Señor Presidente:
El 12 de marzo de 2009, este bloque político ha presentado un proyecto de ley modificando la Ley Provincial N° 521, bajo el asunto N° 045/09, el cual se ha tratado en el marco de la comisión 5, posteriormente fue considerado en sesión el día 28/12/09, y en la misma el asunto fue girado nuevamente a la comisión.
Sin embargo no hubo nuevas consideraciones del asunto, y habiendo cumplido los dos años de su presentación, el proyecto fue girado a archivo, en cumplimiento de la ley N° 13.640.
Por lo expuesto es que presenta nuevamente el presente proyecto para que el mismo tome estado parlamentario.
El artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional otorga a la Convención de los Derechos del Niño jerarquía constitucional integrando el llamado bloque de constitucionalidad federal, lo que implicó un cambio significativo en materia de políticas de protección a la infancia y adolescencia, en virtud del reconocimiento y respeto de sus derechos y garantías.

Que, en ese sentido, a nivel nacional se promulgó la Ley Nº 26061 de Protección Integral de Derechos de las Niños, Niñas y Adolescentes con el objeto de promover acciones positivas que tiendan al aseguramiento del goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Que asimismo la precitada norma adopta un enfoque integral de las políticas públicas dirigidas a las niñas, niños y adolescentes y sus familias, constituyendo un instrumento legal que convierte en operativas las disposiciones contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, mediante el establecimiento de procedimientos explícitos que las entidades de atención y protección públicas y privadas y los ámbitos judiciales deben respetar.

Que a través del Decreto Reglamentario N° 415/2006, de la ley mencionada se insta a las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a disponer todas aquellas medidas u acciones que se estimen necesarias para dar cumplimiento al modelo de políticas públicas en la materia.
Que en el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la ley homónima es la 521, la que se publicó en el Boletín Oficial el 2 de Julio de 2001, cuyo objeto es "la protección integral de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, que se encuentren en el ámbito de la Provincia ..." y especificando que los derechos y garantías que enumera " deben entenderse complementarios de otros reconocidos en la Constitución Nacional, la convención internacional sobre los derechos del niño, demás tratados internacionales en los que el estado argentino sea parte, la constitución de la Provincia de Tierra del Fuego y otras leyes" (art. °1), asumiendo por la ley el Estado Provincial la obligación de "tomar todas las medidas administrativas legislativas, judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías "(art. 4°).-
En este orden de ideas corresponde adaptar la normativa provincial conforme lo sugiere la reglamentación de la Ley Nacional, disponiendo todas aquellas medidas u acciones que se estimen necesarias para dar cumplimiento al modelo de políticas públicas vigente en la materia a nivel nacional.
Resultando por ello menester reformar el mencionado Título II "Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes previsto en la ley Provincial N° 521 a fin de su adecuación a los lineamientos sentados en la ley Nacional N° 26061 y la recepción de aquellas medidas de protección integrales que garanticen la efectividad de los derechos reconocidos a las niñas, niños y adolescentes por el bloque de constitucionalidad.
Asimismo, es de resaltar que el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes instaurado por la Ley Provincial 521, se conforma a través de organismos administrativos

que asumen roles de trascendencia en la materia. Es así que el Consejo Provincial de la Niñez y Adolescencia es el órgano que define concertadamente la política a implementar. La Subsecretaría de Política de Infancia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social es el órgano encargado de la aplicación por diversos métodos y finalidades de la normativa y los lineamientos sentados en la materia, y la Oficina de Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, asume un rol fundamental, como organismo de control y defensa de derechos, a fin de velar por la protección y promoción de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Convención de los Derechos del Niño y las leyes nacionales y provinciales.
En este contexto, las funciones a cargo de la Oficina de Defensa de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, requieren de un marco de actuación funcional independiente, puesto que si todas las funciones de delinear, aplicar y controlar las políticas públicas en la materia recayeran sobre el mismo órgano difícilmente podremos implementar controles críticos y objetivos que permitan avanzar en el mejoramiento general de la realidad de este privilegiado sector social.
Ello impone que las funciones de defensa sean articuladas en forma independiente pero a su vez coordinadas con el resto de los órganos administrativos con competencia en la materia a los efectos de alcanzar los objetivos de mejoramiento y promoción de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Es por ello, que se proyecta reformular la Oficina de Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes creadas por Ley 521, independizándola del gobierno, articulando su relación con éste a través de la Subsecretaría de Políticas de Infancia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, como así también con el Consejo Provincial de la Niñez y Adolescencia a los efectos de garantizar una actuación independiente de tales órganos pero coordinados entre en sí, siendo la actividad que desarrolle la Oficina de Defensa de Derechos financiadas totalmente con fondos públicos.

