FUNDAMENTOS

	Que, hoy por hoy, la inexistencia de una regulación legal apropiada para encauzar dentro del ámbito administrativo los conflictos colectivos entre los trabajadores del sector público de la Provincia de Tierra del Fuego y su empleador genera una engañosa sensación de paz social, bajo la cual subyacen controversias sofocadas hasta que estallan en enfrentamientos abiertos o acciones judiciales evitables.
	Es obvio que los trabajadores estatales son los más perjudicados por este vacío normativo, que clausura y hasta frustra su derecho al reconocimiento pacífico, eficaz y oportuno de conquistas fundamentales.
	Por el contrario, el Estado Provincial – empleador ha dado constantes muestras de considerar ventajoso para sus intereses la perpetuación de tal situación, en tanto le ha impedido un manejo unilateral de la normativa relacionado con el empleo público (en todas sus variantes), a juzgar por su falta de diligencia en adecuar a las disposiciones constitucionales la normativa secundaria sobre conflictos con su personal.
	Tenemos, en nuestra Provincia, muestras más que evidente de lo expuesto. La irracional postura que demostró al emitir el decreto provincial 943/00, en el que se fundaba en una norma derogada, o más recientemente, las vicisitudes que tuvo (y tiene) que atravesar una asociación sindical con ámbito de actuación en la Provincia por la parcialidad de la autoridad de contralor (véanse los autos “SINDICATO UNIFICADO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION FUEGUINA (SUTEF) c/ Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur s/ Amparo por mora” , expediente 2227, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo del Distrito Judicial Sur).
	En definitiva, con demasiada frecuencia los trabajadores fueron colocados en situación de conflicto por una actitud abusiva y violatoria de la ley por autoridades estatales, sin tener acceso a la intervención de un órgano administrativo eficaz con la autonomía y el imperio necesario para obligarlas a debatir los motivos y las soluciones del conflicto y a cumplir de buena fe los acuerdos. La debilidad y el compromiso político marcaron, en muchos casos, la inoperancia de la autoridad laboral en este aspecto, con grave perjuicio para los trabajadores y para la actividad estatal.
	De tal suerte, es fácil comprobar que nuestra Provincia no ha dado cumplimiento al mandato introducido hace ya más de cuarenta años en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, por el cual se garantiza a los gremios que puedan “... recurrir a la conciliación y el arbitraje ...”, procedimientos que suponen la intervención de un tercero imparcial que los conduce, inexistente en la normativa provincial, cuando de conflictos del sector público se trata.
	La letra del proyecto se introduce en la búsqueda de una respuesta satisfactoria a la exigencia de neutralidad del órgano actuante, para lo cual se han seguido los criterios establecidos por el Comité de Libertad Sindical, dependiente de la Organización Internacional del Trabajo.
	En tal sentido, resulta importante destacar que el art. 8 del Convenio 151 de la O.I.T. expresa que “La solución de los conflictos que se planteen con motivo de las condiciones de empleo se deberá tratar de lograr, de manera apropiada a las condiciones nacionales, por medio de la negociación entre las partes o mediante procedimientos independientes e imparciales, tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje, establecidos de modo que inspiren la confianza de los interesados”.
	El Comité de Libertad Sindical de la O.I.T., interpretando estas normas, ha expresado, en numerosas ocasiones que es esencial (y de no tenerlo contrario a las disposiciones de la O.I.T.) que en los conflictos colectivos del sector público –y máxime cuando se considera a un determinado servicio como “esencial”- sean examinados con arreglo a un procedimiento que debería, además de ser imparcial, incluso parecerlo (informe caso número 1510, párrafo 522), agregando que las normas que prohiben las conductas antisindicales no son suficientes sino van acompañadas de procedimientos que aseguren una protección eficaz contra tales actos (253 er informe, caso número 398, párrafo 242), circunstancia a la que sólo puede arribarse mediante la integración de un Tribunal imparcial.
	En conclusión, el proyecto se enmarca en lo que politólogos han denominado la constitucionalización de la democracia, al establecer con rango legal el objetivo de neutralidad, propio de cualquier tipo de procedimiento, incluso el administrativo, al mismo tiempo que consolida y avance en el respeto de los derechos fundamentales, al hacer operativo en nuestra Provincia principios emanados de Tratados Internacionales que actualmente gozan de jerarquía superior a las leyes, a los que nuestra Provincia debe subordinarse de conformidad con lo establecido por los Arts. 14 bis, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.
	Tenemos la convicción, y por ello solicitamos el acompañamiento de los Sres. Legisladores al presente proyecto, de que al aprobarse se estará contribuyendo a poner en operación un precepto constitucional creativo, que procura la solución de conflictos laborales que afectan al sector público, mediante una forma acorde con nuestra democracia, armónica y respetuosa de la dignidad de los ciudadanos que ponen su trabajo al servicio de la función pública.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
 ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR 
SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY:

