FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
	El presente proyecto de ley surge como respuesta a la necesidad de solventar las cuestiones litigiosas que se suscitan entre los consumidores o usuarios y los empresarios o comerciantes en una sociedad, como la nuestra, caracterizada y mediatizada en la actualidad por las relaciones o actos de consumo.
Las controversias en materia de consumo se distinguen de las demás, principalmente y en su generalidad, en ser reclamaciones de una escasa cuantía así como en dejar al consumidor en una situación de desventaja y desamparo frente a la contraparte para la consecución de la plena y efectiva defensa de sus intereses. De esta forma, son mayoría las ocasiones en las que los consumidores no ven satisfechas sus aspiraciones de un resarcimiento o compensación como consecuencia de la adquisición de un determinado bien o ante la prestación de un determinado servicio en condiciones no deseadas o diferentes a las pactadas. Unas veces, el consumidor no reclama por temor a los medios de defensa y poder económico del empresario o comerciante al que se dirige y, otras, simplemente, porque la escasa cuantía de la reclamación que motiva la cuestión litigiosa o controversia desanima al consumidor a acudir a los cauces jurisdiccionales previstos por nuestras leyes.
El proyecto de ley propuesto tiene por objeto crear los Tribunales de Consumo en el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego, como organismos de mediación voluntaria entre empresarios y consumidores, que actuarán como amigables componedores o árbitros de derecho según el caso, para resolver las controversias que se susciten frente a los diferendos que pudieran presentarse entre ellos. 
Se propone la creación de dos tribunales, uno en Ushuaia y otro en Río Grande,  dándole a ésta última jurisdicción para entender en las demandas que se presenten en la localidad de Tolhuin.
	El funcionamiento adecuado de los tribunales requiere que su ubicación y actuación sea conocida y reconocida en los ámbitos y comunidades locales en las que actúan, tanto por los prestadores de bienes y servicios como por los usuarios. Por tal motivo, y a efectos de optimizar la implementación del sistema de mediación propuesto,  el proyecto de ley prevé  que la autoridad de aplicación pueda celebrar convenios con los municipios, propiciando la aplicación conjunta, coordinada y eficaz de la norma.
La norma propone que cada tribunal se integre con un representante de las asociaciones de consumidores, uno de las cámaras empresarias constituidas en cada ciudad y un tercer miembro  designado a propuesta de los Colegios de Abogados de cada ciudad. Asimismo, se propone la creación del cargo de Secretario del Tribunal, que sería desempeñado por un agente de la Municipalidad de cada ciudad, en caso de aplicación de un Convenio de partes entre el Gobierno y el Municipio para que sea éste el responsable de su funcionamiento o, en caso contrario, un agente de la Administración Pública Provincial con asiento en la localidad.
La creación de estos tribunales está contemplada en el artículo 59 de la Ley Nacional 24.240, que constituye el marco jurídico de referencia para el presente proyecto. No es, en consecuencia, un hecho aislado para Tierra del Fuego, sino que responde a una Política Nacional,  
Este sistema de arbitraje de consumo, que se encuentra vigente a nivel nacional y en varias provincias, se ha revelado como un instrumento útil de solución de conflictos en asuntos de pequeña cuantía ya que, de otra forma, no encontrarían acceso a la vía judicial. En efecto, resultaría antieconómico llevar este tipo de demandas a los tribunales, por los costes del proceso (costas y otros gastos) y la duración del litigio.
Los métodos extrajudiciales de resolución de estas cuestiones se presentan, por lo tanto, como el medio o cauce ideal para el arreglo de esta clase de controversias, por cuatro razones fundamentales:
- La gratuidad de los procedimientos para los contendientes. 
- El bajo costo de su aplicación para los organizadores
- La rapidez de los procedimientos.
- El carácter extrajudicial de los órganos de resolución y de sus decisiones.
	Por las razones expuestas y las que serán dadas en el devenir del tratamiento del proyecto de ley adjunto solicito la aprobación del mismo. 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
SANCIONA CON FUERZA DE
L E Y

CAPÍTULO I: SISTEMA PROVINCIAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO. CREACION
 
