Fundamentos
Señor Presidente:
	El juicio político a los integrantes del Tribunal de Cuentas de la Provincia ha tenido –y tiene- varias lecturas. Algunas obvias. Otras, que adquirirán verdadero sentido con el transcurso del tiempo. De cómo reaccionen, y como llenen de respuestas los interrogantes alcanzados aquellos que tienen responsabilidad y competencia para hacerlo, será la conclusión de muchas preguntas.

	Entre las consecuencias obvias podemos destacar una elemental. Que a los integrantes lo elija la legislatura no es garantía de solvencia intelectual alguna. De hecho, en el caso del juicio político se ha tratado –en definitiva- de cómo, mediante ardides interpretativos, sencillamente se derogó la constitución.

	En otras palabras, no sólo deben nombrar a los integrantes los organismos y poderes competentes. Deben hacerlo garantizando que quien ocupe el cargo sea el más idóneo. Y para ello el único mecanismo posible es un proceso objetivo de selección.

	Al emitir su voto en la sala Juzgadora la Legisladora Verónica De María expresó: “Considero que el presente solo puede conjugarse si el presente caso más que una situación de cierre, se constituye en un inicio.”, y aclaró “En otras palabras, el presente juicio será evaluado con severidad. Y será apreciado en su real dimensión si se convierte en el primero por el que se cambia una situación que resulta bochornosa haya perdurado tanto tiempo. De ahí que, desde una perspectiva política, favorezco una proyección integral: No hay derecho a que se siga percibiendo una parte de las remuneraciones en forma indebida, pero no debe ser el único al que se le imponga la responsabilidad por estos hechos.”

	Que, quien conduzca o integre el tribunal de cuentas debe ser el más idóneo que pueda seleccionarse, no puede ser fruto del azar o la componenda política. El estrepitoso fracaso del que venimos tendría que ser demostración suficiente para todos.

	Más en la actualidad, la exigencia de que para ocupar tan importantes cargos exista un proceso TRANSPARENTE de selección no solo es una cuestión de conveniencia política, es una exigencia legal.

Y es que, en el proceso de selección de un funcionario público, y máxime cuando nos referimos a la cobertura de un cargo de un organismo de contralor, al que la constitución le asigna autonomía, independencia y a sus integrantes los asimila a magistrados, lo que se pone en debate es, además del derecho al acceso a un cargo público sobre bases razonables y con fundamento en la idoneidad e igualdad de oportunidades para cubrirlo (cfme. arts. 16, 75 inc. 22 C.N., art. 20 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 21.2.- de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 23.1.c).- de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), art. 25.c).- del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 inc. 4, Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego), también la garantía de independencia del órgano que se pretende integrar.

En este sentido, la doctrina nacional viene advirtiendo insistentemente que uno de los puntos neurálgicos para evaluar el grado de independencia de los organismos de control en general es el proceso previo a su incorporación, más precisamente, los mecanismos de selección y designación de funcionarios .

 	Valga señalar que así es considerado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al expresar que "Para determinar si puede considerarse independiente a un órgano —especialmente en relación al ejecutivo y las partes— el Tribunal ha tenido en cuenta el modo de designación y la duración del mandato de los miembros, la existencia de garantías contra las presiones exteriores y sobre si hay o no apariencia de independencia" .

  	Es importante añadir que el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido recepcionado también por la Comisión de Derechos Humanos.

	Que, sentadas las cuestiones precedentemente expuestas, debemos decir que el método adoptado por la Legislatura para la designación es, sencillamente, la arbitrariedad. Designar al que se le antoja, o al que alcanza acuerdos políticos determinados. Y aquí, además del error, está la ilegalidad. 

	Los acuerdos políticos no son sinónimos de idoneidad. Y lo que la constitución exige no es que sea afín al poder político, sino que tenga conocimientos, experiencia y estudios apropiados y adecuados al cargo que va a ocupar. Y no solo que los tenga, sino que sea el que mayor caudal tenga de todos aquellos que, en igualdad de oportunidades, quieran ocupar dicha vacante.

	En palabras del Dr. Fayt: “… no tiene sustento constitucional en la República un sistema que permita al Consejo de la Magistratura proceder con un grado de discrecionalidad que, como lo ha traído a cuento esta Corte en el precedente de Fallos: 315:1361, le reconozca “…el poder para girar los pulgares para abajo o para arriba…”(…) “en tanto ello llevaría a consagrar una verdadera patente de corso a favor de los despachos administrativos”.