Prevemos además algunas reformas al resto del articulado, mejorando la armonización del mismo a la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño.
Finalmente cabe resaltar que tan significativos y trascendentales cambios que se introducen imponen necesariamente la posibilidad de otorgar al Poder Ejecutivo Provincial de un plazo prudencial a los efectos; de poder llevar adelante las acciones tendientes a la implementación del nuevo modelo de política en materia de la adopción de medidas de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1º: Sustituyese el texto del art. 3° de la ley provincial 521 por el siguiente:

"Artículo 3°; El sistema de protección integral dispuesto por la presente ley se aplica, en general a las personas menores de 21 años de edad, sin discriminación alguna por razón de su nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, capacidad diferente, enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión o cualquier otra circunstancia personal, familiar o social; a excepción de aquellas medidas que expresamente, contemplen especialmente a las personas menores de dieciocho (18) años de edad, en tanto alcanzadas por la definición de niños expresada en el art. 1° de a Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño"

Artículo 2°: Sustituyese el texto del art. 5°, de la ley Provincial 521 por el siguiente:

"Artículo 5°: Interés superior. A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente, la máxima satisfacción, integral y simultánea, de los derechos y garantías reconocidos en esta ley.

Debiéndose respetar:
a)	Su condición de sujeto de derecho;
b)	El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta;
c)	
c)	El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural;

Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales;
d)	El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común;
e)	Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia.
Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores, cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse.

Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros."

Artículo 3º: Agrégase, como párrafo quinto (5°) al artículo 24" de la ley provincial 521, el siguiente:

"Queda prohibida la privación de libertad ambulatoria para todo niño declarado "no punible" o "inimputable" por el régimen penal de menores".-

Artículo 4º: Sustitúyese el texto del inciso f) del artículo 32° de la ley Provincial 521 por el siguiente:

"f) a no ser obligado a declarar, sin que la negativa se interprete en su contra; ".-

Artículo 5º; Sustituyese el texto del inciso g) del art. 32° de la ley Provincial 521 por el siguiente:

" g) a solicitar la presencia de los padres o responsables a partir de su aprehensión o detención y en cualquier etapa del procedimiento, lo cual deberá proveerse inmediatamente;".-

Artículo 6°: Sustituyese el texto del inciso h) del artículo 32° de la ley Provincial 521 por el siguiente:

"h) a que sus padres, responsables o personas con quien tenga trato afectivo sean informadas de inmediato en caso de aprehensión o detención, del lugar dónde se encuentra, hecho que se le imputa y tribunal y fiscalía que intervienen, posibilitándose asimismo la inmediata comunicación entre el niño o adolescente y tales responsables;".-

Artículo T: Agrégase, como último párrafo del artículo 32° de la ley provincial 521, el siguiente:

"Prohíbese la incomunicación de todo niño, niña o adolescente menor de dieciocho (18) años de edad ".-

Artículo 8°: Sustituyese el Título II de la Parte Segunda de la ley Provincial 521, e incorpórense los artículos 42 BIS, 42 TER Y 42 QUATER al presente título, quedando redactado de la manera siguiente:

"TÍTULO II
SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES"

Art. 36 - CONFORMACIÓN. El Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes está conformado por todos aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en el ámbito provincial y municipal, destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y establece los medios a través de los cuales se asegura el efectivo goce de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño , demás tratados de derechos humanos ratificados por el Estado argentino y el ordenamiento jurídico nacional.