Artículo 1º.- Créase el SISTEMA PROVINCIAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO que tendrá como OBJETO atender y resolver con carácter vinculante y produciendo idénticos efectos a la cosa juzgada, para ambas partes, los reclamos de los consumidores y usuarios, en relación a los derechos y obligaciones emergentes de la ley Nº 24.420 y sus modificaciones, y de toda ley, decreto o cualquier otra reglamentación que consagre derechos y obligaciones en las relaciones de consumo que define la citada ley. 
Artículo 2º.- El sometimiento de las partes al SISTEMA PROVINCIAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO tendrá carácter voluntario y deberá contar expresamente por escrito.
Artículo 3º.- No pueden someterse a proceso arbitral:
a) Las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme y definitiva, y las que puedan dar origen a juicios ejecutivos;
b) Las cuestiones que con arreglo a las leyes no puedan ser sometidas a juicio arbitral;
c) Las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las partes no tengan poder de disposición y/o que no puedan ser sometidas a juicio arbitral;
d) Las cuestiones de las que se deriven daños físicos, psíquicos y/o muerte del consumidor, y aquellas en las que exista la presunción de la comisión de un delito;

CAPÍTULO II: SISTEMA PROVINCIAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO. FUNCIONAMIENTO

Artículo 4º.- El SISTEMA PROVINCIAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO funcionará en la órbita del Poder Ejecutivo Provincial.
Artículo 5º.- A los fines de esta Ley serán funciones del Poder Ejecutivo Provincial:
a) Disponer la integración y funcionamiento de los TRIBUNALES ARBITRALES DE CONSUMO, dictar las normas de procedimiento de los mismos, y aprobar los textos de los acuerdos arbitrales conforme a lo establecido en la Ley Nº 24.240 y su reglamentación;
b) Celebrar convenios con las Municipalidades para el funcionamiento de  los mismos.
c) Crear y administrar un REGISTRO DE REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES y un REGISTRO DE REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES, que podrán integrar los TRIBUNALES ARBITRALES DE CONSUMO;
d) Crear y administrar un REGISTRO DE ARBITROS INSTITUCIONALES del SISTEMA; 
e) Crear y administrar un REGISTRO DE OFERTA PÚBLICA DE ADHESIÓN AL SISTEMA PROVINCIAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO, y entregar el distintivo correspondiente a las personas físicas y jurídicas inscriptas en el mismo;
f) Realizar todos los actos necesarios para el buen funcionamiento del sistema.

Artículo 6º.- Cuando el proveedor hubiese realizado OFERTA PÚBLICA DE ADHESIÓN al SISTEMA PROVINCIAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO respecto de futuros conflictos con consumidores o usuarios, el acuerdo arbitral quedará formalizado con la presentación de la solicitud de arbitraje por el reclamante.
Artículo 7º.- El laudo emitido por el TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO tendrá carácter vinculante, y una vez firme producirá efectos idénticos a la cosa juzgada. El laudo será asimilable a una sentencia judicial y podrá ejecutarse por las vías prescritas en las normas procesales locales.
Artículo 8º.- Contra el laudo arbitrario emitido por el TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO sólo podrán interponerse los recursos de aclaratoria y de nulidad o acción de nulidad, según el caso.
Artículo 9º.- Será competente para entender en los casos de incumplimiento del laudo arbitral o en la acción de nulidad del laudo que haya tramitado por el procedimiento de amigables componedores, el juzgado de primera instancia que fuera competente en razón de la materia con jurisdicción. Entenderá en el recurso de nulidad contra el laudo dictado en arbitraje de derecho, la Cámara de Apelaciones que fuera competente en razón de la materia con jurisdicción en el lugar de asiento del TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO.

CAPÍTULO III: DE LA OFERTA PÚBLICA DE ADHESIÓN                                                                AL SISTEMA PROVINCIAL DE ARBITRAJE

