FUNDAMENTOS

I.- INTRODUCCION:

	Teniendo como punto de referencia la experiencia recogida en estos años de funcionamiento del Consejo de la Magistratura, nos permitimos proponer modificaciones en la legislación vigente, que impliquen una síntesis superadora, que no desecha lo hasta ahora realizado, pero tampoco las críticas honestas que se le plantearon desde distintos ámbitos, algunas –incluso- con repercusión jurisdiccional. Con ese ánimo, tampoco ignoramos la experiencia acumulada en otros ámbitos provinciales, e incluso, a nivel nacional.

	Así propiciamos la sanción de dos leyes, una, dirigida a modificar el texto constitucional, la otra, la vigente Ley Provincial nº 8. Trataremos en capítulos separados ambas iniciativas, sin dejar de resaltar que constituyen una propuesta única con dos vertientes, que se complementan y se potencian, dirigidas hacia el fin último que es la obtención de sanas instituciones republicanas, extremo indispensable para lograr la armonía social necesaria para el logro del bien común.

II.- LA REFORMA CONSTITUCIONAL:

	Pocas normas de nuestra novel constitución han merecido tanta objeción como el artículo 160, que dispone la forma en que se integra el Consejo de la Magistratura.

Por un lado se ha cuestionado la existencia de un miembro permanente, esto es el Fiscal de Estado de la Provincia, función que recae en un organismo unipersonal cuyo titular goza de inamovilidad. De esta forma, se convierte en el único consejero que perdura indefinidamente en el cargo, lo que –obviamente- le da una cierta preeminencia sobre los restantes integrantes del cuerpo que periódicamente son renovados, y desconocen el manejo del consejo, por lo menos al comienzo de sus mandatos. Si a esto se le suma, que se trata de quien –por imperio constitucional- es parte en todos los juicios que afectan intereses de la provincia y tiene a su cargo el asesoramiento y control de la legalidad de los actos de la administración pública provincial, nos da como resultado que quien es casi con seguridad el principal litigante en nuestros tribunales, sea quien interviene en todas las designaciones de jueces y funcionarios, y los respectivos procesos de remoción, y esto en forma continua y permanente. Es lógico suponer que este funcionario pueda influenciar positivamente en la designación de jueces y funcionarios que defiendan criterios fiscalistas, en perjuicio de la individualidad ciudadana, cuyo último resguardo son los jueces.

Nótese que la Ley del Consejo de la Magistratura Nacional, nº 24.937, no cae en este error, y que incluso no hay dentro de sus integrantes nadie que revista carácter permanente, variando periódicamente su composición.

En su lugar, se propicia la incorporación de un representante de los abogados con desempeño dentro del Poder Judicial de la Provincia, ya sean jueces, funcionarios o empleados de diverso rango. Se entiende conveniente que quien resulte así electo, tenga la jerarquía de juez, de tal forma de mantener un cierto perfil técnico. De esta forma, se sortean las dificultades y actuaciones judiciales que tuvieron origen en la elección del miembro abogado, ya que este era elegido también por los integrantes del Poder Judicial (lo que mereció muchas críticas), que ahora tendrían el suyo propio.

El resultado sería que los abogados de la matrícula representaría mas cabalmente a los profesionales independientes, en tanto que los abogados integrantes del poder judicial, se sentirían realmente representados.
	
	También advertimos como necesario extender el mandato de quienes resultan elegidos por el voto directo, esto es, los representantes de los abogados de la matrícula y el de los abogados del Poder Judicial Provincial, al término de 2 años. El término actual de un año resulta muy breve, e impide que los representantes puedan interiorizarse suficientemente del funcionamiento del Consejo, y de las cuestiones que en él tramitan.

	Por último se entiende necesario contemplar la subsanación de cualquier acefalía que ocasionalmente se pueda presentar, de tal forma que cuando por alguna circunstancia imprevista no se pueda elegir rápidamente a su reemplazante por parte del estamento u organismo al que represente, exista alguna manera de solucionar el inconveniente, sin pérdida del número de consejeros, por lo menos en forma provisoria. Y el remedio que se propone es el pensado por los propios constituyentes para el primer consejo de la magistratura, esto es un tercer legislador de distinta extracción política de los que ya lo integran (cláusula transitoria SEXTA, cuarto párrafo). De esta forma se elimina la posibilidad de que el cuerpo quede integrado por menor cantidad de miembros, que el número impar originariamente previsto, cosa que ya sucedió en nuestra historia provincial. Esta previsión solo podría hacerse vía modificación de la constitución, ya que claramente importa una alteración –aunque sea provisoria- en la composición que la carta magna contempla.

