FUNDAMENTOS

Señor Presidente:
	
En fecha 22 de octubre de 1.990 se publicó en el Boletín Oficial la Ley Nacional 23.849, por la cual la Nación Argentina aprobó la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de NU en Nueva York, el 20 de noviembre de 1.989.
	Entendiendo que es niño “todo ser humano menor de dieciocho años de edad” (art. 1º), la Convención establece que “los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales” (art. 2.1).-
	El referido Instrumento fue incorporado a la Constitución Nacional cuando ésta fuera reformada en 1.994 estableciéndose que, juntamente a otros Tratados Internacionales, “en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos” (art. 75 inc. 22).-
	A su turno, el día 02 de julio de 2001 se publicó en el Boletín Oficial Provincial la ley número 521, cuyo objeto es “la protección integral de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, que se encuentren en el ámbito de la Provincia …” y especificando que los derechos y garantías que enumera “deben entenderse complementarios de otros reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, demás Tratados Internacionales en los que el Estado argentino sea parte, la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego y otras leyes” (art. 1º), asumiendo por la ley el Estado Provincial la obligación de “tomar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías” de los cuales venimos hablando (art. 4º).-
	Como algunas de esas medidas tendientes a hacer efectivo en el plano práctico el ejercicio de los derechos de los niños, la ley 521 creó el Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia, con el objetivo de “desarrollar políticas para la promoción y protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes”, órgano éste que sería autoridad de aplicación de la citada ley, con atribuciones para diseñar y coordinar políticas de protección integral de la niñez, fiscalizar en el ámbito provincial la protección integral de los derechos del niño, promover espacios de participación para niños con el objeto de fomentar el ejercicio pleno de la ciudadanía, entre otras (art. 54).-
	Asimismo la ley 521 creó las Oficinas de Defensa de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, con las funciones de difundir la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, brindar asesoramiento ante amenaza o violación a los derechos del niño, recibir y canalizar los reclamos relacionados con los derechos reconocidos en la ley, otorgar patrocinio jurídico gratuito a los niños, interponer acción judicial contra todo acto contrario a los derechos del niño, entre otras (art. 66).-
	No obstante ello, a casi 14 años de la aprobación nacional de la Convención Internacional aludida; y a casi cuatro años de la sanción de la ley provincial 521, todavía la misma no se ha puesto en práctica.-
	Claramente se advierte que, si la autoridad de aplicación de la mentada ley ha de ser el Consejo Provincial que la misma crea, y que si dicho órgano no se ha puesto a funcionar, la ley en cuestión no se está aplicando.-
	Lo mismo cabe respecto de las Oficinas de Defensa. Las funciones –importantes, por cierto- que la ley atribuye a ambos órganos, vienen siendo incumplidas por el Estado que no los crea, con lo que el Estado viene incumpliendo por un tiempo bastante prolongado ya con la obligación que asumiera por el art. 4º de la ley que citáramos más arriba.-
	Entendemos que a este grave déficit en la legalidad provincial hay que ponerle urgentemente fin.-
	Cabe además señalar que, por nota GOB 234/04, en respuesta al pedido de informe que este Cuerpo Legislativo formulara por Resolución 104/04, el Señor Gobernador de la Provincia, remitió informe S.L.yT. 1272/04 y Nota MDS 2179/04, dándose cuenta en esta última de que la ley 521, en tanto crea el Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia “nunca fue ejecutada”, agregándose que ese Ministerio de Desarrollo Social “se encuentra en ronda de conversaciones y cursando invitaciones y, además, trabajando en equipos técnicos para la elaboración de su constitución orgánica” al 11 de agosto de 2004.-
	Expone asimismo la Señora Ministro que “el Fondo Especial no se ha integrado como tal”, agregando que “las Oficinas de Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes creadas (…) funcionaron en las ciudades de Ushuaia y Río Grande hasta noviembre de 2003. A la fecha, el Ministerio se encuentra trabajando en la selección de los profesionales que integrarán el equipo técnico”, ello también a la fecha apuntada al final del párrafo que antecede.-
