Ushuaia, 30 de noviembre de 2005.

FUNDAMENTOS

Sra. Presidente:

				En fecha 31 de octubre de 2005 se publicó a través de uno de los medios periodísticos de la Provincia la denuncia de una vecina de la ciudad de Río Grande a través de la cual se hacía referencia a una ilegal mecánica de comercialización de departamentos reciclados de propiedad del Instituto Provincial de la Vivienda, hechos éstos en los que habrían participado personal de planta permanente de la citada institución y ex funcionarios políticos pertenecientes a la gestión del Gobernador Jorge Mario Colazo que prestaban funciones en el ámbito de la Secretaría de Acción Social.								

				El modus operandi denunciado consistía en la exigencia de una entrega de dinero en efectivo que oscilaba los $8.000 que se lo denominaba “pago de ahorro previo” para que a posteriori actuaran a través de sus influencias políticas a fines de obtener la adjudicación de una de las viviendas arriba señaladas de parte de las autoridades del IPV.																		  La crónica a la que hago referencia nos anoticiaba que la denuncia tramitó en primera instancia por ante las autoridades policiales pertenecientes a la Unidad Regional Norte de la citada ciudad de Río Grande.							

				Va de suyo destacar que el marco jurídico vigente (leyes 19 de la Provincia, 21.581 Nacional y demás normas complementarias) prohíben la práctica señalada.																															Ahora bien: no es de interés de este legislador el arrogarse el conocimiento de las causas judiciales por cuanto así se me esta vedado por mandato constitucional.																													Si en cambio es de mi interés, el conocer si en el ámbito del IPV se sustanciaron actuaciones administrativas y el estado de las mismas.																					Asimismo, considero útil al interés general y necesario, el saber si en cumplimiento a sus obligaciones (art. 16 – ley19) el Presidente del IPV ha corroborado - prima facie – los hechos denunciados; si ha realizado las denuncias correspondientes o bien si instruyó a su cuerpo de letrados el constituirse en parte querellante en el posible proceso penal que se debió iniciar a instancias de la denuncia señalada.																			

				La promoción de la solución integral al problema de la vivienda en la Provincia, objetivo básico del IPV y la prioridad en la atención de los núcleos familiares más necesitados, requieren y exigen el reproche social, político y jurídico de conductas como las denunciadas.												

				Además de lo antes apuntado, la realidad social de la Provincia nos informa acerca de la necesidad de acentuar la injerencia del Estado Provincial en el mercado inmobiliario otorgando mayores y mejores soluciones habitacionales a nuestros ciudadanos.																		Por lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento al presente requerimiento de informes.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
RESUELVE:
				
ARTICULO 1.- Solicitar informes a través del Instituto Provincial de la Vivienda en relación a la denuncia de público conocimiento vertidas en un medio periodístico en fecha 31 de octubre de 2005 - cuya copia se acompaña – acerca de:
a)	Si sumariamente se pudieron constatar la veracidad de las mismas;
b)	En su caso, si se labraron actuaciones administrativas al respecto debiendo remitir en caso de su inexistencia, copia certificada de las mismas;
c)	Si realizó denuncia penal o bien instruyó al cuerpo de letrados del IPV a constituirse en parte querellante en el proceso penal.
ARTICULO 2.- Regístrese, comuníquese, archívase.