La Política de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes debe ser implementada mediante una concertación articulada de acciones de la Provincia y los Municipios.
Para el logro de sus objetivos, el Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes debe contar con los siguientes medios:
a)	Políticas, planes y programas de protección de derechos;
b)	Organismos administrativos y judiciales de protección de derechos;
c)	Recursos económicos;
d)	Procedimientos;

e) Medidas de protección de derechos;

í) Medidas de protección excepcional de derechos.
Art. 37.-MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS. Son aquéllas emanadas del órgano administrativo competente local ante la amenaza o violación de los derechos o garantías de uno o varias niñas, niños o adolescentes individualmente considerados, con el objeto de preservarlos, restituirlos o reparar sus consecuencias.

La amenaza o violación a que se refiere este artículo puede provenir de la acción u omisión del Estado, la sociedad, los particulares, los padres, la familia, representantes legales, o responsables, o de la propia conducta de la niña, niño o adolescente.

La falta de recursos materiales de los padres, de la familia, de los representantes legales o responsables de las niñas, niños y adolescentes, sea circunstancial, transitoria o permanente, no autoriza la separación de su familia nuclear, ampliada o con quienes mantenga lazos afectivos, ni su institucionalización.

Art. 38.- FINALIDAD. Las medidas de protección de derechos tienen como finalidad la preservación o restitución a las niñas, niños o adolescentes, del disfrute, goce y ejercicio de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias.

Art. 39.- APLICACIÓN. Se aplicarán prioritariamente aquellas medidas de protección de derechos que tengan por finalidad la preservación y el fortalecimiento de los vínculos familiares con relación a las niñas, niños y adolescentes. Cuando la amenaza o violación de derechos sea consecuencia de necesidades básicas insatisfechas, carencias o dificultades materiales, económicas, laborales o de vivienda, las medidas de protección son los programas dirigidos a brindar ayuda y apoyo incluso económico, con miras al mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares.
Art. 40.- PROHIBICIÓN. En ningún caso las medidas a que se refiere el art. 37 de esta ley podrán consistir en privación de la libertad conforme lo establecido en el art. 24.

Art. 41.-MEDIDAS DE PROTECCIÓN. Comprobada la amenaza o violación de derechos, deben adoptarse, entre otras, las siguientes medidas;

a)	Aquellas tendientes a que las niñas, niños o adolescentes permanezcan conviviendo con su grupo familiar, a excepción de que el mismo los/las expongan a explotación, maltrato y/o abuso sexual.
b)	Solicitud de becas de estudio o para jardines maternales o de infantes, e inclusión y permanencia en programas de apoyo escolar;

c)	Asistencia integral a la embarazada;
d)	Inclusión de la niña, niño, adolescente y la familia en programas destinados al fortalecimiento y apoyo familiar;
e)	Cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar, orientando y apoyando a los padres, representantes legales o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones, juntamente con el seguimiento temporal de la familia y de la niña, niño o adolescente a través de un programa;
f)	Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la niña, niño o adolescente o de alguno de sus padres, responsables legales o representantes;

g)	Asistencia económica.

La presente enunciación no es taxativa.
Art. 42.-EXTINCIÓN. Las medidas de protección pueden ser sustituidas, modificadas o revocadas en cualquier momento por acto de la autoridad competente que las haya dispuesto y cuando las circunstancias que las causaron varíen o cesen.
Art. 42 BIS.-MEDIDAS EXCEPCIONALES. Son aquellas que se adoptan cuando las niñas, niños y adolescentes estuvieran temporal o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio.

Tienen como objetivo, la conservación o recuperación por parte del sujeto del ejercicio y goce de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias.

Estas medidas son limitadas en el tiempo y sólo se pueden prolongar mientras persistan las causas que les dieron origen.

Art. 42 TER-PROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS EXCEPCIONALES. Sólo serán procedentes cuando, previamente, se hayan cumplimentado debidamente las medidas dispuestas en el art. 41.