	Por otro lado, por la misma época que el Gobierno informaba a esta Cámara que la ley 521 no se está aplicando, suscribía el Convenio “Carta Intención entre Gobierno Provincial y UNICEF” Nº 9867, del 02 de agosto de 2004, ratificado por Decreto 2721/04, ingresado el 10/08/04 como Asunto 317 para la Sesión Ordinaria del 26 de agosto de 2004 que fuera suspendida. En dicho Convenio el Gobierno Provincial volvió a ratificar los compromisos y deberes ya asumidos internacionalmente por la Nación al aprobar la Convención de Naciones Unidas y, en el ámbito local, por el art. 4º de la ley 521 y cuyos incumplimientos informara según lo expresado en los dos párrafos precedentes lo cual, entendemos, comporta una actitud de absoluta incoherencia entre la palabra y las acciones que ya no puede prorrogarse, siendo un prioritario imperativo legal y ético poner fin a la ambigüedad haciendo realidad la inmediata aplicación de la normativa abordada.-
	Sobre la ley provincial, el Centro de Estudios Legales y Sociales ha observado que “esta nueva ley importa cambios radicales en el tratamiento de la infancia y adolescencia en la provincia de Tierra del Fuego. Por un lado modifica la relación Estado provincial – comunidad – infancia a partir de la implementación de políticas públicas dirigidas a garantizar el disfrute de los derechos de todos los niños, mediante programas de difusión y defensa de los derechos y procedimientos administrativos respetuosos de todas las garantías constitucionales. Por el otro, si bien la ley no contempla cambios en el procedimiento penal para niños y adolescentes, prevé dispositivos directamente operativos en todos los proceso judiciales donde pueda tomarse una decisión que afecte el interés de un niño o adolescente”, agregando que “la ley fueguina constituye la adecuación parcial de los dispositivos legales dirigidos a la infancia y adolescencia a la CDN. No sólo presenta una correcta técnica legislativa sino que separa el abordaje en el tratamiento de cuestiones referidas a amenazas o violación de derechos de los niños de las cuestiones referidas a la comisión de un delito por parte de un niño o un adolescente. Para las primeras, diagrama un sistema de implementación de políticas públicas dirigidas a proteger integralmente los derechos de los niños, para la segunda, aunque no avanza en forma completa, contiene normas que importarán cambios en las praxis cotidianas” (Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Argentina 2001).-
	Como se advierte y, en otros términos, el Informe citado da cuenta de que la ley provincial, aunque perfectible, está bien. La crítica fundamental sobre la que se asienta este proyecto es su falta de aplicación, lo que –enmendado que sea- contribuirá a que la provincia, en un futuro informe sobre Derechos Humanos, no merezca la observación negativa por la situación de incumplimiento contra la cual reclamamos.-
	Sostiene el CELS en su informe referido que “como conclusión es posible afirmar una vez más que en la República Argentina la reforma de la legislación dirigida a la infancia y adolescencia constituye una asignatura pendiente. Si bien en el último año se han producido algunos avances, el compromiso asumido al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño está lejos de ser cumplido (…). Entrado el siglo XXI, la legislación vigente en materia de “menores”, salvo en las seis regiones que llevaron a cabo la reforma, no resiste el menor análisis de compatibilidad constitucional. Resulta absolutamente inaceptable que los niños, niñas y adolescentes que habitan el suelo argentino deban seguir esperando para que sus derechos sean conocidos y respetados.-
	“Es necesario que en todo los ámbitos, gubernamentales, no gubernamentales y comunitarios, los niños dejen de ser tratados como ciudadanos de segunda clase y para ello el poder legislativo debe dar el ejemplo con la realización del primer paso hacia la satisfacción de los derechos de los niños: la adecuación sustantiva de las leyes sobre infancia y adolescencia a la CDN. Paralelamente, debe tratarse la reforma de las instituciones e instalar conciencia sobre la crisis a nivel comunitario, a fin de que sea la comunidad quien reclame por el reconocimiento y respeto de los derechos de los más pequeños.-
