FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
En el marco legal vigente en la Provincia, las actividades de extracción y comercialización petroleras son desarrolladas por empresas privadas, que tienen concesiones otorgadas oportunamente por la Secretaría de Energía de la Nación sobre  yacimientos terrestres, y off shore (sobre el mar) hasta una distancia de 12 millas. 
Estas empresas tenían la obligación, al momento de obtener la concesión de las áreas correspondientes por parte de la Secretaría de Energía de la Nación, de presentar y realizar un plan de inversiones, tanto para la exploración como para la explotación de hidrocarburos en las áreas concesionadas.
Durante muchos años, hubo conflictos de competencias entre la Nación y las Provincias respecto a la explotación hidrocarburífera en jurisdicciones provinciales, situación que se subsanó con la modificación de la Constitución Nacional de 1994. 
En efecto, antes de la modificación de la Constitución, la legislación nacional otorgaba al Gobierno Nacional facultades de administración y concesión de los yacimientos hidrocarburíferos. De esta manera, la Ley Nacional 17319, reglamentada en el año 1969 por el Decreto Nacional 1671, establecía un régimen para la actividad hidrocarburífera administrado por el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Energía de la Nación como Autoridad de Aplicación. 
Sin embargo, el nuevo  artículo 124 de la Constitución Nacional estableció claramente que le corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.  Por aplicación de este artículo, fue que el Congreso de la Nación sanciono la Ley Nacional  24145, que adaptó la legislación nacional a este nuevo texto constitucional, reconociendo el domino y patrimonio de las Provincias productoras sobre sus recursos hidrocarburíferos.
Finalmente, la Ley Nacional 26197 transfirió a las provincias, de pleno derecho, las concesiones hidrocarburíferas otorgadas por la Secretaría de Energía de la Nación, concesiones  que aún se encuentran vigentes.
La normativa nacional vigente prevé que dichas concesiones, otorgadas originalmente por un plazo de 25 años y que contemplaban la presentación  por parte de cada una de las empresas de un plan de inversiones en exploración y explotación a ejecutar durante la concesión, puedan prorrogarse por diez años más. 
Esa facultad de prórroga es la que hoy se encuentra en manos de cada una de las Provincias productoras, y es el motivo por el cual las distintas provincias han iniciado procesos de renegociación de contratos petroleros, por las vías y  marcos normativos provinciales dictados en cada jurisdicción. 
Esta renegociación requiere, como condición previa, la comprobación de dos premisas: que las empresas concesionarias hayan declarado y pagado correctamente a las provincias las regalías hidrocarburíferas emergentes de la concesión, y que hayan ejecutado, durante el plazo de concesión, el plan de inversiones presentado y comprometido al efecto.
En el caso de Tierra del Fuego, el Poder Ejecutivo Provincial ha iniciado un proceso interno de gestión técnica y administrativa para la renegociación de estas concesiones.
Este proceso resulta, a nuestro entender, confuso, contradictorio y discrecional. 
No otorga la transparencia necesaria a un proceso de tal importancia y magnitud, llegando al extremo de dictar actos administrativos dirigidos a establecer la ¨confidencialidad de la negociación¨, olvidando que no se negocia un patrimonio del gobierno, sino en nombre del Pueblo de la Provincia, verdadero titular de estos recursos.
Por otra parte, las acciones llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo Provincial en la materia han generado controversias, incluso dentro de su propio seno. En efecto,  mientras algunos funcionarios expresaban que no existen deudas a reclamar a las empresas concesionarias, otros argumentaban todo lo contrario. Y no hablamos de diferencias mínimas, sino de montos millonarios. 
Estamos convencidos de la necesidad de comenzar a transparentar este proceso. Generar instancias de información pública. Definir y sistematizar la información, objetivos, lineamientos, marcos de referencia  y condiciones necesarias para relevar el estado de situación de las concesiones y determinar los caminos a seguir en la materia.
Por eso queremos conocer  claramente cuáles eran los planes de inversión que debía cumplir cada una de las empresas concesionarias, qué grado de cumplimiento tienen los mismos, y qué acciones ha llevado adelante el Poder Ejecutivo Provincial, tanto para su determinación y evaluación, como para velar por el cumplimiento por parte de las empresas de sus obligaciones como concesionarias de áreas hidrocarburíferas de la Provincia de Tierra del Fuego.
Por otra parte, el control por parte del estado de las obligaciones de las empresas concesionarias en materia de inversión, no solo tiene que ver con los cumplimientos contractuales y la posible prórroga de las concesiones. Es de público conocimiento que el País todo vive una crisis energética de gran importancia, provocada por la falta de inversión de las empresas concesionarias.
Y esta falta de inversión no solo ha afectado las reservas declaradas, es decir, la capacidad de producción futura del país, sino a los propios yacimientos en producción. En efecto, y a título de ejemplo, la producción total de petróleo de país durante el año 2011 fue inferior a la de 1998. 
En este punto, es importante destacar que, cuando la  Ley Nacional  26197 transfirió a las provincias las concesiones hidrocarburíferas oportunamente otorgadas por la Secretaría de Energía de la Nación, ley cuya promulgación es de enero de 2007, empezó a ser competencia y obligación de cada Provincia productora, controlar que las empresas concesionarias cumplan con sus obligaciones de producción e inversión.
