FUNDAMENTOS.
Sr. Presidente.
Los delitos contra la integridad sexual constituyen un grave problema social que plantea desafíos hacia todos los campos dada la complejidad en que se desenvuelven, lo cual advierte de la necesidad de políticas y estrategias integrales y complementarias desde los distintos sectores que tengan competencia y responsabilidad.
Este bloque ha presentado el proyecto de ley que se encuentra en tratamiento en la cámara legislativa mediante el cual se pretende crear un registro de victimarios y datos genéticos de quienes incurran en delitos contra la integridad sexual, con el objeto de prevenir y evitar la reincidencia. En tal sentido y a efectos de fundamentar la referida iniciativa hemos realizado un pormenorizado informe conceptual y estadístico, sobre las tasas de prevalencia e incidencia de este tipo de delitos, en el ámbito nacional y particularmente en nuestra provincia, al cual nos remitimos, habida cuenta de la estrecha relación entre ese proyecto y el que en esta oportunidad solicitamos tratamiento y aprobación.
El Programa de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Delitos Sexuales que se pretende instaurar es una herramienta fundamental para generar un sistema de asistencia, permanente e institucionalizado, para proteger a las víctimas de los delitos tipificados como tales en el Libro II, Título III (Delitos contra la Integridad Sexual), Capítulos II, III y IV del Código Penal. 
Desde una perspectiva amplia resulta importante tener en cuenta que los programas de este tipo creados a nivel internacional y con un estándar de reconocimiento por sus méritos, han estado basados en estudios realizados por Von Hentif, Mendelsohn y Ellenberger, reconocidos psicológos y sociológos, que permitieron la introducción de un sistema de análisis sobre el comportamiento de las víctimas y la estrecha necesidad de la contención por parte del estado.
El compromiso del Estado Argentino en la atención a las víctimas de violaciones sexuales se enmarca en obligaciones asumidas en convenios y acuerdos internacionales; en este caso, la Convención de Belem do Para, “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”, aprobada y ratificada por la Ley 24.632 en el año 1996, adquiriendo jerarquía constitucional en los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
El objetivo del programa que proponemos es brindar orientación y contención psicológica, jurídica y social a las víctimas del espectro delictual antes referido. Debemos señalar, Sr. Presidente, que para este cometido resulta necesario, imprescindible e integrador la intervención dinámica del estado. En el artículo 2º del presente proyecto realizamos una enunciación sobre los objetivos del programa, debiendo advertirse, necesariamente, que esta lista de pretenciones no excluye, en absoluto, la incorporación de nuevos objetivos que sean concurrentes al fin ulterior y nodal; cual es la protección de la integridad de las víctimas.
Con respecto a la funcionalidad del programa hemos diseñado una estructura con cabeza en el área de derechos humanos, habida cuenta de que los delitos que atañen involucra derechos básicos y fundamentales, estimando, desde ésta parte, la necesidad de conceptualizar que el ataque a la libertad sexual implica un grave menoscabo al derecho humano de quien resulta víctima y al derecho humano social y universal por las consecuencias de la criminalidad que ello conlleva. 
Una de las características fundamentales del programa es su funcionamiento intersectorial con la participación del área de derechos humanos, como se ha señalado en el párrafo anterior, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Educación; asignándole a cada una de éstas jurisdicciones el cargo y responsabilidad en relación al tema.
Básicamente podría decirse que la Secretaría de Derechos Humanos prestará asistencia jurídica a las víctimas, incluyendo el patrocinio gratuito para presentarse como querellante en caso de que ésta no tuviera recursos económicos que le permitan la asistencia de un letrado; el Ministerio de Salud, por su parte, articulará los mecanismos protectivos en materia de prevención y asistencia de salud, teniendo estricta responsabilidad de confeccionar protocolos médicos que garanticen el acceso al programa en tiempo y forma, la calidad de atención, la capacitación de los profesionales intervinientes, etc.; el Ministerio de Educación deberá sensibilizar a la comunidad educativa, buscando el mayor alcance posible, sobre la importancia y magnitud del los delitos contra la integridad sexual, incluyendo en la educación formal la prevención de los delitos sexuales, promoviendo, hacia la comunidad educativa amplia (organizaciones barriales, asociaciones intermedias, comunidad en general) la concientización sobre la lucha contra este tipo de delitos; en tanto y por último, el Ministerio de Gobierno producirá la capacitación de las fuerzas de seguridad y promoverá la creación de ámbitos de contención de las víctimas.
En relación a lo antes expuestos, resulta importante poner de relieve que mediante el CAPITULO II del proyecto (art. 9º y 10º) se determina la gratuidad de las prestaciones  de salud que reciba la víctima, abarcando el espectro de salud pública, seguridad social y sistemas privados.
Seguramente nuestros pares compartirán el criterio que en un programa de esta naturaleza y con los alcances señalados resulta imprescindible crear un canal de participación de la comunidad. Desde atalaya es que en la presente iniciativa incorporamos el Consejo Provincial de las Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual con participación de la sociedad civil y de las instituciones públicas que entienden en la materia.
Por último, y en materia de prevención, se prevé la realización de estudios conceptuales y estadísticos destinados a la prevención de éstos delitos que servirán de base para ir delineando políticas correctivas, desde la base de resultados.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa. 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DETIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
SANCIONA CON FUERZA DE
 L E Y