	“En definitiva, las pautas ya están fijadas, sólo se espera voluntad política”.-
	La conclusión es clara. Y preocupante. Si bien TDF queda fuera de la crítica por la falta de adecuación normativa, no corre la misma suerte respecto de la aplicación práctica de la misma. En este terreno es donde “sólo se espera voluntad política”.-
	Desde otro punto de vista y haciéndonos eco de los reparos antes citados, proyectamos reformar la ley 521, dotando al régimen protectorio de los niños de un órgano de aplicación independiente.-
	Para entender correctamente la importancia de esta propuesta, debemos tomar conciencia de que la mejor ley sobre cualquier materia es casi nada si la misma no se aplica o se aplica mal. De allí a percibir que no puede haber aplicación satisfactoria de una normativa si no hay una autoridad responsable de su aplicación y control que esté adecuadamente perfilada, hay un solo paso.-
	Es por eso que entendemos acertado separar los órganos que, por un lado, definen las políticas a implementar, de aquellos que aplican por diversos métodos y finalidades distintos capítulos de dicha normativa, y de un órgano independiente que controle tanto la adecuación de las políticas cuanto la aplicación de las normas a los principios fundamentales del sistema jurídico de protección integral de la niñez.-
	Porque si todas esas funciones recaen sobre el mismo órgano difícilmente se implementen controles críticos y objetivos que permitan avanzar en el mejoramiento general de la realidad de este privilegiado sector social.-
	Así, es objetable que la ley 521 encargue al Consejo Provincial de la Niñez la diagramación de las citadas políticas, atribuyendo a las Oficinas de Defensa de los Niños los controles, si estas Oficinas dependen de la Dirección de Minoridad y Familia, la cual es a su vez autoridad de aplicación administrativa de la ley y quien tiene a su cargo la ejecución de las políticas de protección que el Consejo diseñe (arts. 55 y 64). Hay superposición de funciones en un esquema de “autocontrol” que difícilmente ejerza la crítica republicana que permita la evolución permanente del sistema hacia el ideal pretendido por Naciones Unidas y comprometido por la Nación cuanto por la Provincia.-
	Por eso es que, siguiendo legislaciones comparadas de los países avanzados en la materia, tenemos presente el Informe elaborado por Verónica Kulczewski Vásquez (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Unidad de Apoyo al Proceso Legislativo –resaltado de nuestra propiedad) en tanto da cuenta que “la comunidad internacional reconoce el derecho de los niños a ser protegidos y participar en la toma de decisiones que les afecta, razón por la que algunos países han creado la figura del Defensor del Niño o Comisionado para la infancia, el cual puede ser definido como ‘un organismo oficial independiente, establecido para promover los derechos e intereses de los niños’”, a partir del dato de que “si bien la mayoría de los Estados partes de Naciones Unidas, reconocen estos derechos, e incluso muchos de ellos han ratificado la Convención, no es menos cierto, que al momento de legislar, se olvidan de estos derechos, ya que por lo general existe una cierta resistencia a legislar y dictar políticas que hagan efectivos los derechos de los niños”.-
	En base a “El trabajo de defensor de los niños” (UNICEF, 1999), la citada informante pasa revista de diversos antecedentes proporcionados por el Centro Internacional para Desarrollo del Niño de la UNICEF, expresando que la promoción de la protección de los derechos del niño que tienen en especial consideración la Convención de Naciones Unidas, en general está encomendada:
	* en Alemania, a un Comité especial del Parlamento, creándose una Comisión Especial que “no depende de las mayorías partidarias por lo que no tienen la presión de los partidos políticos”, financiada enteramente con dinero público;
	* en Austria: al Defensor Federal de los Niños y Jóvenes, con más los Defensores Regionales “que como organismos gubernamentales actúan en forma independiente del gobierno”, siendo financiados completamente por el gobierno;