Declarada procedente esta excepción, será la autoridad local de aplicación quien decida y establezca el procedimiento a seguir, acto que deberá estar jurídicamente fundado, debiendo notificar fehacientemente dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, la medida adoptada a la autoridad judicial competente en materia de familia de cada jurisdicción.

El funcionario que no dé efectivo cumplimiento a esta disposición, será pasible de las sanciones previstas en el cap. IV del Código Penal de la Nación.

La autoridad competente de cada jurisdicción, en protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dentro del plazo de setenta y dos (72) horas de notificado, con citación y audiencia de los representantes legales, deberá resolver la legalidad de la medida; resuelta ésta, la autoridad judicial competente deberá derivar el caso a la autoridad local competente de aplicación para que ésta implemente las medidas pertinentes.

Art. 42 QUATER- Aplicación. Las medidas establecidas en el art. 43, se aplicarán conforme a los siguientes criterios:

a) Permanencia temporal en ámbitos familiares considerados alternativos. Las medidas consisten en la búsqueda e individualización de personas vinculadas a ellos, a través de líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según costumbre local, en todos los casos teniendo en cuenta la opinión de las niñas, niños y adolescentes;

b) Sólo en forma excepcional, subsidiaria y por el más breve lapso posible puede recurrirse a una forma convivencial alternativa a la de su grupo familiar, debiéndose propiciar, a través de mecanismos rápidos y ágiles, el regreso de las niñas, niños y adolescentes a su grupo o medio familiar y comunitario. Al considerar las soluciones se prestará especial atención a la continuidad en la educación de las niñas, niños y adolescentes, y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. Estas medidas deberán ser supervisadas por el organismo administrativo local competente y judicial interviniente;

c) Las medidas se implementarán bajo formas de intervención no sustitutivas del grupo familiar de origen, con el objeto de preservar la identidad familiar de las niñas, niños y adolescentes;

d) Las medidas de protección excepcional que se tomen con relación a grupos de hermanos deben preservar la convivencia de los mismos;
e)	En ningún caso, las medidas de protección excepcionales pueden consistir en privación de la libertad;
f)	No podrá ser fundamento para la aplicación de una medida excepcional, la falta de recursos económicos, físicos, de políticas o programas del organismo administrativo.

Artículo 9º: Sustituyese el Capítulo III (Tercero), del Título III (Tercero) de la parte segunda de la ley Provincial 521 e incorpórese los artículos 66 bis, 66 ter y 66 quater al presente capítulo, quedando conformado de la siguiente manera:
"TITULO III AUTORIDADES DE APLICACIÓN Y CONTROL"
Capítulo III
Oficina de defensa de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes Creación, Carácter y Financiamiento.
Art. 64": Créase, en el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego, la oficina de Defensa de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, quien tendrá a su cargo la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes ante las instituciones públicas y privadas y la supervisión y control de la aplicación del sistema integral de protección integral de los derechos previsto en la presente Ley.
La oficina creada en el párrafo precedente, funcionará como agencia descentralizada, elaborará su propio presupuesto, será funcionalmente independiente y financiada completamente por el Gobierno

Provincial, articulándose la comunicación con el mismo a través de la Subsecretaría de Políticas de Infancia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Tendrá su sede en la ciudad de Ushuaia y contará con una delegación departamental en la ciudad de Río Grande.-

INTEGRACION
Art. 65º: La oficina de Defensa de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes se integrará por:
1	- un/a abogado/a;
2	- un/a profesional universitario/a en Trabajo Social;
3	- un/a profesional psicólogo/a.-
4.- un Técnico en Minoridad y Familia
Deberá contar además con un plantel de personal con formación y capacitación compatible, y del personal administrativo y de servicios, quienes cumplirán funciones bajo la dirección de la oficina, a los fines del mejor cumplimiento de los roles que ha ésta le asigna la presente ley,
Al efecto de su puesta en funcionamiento, se harán las pertinentes reasignaciones de partidas presupuestarias, recursos humanos y equipamiento necesario dentro del Ministerio de Desarrollo Social y Subsecretaría de Políticas de Infancia Adolescencia y Familia, en la medida que tales recursos estuvieran afectados al cumplimiento de funciones relativas a la materia contemplada en la presente ley. Ello sin perjuicio de la incorporación de nuevos profesionales y personal administrativo y de servicios que pueda ser necesario para el mejor cumplimiento del cometido asignado por la presente ley.
No podrán integrar la Oficina:
1	- los inhabilitados por la Constitución Provincial para ejercer cargos electivos;
2	- quienes estén bajo proceso;