	En síntesis, no sólo que la Legislatura, ni ningún poder del estado, puede designar a quien se le antoje. Actuar con tan laxa discrecionalidad resulta, en la actualidad, manifiestamente inconstitucional.

	Que, como se sabe a la elemental garantía de igualdad ante la ley (art. 16 C.N.), concepto sin lugar a dudas muchas veces difícil de precisar, y asociado habitualmente a una perspectiva formal, ha sido complementado con medidas de acción positiva. Y, en este sentido, a la garantía establecida por el artículo citado, por la cual todos los habitantes son iguales ante la ley "y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad", se ha ampliado dicha garantía con los tratados internaciones de derechos humanos, que ponen el acento en la igualdad de oportunidades. En tal sentido, el art. 23 de la Convención Americana establece, en lo que al caso importa que: "Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: ... c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país". Estas garantías también se encuentran consagradas, en términos similares, en el art. art. 21.2.- de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el art. 25.c).- del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Parecido criterio emplea el art. 14 inc. 4 de la Constitución de la Provincia al establecer como derecho la "igualdad de oportunidades".

	La importancia de la efectivización de dichas garantías -fundamentalmente en orden a la integración del Tribunal de Cuentas- asume una relevancia institucional trascendente en orden a la vigencia del Estado de Derecho y la democratización de las instituciones. Por ello es que Hannah Arendt ha afirmado -con razón- que el primer derecho humano es el derecho al acceso a la vida pública, pues de él derivan todos los demás .

 	De ahí que, actualmente, estas garantías se encuentran tratadas dentro de aquellas que hacen a la realización efectiva de lo que empieza a nominarse como el derecho humano a la democracia . Esto resulta importante, pues como lo ha interpretado la Corte Interamericana de Derechos Humanos "... Las justas exigencias de la democracia deben, por consiguiente, orientar la interpretación de la Convención y, en particular, de aquellas disposiciones que están críticamente relacionadas con la preservación y el funcionamiento de las instituciones democráticas" (énfasis añadido) .

	En el caso, el mecanismo de selección que se practica contraría el derecho a acceder a un cargo público, en condiciones de igualdad, pues estas condiciones no se observan por el hecho de que -en el caso- todos los aspirantes participen bajo las mismas reglas. Ello sería como sentar que el principio sería respetado porque a todos se los trata arbitrariamente. Desde esta perspectiva, la igualdad estaría dada en el maltrato. La norma exige otra cosa. 	

	Y es que en rigor de verdad las exigencias del bloque de constitucionalidad destinadas a garantizar la idoneidad y el acceso igualitario al empleo público, como asimismo el derecho de la ciudadanía a contar con funcionarios idóneos, imparciales e independientes, están indisolublemente unidas a ciertas exigencias procedimentales y sustantivas que hoy no se encuentran contempladas de ninguna manera.

Que, tal como ha quedado expuesto, la violación al derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a un cargo público, termina siendo consecuencia de un procedimiento totalmente ausente de transparencia administrativa. Ello así, también entonces conculca el art. III.5 del Convenio Interamericano contra la Corrupción (en adelante CICC), en tanto dicho tratado internacional ha erigido con rango supraconstitucional esta exigencia.				

Indica el art. III.5 del CICC que "Los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer: ... 5.- Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas".			

Esta norma, como se dijo, ha erigido a rango supraconstitucional la transparencia en los procedimientos de selección , y de las directivas que dimanan del artículo citado surge que, en el caso, el procedimiento de selección no solamente no asegura publicidad (tal como luego se observará), sino que tampoco equidad y eficiencia, por las razones ya apuntadas y que someramente ahora se expresan.	
En lo que se refiere a la equidad, mal podrá considerarse alcanzada cuando se contraria en el procedimiento la garantía de acceso en condiciones de igualdad. Las pautas arbitrarias impiden considerar que pueda existir una distribución igualitaria de méritos. O con otras palabras, no puede considerarse equitativo que se dicte "una regla para los lunes y otra diferente para los martes" .				
En lo que se refiere al deber de eficiencia, en el caso, éste se encuentra enderezado a que se haga efectivo el propósito establecido en la norma que habilita la selección. Esto es, la eficiencia está vinculada con la idea de que el resultado del concurso se encuentre directamente involucrado con la constatación de idoneidad; lo que en la actualidad, por las razones ya expresadas, tampoco se logra.					
En consecuencia, por las razones expuestas, también se contraviene el art. III.5 del CICC.