	* en Bélgica: a la Oficina del Niño y la Familia establecida en 1987 como un servicio de defensoría con carácter de agencia gubernamental que, con el propósito de velar por el bienestar y salud de todos los niños y atender especialmente sus condiciones de vida, atiende a las cinco provincias flamencas con un Defensor en cada una y un Defensor coordinador principal en Bruselas, contando con una planta de 1300 personas y siendo financiada totalmente por el gobierno;
	* en Canadá: al Defensor para los Niños, los Jóvenes y la Familia, creado en 1987, siendo suspendida su función en 1990, restableciéndose en 1995 en el interior de la preexistente Oficina del Defensor. Es independiente del gobierno y financiada completamente con fondos públicos;
	* en Costa Rica: a la Defensoría de la Infancia que, en el seno de la Dirección de Niñez y Adolescencia, fue establecida en 1987 como un organismo autónomo dedicado en exclusividad a la atención de los niños. Se conforma con un staff de cinco personas (un Director, una Secretaria y tres profesionales de la defensa) y es financiada completamente con dineros del Estado;
	* en Dinamarca: al Consejo Nacional para los Niños, que funciona desde 1995, siendo financiado principalmente con dinero público y, conjuntamente, con dinero que recibe de organizaciones privadas para proyectos;
	* en Islandia: al Defensor de los Niños Islandeses, creado por el Parlamento en 1994, opera en forma independiente del gobierno, siendo completamente financiado por éste;
	* en Guatemala: a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, creada en 1990 en el interior de la Procuraduría de los Derechos Humanos que la supervisa, informando anualmente al Congreso, siendo independiente de éste cuanto de su Presidencia, y financiada con fondos públicos;
	* en Finlandia: al Defensor del Niño, creado en 1982 bajo la dirección de una ONG, contando con un staff permanente de nueve personas (especialistas en leyes, educación y sicología) y siendo financiado con aportes privados y gubernamentales;
	* en Francia: al Defensor de los Niños, oficina creada por el Parlamento en el año 2000 que funciona como una institución independiente y se financia con fondos del Estado;
	* en Noruega: al Comisionado para la Infancia,  fundado por el Parlamento en 1981, funciona como portavoz independiente de los niños, con amplias facultades para promover sus intereses en relación con las autoridades públicas y privadas y siendo financiado por el Parlamento;
	* en Nueva Zelanda: a la Oficina del Comisionado para la Infancia, creada por ley en 1989, que actúa en forma independiente del gobierno y es financiada por éste, a través del Departamento de Bienestar Social;
	* en Perú: a la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente, creada por ley, que iniciara sus actividades en 1992 y su financiamiento es público, sumando las donaciones privadas de organizaciones internacionales;
	* en Suecia: a la Oficina del Defensor de los Niños, creada por mandato parlamentario en 1993, financiada completamente por el gobierno.-
	Como se nota, en la mayoría de los antecedentes considerados, el organismo de defensa de los niños es independiente del gobierno.-
	Por ello, por los fundamentos de ellos que hacemos propios y por los nuestros que expresáramos más arriba, es que proponemos reformular las Oficinas de Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes creadas por la ley provincial 521, independizándolas del gobierno, articulando su relación con éste a través del Ministerio de Desarrollo Social y siendo financiadas totalmente con fondos públicos.-
	Prevemos además algunas reformas al resto del articulado, mejorando la armonización del mismo a la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño.-
	La puesta en funcionamiento de las Oficinas reformuladas no tendrá mayores implicancias presupuestarias, toda vez que la misma se implementará, en una porción sustancial, a través de la reasignación de partidas, así como de recursos humanos y administrativos existentes en el Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección de Minoridad y Familia, en cuya órbita la actual normativa instalara estas Oficinas, que deberían estar funcionando hace cuatro años. Todo ello sin perjuicio de la incorporación de nuevos técnicos y personal administrativo y de servicios que pueda ser necesaria.-
	Por todo lo expuesto anteriormente es que solicitamos a nuestros pares acompañen el presente proyecto de ley.-