En el último acuerdo  suscripto por los gobernadores de las 10 provincias petroleras reunidos en la OFEPHI, en el que participó la Sra. Gobernadora de la Provincia, se hizo mención al análisis técnico, económico y financiero sectorial realizado en el marco de la OFEPHI, observando un accionar discrecional en algunas de las empresas más importantes respecto al destino de los flujos de fondos que producen la operación de sus unidades de negocio, al maximizar beneficios propios y de corto plazo en lugar de destinarlos a un desarrollo armónico de las propiedades concesionadas, realizando las inversiones necesarias para su sustentabilidad en el tiempo
Por tal motivo,  y para el caso específico de la Provincia de Tierra del Fuego, consideramos de vital importancia conocer qué es lo que efectivamente realizó en la materia el Gobierno de la Provincia desde que le fueran transferidas de pleno derecho las áreas concesionadas, en el año 2007. ¿Qué producción tenían las empresas concesionarias en sus respectivas áreas al momento de ser transferidas las concesiones a la Provincia, y cuál fue la del año pasado, para esas mismas áreas? ¿Con qué  personal ocupado, en forma directa e indirecta, contaban las empresas en ese momento, y cuánto ocupaban al año 2011? ¿Cuáles eran los niveles de inversión media anual, en exploración y en explotación, que realizaba cada una de las concesionarias cuando eran controladas por la Secretaría de Energía de la Nación, y cuál fue el del año 2011? ¿Qué acciones concretas ha iniciado el Poder Ejecutivo Provincial en la materia, después de suscripto el documento dado a conocer por la OFEPHI poco tiempo atrás?  
El presente pedido de informes se inscribe en ese marco, e intenta indagar sobre todas estas cuestiones. 
En función de todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares para su pronta sanción.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ILAS DEL ATLANTICO SUR
RESUELVE

Artículo 1º.- Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial eleve a esta Cámara Legislativa la siguiente información, relativa al seguimiento efectuado  respecto al cumplimiento del plan de inversiones previsto y ejecutado por cada una de las empresas concesionarias de yacimientos hidrocarburíferos concesionados en la Provincia, en el marco del proceso de renegociación de contratos iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial:
a)	Listado de áreas y yacimientos hidrocarburíferos concesionados en la Provincia, indicando su denominación, la empresa o UTE concesionaria u operadora y la fecha de finalización prevista para la concesión, conforme la normativa vigente.
b)	Plan de inversiones comprometidas por cada empresa o UTE ante la Secretaría de Energía de la Nación, al momento de adjudicación de las áreas.
c)	Informes y certificación de inversiones presentadas por cada empresa o UTE respecto del plan de inversiones previsto.
d)	Tipo de monitoreo, seguimiento e inspección realizado por el Poder Ejecutivo de la Provincia para relevar el plan de inversiones a realizar por cada empresa, y verificar su cumplimiento.
e)	Copia certificada de toda nota, informe, acta de inspección y toda otra notificación o documentación producida por las áreas técnicas competentes del Poder Ejecutivo Provincial y recibidas por las empresas concesionarias, en el marco del proceso de renegociación de contratos de concesión vigentes, para:
•	Solicitar los planes de inversión comprometidos por las firmas concesionarias, tanto a las mismas empresas  concesionarias como a la Secretaría de Energía de la Nación.
•	Inspeccionar, evaluar y ponderar las inversiones realizadas a la fecha por las firmas concesionarias.
•	Intimar a las firmas concesionarias a realizar inversiones faltantes, o que no cumplan con los estándares cualitativos y/o cuantitativos mínimos esperables en las inversiones parcialmente realizadas.
f)	Copia certificada de las concesiones que originaron la explotación actual de cada una de las áreas que se encuentran en proceso de renegociación; incluyendo el Pliego de Condiciones para los Concursos Públicos Internacionales con sus Anexos, las consultas y aclaraciones al mismo con sus correspondientes respuestas, así como las propuestas de los oferentes que resultaron adjudicatarios, correspondientes a las siguientes empresas o Unión Transitoria de Empresas:
•	TOTAL- WINSTERSHAL- PAN AMERICAN ENERGY.
•	ROCH
•	APACHE
•	YPF
•	Toda otra empresa comprendida que no se encuentre en el detalle anterior.
g)	Informe de las actuaciones realizadas por el Poder Ejecutivo para dar cumplimiento a la Resolución de la Legislatura Provincial N° 125/2011.

Artículo 2º.- En relación al análisis efectuado por el Poder Ejecutivo Provincial respecto al desempeño de las empresas concesionarias de hidrocarburos en la Provincia,  en el marco de los últimos acuerdos suscripto por los gobernadores de las 10 provincias petroleras reunidos en la OFEPHI, y de la conducta  de maximizar beneficios de corto plazo en lugar de destinarlos a un desarrollo armónico de las propiedades concesionadas observada por dicho organismo sobre algunas de las empresas concesionarias, se requiere informe:
a)	Qué producción tenían las empresas concesionarias en sus respectivas áreas al momento de ser transferidas las concesiones a la Provincia, y cuál fue la del año pasado, para esas mismas áreas? 
b)	¿Con qué  personal ocupado, en forma directa e indirecta, contaban las empresas en ese momento, y cuánto ocupaban al año 2011? ¿Cuáles eran los niveles de inversión media anual, en exploración y en explotación,  que realizaba cada una de las concesionarias cuando eran controladas por la Secretaría de Energía de la Nación, y cuál fue el del año 2011? ¿qué acciones concretas ha iniciado el Poder Ejecutivo Provincial en la materia, después de suscripto el documento dado a conocer por la OFEPHI pocos tiempo atrás?  
Artículo 3º.- De forma.