ARTICULO 1º: CREASE el Tribunal Administrativo Laboral para la resolución de los conflictos colectivos de trabajo, ya sea de intereses o de derecho, que involucren a los trabajadores de uno o más poderes del Estado, de los organismos centralizados, descentralizados o autárquicos o entidades creados por la Constitución de la Provincia y de los municipios, conforme a los procedimientos establecidos en esta ley.

ARTICULO 2º: El Tribunal Administrativo Laboral estará integrado por un Presidente y dos vocales, en carácter de miembros plenos. Podrá estar presente durante las deliberaciones para dictar la resolución final del conflicto y proveer al recurso de reconsideración un representante de cada parte en el conflicto, en calidad de asistente sin voto.

ARTICULO 3º: Los miembros plenos serán designados conforme al orden que resulte del sorteo practicado cada dos años por el Presidente de la Comisión de Asesoramiento Nº 1 del Poder Legislativo de la Provincia de Tierra del Fuego, en acto público con invitación fehaciente a presenciarlos a todas las organizaciones sindicales con representación específica de los trabajadores comprendidos en esta ley, que ostenten personería jurídica o gremial otorgada por autoridad competente.

ARTICULO 4º: El sorteo se efectuará en base a un listado de un máximo de 20 abogados, con especialización y/o práctica reconocida en Derecho Laboral o en Derecho Administrativo de la función pública, que remitirán a la citada Comisión los Colegios o Asociaciones de Abogados de cada una de las ciudades de la Provincia y/o la entidad que los reemplace.
Asimismo, idéntico listado se podrá solicitar a universidades nacionales, para lo cual el Presidente de la citada Comisión podrá celebrar los convenios que resulten necesarios, que deberán ser aprobados por la Cámara en sesión.
Los organismos requeridos deberán remitir, junto con los antecedentes personales, profesionales, académicos y doctrinarios de los postulantes, la conformidad expresa de aceptación, la declaración jurada de no hallarse comprendidos en algunas de las situaciones mencionadas en el párrafo siguiente de este artículo, la indicación del domicilio constituido y demás datos que permitan la comunicación expeditiva con los postulantes.
No podrá integrar el listado quien se encuentre ligado por relación de dependencia o constitutiva de otro interés con algunas de las empleadoras o asociaciones gremiales comprendidas en esta ley.

ARTICULO 5º: El primero del orden sorteado actuará como Presidente y los dos subsiguientes como vocales del tribunal que deba abocarse a la resolución del primer conflicto, quedando los restantes como suplentes en el mismo orden, para los supuestos de reemplazo del titular.
En los conflictos sobrevinientes actuarán los tres postulantes siguientes, si no hubieren integrado el tribunal como suplentes, y así sucesivamente hasta agotar el listado.

ARTICULO 6º: La intervención del tribunal podrá ser instada por una o más de las organizaciones sindicales involucradas en el conflicto, mediante presentación por escrito ante la mesa de entradas de la Legislatura Provincial.

ARTICULO 7º: El Secretario Administrativo de la Cámara, dentro del plazo de doce horas, notificará de la presentación del modo fehaciente más rápido a quien, conforme al registro que deberá llevarse al efecto, deba asumir el cargo de Presidente del Tribunal.

ARTICULO 8º: El Presidente, aún cuando entiendiera hallarse en situación de excusación, deberá convocar a los vocales del Tribunal para una reunión a realizarse dentro de los dos días subsiguientes, en el local adecuado que deberá proveerle el Secretario Administrativo de la Cámara, y requerirá de las autoridades administrativas y/o judiciales de que se traten la entrega de la totalidad de las actuaciones del conflictos para tenerlas presente en la reunión.
Durante la misma el Tribunal dispondrá todo lo necesario para quedar integrado con tres miembros hábiles en un plazo no mayor de dos días.