Artículo 10º.- Se denomina OFERTA PÚBLICA DE ADHESIÓN AL SISTEMA PROVINCIAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO a la adhesión previa que efectúen los proveedores de bienes y servicios para solucionar a través del mismo los posibles conflictos que se lleguen a suscitar en el marco de una relación de consumo, de conformidad a las reglas que se establecen seguidamente y aquellas que defina la Autoridad de Aplicación.
Artículo 11º.- Los interesados de adherir al sistema de oferta pública, deberán presentar su solicitud por escrito ante el REGISTRO DE OFERTA PÚBLICA DE ADHESIÓN AL SISTEMA PROVINCIAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO, que a tal efecto habilitará la Autoridad de Aplicación.
Esto determinará los requisitos formales que deberá contener la solicitud pertinente, y a los demás efectos de la adhesión.
Artículo 12º.- Los proveedores que hayan realizado OFERTA PÚBLICA DE ADHESIÓN AL SISTEMA PROVINCIAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO deberán informar adecuadamente a los consumidores o usuarios tal circunstancia. A tal efecto, la Autoridad de Aplicación otorgará el distintivo oficial de sometimiento al SISTEMA PROVINCIAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO.
Artículo 13º.- El incumplimiento de las obligaciones emergentes de laudos dictados por TRIBUNALES ARBITRALES DE CONSUMO por los proveedores adheridos al Sistema, facultará a la Autoridad de Aplicación a excluir al infractor del REGISTRO DE OFERTA PÚBLICA DE ADHESIÓN AL SISTEMA PROVINCIAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO, sin perjuicio de las acciones judiciales y de las sanciones que en cada caso correspondieren.
Artículo 14º.- La renuncia de la OFERTA PÚBLICA DE ADHESIÓN AL SISTEMA PROVINCIAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO, o la modificación de las características de la oferta respecto de las anteriormente fijadas deberá ser presentada a la Autoridad de Aplicación por escrito, junto con los demás recaudos que se establezcan.
El proveedor deberá informar adecuadamente a los consumidores o usuarios tales circunstancias.
Artículo 15º.- Los consumidores o usuarios que decidan someterse voluntariamente al sistema de solución de conflictos del consumo, conforme lo dispuesto en el Capítulo II, deberán suscribir el convenio arbitral en los formularios que la Autoridad de Aplicación proveerá al efecto. El proveedor o comerciante individual también deberá de suscribirlo en el supuesto en que no se encuentre adherido a la OFERTA PÚBLICA DE ADHESIÓN AL SISTEMA PROVINCIAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO.
El sometimiento voluntario de las partes contendientes se efectuará en todos los casos y sin excepción a través del acuerdo arbitral que establezca la Autoridad de Aplicación.

CAPÍTULO IV: DEL TRIBUNAL ARBITRAL

Artículo 16º.- Los TRIBUNALES ARBITRALES DE CONSUMO se integrarán con TRES (3) Vocales, los que serán asistidos por UN (1) Secretario.
DOS (dos) vocales serán designados, UNO (1) entre los representantes de las asociaciones de consumidores, el otro entre los representantes de las asociaciones empresariales, y el tercer miembro será designado a propuesta de los Colegios de Abogados de cada ciudad. El cargo de Secretario del Tribunal será desempeñado por un agente de la Municipalidad de cada ciudad, en caso de aplicación de un Convenio de partes entre el Gobierno y el Municipio para que sea éste el responsable de su funcionamiento o, en caso contrario, un agente de la Administración Pública Provincial.
El Árbitro Institucional será Presidente del Tribunal Arbitral de Consumo, deberá poseer título de abogado y CINCO (5) años en el ejercicio de la profesión, como mínimo. 
Artículo 17º.- La solicitud de sometimiento al TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO, a través de la suscripción y presentación del correspondiente acuerdo arbitral, importará la aceptación y sujeción de las partes a las reglas de procedimiento que fije la Autoridad de Aplicación.
Artículo 18º.- Las partes podrán actuar por derecho propio debidamente representadas. No será obligatorio el patrocinio letrado para actuar ante los TRIBUNALES ARBITRALES DE CONSUMO.´

CAPÍTULO V: PROCEDIMIENTO

Artículo 19º.- El proceso arbitral comenzará con la designación del TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO, el que se regirá por los principios de audiencia, contradicción e igualdad de las partes. El TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO tendrá un máximo de SESENTA (60) días hábiles para emitir su laudo, contados a partir de su conformación, sin perjuicio de las prorrogas debidamente fundadas que pudieran fijarse.
Artículo 20º.- El TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO gozará de amplias facultades instructorias, pudiendo ordenar la producción de todas las probanzas que sean pertinentes para la correcta dilucidación del caso.
Las pruebas de oficio serán costeadas por la Autoridad de Aplicación en función de sus disponibilidades presupuestarias.
Artículo 21º.- El impulso del procedimiento será de oficio. La inactividad de las partes en el procedimiento arbitral de consumo no impedirá que se dicte el laudo ni le privará de validez. El Tribunal Arbitral de Consumo deberá intentar la conciliación entre las partes en la audiencia que fije a estos efectos, la que de lograrse, será homologada por el Tribunal dejándose constancia de todo ello. No lograda la conciliación el Tribunal oirá a las partes y ordenará la producción de las pruebas que estime pertinentes.

CAPÍTULO VI: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 22º.- La Autoridad de Aplicación reglamentará el SISTEMA PROVINCIAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO dentro de los noventa (90) días de entrada en vigencia la siguiente ley, como asimismo propondrá a los Municipios la suscripción de convenios de adhesión y cooperación, estableciendo las responsabilidades y competencias de cada una de las partes para la implementación del sistema en cada ciudad.
Artículo 23º.- De forma.