En el mismo sentido que el tratado anteriormente referenciado, recientemente la República Argentina aprobó, mediante ley 26097, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.				

Dicho instrumento resulta de trascendental importancia al caso, pues profundizando el alcance de la Convención Interamericana contra la Corrupción, en materia de contrataciones establece en su artículo 9, en sus incisos b, c y d:
“Artículo 9
1.- Cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptará las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia, criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción. Estos sistemas, en cuya aplicación se podrán tener en cuenta valores mínimos apropiados, deberán abordar, entre otras cosas:
...
b).- La formulación previa de las condiciones de participación, incluidos criterios de selección ..., así como su publicación;
c).- La aplicación de criterios objetivos y predeterminados para la adopción de decisiones sobre contratación pública a fin de facilitar la ulterior verificación de la aplicación correcta de las reglas o procedimientos;
d).- Un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un sistema eficaz de apelación, para garantizar recursos y soluciones legales en el caso de que no se respeten las reglas o los procedimientos establecidos conforme al presente párrafo”.

Como, en la actualidad no se reúnen ninguna de las exigencias de la convención. O en otras palabras: existen, justamente, medidas diametralmente contrarias. 

En este marco es que venimos a presentar un proyecto para regular el mecanismo de selección de miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia, del que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR,
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º : Modificar el artículo 5º de la ley Provincial Nº 50 por el siguiente:
“Artículo 5.- El Tribunal de Cuentas estará integrado por tres (3)
miembros designados por el Poder Ejecutivo Provincial, en la forma
establecida en el artículo 164 de la Constitución Provincial y según el procedimiento establecido en el presente capítulo.”

Artículo 2º.- Incorpórese el artículo 5 bis a la Ley Provincial Nº 50 el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 5 bis.- Uno de los miembros contadores del Tribunal será designado a propuesta de la Legislatura.  El miembro abogado será
designado a propuesta del Consejo de la Magistratura.” 

Artículo 3º.- Modificar el artículo 6º de la ley Provincial Nº 50 por el siguiente:
“Artículo 6: La selección de los postulantes se realizará previo concurso público de oposición y antecedentes.
El proceso de evaluación de los aspirantes deberá integrarse con las siguientes etapas:
1).- Evaluación de antecedentes.
2).- Prueba de oposición.
3).- Entrevista personal.
La evaluación de los antecedentes y la prueba de oposición estará a cargo de la comisión que se prevé en la presente; la entrevista personal estará a cargo del máximo responsable del órgano al que le competa la propuesta.
Los aspirantes serán evaluados con un máximo de cien puntos, los que se distribuirán de la siguiente manera: Evaluación de antecedentes, hasta 30 puntos; prueba de oposición, hasta 50 puntos; entrevista personal, hasta 20 puntos. 
La vacante se cubrirá en base al mejor puntaje en el orden de mérito obtenido por los aspirantes. Quedarán excluidos del listado de orden de mérito aquellos aspirantes que no alcancen un mínimo total de sesenta (60) puntos.”

Artículo 4º.- Incorpórese el artículo 6 bis a la Ley Provincial Nº 50 el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 6 bis: La evaluación de los antecedentes de los aspirantes será fundada y de acuerdo a las bases contenidas y los límites impuestos en la presente, a saber:
1).- Antecedentes académicos y profesionales que tengan relación con el cargo concursado.
2).- Los títulos que posee, con indicación de fecha y organismos de expedición.
3).- Nómina de obras y trabajos publicados, con mención de fecha y lugar de publicación.
4).- Cargos desempeñados, con fechas de nombramiento y cese, y en su caso, motivo de éste, con indicación de su duración y causa.
5).- Conferencias dictadas, jornadas académicas en las que haya participado –como expositor o asistente-, con mención de fecha, lugar e institución patrocinante y que se vinculen con el cargo al que se aspira.
6).- Premios, distinciones honoríficas, académicas o cualquier otro reconocimiento recibido.
7).- Instituciones científicas o profesionales a las que pertenezca, cargos en los que se hubiere desempeñado.
8).- Todo otro antecedente que la máxima autoridad del órgano considere importante evaluar.
El valor de cada uno de los antecedentes, respetándose el límite previsto en la presente ley, será determinado por la máxima autoridad del órgano en forma previa al llamamiento del concurso.