CAPITULO I:   
Creación  programa de prevención y 
Asistencia a las víctimas de delitos sexuales. 

Artículo 1º: Créase el Programa de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Delitos Sexuales, el que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia, en coordinación intersectorial con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Educación.
Artículo 2º: Son objetivos del Programa:
a)	garantizar el respeto, protección y ejercicio de los derechos humanos a las víctimas de delitos contra la integridad sexual.
b)	Implementar servicios integrales, específicos, expeditivos, accesibles y gratuitos para la asistencia médica, psicológica, social y jurídica a las personas víctimas de delitos contra la integridad sexual.
c)	Promover la coordinación intersectorial para la implementación de acciones destinadas a la prevención, la asistencia y la rehabilitación de las personas que sufren sus efectos.
d)	Organizar campañas de concientización pública, a través de los medios de difusión masiva, para prevenir y evitar los delitos contra la integridad sexual.
e)	Realizar campañas de divulgación, a través de los medios de difusión masiva, acerca de los efectos negativos personales y sociales de los delitos contra la integridad sexual y de los servicios de orientación y asistencia de que disponen las víctimas.
f)	Disminuir la morbilidad de las personas víctimas de delitos contra la integridad sexual.
g)	Sensibilizar y capacitar, incluyendo la perspectiva de género, al personal de las fuerzas de seguridad, de salud, de educación y de justicia para la prevención y asistencia de las víctimas de delitos contra la integridad sexual.
h)	Promover la realización de actividades de estudio, investigación y divulgación vinculadas con los delitos contra la integridad sexual y sobre la violencia de género.
i)	Implementar medidas conducentes a evitar este tipo de delitos y la reincidencia de los mismos, mediante adecuados procedimientos preventivos y tratamientos correctivos de carácter psicológicos durante y con posterioridad al cumplimiento de las penas por parte de quienes cometan delitos contra la integridad sexual.
Artículo 3º: La presente ley se inscribe en el marco de la ¨Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer¨ y la ¨Convención sobre los Derechos del Niño¨. 
En caso de duda en la aplicación de la presente ley serán fuente de interpretación las referidas Convenciones Internacionales. 
Artículo 4º: El Ministerio de Salud tendrá a su cargo: 
a)	Incluir la prevención y asistencia a las víctimas de delitos sexuales en las políticas públicas del sector, jerarquizando las acciones preventivas en el nivel de atención primaria.
b)	Capacitar al personal profesional, técnico y auxiliar de la salud en la prevención de los delitos sexuales, con especial énfasis en los servicios de atención primaria, salas de primeros auxilios, guardias, agentes de salud, médicos de cabecera o cualquier otra modalidad en su tipo.  
c)	Capacitar al personal profesional técnico y auxiliar de la salud en la detección de indicadores de abuso sexual.
d)	Confeccionar los protocolos médico y psicológico que especifiquen el procedimiento a seguir para la atención a la víctima de delitos sexuales y su entorno familiar y afectivo, resguardando su intimidad de la personas asistida y garantizando el acceso a las prestaciones de anticoncepción de emergencia y del tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA, previo consentimiento informado.
El procedimiento deberá asimismo asegurar la obtención y preservación de los elementos probatorios y la asistencia psicológica para contención y tratamiento de la víctima durante el tiempo necesario. 
e)	Procurar la mejor calidad en la atención, que observe un trato digno y respetuoso, eliminando prácticas institucionales discriminatorias. 
Artículo 5º: La Secretaria de Derechos Humanos tendrá a su cargo:
a)	Proveer el asesoramiento legal, el acompañamiento y la contención necesarios a la víctima. Asimismo proveerá al patrocinio gratuito en caso de carecer de recursos económicos y de que decida presentarse en calidad de querellante.
b)	Recomendar la aplicación de tratamientos psicológicos como parte de las penas a las personas que cometan delitos contra la integridad sexual.
Artículo 6º: El Ministerio de Gobierno tendrá a su cargo: 
a)	Capacitar incluyendo la perspectiva de género, a los agentes policiales y fuerzas de seguridad.
b)	Conformar áreas específicas en las comisarías a fin de proporcionar un ámbito de privacidad para la recepción de las denuncias, garantizando un marco de respeto y contención a las víctimas.
c)	Articular con el Poder Judicial a los efectos de implementar la presente ley en particular en el ámbito del Cuerpo Médico Forense 
Artículo 7º: El Ministerio de Educación tendrá a su cargo:
a)	Desarrollar acciones para sensibilizar y capacitar, incluyendo la perspectiva de género, a la comunidad educativa sobre la existencia, importancia y magnitud de los delitos contra la integridad sexual.
b)	Incluir en la capacitación, actualización y nueva formación en servicio de los docentes, contenidos para sensibilizar y capacitar, incluyendo la perspectiva de género, sobre los delitos  contra la integridad sexual y sobre su prevención. 
c)	Incluir en todos los niveles de la Educación Formal y regímenes especiales, la prevención de los delitos contra la integridad sexual y la información sobre los servicios de protección y asistencia en la materia. 
d)	Promover la oferta de servicios de Educación No Formal (talleres, grupos de reflexión, formación de líderes y otras actividades) para madres, padres y jóvenes, organizaciones barriales, asociaciones intermedias y la comunidad en general sobre la prevención de delitos contra la integridad sexual, previa capacitación específica para los docentes del área. 
Artículo 8º: Los funcionarios públicos a los cuales acudan las personas víctimas de delitos contra la integridad sexual, tienen la obligación de informar acerca del contenido de la presente ley. 