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, 
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1º: Sustitúyese el texto del artículo 3º de la ley provincial 521 por el siguiente:
	“Artículo 3º: El sistema de protección integral dispuesto por la presente Ley se aplica, en general, a las personas menores de veintiún (21) años de edad, sin discriminación alguna por razón de su nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, capacidad diferente, enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión o cualquier otra circunstancia personal, familiar o social; a excepción de aquellas medidas que, expresamente, contemplen especialmente a las personas menores de dieciocho (18) años de edad, en tanto alcanzadas por la definición de ‘niños’ expresada en el art. 1º de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño”.-

Artículo 2º: Agrégase, como párrafo quinto (5º) al artículo 24º de la ley provincial 521, el siguiente:
	“Queda prohibida la privación de libertad ambulatoria para todo niño declarado ‘no punible’ o ‘inimputable’ por el Régimen Penal de Menores”.-

Artículo 3º: Agrégase, como inciso e) del artículo 30º de la ley provincial 521, el siguiente:
	“e) a ser asistido y a que el procedimiento sea fiscalizado por la Oficina de Defensa de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes creada por la presente ley”.-

Artículo 4º: Agrégase, como inciso f) del artículo 31º de la ley provincial 521, el siguiente:
	“f) a ser asistido y a que el procedimiento sea fiscalizado por la Oficina de Defensa de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes creada por la presente ley”.-

Artículo 5º: Sustitúyese el texto del inciso f) del artículo 32º de la ley provincial 521 por el siguiente:
	“f) a no ser obligado a declarar, sin que la negativa se interprete en su contra;”.-

Artículo 6º: Sustitúyese el texto del inciso g) del artículo 32º de la ley provincial 521 por el siguiente:
	“g) a solicitar la presencia de los padres o responsables a partir de su aprehensión o detención y en cualquier etapa del procedimiento, lo cual deberá proveerse inmediatamente;”.-

Artículo 7º: Sustitúyese el inciso h) del artículo 32º de la ley provincial 521 por el siguiente:
	“h) a que sus padres, responsables o personas con quien tenga trato afectivo sean informadas de inmediato en caso de aprehensión o detención, del lugar donde se encuentra, hecho que se le imputa y Tribunal y Fiscalía que intervienen, posibilitándose asimismo la inmediata comunicación entre el niño o adolescente y tales responsables;”.-

Artículo 8º: Agrégase, como último párrafo del artículo 32º de la ley provincial 521, el siguiente:
	“Prohíbese la incomunicación de todo niño, niña o adolescente menor de dieciocho (18) años de edad”.-

Artículo 9º: Agrégase, como párrafo segundo del artículo 42º de la ley provincial 521, el siguiente:
	“En los supuestos referidos en el párrafo precedente deberá observarse lo establecido por el párrafo quinto (5º) del artículo 24º de la presente ley”.-

Artículo 10º: Sustitúyese la rúbrica del Título III (tercero) de la PARTE SEGUNDA de la ley provincial 521 por el siguiente:
“TÍTULO III AUTORIDADES DE APLICACIÓN Y CONTROL”

Artículo 11º: Sustitúyese el Capítulo III (tercero) del Título III (tercero) de la PARTE SEGUNDA de la ley provincial 521, por el siguiente:

“CAPÍTULO III
Oficinas de Defensa de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes

Creación, Carácter y financiamiento
Artículo 64º: Créanse, en el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego, las Oficinas de Defensa de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, debiendo funcionar una (1) en la ciudad de Río Grande, cuya competencia territorial incluirá la localidad de Tolhuin, y una (1) en la ciudad de Ushuaia.