	Para lograr el fin propuesto, entendemos conveniente echar mano al mecanismo previsto en el art. 191 de la Constitución Provincial, proponiéndose entonces la reforma de ese solo artículo con el texto que se consignará, dentro del proyecto tildado como I.

III.- LA REFORMA DE LA LEY PROVINCIAL Nº 8:

	Se impone también, una adecuación de esta norma, en los siguientes artículos:

	1) El artículo 2 deberá adecuarse al nuevo texto constitucional que se propone, es decir, excluir al Fiscal de Estado, e incluir al representante de los abogados con desempeño en el Poder Judicial Provincial, ampliándose –a su vez- el término de los mandatos.

	2) Con el mismo fin deberán reformarse el artículo 3, 6 y 12.

	3) También deberá adecuarse el artículo 7 al nuevo término del mandato sugerido.

	4) En concordancia con la generalidad de los distintos Consejos de la Magistratura que funcionan en nuestro país, y como derivación del principio republicano de gobierno, que exige la plena publicidad de los actos de los distintos órganos de gobierno, se establece la publicidad de las sesiones, reservándose a los Consejeros la posibilidad de declararlas reservadas, cuando razones fundadas así lo aconsejen. A tal fin, se modifica el artículo 20.

	5) Haciéndose eco de los reclamos de la sociedad, y siguiendo los lineamientos que se aplican a nivel nacional, se recepta la realización de concursos de antecedentes y oposición para postularse a los cargos vacantes. A tal fin se crea la figura del “jurado”, conformado con especialistas en la materia directamente vinculada a la función que se pretende cubrir. De esta forma, se deberá acreditar una competencia técnica mínima necesaria para ser postulado, y se otorgará un puntaje, que a los Consejeros les servirá como elemento fundamental para tomar su decisión definitiva. Se prevé también que quienes pasen a la siguiente etapa, deban someterse a un examen psicológico y psicotécnico, conforme la última tendencia incorporada a nivel nacional mediante la Resolución 52/2004 del Consejo de la Magistratura (art. 24).

	Finalmente en el art. 25 se plasman los parámetros que deberán considerar los Consejeros al momento de tomar su decisión, destacándose fundamentalmente su compromiso y conocimiento de la sociedad fueguina, así como el puntaje obtenido en el examen, entre otros ítems.- 

Por ello,

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA  TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

ARTICULO 1º: Modifícase el texto del artículo 2 de la Ley Provincial nº 8, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“El consejo de la Magistratura estará integrado por:
1 – Un miembro del Superior Tribunal de Justicia, designado por ése Tribunal.
2 – Un ministro del Poder Ejecutivo que será designado por el Gobernador de la Provincia.
3 - Dos legisladores designados por la Legislatura por mayoría absoluta de los miembros totales del Cuerpo, pertenecientes a distinta extracción política.
4 – Un Juez del Poder Judicial de la Provincia, elegido conforme las prescripciones del artículo 7 de la presente ley.
5 – Dos abogados de la matrícula residentes en la Provincia, que reúnan las condiciones para ser miembros del Superior Tribunal de Justicia, elegidos conforme las prescripciones del artículo 7 de la presente ley.

Los consejeros durarán dos (2) años en sus funciones y podrán ser reelectos. Los mandatos son improrrogables”.

ARTICULO 2º: Modifícase el texto del artículo 3 de la Ley Provincial nº 8, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Conjuntamente con los Consejeros titulares, deberán designarse los suplentes por idéntico procedimiento y plazo, debiendo reunir además las mismas condiciones exigidas para aquellos.
Los consejeros suplentes reemplazarán a los titulares solo en caso de vacancia y para completar el período faltante del mandato del reemplazado.
En caso de no poder subsanarse la vacancia por este medio, en forma provisoria la Legislatura designará, además de los dos legisladores previstos en el inciso 3 de este artículo, un tercero de diferente extracción política que los anteriores si fuera posible, hasta tanto se incorpore el miembro faltante”.