3	- quienes estén inhabilitados para el desempeño de cargos públicos;
4	- quienes hayan sido cesanteados o exonerados de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal;
5	- los condenados por cualquier delito doloso;
6	- los fallidos, los concursados y los inhabilitados para el uso de cuentas bancarias o el libramiento de cheques;
7	- familiares directos, hasta el cuarto grado de consanguinidad de autoridades provinciales electas y de miembros de la planta política provincial.
FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA OFICINA
Artículo 66º: Son funciones, atribuciones y deberes de la oficina de defensa de derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes:
a)	dictar su reglamento de funcionamiento;
b)	difundir la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, la presente ley y demás reglas establecidas en el art. 2°;
c)	brindar asesoramiento, orientación y atención ante situaciones de amenaza o violación de Derechos de niños, niñas y adolescentes;
d)	recibir y dar curso a reclamos e inquietudes que formulen niños, niñas y adolescentes y/o cualquier otra persona de existencia física o ideal, con relación a los derechos contemplados en la presente ley;
e)	utilizar y promover la utilización de modalidades alternativas a la intervención judicial, para la resolución de conflictos;

f)	otorgar patrocinio jurídico gratuito a niños, niñas, adolescentes y a miembros de su grupo familiar,
g)	interponer acción judicial contra todo acto de los poderes del estado o de particulares que vulnere o restrinja los derechos de los niños, niñas y adolescentes; como así también aquellas que tengan por' objeto la vigencia de principios, derechos y garantías asegurados, en la presente ley; a tal fin estará legitimada para comparecer y presentarse espontáneamente en su carácter de autoridad de control de la aplicación de presente régimen invocando la representación colectiva de los niños y adolescentes;
h)	efectuar presentaciones en carácter de "amicus - curiae'" en todo proceso judicial en que deban tomarse decisiones relativas a niños, niñas y adolescentes; formulando las observaciones que entienda adecuadas al cabal respeto de las disposiciones de la presente ley;
i)	ejercer el control de la aplicación de la presente ley, en todo procedimiento administrativo o judicial que involucre a niños, niñas y adolescentes; a cuyo fin estará facultada para recabar todos los informes y documentos que fueren necesarios siendo obligación de los requeridos suministrarlos en el plazo que le fije, reputándose su incumplimiento falta grave en su desempeño;
j) realizar visitas, efectuar inspecciones, recabar informes y documentación en todos los establecimientos públicos o privados que alojen niños; niñas y adolescentes en el marco de las políticas y programas implementados por la autoridad de aplicación de la presente ley, con el objeto de verificar el respeto de sus disposiciones de esta ley;

k) realizar visitas, efectuar inspecciones, recabar informes y documentación en los establecimientos que, en virtud de orden judicial, alojen niños, niñas y adolescentes privados de su libertad ambulatoria, con el objeto de verificar el respeto de las disposiciones de esta ley;
1) denunciar la existencia de incumplimientos a lo establecido en la presente ley;
m) brindar apoyo, orientación, contención, seguimiento y acompañamiento para que los niños, niñas y adolescentes mantengan o recuperen el disfrute y goce de sus derechos; 
n) llevar un registro de comunicaciones y confeccionar estadísticas de los reclamos que se le efectúen como de las observaciones y denuncias que realice. Las estadísticas deberán contener, entre otras variables, las distintas problemáticas, personas involucradas, circuitos, acciones llevadas a cabo y resultados de las mismas;
o) formular recomendaciones, propuestas o sugerencias a entidades públicas o privadas respecto de cuestiones susceptibles de ser materia de investigación;
p) proponer las reformas legales necesarias para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes;
q) denunciar al consejo de la magistratura el cumplimiento o incumplimiento por parte de los jueces, de la ley
521 en fallos y decisiones que se relacionen con los niños, niñas y adolescentes;
r) Elaborar su presupuesto anual. 
Art. 66 bis: Los integrantes de la oficina de Defensa de Derechos, se incorporarán a la misma previa selección en concurso público de oposición y antecedentes de conformidad con lo previsto en el anexo de esta ley, durarán tres (3) años en sus funciones, gozarán de inamovilidad en el cargo mientras dure su buena conducta y sólo podrán ser separados del mismo, por mal desempeño, indignidad, o por hallarse