Las Oficinas creadas en el párrafo precedente, funcionarán como agencias descentralizadas, elaborarán su propio presupuesto, serán funcionalmente independientes, y financiadas completamente por el Gobierno Provincial, articulándose la comunicación con el mismo a través del Ministerio de Desarrollo Social o el que, con la materia de su objeto, lo sustituyere.-

Integración
Artículo 65º: Cada Oficina de Defensa de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes se integrará por un equipo técnico compuesto por:
	1) un/a abogado/a;
	2) un/a profesional universitario/a en Trabajo Social;
	3) un/a sicólogo/a.-
	Contará además con el plantel de Técnicos en Minoridad u otros con capacitación compatible, y del personal administrativo y de servicios, quienes cumplirán funciones bajo la dirección de la Oficina, a los fines del mejor cumplimiento de los roles que a ésta le asigna la presente ley.-
	Al efecto de su puesta en funcionamiento, se harán las pertinentes reasignaciones de partidas presupuestarias, recursos humanos y equipamiento necesario dentro del Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección de Minoridad y Familia, en la medida que tales recursos estuvieran afectados al cumplimiento de funciones relativas a la materia contemplada en la presente ley. Ello sin perjuicio de la incorporación de nuevos técnicos y personal administrativo y de servicios que pueda ser necesaria.-
	En lo sucesivo, se regirán por el art. 64º de la presente ley.-
No podrán integrar las Oficinas:
	1) los inhabilitados por la Constitución Provincial para ejercer cargos electivos;
	2) quienes estén bajo proceso;
	3) quienes estén inhabilitados para el desempeño de cargos públicos;
	4) quienes hayan sido cesanteados o exonerados de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal;
	5) los condenados por cualquier delito doloso;
	6) los fallidos, los concursados y los inhabilitados para el uso de cuentas bancarias o el libramiento de cheques;
	7) familiares directos, hasta el cuarto grado de consanguinidad, de autoridades provinciales electas y de miembros de la planta política provincial.-

Funciones, Atribuciones y  Deberes de las Oficinas
Artículo 66º: Son funciones, atribuciones y deberes de las Oficinas de Defensa de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes:
	a) dictar su reglamento de funcionamiento;
	b) difundir la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, la presente ley y demás reglas establecidas en el artículo 2º;
	c) brindar asesoramiento, orientación y atención ante situaciones de amenaza o violación de derechos de niños, niñas y adolescentes;
	d) recibir y dar curso a reclamos e inquietudes que formulen niños, niñas y adolescentes y/o cualquier otra persona de existencia física o ideal, con relación a los derechos contemplados en la presente ley;
	e) utilizar y promover la utilización de modalidades alternativas a la intervención judicial, para la resolución de conflictos;
	f) otorgar patrocinio jurídico gratuito a niños, niñas y adolescentes y a miembros de su grupo familiar;
	g) interponer acción judicial contra todo acto de los poderes del Estado o de particulares que vulnere o restrinja los derechos de los niños, niñas y adolescentes; como así también aquellas que tengan por objeto la vigencia de principios, derechos y garantías asegurados en la presente ley; a tal fin estará legitimada para comparecer y presentarse espontáneamente, en su carácter de autoridad de control de la aplicación del presente régimen, invocando la representación colectiva de los niños y adolescentes;
	h) efectuar presentaciones en carácter de “amicus curiae” en todo proceso judicial en que deban tomarse decisiones relativas a niños, niñas y adolescentes; formulando las observaciones que entienda adecuadas al cabal respeto de las disposiciones de la presente ley;
	i) ejercer el control de la aplicación de la presente ley en todo procedimiento administrativo o judicial que involucre a niños, niñas y adolescentes; a cuyo fin estará facultada para recabar todos los informes y documentos que fueren necesarios, siendo obligación de los requeridos suministrarlos en el plazo que le fije, reputándose su incumplimiento falta grave en su desempeño;
	j) realizar visitas, efectuar inspecciones, recabar informes y documentación en todos los establecimientos públicos o privados que alojen niños, niñas y adolescentes en el marco de las políticas y programas implementados por la autoridad de aplicación de la presente ley, con el objeto de verificar el respeto de sus disposiciones;
	k) realizar visitas, efectuar inspecciones, recabar informes y documentación en los establecimientos que, en virtud de orden judicial, alojen niños, niñas y adolescentes privados de su libertad ambulatoria, con el objeto de verificar el respeto de las disposiciones de esta ley;
	l) denunciar la existencia de incumplimientos a lo establecido en la presente ley;
	ll) celebrar reuniones y sostener entrevistas o encuentros con miembros del grupo familiar, de la familia ampliada o de la comunidad local;
	m) brindar apoyo, orientación, contención, seguimiento y acompañamiento para que los niños, niñas y adolescentes mantengan o recuperen el disfrute y goce de sus derechos;
	n) llevar un registro de comunicaciones y confeccionar estadísticas de los reclamos que se le efectúen, así como de las observaciones y denuncias que realice. Las estadísticas deberán contener, entre otras variables, las distintas problemáticas, personas involucradas, circuitos, acciones llevadas a cabo y resultados de las mismas;
	ñ) formular recomendaciones, propuestas o sugerencias a entidades públicas o privadas respecto de cuestiones susceptibles de ser materia de investigación;
	o) proponer las reformas legales necesarias para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes;
	p) denunciar al Consejo de la Magistratura el cumplimiento o incumplimiento, por parte de los Jueces, de la Ley 521 en los Fallos y Decisiones que se relacionen con los niños, niñas y adolescentes;
q) elaborar un informe anual de carácter público sobre la actuación de la Oficina;
r) elaborar el proyecto de presupuesto.-