CAPÍTULO II:  
Asistencia a las Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual.-
Artículo 9º: Las víctimas de delitos contra la integridad sexual tendrán derecho a recibir en forma inmediata y gratuita las prestaciones contenidas en los protocolos médico y psicológico que conforme al artículo 4 inciso d) de esta ley debe elaborar el Ministerio de Salud.
Los protocolos, la medicación y todo elemento necesario para brindar la asistencia integral de urgencia, deberán estar disponibles en cada servicio de salud para la atención de emergencia.
Artículo 10º: Los servicios de salud del sistema público, de la seguridad social de salud y de los sistemas privados, incorporarán las prestaciones mencionadas en el artículo anterior a sus coberturas, en igualdad de condiciones con sus otras prestaciones. 

CAPÍTULO III:
Consejo Provincial en Defensa de las Víctimas de delitos contra la Integridad Sexual.-
Artículo 11º: Créase el Consejo provincial en Defensa de las Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual.
Artículo 12º: El Consejo estará integrado por
a)	miembros de Organizaciones no Gubernamentales que tengan por fin la defensa de los derechos de las víctimas de delitos contra la integridad sexual.
b)	Profesionales con incumbencias en la materia.
c)	Presidentes de las Comisión  de Seguridad de la Legislatura de la Provincia o en quien éste delegue por mandato.
Artículo 13º: El Consejo tendrá por objeto:
a)	asesorar y recomendar al Poder Ejecutivo políticas públicas tendientes a prevenir los delitos contra la integridad sexual
b)	asesorar y recomendar al Poder Legislativo en la elaboración de legislación sobre el tema.
c)	Proponer medidas de difusión a la comunidad sobre los delitos contra la integridad sexual   
d)	Proponer  acciones tendientes a la contención de las víctimas. 

CAPÍTULO IV:

Prevención de los delitos contra la integridad sexual

Artículo 14º: La Secretaría de Derechos Humanos realizará estudios destinados a la prevención de estos delitos mediante análisis de las modalidades más comunes en que se cometen, el perfil psicológico de los victimarios, los niveles de reincidencia y los efectos de las políticas aplicadas al respecto.
Artículo 15º: Los resultados de los estudios mencionados precedentemente  serán remitidos al Consejo Provincial de Defensa de las Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual, creado por el artículo 11 de la presente, a efectos de su evaluación y sugerencia de medidas correctivas.
Artículo 16º: De forma.