Buenos Aires, sábado 19 de septiembre de 2026.- En instalaciones de la Casa de Tierra del Fuego en la Capital Federal, se llevó adelante una nueva sesión de la Comisión Especial Investigadora que tiene como objetivo buscar respuestas y responsables por la instalación de un radar con capitales británicos en Tolhuin. La legisladora Natalia Gracianía (LLA) brindó detalles sobre los avances del cuerpo investigativo y las entrevistas que se desarrollaron.
El exministro de Defensa, Jorge Taiana fue invitado para ser entrevistado y entre los dichos más relevantes, sostuvo que la cartera nacional carecía de facultades legales para el desmantelamiento y advirtió sobre la función dual de la tecnología instalada.
En el marco de las actuaciones que lleva adelante el cuerpo legislativo para determinar la responsabilidad de los distintos estamentos gubernamentales en torno a la instalación del radar de la empresa Leolabs, la legisladora Gracianía remarcó el valor de las testimoniales recabadas.
La Legisladora comentó “contar con la posibilidad de entrevistar a funcionarios nacionales que tuvieron una participación importante dentro de las actuaciones durante los años que se dio la instalación de este radar, es justamente el objetivo de esta Comisión, todos los hechos y la participación que tuvieron, tanto funcionarios nacionales como autoridades provinciales”.
Al referirse a las precisiones aportadas por Jorge Taiana en la Comisión respecto a la alarma generada por el equipamiento y sus funciones, la Parlamentaria citó las consideraciones técnicas expuestas. “El Ministerio de Defensa se entera de esta situación- la instalación del radar en Tolhuin- a través de un tweet y que empiezan a tener algunas señales de alerta sobre la calidad de este radar, que consideraban que tenía una función dual, una función civil y una función militar”, advirtió.
En esta línea, Gracianía se refirió a las competencias legales e institucionales para hacer efectivo el desarme de la estructura, según la información aportada por el ex funcionario nacional. “Por la legislación vigente el Ministerio de Defensa no tiene la posibilidad de tomar esta decisión y sí la tenía el Gobierno de la Provincia en ese momento”, explicó.
Finalmente, sobre el plan de trabajo y el desplazamiento de las y los Legisladores hacia la Capital nacional para avanzar con las indagatorias, anticipó que seguirán con las declaraciones a otros funcionarios. “Tuvimos que trasladarnos hacia la ciudad de Buenos Aires porque estos exfuncionarios nacionales solicitaron la posibilidad de que en este lugar pudiéramos hacer las testimoniales. Las próximas testimoniales están relacionadas con quien estaba frente del Estado Mayor Conjunto, teniente general Martín Paleo”, adelantó.
Alertas por el uso dual e informes técnicos
El exministro de Defensa, Jorge Taiana, no había sido notificado previamente de la situación y la única gestión realizada había tramitado una autorización ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
Esta irregularidad encendió señales de alarma respecto a la naturaleza del equipamiento, al considerarse que poseía una función dual, tanto civil como militar. Ante esta situación, la cartera solicitó informes a especialistas de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y de INVAP, cuyos dictámenes aportaron los fundamentos necesarios para solicitar la cancelación de la autorización otorgada.
Durante la audiencia, se consultó al exfuncionario sobre los intercambios mantenidos con las autoridades provinciales para la remoción de la estructura. Al respecto, Taiana confirmó que existieron comunicaciones con el Gobierno provincial y aseveró que la administración local contaba con toda la potestad y la posibilidad legal de tomar la decisión de desarmar el radar.
Asimismo, ante el planteo de los funcionarios provinciales respecto a que el desmantelamiento debía ser ejecutado por el Ministerio de Defensa, el exministro aclaró que, en virtud de la legislación vigente, la cartera nacional no tenía la facultad de adoptar esa medida.
Gracianía reafirmó la meta central de las citaciones, “el objetivo es instruir todos los hechos y la participación que tuvieron, tanto funcionarios nacionales como funcionarios provinciales, para que podamos seguir dilucidando y reconstruyendo todos los hechos relacionados con el fin de esta Comisión”, reflexionó.
Participaron del encuentro, representantes del Centro de Excombatientes de Malvinas de Ushuaia; los legisladores Pablo Villegas(MPF), presidente de la mesa de trabajo; Matías Lapadula (PG) y la legisladora Gisela Dos Santos (ST). De manera remota lo hicieron la legisladora Laura Colazo (PV), y los legisladores Federico Greve y Federico Sciurano (FORJA).