ARTICULO 3º: Modifícase el texto del artículo 6 de la Ley Provincial nº 8, el que quedará redactado de la siguiente forma:

	“Los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura serán designados con una antelación no inferior a los veinte (20) días corridos a la cesación del mandato de los sustituidos. Esta norma no regirá respecto de los Consejeros Legisladores, cuando conjuntamente con el mandato del Consejero venza el de Legislador”.

ARTICULO 4º: Modifícase el texto del artículo 7 de la Ley Provincial nº 8, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Dos (2) abogados de la matrícula residentes en la Provincia, que reúnan las condiciones para ser miembros del Superior Tribunal de Justicia, junto con dos suplentes, serán elegidos cada dos años por el voto directo de los abogados, que inscriptos en el padrón electoral, acrediten su condición de tales y una residencia mínima habitual de dos (2) años en la Provincia. Resultarán suplentes los que obtengan el segundo puesto en la elección. Las candidaturas deberán ser individuales, no requerirán otra formalidad que su presentación por escrito ante la Justicia Electoral y deberán ser oficializadas con sesenta (60) días corridos de anticipación a la fecha del comicio. El voto será secreto, personal y obligatoria, y se emitirá en meses especiales que establecerá la autoridad electoral”.

ARTICULO 5º: Modifícase el texto del artículo 12 de la Ley Provincial nº 8, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“La cesación del mandato de Legisladores, de Juez del Superior Tribunal de Justicia, de Ministro del Poder Ejecutivo, o el cambio de residencia fuera de la Provincia, o la exclusión de la matrícula profesional provincial, en relación a los abogados importará automáticamente la pérdida de la calidad de Consejero”.

ARTICULO 6º: Modifìcase el texto del artículo 20 de la Ley Provincial nº 8, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Las sesiones del Consejo serán públicas, salvo cuando por resolución  fundada, individualmente referida a cada sesión, se determine lo contrario. El voto de los consejeros será nominal”.

ARTICULO 7º: Modifícase el texto del artículo 24 de la Ley Provincial nº 8, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“La selección de los postulantes a cubrir los cargos que deben ser propuestos por el Consejo de la Magistratura, según el artículo 161 de la Constitución Provincial, se hará mediante concurso público de oposición y antecedentes. Cuando se produzca una vacante se convocará a concurso dando a publicidad la fecha de los exámenes y la integración del jurado que evaluará y calificará las pruebas de oposición de los aspirantes. El Consejo de la Magistratura deberá reglamentar la forma en que se llevarán adelante los concursos, determinando como se integrarán los jurados, así como los criterios y mecanismos de calificación de los exámenes y de evaluación de los antecedentes, que estos aplicarán.
Los jurados deberán estar integrados por abogados especialistas en la materia de que se trate la competencia del cargo a llenar, y podrán ser jueces locales, abogados de la matrícula local o profesores universitarios, que cumplieren con los requisitos exigidos para ser integrante del Consejo, con excepción de la residencia en la Provincia.
El jurado deberá determinar quienes poseen la capacidad teórica y práctica para ocupar el cargo de que se trate, a cuyo efecto se preverá un puntaje mínimo que será indicativo de tal aptitud. Para ello tendrán en cuenta los antecedentes y el resultado de los exámenes que se dispongan.
Quienes resulten así seleccionados, deberán someterse a un examen psicológico y psicotécnico, para determinar su aptitud”.

ARTICULO 8º: Modifícase el texto del artículo 25 de la Ley Provincial nº 8, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Los Consejeros deberán elegir entre quienes resulten aptos y hayan aprobado con la calificación mínima referida en el artículo anterior. Para ello deberán entrevistar a los postulantes, y tendrán especialmente en cuenta su conducta ética y  profesional, su compromiso con la sociedad fueguina y su conocimiento de la idiosincrasia local, los conocimientos técnicos, el desempeño de la docencia, las publicaciones, la antigüedad en el ejercicio de la profesión, el desempeño de cargos públicos judiciales, entre otros aspectos, y el puntaje otorgado por el Jurado”.

ARTICULO 9º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.