FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

	Que, desde el Bloque del A.R.I. se ha decidido impulsar un proyecto varias veces presentado por el entonces Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia, Dr. Carlos D. Bassanetti.

	Que, dicho proyecto, como entonces lo señalara el presentante, “persigue una actuación más eficiente del Ministerio Público Fiscal, en vistas a la correcta promoción de la instrucción penal y en relación a determinadas hipótesis delictivas. Esto es, con miras a lograr mayor alcance, al respecto, del contralor judicial y con beneficio manifiesto para la celeridad y buen orden procesal, desde que la inclusión de la norma que propone tiende a posibilitar precisión del objeto de la investigación y de las diligencias conducentes al esclarecimiento del hecho que la motiva”.

	“En este sentido, aún acotada severamente la actuación fiscal –caracterizada como encuesta preliminar-, el proyecto sigue las corrientes predominantes en la materia, en cuanto dotan al Ministerio Público de herramientas fundamentales para que pueda ejercitar la acción penal pública, de la que resulta titular exclusivo”.

	El segundo de los aspectos que trata el proyecto modificatorio, tiene en consideración las particulares dificultades que obstan la noticia sobre ciertos hechos delictivos (y por ende la exclusión de estos –en la práctica- del ámbito de actuación de la justicia); aún cuando constituyen verdaderos flagelos, que afectan gravemente al cuerpo social.

	En orden a esta última cuestión, cabe tener en cuenta que la Convención Interamericana contra la Corrupción, en su art. III, inciso 8 establece: Medidas Preventivas. A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer: ... 8.- Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno”.

	En consideración de las razones expuestas y las que en su oportunidad se ampliarán, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, 
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY:

Modificatoria del Código Procesal Penal

Artículo 1º.- Incorpórase como Artículo 176 Bis del Título II, Sección Primera, del Código Procesal Penal, ley provincial 168, el siguiente:
	“Encuesta preliminar – Denuncia con reserva de identidad, sobre: a) hechos de violencia familiar, b) hechos que podrían afectar el patrimonio de la Provincia y c) hechos que podrían constituir delito cometido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones.
Artículo 176 bis: 
1) Cuando la denuncia se formule ante el Ministerio Público Fiscal o éste, anoticiado por cualquier medio sobre los mismos, actúe de oficio, los fiscales podrán practicar las diligencias que estimen imprescindibles para obtener los elementos probatorios necesarios a fin de establecer si corresponde promover requerimiento de instrucción, las que tendrán carácter de encuesta preliminar limitada a dicho fin. En caso de que alguna de las diligencias no pueda ser reproducida en etapa de juicio, solicitarán al Juez de turno su producción, bajo el control del Defensor Público. La decisión del Juez será inapelable y deberá fundarse en caso de denegatoria. En el ejercicio de las facultades referidas tendrán las atribuciones del juez de instrucción, pero no podrán disponer detenciones, arresto de personas ni recibir declaración indagatoria.
Las pruebas que obtengan por aplicación de esta norma podrán ser incorporadas al juicio, conforme las reglas generales que rigen esta etapa –Libro III Título I de este código.
Concluida la encuesta preliminar, cuando estimen improcedente promover requerimiento de instrucción, archivarán sin más trámite las actuaciones. Si la encuesta fue iniciada por denuncia, notificarán al denunciante la disposición de archivo y harán saber  a éste, en forma expresa que puede presentar a su denuncia al juez.
2) Cuando la noticia refiera a los hechos individualizados en el título y emane de relatos expuestos personalmente ante el Fiscal con pedido de reserva de identidad, el funcionario podrá disponer el secreto al respecto. Si requiriese instrucción penal, el requerimiento referirá tal circunstancia. La identidad en reserva sólo podrá ser puesta en conocimiento del juez instructor, si el magistrado así lo dispone en forma expresa. Esta disposición sólo procederá, por auto fundado, cuando el conocimiento de la identidad en reserva resulte indispensable a los fines de la investigación o mediare sospecha de falsa denuncia.”

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.