Organización
Artículo 66º BIS: Los integrantes de las Oficinas se incorporarán a la misma previa selección en concurso público de oposición y antecedentes de conformidad con lo previsto en el anexo de esta ley, durarán tres (3) años en sus funciones, gozarán de inamovilidad en el cargo mientras dure su buena conducta y sólo podrán ser separados del mismo, por mal desempeño, indignidad, o por hallarse incursos en delito doloso. En tales casos podrán ser removidos de sus cargos por el Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia con acuerdo de la Legislatura Provincial, previo descargo del interesado y respetándose las demás garantías sustanciales del debido proceso.-
	Cada Oficina será representada y organizada en su funcionamiento por un Coordinador. La Coordinación de la Oficina será ocupada en forma rotativa por los integrantes de su equipo técnico, cada uno de los cuales durará un año en la misma, definiéndose en primera reunión y por sorteo el orden correspondiente.-
	La actuación de los integrantes del equipo técnico de la Oficina será conjunta, distribuyéndose coordinadamente las tareas o los aspectos de las mismas y las intervenciones correspondientes en los asuntos según la competencia profesional de cada uno.-
	Los miembros de las Oficinas tendrán dedicación exclusiva y su personal estará sujeto a la jornada horaria vigente para todo el personal de la Administración Pública provincial. Los primeros percibirán una remuneración equivalente a la que corresponda al cargo de Sub Secretario de Estado del Poder Ejecutivo provincial y los segundos revistarán en el escalafón vigente para el personal del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.”

Artículo 12º: Sustitúyese el texto del artículo 68º de la ley provincial 521 por el siguiente:
	“Artículo 68º: No serán de aplicación respecto de los menores de veintiún (21) años los artículos 262, 263, 264, 265 y 266 del Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero de la Provincia de Tierra del Fuego”.-

Artículo 13º: Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.-

ANEXO
PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES 
DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS DE LAS OFICINAS DE DEFENSA DE
DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