Artículo 5º.- Incorpórese el artículo 6 ter a la Ley Provincial Nº 50 el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 6 ter: La prueba de oposición constará de dos partes: la primera consistirá en la resolución por escrito de casos prácticos reales, relativos a temas de la convocatoria; y la segunda consistirá en un coloquio mantenido por los aspirantes con los integrantes de la comisión que se crea por medio de la presente, el que versará sobre los siguientes aspectos:
1).- Criterios prácticos para la resolución de casos reales.
2).- Conocimientos de la materia concursada, en lo relacionado a la legislación sustancial y formal.
A los efectos de la evaluación de la prueba de oposición, así como la de antecedentes, se deberá conformar una Comisión Técnica ad hoc, designada por la máxima autoridad del órgano proponente, integrada por tres (3) miembros, los que deben ser docentes universitarios que hayan sido designados por concurso en facultades de derecho y ciencias sociales de Universidades Nacionales, o doctrinarios de reconocida solvencia académica.
Merituados que sean los antecedentes y evaluadas que fueran las pruebas de oposición, la Comisión Técnica remitirá al órgano proponente una terna compuesta por los aspirantes que hayan alcanzado mayor puntaje.
Para participar en la entrevista personal con la máxima autoridad del órgano proponente será necesario haber aprobado la prueba de oposición con un puntaje mínimo de 30 puntos sobre el máximo establecido por la presente ley para este segmento de evaluación.” 

Artículo 6º.- Incorpórese el artículo 6 quater a la Ley Provincial Nº 50 el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 6 quater: Recibidas que fueran las ternas, la máxima autoridad del órgano en un plazo máximo de QUINCE (15) días, publicará en el Boletín Oficial y en por lo menos DOS (2) diarios de circulación nacional, durante TRES (3) días, el nombre y los antecedentes curriculares de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia.
Las personas incluidas en la publicación que establece el párrafo anterior deberán presentar una declaración jurada con la nómina de todos los bienes propios, los de su cónyuge y/o los del conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, y los de sus hijos menores. Deberán adjuntar otra declaración en la que incluirán la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos OCHO (8) años, los estudios de abogados a los que pertenecieron o pertenecen, la nómina de clientes o contratistas de por lo menos los últimos OCHO (8) años, en el marco de lo permitido por las normas de ética profesional vigentes, y en general, cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias, actividades de su cónyuge, de sus ascendientes y de sus descendientes en primer grado, ello con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses.
Los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, podrán en el plazo de QUINCE (15) días a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar a la máxima autoridad del órgano, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada respecto de su propia objetividad respecto de los propuestos. No serán consideradas aquellas objeciones irrelevantes desde la perspectiva de la finalidad del procedimiento que establece el  artículo 9° de la presente o que se funden en cualquier tipo de discriminación.
Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social, político y de derechos humanos a los fines de su valoración.
Se recabará a la DIRECCION PROVINCIAL DE RENTAS y a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, preservando el secreto fiscal, informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de las personas eventualmente propuestas.
La máxima autoridad del órgano, respecto de aquellos aspirantes incluidos en las ternas, realizará una entrevista personal a cada uno, que tendrá por objeto valorar su motivación para el cargo, la forma en que se desarrollará eventualmente la función, puntos de vista sobre los temas básicos de su especialidad, sus procedimientos, su conocimiento de la Constitución Nacional, Provincial, sus planes de trabajo, los medios que propone para que su función sea eficiente. Todo conforme a las siguientes pautas:
1).- Criterio práctico que asegure el mejor servicio de control de cuentas públicas.
2).- Su aptitud, características y antecedentes personales que conlleven una mayor seguridad del compromiso del postulante respecto del deber de controlar la hacienda pública y su vocación para integrar el Tribunal de Cuentas.
3).- Su compromiso con el sistema democrático.
4).- Toda otra circunstancia que permita efectuar una valoración integral del aspirante.
En la puntuación de la entrevista, la máxima autoridad del órgano, además de las pautas sentadas precedentemente, deberá hacer mérito de las impugnaciones que se hubiesen interpuesto con motivo de la publicación de los aspirantes.”

Artículo 7º :  Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.