ARTICULO 9º: Una vez integrado válidamente, el Tribunal notificará su constitución y el listado de los suplentes a todas las partes involucradas en el conflicto, fijándoles un plazo de dos días para que hagan uso del derecho a recusar con causa a los miembros del Tribunal y, en este supuesto, a los suplentes.

ARTICULO 10: Serán causales de excusación y recusación las establecidas en el Código Procesal Civil, Comercial, Rural, Laboral y Minero de la Provincia de Tierra del Fuego. Deberán plantearse dentro del segundo día de notificada la constitución del Tribunal o en el primer acto de comparencia, si éste fuere menor. Serán admitidas o rechazadas por el voto de los dos miembros hábiles del Tribunal, debiendo integrar el mismo uno o más suplentes no recusados por las partes, para resolver la incidencia.

ARTICULO 11º: Salvo en el supuesto del artículo anterior, el Tribunal sesionará con la presencia de sus tres miembros plenos. El presidente o, en su ausencia, el Vocal presente en la reunión que lo reemplace según el orden de sorteo, fijará en el mismo acto otra reunión para dos días después, intimando a los ausentes sin justificación a asistir a la nueva reunión, bajo apercibimiento de separación del cargo y del listado.

ARTICULO 12: Las decisiones del Tribunal se adoptarán por simple mayoría, contando con un voto cada miembro pleno, que se expresará individualmente, con cita de la normativa legal aplicada y expresando las razones jurídicas y lógicas del mismo.

ARTICULO 13: Dentro de las veinticuatro (24) horas de constituido definitivamente el Tribunal resolverá si “prima facie”, está habilitada su competencia para resolver conflictos.
Si la resolución fuere afirmativa irá acompañada de la citación a las partes para una audiencia a realizarse dentro de los tres (3) días para que concreten los planteos que consideren convenientes, presenten u ofrezcan pruebas para su recepción por el Tribunal en el mismo acto, o con posterioridad en un plazo no mayor a cinco (5) días. El Tribunal, por resolución fundada podrá reducir este plazo a un mínimo de dos (2) días. 
En este momento el Tribunal estará facultado para disponer que el estado de cosas se retrotraiga al existente con anterioridad al acto o hecho que hubiere determinado el conflicto, y por un término que en ningún caso podrá ser superior a quince (15) días.
El Tribunal estará facultado para disponer la celebración de las audiencias que considere necesarias para lograr un acuerdo. Cuando no logre avenir a las partes, podrá proponer una fórmula conciliatoria, y a tal fin estará autorizada, sin perjuicio de las pruebas que ofrezcan las partes, a realizar investigaciones, recabar asesoramiento de las reparticiones públicas y, en general, ordenar cualquier medida que tienda al más amplio conocimiento de la cuestión que se ventile.
Si la fórmula conciliatoria propuesta o las que pudieren sugerirse en su reemplazo no fuere admitida, el Tribunal invitará a las partes a someter la cuestión al arbitraje. No admitido el ofrecimiento, se dará a publicidad un informe que contendrá la indicación de las causas del conflicto, un resumen de las negociaciones, la fórmula de conciliación propuesta, y la parte que la propuso, la aceptó o rechazo. Asimismo podrá efectuar recomendación o sugerencias a seguir por las partes.
Desde el momento en que el Tribunal se constituye en forma definitiva, hasta la resolución definitiva que ponga fin a la gestión conciliatoria o, en su caso, que se dicte la sentencia arbitral, no podrá mediar un plazo mayor de quince días, prorrogable por cinco días más cuando, en atención a la actitud de las partes, el Tribunal prevea fundadamente la posibilidad de lograr un acuerdo.
Vencidos los plazos referidos sin que hubiera sido aceptada una fórmula de concilación, ni suscripto un compromiso arbitral, podrán las partes recurrir a las medidas de acción directa que estimaren convenientes.

