno deben ser publicados en forma en que la ley determine, garantizando su plena difusión...”. Y en su artículo 46º, último párrafo, “La ley garantiza el libre acceso a las fuentes públicas de información...”

Comparando los textos constitucionales surgen algunas conclusiones de interés a los fines del proyecto de ley. Es, pues, el derecho constitucional provincial, el que recoge las concepciones mas avanzadas, o que detalla derecho, garantías y declaraciones que hasta entonces se consideraban implícitos, en este rico campo de las libertades.

La disposición constitucional del Chaco establece una relación entre la libre investigación científica y el derecho que nos ocupa, ampliando el panorama de este último, que generalmente se lo reduce a los limites del derecho de prensa.

Por ultimo, los únicos textos que precisan a que fuente se refiere, son los de la provincia de Rió Negro y la nuestra “...fuentes públicas de infamación” vale decir, estamos frente a un derecho  que origina una pretensión que solo puede dirigirse al poder publico.

El principio republicano de la publicidad de los actos de gobierno no se agota en la información que él mismo suministra por propia iniciativa o a requerimiento del Poder Legislativo. Para  que éste principio republicano se cumpla integralmente, necesita que los medios de comunicación social ejerciten la critica contando para ello con la garantía constitucional de acceder por si mismos a las fuentes de información del Estado; que los partidos políticos que representan importantes sectores de la opinión publica, debidamente informados de la problemática Provincial, ejerzan la critica y efectúen sus propuestas; y que las entidades intermedias asuman este derecho en términos similares.

En suma todo habitante de la Provincia, tal cual lo expresa la Constitución puede hacer uso de este derecho.

De conformidad al articulo 1º del proyecto, todos los poderes del Estado Provincial quedan comprendidos en las obligaciones determinadas por lo mismo. La reglamentación que cada poder apruebe, indicará las autoridades de aplicación de la ley, cuyas responsabilidades y sanciones por incumplimiento se encuentran expresamente prescriptas en los artículos  3º, 5º, y 6º del proyecto.

Cabe destacar, cual surge del articulo 8º, que las Municipalidades también se encuentran comprendidas en la ley.

En articulo 4º contempla los casos de información y/o fuentes declaradas expresamente secretas o reservadas por las leyes, las cuales quedan exceptuadas de las disposiciones de la ley. Para un mejor conocimiento de las excepciones, las mismas deberán enumerarse en los reglamentos que se dicten en cada jurisdicción.

El articulo 7º contempla las situaciones en que la autoridad responsable niega la información o el acceso a las fuentes de la misma. La solución que se preceptúa es la del instituto de “mandamus”, prevista por el articulo 48º de la Constitución de la Provincia.

El “mandamus” es la  “orden judicial tendiente al cumplimento de un deber por parte del poder administrador que surge de un derecho afectado”.

La claridad del referido articulo 48º nos exime de mayores comentarios.

Consideramos que el proyecto de ley de marras, que recae sobre el poder administrador, requerirá una tarea inmediata de concientización de funcionarios y agentes sobre la responsabilidad que deben asumir frente al pueblo. Asimismo requerirá mayor eficiencia organizativa por lo que se establece un tiempo suficiente para la reglamentación, es decir para la puesta en vigencia de la norma.

Creemos que con la sanción de este proyecto de ley, la organización  democrática de la información será menos un poder, para convertirse en un servicio, y dejara de ser una mercancía para ser una comunicación solidaria.

Por ello;

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA  TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Artículo 1º: Los poderes del Estado, sin perjuicio de la información pública que producen por propia iniciativa, brindarán toda aquella que se le requiera, de conformidad con los artículos 8º y 46º de la Constitución Provincial y la presente Ley.

Artículo 2º: El derecho de libre acceso a las fuentes de información pública puede ejercerlo toda persona física o jurídica, sin distinción de nacionalidad, radicada en la provincia, no siendo necesario indicar las razones que lo motivan.

Artículo 3º: Salvo las excepciones de la reglamentación, las autoridades de aplicación de la Ley contestarán por escrito la información solicitada, agregando copia de la correspondiente documentación. Cuando el grado de complejidad de la fuente o la información requerida lo aconseje, o el interesado expresamente así lo solicite, se facilitará el acceso personal y directo a la documentación y funcionarios pertinentes. En todos los casos, el solicitante y la autoridad administrativa, deberán evitar, la perturbación o entorpecimiento del normal funcionamiento y/o atención de los servicios de la Administración Pública.

Artículo 4º: Queda exceptuado de las disposiciones de esta Ley el suministro de información y/o acceso a fuentes legalmente declaradas secretas o reservadas. La reglamentación enumerará dichas excepciones.

Artículo 5º: Los funcionarios responsables que arbitrariamente y sin razón que lo justifique no hicieren entrega de la información solicitada o negaren el acceso a sus fuentes, la suministraren incompleta, u obstaculizaren en alguna forma el cumplimiento de los objetivos de esta Ley serán pasibles de las sanciones de apercibimiento, suspensión, multa que no supere la asignación de un mes de sueldo, o cesantía.

Artículo 6º: El sumario correspondiente, con las debidas garantías de defensa al imputado, estará a cargo de Fiscalía de Estado ante denuncia documentada por parte del afectado en el ejercicio de su derecho. La resolución de la causa administrativa, y si correspondiere, la aplicación de alguna de las sanciones previstas en el Artículo anterior, será tomada en cada jurisdicción por su máxima autoridad, siendo recurrible ante la justicia.

Artículo 7º: Al solo fin de satisfacer su necesidad informativa denegada por autoridad competente, el afectado podrá hacer uso del recurso establecido por el Artículo 48º de la Constitución Provincial.

Artículo 8º: La presente Ley entrará en vigencia dentro de los ciento ochenta días de su promulgación en cuyo lapso será reglamentada por cada poder del Estado y las Municipalidades.

Artículo 9º: De forma.