incursos en delito doloso. En tales casos podrán ser removidos de sus cargos por el Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia con acuerdo de la autoridad de aplicación de la presente ley, y previo descargo del interesado y respetándose las demás garantías sustanciales del debido proceso.-
La oficina será representada y organizada en su funcionamiento por un coordinador. La Coordinación será ocupada en forma alternada por cada uno de los integrantes de las mismas, con una duración de un (1) año en sus funciones definiéndose en primera reunión.
La actuación de los integrantes de la oficina será conjunta, distribuyéndose coordinadamente las tareas o los asuntos según criterio de quién ejerce la coordinación.
Los miembros de la oficina tendrán dedicación exclusiva y su personal estará sujeto a la jomada horaria vigente para todo el personal de la Administración Pública Provincial. Los primeros percibirán una remuneración equivalente al Cargo de Subsecretario del Poder Ejecutivo Provincial y los segundos revistaran en el escalafón vigente para el personal del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.

Artículo 66 ter: INFORME ANUAL: La oficina de Defensa de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes deberá dar cuenta anualmente al Consejo Provincial de la Niñez de la labor realizada en un informe que presentara antes del 31 de marzo de cada año. En la inmediata sesión del Consejo Provincial de la Niñez posterior a la presentación del informe anual, los integrantes de la oficina de Defensa de Derechos deberán rendir dicho informe en forma verbal ante el mismo.
Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen, podrán presentar un informe especial.
Los informes anuales y especiales serán publicados en el Boletín Oficial de la Provincia. Los integrantes de la oficina de Defensa de Derechos en forma personal deberán concurrir cuando así lo solicite el Consejo

Provincial de la Niñez a. brindar los informes que se le requieran o en cualquier momento cuando éste así lo disponga.
Artículo 66 quater: CONTENIDO DEL INFORME: Los integrantes de la oficina de Defensa de Derechos, deberán dar cuenta en su informe anual de las denuncias presentadas y del resultado de las investigaciones, como así también de la labor desarrollada por la oficina. En el informe no deberán constar los datos personales que permitan la pública identificación de los denunciantes, como así tampoco de las niñas, niños y adolescentes involucrados. El informe contendrá un anexo en el que se hará constar la rendición de cuentas del organismo en el período que corresponda.
Artículo 10: Sustituyese el texto del artículo 68 de la ley provincial 521 por el siguiente: Art. 68°: No serán de aplicación respecto de los menores de veintiún (21) años los artículos 262, 263, 264, 265, 266 del Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero de la Provincia de Tierra del Fuego.
Artículo 11: Incorpórese a la ley provincial N° 251 el artículo 69 BIS, que quedará redactado de la siguiente manera:
Art.69 bis; El Poder Ejecutivo Provincial tendrá un plazo de un (1) año a los efectos de la implementación de la parte 11, título II y Título III capítulo III de la presente.