DE LAS DESIGNACIONES

Artículo 1º: La designación de los profesionales que integrarán los equipos técnicos de las Oficinas de Defensa de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes las efectuará el Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia, previa selección de acuerdo al siguiente procedimiento:
	a) La selección de los funcionarios se realizará previo concurso público de oposición y antecedentes.-
	b) El proceso de evaluación de los aspirantes deberá integrarse con las siguientes etapas:
	1.- evaluación de antecedentes;
	2.- prueba de oposición;
	3.- entrevista personal.-
	c) La evaluación de los antecedentes, la prueba de oposición y la entrevista personal estará a cargo de un jurado que se integrará de la siguiente forma: 
1.- Un (1) representante del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn);
2.- Un (1) representante designado por la Legislatura de la Provincia;
3.- Un (1) profesional de la matrícula de abogado, psicólogo o asistente social, de acuerdo al cargo que se concurse designado por el respectivo colegio o asociación profesional.-
	d) Los aspirantes serán evaluados con un máximo de cien puntos, los que se distribuirán de la siguiente manera:
	1.- evaluación de antecedentes, hasta 30 puntos;
	2.- prueba de oposición, hasta 50 puntos;
	3.- entrevista personal, hasta 20 puntos.-
	Quedarán excluidos del listado de orden de mérito aquellos aspirantes que no alcancen un mínimo total de sesenta (60) puntos. Merituados que sean los antecedentes y evaluadas las pruebas de oposición, quedará conformada una terna compuesta por los aspirantes que hayan alcanzado mayor puntaje quienes quedarán habilitados para la entrevista personal. La vacante se cubrirá en base al mejor puntaje en el orden de mérito obtenido por los aspirantes.-

DE LOS ANTECEDENTES

Artículo 2º: La evaluación de los antecedentes de los aspirantes será fundada y de acuerdo a las bases contenidas en la presente ley, a saber:
	a) antecedentes académicos y profesionales que tengan relación con el cargo concursado;
	b) los títulos que posee, con indicación de fecha y organismos que los expidieran;
	c) nómina de obras y trabajos publicados, con mención de fecha y lugar de publicación;
	d) antecedentes laborales desempeñados que se vinculen con el cargo al que se aspira;
	e) conferencias dictadas, jornadas académicas en las que haya participado -como expositor o asistente-, con mención de fecha, lugar e institución patrocinante y que se vinculen con el cargo al que se aspira;
	f) premios, distinciones honoríficas, académicas o cualquier otro reconocimiento recibido;
	g) instituciones culturales o profesionales a las que pertenezca, cargos en los que se desempeñe en las mismas;
	h) todo otro antecedente que considere importante.-
	El valor de cada uno de los antecedentes, respetándose el límite previsto en la presente ley, será determinado por la Consejo en forma previa al llamamiento del concurso.-

DE LA PRUEBA DE OPOSICIÓN

Artículo 3º: La prueba de oposición constará de dos partes:
	a) la primera consistirá en la presentación por escrito de un proyecto referido a la defensa y la promoción de los derechos y garantías consagrados en la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño y en la presente ley; y
	b) la segunda consistirá en un coloquio mantenido por los aspirantes con los integrantes del Jurado, el que versará sobre el proyecto presentado.-

DE  LA ENTREVISTA PERSONAL

Artículo 4º: El Jurado designado, respecto de aquellos aspirantes incluidos en las ternas, realizará una entrevista personal a cada uno, que tendrá por objeto valorar su motivación para el cargo, la forma en que se desarrollará eventualmente en la función, su formación general sobre la materia en cuestión,  sus planes de trabajo, los medios que propone para que su función sea eficiente. Todo conforme a las siguientes pautas:
	a) criterio que asegure el mejor servicio de defensa independiente de los derechos del niño, adolescente y la familia;
	b) conocimiento y criterios referidos al dominio de los derechos y garantías de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño y de la presente ley;
	c) su aptitud, características y antecedentes personales que conlleven una mayor seguridad del compromiso del postulante respecto a los objetivos fijados en la presente ley;
	d) su compromiso con el sistema democrático, con los derechos humanos, con la niñez, la adolescencia y la familia;
	e) toda otra circunstancia que permita efectuar una valoración integral del aspirante.-