ARTICULO 14º: La audiencia se celebrará con las partes presentes.
Cumplidos los actos previstos en el segundo párrafo del artículo anterior, el Tribunal deliberará por separado para determinar los puntos y los alcances del conflicto, si declara la contienda de puro derecho y, en caso contrario, si recibe prueba en el acto o en otro posterior.
Seguidamente reanudará la audiencia, hará conocer lo resuelto a las partes y subsanadas sumariamente las cuestiones que pudieran suscitarse, recibirá la prueba pertinente, fijará otra audiencia para cinco (5) días después, que por resolución fundada del Tribunal podrá ser reducida a dos (2) días, destinada a recibir la que restare. 

ARTICULO 15º: Una vez recibida la prueba, las partes asistentes a esa audiencia formularán sus alegatos verbalmente o por escrito y el Tribunal fijará el momento en que se iniciará la deliberación final, al efecto previsto en el Artículo 2º. En la resolución definitiva se tratarán por separado todas las cuestiones articuladas por las partes y las que el Tribunal considere pertinentes. También se regularán los honorarios de los profesionales intervinientes. La resolución definitiva deberá dictarse dentro de los tres días de finalizada esta audiencia.

ARTICULO 16º: La resolución definitiva será impugnable por recurso de reconsideración, dentro del plazo de dos días, para subsanar errores materiales, aclarar aspectos obscuros de la decisión, salvar la omisión de citas legales o la falta de tratamiento de algunos de los puntos a resolver o cuando se alegare extralimitación respecto de los puntos de conflicto. El Tribunal decidirá sobre el recurso en el término de tres (3) días.

ARTICULO 17º: El Tribunal dispondrá el registro de la resolución definitiva y, en su caso, de la que dicte con motivo de la reconsideración, en el libro rubricado y foliado que deberá llevarse al efecto, bajo custodia y responsabilidad del Secretario Administrativo de la Cámara Legislativa.

ARTICULO 18º: Una vez firme el pronunciamiento final del Tribunal, el Presidente lo comunicará a la Subsecretaría de Trabajo para su cumplimiento y deberá efectuar el seguimiento necesario para verificar que es acatado.
La interposición de acciones judiciales contra la decisión del Tribunal en ningún caso suspenderá el cumplimiento de la resolución del mismo.

ARTICULO 19º: Las partes deberán cumplir de buena fe lo resuelto por el Tribunal, hayan o no participado en el proceso.

ARTICULO 20º: La resolución del Tribunal conservará eficacia por el tiempo que haya fijado el Tribunal, prorrogable por acuerdo de partes opuestas, que deberá ser formalizado ante la Subsecretaría de Trabajo. El plazo podrá ser reducido o aumentado por el Tribunal, a pedido de parte fundado en motivos sobrevinientes y graves, con intervención plena de las restantes partes.

ARTICULO 21º: La parte afectada por el incumplimiento de la resolución definitiva podrá denunciarlo ante el Presidente del Tribunal, quien citará a reunión del mismo dentro de los dos (2) días. Si el incumplimiento fuere verosímil, el Tribunal hará conocer la denuncia a las imputada, la intimará a no apartarse de la resolución del Tribunal y la citará a una audiencia a realizarse en un plazo no mayor de tres días para que ejerza su defensa y pruebe los hechos en que la funde, en presencia de las demás partes que acudan a la citación que deberá formulárseles. Constatado el incumplimiento y apreciadas las consecuencias y responsabilidades pertinentes, el Tribunal aplicará una multa diaria acumulativa a favor de la denunciante a la parte infractora que no haya cesado en su incumplimiento, sin perjuicio de otras medidas eficaces para impedir la  desobediencia y de las denuncias administrativas y judiciales que correspondan.

ARTICULO 22º: El Tribunal o, en su caso, el Presidente del mismo estarán facultados para utilizar la fuerza pública para el cumplimiento de sus atribuciones respectivas.

ARTICULO 23º: El desempeño del cargo de miembro del Tribunal será de carga pública e irrenunciable. Sin perjuicio de ello, sus servicios serán compensados con una suma equivalente al salario diario del Subsecretario de Trabajo de la Provincia por cada día de trabajo y por cada conflicto en el que intervenga. 
Dicha suma deberá imputarse a la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego y se debitará, en partes iguales, de la partida de bienes y servicios no personales de cada uno de los legisladores integrantes de la Cámara y de su Presidente.  

ARTICULO 24º: En los restantes aspectos no regulados por la presente, en tanto no se opongan, se aplicarán las normas nacionales sobre conflictos colectivos de trabajo.