ANEXO
PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS DE LAS OFICINAS DE DEFENSA DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
DE LAS DESIGNACIONES
Artículo 1º; La designación de los profesionales que integrarán los equipos técnicos de la oficina de defensa de derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes las efectuará el Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia, previa selección de acuerdo al siguiente procedimiento: 
A - La selección de los funcionarios se realizará previo concurso público de oposición y antecedentes.-
B - El proceso de evaluación de los aspirantes deberá integrarse con las siguientes etapas:
1 - evaluación de antecedentes;
2	- prueba de oposición;
3	- entrevista personal;
C - La evaluación de los antecedentes, la prueba de oposición y la entrevista personal estará a cargo de un jurado que se integrará de la siguiente forma;
1 - Un (1) representante del Consejo Provincial de la Niñez.
2-   Un (1) profesional de la matrícula de Abogado, Psicólogo, Trabajador Social, o Técnico en Minoridad y Familia
de acuerdo al cargo que se concurse designado por el colegio respectivo o asociación profesional.
3 - Un (1) representante de la Subsecretaría de Políticas de Infancia, Adolescencia y Familia.

4	- Como veedor se convocará a el/la Presidente del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia o a quién este designe para dicho cometido.
5	 D - Los aspirantes serán evaluados con un máximo de cien puntos los que se distribuirán de la siguiente manera:
1	- Evaluación de antecedentes, hasta treinta puntos;
2	- Prueba de oposición, hasta cincuenta puntos;
3	- Entrevista personal, hasta veinte puntos;
Quedarán excluidos del listado de orden de mérito aquellos aspirantes que no alcancen un mínimo total de sesenta (60) puntos. Merituados que sean los antecedentes y evaluadas las pruebas de oposición, quedará conformada una tema compuesta por los aspirantes que hayan alcanzado mayor puntaje quienes quedarán habilitados para la entrevista personal. La vacante se cubrirá en base al mejor puntaje en el orden de mérito obtenido por los aspirantes.

DE LOS ANTECEDENTES
Artículo 2º: La evaluación de los antecedentes de los aspirantes será fundada y de acuerdo a las bases contenidas en la presente ley, a saber:
a)	- antecedentes académicos y profesionales que tengan relación con el cargo concursado;
b)	- los títulos que posee, con indicación de fecha y organismos que los expidieran;
c)	- nómina de obras y trabajos publicados, con mención de fecha y lugar de publicación;
d)	- antecedentes laborales desempeñados que se vinculen con el cargo al que se aspira;

e)	- conferencias dictadas, jomadas académicas en las que haya participado como expositor o asistente, con mención de fecha, lugar e institución patrocinante y que se vinculen con el cargo al que se aspira;
f)	premios, distinciones honoríficas, académicas o cualquier otro reconocimiento recibido;
g)	instituciones culturales o profesionales a las que pertenezca, cargos que desempeñe en las mismas;
h)	todo otro antecedente que considere importante.-
El valor de cada uno de los antecedentes, respetándose el límite previsto en la presente ley será determinado por el consejo Provincial de la Niñez en forma previa al llamamiento del concurso.

DE LA PRUEBA DE OPOSICIÓN
Artículo 3: La prueba de oposición constará de dos partes:
a)	la primera consistirá en la presentación por escrito de im proyecto referido a la defensa y promoción de los derechos y garantías consagrados en la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño y en la presente ley; y
b)	la segunda consistirá en un coloquio mantenido por los aspirantes con los integrantes del jurado, el que versará sobre el proyecto presentado.

DE LA ENTREVISTA PERSONAL
Artículo 4º; El jurado designado, respecto de aquellos aspirantes incluidos en las temas, realizará una entrevista personal a cada uno, que tendrá por objeto valorar su motivación para el cargo, la forma en que desarrollará eventualmente en la función, su formación general sobre la materia en cuestión, sus planes de trabajo, los medios que propone para que su función sea eficiente. Todo conforme a las siguientes pautas:

a)	criterio que asegure el mejor servicio de defensa independiente de los derechos del niño, adolescente y la familia;
b)	conocimiento y criterios referidos al dominio de los derechos y garantías de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño y de la presente ley;
c)	su aptitud, características y antecedentes personales que conlleven una mayor seguridad del compromiso del postulante respecto a los objetivos fijados en la presente ley;
d)	su compromiso con el sistema democrático, con los derechos humanos, con la niñez, la adolescencia y la familia;
e)	toda otra circunstancia que permita efectuar una valoración integral del aspirante.-